Autor Tema: Aguirre pudo cometer un delito y no una falta  (Leído 195558 veces)

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Re:Aguirre pudo cometer un delito y no una falta
« Respuesta #1660 en: 01 de Abril de 2016, 15:54:14 pm »
La esposa de Neira: 'Sólo quiero que se haga justicia con mi marido'


Isabel Cepeda, viuda del profesor Neira que saltó a los medios por salir en defensa de una mujer a la que estaba agrediendo un hombre. BERNARDO DÍAZ

•Isabel Cepeda, la viuda del profesor Neira, fallecido en agosto, solicita a la Comunidad de Madrid que cumpla el compromiso del Ejecutivo de Esperanza Aguirre e indemnice a su familia

•«Utilizó políticamente a mi marido», dice

ROBERTO BÉCARES
Madrid

01/04/2016 03:25

«No quiero perjudicar ni beneficiar a nadie políticamente, sino que se haga justicia con mi marido, si una persona dio su palabra que la cumpla; si es persona jurídica, al ser una institución, que lo haga la institución». A Isabel Cepeda, la viuda de Jesús Neira, le rodea un halo de tristeza y de rabia que hace tiempo le va minando las fuerzas, pero, aunque sus amigos le piden que se deje torcer el brazo, ella no quiere por justicia. «Es muy injusto que mi marido se haya muerto sin reconocerle la indemnización».

El profesor universitario Jesús Neira, de 63 años, falleció el pasado agosto tras sufrir un derrame cerebral. Murió, asegura, olvidado por la Comunidad de Madrid, la misma institución que le nombró presidente del Observatorio para la violencia de género -un puesto que no tenía remuneración- después de que evitara que un hombre, Antonio Puerta, maltratara a su novia en Majadahonda en 2008. Por hacerlo recibió una paliza del agresor que le tuvo ocho nueve meses ingresado y que finalmente produjo su muerte años después, tras varios episodios médicos.

Una mala praxis médica provocó que sufriera un derrame cerebral. Tras la agresión de Puerta, pasó por dos hospitales diferentes en tres ocasiones, y en todos ellos le enviaron a casa sin siquiera las 48 horas de observación que establecen los protocolos tras un golpe así. Ni siquiera estuvo 24 horas. «Casi ni cinco minutos», recuerda su viuda. Tres días después sufrió el derrame, que le provocó numerosas secuelas. Mientras, su heroica acción le valió numerosos galardones, como la Medalla de Oro del Senado, la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid o varios premios en defensa de los Derechos Humanos.



«Me comprometí a no usar políticamente ésto contra nadie y no lo hice», dice


La entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se acercó a él. Le dio un puesto a quien se había convertido entonces en un símbolo contra la lacra de la violencia machista. «Lo utilizó políticamente», resume su viuda. A los pocos días de su ingreso en el hospital, Cepeda puso una demanda contra los hospitales públicos por negligencia médica. La Comunidad, relata Cepeda, les pidió que la retiraran para no dañar la imagen de la Sanidad pública madrileña. Que les indemnizarían. Era otoño de 2010. Aguirre les dio su palabra a través de sus consejeros, asegura Cepeda. No había, sin embargo, nada escrito. «Era la palabra de la presidenta, no hacía falta», relata Cepeda, que junto a su marido retiró la denuncia sin obtener respuesta.

«Nos dijeron que inmediatamente antes o después de las autonómicas de 2011 iban a proceder a pagar y que fuéramos preparando un número de cuenta», recuerda Cepeda, que piensa que aquello «fue una burla evidente, te lo iban diciendo para salvar elecciones, yo me comprometí a no usar políticamente esto contra nadie, que no saliera en los papeles y no salió». En agosto de 2011, en una reunión en el despacho de Javier Gómez de Liaño, el que era entonces abogado de la familia, les dijeron que no iban a indemnizarles, pero que pusieran una reclamación administrativa. Meses después se produjeron reuniones con pesos pesados del Gobierno de Aguirre, como con el entonces consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, pero no se ofreció ninguna solución.

En una carta remitida a Esperanza Aguirre por Gómez de Liaño el uno de marzo de 2012, el abogado de la familia le transmitió su «preocupación» y «angustia» ante la falta de respuesta a su reclamación. Según el abogado, la «vía administrativa fue propuesta por la propia Comunidad, y, concretamente, por Salvador Victoria», entonces consejero de Asuntos Sociales, «como contrapartida de la renuncia a proseguir en el ejercicio de la acción penal». La propia Isabel remitió burofaxes en ese sentido a Aguirre o al presidente del PP, Mariano Rajoy, que acudió al hospital tras la agresión de Puerta para ofrecerles su apoyo.

Entremedias, como Jesús «no decía lo políticamente correcto y resultaba incómodo para un partido político, dejó de ser útil para ella y prescindió de él». Cepeda recuerda que «le llamaron fascista y violento» por decir que «había que cambiar la Constitución, reformar el Senado o modificar el sistema electoral; no era una persona cómoda, decía las verdades a quien correspondía». Finalmente, la familia Neira interpuso una demanda en el juzgado de lo contencioso-administrativo después de que la Comunidad de Madrid resolviera la reclamación administrativa asegurando que no había derecho a reclamación porque la atención médica había sido «excelente».



El Gobierno regional dice que no puede asumir los compromisos de otros


En el último episodio que llevó a Neira al hospital, y que finalmente derivó en su muerte, también se habría producido una presunta negligencia, según Isabel. Fue el pasado agosto. La ambulancia tardó más de una hora en llegar a su casa y trasladarle al hospital pese a que Isabel les indicó que su marido había sufrido un ictus. No sólo eso, en la ambulancia no había un médico. «Cuando llamé a Emergencias, Jesús estaba consciente. Cuando llegó la ambulancia, más de una hora después de la primera llamada, estaba inconsciente. Nunca más volvió a recuperar la consciencia. En el hospital no se creían que no había informe médico», relata la viuda del profesor. El 29 de agosto el profesor Neira acabó falleciendo a los 63 años de edad.

