Autor Tema: Del poder judicial...  (Leído 258261 veces)

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2040 en: 03 de Abril de 2015, 13:48:04 pm »

Garzón ajusta cuentas con los jueces del Supremo y dice ser víctima de "la casta"


El juez estrella presenta su nuevo libro, 'El fango', donde repasa cuarenta años de corrupción. A lo largo de 500 páginas, deja unos cuantos recados para sus enemigos…


El nuevo libro de Garzón se presentará después de Semana Santa. - Foto VOZPOPULI

Baltasar Garzón ha vuelto a coger la pluma. La próxima semana el exjuez estrella presenta su nuevo libro, El fango (Debate), donde repasa cuarenta años de corrupción en España. A lo largo de 500 páginas no solo se refiere a los principales casos turbios, sino que además aprovecha para dejar unos cuantos recados para sus enemigos. En particular, ajusta cuentas con los jueces del Tribunal Supremo que decidieron su condena. Y se presenta como una víctima de "la casta". 

Este libro del juez condenado por prevaricación se divide en 14 capítulos. En doce de ellos repasa los principales casos de corrupción que se manifiestan en diversas formas de la vida pública española, como "la política nacional", "la bancaria y entre privados", "la policial" o "la administración de Justicia". Las dos partes restantes de la obra se dedican a "el precio de combatir la corrupción", donde se refiere a su expulsión de la judicatura, y a las medidas necesarias para acabar con este mal endémico en España. La obra consta de 609 páginas que incluyen casi cien de anexos y un glosario sobre esta lacra.

El Supremo condenó a Garzón por prevaricación por haber ordenado las escuchas a las conversaciones mantenidas en prisión entre algunos acusados del caso Gürtel y sus abogados

Sin duda, las páginas más morbosas y novedosas tienen que ver con su explicación de su salida de la Audiencia Nacional. Como se recordará, el Tribunal Supremo condenó a Garzón por prevaricación por haber ordenado las escuchas a las conversaciones mantenidas en prisión entre algunos acusados del caso Gürtel y sus abogados. El exjuez se refiere a estos hechos luctuosos para él en dos momentos del libros. En primer lugar, dentro del capítulo sobre "corrupción política nacional", Garzón incluye un epígrafe llamado "la persecución de los jueces por el Partido Popular". En la página 139, escribe que "mi participación en el caso Gürtel parecía haber llegado a su fin, pero el asedio continuó y me encontré con tres causas coordinadas contra mí en el Tribunal Supremo".

"Un ajuste corporativo"

Se refiere a los casos de las escuchas de Gürtel, de los cobros de Nueva York y de la investigación de los crímenes del franquismo. Aquí Garzón ya desliza que Manuel Marchena, hoy presidente de la Sala Segunda del TS, "reconoció cínicamente" que una de las causas, la de los cobros, estaba prescrita. "Parecía que las causas estaban planeadas desde el principio para acabar conmigo y así se lo planteé a mi familia y a mis amigos, para que se fueran preparando (yo también) para lo que sería la última escenificación de un ajuste corporativo en el que influyeron muchas cosas. Tantas como ausencias de delitos". A su juicio, "al final se comprobó cuál era la estrategia: jugar con los tiempos, retrasando la causa del franquismo para avanzar con la de Gürtel y dejar en la recámara, por su acaso, la tercera".


Es en el capítulo 13 donde se presenta como uno de esos jueces que han visto truncada su carrera por haber perseguido sobremanera a los delincuentes

Líneas más adelante, casi al final del libro, Garzón aborda directamente su expulsión de la carrera judicial. Es en el capítulo 13 donde se presenta como uno de esos jueces que han visto truncada su carrera por haber perseguido sobremanera a los delincuentes. Para empezar, narra algunas presiones y algunos ataques que sufrió en el pasado, como los anónimos amenazantes recibidos en su despacho, la quema del coche del novio de su hija, el envenenamiento de su perra o la acusación, en 1993, de que había recibido dinero de los fondos reservados. Después de estas anécdotas, entra en el meollo de la cuestión al hablar de "tres causas perfectamente armonizadas" que pretendían "terminar de una u otra forma con mi actividad judicial" (página 446).

Recuerda que en el caso de las escuchas intentó recusar a los magistrados Marchena y Luciano Varela -instructores de las otras dos causas en marcha- pero la Sala Penal lo impidió. "Percibí desde mucho tiempo antes que la decisión estaba tomada y me dediqué a prepararme anímicamente para el momento de la sentencia. Esta se produjo el 9 de febrero de 2012 y su notificación subrepticia demuestra la corrupción de la burocracia". "No se respetó -abunda el exmagistrado- ni uno solo de los requisitos de la ley para comunicarme la sentencia. En un pasillo y casi a oscuras vi el fallo condenatorio".


"En ese momento, todas mis convicciones sobre la imparcialidad y la independencia judicial se vinieron abajo de golpe y sentí en carne propia el poder de la corporación y la 'casta"

Esa forma de enterarse le golpeó porque "en ese momento, todas mis convicciones sobre la imparcialidad y la independencia judicial se vinieron abajo de golpe y sentí en carne propia el poder de la corporación y la 'casta". "No les guardo rencor a quienes me condenaron, pero aún sigo buscando las razones últimas y me asusto solo con pensarlo". A renglón seguido habla de "guión establecido" de forma previa y asegura que el PP puso en marcha un "comité de estrategia" para combatir sus decisiones judiciales cuando estaba en ejercicio.

En el epílogo de la obra, Garzón, resignado, afirma que pretendía acabar "con un mensaje de esperanza" que le cuesta encontrar. Se pone en contra de ese viejo principio que dice que en los tiempos electorales la Justicia no debe tomar decisiones importantes para influir en los comicios. Argumenta para ello que si los jueces siguen su curso en campaña "podremos contestar a quienes afirman que la corrupción no tiene incidencia en unas elecciones". Y termina así: "El voto no convalida la corrupción, pero sí contribuye al hundimiento en un fango cada vez más espeso y que empobrece no solo la economía, sino también la moral del pueblo".

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« Respuesta #2041 en: 05 de Abril de 2015, 09:14:37 am »
Cada funcionario de la audiencia nacional será responsable de la mudanza de sus expedientes

lainformacion.com

sábado, 04/04/15 - 11:27


El traslado de la Audiencia Nacional se hará bajo la responsabilidad personalizada de cada uno de sus funcionarios, que serán los encargados de preparar y controlar la mudanza de sus expedientes y documentación a la nueva sede de este órgano judicial, una vez concluidas las obras de su sede de la calle Génova de Madrid. Aunque aún no tiene fecha, se descarta que se realice antes de las vacaciones estivales.

