Aguirre pudo cometer un delito y no una falta

[47ronin]

LOS SECRETOS DEL SUMARIO
 
La foto nunca vista de la ficha policial de Granados tras ser detenido

Un informe incorporado al sumario ilustra un diagrama de los flujos de dinero de la trama Púnica con una de las imágenes de la reseña policial que se tomó al ex dirigente del PP madrileño cuando fue detenido. Es la primera vez que sale a la luz.



Jersey gris claro y camisa azul. Sin gafas. Rostro serio. Cara de cansancio. Y, de fondo, la característica escala en blanco y negro que permite calcular la estatura de los detenidos. Es la imagen de la reseña policial que la Guardia Civil tomó de Francisco Granados en el Cuartel de Tres Cantos el 27 de octubre de 2014, el día de su detención por su presunta implicación en el 'caso Púnica'. Desconocida hasta ahora, la misma ha sido incorporada recientemente al sumario que instruye el juez Eloy Velasco en un informe para ilustrar un diagrama sobre los flujos de dinero en el extranjero de él, su mujer, María Nieves Alarcón, y el constructor David Marjaliza. Es la primera vez que sale a la luz, ya que tanto el Ministerio del Interior como los jueces evitan que este tipo de imágenes se hagan públicas.



Hasta ahora, las únicas imágenes del político que existían de aquel día fueron las que le tomaron los medios de comunicación cuando salía de su domicilio a bordo de un vehículo camuflado de la Guardia Civil. Días después se registró una segunda, durante un trámite ante un juzgado tras acogerse Granados a la figura del 'habeas corpus' y denunciar, sin éxito, lo que consideraba una detención ilegal. Más adelante, aparecieron varias fotografías suyas tomadas de manera clandestina en la prisión de Estremera, donde aún permanece recluido. Las más recientes son las que se pudieron captar en la Asamblea de Madrid durante sus comparecencias por videoconferencia en la comisión de investigación de la corrupción creada en el parlamento regional. Además, el pasado mes de junio, Vozpópuli también publicó la imagen en blanco y negro que de él aparecía en la ficha penitenciaria que se creó para registrar su salida de prisión del pasado 17 de noviembre para asistir a un registro.



Precisamente, el Ministerio del Interior decidió en diciembre de 2014, pocos meses después del ingreso en la cárcel de Granados, 'blindar' las fichas de los presos más mediáticos que se guardan en el Sistema de Identificación Automatizado (SIA) de Instituciones Penitenciarias para evitar la filtración a la prensa de las imágenes que se tomaron a estos reos oficialmente en prisión cuando ingresaron. Quería impedir que se volviese a producir lo ocurrido con Luis Bárcenas, cuya foto penitenciaria fue publicada menos de un mes después de su encarcelamiento en la cárcel de Soto del Real, lo que provocó que su entonces abogado, Javier Gómez de Liaño, pidiera al juez Pablo Ruz que investigara penalmente el suceso. La protesta no se quedó ahí y el letrado también remitió al Ministerio del Interior un fax dirigido al propio Jorge Fernández Díaz en el que denunciaba el suceso. Prisiones terminó abriendo un expediente a un funcionario de otra cárcel madrileña, en este caso de Alcalá-Meco, que según los registros informáticos había visitado en varias ocasiones el archivo que sobre el extesorero del PP figuraba en la base de datos de Instituciones Penitenciarias.

[Heracles_Pontor]

Los batracios de la Espe, cazatalentos de postín, que habitaban en la charca del PP . . .

[47ronin]

Aguirre, contraria a la remunicipalización, deja el consejo de administración de la Funeraria

EL BUSCÓN

El Partido Popular no asistirá a ninguna de las reuniones del consejo de administración de la nueva Empresa Funeraria de Madrid remunicipalizada después de que el Gobierno de Manuela Carmena haya recuperado la gestión. Esta vuelta a lo municipal se produce tras 50 años de explotación por una empresa primero pública y luego mixta.

La representante del PP en el consejo, Inmaculada Sanz, envió una carta a la última reunión y anunció que no acudirá más por estar en desacuerdo con que la sociedad vuelva al sector público. “Les dimos un margen de confianza y hemos visto que no van a funcionar como eficacia”, añadieron. La empresa fue creada en el año 1966 con un contrato de 50 años que terminó el pasado 15 de septiembre. En diciembre de 1992, el Ayuntamiento bajo el gobierno del PP, alegó que la empresa iba a quebrar por lo que procedió a la privatización del 49%.

Funespaña, en uno de los mayores escándalos municipales de los últimos años, se hizo por cien pesetas con el 49% de la sociedad. El concejal Simón Viñals contrató como asesor a José Ignacio Rodrigo que preparó la venta al sector privado. La venta fue adjudicada a Funespaña. ¿Y quien se convirtió en accionista y consejero de esta sociedad posteriormente?: José Ignacio Rodrigo, al que se acusó de tener información privilegiada.

El asunto terminó en los tribunales y, después de 15 años, hubo una sentencia de la Audiencia Provincial en la que se decía que hubo "daño a los intereses públicos". Luis María Huete, que fue primer teniente de alcalde de José María Álvarez del Manzano, “pudo haberlo evitado y no lo evitó", según los jueces que le condenaron a dos años y un día de inhabilitación para ocupar cargo público.

Hubo muchas personas, y entidades, que quedaron insatisfechas de esta sentencia que prácticamente legalizaba el regalo a una empresa privada
Hubo muchas personas, y entidades, que quedaron insatisfechas de esta sentencia que prácticamente legalizaba el regalo a una empresa privada. El Ayuntamiento informó hace unos días que Funespaña “ha recibido beneficios y el 20% del resultado de la explotación a lo largo de las últimas décadas”, tal como se pactó en la privatización.

 “El socio privado –añadía– ha conseguido un rendimiento extraordinario con la Funeraria: invirtió 1,2 millones de euros (200 millones de pesetas) y a cambio ha obtenido 64,6 millones de euros (más de diez mil)”. El Gobierno de Ahora Madrid denunció que un informe independiente señalaba que hay que acometer obras de reparación por valor de casi 24 millones de euros en los 14 cementerios municipales “ante la dejación de responsabilidades de los últimos años”. Sólo la Almudena precisa una inversión de más de 15 millones de euros.

La gestión del socio privado priorizó los dividendos económicos a las inversiones para mantener los cementerios correctamente. El gerente de Funespaña, Juan Antonio Valdivia, cuya firma era necesaria para proceder a la liquidación de la vieja sociedad y al traspaso de los activos de la nueva, no acudió a la reunión del último consejo de administración. Se celebró una reunión extraordinaria y se hicieron los trámites legales para que este nuevo servicio, que tiene carácter público, pueda funcionar de forma legal.

El Ayuntamiento tiene en esa nueva empresa pública 14 cementerios, dos tanatorios y dos crematorios municipales. Los 529 trabajadores han quedado subrogados y sus puestos quedan garantizados, según el Gobierno local.

[Celestino]

Se acabaron  las mamandurrias de la funeraria! !!!

[47ronin]

Esas ranas....



Caso Púnica: La UCO detecta nuevas irregularidades en la Consejería de Educación durante la etapa de Figar

La Guardia Civil considera que la Consejería pagó con dinero público trabajos que beneficiaban a la imagen personal y carrera política de Figar.


VOZPÓPULI

@voz_populi


21.09.2016

La Guardia Civil sostiene que "queda patente" que en la Consejería que dirigía Lucía Figar "se estaban pagando con dinero público trabajos que beneficiaban a la imagen personal y carrera política de la titular de la Consejería", que realizó la empresa EICO, vinculada a la trama Púnica de Francisco Granados.

En un informe enviado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al juez del caso Púnica, Eloy Velasco, se reiteran las sospechas sobre Figar y sobre el exviceconsejero de Educación Manuel Pérez, quien la sustituyó tras su dimisión por este caso en junio de 2015. En el escrito, la UCO vincula al director de Comunicación del Ministerio de Educación, Pablo Balbín Seco, con el caso Púnica y le atribuye delitos de fraude, malversación y tráfico de influencias cuando era jefe de prensa de la Consejería de Educación de Madrid a las órdenes de Figar, ya imputada en la causa.