Finalmente, el tribunal de lo contencioso-administrativo estableció el pasado enero una indemnización irrisoria, 12.000 euros. La familia reclamaba 200.000. Según asegura el actual abogado de la familia, es la misma indemnización que la que se otorga, por ejemplo, a un herido en un accidente de tráfico por un latigazo cervical, cuando en este caso sufrió «un coma de 69 días y un ingreso hospitalario de nueve meses», así como unas secuelas que le llevaron finalmente a fallecer.

«Jesús se murió sin conocer la sentencia, se habría llevado un disgusto horrible. Él se murió sintiéndose traicionado por la palabra de una persona que no se cumplió», sentencia Isabel, que antes de conocer la sentencia trató de buscar una solución a través de Cristina Cifuentes, la entonces candidata del PP a la Comunidad de Madrid y ahora presidenta regional. Semanas antes de las elecciones, le citó para el 21 de diciembre, un día después de los comicios, un encuentro que al final se atrasó varios días, al 11 de enero de este año.

«Lo que querían era que el tema no se moviera porque estábamos en momento electoral. Seguí confiando. Ella estuvo encantadora, pero en la siguiente reunión con Ángel Garrido (consejero de Presidencia) me dijo que llevara a los tribunales a Aguirre, que no podía asumir compromisos adquiridos por otra presidenta», relata Isabel, que se siente defraudada una vez más, y cuya defensa ha presentado un recurso a la nueva sentencia. «El sufrimiento de años, las secuelas... ¿sólo se valoran en 12.000 euros?», se pregunta.

Entretanto, sólo considera de justicia que aquella palabra que dio Aguirre se cumpla.

Desde la Comunidad de Madrid, gobernada ahora por la también popular Cristina Cifuentes, aseguran que no pueden solucionar la reclamación ya que sería «un compromiso verbal que no tenemos cómo justificar». «Aquí se la atendió y se la escuchó, y se comprende su exposición, pero no tenemos documentación legal que justifique un pago; si considera lesionados sus derechos tiene que ir a los tribunales. La Comunidad de Madrid no puede dar dinero público sin que medie una sentencia», afirma una portavoz del Gobierno regional, que destaca que no hay documentación legal que justifique esa indemnización y que hacerlo sin ella sería ilegal. Entretanto, desde el entorno de Aguirre evitan hacer declaraciones al respecto.

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Re:Aguirre pudo cometer un delito y no una falta
« Respuesta #1661 en: 12 de Abril de 2016, 09:01:00 am »

El ex presidente regional y ex presidente del Canal de Isabel II, Ignacio González. E. M.
La empresa pública regional reconoce que ha mantenido y sufragado el servicio de «alarma y patrulla» en el domicilio del ex presidente hasta marzo

El responsable de Seguridad del ente público sostiene que el «coste es mínimo»

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JAIME G. TRECEÑO
12/04/2016 03:04
El Canal de Isabel II (CYII), empresa pública de la Comunidad de Madrid, ha mantenido parte del servicio de seguridad del ex presidente regional, Ignacio González, hasta hace un mes. «Quizás sí que sea la única irregularidad por mi parte. El coste del mantenimiento es mínimo», justifica Luis Miguel Garrido, director de Seguridad del ente público. «Si se ha sido presidente de una empresa durante 10 o 12 años y lo corto... No quería hacerlo de forma inmediata. No quería hacer daño al árbol caído de inmediato. Pensé, vamos a hacerlo de forma paulatina. Despacio, por un poco de sensibilidad», precisa, asumiendo la negligencia.

La empresa pública ha mantenido el servicio mucho tiempo después de que González dejase de ser presidente de la empresa y de que dejara la Presidencia de la Comunidad de Madrid. La 'mano derecha' de Esperanza Aguirre, además de ser su vicepresidente, se mantuvo como presidente del Canal de Isabel II -entidad considerada la 'joya de la corona' regional por el volumen de negocio que maneja- desde 2003 hasta que asumió las riendas de la Presidencia de laComunidad de Madrid en septiembre de 2012.

«Me han pasado una nota diciéndome que en un mes dejará de estar en vigor el servicio», aseguraba a este diario Garrido a primera hora de la mañana, sosteniendo que aún seguía ofreciendo el servicio de «alerta de alarmas y patrullas» al ex presidente. Ya por la tarde, una vez obtenida la versión del propio González, quien negaba conocer algo de este asunto, el responsable de seguridad del Canal modificaba su declaración y precisaba que, en realidad,el servicio llevaba «un mes suspendido. El presidente me ha comunicado que paga la vigilancia a Securitas. Su terminal estaba conectado con el centro de control del Canal y cuando había una incidencia en su domicilio se desplazaba una patrulla» de la adjudicataria de la seguridad en el Canal.

González precisa: «La seguridad personal de mi casa la he pagado yo. Nadie me ha pagado una seguridad particular. La seguridad que me prestaban como presidente del Canal, primero, y de la Comunidad, después, era la que determinaron tanto la Dirección de Seguridad del Canal como la Dirección General de la Comunidad o, en su caso, la Delegación del Gobierno. A ellos me remito. La seguridad como presidente de la Comunidad, que me la prestaba la Unidad de Policía Adscrita a la Comunidad, se me quitó de un día para otro según estaba saliendo de casa. Se me presentó un comisario para comunicarme que por órdenes de la presidenta de la Comunidad me tenía que quitar en ese mismo momento el coche, el chófer, la seguridad estática y dinámica. Todo. No he vuelto a tener ningún contacto».