La idea es que cada uno se responsabilice de la clasificación, empaquetado y vigilancia del proceso para que no se produzca ningún incidente o pérdida durante el traslado que llevará a cabo una empresa especializada en un plazo de entre dos y tres semanas.

La Audiencia Nacional quiere evitar a toda costa cualquier incidente en relación con la documentación que custodia cuando todavía resuenan los ecos del revuelo que causó la pérdida de la causa que investigaba el borrado de los ordenadores del extesorero del PP Luis Bárcenas por el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid.
Ese incidente, sucedido el pasado mes de febrero, se solucionó con facilidad al remitir el juzgado número cinco de la Audiencia, dirigido por Pablo Ruz, una `copia testimoniada´ de los documentos que obraban en el juzgado que había archivado este asunto en octubre de 2013 y que aún está pendiente de recurso.

El juzgado madrileño asumió la investigación después de que Ruz considerara que el caso no era de su competencia, tras advertir que la "manipulación" de los datos contenidos en los ordenadores podía constituir un delito de encubrimiento o de daños informáticos. El juez decidió su archivo porque los ordenadores eran propiedad del PP y tampoco se podía estudiar si hubo encubrimiento, porque Bárcenas no ha sido condenado aún por ningún delito.

En este nuevo traslado está previsto que sean los funcionarios los que realicen el empaquetado e identificación de cada uno de los bultos, la ordenación de los mismos, la vigilancia de su embarque en los correspondientes camiones y la recepción en la sede de destino, donde procederán al recuento y comprobación de cada paquete.

Esta es la segunda ocasión en la que la Audiencia Nacional se enfrenta a una mudanza. En septiembre de 2012, juzgados, fiscalía y demás dependencias abandonaron la obsoleta sede de la calle Génova para pasar un mínimo de dos años en destinos provisionales a la espera de su vuelta a un edificio de mayores dimensiones, mejor organizado y provisto de la dotación tecnológica necesaria.
Aquel emblemático edificio fue testigo de imágenes históricas como la entrada del policía José Amedo para declarar sobre la `guerra sucia´ contra ETA o la salida del juez más mediático de la democracia, Baltasar Garzón, cuando fue expulsado de la carrera judicial.

Como en aquella ocasión, la mudanza de los distintos juzgados y secciones está planificada por fases. Los juzgados abandonarán el edificio provisional de la calle Prim. Por orden se irán el número uno, de Santiago Pedraz; el dos, dirigido por Ismael Moreno; y el tres, a cargo de Javier Gómez Bermúdez, que quizá no llegue a trasladarse si finalmente es nombrado por el Gobierno juez de enlace con Francia.
A continuación cambiarán de sede el juzgado de instrucción número cuatro, dirigido por Fernando Andreu; el cinco, que aún está a cargo de Pablo Ruz, que lo ocupa en comisión de servicio, pero que en breve será sustituido por su titular definitivo, José de la Mata. Luego se irá el número seis, que ocupa Eloy Velasco. El orden de traslado de los juzgados podrá verse alterado en función del que esté de guardia en el momento del cambio, que será el último en moverse.

También se trasladarán por separado la Fiscalía, cuyos miembros están diseminados desde hace dos años y medio en dos sedes diferentes por falta de espacio en la calle Prim; la Sala de lo Penal, que consta de cuatro secciones, y Ejecutorias. También cambiarán de sede los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y el de Menores.
Durante este tiempo todos los juicios se celebrarán en la sede de la Audiencia en San Fernando de Henares. La previsión es que muchos de ellos vuelvan a celebrarse en la calle Génova, donde sólo hay una sala preparada para acoger macrojuicios como los que se avecinan sobre los casos `Gürtel´, `Polverino´ o `Púnica´.
La vuelta de la Audiencia Nacional a su sede supondrá también un ahorro para las arcas públicas. En su día el Ministerio de Justicia cifró en 2,5 millones de euros lo que se ahorrará al año en alquiler de las distintas sedes de la Audiencia.

(SERVIMEDIA)

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2042 en: 08 de Abril de 2015, 08:08:56 am »
Ganan dos euros por hora de trabajo
El Turno de Oficio se encierra en el Colegio contra la Comunidad

    La decana, Sonia Gumpert, y siete asociaciones protestan por el «abandono» y los impagos por parte de la Administración regional, situación que se arrastra desde 2003

Abogados madrileños, protestando ante los juzgados de Plaza de Castilla por la situación del Turno de Oficio. ANTONIO HEREDIA
QUICO ALSEDO
Actualizado: 07/04/2015 23:30 horas

Los 5.166 abogados del Turno de Oficio madrileño ganarían algo más del doble de lo que obtienen defendiendo a ciudadanos fregando escaleras: dos míseros euros por hora de trabajo.

La Comunidad de Madrid les paga no a 60 días como dice la ley, sino a 146. El presupuesto para este año para el servicio es de 28,8 millones de euros, mientras que en 2014 costó 31,3 millones: es decir, no va a llegar para pagarles a todos. En definitiva: asisten a lo más bajo, en poder adquisitivo, de la sociedad, y así mismo se sienten tratados por el Gobierno regional, que tiene la competencia de pagarles y lo hace, según ellos, tarde, mal y nunca.

Siete asociaciones de juristas del turno de Justicia Gratuita y el propio Colegio de Abogados han convocado a los abogados del Turno a encerrarse mañana, a las 19.00 horas, en la sede de la institución, en el número 9 de la calle Serrano.

La propia decana del Colegio, Sonia Gumpert, se ha implicado seriamente en la protesta por el «abandono» a que tiene sometido al servicio la Comunidad de Madrid, con lo que eso podría implicar de degradación de la asistencia para los ciudadanos que recurren a él.

Gumpert, elegida tras prometer a los letrados del Turno mayor protección que la ofrecida por su antecesor, Antonio Hernández-Gil, ha llegado a enviar una carta a todos y cada uno de los abogados para animarles a participar en el encierro.

La decana sostuvo en la Asamblea de Madrid recientemente que la Administración regional no tiene «voluntad política para buscar una solución y garantizar la existencia de la Justicia Gratuita», avisando de que «no se puede cumplir el mandato constitucional de justicia social atendiendo a exclusivos criterios de ahorro económico e ignorando el coste real de la Justicia Gratuita para la sociedad madrileña».

