El Gobierno concedió 4,3 millones de dinero público a una empresa de drones participada por Morenés
El ministro de Defensa es accionista de Flightech, una empresa que ha recibido de la Administración préstamos blandos y ayudas públicas por 4,3 millones desde 2006, está en quiebra técnica y no ha vendido ni un dron.
El empresario de medios de comunicación Francisco Gayá, fundador de Europa FM, Unidad Editorial (El Mundo) y Estructura (diario Cinco Días), y el ministro de Defensa en funciones, Pedro Morenés, son socios en una aventura empresarial que arrancó en 2006.
Hace diez años, cuando casi nadie hablaba de drones (pequeños aviones no tripulados), Gayá movilizó a un grupo de amigos y conocidos de diferentes sectores (prensa, defensa, abogacía, banca) para poner en marcha una ilusionante e innovadora aventura empresarial para el desarrollo y venta de este tipo de aviones dirigidos desde tierra.
Convenció a "27 accionistas", tal y como él mismo ha relatado a Vozpópuli, y levantó "unos dos millones de euros" para crear Flightech Systems con la idea de certificar el primer avión no tripulado de Europa (el Altea).
El empresario Gayá movilizó en 2006 a unos 27 accionistas para poner en marcha la empresa, entre los que se encuentra Morenés, con en torno al 0,43%
Uno de esos accionistas era el por entonces empresario del sector de la defensa, Pedro Morenés, al que a finales de 2011 Mariano Rajoy nombró ministro de ese ramo.
El ministro vizcaíno entró en Flightech con una participación minoritaria del 0,5%, que con las ampliaciones de capital posteriores, a las que no ha acudido, se ha diluido hasta el 0,43% (últimos datos disponibles), según se desprende de la información interna de la compañía a la que ha accedido Vozpópuli.
En sus diez años de existencia, la Administración pública ha concedido a la compañía de drones préstamos blandos y ayudas por valor de 4,34 millones de euros, de los que finalmente se ha embolsado 2,3 millones debido a que el resto no llegó a las arcas de la compañía por los reiterados incumplimientos de los proyectos que fueron objetos de esas prebendas.
La compañía se ha mantenido viva gracias a este dinero público y a los "7 millones de euros aportados por nuestros socios al principio del proyecto y tras las 9 ampliaciones de capital, una por cada año de vida de la empresa", en palabras de Gayá.
De hecho, Flightech no ha cerrado gracias al crédito exprés de 300.000 euros abonado en abril pasado por la Empresa Nacional de Innovación (Enisa), una sociedad pública dependiente del Ministerio de Industria. El ministerio del dimitido José Manuel Soria concedió este ventajoso préstamo, con 3,83% de interés fijo, destinado al salvamento de la compañía, y no a un proyecto concreto, después de que los socios acudiesen a la novena ampliación de capital, por valor de 500.000 euros (Morenés no suscribió esta ampliación).
Enisa, el CDTI, el propio Ministerio de Industria, la Comunidad de Madrid y la Xunta, entre otros, otorgaron dinero público a una empresa que no ha vendido ni un dron
La empresa ha despedido a casi todos sus trabajadores (la estructura se mantiene con Gayá, una secretaria y un técnico), a muchos de los cuales no abonó las últimas nóminas y con los que mantiene litigios ante los tribunales. El ministro en funciones, sin embargo, ha seguido en el accionariado pese a la deriva de la empresa.
Para Gayá, tener a Morenés en su capital ha sido su gran activo de cara a intentar vender sus drones al Ejército español. Fuentes de Defensa ven normal que el ministro, que lleva 30 años en el sector industrial de la Defensa, sea accionista de esta compañía
Responsables del Ministerio de Defensa han acudido a varias demostraciones de estos aparatos, pero Flightech jamás ha podido vender uno de ellos ni a Defensa ni mucho menos en el sector privado, según las fuentes consultadas. Gayá confía en vender próximamente algún dron en los mercados internacionales.
Pero aunque no ha conseguido colocar ningún aparato ni al Ejército ni a otras instituciones públicas, Flightech ha gozado de un trato de favor por parte de las Administraciones.