Garrido asumió la Dirección de la Seguridad del Canal de Isabel II en 2004, una vez que, como cargo de confianza, lo nombró González. El ente público sacó a concurso la seguridad de sus instalaciones y se lo adjudicó a la empresa Segurisa.

La entidad asegura que «pagó» medios de prevención en la casa del presidente

Según explica, decidió proteger tanto a las infraestructuras como «a las personas». Tan es así, que conectó los avisos de alarma de la vivienda particular de González con el centro de control de la empresa pública. Obra en poder de esta redacción partes de la empresa adjudicataria en los que se relata cómo se habían desplazado hasta la casa del presidente efectivos suyos para comprobar la incidencia en cuestión.

Garrido defiende esta labor por entender que «actuaba por tratarse del presidente del Canal», para «protegerlo». Hay que precisar que González ya mantenía un servicio de seguridad propio, formado por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, derivado de su cargo de vicepresidente y, luego, presidente de la Comunidad de Madrid.

Pero el servicio que se le ofreció desde el Canal no fue sólo ese. Según consta en los partes a los que ha tenido acceso este diario, al menos de marzo de 2006 a febrero de 2007 la adjudicataria de la seguridad del CYII dio servicio mediante patrullas en la «residencia del presidente». Es decir, que acudían allí hubiese o no incidencias.

Luis Miguel Garrido reconoció esta circunstancia y circunscribió el hecho a «un comunicado del Ministerio del Interior por amenaza terrorista», así como a «las amenazas telefónicas de muerte contra el presidente». Incluso admite que el Canal pagó diferentes medios en la casa de González, como es el caso de una cámara de seguridad, además de otros conceptos que no pudo precisar y que, según sus palabras, luego eran «abonados». «El señor González sabía que el sistema de seguridad lo teníamos conectado. Si no hubiese sido presidente del canal no lo hubiésemos hecho», señala el directivo del Canal de Isabel II.

El ex presidente regional niega que pagase nada, así como que ninguna entidad sufragase su instalación de seguridad.

La conexión del servicio de seguridad se realizó en 2005 y, en la actualidad, «está conectado de forma provisional, aunque no está operativo. Lo tenemos pendiente. Se dieron instrucciones hace 15 o 20 días para desconectarlo. Por prudencia no quisimos hacerlo desde el mismo momento en el que dejó de ser presidente», insiste.

Garrido ha pertenecido a la Policía Nacional y antes de asumir la seguridad del Canal de Isabel II se encargó del servicio en el Banco de España. Ha sido un hombre de confianza de González.

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pais_de_pandereta
12/04/2016 07:30 horas
No es que sea una cantidad mínima de dinero, es que es increíble que a esta gente haya que invitarles a todo. Encima este personaje, se jacta de ser millonario, pero se busca la vida para que le pague el erario público hasta las facturas "más pequeñas". Tocan desde la gran corrupción (por ejemplo lo del ático) a la micro-corrupción (fijo que se lo ha montado para que le paguemos hasta las cañas). Vamos a tardar años en desmontar estas estructuras corruptas, si es que las desmontamos. Que a la vista de cómo va el tema, no tiene pinta.
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mlarramendi
12/04/2016 05:58 horas
eso que nadie diga nada todos a la noticia de Mario Conde, no vaya a ser que nos despistemos y miremos estas noticias que no pasa nada..que son muy normales
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Joder con los Canales, el de Isabel II, el de Panamá.... Joder con los canales.

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Re:Aguirre pudo cometer un delito y no una falta
« Respuesta #1662 en: 12 de Abril de 2016, 13:23:50 pm »

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Re:Aguirre pudo cometer un delito y no una falta
« Respuesta #1663 en: 12 de Abril de 2016, 13:37:50 pm »
Pensé que iba a decir "Yo no estoy en los papeles de Panamá", que no se calla ya lo sabemos y que no para también!!! :coch;

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Re:Aguirre pudo cometer un delito y no una falta
« Respuesta #1664 en: 25 de Mayo de 2016, 13:30:01 pm »

CASO PÚNICA

UCO 'visita' una fundación de la Comunidad de Madrid para requisar facturas de la etapa de Aguirre


La Guardia Civil acudió a la sede de la Fundación de la Energía, organismo dependiente del Gobierno regional, para hacerse con facturas del periodo 2010 a 2012 relacionadas con publicaciones de eficiencia energética.

Nuevo frente para la Comunidad de Madrid en el caso Púnica. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) acudieron el pasado lunes a la sede de la Fundación de la Energía, un organismo dependiente de la Consejería de Economía, para requerir la entrega de abundante documentación contable del periodo 2010-2012, el tramo final de la presidencia de Esperanza Aguirre. En concreto, los guardias civiles se llevaron facturas relacionadas con pagos por la elaboración de diverso material divulgativo sobre eficiencia energética para esta entidad que cuenta entre sus patronos, además del Ejecutivo autonómico, con empresas como Repsol, Cepsa, Endesa, Gas Natural e Iberdrola. Esta es la segunda diligencia ordenada por el juez Eloy Velasco que se centra en esta fundación después de que hace seis meses el magistrado requiriera información bancaria y fiscal sobre la misma, como ya adelantó este diario.

En noviembre, el juez Velasco dictó un auto en el que ya pedía información bancaria y fiscal sobre la Fundación de la Energía

Aquella primera petición de documentación se concretó en un auto fechado el 11 de noviembre dirigido a la Asociación Española de Banca (AEB), a la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y a la Unión de Cooperativas de Crédito (UNACC) para que detallasen en qué entidades bancarias aparece como titular dicha entidad. En aquel auto, el magistrado también reclamaba a la Agencia Tributaria los datos sobre las declaraciones del modelo 347 que hubiera presentado la Fundación. Hasta el momento, sólo consta la respuesta el pasado 12 de enero del Banco Cooperativo Español, según documentos judiciales a los que ha tenido acceso Vozpópuli.