Los abogados, hartos, llevan en huelga desde el 9 de marzo, con el consiguiente perjuicio para el servicio. Desde esa fecha hasta el día 29 se han reducido en un 34,57% las asistencias, según datos del Colegio.

Los órganos judiciales han suspendido 691 actuaciones que estaban señaladas, al no remitirse abogado por tratarse de asistencia a imputados no detenidos. Un número importante de juzgados, una vez recibido el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno, no han solicitado la asistencia letrada durante estos días, según la institución.

La desatención del Turno de Oficio por parte de la Comunidad viene arrastrándose desde hace más de 10 años. Desde 2003, de hecho, la retribución económica que obtiene cada letrado no ha sido actualizada, y no sólo eso: se les recortó un 20% en 2012, por lo que el Colegio de Abogados sostiene que las cantidades están desfasadas en un 44%.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2043 en: 09 de Abril de 2015, 07:29:00 am »
Un condenado a 14 años por el secuestro de Revilla, conferenciante en el Colegio de Abogados


El abogado Gonzalo Boyé Tuset. - Foto UNED

Un grupo de letrados del Colegio de Abogados de Madrid ha expresado a este Buscón el malestar que ha provocado entre muchos profesionales el hecho de que una persona que fue condenada a 14 años por el secuestro de Emiliano Revilla participe como conferenciante en un acto de la institución. El Colegio de Abogados ha organizado un ciclo de conferencias que, bajo el título de 'La prisión permanente revisable', incluye la participación del abogado Gonzalo Boyé Tuset.

Boyé fue condenado a 14 años de cárcel por colaborar en los secuestros de Emiliano Revilla y Colón de Carvajal en los años 90. En 2002 salió en libertad después de haberse licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

    Gonzalo Boyé se licenció en Derecho por la UNED mientras estaba cumpliendo condena

Gonzalo Boyé tiene previsto intervenir el lunes día 13 de abril en una mesa redonda sobre los cambios del Código Penal. Los compañeros del abogado serán Francisco Javier Álvarez García, Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III; Ignacio Ubaldo González Vega, magistrado del Juzgado de lo Penal nº 20 de Madrid y Eduardo Esteban, Fiscal ante el Tribunal Constitucional. El acto está organizado de forma conjunta por las secciones de Derecho Penal y Derechos Humanos del colegio que preside Sonia Gumpert.

Boyé nació en Chile y fue simpatizante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) con quien ETA tenía contactos en aquellos tiempos. El pasado año interpuso una querella contra la periodista Isabel Durán que le llamó "terrorista" en un programa de televisión. Le pide 300.000 euros.

En una entrevista en el portal de la UNED el letrado dijo, cuando le preguntaban por sus estudios de Derecho en la cárcel, que había sabido sacar provecho "de una situación complicada". También explicaba que hace años le negaron la colegiación en Madrid y ahora es profesor de esa institución.

Los letrados del colegio andan también estos días enfadados con la presidenta por el retraso en la renovación y entrega de los nuevos carnets que lleva muchos meses de retraso. Los nuevos abogados tienen que identificarse en muchas de sus gestiones y carecer de este carnet  provoca muchos retrasos en sus trabajos.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2044 en: 12 de Abril de 2015, 15:00:28 pm »


El Supremo revisará el martes la condena de 17 años por prevaricación contra Elpidio José Silva

 
lainformacion.com

domingo, 12/04/15 - 10:25

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid le acusó de llevar a cabo una "inquisición general" contra Blesa al margen de la ley

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo celebrará el próximo martes una vista pública para estudiar el recurso presentado por el exjuez Elpidio José Silva contra la condena de 17 años y medio de inhabilitación dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por un delito de prevaricación continuada cometido durante su investigación sobre el ex presidente de la patronal Gerardo Díaz Ferrán y el ex presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, a quien envió en dos ocasiones a prisión.

Los magistrados Manuel Marchena, Francisco Monterde, Andrés Palomo, Carlos Granados y Andrés Martínez Arrieta, que ha sido designado ponente, estudiarán la sentencia en la que se le atribuía un delito de prevaricación continuada en concurso con dos delitos contra las garantías constitucionales y que conllevó su expulsión de la Carrera Judicial.

La resolución imponía también el pago de una multa de 6.310 euros y el pago de 10.000 euros a Díaz Ferrán por daños morales. Blesa se reservó el derecho a pedir responsabilidad civil. El tribunal le acusó de adentrarse en una "inquisición general" contra Blesa, extralimitándose en sus funciones, sin motivar sus resoluciones y actuando con una "execrable" parcialidad a favor de la acusación ejercida por Manos Limpias. "Le importaba poco la ley", dice.

"Desplegó una voluntad decidida a investigar de modo integral toda la supuesta mala gestión de Blesa al frente de la caja, adentrándose en una inquisición general para descubrir cualquier delito conectado a los hechos denunciados a costa de irle restando garantías", determina el tribunal.

FORMÓ UN "TÁNDEM" CON LA ACUSACIÓN



La sentencia recogía que Silva incumplió "clamorosamente" la ley y encuadró su proceder en un "plan preconcebido" o aprovechándose de las circunstancias con el fin de favorecer a Manos Limpias, con cuyo abogado "formó un tándem" y mantuvo reuniones sin el resto de partes.

Tildaba de "disparate jurídico" que Silva apreciara una conexidad entre su investigación sobre el préstamo de 26 millones de euros concedido por Caja Madrid a Díaz Ferrán con la compra del City National Bank de Florida con el fin de apropiarse de ambas causas y convertir el proceso en un "instrumento 'ad hominem' de búsqueda de responsabilidades".

"El juez obraba con la conciencia de estar dictando resoluciones con total apartamiento del principio de legalidad", recogía la resolución, que censuraba su "voluntad persecutoria" contra Blesa, a quien limitaba sus posibilidades de defensa. "Produjo una auténtica quiebra técnica de la imparcialidad y la esencia de todo proeso como es la dualidad de las partes", añadía.

INCUMPLIMIENTO "CLAMOROSO" DE LA LEY

Resumía así que el ánimo con el que actuaba Silva se materializó en la "gravedad" de sus resoluciones, entre las que ordenó dos veces el ingreso en prisión de Blesa, mientras daba un "tratamiento preferencial" a Manos Limpias e incumplía el ordenamiento jurídico de modo "clamoroso".