De las pesquisas se deduce que Figar "no era ajena al contenido de los informes"

La Guardia Civil llega a estas conclusiones en el citado informe sobre "supuestas irregularidades cometidas en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid relacionadas con Alejandro de Pedro", considerado "conseguidor" de contratos para la red Púnica.

En sus conclusiones finales, la UCO cree que los informes mensuales de reputación online que hacía EICO para Figar y que se pagaban con dinero público "eran entregados directamente por empleados de EICO a Pablo Balbín", y además afirma que de diversos correos electrónicos se deduce que Figar "no era ajena al contenido de los informes".

[47ronin]

Esas ranas....



La UCO asegura que Figar 'mintió' cuatro veces al juez en sus declaraciones como imputada

Un informe de la Guardia Civil incorporado al sumario del 'caso Púnica' detalla todas las "contradicciones" entre "los hallazgos de la investigación" y los testimonios verbales y por escrito que la política ha prestado en la Audiencia Nacional,

Una, dos, tres... y cuatro. Es es el número de veces que presuntamente ha 'mentido' la ex consejera de Eduación de la Comunidad de Madrid, la 'popular' Lucía Figar, al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, en la investigación sobre su relación con la trama Púnica. Así lo asegura un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado al sumario que dedica parte del mismo a destacar las que califica de "contradicciones" de la política "con los hallazgos de la presente investigación". Tres de esas supuestas falsedades se produjeron cuando compareció como imputada en la Audiencia Nacional a finales de junio de 2015. La cuarta, en un escrito que entregó posteriormente en el Juzsgado para intentar explicar el contenido de un sobre que el experto en reputación 'on liine' de la trama, Alejandro de Pedro, dejó a su nombre en la sede de su consejería días antes de que la Guardia Civil detuviera éste el 27 de octubre de 2014.

Tres de las "contradicciones" se produjeron en la declaración de Figar ante el juez Velasco. La cuarta, en un escrito que presentó en la Audiencia Nacional posteriormente

La primera de esas supuestas 'mentiras' a las que hace referencia el informe de la Guardia Civil es la mención que hace Figar a Isabel Díaz Ayuso, a la que la política se refierió simplemente como una persona que "trabajaba autónomamente con una serie de voluntarios las redes sociales del Partido Popular" y que, según añadió, no le constaba que hubiera contratado "nunca" para el experto en reputación 'online'. Sin embargo, los investigadores aseguran que esta afirmación se contradice con "diversos correos electrónicos que revelan que entre Isabel Díaz Ayuso y Alejandro de Pedro existieron comunicaciones e intercambio de información sobre trabajos para distintos candidatos del partido en el año 2011". Mensajes que la Guardia Civil localizó entre la documentación que requisó en la sede de los 'populares' en la calle Génova cuaqndo acudió a la misma en julio de 2015.

No son los únicos 'emails' que dejan en mal lugar las afirmaciones de Lucía Figar sobre dicha colaboradora. El documento policial también resalta que se hallaron "varios" más enviados por esta última a la política y a Alejandro de Pedro en los que "tratan sobre la estrategia de comunicación de altos cargos de la Comunidad de Madrid". Uno de ellos, de 3 de febrero de 2011, trata de aspectos concretos de la campaña electoral de aquel año. El mismo concluye con una frase que, según se encarga de destacar la UCO, es muy significativa de la estrecha relación real existente entre ambas mujeres y el experto informático: "Cuenta conigo para hacer una presentación de lujo, un besazo y gracias por tu apoyo. Y besos también a Alejandro, que va en copia", se puede leer.

La segunda falsedad

El segundo "aspecto de la declaración" de Lucía Figar que la Guardia Civil considera que "no se ajusta a lo que se deduce de las evidencias obtenidas de la investigación" es la insistencia de la ex consejera de Educación de calificar su relación con De Pedro como "profesional y limitada". "Los mensajes que se han hallado -se lee textualmente en el documento policial- revelan por el contrario una relación amistosa y frecuente, que va más allá de una relación formal entre un alto cargo público y un contratista de la Administración". Una afirmación que los investigadores respaldan con el contenido de correos electrónicos y 'wasap' intervenidos.

Lucía Figar calificó su relación con el cabecilla de la trama Alejandro de Pedro como "profesional y limitada". La Guardia Civil la tilda de "amistosa y frecuente"

Uno de ellos, es un 'email' del 25 de septeimbre de 2013 en él "se puede observar la vinculación existente" entre ambos imputados por los supuestos pufos en la Consejería de Educacikón. En el mimso, el experto en reputación 'online' le aseguraba: "No sabes la alegría que me diste contestándome por whatssap, al menos sé que estás bien". Inmediatamente después le pedía "un pequeño favor" para encontrar trabajo a una amiga en paro que se dedicaba a la "docencia". "Si te enteras de algo, me harías un gran favor. Que te hecho de menos. Cuidate, un beso", se despide el presunto cabecilla de la trama.

El documento policial señala a continuación que éste es un ejemplo de que "lejos de lo que afirma la consejera, sus comunicaciones son directas y cercanas en el trato". Otra muestra de ello son los mensajes de 'wasap' localizados en el teléfono móvil intervenido a Alejandro de Pedro y en los que éste le aseguraba que "espero que estés bien y que sepas que cuando quieras estoy a tu disposición para vernos. Cuidate". La respuesta de Figar mantiene ese tono de confianza: "Jajaja. No sabes el cariño que te tengo Alex pero en este trabajo vas a mil por hora y quedas mal con trodo el mundo. Comemos next week?".

La tercera "contradicción"

La tercera ocasión en la que Figar incurrió presuntamente en una "contradicción" al declarar ante el juez fue al afirmar que ella "nunca estuvo en los detalles de la contratación" de las empresas de Alejandro de Pedro, ya que recalcó que de ello se encargó su gabinete de prensa. Sin embargo, los agentes destacas "varias llamadas telefónicas" intervenidas al experto en reputación 'online' en las que éste describe a sus interlocutores sus reuniones con la consejera "en las que habría expuesto los avances de los contratos que le habían sido adjudicados [...] o en los que se abordaron aspectos relacionado con contratos públicos próximos a salir".

La consejera desvió hacia sus subordinados la responsabilidad de los contratos de reputación 'online', pero varias llamadas intervenidas inciden que ella estaba al tanto

Una de esas llamadas es la que recibió el 21 de octubre de 2014, seis días antes de su detención, Alejandro de Pedro de una mujer llamada Esther y que parece trabajar con Salvador Victoria, anterior 'número 2' del Gobierno de Ignacio González y también imputado en el 'caso Púnica. En el transcurso de la misma, el presunto cabecilla de la trama le comenta que "está con un marrón que te cagas con Lucía". En una segunda comunicación de ese mismo día, el experto en reputación 'online' le comenta a su socio y ex alcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso Conesa, que "con el tema de Lucía [Figar] van a hacer dos contratos de 200 [mil] cada uno este año a través de concurso, que van a sacarlo ya para no perder el dinero".

Y la cuarta 'mentira'

La cuarta 'mentira' se encoentra en un escrito presentado por su defensa ante el juez Velasco para intentar justificar un intercambio de mensajes SMS entre la política y Alejandro de Pedro en octubre de 2014 en la que éste le comunicaba que había dejado "las notas en recepción", se suponía que de la sede de la Consejería, y ella le respondía media hora después con un "las tengo". La Guardia Civil sospecha que dicho sobre contenía lo que los implicados califican de "variables" para que la Consejería de Educación redactase el pliego de licitación de uno de los contratos de 200.000 euros que presuntamente le habían prometido a De Pedro para que éste se lo adjudicara.

De Pedro dejó en la Consejería un sobre días antes de ser detenido. Figar asegura que sólo contenía logos de un proyecto. La UCO cree que documentos para amañar un contrato

En el escrito posterior a su declaración, la política admitía "la recepción" en la secretaría de su Consejería de "un sobre" que no se registro "al no ser un documento administrativo", pero rechazó de plano que en su interior hubiera algo referido "ni por lo más remoto, a concurso alguno". De hecho, aseguraba que su contenido era "una serie de logos que incluía diversas alternativas" para el proyecto 'Study in Madrid' "así como el desarrollo gráfico de tal idea". Como prueba documental, la consejera incorporaba "tales notas gráficas [...] a las que se refería el mensaje SMS del señor De Pedro".