La siguiente diligencia en el 'caso Púnica' sobre esta entidad sin ánimo de lucro que ha trascendido es, precisamente, la 'visita' de este lunes de los agentes de la UCO a la sede que el organismo tiene en el número 17 de la calle Menéndez Pidal, en la capital. Según han confirmado a este diario fuentes de la propia Fundación, los guardias civiles se presentaron con un requerimiento judicial para intervenir las facturas pagadas a una empresa concreta y que se referían en su totalidad a trabajos para elaborar diversas publicaciones sobre ahorro energético. Los agentes también se llevaron ejemplares de este material divulgativo. El periodo sobre el que reclamaron esta información era concreto: 2010-2012, que coincide con los últimos tres años de Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid en los que se sucedieron Antonio Beteta y Percival Manglano al frente de la Consejería de Economía, de la que dependía la entidad.

"Campañas informativas y guías técnicas"

La Fundación de la Energía fija en su página web como objetivo de actividad "fomentar, impulsar y realizar iniciativas y programas de actuación para investigar, estudiar y apoyar actuaciones de conocimiento, desarrollo y aplicación de las tecnologías energéticas". El fin es lograr "una mejora del ahorro y la eficiencia energética, el fomento del uso racional de la energía y, en general, la óptima gestión de los recursos energéticos". Para ello, "realiza labores de difusión y concienciación mediante campañas informativas, edición de guías técnicas y organización de jornadas", incluido la elaboración de "cuadenros escolares". Es precisamente en todo este tipo de material divulgativo donde se centran ahora las pesquisas de la Guardia Civil.

La Guardia Civil centra la investigación en las facturas pagas para elaborar material divulgativo sobre la eficiencia energética

Como patronos natos de la entidad figuran seis miembros de la Consejería de Economía y Hacienda. En concreto, aquellos que en cada momento ocupen los cargos de consejero, viceconsejero, los directores generales de Comercio, de Industria, Energía y Minas, y de Economía, Estadística e Innovación Tecnológica, así como el gerente del Instituto Madrileño de Desarrollo. También están representados la Cámara Oficial de Comercio e Industria regional, la Confederación Empresarial de Madrid, la Universidad Politécnica, la Universidad Rey Juan Carlos, y las empresas CEPSA, Endesa, Gas Natural, Fundación Iberdrola, Repsol y Unión Fenosa. También aparecen como patronos "electivos" Red Eléctrica Española, CLH, Enagás, Madrileña Red de Gás y dos asociaciones sectoriales de empresarios, APIEM y ASEFOSAM. Fuentes de la fundación recalcaron ayer a Vozpópuli su disposición a prestar la "maxima colaboración" con el juez Velasco en la investigación.

 


LA OTRA FUNDACIÓN INVESTIGADA
Con la Fundación de la Energía, ya son dos las entidades del Gobierno regional con esta figura jurídica que se encuentran en el ojo del huracán en el 'caso Púnica'. La otra, la Fundación Arpegio, dependiente de la empresa pública del mismo nombre, ya ha visto como la que fuera su gerente, Carmen Plata, ha sido imputada por su participación en las supuestas irregularidades detectadas en la financiación en 2007 del concierto 'Night of the Prom', un capricho del entonces número 3 del Ejecutivo autonómico, Francisco Granados, que costó al erario más de 300.000 euros. El empresario que organizó aquel evento musical, José Luis Huerta, propietario de Waiter Music SL, declaró ante el juez que recibió el visto bueno del ex dirigente del PP hoy encarcelado "tomando una copa". Las pesquisas sobre esta fundación han sido incluidas por el juez Velasco en una de las dos nuevas piezas que ha abierto en el sumario. En concreto, en la número 13, donde también investiga las presuntas irregularidades de la propia empresa matriz, Arpegio, en la gestión del plan de inversiones Prisma. En esta parte de la causa también se investiga, por ejemplo, la entrega de cestas de Navidad costeadas con dinero público a amigos de Granados y su mujer, Nieves Alarcón.

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Re:Aguirre pudo cometer un delito y no una falta
« Respuesta #1665 en: 29 de Mayo de 2016, 09:11:53 am »
Ausbanc recibió más de 3 millones de euros del Gobierno de Esperanza Aguirre

    Además de los 3,3 millones de euros recibidos del Gobierno de Aguirre, Ausbanc se benefició también de otros 5,3 millones a través de subvenciones concedidas entre 2012 y 2013
    Ausbanc fue explusada por primera vez en 2005 del Registro por vulnerar la normativa sobre asociaciones sin ánimo de lucro.

informacionsensible.com
27 de Mayo del 2016 a las 12:50

La Comunidad de Madrid declaró pagos por valor de 3.345.855 euros a seis entidades del entramado de Pineda desde 2006 a 2011. Estos pagos coinciden con el periodo en que la organización fundada por Luis Pineda estuvo expulsada del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios por vulnerar la normativa sobre ONG sin ánimo de lucro, según publica infolibre.

Además de los 3,3 millones de euros recibidos del Gobierno de Aguirre, Ausbanc se benefició también de otros 5,3 millones a través de subvenciones concedidas entre 2012 y 2013.

Ausbanc fue explusada por primera vez en 2005 del Registro por vulnerar la normativa sobre asociaciones sin ánimo de lucro. En 2014, el Gobierno central se vio forzado a expulsar por segunda vez a Ausbanc del Registro de Asociaciones.

Ausbanc Empresas, Ausbanc Consumo, Ausbanc Madrid, Desarrollos Turísticos y Sociales SL, Agroeditora SL y Dinero y Salud SL, son todas las empresas ligadas a Pineda que recibieron cobros de la Comunidad de Madrid.
 