De este modo, reprobaba cómo el acusado "instrumentalizó" el proceso para actuar contra Blesa, menoscabando su derecho de defensa y produciéndole indefensión. "No es que haya habido decisiones discutibles o meros errores, es que se ha dirigido toda una operación judicial de corte inquisitorial a fin de descubrirse cualquier cosa que pudiera imputarse a Blesa y Díaz Ferrán o sus parientes", agregaba.

Criticaba que tardaba meses en resolver los recursos, mientras que ordenó el ingreso en prisión de Blesa consciente de que derivaba de un "actuar patentemente ilícito" y de que Manos Limpias carecía de legitimación en la causa. Según dice, se acogió a "motivaciones insólitas por su grado de especulación y a un pretendido fundamento científico" para acordarlo.

El Tribunal Superior de Justicia ha considerado probado que Silva ordenó en noviembre de 2012 reabrir las actuaciones que se incoaron después de que Manos Limpias presentara una querella contra Blesa y Díaz Ferrán, que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu rechazó acumular a la causa abierta por la fusión y salida a Bolsa de Bankia.

El 5 de diciembre de aquel año tomó declaración a Blesa en calidad de imputado por irregulariddades en la adquisición del banco estadounidense y dos días después ordenó una "extensísima" batería de medidas a través de una providencia redactada en términos "muy enérgicos", en la que pedía investigar hasta el patrimonio de los familiares de Díaz Ferrán y Blesa o los correos electrónicos corporativos de este último.

El juez envió finalmente a Blesa a prisión el 16 de mayo de 2013. Tras haber pagado la fianza de 2,5 millones, el magistrado ordenó de nuevo y en menos de un mes su vuelta a la cárcel madrileña de Soto del Real. Blesa permaneció quince días y dijo al salir: "Quiero un juez imparcial".

(EuropaPress)

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2045 en: 12 de Abril de 2015, 18:44:35 pm »
El juez Silva está frito . . . y el TS lo va a terminar de freír.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2046 en: 13 de Abril de 2015, 15:35:46 pm »

El juez decano de Melilla falsificó datos del padrón para beneficiar a su familia


cruz morcillo / madrid

Día 13/04/2015 - 10.52h
 
El magistrado inscribió a su mujer y tres hijos en un «piso patera» donde en teoría vivían doce personas


El juez decano de Melilla (en el centro) en un acto de la Guardia Civil

El juez decano de Melilla, Emilio Lamo de Espinosa, ha estado a punto de ser sancionado por la Consejería de Bienestar Social. En una revisión de los títulos de familia numerosa se detectó en marzo que el juez «no figura en el padrón de habitantes del núcleo familiar», según recoge el documento remitido a Lamo de Espinosa y al que ha tenido acceso ABC. Tras la última reforma de Cristóbal Montoro las familias de tres o más hijos pueden acogerse a una desgravación de 1.200 euros. Son las comunidades autónomas las encargadas de enviar el título a Hacienda para que aplique esos beneficios. Pero durante la inspección de Bienestar Social (que ha cotejado unos 10.000 libros de familia) saltó la alerta. Su mujer y sus tres hijos aparecían empadronados en una vivienda de la carretera de Farhana mientras que él lo hacía en el Paseo Marítimo, domicilio habitual de la familia y el que consta en el título citado, que solicitaron en octubre de 2012.

Título de familia numerosa

La Consejería notificó el 17 de marzo al juez la irregularidad apremiándole para que presentara en diez días el padrón actualizado donde figuraran todos los miembros de la unidad familiar o de lo contrario se iniciaría un expediente sancionador. El documento indicaba que «en tanto no regule la situación actual, no se le remitirán los datos a la Agencia Estatal Tributaria, vista su solicitud para percibir la desgravación de familia numerosa». Se le instaba también a personarse con el original del libro para su rectificación, un trámite que el juez ha cumplimentado, según las fuentes consultadas.

Estas fuentes no ocultan su sorpresa por la irregularidad aflorada. La esposa y los tres hijos del juez estaban inscritos en la vivienda de la carretera de Farhana desde el 15 de febrero de 2012. Nunca han vivido ahí. Esa casa es lo que se conoce en Melilla como un «piso patera», un lugar en el que se empadronan varias familias para obtener distintos tipos de beneficios o ayudas. Además de la familia al completo de Lamo de Espinosa en esa vivienda había otras ocho personas empadronadas de tres núcleos familiares distintos, incluido el dueño.
 
Fue precisamente esa casa la que hizo saltar las alarmas el pasado febrero, puesto que también estaban empadronados en ella desde marzo de 2013 el marido de la titular del Juzgado de Instrucción número 1, Verónica Marcos Rodríguez, y una de sus hijas.

Omisiones

Tanto Lamo de Espinosa como Marcos Rodríguez solicitaron con posterioridad a esta fecha sus respectivos libros de familia numerosa, pero ambos omitieron que parte del núcleo familiar constaba inscrito en una vivienda distinta. La razón por la que falsearon la información en documentos oficiales parece tener su origen en la búsqueda de un «colegio a la carta». La segunda hija del juez decano fue admitida el año pasado en infantil en el colegio «Nuestra Señora del Buen Consejo», un concertado religioso objeto de deseo por los melillenses, situado en la carretera de Farhana, y que no le correspondía por la zona en la que vive la familia a más de tres kilómetros. En la lista del Ministerio el nombre de la niña figura en el número 18, con los puntos por zonificación. «Es un tema muy sensible en Melilla con denuncias en los Juzgados. Lo sorprendente es que el decano es juez de familia y conoce de sobra el problema», explican fuentes jurídicas.

Según estas fuentes, el juez decano podría haber cometido falsedad en documento público, oficial o mercantil. «Se comete falsificación de datos en los documentos que aportan al colegio, que luego se presentan al Ministerio, en los que aporta a la Ciudad autonóma y, por supuesto, al padrón».


Tiene imputados a nueve guardias civiles


C. M. madrid


«Los jueces deben ser los primeros defensores de la Justicia». Son palabras de Emilio Lamo de Espinosa al periódico «El Faro» dos meses después de ser elegido juez decano, en junio de 2012, y solo dos años después de aterrizar en Melilla al frente del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2, en el que continúa.

En septiembre del pasado año imputó al jefe de la Comandancia de Melilla, el coronel Ambrosio Martín Villaseñor, por un supuesto delito de prevaricación por autorizar las llamadas «devoluciones en caliente» de subsaharianos tras dos saltos masivos de la valla en junio y agosto. Hace menos de dos meses imputó a otros ocho agentes -un comandante, un teniente y seis guardias- por un posible delito de trato degradante y lesiones a otro inmigrante. La escena fue grabada en el peor episodio de 2014, ocurrido el 15 de octubre, y cuyas imágenes fueron entregadas al juez por las ONGs, aunque «sesgadas», según fuentes de Guardia Civil.

