De los mandos policiales

[Terry]

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[47ronin]

El comisario Villarejo apela otra vez
a una conjura del CNI contra él en el caso de la doctora Pinto

Pide que se archive su causa por el presunto apuñalamiento de la dermatóloga y alega que la tarde de los hechos estaba con los periodistas Esteban Urrieztieta y Eduardo Inda.


DNI de Villarejo.
MÁS INFORMACIÓN

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PATRICIA LÓPEZ

@patricialopezl

MADRID.- Dos veces ha sido citado a declarar el comisario José Manuel Villarejo Pérez a una rueda de reconocimiento en el caso de la doctora Elisa Pinto, a quien presuntamente apuñaló el 10 de abril de 2014.

La primera vez aseguró que estaba de viaje y, tras el segundo llamamiento, presentó un escrito en el que pide su sobreseimiento libre de la causa y alega una conspiración del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) contra él, al igual que en el de Gao Ping o el pequeño Nicolás.


En este caso, un antiguo miembro del CNI y supuesto amigo de la doctora Elisa Pinto sería la mano que ha orquestado que el Villarejo esté denunciado por el presunto apuñalamiento. Así obra en el escrito presentado por la defensa del ‘agente encubierto’ al que ha tenido acceso Público. Según ha explicado a este medio Sergio Berenguer, abogado del comisario en esta causa, "aunque no está imputado lo que queremos es que se retiren las acusaciones de la doctora contra él, por eso pedimos el sobreseimiento".

Una de las pruebas que aporta el ‘agente encubierto’ es una grabación con el abogado José Luis Ortega Peña que el comisario realizó el 26 de marzo de 2014, precisamente en los días que la dermatóloga estaba dejando a su anterior letrado para que Ortega Peña llevase el caso. La dermatóloga había sufrido una agresión el 13 de enero y en diciembre de 2013 el consejero delegado de OHL Javier López Madrid había ido a su consulta acompañado de un hombre con pinta de “matón”, según las denuncias, que se hizo llamar Rafael Redondo y era abogado del comisario Villarejo.
El cliente

Villarejo conoce a la madre del Ortega Peña “de toda la vida, de El Mundo”, pero el abogado accedió a quedar con él. Según explicó este abogado, la doctora Pinto contactó con él por un asunto relacionado con el ex consejero delegado de OHL Javier López Madrid. “Le he dicho que voy a intentar hablar con una persona para que le transmita a él (López Madrid)” que la doctora lo que quiere es “que se acabe el problema”, le contó Ortega Peña a Villarejo.

También le explicó que la doctora, ya en aquel entones, llevaba vigilancia porque la habían apuñalado en la calle. Villarejo se interesó por si la doctora había denunciado. “Sí, sí, sí, lo que pasa es que vamos a ver (…) a partir de que se suceden estas situaciones, pues esta persona, que es una antigua del CNI o no sé qué historias, pues te sitúa a ti, porque a mí me da él tu nombre…”, le respondió el letrado. El comisario, en cambio, no recordaba que el yerno de Juan Miguel Villar Mir fuera cliente suyo. “No me entero de todo, aquí somos 100 personas, tengo varias oficinas, 14 abogados y yo soy el presidente, si me dan mal las pistas...”, se excusó. Tampoco su mano derecha, Rafael Redondo, recordaba nada de López Madrid.

La reunión entre Villarejo y Ortega Peña, por tanto, no surtió efecto. Quince días después, tras recibir numerosas llamadas de acoso y amenazas anónimas, la doctora fue apuñalada de nuevo. Presuntamente el autor era la misma persona que acompañaba al empresario a su despacho, a quien la doctora ya había reconocido como el policía José Villarejo.

Villarejo reconoce que su abogado acudió con López Madrid al despacho de la dermatóloga semanas antes de que fuera apuñalada


Sin embargo, en este último escrito de defensa, Villarejo presenta una declaración ante notario en la que reconoce que en el mes de diciembre de 2013 -poco antes del segundo apuñalamiento de Pinto- su abogado, Rafael Redondo, había acudido junto con López Madrid al despacho de la doctora para pedirle que cesaran las denuncias contra el empresario. Es decir, según explican fuentes conocedoras del caso a Público, Villarejo reconoce que López Madrid le contrató, como explicó el propio empresario ante la jueza, y que un empleado suyo acudió a amenazar la doctora. En lo único que difieren ya es sobre quién fue al despacho:  ella sigue manteniendo que fue el propio Villarejo; él asegura que fue su abogado, Rafael Redondo.