El Modelo 347 de la Agencia Tributaria, presenta discrepancias entre lo que Ausbanc Empresas declaró como abonado por el Servicio Regional de Empleo y lo que éste declaró. Ausbanc Empresas no atribuyó ningún pago -"ventas declaradas"- ese año al Servicio Regional de Empleo, que en cambio contabilizó -"ventas imputadas"- pagos por 635.396,76 euros a Ausbanc Empresas.

El mayor misterio, no obstante, aparece en 2009. Ausbanc Empresas hizo constar 0 euros en las "ventas declaradas" al Servicio Regional de Empleo de Madrid, que al cumplimentar su formulario de "ventas imputadas" anotó nada menos que pagos por 1.320.569,21 euros a Ausbanc Empresas.

Las cuentas de Ausbanc Empresas sobre 2009 no están disponibles.

La mujer de Luis Pineda, Teresa Cuadrado, fue directora general de Consumo del Ejecutivo madrileño hasta 2003, el año en que Esperanza Aguirre se convirtió en su presidenta tras eltamayazo. Y la actual directora general de Consumo del Gobierno de Cristina Cifuentes, María José Pérez-Cejuela, tuvo que admitir a infoLibre que fue consejera en una empresa de Luis Pineda tras haberlo negado.

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Re:Aguirre pudo cometer un delito y no una falta
« Respuesta #1666 en: 29 de Mayo de 2016, 11:22:49 am »
Esto no es una crisis es una estafa. _trapera

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Re:Aguirre pudo cometer un delito y no una falta
« Respuesta #1667 en: 29 de Mayo de 2016, 12:57:57 pm »
Mamandurrias . . .

"No hay hechos, sino interpretaciones" Nietzsche

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Re:Aguirre pudo cometer un delito y no una falta
« Respuesta #1668 en: 31 de Mayo de 2016, 19:20:31 pm »
Las "ranas" de Doña Espe....



Granados recibió caballos, joyas y “putitas de confianza” a cambio de parcelas municipales


Francisco Javier de Frías García, exguardia civil y testaferro del constructor Antonio Pardal Reyes, desveló a la Guardia Civil las prebendas con que éste agasajó a Francisco Granados cuando era alcalde de Valdemoro, entre ellos caballos, joyas y “putitas de confianza”, a cambio de la adjudicación de parcelas municipales.       

Francisco Granados en una de sus recientes comparecencias por videoconferencia ante una comisión de investigación de la Asamblea de Madrid.Francisco Granados en una de sus recientes comparecencias por videoconferencia ante una comisión de investigación de la Asamblea de Madrid. 

El constructor Antonio Pardal dirigía un entramado empresarial en el que aparecen como administradores diversas personas que actúan a modo de testaferros, entre ellas Francisco Javier de Frías García, un exguardia civil que trabajó para él durante 25 años, y que el pasado 1 de septiembre de 2015 compareció ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para desvelar las prebendas con que su jefe agasajaba a Francisco Granados cuando era alcalde de Valdemoro y a otros cargos del consistorio como José Miguel Moreno Torres (sustituiría a Granados al frente del consistorio). Frías recibía por su labor entre 150.000 y 200.000 pesetas mensuales más una gratificación a final de año.

Las empresas de Pardal resultaron beneficiarias de diversas adjudicaciones públicas de parcelas que “se realizaron contraviniendo la legislación aplicable, mediante un procedimiento que no solo perjudicaba los intereses patrimoniales del Ayuntamiento, sino que otorgaba a las autoridades municipales un margen de discrecionalidad suficiente para adjudicar dichas parcelas en beneficio de quienes estimaran oportuno”, según un informe de la UCO fechado el pasado 20 de abril sobre las relaciones entre el constructor y Francisco Granados. Parcelas en las que el constructor desarrolló después promociones de naves industriales, concretamente en los polígonos Rompecubas y Valmor de Valdemoro. En una ocasión Pardal actuó también como intermediario para lograr la adjudicación de un contrato público de proyecto-construcción de un colector en Valdemoro a una Unión Temporal de Empresas (UTE) de las compañías COMSA-DETEA por un importe superior a los seis millones de euros, percibiendo una comisión del 5%.

El empresario Antonio Pardal decía que Francisco Granados "es el único político que nos ha dado de comer y hay que repartir"

El trato de favor recibido por Antonio Pardal era correspondido en forma de regalos hacia los dirigentes del ayuntamiento de Valdemoro porque, como indica Francisco Javier Frías en su declaración, Pardal decía que Francisco Granados “es el único político que nos ha dado de comer y hay que repartir”. Esos repartos consistían en joyas compradas en la joyería Yanes que el propio Frías llevaba a casa de Granados, e incluso al ayuntamiento. El agasajo incluía también ropa de alta costura, cestas de Navidad y el alojamiento con los gastos pagados en el hotel Alfonso XIII de Sevilla durante la Feria, coches de caballos, coches de lujo puestos a disposición para los traslados (que eran conducidos por el propio Frías), entradas para los toros, e incluso cabezas disecadas de algunos de los animales lidiados.

Francisco Javier de Frías señala que sabe que también se han pagado para Francisco Granados y José Miguel Moreno “servicios en clubes de alterne como el situado frente al campo del Betis, en la Avenida de las Palmeras, que él mismo los llevaba allí”, e incluso que llegó a recoger “a dos señoritas llegadas de Barcelona, que se alojaron en el Alfonso XIII” y que, según Pardal, eran “las putitas de confianza de José Miguel Moreno”.

Obras en una finca.