Una coartada que la UCO considera falsa ya que casi un mes antes de que el presunto cabecilla de la trama dejase aquel sobre comprometedor en la Consejería, la Fundación para el Conocimiento Madrid+D, dependiente de Eduación y encargada de aquel proyecto, "ya tenía en poder los logos", según cree la Guardia Civil que queda demostrado por varios correos electrónicos intervenidos al propia experto en reputación '¡online'. Otros 'emails' también apuntan en el mismo sentido. Entre ellos, uno enviado por De Pedro a la propia Figar en julio de 2014, en el que se podía leer "aquí tienes todas las propuestas de diseño que hablamos el otro día". En otro del 29 de septiembre, es decir, casi un mes antes de que llegase el misterioso sobre a manos de la consejera, De Pedro remitía a un colaborador de la consejera un 'email' con varios documentos adjuntos con diseños para el logo. En su informe, los agentes comparan éstos con los que Figar incorporó a su escrito de defensa y concluyen que son "idénticos".

[Heracles_Pontor]

Sapos y princesas . . . en la charca del PP, a diferencia de los cuentos, no hay un príncipe dentro de un sapo . . . sino un sapo dentro de una princesa . . . como cambia el cuento . . .

[47ronin]

Así montó Esperanza Aguirre su guerra sucia contra la Marea Verde

El ejército de tuiteros y medios fantasma de la Púnica al servicio de la Consejería de Educación repetía en internet el argumentario del PP contra la movilización

La campaña de desprestigio llamaba vagos a los docentes, e insttigadores a los, y afirmaba que había consenso social sobre el "ahorro" educativo

Aguirre y Lucía Figar llegaron a acusar a los profesionales de protestar por trabajar 20 horas a la semana al mezclar jornada laboral y horario lectivo
Raúl Rejón
23/09/2016 - 20:50

La munición del Gobierno de Madrid presidido por Esperanza Aguirre contra la Marea Verde educativa que nació en 2011 era clara. ¿Los profesores? Unos vagos que apenas trabajaban y ganaban un dineral. ¿Los sindicatos? Instigadores de huelgas políticas. ¿La culpa del "ahorro", sinónimo de recortes? El presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

A Esperanza Aguirre le estalló la Marea Verde en septiembre de 2011. Y según fue creciendo, tanto Aguirre como su consejera de Educación, Lucía Figar, dedicaron más y más tiempo a atacar la movilización educativa contra sus recortes.

Intervenciones públicas, comparecencias en la Asamblea de Madrid... Cualquier foro servía para atizar a los convocantes. Y, a medida que avanzaba la protesta, se repetían las jornadas de huelga y las manifestaciones, más y más dinero público iba a reforzar sus ataques mediante una ofensiva de desprestigio online, según apunta el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil incluida en el sumario de la trama Púnica.

La fórmula Aguirre fue sencilla: decretó que los profesores de instituto impartieran dos horas más de clase. De 18 a 20 a la semana. Esas clases ya no se cubrían con docentes interinos. Podían deshacerse de 3.000 profesores y recortar 80 millones de euros.
La culpa, al Gobierno de Zapatero

Lo primero que hizo que Esperanza Aguirre fue justificarse con la crisis económica, culpa del Gobierno socialista. Mandó una carta a los docentes para pedirles un esfuerzo "en medio de una de las situaciones económicas más difíciles por las que ha pasado España en las últimas décadas".

Las empresas de la Púnica comandadas por Alejandro de Pedro lanzaban esta premisa en la redes mediante usuarios fantasma de Twitter: "Pero menuda caradura la de Gabilondo [ministro de Zapatero], que le recortan un 7,5% el presupuesto y se dedica a dar lecciones sobre no reducir el presupuesto en Educación", según recoge la investigación.

Lucía Figar se atrevía a explicar que se habían encontrado entre la espada y la pared: recortaban o se iba al traste la igualdad de oportunidades. "Teníamos que elegir entre contratar interinos o pagar las becas", contaba pocos días antes de comenzar el curso 2011-2012.
Los que menos trabajan

La protesta aglutinó a muchos de los miembros de la comunidad educativa. Docentes, interinos y fijos, vieron en el decreto un deterioro evidente del sistema. Así que la siguiente andanada la lanzó Aguirre, ya sin disimulo, contra los profesionales de la educación.

Los calificó, prácticamente, como caraduras ya que, en una comparecencia para dar cuenta de los acuerdos semanales de su Ejecutivo, no se contuvo y con irónica acidez afirmó que "sabemos que les estamos pidiendo un esfuerzo especial pero 20 horas son, en general, menos de las que trabajan el resto de los madrileños".

Ocultó que ese cómputo era el de horas lectivas, no de jornada laboral. Luego rectificó "el que tiene boca se equivoca", a pesar de asegurar que "sabía" lo que trabajaba un profesor.

Aunque mediante un exceso, había marcado la línea de actuación. Su consejera Figar tampoco tuvo problema en seguirle el juego a la jefa y declarar: " Que se pongan en huelga por trabajar 20 horas no lo va a entender nadie. Eso da mucha vergüenza".

Por otra vía, la contratista de la Púnica machacaba mediante sus tuiteros fantasma que propagaban la idea de que "menos alumnos por aula, menos horas de trabajo y más sueldo, ¿de qué se quejan los profesores españoles?".

El ejército digital creado por De Pedro al servicio de la Consejería de Educación de Lucía Figar estaba formado por periodistas autónomos, empleados y medios zombi que repetían las consignas del Gobierno contra la protesta. Los perfiles que se creaban eran de "profesores, estudiantes universitarios, directivos, empresarios y amas de casa para defender la postura del ahorro escolar", informaba la empresa.
Todo es mentira

Para socavar la legitimidad de los sindicatos que convocaban los paros y los partidos políticos que los apoyaban (el Partido Socialista e Izquierda Unida), el argumentario del Gobierno del PP madrileño subrayaba que todo era un movimiento "político", sin motivaciones laborales. "No saben ya que hacer para justificar una huelga política", denunciaba la expresidenta cuando ya tenía cerca de una decena de jornadas de huelga encima a mediados del mes de noviembre. "Están amedrentando a profesores", no se cortaba en atacar.

La sección Púnica de la campaña de propaganda vinculaba a base de tuits la huelga y la política: "Se despiden 5.000 interinos en las universidades andaluzas y Tomás Gómez [PSM]] respalda una campaña contra recortes de Madrid #hipocresía". La directriz era convencer de que "hay una marea pero de gente que está cansada de estos profesores y sindicatos y que no cree en sus mentiras", instruía la contratista a su empleados tras haber hablado con su cliente: la Consejería de Educación.

En una de sus últimas cabriolas de ataque, Aguirre aseguró que la propia iconografía de la marea, las camisetas verdes, eran una fuente de negocio para Izquierda Unida, aunque era mentira. En sede parlamentaria espetó que "ahora me he enterado de que hace un gran negocio con la camiseta que venden a cinco euros y producen a tres. Entiendo el negociazo que hacen…".

Lo que podría pasar por un comentario en la Asamblea tuvo su cara oscura ya que una profesora fue sancionada por llevar una de estas camisetas puestas en un centro.

La ofensiva contra la Marea Verde a base de dinero público estaba inserta en la campaña para mejorar la imagen online de una de las mimadas de Esperanza Aguirre: Lucía Figar. El deterioro de su figura era galopante al ser la cara visible de los recortes.

Aguirre la había nombrado consejera en 2007. Su estrella política iba en ascenso. Cantera pura del PP de Madrid, había arrancado siendo asesora del Gabinete de Presidencia de José María Aznar en 1998. En 2010, Esperanza Aguirre la colocó como responsable de comunicación del partido. Dimitió en 2015 al ser imputada en esta trama. Una de las empleadas al servicio de la imagen de Figar, María Bernal Talavera, ha terminado como parlamentaria regional por el PP en Las Corts en la Comunidad Valenciana.