Lamo de Espinosa fue también el instructor del procedimiento por prevaricación contra el presidente de Melilla Juan José Imbroda, que el Tribunal Supremo ha archivado esta misma semana. En su auto el TS reprocha al juez que se haya invadido «el campo del control judicial de los actos administrativos, que a nosotros no nos corresponde».

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2047 en: 14 de Abril de 2015, 19:12:14 pm »

El CGPJ cree que los jueces que cobraron por desarrollar una herramienta informática actuaron de buena fe

EUROPA PRESS MADRID 
Actualizado: 14/04/2015 13:24 horas 

El promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Antonio Jesús Fonseca-Herrero, ha archivado las diligencias abiertas el pasado 23 de febrero para averiguar si el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Vieira, y otros jueces incurrieron en incompatibilidad al recibir una compensación económica por el desarrollo de una herramienta informática en Decanatos y Órganos Judiciales que se puso en marcha en 2010.

El promotor considera que actuaron de buena fe y en beneficio de los usuarios de la Administración de Justicia, según ha informado el Consejo. La información se abrió después de que Vieira informara de que la Comunidad de Madrid solicitó la colaboración de jueces y magistrados además de otro personal de la administración de justicia para el desarrollo de esta herramienta y de que entendió que esa actividad no precisaba autorización ni reconocimiento de compatibilidad por parte del CGPJ.

La investigación afectaba a Vieira y a otros ocho magistrados de Madrid por su participación en el desarrollo de una herramienta informática en Decanatos y Órganos Judiciales. El diseño, desarrollo y despliegue del sistema informático, denominado IUSMADRID, fueron abordados por la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid, que adjudicó estas tareas a Indra Sistemas S.A., empresa a cargo de la que los magistrados recibieron una compensación económica por su colaboración.

SUJETA A COMPATIBILIDAD

En el acuerdo notificado hoy, el Promotor considera que esta actividad 'no podía ser desarrollada libremente por los magistrados, sino que, cuando menos, estaba enmarcada dentro de aquellas que la normativa orgánica del Poder Judicial sujeta a control de desempeño -autorización de compatibilidad-'.


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'De esta manera, puede afirmarse que la actividad desarrollada por los magistrados no era de las permitidas y, por lo tanto, lo improcedente de su comportamiento', añade.

El promotor estima, sin embargo, que a este reproche de antijuridicidad no se le puede añadir el de culpabilidad, requisito imprescindible para exigir una responsabilidad disciplinaria.

Fonseca-Herrero señala en su informe que aunque la cualificación jurídica de los magistrados impide que pueda valorarse un desconocimiento de la normativa orgánica, sí hay factores 'relevantes' que permiten afirmar la ausencia de voluntariedad infractora, dolosa o culpable, como el hecho de que manifestaran haber actuado en la creencia de realizar una actividad compatible 'por causa de las indicaciones que en tal sentido' les hizo tanto el presidente como la Sala de Gobierno del Tribunal Superior.

El acuerdo señala, en este sentido, que la actividad 'se hizo con la intervención directa, no solo del presidente del TSJ, sino de la Sala de Gobierno de este Tribunal', que el 28 de noviembre de 2011 adoptó los primeros acuerdos de designación y formación de grupos de trabajo y lo comunicó al Consejo General del Poder Judicial, cuya Comisión de Informática y Modernización quedó enterada el 16 de enero de 2012.

La citada Comisión comunicó a su vez a la Sala de Gobierno del TSJ madrileño que había tomado conocimiento de la intervención de magistrados en esa actividad.

Fonseca-Herrero concluye que 'este relevante dato fáctico es el que determina que no pueda formularse el reproche personal de culpabilidad', ya que 'existía un elemento objetivo y ajeno a la actuación de todos ellos que permite apreciar una suerte de confianza legítima y buena fe en su modo de proceder' y la finalidad de los trabajos 'no era el provecho o beneficio propio de todos ellos, sino el de todos los usuarios de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid'.

El presidente del Alto Tribunal madrileño había explicado sobre la información publicada en prensa que la Comunidad de Madrid dispone de un sistema de gestión procesal (GPRO) cuya puesta en marcha se inició en el año 2010 en Decanatos, Órganos Judiciales y Fiscalías, y que una de las ventajas de este sistema es el Compositor de Documentos, una herramienta cuya función es la de ayudar a generar documentos utilizados en la tramitación de expedientes judiciales.

Así, Vieira ha reconocido que se les encomendó tareas de colaboración en la implantación de este Sistema y 'como no son funciones propias de su cometido como magistrados, secretarios o funcionarios, la actividad se desarrolló fuera del horario laboral y suponía un gran esfuerzo de trabajo de los juristas, se acordó con la Agencia Informática y de Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) una compensación económica que realizó la empresa INDRA, contratada por ICM para desarrollar técnicamente este sistema'.

Según Vieira, la intervención de estos equipos ha sido 'esencial' para dotar a los Juzgados y tribunales de las herramientas informáticas 'adecuadas para ejercer su labor, lo que difícilmente se habría logrado sin su colaboración', y ha asegurado que todas las cantidades percibidas han sido declaradas a Hacienda efectuándose las retenciones correspondientes.

También especificó que desde el comienzo de la actuación de estos Grupos de Trabajo y Comités, ha entendido que su actuación y la de los magistrados integrados en esos grupos 'estaba exceptuada de la necesidad de solicitar al CGPJ la autorización o reconocimiento de compatibilidad que prevé para determinados supuestos el Reglamento de la Carrera Judicial.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2048 en: 15 de Abril de 2015, 10:18:34 am »
Elpidio Silva intenta que el Supremo anule su condena por enviar a Blesa a prisión

    El abogado de Blesa asegura que Silva "prevaricó a ciencia y conciencia" para enviar a su cliente a prisión por dos veces
    La defensa del exjuez se ampara en el voto particular de Arturo Beltrán a favor de su absolución

Alicia Gutiérrez
Actualizada 14/04/2015 a las 12:45
 
La defensa de Elpidio Silva, condenado a 17 años de inhabilitación por haber enviado a prisión al expresidente de Caja Madrid y haber incorporado a su investigación sobre la extinta entidad los llamados correos secretos de Miguel Blesa, anunció este martes que su cliente no piensa regresar a la judicatura.

