CONCLUSIONES JUDICIALES DEL MADRID ARENA
“Falló todo lo que podía fallar”
El magistrado cree que “codicia, negligencia, actuaciones temerarias y dejación de funciones” causaron la muerte de cinco jóvenes en el pabellón municipal
El jefe de Policía Municipal dimite tras su imputación
BRUNO GARCÍA GALLO Madrid 1 SEP 2014 - 23:14 CEST
Archivado en:Madrid Arena Ana Botella Policía municipal Ayuntamientos Madrid Investigación judicial Comunidad de Madrid Policía Administración local España Fuerzas seguridad Proceso judicial Justicia Administración pública
Jóvenes atrapados en el pasillo del pabellón Madrid Arena donde se produjo la tragedia.
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La fiesta celebrada en la noche del 31 de octubre de 2012 en el pabellón municipal Madrid Arena fue, en opinión del juez Eduardo López-Palop, “un evento en el que, por negligencia de unos y otros, falló todo lo que podía fallar, hubo inactividad criminal por parte de todas aquellas personas que tenían que haber velado por la seguridad, y se produjo el trágico resultado que todos lamentaron pero ninguno, al parecer, previó y mucho menos evitó”.
Aquella madrugada fallecieron cinco jóvenes y resultaron heridas otras 10 personas, según relata el magistrado en el auto hecho público ayer que, casi dos años después, cierra la instrucción judicial. Tal y como adelantó EL PAÍS, López-Palop imputa a 14 personas por cinco homicidios por imprudencia grave, incluido al jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo, que dimitió ayer tras conocerse el auto; y a otras dos personas —los dos médicos de la fiesta— por tres homicidios por imprudencia grave.
El juez hace un relato escandalizado de lo acaecido aquella noche a partir de las declaraciones de quienes tomaron parte en la tragedia, de las grabaciones de las cámaras de seguridad y de las pesquisas policiales. Se trata, según el auto, de una suma de “codicias, negligencias, dejación de funciones y actuaciones irracionales y temerarias que dieron como resultado el fallecimiento de cinco jóvenes, casi niñas, que pudo y debió haberse evitado”.
La empresa Diviertt organizó el “evento musical”, cuya “actuación estrella era el DJ Steve Aoki”. Se celebró en el Madrid Arena, un espacio propiedad del Ayuntamiento y gestionado por la empresa municipal Madridec. Diviertt se encargó de la venta de entradas y “del funcionamiento interior de la fiesta”. La seguridad en el recinto corrió a cargo de las empresas Kontrol 34 y Seguriber.
De los 16 imputados, 13 pertenecen a Madridec, Diviertt, Seguriber y Kontrol 34. El jefe policial lo está por no evitar el botellón a las puertas del recinto, y los dos médicos por no haber atendido correctamente a tres de las víctimas (las otras dos fueron tratadas por el Samur municipal).
El juez exime de culpa a todos los concejales bajo sospecha
La tragedia del Madrid Arena devastó el crédito político de Ana Botella (PP), recién llegada a la alcaldía apenas diez meses antes. En solo unas horas dimitió Pedro Calvo como concejal de Seguridad, al anunciarse que iba a ser imputado. Nunca lo fue; mantiene su acta de edil, pero apenas participa ya en tareas municipales. Meses después, dejó su cargo el vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva, al que informaciones periodísticas quisieron atribuir vínculos con Miguel Ángel Flores, el organizador de la fiesta. Nunca se han probado, y el juez en ningún momento le ha imputado.
También cayeron el delegado de Seguridad, Antonio de Guindos, muy cercano a la alcaldesa, que prometió dimitir si era imputado. Lo fue, pero ahora ha quedado exculpado. Y se ha sobreseído la causa contra la concejal Fátima Núñez, responsable de Seguridad bajo el mando de Guindos, que dejó su puesto tras ser imputada aunque mantiene el acta de edil.
Actualmente no queda ningún político imputado, tan solo el jefe de la Policía Municipal, que dejó de serlo ayer, y varios excargos de la empresa municipal Madridec, que gestionaba el pabellón. El Ayuntamiento (propietario del Madrid Arena) ha sido declarado responsable civil subsidiario. El juicio se celebrará en otoño de 2015, es decir, tras las elecciones municipales.
Lissavetzky, contra Botella
El líder municipal socialista, Jaime Lissavetzky, conminó ayer a Botella que “empiece a conjugar el verbo dimitir”, por “coherencia”, pues, en su opinión, ella, como Monteagudo, “también tiene responsabilidad”.