En noviembre de 2011, las elecciones del día 20 dieron la mayoría absoluta a Mariano Rajoy. José Ignacio Wert pasó a ser ministro de Educación y la Marea Verde se convirtió en un movimiento nacional pese a las arremetidas de Esperanza Aguirre contra su origen, en Madrid.

[Celestino]

Mafia.

[47ronin]

Bartolomé González, diputado de Cifuentes, al borde de la imputación en la 'Púnica'

    La Guardia Civil da por confirmado que el actual diputado del PP en la Asamblea de Madrid y exalcalde de Alcalá de Henares cobró 60.000 euros de la trama a cambio de una adjudicación

informacionsensible.com
22 de Septiembre del 2016 a las 14:22

La Guardia Civil da por confirmado que que el diputado regional del PP y exalcalde de Alcalá de Henares Bartolomé González cobró 60.000 euros de la trama Púnica. El informe de la Benemérita, que ya tiene en su poder el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y cuyo contenido avanza hoy 'eldiario.es', sitúa al exalcalde al borde de la imputación en el caso.
Después de comprobar en los últimos meses la veracidad de la declaración ante el juez del empresario David Marjaliza en la que mencionó y en algunos casos involucró de forma directa en la trama corrupta a varias personas (entre otros, al exalcalde popular de Gandía Arturo Torró; al consejero de Medio Ambiente de Cristina Cifuentes en Madrid, Jaime González Taboada; y a la diputada de Ciudadanos en la misma Asamblea Eva Borox; además de al propio Bartolomé González), los investigadores concluyen que hay indicios suficientes de que el exalcalde de Alcalá de Henares recibió 60.000 euros de Cofely, una de las empresas centrales de la trama, a cambio de una adjudicación del Ayuntamiento que gobernaba.

Después de aquella declaración —en la que el "conseguidor" de la trama 'Púnica' expuso "con detalle" cómo a cambio de estas adjudicaciones estas personas exigían "mordidas", que el propio Marjaliza ordenaba "a veces en bolsas"—, citó a declarar en la causa a 40 nuevos imputados.

Con esta nueva documentación, el juez Velasco podrá dictar una exposición razonada y enviar la causa al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ante el que Bartolomé González está aforado como diputado autonómico.

El instructor del 'caso Púnica' ya pidió lo mismo el pasado mayo que se investigara a otro diputado del PP en la Asamblea de Madrid, Daniel Ortiz, tras acumular indicios contra él de cohecho y tráfico de influencias. Ortiz tuvo que dimitir y renunciar a su acta en cumplimiento del código ético del PP.

[Celestino]

Ni uno limpio

[47ronin]

Aguirre acusa a Carmena de prevaricar y aceptar que se amedrente a los concejales

Según el PP, el reglamento establece que "están prohibidas todas las manifestaciones de aprobación o desaprobación

    EUROPA PRESSMadrid

03/10/2016 16:50

La portavoz del PP en el Ayuntamiento, Esperanza Aguirre, ha acusado este lunes a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, de prevaricar y aceptar que se amedrente a los concejales por parte de los activistas antidesahucios que asistieron al pasado Pleno.

Según Aguirre, el reglamento establece que "están prohibidas todas las manifestaciones de aprobación o desaprobación" por parte de los invitados al Pleno, por lo que "la alcaldesa está prevaricando, porque está adoptando una solución injusta a sabiendas de que lo es".

"El sermón que nos propinó al final del Pleno, en el que no nos dio posibilidad de responder es absoluta y totalmente antijurídico", ha afirmado Aguirre en la rueda de prensa para informar sobre la reunión del grupo municipal, al tiempo que ha aseverado que Carmena "tiene que aprender que está para que el reglamento se cumpla".

Aguirre ha destacado que "no se puede aceptar que amedrenten a los concejales", como, a su juicio, hicieron dichos activistas con el 'popular' Borja Fanjul "en contra de que los 'okupas' tuvieran más derechos que los ciudadanos madrileños que están en la lista de espera de los pisos de la EMVS".

"A mí me da la impresión de que la señora Carmena cree que sigue siendo jueza, no solamente porque las críticas le parecen desacato sino también porque cree que los concejales tenemos que estar quietecitos como en misa", ha agregado Aguirre, quien ha instado a Carmena a ver alguna sesión de los parlamentos democráticos del mundo, como el británico o el francés, y a que "deje de tener en la cabeza las sesiones a las que le daba al mazo".

"Los concejales no estamos en el banquillo, estamos puestos ahí, en nuestro caso por la inmensa mayoría de los madrileños, para que controlemos los desmanes del equipo de Gobierno", ha agregado Aguirre, al tiempo que ha insistido en que "el reglamento impide que haya escraches a los concejales desde la tribuna del público".

Aguirre ha señalado que o Carmena cambia su interpretación del reglamento y prohíbe las manifestaciones de agrado o desagrado por parte de los invitados o el PP recurrirá y denunciará la prevaricación en la que, a su juicio, está incurriendo la alcaldesa.

Por otro lado, ha manifestado la "solidaridad" de su grupo con el concejal de Ahora Madrid Jorge García Castaño por las "pintadas amenazantes aparecidas en su casa y realizadas por un colectivo 'okupa' que se llama la Osa Morada".

"Nosotros, a diferencia de la alcaldesa, sí nos solidarizamos con Jorge García Castaño", ha afirmado Aguirre, que ha tachado de "intolerables las amenazas a los responsables políticos, sean del signo político que sean" y "muchísimo más cuando se realizan en sus domicilios particulares", mientras ha criticado que a Carmena "le parecen bien los escraches".
Carmena: "Mala interpretación"

Manuela Carmena contestó ayer a la portavoz del PP en el Ayuntamiento, Esperanza Aguirre, y ha indicado que "seguramente es una mala interpretación" de la edil popular.

"No hay nada más que ver los plenos para darse cuenta del resultado que van a tener esas actuaciones que se dice que se van a llevar a cabo", ha concluido la alcaldesa.

[Heracles_Pontor]

La domadora de batracios, la Marquesa de la Charca ya no sabe que tontuna decir por estar en los medios . . . pero si quiere protagonismo . . . que vaya a la Audiencia Nacional a decir todo lo que de verdad sabe de la Gürtell y de todos sus adorados batracios . . .

[47ronin]

La UCO destapa 'de rebote' en Púnica un nuevo pufo en los Gobiernos de Aguirre
MADRID ARENA

Un informe de la Guardia Civil destaca que el director general de Industria, Carlos López Jimeno, es socio de una empresa que facturó 161.000 euros a una fundación en la que participa la Comunidad de Madrid. Su nombre ya se había visto salpicada en el supuesto amaño de la trama de un contrato en Alcalá de Henares.

Esperanza Aguirre, en un pleno del Ayuntamiento de Madrid de la semana pasada.
 ÓSCAR LÓPEZ-FONSECA

04.10.2016 - 04:00

La Guardia Civil buscaba pruebas de un nuevo amaño de la trama Púnica y ha encontrado en una fundación en la que participa la Comunidad de Madrid supuestas irregularidades que no tienen nada que ver con la trama presuntamente encabezada por Francisco Granados. El reciente informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) sobre las 'andanzas' de la red de corrupción en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid) incluye un apartado en el que se destaca que el director general de Industria, Energía y Minas del gobierno autónomo desde hace más de quince años, Carlos López Jimeno, era socio de la mercantil Alba Ingenieros Consultores SL, que entre 2010 y 2012, cuando Esperanza Aguirre encabezaba el Ejecutivo regional, facturó más de 161.270 euros (más IVA) a la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid (Fenercom) en la que el mismo ocupa el cargo de vicepresidente en representación del Gobierno autónomo.