El testigo sostiene también que cuando era administrador de Larena 98, una de las empresas de Pardal, pagó una finca y realizó obras de acondicionamiento consistentes en reconstruir una vivienda, construcción de boxes para caballos, un picadero y una piscina, entre otros arreglos, que le dijeron era para Granados. “Allí llevó personalmente caballos propiedad de Antonio Pardal como regalo para disfrute de las hijas de Granados (…) Que la mujer de Granados se encaprichó de un caballo blanco y él mismo se lo llevó a la finca de Valdemoro como regalo de Pardal. Estos regalos se prolongaron desde el año 1999 hasta el 2007.

El testimonio de Frías asegura que los favores de Granados no se limitaron a la concesión de parcelas públicas, sino que también colocó a una hija de Pardal, Clemencia Pardal Hernández, en el ayuntamiento, y a un sobrino, Manuel Martín Pardal, en la Comunidad de Madrid.

El informe de la UCO concluye que por las razones expresadas se considera al empresario Antonio Pardal responsable de los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, y a Francisco Granados y José Miguel Torres Moreno de los de tráfico de influencias, cohecho y fraude en la contratación pública.

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Re:Aguirre pudo cometer un delito y no una falta
« Respuesta #1669 en: 31 de Mayo de 2016, 19:57:57 pm »
Se quedaba con parte de lo recaudado para el PP, será ese el origen de la " falta de confianza" de la líder esa en Granados? :mus;

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Re:Aguirre pudo cometer un delito y no una falta
« Respuesta #1670 en: 01 de Junio de 2016, 07:15:04 am »
Púnica hizo trabajos de 'reputación online' a Aguirre: "Continuamos con el apoyo a Esperanza"

Un correo electrónico, que forma parte del sumario de la trama Púnica, desvela el trabajo que una empresa del conseguidor De Pedro hizo para mejorar la imagen de Aguirre en la red.

El presunto 'conseguidor' de la trama Púnica, Alejandro de Pedro, también habría realizado trabajos de 'reputación online' a la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. El objetivo: mejorar la imagen de la lideresa en la red. Así lo reflejan los correos electrónicos interceptados por la Guardia Civil en el domicilio de De Pedro y que forman parte del sumario de la trama Púnica, al que ha tenido acceso Vozpópuli.

Un informe de la Unidad Central Operativa del Instituto Armado (UCO) enviado al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, el juez Eloy Velasco, pone de relieve los 'mails' que se intercambiaron una trabajadora de la sociedad EICO -una de las empresas de Alejandro de Pedro- con el presunto 'conseguidor'. En dichas comunicaciones, la empleada Sara Gargallo le adjuntaba a su jefe los trabajos de reputación realizados a Aguirre y a su sucesor al frente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

La Guardia Civil sostiene en su informe que "se han encontrado documentos electrónicos en el espacio temporal en el que supuestamente no se habrían contratado servicios de Alejandro de Pedro por parte del PP de Madrid en los que se recogen trabajos de reputación online de numerosas autoridades y la administración regional", en referencia a los 'mails' interceptados en la vivienda del dueño de EICO. Sin embargo, pese a que esos trabajos no eran conocidos hasta ahora, existieron y la UCO sospecha que se hicieron sin cobertura legal, es decir, sin contratos que los justificaran.

 

En otro correo electrónico, que forma parte del sumario de Púnica, cuyo asunto es "apoyo Esperanza" la trabajadora se dirige a De Pedro para decirle lo siguiente: "Alex, continuamos con el apoyo de Esperanza Aguirre. Es TT (trending topic) ahora mismo porque le han lanzado un tupper durante la inauguración del curso escolar en un colegio público".

La UCO explica que el 'conseguidor' habría sido contratado por el PP de Madrid de cara a la campaña electoral de 2011 y que esos trabajos fueron el origen de "otros muchos" que en años posteriores se hizo para diversas autoridades municipales de la formación de Mariano Rajoy. Pero es más, los agentes sospechan que "podría haber existido un importante volumen de trabajos prestados por empresas del mismo Alejandro de Pedro superior al que hasta la fecha han quedado acreditado por vía documental en base a la documentación facilitada por la administración regional" a la Audiencia Nacional.
Aguirre dimitió por la corrupción

Además, el Instituto Armado subraya en su informe que "ha quedado constatado" que la Comunidad de Madrid contrajo una deuda con De Pedro de 140.000 euros. Sobre la forma con la que el Gobierno regional trató de saldar la misma, la UCO es clara: "altos cargos de la administración regional, como es el caso de Salvador Victoria (ex consejero de Presidencia) e Isabel Gallego (ex directora de Comunicación de la CAM) estaban haciendo gestiones para atender dicha deuda por diversas vías, abusando de procedimientos de contratación pública o de empresas adjudicatarias". Asimismo, se sospecha que esos 140.000 euros que el Gobierno madrileño debía a uno de los protagonistas de la trama Púnica puede deberse a los trabajos que después de las elecciones de 2011 Alejandro de Pedro continuó realizando para cargos del Partido Popular regional".

    La UCO sospecha que el volumen de trabajos que el 'conseguidor' De Pedro hizo a dirigentes del PP podrían ser muy superiores a los, hasta ahora, conocidos

Por otro lado, la Guardia Civil explica que, con el análisis de la documentación incautada hasta el momento, los trabajos realizados por el 'conseguidor' De Pedro y su personal para los comicios de 2011 "pudieron haber continuado bajo la promesa de ser abonadas en un futuro y sin contrato que lo justificara". No en vano el juez Velasco, a instancias de la UCO, requirió a Génova 13 los contratos, facturas, documentos contables, correos electrónicos, descripción de trabajos, etc. que el partido tuvo con Alejandro de Pedro o alguna de sus empresas.