El concejal de Izquierda Unida Ángel Lara censuró por su parte que el Ayuntamiento mantuviera hasta ayer a Monteagudo en su puesto. Y el portavoz de UPyD, David Ortega, calificó la dimisión del inspector jefe de la Policía Municipal como “tardía y forzada”, recordando además que tiene otra causa abierta por un presunto caso de falsedad documental relacionada también con el Madrid Arena.
El aforo autorizado por el Ayuntamiento era de 10.620 personas; el juez dice que se vendieron “en torno a 23.000 entradas”, pero no cifra cuánta gente entró al pabellón. Apunta, eso sí, sin detallar cómo lo deduce, que “en un momento determinado, por negligencias diversas de diferentes imputados, [se] llega a ‘amontonar’ de la forma más confusa y caótica hasta un número cercano a las 30.000 personas”.
“Como consecuencia del enorme sobreaforo, la pista central se encontraba no solamente saturada, sino en una situación de aglomeración y contacto físico entre las personas que las impedía desplazarse en la dirección deseada, situación de angustia para muchas de ellas que difícilmente podían soportar físicamente la situación creada, que notoriamente venía agravada por el estado de embriaguez más o menos avanzado de muchos de los asistentes”, relata el juez. El presunto responsable del sobreaforo es Miguel Ángel Flores, propietario de Diviertt.
“Toda la organización del evento era de su responsabilidad, y tuvo directísima participación en el número de entradas que se vendieron y el caudal de personas que entraron en la fiesta”, concluye López-Palop. Flores es “plenamente consciente” de que se sobrepasó el aforo permitido debido a su “desmedido afán de beneficios económicos, sacrificando la seguridad”. Una vez que se produjo la tragedia, actuó además con una “notoria mala fe”, al ocultar de manera “premeditada y maliciosa” varias de las urnas que contenían las entradas vendidas. Fueron halladas por la policía días después en un recinto anexo al pabellón que no estaba operativo.
Mientras una multitud se apretujaba en el interior del recinto, fuera tenía lugar “una concentración de personas” que celebraban desde horas antes “un acontecimiento lúdico-alcohólico conocido coloquialmente como botellón”. El juez no detalla cuánta gente había, pero sí que ocupaban, “como mínimo, todo el espacio existente” entre la estación de metro de Lago, junto a la Casa de Campo, y los accesos al Madrid Arena, incluido su aparcamiento.
Censura el magistrado la actuación “contemplativa” de la Policía Municipal, que debería haber evitado “un botellón notoriamente ilegal”. “Si bien fuera excesivo decir que brilló por su ausencia, puede afirmarse que estuvo de forma manifiestamente insuficiente, esporádica y con una pasividad totalmente inadecuada para la gravedad de los hechos que estaban aconteciendo”, añade. López-Palop reconoce que el botellón “no es, obviamente, constitutivo de un ilícito penal”, pero en su opinión sí tiene “una importancia decisiva como desencadenante de la tragedia”. Por ello, imputa a aquel que en su opinión no hizo lo necesario para evitarlo: el inspector jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo.
En su auto, el juez detalla que la responsable del dispositivo del Madrid Arena era Cándida Jiménez, y que entre ella y Monteagudo había tres mandos más. Sin embargo, imputa sólo a Monteagudo como “máximo responsable de la actuación del cuerpo”. El botellón “no fue la única causa, pero fue una de las causas de la tragedia, y como la encargada de impedirlo era la Policía Municipal, el máximo responsable debe responder por su negligencia”.
El Ayuntamiento, que dirige Ana Botella (PP), comunicó ayer la dimisión de Monteagudo, que llevaba en el cargo desde diciembre de 2007, “una vez conocido que el juez mantenía de forma formal su imputación en la causa”. Recalcó en cualquier caso “la profesionalidad de todos los componentes del cuerpo, que ha quedado demostrada a lo largo de la historia”. “En algunas semanas” se conocerá al sustituto de Monteagudo, según el Ayuntamiento.
¿Cómo influyó el botellón en lo ocurrido en el interior del pabellón? Según el juez, “en un momento determinado de la madrugada” que no precisa, esa multitud tuvo noticia del inicio del “número estelar” de la noche, a cargo de Aoki.