El informe de la UCO destaca que López Jimeno es accionista de una empresa que facturó 161.000 euros a la fundación de la que es vicepresidente

MÁS INFO

El juez Eloy Velasco, instructor del sumario del 'caso Púnica', en una imagen de archivo.El juez imputa a tres empresas 'señuelo' utilizadas por Púnica para amañar contratos en Murcia
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Agentes de la UCO recaban durante cuatro horas documentación sobre Púnica en la Asamblea de Madrid
La UCO confirma que 'Bartolo', mano derecha de Aguirre, cobró una mordida de 60.000 euros de Púnica
El nombre de este alto cargo del Ejecutivo regional ya se había visto salpicado en mayo en el caso Púnica al localizar los agentes documentos que apuntaban que presuntamente había mediado para que la multinacional Cofely se hiciera precisamente con el contrato de eficiencia energética en dicho consistorio. Vozpópuli se puso este lunes en contacto con la Consejería de Industria para recabar la versión de López Jimeno, quien a través de un portavoz de este departamento reconoció haber tenido relación con dicha compañía hasta 2003, pero negó haber formado parte de su accionariado. No obstante, estas mismas fuentes señalaban que tras conocer por la llamada de este medio el contenido de dicho informe de la UCO la consejería iba a analizar si en los contratos ahora bajo sospecha "se habían producido prácticas no adecuadas".

El informe, fechado el pasado 13 de septiembre y al que ha tenido acceso este diario, insiste, precisamente, en la supuesta participación del director general de Industria en la adjudicación del contrato de Alcalá de Henares a Cofely y la relación de "amistad" del alto cargo del ejecutivo autonómico con uno de los directivos de la empresa de eficiencia energética imputados en la causa, Constantino Álvarez. De hecho, la UCO destaca un correo electrónico del 8 de noviembre de 2012 localizado en la cuenta de este último en el que se aseguraba que presuntamente tuvo que pedir "un favor" a Carlos López Jimeno que "buscaría ventilar las dificultades que en ese momento atravesaba la adjudicación a Cofely España SAU" de dicho concurso, valorado en más de 12 millones de euros.

"A juicio policial"

"A juicio policial -continúa el documento de la Guardia Civil-, Carlos López Jimeno les pudo ayudar a conseguir el contrato desbloqueando el proceso de adjudicación". En este sentido, los agentes destacaban el detalle de que en una nota manuscrita del propio Constantino Álvarez figuraba su nombre en una relación de personas como "una de las vías de ataque" en este municipio madrileño, además de la existencia de otros 'emails' en los que este mismo directivo de Cofely mostraba su malestar por el retraso de su compañía en realizar determinados pagos a la Fundación de la Energía, de la que la era socio colaborador. En uno de éstos, dirigido a empleados de su compañía, Constantino Álvarez recordaba que "el DG [director general] de Industria nos ha ayudado para conseguir el contrato de Alcalá de Henares, yo le pedí el favor”.

Integrantes de la trama Púnica aseguraban en sus 'emails' que el alto cargo de Industria les había ayudado "para conseguir el contrato de Alcalá de Henares"

A raíz de esos primeros indicios, el pasado 11 de noviembre el juez Eloy Velasco solicitó información bancaria y fiscal sobre los movimientos económicos de la Fundación con el objetivo de saber si en este proceso alguien pudo "beneficiarse de forma injustificada". También reclamó a la Agencia Tributaria toda la información relativa a las operaciones de dicho organismo con terceras personas y, sobre todo, las cantidades cobradas de Cofely. También pidió a la Asociación de Banca, a la Confederación Española de Cajas de Ahorro y a la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito información sobre las cuentas bancarias de la Fundación de la Energía y sus movimientos desde 2008 hasta la fecha. Poco después, los datos llegaban al Juzgado y con sorpresa.

Así, además de detallar que en los años 2011, 2013 y 2014 este organismo recibió de la multinacional de eficiencia energética un total de 43.260 euros, Hacienda destacaba que la Fundación de la Energía había pagado entre 2010 y 2012 a una empresa llamada Alba Ingenieros Consultores SL 161.270,11 euros por la realización de diversos folletos divulgativos. La información de la Agencia Tributaria resaltaba que en aquellos años figuraban supuestamente como socios de esta mercantil el propio Carlos López Jimeno y María Pilar García Bermúdez, administradora de la propia Fundación, con un 20 y un 40% del capital social respectivamente. Tras esos nuevos datos, la Guardia Civil se desplazó el pasado 23 de mayo a la sede que la Fundación tiene en el número 17 de la calle Menéndez Pidal, en Madrid. Los guardias civiles se presentaron con un requerimiento judicial para intervenir, precisamente, las facturas pagadas a Alba Ingenieros Consultores SL en el periodo 2010-2012, que coincide con los últimos tres años de Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid.

Quince facturas

Toda esa información ha sido incluida ahora por la UCO en su informe del pasado 13 de septiembre en el que se detalla, una por una, las quince facturas que Alba Ingenieros Consultores cargó a la Fundación en esos tres años en los que, según la Agencia Tributaria, López Jimeno supuestamente compaginó su condición de accionista y de alto cargo, figurando además como autorizado en las cuentas de la Fundación junto a la otra socia de la empresa ahora bajo sospecha. Así, dichas facturas revelas que esta sociedad realizó en 2010 una "guía de buenas prácticas para el ahorro y la eficiencia energética en explotaciones mineras" y un "estudio diagnóstico" sobre el mismo tema por los que cobró un total de 30.233,08 euros.

La UCO acudió en mayo a la Fundación de la Energía a requisar las 15 facturas de la empresa vinculada al director general de Industria

Al año siguiente, la facturación creció hasta los 50.211,66 euros por seis trabajos. Desde una "publicación infantil sobre la eficiencia energética de los animales" hasta un "díptico sobre recomendaciones para ahorrar energía en los edificios públicos", pasando por un folleto divulgativo "sobre domótica", varias ilustraciones y un nuevo "estudio diagnóstico" sobre minería. Finalmente, en 2012 la Fundación para la Energía pagó a Alba Ingenieros Consultores SL un total de 80.825,37 euros por otros siete trabajos de similares características. Así, había una "publicación divulgativa sobre la energía de los residuos" y su "ilustración", otra sobre "movilidad y eficiencia energética" y uno más sobre "valorización energética de residuos sólidos urbanos", así como la redacción de los textos para una manual sobre "confort ambiental" y para ahorro energético en comunidades de propietarios.

Relación hasta 2003

Cuando se conoció la supuesta relación de López Jimeno en las irregularidades del contrato de eficiencia energética del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, la Consejería de Industria salió en su defensa y negó que su alto cargo hubiera realizado gestiones para que Cofely se hiciera con aquel millonario concurso. Entonces, también destacaban que ni Guardia Civil ni juez le habían atribuido ningún acto delicitivo, algo que lo que insistían ayer a este diario. Lo que sí reconoció López Jimeno a Vozpópuli este lunes a través de un portavoz de la Consejería es que había tenido relación con la empresa bajo sospecha hasta 2003, aunque negó que llegase a ser accionista. También aseguró que su puesto en la Fundación como vicepresidente en su condición de director general de Industria "no tiene funciones ejecutivas y por tanto no participa ni tiene responsabilidad en temas de contratación".

López Jimeno reconoce haber tenido relación con la empresa bajo sospecha hasta 2003, pero niega haber sido accionista cuando ésta facturó a la Fundación

Pese a ello, el informe de la Guardia Civil le dedica a López Jimeno en las "conclusiones" de su último informe una página completa. La misma extensión que, por ejemplo, ocupa Bartolomé González, ex alcalde de Alcalá de Henares y actual parlamentario regional del PP, uno de los principales protagonistas de la investigación de la Guardia Civil sobre un contrato de eficiencia de 12 millones de euros en el tercer mayor municipio de la Comunidad.

Seis altos cargos en la Fundación

La Fundación de la Energía fija en su página web como objetivo de su actividad "fomentar, impulsar y realizar iniciativas y programas de actuación para investigar, estudiar y apoyar actuaciones de conocimiento, desarrollo y aplicación de las tecnologías energéticas". El fin es lograr "una mejora del ahorro y la eficiencia energética, el fomento del uso racional de la energía y, en general, la óptima gestión de los recursos energéticos". Para ello, "realiza labores de difusión y concienciación mediante campañas informativas, edición de guías técnicas y organización de jornadas", incluido la elaboración de "cuadernos escolares". Es precisamente en todo este tipo de material divulgativo donde se centran ahora las pesquisas de la Guardia Civil.