El pasado 14 de febrero la entonces presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, presentó su dimisión como presidenta para asumir su "responsabilidad política" tras las informaciones aparecidas en los medios de comunicación que apuntaban a una supuesta financiación irregular de su formación a nivel regional. En una rueda de prensa convocada con carácter de urgencia, Aguirre dijo lo siguiente: "No he tenido nunca ni firma en la cuenta corriente ni he firmado nunca un contrato ni tengo tarjeta ni tengo nada, por lo tanto, no tengo ninguna responsabilidad directa en estas actuaciones que están apareciendo estos días pero sí tengo una responsabilidad política que asumo porque creo que hay que asumir responsabilidades políticas".

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Re:Aguirre pudo cometer un delito y no una falta
« Respuesta #1671 en: 03 de Junio de 2016, 14:13:55 pm »
El "show" de Granados hoy en la Comisión es para   ;vom;

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Re:Aguirre pudo cometer un delito y no una falta
« Respuesta #1672 en: 03 de Junio de 2016, 14:17:21 pm »
El "show" de Granados hoy en la Comisión es para   ;vom;
a la par de la que liaron ayer en madrid,con expulsion de periodistas incluida por los inquisidores, sobre una pregunta sobre Tania Sanchez, pero eso no saldrá en prensa, directriz mantenerla oculta hasta darle otra acta de diputada

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Re:Aguirre pudo cometer un delito y no una falta
« Respuesta #1673 en: 03 de Junio de 2016, 14:40:59 pm »
El "show" de Granados hoy en la Comisión es para   ;vom;
a la par de la que liaron ayer en madrid,con expulsion de periodistas incluida por los inquisidores, sobre una pregunta sobre Tania Sanchez, pero eso no saldrá en prensa, directriz mantenerla oculta hasta darle otra acta de diputada

Mire que me extraña que haya habido una expulsión de perodistas por hacer una pregunta sobre la señora Sánchez y no tengamos hoy unos titulares de tamaño 72.

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Re:Aguirre pudo cometer un delito y no una falta
« Respuesta #1674 en: 03 de Junio de 2016, 22:06:19 pm »
Aquí lo verdaderamente preocupante es la situación en Venezuela.

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Re:Aguirre pudo cometer un delito y no una falta
« Respuesta #1675 en: 04 de Junio de 2016, 00:42:42 am »
El "show" de Granados hoy en la Comisión es para   ;vom;
a la par de la que liaron ayer en madrid,con expulsion de periodistas incluida por los inquisidores, sobre una pregunta sobre Tania Sanchez, pero eso no saldrá en prensa, directriz mantenerla oculta hasta darle otra acta de diputada

Mire que me extraña que haya habido una expulsión de perodistas por hacer una pregunta sobre la señora Sánchez y no tengamos hoy unos titulares de tamaño 72.
bueno teniendo en cuenta que 20 minutos, la sexta y cuatro son sus boletines es normal, pero creame, todo risas y normal hasta la pregunta en cuestión,  tal vez expulsarles suene fuerte pero decirles si no tienen autorización hagan el favor de abandonar la sala si,  a partir de esa pregunta, requeridos por la condenada por delito contra los derechos y libertades fundamentales (delito de odio)., eso si, muy simpatica y agradable con los uniformados y lo se de primera mano, hasta ahi puedo leer, por cierto el coordinador un tio supermajete nada comparado a lo que estabamos acostumbrados anteriormente con los del pp, haber si toma nota de los modelos y formas el embustero del director

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Re:Aguirre pudo cometer un delito y no una falta
« Respuesta #1676 en: 04 de Junio de 2016, 10:44:52 am »
Lo siento pero soy un "escéptico informativo"...si no lo cotejo tres veces no creo...y aún asi, siempre me queda la duda.

Pero en lo que si creo, por que lo vi, es en el vomitivo espectáculo que ofreció a toda la ciudadanía, el preso Granados ayer.

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Re:Aguirre pudo cometer un delito y no una falta
« Respuesta #1677 en: 07 de Junio de 2016, 07:18:05 am »
Las "mamandurrias" de Doña Espe....millones de euros en ayudas para la empresa de su marido en quiebra...y cuando le preguntan no contesta por ser una pregunta "machista", cuando no dudó en arremeter contra Carmena por la empresa del marido de esta.


HIPÓCRITA





AGUIRRE CALIFICA DE "MACHISTA" LA PREGUNTA SOBRE LA EMPRESA DE SU MARIDO
Manuel Rico: "Lo del machismo de Aguirre es un ejemplo de hipocresía, se ha buscado una cortina de humo"


El director de Infolible explica en El Intermedio que el hecho de que Esperanza Aguirre califique de "machista" la pregunta sobre la empresa de su marido es "una cortina de humo, un ejemplo de hipocresía".

VIDEO:

http://www.lasexta.com/programas/el-intermedio/revista-medios/infolibre_201606065755e2116584a8c19f787b90.html

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Re:Aguirre pudo cometer un delito y no una falta
« Respuesta #1678 en: 07 de Junio de 2016, 07:34:16 am »
"MAMANDURRIAS"


Geomadrid: 45 millones de euros tirados a la basura en Arpegi
o

Arpegio: descontrol en el uso de los fondos públicos

El proyecto cartográfico Geomadrid, participado por Granados y Cospedal, duerme en la firma Arpegio, investigada en 'Púnica'

    PABLO HERRAIZ / QUICO ALSEDOMadrid

07/06/2016 01:04

Un total de 45 millones de euros públicos tirados a la basura en un proyecto que jamás llegó a ver la luz. Un trabajo que costó una millonada, que finalmente se abandonó «porque no funcionaba» y que, tras enriquecer a varias empresas, terminó siendo sustituido por un sencillo portal realizado, sin más cargo para el erario público, por los propios técnicos de la Comunidad de Madrid.