Así lo expresó el abogado Gonzalo Boye, formulando su anuncio ante los jueces del Tribunal Supremo que deben resolver sobre el recurso planteado por Silva. En la vista, el fiscal, José María Casado González, calificó como "disparate jurídico" el recurso. Y el abogado de Blesa, que vuelve a actuar como acusación particular, remarcó que Silva "prevaricó a ciencia y a conciencia" para enviar a su patrocinado a prisión por dos veces, una con fianza y la segunda de manera incondicional. Según el abogado de Blesa, Silva prevaricó al admitir la participación en la causa de la asociación Manos Limpias.

Para la defensa de Silva resulta sustancial que, justamente, el presidente del tribunal que en octubre de 2014 condenó al entonces juez, el magistrado Arturo Beltrán, emitiera un voto particular favorable a la absolución. Beltrán remarcó que la Fiscalía nunca había recurrido las resoluciones de Silva en el caso Blesa.

Este martes, el abogado del financiero, Carlos Aguilar, aseguró que Beltrán se equivocó porque la Fiscalía recurrió al menos 10 resoluciones de Silva. Blesa continúa imputado por partida doble: en la Audiencia Nacional dentro del caso Bankia y en la causa donde un juzgado de Plaza de Castilla (Madrid) investiga la compra por Caja Madrid del banco de Miami City National Bank of Florida.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2049 en: 15 de Abril de 2015, 15:01:20 pm »
 :Lazo_Negro


Muere el magistrado del Constitucional Luis Ortega de un infarto durante un receso


El jurista, nombrado a propuesta del PSOE en enero de 2011, ha fallecido en la sede del tribunal en medio de un descanso del pleno que se estaba celebrando.


El fallecido magistrado del Constitucional Luis Ortega. - Foto EP

El magistrado del Tribunal Constitucional Luis Ortega, de 62 años, ha fallecido esta mañana en la sede de la institución a causa de un infarto masivo del que no ha logrado recuperarse, según fuentes jurídicas citadas por la agencia Efe. El hecho ha sucedido durante un descanso del pleno que se estaba celebrando en el tribunal de garantías, poco antes de las 12.00 del mediodía.

Fuentes de Emergencias Comunidad de Madrid 112 han explicado a Efe que el servicio de urgencias médicas SUMMA ha tenido que desplazarse al tribunal para atender a una persona que había fallecido como consecuencia de "una muerte súbita". Tras intentar reanimarlo, los facultativos solo pudieron confirmar el fallecimiento.


Había sido nombrado en enero de 2011 a iniciativa del Senado tras el acuerdo alcanzado entre el PSOE, que propuso su candidatura, y el PP

Ortega fue nombrado magistrado del Tribunal Constitucional en enero de 2011, a iniciativa del Senado tras el acuerdo alcanzado entre el PSOE, que propuso su candidatura, y el PP en el 28 de septiembre de 2010.

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en 1977, se doctoró en la misma institución en 1982, desde 1988 es catedrático en la Universidad de Castilla La Mancha y ha ocupado cargos de responsabilidad en el mundo universitario español. Fue director del Departamento de Ciencia Jurídica de la Universidad de Castilla La Mancha (1988 y 1989); Vicerrector de Asuntos Institucionales del Campus de Toledo o director del Centro de Estudios Europeos, más tarde conocido como Centro de Excelencia Jean Monnet, entre 1993 y 2001. Es autor de un amplio catálogo de libros entre los que se pueden citar El sistema político y administrativo en España (1991) y El poder de sustitución en la ejecución de las sentencias condenatorias de la Administración (1995). Asimismo fue miembro de la asesoría jurídica del entonces presidente Felipe González entre 1982 y 1989 y de la Dirección General del Departamento de Asuntos Institucionales de la Presidencia del Gobierno de 1983 a 1987.

Con el gobierno socialista, intervino como experto en las comisiones de preparación de las leyes nacionales de Residuos, de la Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y de la Ley de Consumidores y Usuarios, así como de la Agencia de Evaluación de Castilla-La Mancha.

Ortega fue consultado en 2005 por las Cortes de Castilla-La Mancha sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de esa Comunidad, pese a que no llegó a aprobarse en el Congreso de los Diputados.

Recogió en 2009 el Premio Juanelo Turriano por su contribución al progreso del derecho público español, al desarrollo del derecho europeo y a la institucionalización de los órganos de autogobierno de Castilla-La Mancha.

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« Respuesta #2050 en: 15 de Abril de 2015, 15:16:51 pm »
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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2051 en: 21 de Abril de 2015, 09:11:32 am »
El Supremo suspende un año al juez que menos sentencias dictó en 2012

    En una sentencia hecha pública este lunes, el alto tribunal defiende que cometió una falta muy grave de retraso injustificado de procesos y causas
    Según el acuerdo del Pleno del Poder Judicial, que impuso la sanción, el juez dictó 107 sentencias, cuando la media de su comunidad es de 451

infoLibre Actualizada 20/04/2015 a las 17:37
 
La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha confirmado una sanción de un año de suspensión a un juez de lo Penal de Tarragona, el magistrado de lo Penal de toda España que menos sentencias dictó en el años 2012.

En una sentencia hecha pública este lunes, el alto tribunal defiende que cometió una falta muy grave de retraso injustificado de procesos y causas. Según el acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que impuso la sanción, el juez dictó 107 sentencias, cuando la media de su comunidad es de 451 y la de España de 464.

En el año 2011, el mismo Juzgado –al que dicho juez se incorporó el 9 de noviembre de ese año– dictó 396 sentencias. El Supremo subraya que no se trata de sancionar el incumplimiento de los módulos de trabajo, ni tampoco el hecho de que no alcanzara la cifra media de sentencias de los Juzgados de lo Penal en Cataluña o en toda España, sino la evidencia de que su trabajo resultó "escaso e insuficiente".

"Se reprocha la constatación de que, en términos absolutos, atendidas las circunstancias del propio Juzgado, la actividad desplegada por el recurrente en la labor fundamental como juez de lo Penal, de dictar sentencias y despachar las correspondientes ejecutorias, resulta manifiestamente insuficiente y escaso, atendiendo a su número y características, con la consiguiente incidencia en el retraso en la Administración de Justicia", dice la resolución.