Como patronos natos de la entidad figuran seis miembros de la Consejería de Economía y Hacienda. En concreto, aquellos que en cada momento ocupen los cargos de consejero, viceconsejero, los directores generales de Comercio, de Industria, Energía y Minas, y de Economía, Estadística e Innovación Tecnológica, así como el gerente del Instituto Madrileño de Desarrollo. También están representados la Cámara Oficial de Comercio e Industria regional, la Confederación Empresarial de Madrid, la Universidad Politécnica, la Universidad Rey Juan Carlos, y las empresas CEPSA, Endesa, Gas Natural, Fundación Iberdrola, Repsol y Unión Fenosa. También aparecen como patronos "electivos" Red Eléctrica Española, CLH, Enagás, Madrileña Red de Gás y dos asociaciones sectoriales de empresarios, APIEM y ASEFOSAM.

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https://www.youtube.com/watch?v=A5pA3oSFCuQ

El juez acuerda prorrogar la prisión de Granados hasta dos años más

El exconsejero madrileño pide al juez Velasco prestar una nueva declaración para concretar aspectos de la investigación sobre la trama Púnica.


 b  Vozpópuli   
05.10.2016 - 13:48
 
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha prorrogado hasta un máximo de otros dos años más la prisión provisional del exconsejero y exdirigente del PP de Madrid, Francisco Granados, que lleva dos años preso como presunto cabecilla de la trama de corrupción del caso Púnica.

LOS SECRETOS DEL SUMARIO

El juez imputa a tres empresas 'señuelo' utilizadas por Púnica para amañar contratos en Murcia

 
El magistrado adopta esta decisión en un auto que ha dictado tras celebrar una vista en la Audiencia Nacional en la que Granados ha pedido la libertad tras dos años preso sin juicio y ha anunciado su intención de prestar una nueva declaración para concretar aspectos de los hechos investigados mientras que la fiscal ha reclamado la prórroga de la prisión provisional.En su auto el juez incluye todos los indicios recabados en la investigación contra el que fuera alcalde de Valdemoro y secretario general del PP en Madrid como los fondos en metálico localizados en Suiza al entorno de Granados, así como sus bienes incautados y el efectivo en metálico, un millón de euros encontrados ocultos en el interior de un armario de casa de sus suegros.Según el juez sigue disponiendo "de forma oculta de una gran cantidadde dinero que esta investigación todavía no ha sido capaz de decomisarle que haría que, en caso de ser puesto en libertad, sustraerse fácilmente a la acción de la justicia".Para tomar esta decisión el juez ha tenido en cuenta también la no colaboración con la investigación y de "apoyo ideologizado" por parte de determinadas personas que incluso han destruido pruebas, como documentos quemados o triturados en el Ayuntamiento de Valdemoro, una situación que podría todavía aumentarse con Granados en libertad, con una presión mas directa y presencial por parte del investigado.

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El alimento para las "ranas"

http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/regalos-trama-Punica_3_964133582.html#slide1

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Ranas..docenas de ranas...de todos los colores.


CASO PÚNICA

Los 26 alcaldes a los que agasajó la Púnica

Los informes de la Guardia Civil sobre los regalos hechos por los constructores David Marjaliza y Ramiro Cid a funcionarios y cargos públicos incluyen una larga relación de primeros ediles. La inmensa mayoría son de la Comunidad de Madrid, pero también los hay de Huesca, Toledo y Cartagena.

Francisco Granados, en una imagen de archivo
Francisco Granados, en una imagen de archivo EFE
 ÓSCAR LÓPEZ-FONSECA
PERFILTWITTER ÁNGELA MARTIALAY
PERFILEMAILTWITTER
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20.10.2016 - 04:00
El socialista Tomás Gómez no fue el único político que recibió regalos de la trama Púnica cuando ocupó el puesto de alcalde. Los informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los presentes que los constructores David Marjaliza y Ramiro Cid hicieron llegar a más de 200 cargos públicos y funcionarios entre las Navidades de los años 2003 y 2008 recogen la identidad de 26 regidores municipales que presuntamente fueron agasajados por la red de corrupción con la intención de conseguir un trato favorable en adjudicaciones y operaciones urbanísticas. Los hay del PP y el PSOE, y, aunque la mayoría estuvieron al frente del consistorios de la Comunidad de Madrid, también hay tres de la provincia de Huesca, uno de la de Toledo y la anterior alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, actual senadora 'popular'. Cestas navideñas, relojes de marca, bolsos de lujo, jamones "buenos", vinos "de calidad", gemelos... eran los regalos habituales, algunos de "elevado valor", según destaca el documento policial.

Casi todos los alcaldes son de municipios de Madrid, pero también hay tres de la provincia de Huesca, uno de la de Toledo y la ex regidora de Cartagena Pilar Barreiro

MÁS INFO

El socialista Tomás Gómez, en una imagen de archivoTomás Gómez 'utilizó' a un amigo para recibir de la Púnica una TV de 4.999 euros
Tomás Gómez 'utilizó' a un amigo para recibir de la Púnica una TV de 4.999 euros
Jamones, bolsos, relojes... los regalos de la Púnica a políticos
LOS SECRETOS DEL SUMARIO
Un asesor mileurista, último 'parapeto' del presidente de Murcia en Púnica
En esa lista figura, por supuesto, Francisco Granados, presunto cabecilla de la trama y que entre 1999 y 2003 fue el regidor de Valdemoro, epicentro de la trama. También está su mujer, Nieves Alarcón, y su sucesor al frente del Consistorio, José Miguel Moreno Torres. Todos ellos están imputados, como también lo están el sucesor de Tomás Gómez en la alcaldía de Parla, el también socialista José María Fraile; y el 'popular' Mario Utrilla, primer edil de Sevilla La Nueva hasta las pasadas elecciones. También tienen problemas con la Justicia, aunque no por Púnica sino por el 'caso Gürtel', otros dos ex alcaldes de la lista de agasajados. Se trata, en concreto, de Arturo González Panero, 'El Albondinguilla', quien estuviera al frente del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, y su compañero de Majadahonda, Guillermo Ortega, 'El Rata'. El suceso de éste en el sillón, Narciso de Foxa Alfaro, también del PP, es otro de los que aparece en la lista.

Larga lista de 'madrileños'
La lista de alcaldes de la Comunidad de Madrid que aparecen en la lista se completa con Pedro Díez Olazábal (Arganda del Rey), Miguel Ángel López (Torrejón de Velasco), Antonio Fernández González (Pinto), José Luis Fernández Merino (San Sebastián de los Reyes), José María Arteta Vico (Móstoles), Jesús Miguel Dionisio Ballesteros (Aranjuez), Bonifacio de Santiago Prieto (Las Rozas), María del Valle de la Poza (Tres Cantos), Fernando Zurita Orden (Paracuellos del Jarama), María Inmaculada Juárez (Algete), María del Carmen Guijorro (San Martín de la Vega), Ángel Batanero (Sevilla La Nueva) y el de Ciempozuelos, al que el informe no cita con su nombre, aunque detalla que se le regaló un bolígrafo. Uno de los citados, María Carmen Guijorro, se puso en contacto con este diario para asegurar que en ningún momento recibió nada de estos constructores, ni tan siquiera el queso que supuestamente se envió al consistorio.

Junto a ellos aparecen los primeros ediles de tres localidades oscenses. En concreto, los de Perarrúa (Francisco Javier Betorz), Monzón (Fernando Heras Laderas) y el de Binéfar, que no figura por su nombre. En esta provincia aragonesa tenía intereses inmobiliarios David Marjaliza. Por último, también aparece en la documentación intervenida a los constructores una referencia al "alcalde de Seseña", sin citar, al que se le entregó supuestamente un "jamòn bueno".