A pesar de que el comisario reconoce haber aceptado un negocio para librar al empresario López Madrid de unas denuncias que instruye la Policía Nacional, la Dirección General de la Policía sigue sin ver incompatibilidad entre la actividad privada y pública de Villarejo. “Por el momento nos remitimos al informe que se hizo este año y que resuelve que su actividad es compatible”, responde a Público un portavoz oficial. El autor de dicho informe está ahora destinado en Holanda con una dieta de 10.000 euros al mes.
La coartada

Villarejo asegura que estaba con Inda y Urrieztieta en un hotel, precisamente, en el momento en que la denunciante fue apuñalada

Por si fuera poco, Villarejo aporta más argumentos a su coartada. "Como ha podido comprobar en su agenda personal, sin ninguna duda, el día 10 de abril de 2014 el señor Villarejo se encontraba reunido con los Sres. Esteban Urrieiztieta y Eduardo Inda en el hotel Holiday Inn, desde las 19.00 hasta las 20.00 horas aproximadamente, precisamente el momento en que según la denunciante sufrió el supuesto apuñalamiento”, reza el documento.

Público se han puesto en contacto con ambos periodistas. Urrieztieta cree “que posiblemente sí estuviera reunido con él, aunque tengo que consultarlo en mi agenda”. El letrado de Eduardo Inda indica sin embargo que tendrá que revisarlo en sus agendas pero cree que no se reunió con él en esas fechas. Ambos han sido propuestos como testigos por el propio comisario.
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No es la primera vez que ocurre. Esta relación entre el comisario y los periodistas pasa por el informe de la UDEF sobre la familia Pujol o por el caso del pequeño Nicolás. En este último declaró Urrieztieta la semana pasada en la pieza secreta. En esa parte del sumario se investiga qué “adscrito del Ministerio del Interior”, según declaró en diciembre de 2014 este periodista, les facilitó una grabación entre los encargados de la investigación y dos agentes del CNI que finalmente acabó en manos del presunto estafador.

Y es que este caso de la doctora Pinto es uno más de una larga lista de investigaciones en las que, según Villarejo, el CNI quiere involucrarle desde que denunció, en 2014, que los espías españoles se habían quedado con parte del dinero del rescate de dos periodistas secuestrados en Siria. En esta conjura contra él estarían agentes del CNI, los fiscales anticorrupción, el juez del caso del pequeño Nicolás, Javier Ayuso –adjunto a la dirección de El País y ex director de comunicación de Casa Real- y una periodista de Público, entre otros.  Pero el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, los juzgados de Plaza Castilla y el Consejo General del Poder Judicial han desestimado todas sus querellas.

[47ronin]

Los sueldos millonarios de 86 mandos policiales y de la Guardia Civil en las embajadas españolas: un chollo para enchufados

Dicen en la Policía Nacional y en la Guardia Civil que los mandos de sus respectivos Cuerpos que son destinados a otros países han sido agraciados con el premio gordo de una peculiar lotería del Ministerio del Interior. No es para menos: a esos destinos sólo van los ‘enchufados’ con sueldos que cuando menos triplican la nómina que tendrían si sus destinos fueran en suelo español. Según ha podido confirmar Extraconfidencial.com, un total de 82 mandos de la Policía y la Guardia Civil se están beneficiando de los destinos policiales más envidiados, con sueldos que en algunos casos superan los 24.000 euros al mes.

Según un Informe gubernamental al que ha tenido acceso Extraconfidencial.com, 10 comisarios principales y otros 10 comisarios disfrutan actualmente de un destino en Consejerías del Ministerio del Interior en otras tantas Embajadas españolas en el exterior. En cuanto a Agregadurías, están destinados en la actualidad 42 Policías de la Escala Ejecutiva, de los cuales 30 son Inspectores Jefe y 12 son Inspectores.

En cuanto a la Guardia Civil, hay 4 coroneles y un teniente coronel destinados en Consejerías en otras tantas Embajadas, mientras que en Agregadurías hay exactamente 19 Oficiales de la Escala Superior, de los cuales 5 son tenientes coroneles y 14 comandantes.

Todos ellos, los 86 mandos en total, prestan servicio de forma estable fuera del territorio nacional, por lo que perciben los emolumentos más envidiados de sus respectivos Cuerpos. En realidad, estos destinos son necesarios para la protección de Embajadas y Consulados, pero tanto el colectivo de Policías como el de la Guardia Civil critican la forma de elección de los ‘agraciados’: hay peleas -literalmente-, en ambos Cuerpos para poder disfrutar de un destino en el exterior, dadas las ventajas económicas que conlleva.