En 2006, el Gobierno regional madrileño, capitaneado por Esperanza Aguirre y por la entonces consejera del ramo, María Dolores de Cospedal, lanzó con pompa y boato un magno proyecto del que saldría una suerte de Google Earth madrileño.

Geomadrid, que así se denominó, iba a poner al alcance de los madrileños, mediante una web, un minucioso mapa cartográfico e interactivo de toda la Comunidad de Madrid, pura «tecnología punta».

Su futuro, en ese momento, parecía esplendoroso. El producto, en cambio, jamás llegó a ver la luz con éxito, sólo de manera embrionaria. De hecho, el grueso de Geomadrid yace ahora mismo en los cajones de Arpegio, la sociedad pública investigada en el Caso Púnica.

La entrega definitiva del producto a Arpegio la realizó Arnaiz Consultores, la firma de Leopoldo Arnaiz, el urbanista que realizó al menos una veintena de planes generales de ordenación urbana para otros tantos municipios del PP, y al que se juzga actualmente por blanqueo y que en su momento declaró en la comisión de investigación del Tamayazo, la salida del PSOE de Rafael Simancas en 2003 de dos cargos electos que finalmente facilitó la llegada al poder de Esperanza Aguirre, tras la repetición de las elecciones regionales.

Arnaiz Consultores cobró, por parte del proyecto, al menos nueve millones de euros entre 2002 y 2009, según los datos expuestos por una de sus ex trabajadoras.

Arpegio, según fuentes de la propia empresa, le pagó a Arnaiz los últimos 200.000 euros por la última recepción de un proyecto que en realidad había capitaneado otra empresa pública de la Comunidad, Tres Cantos S.A., firma creada para urbanizar la localidad tricantina y finalmente utilizada para presupuestar y dirigir el proyecto, que en realidad había sido proyectado en 2002, en la época en que gobernaba la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón. De Tres Cantos S.A. fueron presidentes durante los primeros años de la década pasada, cuando se muñía el proyecto, entre otros, Francisco Granados, hoy en prisión por Púnica; María Dolores de Cospedal, que da el pistoletazo de salida a la web, y al que se considera el consejero que comienza a dotar la idea de presupuesto durante la época de Gallardón, Luis Peral.
Web Planea

Geomadrid, en definitiva, se comienza a urdir en 2002, se lanza en una primera versión muy embrionaria en 2006, cuando los técnicos advierten de que «plantea problemas» y «no funciona», según fuentes del actual Gobierno regional, y es integrado en 2008 en la web Planea, realizada por técnicos de la propia Comunidad.

La llegada de Juan Oñate a Tres Cantos S.A., bajo el mandato de la consejera Ana Isabel Mariño, marca el momento en que se abandona el proyecto, según fuentes de Arpegio. Esta empresa pública se fusiona con Tres Cantos S.A. en 2010, y aún en 2011 Arpegio le abonaría 200.000 euros a Arnaiz por el último coletazo del proyecto, que pese a todo llegó «muerto» a la firma, como aseguraban ayer fuentes del actual Ejecutivo. Todos los hechos, en cualquier caso, tuvieron lugar durante las etapas de Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón.

La consejera que lo impulsó definitivamente hasta su inauguración en 2006, por ser la titular en ese momento de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, fue María Dolores de Cospedal, ahora secretaria general del PP nacional.

Y si en 2011 Arpegio era una empresa creciente con un presupuesto de más de 200 millones anuales, para la que pagar esos 200.000 euros eran migajas, ahora está bajo la lupa del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que investiga las actividades y los gastos de la Fundación Arpegio en la instrucción del Caso Púnica.

El PSOE ya criticó duramente en 2010 en la Asamblea de Madrid aquellos contratos de Geomadrid a la empresa del arquitecto Arnaiz, puesto que alegó que tener esas bases de datos, entonces única, le proporcionaba «información privilegiada» para los planes urbanísticos que posteriormente elaboraba a los ayuntamientos madrileños, la mayoría de ellos del PP.
un proyecto para evitar «duplicidad de inversiones»

Geomadrid era un proyecto destinado a ser un éxito... Hasta que se guardó en un cajón. La entonces presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, presentó la base de datos en marzo de 2006 como un «GPS regional» que podría utilizar empresas, particulares y la propia Administración. De hecho, en su presentación ya se anunció que el Colegio de Registradores de la Propiedad se había adherido al sistema. El plan era tener una base de datos cartográficos con información sobre infraestructuras, edificios, espacios naturales, topografía... En resumen, Geomadrid iba a ser una herramienta «especialmente útil a todos los profesionales para quienes la cartografía es una de sus herramientas de trabajo cotidianas», según manifestó la propia Aguirre. El proyecto había nacido en el mandato del ex presidente Gallardón y finalizó tres años después. Básicamente, Geomadrid era un sistema de información geográfica (GIS, por sus siglas en inglés), es decir, una combinación de bases de datos con cartografía, donde poder seleccionar y combinar diferentes capas de información. Su elevado coste, entre otros motivos, se debió a que estaba conformado por imágenes de satélite, con datos alojados en 22 servidores, y al propio mantenimiento de la web, estimado entre tres y cinco millones anuales. Pese a que una de la sus bondades iba a ser agrupar información «para evitar duplicidad de inversiones», finalmente acabó perdiéndose en Planea, el servicio presentado dos años después, en 2008, como la «innovadora herramienta, pionera en España, [...] que pone a servicio de todos los ciudadanos de forma sencilla y gratuita las bases de datos cartográficas de la Comunidad» y un complemento a Geomadrid, que finalmente acabaría muriendo. / Q. A. / P. H.


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Re:Aguirre pudo cometer un delito y no una falta
« Respuesta #1679 en: 07 de Junio de 2016, 20:49:28 pm »
Y no pasa nada . . .

"No hay hechos, sino interpretaciones" Nietzsche