El bolso de la senadora
También de fuera de la Comunidad de Madrid aparece la que fuera alcaldesa de Cartagena hasta las pasadas elecciones y que hoy ocupa un escaño en el Senado Pilar Barreiro. En concreto, por recibir un bolso valorado en 190 euros y otro presente sin concretar y valorado en los listados intervenidos en 300 euros. En su caso, su nombre no es la primera vez que aparece en el sumario del 'caso Púnica', ya que a la estrecha relación que mantiene con uno de los 'conseguidores' de la trama, el también ex alcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso Conesa, se une los supuestos trabajos de reputación 'online' que hizo para ella el 'gurú' informático Alejandro de Pedro y que han supuesto la imputación de varios de sus colaboradores. Su condición de aforada la mantienen, por ahora, fuera de la causa ya que un informe de la Guardia Civil le adjudicaba la presunta comisión de dos delitos por esos hechos.

Los regalos iban desde el costoso televisor de 7.000 euros que recibió Granados hasta los 70 euros en que estaba valorado un conjunto de 'bufanda más broche'

En cuanto a los regalos que recibieron, las listas intervenidas incluyen de todo. Desde los costosos televisores que se entregaron a Francisco Granados y Tomás Gómez (valorados el del primero en 7.000 euros y el del segundo en 5.000 euros), a juegos de 'bufanda más broche' de 70 euros. Entre ambos importe, una amplio repertorio que incluía jamones, cestas de Navidad de hasta 700 euros, lotes de vinos, quesos, corbatas, broches, pulseras, billeteros, equipos de música, estilográficas, bolígrafos, relojes... Eso sí, la mayor parte de marcas de lujo como Loewe, Tous, Montblanc, Carolina Herrera, Hublot y Bulgari.

Dichos presentes venían identificados en las anotaciones de los dos constructores con siglas. Así, el signo '+' era un reloj. Las iniciales 'DP', gemelos, si el destinatario era un hombre, o un conjunto de colgante, anillo y pulsera si era mujer. 'DB' era un corbata, en caso de varones, y bufanda más broche para féminas. La 'E', pásmina más gémelos. 'CCH', cartera de la marca Carolina Herrera. 'M', plumas de la marca Montblanc. Y 'C10, C7, CH, B6, CH26, C2A, C6 y B7', diferentes tipos de cestas con productos navideños. Todo ello, como destacan los dos informes de la Guardia Civil, con "la intención de predisponer favorablemente" a aquellos funcionarios y cargos públicos "cuya intervención pudiera repercutir sobre los intereses empresariales" de ambos constructores.

[47ronin]

rastrean las donaciones de fundescam en púnica
La UCO investiga a los empresarios que pagaron al PP las campañas del tamayazo

La Guardia Civil analiza en Púnica las adjudicaciones públicas que lograron donantes de una fundación del PP de Madrid ante la sospecha de que fueron beneficiados por ayudar al partido

José María Olmo
David Fernández

02.11.2016 – 05:00 H.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está investigando presuntas donaciones ilegales de empresarios al Partido Popular a través de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), una entidad creada en el año 2000 y disuelta en 2015 que pagó a sociedades de la Gürtel 307.094 euros entre 2003 y 2004 por la organización de actos electorales de Esperanza Aguirre. Según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas a la investigación, los expertos en delitos económicos del Instituto Armado han llegado hasta Fundescam rastreando las cuentas del PP de Madrid en la pieza secreta que instruye el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco dentro del caso Púnica.

Las pesquisas sobre esta fundación ya han tenido consecuencias. La UCO acudió el pasado 27 de septiembre a la Asamblea Regional y a la Consejería de Economía de Madrid para llevarse los expedientes de todas las adjudicaciones que esos organismos concedieron entre 2007 y 2012 al Grupo Arturo Cantoblanco, el hólding hostelero del exvicepresidente de la CEOE y expresidente de los empresarios madrileños Arturo Fernández.

Según ha podido saber este diario, el motivo del requerimiento es aclarar si esas licitaciones públicas están relacionadas con las contribuciones que el grupo de Arturo Fernández realizó a Fundescam para financiar las campañas de Aguirre. La propia contabilidad de Fundescam ya reveló que la mercantil Grupo Cantoblanco Catering Service SL le transfirió 18.030 euros el 7 de mayo de 2003 y, otra empresa del exdirigente de la patronal madrileña, Arturo Grupo Cantoblanco SL, aparece como responsable de otras tres donaciones: 15.000 euros el 25 de octubre de 2003; 12.000 euros el 3 de marzo de 2004; y nuevamente 12.000 euros el 16 de marzo de 2004. En total, 57.030 euros. En conversación telefónica con este diario, Fernández admitió haber realizado esos pagos aunque matizó que los hizo mediante transferencia bancaria, sin ánimo de ocultar nada.

Sin embargo, la UCO ha puesto ahora el foco sobre los contratos que recibió de entidades controladas por el PP ante la sospecha de que pudo ser favorecido en concursos públicos como contraprestación por su ayuda a Aguirre. Fuentes próximas al caso precisan que también se investigan las adjudicaciones de otros donantes de Fundescam. Según sus cuentas, la entidad recibió un ingreso de 60.000 euros de FCC en octubre de 2003, dos de Unión Fenosa por un valor de 156.000 euros y tres del expresidente de la CEOE y expropietario del Grupo Marsans Gerardo Díaz Ferrán por un importe total de 192.200 euros, entre otros.

El escándalo de Fundescam saltó cuando estalló Gürtel en febrero de 2009. Entre la documentación intervenida a la trama aparecieron facturas de Special Events, una de las sociedades de Francisco Correa, por trabajos realizados para la fundación. En teoría, Fundescam sólo podía dedicarse a la promoción y organización de actos culturales y formativos y esos eran los conceptos que aparecían las facturas. Sin embargo, los investigadores descubrieron anotaciones que demostraban que, en realidad, las facturas se referían a trabajos no declarados para las dos campañas electorales a las que concurrió Aguirre en 2003 por el 'tamayazo'. El PSOE denunció al PP por delito electoral pero cuando la Agencia Tributaria confirmó en 2012 que efectivamente se había producido el delito, éste ya había prescrito.

Sin embargo, nunca se ha investigado la actividad de Fundescam desde 2004 hasta su liquidación oficial en 2015 ni, tampoco, las adjudicaciones públicas logradas por sus donantes. Eso es precisamente lo que está haciendo ahora el juez Velasco dentro del caso Púnica. Aún en el caso de que la presunta financiación ilegal del PP hubiera prescrito, la UCO busca en las licitaciones conseguidas por los pagadores delitos cometidos en años recientes que todavía pueden ser perseguidos, como malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, blanqueo de capitales y fraude a la Administración Pública.

La investigación de Fundescam dentro del caso Púnica sólo era cuestión de tiempo. Velasco ordenó en febrero el registro de las oficinas del PP de Madrid en la primera planta de Génova tras encontrar en una agenda del presunto cerebro de la trama, Francisco Granados, anotaciones de presuntas donaciones ilegales que él mismo habría entregado a su formación entre 2011 y 2014. Según esas notas, por las manos de Granados pasaron aportaciones de empresarios por valor de 2.060.000 euros que, según los investigadores, podrían haber servido para financiar actos de campaña del PP.

Entre los imputados en esa pieza secreta se encuentra el exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, acusado de ser la persona del partido que recibía y gestionaba los fondos que presuntamente captaba Granados. Los agentes habrían descubierto ahora, tras analizar los ordenadores de Gutiérrez y la documentación intervenida en su casa en febrero, que su relación con la caja B de los populares madrileños se remonta más atrás en el tiempo y se conecta con los flujos de dinero de Fundescam. Lo cierto es que la firma del exgerente apareció en algunas de las facturas emitidas a la entidad por Special Events. Supuestamente, Aguirre lo cesó en 2014 por su implicación en el escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid, pero lo mantuvo en secreto a sueldo del partido.

El otro vínculo que ha conducido a la UCO hasta Fundescam lo ha ofrecido el propio Granados. Como ya consta en el sumario de Púnica, el exconsejero de Presidencia madrileño y exsecretario general del PP regional estaba autorizado para realizar movimientos en la cuenta bancaria de la fundación.