“Te vas como un paria y vuelves rico”, dicen -no tan en broma-, en ambos Cuerpos, dado que el sueldo en una Consejería oscila entre los 7.500 euros brutos al mes que cobra un consejero en la Embajada que menos paga y los 24.000 euros que recibe un agente con el mismo puesto en Rusia; por ejemplo, una plaza, la de Moscú, que ocupó el comisario principal Telesforo Rubio, ex responsable de Información durante el primer Gobierno de Rodríguez Zapatero.

En cuanto al salario de los Agregados -es decir-, los ‘número dos’ de los consejeros– oscila entre los 6.000 a los 21.000 brutos euros al mes. Como hemos señalado, tanto consejeros como agregados son mandos de la Policía Nacional o de la Guardia Civil, pero los Policías o Guardias Civiles de la Escala Básica que también “consiguen” un destino en Embajadas o Consulados tienen sueldos de entre 4.500 y 10.000 euros mensuales. Sabiendo que un Policía o un Guardia de base en España no ganan más allá de 1.500 ó 1.600 euros brutos al mes, resulta sencillo comprender que el Ministerio del Interior utilice estos destinos como “premio” para algunas personas que quiere favorecer.

[Heracles_Pontor]

Pero esto no es nuevo . . . no?

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guerra interna entre mandos del cuerpo
El comisario del caso Nicolás se queja al juez de que la Policía obstaculiza su trabajo
Denuncia "irregularidades manifiestas" que denotan "falta de colaboración", y acusa al número dos del cuerpo, Eugenio Pino, de querer tener acceso a todos los movimientos que hagan los investigadores
Foto: Francisco Nicolás, conocido como el pequeño Nicolás. (EFE)
Francisco Nicolás, conocido como el pequeño Nicolás. (EFE)
Roberto R. Ballesteros

28.01.2016 – 05:00 H.

El comisario que investiga el caso Nicolás, Marcelino Martín Blas, ha denunciando ante el titular del Juzgado número 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, que la Dirección Adjunta Operativa de la Policía utiliza a sus mandos subordinados para obstaculizar la instrucción de uno de los procesos judiciales más mediáticos de los últimos años.

Martín Blas, nombrado por el propio magistrado como principal investigador y responsable de la comisión que ejerce de Policía Judicial en el caso, asegura en un escrito dirigido al juez y fechado el pasado 11 de enero que la dirección está incurriendo en una serie de “irregularidades manifiestas” que denotan una “falta de colaboración” por parte de los responsables policiales, lo que está provocando “un grave retraso en la investigación judicial”.

Martín Blas no descarta además que estas dilaciones en las pesquisas estén haciendo que desaparezcan “pruebas necesarias para la investigación”, ya que el tiempo corre siempre en contra de los investigadores y también de los plazos marcados por la nueva reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En su escrito, el jefe de la comisión judicial nombrada por Zamarriego recuerda que ya informó el pasado 14 de diciembre al director de la Policía, Ignacio Cosidó, de las “reiteradas declinaciones” de solicitudes de información que estaba sufriendo y le advirtió de que estas trabas “podrían ser constitutivas de la correspondiente infracción penal”, aviso que no recibió respuesta por parte del máximo responsable del cuerpo.
El director general de la Policía, Ignacio Cosidó. (EFE)
El director general de la Policía, Ignacio Cosidó. (EFE)

En concreto, Martín Blas se refería a siete oficios (cuatro con fecha del pasado septiembre y tres de octubre) en los que el comisario responsable de las pesquisas pide a diferentes unidades de la Policía que le faciliten información. En todos los casos, relata, la respuesta fue negativa, y también en todos “los mandos policiales firmantes referían seguir instrucciones del director adjunto operativo”, Eugenio Pino, número dos del cuerpo.

El jefe de la comisión judicial detalla que el subdirector general de Logística de la Policía, por aquel entonces el ya jubilado Pedro Polo, “se amparó en la Ley de Protección de Datos para no facilitar” el pasado 19 de octubre la identidad de los usuarios de unos números de teléfono corporativos utilizados por funcionarios del cuerpo, a pesar del carácter de Policía Judicial que Zamarriego confirió a los solicitantes.

El mismo Polo, prosigue Martín Blas, ya había denegado otra petición 15 días antes. Esta vez, añade, el subdirector argumentó que “a petición de la Dirección Adjunta Operativa, se recuerda que los miembros de la comisión judicial no forman parte de la Unidad de Asuntos Internos”, excusa que los demandantes responden recordando nuevamente que actúan por orden del juez.