Se produjo entonces “una aglomeración de personas, la mayoría de ellas en inequívoco estado de embriaguez”, que intentó acceder al recinto. Para entonces, “ya no existía ningún control exterior de las entradas”, según el juez. El desencadenante final de la tragedia fue la apertura de un portón destinado a mercancías y, en caso necesario, a salida de emergencias, que permite el acceso directo desde el exterior a la pista sin pasar por las dos plantas superiores del pabellón. Por allí entró una “riada humana”, “en número no menor a 3.000 personas”, a una pista que ya estaba “sobresaturada”.
Monteagudo, durante la investigación política en 2012. / SAMUEL SÁNCHEZ
La orden de abrir el portón la dio, según afirma el juez a partir de “indicios abrumadores”, Francisco del Amo, coordinador de proyectos de Madridec. Según el auto, telefoneó a José Antonio Díaz, jefe de equipo de Seguriber, que transmitió la orden por walkie-talkie al empleado que tenía el mando del portón. Tanto Del Amo como Díaz están imputados por ello. Díaz aseguró en su descargo que, aunque pensó que la orden era “una barbaridad”, debía cumplir “sin rechistar” lo que mandaban los jefes de Madridec, “una especie de obediencia debida” que el juez rechaza.
En situación parecida se encuentran Juan José Paris y Raúl Monterde, jefes de equipo de Seguriber, que tampoco cuestionaron la orden de abrir el portón. Además, el juez les achaca haber relajado, también por mandato de Del Amo, los controles a aquellos que intentaban acceder al recinto (para evitar que introdujeran bengalas, petardos, etcétera).
Por no haber dado la voz de alarma cuando esa era su función está imputado José Ruiz, técnico de Madridec, como lo está también por lo sucedido en el pabellón el director de Seguridad de Madridec, Rafael Pastor. A Santiago Rojo, director general de Diviertt, le imputa el juez por haber escuchado la orden de abrir el portón y no haber hecho nada para evitarlo. Y a Carlos Manzanares y Emilio Belliard, como responsables de Kontrol 34, la empresa encargada de mantener la seguridad dentro del recinto.
Al llegar esa “riada humana” a la pista ya sobresaturada, “se produjo una situación tan insoportable que algunos jóvenes, que no podían ni respirar, buscaron la salida”. Debía haber ocho vomitorios, pero cinco de ellos se encontraban “cerrados por motivos diversos tales como estar tapados por el escenario o encontrarse próximos a los camerinos de los artistas”. Por ello está imputado Miguel Ángel Morcillo, empleado de Diviertt y responsable de la ubicación de las barras, que “bloqueaban total o parcialmente la mayoría de vomitorios”. Y José Luis Rodríguez, coordinador de Seguridad de Madridec, que no hizo nada por remediar todas estas irregularidades.
Aquellos que querían salir de la pista se encontraron además con los que deseaban entrar a escuchar a Aoki, lo que produjo “una colisión confusa, tumultuaria y de todo punto incontrolable”. A las 3.40 tuvo lugar una avalancha humana, con jóvenes “cayendo al suelo, tropezando y formando una auténtica barrera”.
Cinco chicas quedaron atrapadas en la base, y resultaron “pura y simplemente aplastadas”. El juez imputa a Roberto Mateo, responsable de las cámaras de seguridad, por haber abandonado su puesto en repetidas ocasiones, no haber avisado de avalanchas anteriores, y haber guardado un “inexcusable silencio” sobre el hecho de que la cámara con la que debía vigilar el pasillo de la tragedia no existía, era sólo una carcasa.
Dos de las jóvenes fueron sacadas del recinto y atendidas en el exterior por el Samur. Belén Langdon falleció el 3 de noviembre. Teresa Alonso, el 29 de noviembre. Las otras tres chicas fueron llevadas a la enfermería del Madrid Arena, al cargo del doctor Simón Viñals, de 77 años, y de su hijo Carlos. Están imputados por aceptar (a cambio de 1.920 euros) prestar servicio en “un cuarto trastero, sin ventilación ni luz ni agua corriente”, y sin “medio material o instrumental alguno”.
Cristina Arce, Katia Esteban y Rocío Oña fueron dadas por muertas pese a que se encontraban en parada cardiorespiratoria. Simón Viñals, “paralizado y bloqueado” por la situación, ni siquiera las atendió; dejó además a Esteban en manos de dos técnicos de ambulancia a los que no dio instrucciones y que nada pudieron hacer. Cuando llegó el Samur, pudo recuperar a Oña, que falleció poco después, tras ser trasladada al Hospital Clínico. Arce y Esteban murieron dentro del Madrid Arena.
La fiesta continuó hasta las seis de la mañana, cuando se encendieron las luces y el resto de asistentes fue desalojado.