[47ronin]

unión ¿imposible?
Aguirre pide la unión de C's y PP en un mismo partido

La expresidenta madrileña ha admitido "conservar aún la ilusión de que PP y Ciudadanos acabemos unidos, porque tenemos la misma raíz, liberal y conservadora". Además ha pedido la vuelta de personalidades como María San Gil, Ortega Lara y "muchos otros".
Gaceta.es
Miércoles, 2. Noviembre 2016 - 17:35

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, ha apostado este miércoles por la unión de PP y C's en un solo partido de centroderecha, ya que ambas fuerzas comparten la "misma raíz" liberal y conservadora, además de que los populares deben "recuperar" todas esas personalidades que dejaron el partido.

En un almuerzo-coloquio en el Círculo Ecuestre de Barcelona, la expresidenta de la Comunidad de Madrid ha presentado su primer libro, en un acto donde ha defendido que el PP inicie un proceso de "análisis y reflexión cuanto antes mejor" sobre las causas de su pérdida de apoyo electoral en los últimos cuatro años.

Pero en un momento de su intervención, Aguirre ha admitido "conservar aún la ilusión de que PP y Ciudadanos acabemos unidos, porque tenemos la misma raíz, liberal y conservadora", además de que el PP "tiene que recuperar a todas las personalidades que estaban en el partido y se fueron", citando por ejemplo a María San Gil, Ortega Lara y "muchos otros".

"A la larga, aquellos que creemos fundamentalmente en los principios de libertad, propiedad, vida, estado de derecho, imperio de la ley, esfuerzo y mérito, acabaremos estando juntos en un solo partido", ha insistido la dirigente popular.

Y es que, a su juicio, la "ideología liberal-conservadora es mayoritaria entre españoles", como se ha evidenciado en el resultado del centroderecha en los últimos comicios generales, donde "los votos de PP y C's juntos han superado en 200.000 votos los más de 11 millones que logró el PP en 2011".

¿Cómo desmentir el 'España nos roba?

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, ha defendido que sea la Delegación del Gobierno en Cataluña y no la Generalitat quien gestione la financiación del Estado en Cataluña en ámbitos como sanidad, educación o asuntos sociales, y desmentir el "España nos roba".

Sobre qué haría ella en caso de estar en el Gobierno, Aguirre ha querido hacer una "recomendación" al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aunque ha recordado que "todo el mundo sabe que no es especialmente amigo mío, porque cuando él era ministro se filtró mi declaración de la renta cuatro días antes de las elecciones a la alcaldía de Madrid".

"Lo que haría -ha dicho- es que el dinero para pagar a médicos, enfermeras, farmacias, funcionarios, profesores y todo aquello que ha de pagar la Generalitat, ese dinero se pusiera en la Delegación del Gobierno, para que todo el mundo supiera que la Generalitat lo que tiene es una deuda de 70.000 millones euros".

A su juicio, desde el Govern "se dice que 'España nos roba', pero lo que hace continuamente el Gobierno de España es darle fondos a la Generalitat, que además resulta que también tiene seis cadenas de televisión y abre embajadas por países del mundo con ese dinero, y eso no me parece serio".

Por ello, Aguirre ha apostado por hacer que el dinero de esas partidas sea "finalista" para pagar aquellas cuestiones que la Generalitat debe pagar en sanidad, educación o asuntos sociales, pero "no para gastárselo en lo que quiera".

La dirigente popular ha criticado al Govern, "formado por la antigua CDC, pero que en realidad ahora tiene a ese señor (Gabriel) Rufián que dice todas esas barbaridades", pero ha celebrado que "por primera vez las encuestas muestran que disminuyen los independentistas", lo que evidencia que "algo se estará haciendo bien" desde el Gobierno y el PP.

[47ronin]

Antes de abrir la boca debería reflexionarse sobre lo que se va a decir.


Aguirre, que fundó con su marido una empresa que ingresó 4,5 millones en ayudas públicas, asegura que la subvención es “corrupción”

    La dirigente del PP constituyó en 1993 la sociedad Savial SL, de la que fue accionista hasta 2005
    Entre 1993 y 2014, dicha compañía se embolsó 4,59 millones de euros en ayudas agrarias de la UE; de ellos, 2,5 millones durante el periodo en que Aguirre era la copropietaria
    Este martes, Aguirre aseguró que no cree en las subvenciones porque son "corrupción"

Javier Martínez
Publicada 08/11/2016 a las 14:04 Actualizada 08/11/2016 a las 16:52
 
La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, afirmó este martes no creer en la subvención porque es "corrupción". "Lo que tenemos que hacer los políticos, las administraciones públicas, es eliminar las barreras", dijo la expresidenta madrileña en un encuentro con emprendedores organizado por el European Institute for Entrepreneurship (EIE), según informa Europa Press.

En este sentido, Aguirre señaló que son los empresarios y emprendedores quienes deben decir a los políticos qué han de cambiar para que puedan funcionar sus empresas. Además, la portavoz conservadora aseguró que "la Agencia para el Empleo" del Ayuntamiento pretende dar trabajo a 1.500 madrileños por un importe de 30 millones de euros. "¿No sería mejor invertirlo en facilitar a los madrileños que quieren invertir?", se preguntó.

No es la primera vez que la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid se muestra crítica con quienes reciben ayudas públicas. Es recordada la frase que pronunció en julio de 2012: "Los subsidios, subvenciones y mamandurrias tienen que acabarse".

Las declaraciones de Aguirre contrastan con la actividad económica de su familia, en la que ella estuvo directamente involucrada al menos hasta 2005 a través de la empresa Savial SL, tal y como desveló en su día infoLibre.

Más de cinco millones de euros en subvenciones

Savial SL fue constituida en 1993 con un capital social de 3.005 euros, que es el que mantiene en la actualidad. Dedicada a la ganadería y la agricultura, su sede social está en un palacete en el centro de Madrid donde residen Esperanza Aguirre y su marido. La sociedad fue creada por tres personas: el marido de la dirigente del PP, Fernando Ramírez de Haro, nombrado administrador único y que suscribió el 51% de las participaciones; Aguirre, que se quedó con el 39% del capital; y un cuñado de la dirigente del PP, Juan Ramírez de Haro (fallecido en 2009), que recibió el 10% de las participaciones.

La dirigente del PP madrileño sostiene que dejó de ser accionista en Savial SL en 2005, año en que "donó" las acciones que tenía a su marido. Pues bien: entre 1993 y 2014, la suma de las cantidades consignadas por Savial SL como "otros ingresos de explotación" asciende a 4,59 millones de euros. Y si tenemos en cuenta sólo el periodo de tiempo en que Aguirre confiesa haber sido accionista, hasta 2005, el importe asciende a 2,51 millones de euros. La práctica totalidad de esas cantidades se corresponde con subvenciones públicas de la UE

Además, Savial no es la única empresa utilizada por el marido de Aguirre para embolsarse subvenciones. También ha recaudado numerosos fondos públicos a través de Ganadera Bornos SC. En total, en el periodo 2006-2014, esa sociedad ingresó en ayudas comunitarias 938.782 euros.

¿Cumplió Aguirre con la ley?

Cuando este periódico desveló sus negocios familiares, Aguirre no quiso aclarar si había cumplido con la Ley de Incompatibilidades de los Altos Cargos cuando fue elegida presidenta madrileña por primera vez: es decir, si incluyó en su primera declaración de bienes –a la que le obligaba la ley 14/1995– las participaciones que tenía en aquel momento en Savial SL. Aguirre tomó posesión el 21 de noviembre de 2003 y, según su propio testimonio, aún no había donado las acciones a su marido. Si no las incluyó, incumplió la ley. A preguntas de infoLibre, la actual concejala del Ayuntamiento de Madrid tampoco explicó en qué precio valoró la supuesta donación o si se declaró ante Hacienda.

Ante la solicitud de Podemos en la Asamblea madrileña, Aguirre se comprometió el 16 de junio de 2016 a entregar "próximamente" sus declaraciones de bienes a la formación morada, si la propia Cámara autonómica no se las facilitaba. A día de hoy, casi cinco meses después, no hay noticias de que la expresidenta de la Comunidad de Madrid lo haya hecho.