En la misma línea, Martín Blas se queja de que el pasado 2 de julio el comisario jefe de la Unidad de Informática -dependiente de Logística- negó a los investigadores las contraseñas para acceder al Registro Mercantil, al Catastro, al Registro de la Propiedad, al Consejo General del Notariado y al portal informático Axesor. El responsable de Informática argumentó que las solicitudes de información a estas bases de datos deben realizarse a través de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), porque así lo hacen todos los policías en virtud del convenio firmado por ambas partes.

Francisco Nicolás recoge la querella del CNI por injurias

El investigador del caso Nicolás, sin embargo, disconforme con la respuesta, arguye ante el juez que hay excepciones a estos casos. En concreto, se refiere a la Unidad de Asuntos Internos, que él mismo dirigía y que tiene acceso directo a estas bases de datos. “Esta comisión judicial tiene un carácter y unas necesidades especiales de acceder directamente a estas bases de datos”, continúa el comisario, quien añade que de este modo ningún mando podrá controlar lo que se pide, extremo que el propio instructor prevé en sus escritos.

No en vano, recuerda Martín Blas, Zamarriego “habilitó” al equipo investigador como Policía Judicial y le dio poder para “recabar directamente de la Policía Nacional cuanta información precise en relación con la investigación”. En su escrito de queja ante el magistrado, el comisario hace hincapié en el término 'directamente', que entiende que el instructor utilizó con el fin de que los investigadores pudieran dirigirse al funcionario que realice el trabajo que ellos necesitan y no tengan que pasar por sus jefes.

Incluso una providencia dictada el pasado 21 de abril por Zamarriego, a la que Martín Blas también alude, ordenaba a los investigadores “comunicar directa y exclusivamente al juzgado el resultado de las actuaciones que practiquen”, escrito con el que -según considera el exjefe de Asuntos Internos- el magistrado está pidiendo la máxima discreción.
El director adjunto pide acceder a la información

El comisario se queja también, por otro lado, de que la Dirección Adjunta de la Policía está tratando de acceder a la información que manejan los investigadores del caso, a pesar de que el juez ha advertido expresamente de que estos últimos únicamente deben reportar al magistrado.

Manos Limpias se querella contra el pequeño Nicolás por delitos que le podrían costar 12 años de prisión

En concreto, relata Martín Blas, el pasado 17 de diciembre él recibió un oficio firmado por el subdirector general del Gabinete Técnico de la Policía, José Manuel Pérez, que contaba con el visto bueno expreso del director adjunto operativo, Eugenio Pino, número dos de la corporación por debajo de Cosidó.

El escrito ordenaba al responsable de la investigación judicial dar cuenta de sus actuaciones a sus superiores de la Comisaría General de Policía Judicial, “de la que dependerá orgánica y funcionalmente [el jefe de las pesquisas] mientras” dure la comisión nombrada por el instructor del Juzgado número 2 de Madrid.

Este oficio -como expresa también Martín Blas- contradice la citada providencia dictada por el juez Zamarriego el pasado 21 de abril. El magistrado excluía expresamente, por lo tanto, a sus jefes del acceso a la información de las pesquisas judiciales. Específicamente, el titular del Juzgado número 2 de Madrid detallaba que los investigadores no tendrán “que dar cuenta a sus superiores jerárquicos, cualquiera que fuera la categoría o el rango funcionarial de estos”.

Nicolás: la historia (o no) interminable

De ahí que Martín Blas haya pedido una aclaración tanto a Pino como al propio director general, Ignacio Cosidó. En un escrito remitido a ambos cuatro días después de que los comisarios Pérez y Pino le ordenaran informar a sus superiores, el responsable de la investigación solicita “que se aclare con detalle” qué quiere decir con el cambio de dependencia orgánica y funcional, y recuerda a sus jefes que el juez ya prohibió “expresamente (...) facilitar todo tipo de información a sus superiores jerárquicos”.

El enfrentamiento entre Martín Blas y Pino tiene lugar después de que el primero fuera cesado como jefe de Asuntos Internos por el segundo el pasado abril. Martín Blas dirigía desde este departamento las investigaciones relativas al caso Nicolás, pero un conflicto con el comisario José Villarejo, adscrito a la Dirección Adjunta Operativa, provocó su destitución.

Martín Blas presentó un informe ante el juez Zamarriego en el que identificaba a Villarejo como una de las personas que se encontraban en un lugar en el que se estaban haciendo seguimientos. La inclusión del nombre de Villarejo en el documentó provocó el consiguiente enfado de este último, que se considera un agente encubierto, y desató un batalla que acabó con el cese de Martín Blas.