El tribunal añade que el retraso en el desempeño de esa función básica del juez, "por su naturaleza, entidad, reiteración e incidencia en el funcionamiento de la Administración de Justicia", tiene la suficiente gravedad para integrar la infracción muy grave apreciada por el CGPJ, por lo que rechaza el recurso planteado por el juez.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2052 en: 21 de Abril de 2015, 17:49:10 pm »

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

La juez imputa a Elpidio Silva por filtrar los correos de Blesa

Ve indicios de infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos

MANUEL MARRACO Madrid 
Actualizado: 21/04/2015 14:11 horas 

La magistrada que investiga la denuncia presentada por la Fiscalía contra Elpidio Silva por la difusión de los correos electrónicos de Miguel Blesa ha imputado al juez por los delitos de infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos.

La magistrada de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Susana Polo considera que hay indicios suficientes para sostener que Elpidio Silva hizo públicos los correos del ex presidente de Caja Madrid durante el tiempo que la causa sobre Blesa que él mismo instruía estaba declarada secreta.

Por ese motivo la juez del TSJ ha dictado el llamado auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, que equivale al procesamiento y supone la imputación formal del juez.

La magistrada establece que el imputado, a lo largo de los años 2013 y 2014, mientras los correos electrónicos de Miguel Blesa estaban custodiados en su juzgado, se reunió con diferentes personas para comentar el contenido de los correos, que manifestó públicamente que los iba a filtrar, que llegó a decir que los había vendido a un medio de comunicación, que entregó copia de ellos a algún amigo, así como que facilitó a un responsable de un partido político un pendrive con el contenido de las conversaciones bajo secreto de sumario.


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La magistrada da un plazo de diez días al Ministerio Fiscal para que solicite la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación para volver a sentar en el banquillo al juez, que está a la espera de que el Supremo resuelva su recurso contra la condena a inhabilitación por el caso Blesa.


Las infidelidades de Blesa

José Silva contó a una de sus amantes que Miguel Blesa tenía una fotografía en la que aparecía en un balcón con una escopeta apuntando hacia la calle, según se desprende de un auto de la juez madrileña que investiga al que fuera magistrado por filtrar los correos del banquero, informa Europa Press. La juez desvela también en su escrito que Silva también habló a su pareja "de las infidelidades de Blesa" y de que éste se iba a comprar un simulador de vuelo muy caro. La magistrada indica que estos datos, que le relató la ex novia de Silva, no fueron publicados por la prensa y, sin embargo, "sí constan en los correos".

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« Respuesta #2053 en: 21 de Abril de 2015, 18:59:48 pm »
Ve indicios . . . pero habrá que probarlo para quebrar la presunción de inocencia.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2054 en: 25 de Abril de 2015, 08:36:07 am »
Las cagadas de Gallardón se caen una a una.

 :Plasplas :Plasplas

el texto no es apoyado por ninguno de los implicados
Estocada al último proyecto de Gallardón: Catalá aparca la reforma del Registro Civil
El ministro de Justicia acaba de anunciar que deja aparcada la reforma del Registro Civil una vez que se ha dado cuenta de que el texto no es apoyado por ninguno de los sectores implicados

Carlota Guindal
24.04.2015 – 15:56 H.


El ministro de Justicia acaba de tirar por tierra la última reforma 'estrella' planteada por su antecesor, Alberto Ruiz Gallardón, dejando la gestión de éste en entredicho. Rafael Catalá acaba de anunciar que deja aparcada la reforma del Registro Civil una vez que se ha dado cuenta de que el texto no es apoyado por ninguno de los sectores implicados. “Sería absurdo que el Gobierno se empeñase en llevar a delante una reforma que no tenga los apoyos mínimos necesarios”.

Estaba previsto que se aprobara el anteproyecto el próximo 15 de julio pero Catalá ya ha anunciado que no va a fijar ningún nuevo plazo hasta que se reúna con todos los afectados, como sindicatos, comunidades autónomas, partidos políticos y registradores. El ministro lo ha dejado claro: “Vamos a buscar un modelo que nos satisfaga a todos”.

No solo se aplaza la reforma sino que se plantea incluso redefinir el modelo, aunque a día de hoy todavía nadie le ha presentado una propuesta distinta. Aunque Catalá ha asegurado que no va a mantener las negociaciones sine die; el tiempo que resta para el final de la legislatura es limitado, teniendo en cuenta la época de vacaciones intermedia.

Catalá ha defendido esta reforma desde que llegó al Ministerio pero se ha encontrado con la falta de consenso entre los distintos sectores y el malestar generado entre los funcionarios de Justicia. La intención de la reforma era que el Registro Civil, controlado por la Adminsitración de Justicia, pasara a manos de los registradores mercantiles y de la Propiedad, que a pesar de ser trabajadores públicos, tras aprobar una oposición, no dependen de la Administración.

Los funcionarios de Justicia han mostrado su malestar porque en el caso de haberse aprobado la reforma, el Registro Civil dejaría de ser competencia de la Administración de Justicia. Los funcionarios no iban a ser despedidos sino reubicados, provocando la reducción de la oferta pública en los tribunales.

Esta decisión anunciada hoy por Catalá deja en evidencia la mala gestión de Ruiz Gallardón, cuyas principales reformas han fracasado. Nada más llegar su suscesor al Ministerio, se anunicó la retirada del proyecto de la ley del aborto y la retirada de las tasas judiciales, que había provocado una auténtica rebelión tanto en la propia Adminsitración como de los abogados y ciudadanos.

Estas dos leyes habían sido las más polémicas en la época de Gallardón, aunque Catalá también optó por meter la tijera en otras reformas. En la Ley Orgánica del Poder Judicial se optó por retirar la idea de que pudieran instruir tres jueces las causas especialmente complejas. Catalá enterró ese proyecto y anunció uno nuevo que empezará el trámite desde cero, es decir, volviendo a recabar informes. Sobre la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Gallardón elaboró un borrador de Código Penal Procesal en el que se preveçia la instrucción por parte de los fiscales pero que nunca llegó a ver la luz.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2055 en: 25 de Abril de 2015, 11:54:52 am »
Gallardón . . . gran político, mejor persona, tanta paz lleves como dejes . . .

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2056 en: 26 de Abril de 2015, 20:23:49 pm »
Espero que no vuelva nunca más a formar parte de un gobierno, como mucho de presidente de su comunidad de vecinos.