Hasta el punto de que el préstamo que por ahora ha salvado a la compañía fue denegado en 2014, en un demoledor informe sobre Flightech al que ha tenido acceso Vozpópuli. Enisa dijo entonces que no concedía esos 300.000 euros por la mala situación por la que atravesaba la compañía, sus impagos y la imposibilidad de recuperar el dinero concedido ante las nulas perspectivas de venta de un prototipo, Altea, que está certificado, pero obsoleto y sin hueco de mercado, señalan los expertos.
Flightech no ha cerrado gracias a un crédito exprés de Enisa (Industria), pese a que un año antes se denegó esta ayuda en un demoledor informe que alertaba de la mala situación de la empresa
Pero algo cambió para que en 2015, Industria diera el 'sí' al préstamo que ha permitido a Flightech saldar sus cuentas con Hacienda y la Seguridad Social. Fuentes cercanas a la compañía, que en su día siguieron de cerca todo el proceso, atribuyen la concesión de este préstamo exprés al juego de favores del que se ha beneficiado la compañía con algunos ministerios del Gobierno de Rajoy.
El empresario de medios José Joly, también accionista de Flightech, hacía de puente entre la empresa y el Ministerio, y mantenía el contacto directo con Begoña Cristeto. La Secretaria General de Industria y Pyme, en un email enviado a Joly, le decía: "lamento informarte de que vuestra solicitud de crédito no cumple los criterios de riesgo fijados por el consejo de administración". Un año más tarde, y pese al 'no' inicial, la ayuda se concedió, gracias a la intermediación de Joly con el subsecretario de Industria, señalan las fuentes del entorno de Flightech.
De esa exitosa intermediación da fe el email que Cristeto, que semanas antes dijo que no daba la ayuda, envió a Joly: "Buenas tardes soy Begoña Cristeto, Secretaria general de industria. Me ha comentado el subsecretario vuestro tema. Estoy ahora mismo en Luxemburgo por lo que te contactará directamente el consejero delegado de Enisa, Bruno Fernández, para ver vuestro proyecto de nuevo y ver posibilidades de financiación. Si necesitas algo de mí, llámame a este número. Un saludo". El crédito de Enisa salió adelante.
Pero antes del crédito de Enisa, Flightech había disfrutado de diferentes ayudas y préstamos con dinero público. En 2012, el Ministerio de Industria concedió 1,53 millones de euros a la empresa, en el marco del programa de Fomento de la Competitividad, préstamo ligado a una inversión total por parte de la empresa de 1,9 millones. Llegaron los primeros 301.000 euros en 2012, pero Industria suspendió al año siguiente el resto de aportaciones por el cambio de los criterios (los hicieron más exigentes) de concesión de ayudas.
Gayá ha intentado vender sus drones al Ministerio de Defensa y se ha aprovechado de las buenas relaciones de algunos de sus accionistas con el Gobierno
También el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), dependiente de Industria, destinó un préstamo blando, aportado por el Banco Sabadell, de 261.500 euros a Flightech para el proyecto de piloto automático FT-Eko.
Pero el mejor 'regalo' que recibió Flightech de las Administraciones públicas fueron varios préstamos blandos por un valor conjunto de 1,405 millones de euros que le concedió, en 2011, la sociedad pública Madrid Network.
Estas aportaciones también fueron destinadas al proyecto FT-Eko. El éxito cosechado por la empresa de Gayá con Madrid Network no pudo repetirse en otro pelotazo que estuvo a punto de dar la compañía. El proyecto Xmist iba a ser apadrinado por la Xunta de Galicia con dinero público proveniente en buena parte de la Unión Europea, que canalizaría el CDTI.
Se trataba de un programa para que un equipo de cuatro drones detectara y extinguiera incendios, proyecto al que se le concedieron 800.000 euros, que se comenzarían a cobrar en 2013. Nunca llegaron a Flightech por la compañía nunca cumplió con los hitos del proyecto y el CDTI decidió retirarles la ayuda.
Ahora, pese al crédito de Enisa, Flightech pende de una cuerda floja, dado que sus cuentas están en quiebra técnica y tiene abiertos litigios, reclamaciones y embargos con ex empleados, proveedores, bancos y entidades públicas, entre otros, y aún debe la friolera de 2,5 millones de euros.
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