El movimiento previsiblemente apartaría también a Martín Blas de la investigación del caso Nicolás, pero nada más lejos de la realidad. El juez Zamarriego ordenó que este comisario y su equipo se encargaran en comisión judicial de continuar las pesquisas en el más absoluto secreto, sin informar a sus jefes y reportando únicamente al magistrado.

[47ronin]

Condenado por no tramitar multas el exjefe de la Policía Local de Montijo

Los hechos por los que ha sido condenado tuvieron lugar entre 2005 y 2011
 
 MÉRIDA
 
6 febrero 2016
 
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Badajoz, con sede en Mérida, ha condenado a Gabriel C. M., exjefe de la Policía Local de Montijo, a ocho años y medio de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa. El otro acusado, Luis Fernando L. F., ha sido declarado absuelto.

Los hechos por los que ha sido condenado tuvieron lugar entre 2005 y 2011. En ese periodo Gabriel C. M. ocupó el cargo de subinspector jefe de la Policía Local de Montijo; mientras que el otro acusado desempeñó funciones de oficial.

El proceso se inició cuando, tras un cambio al frente de la Policía Local, se descubrió una carpeta con boletines de denuncias de sanciones de tráfico que no llegaron a tramitarse y con notas sobre su origen. Contenía 94 multas no cobradas de los años 2005 a 2008. La Fiscalía de Mérida solicitó una condena de diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para el exjefe por un presunto delito de prevaricación administrativa, que consiste en dictar una resolución arbitraria en un asunto administrativo a sabiendas de su injusticia. Asimismo, por el mismo delito pidió inhabilitación de nueve años para el oficial. El Ayuntamiento de Montijo reclamaba las mismas penas.


La sentencia, que será recurrida por el único condenado, recoge como hechos probados que, a pesar de que entre sus funciones como jefe de la Policía Local se encontraba instruir los expedientes sancionadores por infracciones de tráfico, durante los años 2005 a 2008 Gabriel C. M. no tramitó más de 90 multas.

La carpeta en cuestión tenía una nota que indicaba 'Multas retiradas 2006', y en los boletines también aparecían notas como «la trajo el médico al que le quitaste, según él, otra denuncia». La letra se corresponde con la de Gabriel C. M. y la de Luis Fernando L. F. Sin embargo, la Audiencia considera que este último, defendido por el letrado Emilio Cortés, no tenía la función de tramitar o instruir los expedientes sancionadores por infracciones de tráfico. Además, estima que no se ha probado que entre 2005 y 2008 asumiera estas competencias cuando tomaba el puesto del jefe por vacaciones del subinspector, ni tampoco que escribiera las citadas notas para que Gabriel C. M. no diera curso a las multas.

Bandos enfrentados

En la sentencia se destaca que de la dependencia en la que fue hallada la carpeta sólo tenían llave los dos acusados, hasta que asumieron el cargo de jefe accidental otros dos agentes de la Policía Local de Montijo y descubrieron los documentos en 2012.

Sin embargo, no considera probado que existiera una guerra abierta entre los dos acusados y estos dos agentes por hacerse con el cargo de jefe del cuerpo municipal, y por tanto que no se puede acreditar que la carpeta con las multas no tramitadas fuera en realidad preparada con documentos traídos al efecto desde otros puntos de las dependencias policiales, como pedían las defensas.

[nocheuid]

A que me recuerda??? Ah si...a la yaya Carmena y su orevaricacion continuada no cursando las denuncias en los días de limitación de vehículos
..

[corneta]

Donde esta la denuncia de los sindicatos

[47ronin]

Donde esta la denuncia de los sindicatos

Usted todo lo arregla trasladando la carga del asunto a los sindicatos, cuando la medida, adoptada por una unificación de criterios en las APR, afecta a tres meses, exactamente a los tres antes de publicarse la normativa unificada ya que existían discrepancias entre una normativa y otra, algo que los vecinos multados agradecen.

A que me recuerda??? Ah si...a la yaya Carmena y su orevaricacion continuada no cursando las denuncias en los días de limitación de vehículos
..

Aquí se lo explica perfectamente....a los dos.



http://elperiodicoespana.tk/carmena-perdona-las-multas-de-las-apr-de-madrid-de-los-meses-de-agosto-septiembre-y-octubre/

[corneta]

Los sindicatos están para eso y no me refiero a las áreas sino al protocolo de contaminación que el político de turno no curso por que así lo estimó oportuno

[47ronin]

Los sindicatos están para eso y no me refiero a las áreas sino al protocolo de contaminación que el político de turno no curso por que así lo estimó oportuno

La ordenanza de movilidad se va a modificar para contener el precepto que faltaba, asi que ese asunto queda zanjado.