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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2057 en: 27 de Abril de 2015, 00:40:25 am »
Gallardon el político a una cagada unido.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2058 en: 04 de Mayo de 2015, 08:32:49 am »
Piden al ministro de Justicia que retire una condecoración al abogado Emilio Cuatrecasas

El ministro de Justicia, Rafeal Catalá, recibirá en los próximos días una curiosa petición. El sindicato Manos Limpias ha enviado un escrito a su departamento en el que pide que se retire la Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, la máxima condecoración en el ámbito de la Justicia, al conocido abogado Emilio Cuatrocasas, quien fue condenado a dos años de cárcel.

En el escrito el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard, recuerda que Emilio Cuatrecasas, abogado, titular en calidad de socio de sendos despachos dedicados a cuestiones tributarias, ha sido condenado a dos años de prisión en conformidad por delito fiscal. Señala que ha quedado acreditado que "para beneficiarse fiscalmente a título propio, simuló contratos, aportó a la Hacienda Pública facturas falsas y gastos personales recreativos como si fuesen gastos de Empresa". Además, Bernad recuerda que la sentencia es firme al ser de conformidad y no admite pues recurso alguno. El condenado queda así con antecedentes penales y computables. Manos Limpias considera que esta situación de condenado en "activo" es absolutamente incompatible con tener la la mencionada distinción.

    Manos Limpias considera que esta situación de condenado en "activo" es absolutamente incompatible con tener la Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort

"Está acreditado -afirma el escrito- que el condenado Sr. Cuatrecasas ha defraudado varios millones de euros y nos ceñimos al Registro de Rebeldes y Condenados de ese Ministerio". Por todo ello, "de conformidad con lo expuesto -añade- solicitamos que previos los trámites que procedan en Derecho, se retire de forma inmediata la condecoración de San Raimundo de Peñafort al condenado por delito fiscal Emilio Cuatrecasas , a quien se le otorgó en diciembre del año 2005".

Bernad considera que esta condecoración "a todas luces injusta ha sido utilizada como señuelo o reclamo para captar clientes hacia un despacho que ha tenido activa participación –en cuanto a resolución de casos – relacionados con la polémica amnistía fiscal, utilizada por muchos como sabemos para blanquear dinero". Por ello, pide al ministro que se anulen "a todos los efectos administrativos que procedan dicha distinción, requiriéndole de forma personal al condenado Emilio Cuatrecasas para que entregue donde proceda dicha condecoración que, como decimos, debería haber sido ya de oficio a todos los efectos anulada por ese Ministerio de Justicia".

Cuatrocasas, con importantes despachos en Madrid y Barcelona, aceptó la condena a dos años de prisión y una multa de 1,5 millones de euros después de devolver a Hacienda 4,1 millones de euros tras haberse deducido de forma fraudulenta gastos personales. El conocido abogado reconoció haber defraudado tres millones de euros en el IVA, IRPF, Sociedades y Patrimonio en los años de 2006 a 2008.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2059 en: 06 de Mayo de 2015, 08:12:30 am »
<a href="http://youtube.com/v/j8DFxeB9PV4" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="bbc_link bbc_flash_disabled new_win">http://youtube.com/v/j8DFxeB9PV4</a>



Los jueces de Madrid visitan en horario laboral el Reina Sofía invitados por el Santander

El pasado viernes 24 de abril, el presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo de Porres, junto con 25 magistrados y secretarios judiciales -casi todos de la Audiencia  y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), entre ellos algunos miembros de su Sala de Gobierno-, realizaron de 9 a 10 de la mañana una “visita comentada” al Museo Nacional de Arte Reina Sofía, para disfrutar de la exposición temporal Fuego blanco, La colección moderna del Kunstmuseum Basel, que se exhibe en la planta 1 del Edificio Sabatini desde el 18 de marzo al 14 de septiembre de este año.

Al término del recorrido, los señores magistrados fueron obsequiados con un desayuno en las propias dependencias del Museo. Algunos de los jueces aparecieron en sus respectivos despachos en torno a las 12 de mediodía y con dos regalitos –libro y bolígrafo- bajo el brazo, aunque otros decidieron echar ya la mañana para completar una visita al resto del museo. Ocioso es recordar que el viernes 24 era jornada laborable, y que la visita cultural tuvo lugar dentro del horario de trabajo de sus señorías.

    Ocioso es recordar que el viernes 24 era jornada laborable, y que la visita cultural tuvo lugar dentro del horario de trabajo de sus señorías

El picnic cultural y educativo de los jueces madrileños forma parte de un programa de visitas vinculado a las exposiciones temporales del Museo, cuyo objetivo, según su dirección, “es explicitar las líneas discursivas desplegadas en ellas” (sic), programa que se desarrolla con el mecenazgo de la Fundación Banco Santander. Las visitas comentadas a la exposición del Kunstmuseum tienen lugar los viernes a las 19,15 horas y domingos a las 12,30, pero sus señorías gozaron de horario especial a primera hora del viernes 24.

Conviene resaltar que Banco Santander, tan unido siempre a la Justicia española (recuérdese el célebre “Querido Emilio”), es el titular actual de la “Cuenta de Depósitos y Consignaciones”, en otras palabras, el Santander es el banco designado por el Ministerio de Justicia en el que deben realizarse los depósitos previos a la interposición de cualquier recurso frente a las resoluciones judiciales. Y es una pasta gansa.

Corrupción y corruptelas

La relación de jueces y magistrados con entidades financieras y grandes empresas es una de esas nebulosas de las que muy poco conoce la opinión pública, pero sobre las que algún día los ciudadanos deberían entrar a fondo para asegurar la independencia de los señores magistrados a la hora de impartir justicia. Ello reconociendo que esta visita al Reina Sofía es quizá el más venial de los pecados de una Justicia que tiene en las conferencias, los cursos, las ponencias, etc., etc., encargadas y financiadas por entidades privadas, el más mortal de sus pecados.

Por cierto, la presencia en Madrid del Kunstmuseum de Basilea, considerado el primer museo público municipal del mundo, es consecuencia del cierre temporal de sus instalaciones en la ciudad suiza para proceder a su renovación, una circunstancia que permite al Reina Sofía exhibir hasta septiembre una selección de más de cien obras maestras de su colección (pinturas, esculturas, collages, fotografías y vídeos), en un conjunto que abarca desde finales del siglo XIX hasta la actualidad y que ofrece un amplio panorama del tránsito del arte moderno al contemporáneo, con artistas tan universalmente reconocidos como Munch, Kandinsky, Picasso, Gris, Léger, Braque, Giacometti, Ernst, Klee, Mondrian, Richter, Rothko, Warhol, Picabia y otros. Realmente vale la pena.