El Supremo absuelve a un agente de Valladolid que comprobó matrículas para un conocido
El tribunal entiende que no hubo terceros perjudicados y que es obligación de un policía investigar placas de identificación de turismos si cree que puede haber algún delito en curso
EL NORTE VALLADOLID
14 JAN 2017
El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia absolutoria en el caso del agente de la policía nacional que fue acusado de un delito de descubrimiento y revelación de secretos por haber consultado en los archivos informáticos distintas matrículas de coches por encargo de un conocido, titular de un taller de chapa y pintura en La Cistérniga, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
La resolución desestima así el recurso de casación contra el fallo anterior de la Audiencia de Valladolid interpuesto por el Ministerio Fiscal, que había pedido para el agente, O.L, cuatro años de cárcel, nueve de inhabilitación y multa de 5.400 euros como autor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos.
La acusación pública había pedido además dos años y siete meses de privación de libertad y una sanción económica de 2.700 euros, en calidad de inductor, para R.A.G, propietario del taller ya cerrado que éste regentaba en el Polígono de La Mora, si bien la absolución de este último no había sido recurrida ante el Supremo.
En su fallo, el Alto Tribunal, al igual de lo que consideró en su momento la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia vallisoletana, entiende que no consta la producción de perjuicio alguno para terceras personas, ni que se hubiera perjudicado una investigación sobre tráfico de drogas que había en curso, al tiempo que advierte de que las matrículas no tienen carácter reservado y por ello falla uno de los pilares de la figura penal por la que se acusaba al agente, como es la revelación de un secreto.
El tribunal vallisoletano añadía que «más que ante la comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, nos encontramos ante un favor que realiza O.L, con extralimitación de sus funciones».
Durante el juicio, el policía nacional, con una trayectoria profesional de veinte años en el Cuerpo, sin apercibimiento alguno y con varias condecoraciones en su haber, aseguró que el otro acusado, conocido de un primo suyo, también titular de un taller mecánico, le pidió ayuda ante el temor de que un Renault 19 que acababa de adquirir como vehículo de cortesía para sus clientes pudiera haber sido sustraído, ante lo cual le facilitó dos posibles matrículas del mismo -desconocía cuál de ellas era la buena- para que consultara en la aplicación informática policial su situación y posible implicación en algún hecho delictivo.
«Soy policía las veinticuatro horas y entendí que ante un posible ilícito penal mi obligación era colaborar», declaró el agente, quien sostuvo que al acceder a la base de datos con su clave y contraseña comprobó que ninguna de ambas matrículas correspondía al Renault 19 y que las mismas pertenecían a un Wolkswagen Passat y a una Renault Express, circunstancia que comunicó al otro acusado pero sin facilitarle detalle alguno de los titulares de ambos.
El policía reconoció haber accedido a los datos de otros dos turismos, un Audi A-6 y una Chrysler Voyager, en el primer caso por tratarse de un vehículo «sospechoso» que apareció aparcado ante una casa abandonada en Arca Real y en el segundo por la presunta implicación del monovolumen en una maniobra irregular que el 14 de marzo de 2014 a punto estuvo de costarle la vida a él y su mujer cuando regresaban a Valladolid tras disfrutar de unas vacaciones.

«Circulábamos por la AP-6 y el conductor de un monovolumen cruzó de golpe todos los carriles para meterse a la derecha en una desviación, lo que me obligó a frenar bruscamente y al turismo que nos precedía», recordado tanto el policía como su mujer, quienes coincidieron al señalar que tuvieron tiempo de tomar la matrícula al vehículo infractor que a posterior consultó el agente «quizá por un exceso de celo profesional».
En todos los casos, el agente mantuvo que utilizó las bases de datos para sus consultas en la creencia de que actuaba con total corrección, dentro de su cometido como defensor de la ley, y sin facilitar a terceros información personal alguna de los titulares de los vehículos.
Preso por drogas
Su testimonio fue corroborado por el otro acusado, R.A.G, quien indicó que coincidió «casualmente» con el policía en el taller de un primo de éste y fue entonces cuando le pidió auxilio al echar en falta uno de sus coches de cortesía.
«No estaba seguro de si lo habían sustraído o lo habíamos dejado a un cliente», explicó R.A.G, quien aseguró que pretendía saber la situación del coche para presentar la oportuna denuncia y evitar posibles responsabilidades en el supuesto de que el Renault 19 pudiera haber sido utilizado para cometer algún delito.
Se da la circunstancia de que la tarea encomendada al policía por parte del dueño del taller salió finalmente a relucir en el transcurso de una investigación policial seguida contra este último por tráfico de drogas, con el apoyo de 'pinchazos' telefónicos, que concluyó con su detención y condena final, la misma que le mantiene actualmente entre rejas.
Sin embargo, el inspector jefe del Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional que realizó tal operativo desmarcó totalmente de estos hechos al funcionario acusado, al tiempo que llegó a coincidir con éste respecto de la aseveración de que «un policía lo es las veinticuatro horas del día», en referencia a que ante las sospechas de un posible delito «no sólo se puede sino que se debe acceder a la base de datos» para realizar la pertinente consulta.
«Yo lo hago, con cualquier cosa que como policía te puede llamar la atención, como sería el caso de la aparición de un coche abandonado», advirtió.