[corneta]

no señor no esta zanjado por que no se cursaron cerca de 1000 denuncias de exceso de velocidad

[47ronin]

no señor no esta zanjado por que no se cursaron cerca de 1000 denuncias de exceso de velocidad

Ya lo mencionamos en el otro tema...señales decían una cosa y paneles informativos otra...resultado...no doy curso por ese defecto y quedo bien.

El Ayuntamiento perdona las multas a los que superaron la velocidad permitida

El Avispa - Miércoles, 18 de noviembre de 2015 09:00


El Ayuntamiento perdona las multas a los que superaron la velocidad permitid

Hartos de que se ceben con nosotros, con los ciudadanos, el Ayuntamiento de Madrid ha tenido la decencia de no multar a los conductores que excedieron los 70 kilómetros por hora en la M-30 y otros accesos a Madrid el pasado jueves y viernes.

Más de 160 vehículos superaron esos días el límite de velocidad en la M-30. Bien es cierto que muchos conductores, debido a la nefasta comunicación del Ayuntamiento la semana pasada, no tenían por qué conocer estas restricciones por mucho que panel de la carretera lo indicase.

En un arrebato de solidaridad teniendo en cuenta la salud pública de los ciudadanos, quién sabe, o en un intento de quedar bien con los madrileños, ya que muchos podrían reclamar que la señal figuraba el límite en 90, se han quitado esas multas que detectaron los radares móviles. Lo cierto es que ha hecho un gran favor a muchos que ese día circulaban sin conocer esa decisión. Y a este Avispa no le queda otra que hay que felicitar al Ayuntamiento por esta decisión.

[corneta]

acaso cree usted que los radares móviles salieron a denunciar a la m_30 por que a los policías nos dio por hay no señor recibimos ordenes de salir y denunciar y quien nos mando el ayto y la señalización en m_30 no la van a cambiar entonces que fomentamos el incumplimiento de la norma

[47ronin]

acaso cree usted que los radares móviles salieron a denunciar a la m_30 por que a los policías nos dio por hay no señor recibimos ordenes de salir y denunciar y quien nos mando el ayto y la señalización en m_30 no la van a cambiar entonces que fomentamos el incumplimiento de la norma

Usted cumplió con su cometido y colocó en el cinemómetro la velocidad que le dijeron...si la misma no se correspondia con las señales de tráfico no es su problema, y en todo caso será de la administración y los recursos, que en este caso no van a darse por haberse anulado todas esas denuncias, y al igual que LA AVISPA dice, hemos de congratularnos de que no se cometiese un acto administrativo irregular al dar curso a unas denuncias con doble señalización.

[47ronin]

Interior culmina la maniobra para aupar a un grupo de comisarios afines a la cúpula policial del PP

Nueve ascienden a comisarios principales por una nueva vía aprobada 'in extremis' a la que pudieron concurrir hasta el día de las elecciones generales

El próximo Gobierno se encontrará con un grupo de comisarios principales con derecho a ocupar los puestos más relevantes en la Policía

Eugenio Pino, el mando que eligió el PP para dirigir el Cuerpo, se jubilará en junio, justo después de que los comisarios de su órbita hayan tomado posesión

Pedro Águeda


25/02/2016 - 21:51h

F.Díaz afirma que la Policía es una gran familia que garantiza la unidad de España

El Ministerio del Interior acaba de culminar la maniobra para dejar en el máximo escalafón de la Policía a un grupo de comisarios afines a su actual cúpula. En las últimas horas se han conocido los nombres de los miembros del Cuerpo que ascienden a comisario principal por un método aprobado in extremis y que elimina el requisito de antigüedad selectiva. Nueve comisarios integran este grupo para el que, según la Ley de Personal, se debe contar al elegir los puestos de la máxima responsabilidad, gobierne quien gobierne.

La mayoría de los aprobados por esta nueva variable de ascenso son comisarios próximos al actual director adjunto operativo del Cuerpo, Eugenio Pino, el hombre que ha dirigido de facto la Policía en estos últimos cuatro años. Pino se jubila el próximo mes de junio. Para entonces, los nueve seleccionados habrán concluido el curso que precede a su toma de posesión y estarán listos para ser enviados a nuevos destinos.

Para llegar hasta aquí fueron necesarios movimientos de última hora en el Ministerio del Interior y el Consejo de Ministros. Tanto es así que la fecha límite para presentarse al concurso de ascenso a comisario principal fue el 20 de diciembre, el mismo día de las elecciones generales. El Gobierno había aprobado el Real Decreto de convocatoria 72 horas antes de que se anunciara la apertura del plazo.

Entre los nueve aprobados destacan dos que han estado ocupando en la presente legislatura un puesto que, según la Ley de Personal, no les corresponde. Se trata de los jefes superiores de Navarra y Murcia, Daniel Rodríguez y Cirilo Durán, respectivamente. Esa irregularidad, que ha sido tolerada por la actual cúpula policial, es solventada con el ascenso en proceso.

El grupo próximo a Pino procede, en parte, de la Unidad de Intervención Policial (UIP), los conocidos antidisturbios y  especialidad del director adjunto operativo. Uno de los ascendidos es el jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana de Madrid, de la que depende la UIP de la capital. Andrés Garrido Cancio fue reclamado por Pino desde su destino en Sevilla para contener la protesta ciudadana que el Ejecutivo preveía al principio de la legislatura.

También aparece en el listado Jesús María Marín Zabala, que ha dirigido los procesos selectivos en la Policía, o José Miguel Ramos Prada, ahora jefe de Informática, el departamento del que dependen todos los ordenadores del Cuerpo y que antes fue responsable del material de telecomunicaciones. De otro lado, Santiago Carrasco, otro de los próximos comisarios principales, trabaja junto a Pino en la Dirección Adjunta Operativa.

Completan la lista el jefe de unidad de la División de Personal, Agustín Alonso-Carriazo; la secretaria general del Gabinete Técnico de la Dirección de la Policía, Eulalia González; y el jefe del aeropuerto de Barajas, Fernando Moré.

Todos ellos se han beneficiado de la introducción del sistema de concurso-oposición, inexistante antes en la promoción a comisario principal. Este sistema elimina el requisito de antigüedad selectiva, consistente en que ascienden en una convocatoria el más antiguo y los que le siguen en ese criterio hasta que se completa el número de plazas ofertadas.

En total, han ascendido a comisario principal un total de 27 comisarios, 18 por antigüedad y 9 por concurso-oposición. La nueva Ley Orgánica de Régimen de Personal de la Policía entró en vigor el pasado 18 de agosto e incluía en su Disposición Final Novena la necesidad de reformar el Reglamento de Procesos Selectivos y de Formación de la Policía que está en vigor desde 1995. La maniobra del Ministerio del Interior, sin embargo, es una rápida modificación parcial de ese Reglamento que sólo incluye el sistema de acceso a oficial de Policía y a comisario principal, y deja para otro momento el resto del escalafón.
Los datos desmienten "cuestiones de urgencia"

El supuesto motivo de tal premura está en el preámbulo del Real Decreto aprobado a toda prisa: "Cuestiones de urgencia relacionadas tanto con necesidades de la operativa policial, singularmente la elevada tasa de jubilaciones de los miembros integrados en la categoría de comisario principal; así como otras relativas a la implantación real y efectiva de los principios de igualdad, mérito, capacidad y antigüedad en los procesos selectivos, hacen necesario el abordaje parcial en este momento".

La Federación de Comisarios del Sindicato Unificado de Policía (SUP) difundió este miércoles una circular interna con datos que rebaten la afirmación del Gobierno. El actual catálogo de puestos de trabajo destina 77 para los comisarios principales, cuando ya hay 126 policías que detentan ese rango. A esos 126 se sumarán los 27 de la nueva promoción. Estos datos que desmienten al Gobierno están en el catálogo de puestos de trabajo que, según el SUP, ha permanecido “oculto varios años”.

Los nueve comisarios beneficiados por la reforma se han enfrentado a dos ejercicios discrecionales. El primero ha constado de dos partes: test psicotécnico y entrevista personal. El segundo consistió en la resolución de un "análisis situacional", esto es, una prueba práctica que deberán leer ante el tribunal, pudiendo éste solicitar las aclaraciones que considere.

El tribunal estuvo presidido por el referente en la Policía del grupo aprobado, el director adjunto operativo, Eugenio Pino. Entre los vocales, varios de los comisarios que le han acompañado en la dirección de la Policía por decisión del PP.
hazte socio/socia

[Heracles_Pontor]

Que democrático es todo esto . . . me encanta el concepto de regeneración democrática que tiene el PP.

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[jourcas72]

La misma maniobra hicieron en el Ayuntamiento de Madrid, la Sra. Botella, antes de marcharse

[porlapiedra]

y ZP con la GC.

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[47ronin]

El nuevo jefe de Policía en la Comunidad Valenciana retrasó 5 años un informe sobre la corrupción del PP

El Poder Judicial intercedió hace un año para que el entonces comisario jefe de Alicante entregara la documentación que reclamaba el juez del caso Brugal

El magistrado Tejada del Castillo se interesaba por la documentación incautada al empresario Enrique Ortiz en la operación de julio de 2010

El comisario principal José Javier Cuasante es próximo al exdirector general de la Policía Juan Cotino, imputado en una pieza del caso Gürtel

Pedro Águeda

16/03/2016 - 20:18h


El nuevo jefe superior de Policía en la Comunidad Valenciana, José Javier Causante.
más INFO


Alberto Fabra Sonia Castedo

Los jueces acusan a Interior de "obstaculizar" el mayor caso de corrupción del PP en Alicante

La Policía Nacional en la Comunidad Valenciana tiene nuevo jefe superior. Se trata de José Javier Cuasante, hasta ahora jefe provincial en Alicante y el comisario ante el que tuvo que mediar el Poder Judicial el pasado abril para que entregara un informe sobre la corrupción del PP de Alicante, que un juzgado de esa ciudad aguardaba desde hacía cinco años. El  Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este miércoles la orden del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por la que Cuasante sustituye a José Manuel Salgado, jubilado el pasado diciembre.

La Unidad de Apoyo para Causas de Corrupcción (UACC) es un instrumento creado por el Consejo General del Poder Judicial para desatascar investigaciones de este tipo. La UACC se estrenó en abril de 2015 con una carta al director general de la Policía, Ignacio Cosidó, para que eliminara los “obstáculos” que impedían la emisión de unos informes del conocido como ‘caso Brugal’, que estalló en julio de 2010  e incluyó la detención del presidente de la Diputación de Castellón, José Joaquín Ripoll.

El Poder Judicial intercedía así en un enfrentamiento entre el juez Manrique Tejada del Castillo y el comisario Cuasante en el marco de la causa por el amaño del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Alicante en favor del empresario Enrique Ortiz. El juez Tejada del Castillo llevaba casi cinco años reclamando a la Policía un informe sobre la documentación incautada en julio de 2010 en la sede del Grupo Cívica, el domicilio particular y el yate del citado empresario.

En enero de 2015, el juez había enviado un escrito al comisario Cuasante en el que le exigía información acerca del "estado de la investigación y que, en su caso, ponga los medios personales y/o materiales necesarios para poder llevar a cabo por parte del grupo policial las conclusiones de la investigación sobre el llamado caso del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante".

El juez hacía notar su malestar en oficio, "máxime teniendo en cuenta que alguno de los informes pendientes se refieren al resultado de la entrada y registro en el domicilio personal del señor Ortiz, sede social del Grupo Cívica y embarcación Elena, llevado a cabo el 6 de julio de 2010 y que ya fue solicitado por este mismo juzgado por oficio el 6 de febrero de 2012". La intervención del Poder Judicial surtió efecto y al mes siguiente del requerimiento de la UACC, la Policía entregaba al juez el informe que éste no había podido obtener por sus propios medios.

El 6 de julio de 2010 estallaba la Operación Brugal, donde se entrecruzaban las pesquisas por el Plan Urbano de Alicante y la concesión de la gestión de los residuos en la comarca de la Vega Baja. Los intereses del ladrillo y las basuras conectaban al todopoderoso PP alicantino y al empresario más importante de la provincia, Enrique Ortiz. La exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo está imputada en esa investigación por revelación de información privilegiada, dos delitos de cohecho y otros tantos de tráfico de influencias. El operativo ha dado pie a 20 causas judiciales distintas.
Una segunda reclamación judicial

Según publicó El País, la jueza de Orihuela que investiga la adjudicación del tratamiento de basuras en la Vega Baja, Rosa María Villegas, también se quejó a Cuasante en enero de 2015. En este caso, la jueza reclamaba que se analizara de una vez por todas la documentación incautada en los registros del verano de 2010 y se elaborara un informe. Aludía en su caso a los papeles y el soporte informático intervenidos en el domicilio de Ripoll y en la sede de la Diputación de Alicante.

La jueza Villegas daba a la jefatura de Policía que dirigía Cuasante el plazo “improrrogable” de un mes y le advertía que, de no responder afirmativamente, podría incurrir en un delito de desobediencia.

Resultó que se había producido un error en el envío, que pudo ser subsanado. En todo caso, la Policía aseguraba en un oficio que los documentos fueron enviados en bruto, sin analizar, y añadía que “la carga de trabajo asumida por las unidades policiales destinadas a la lucha contra la corrupción, con carácter general están provocando que el resultado de las gestiones encomendadas no se haga llegar a los diferentes juzgados en el plazo en el que son requeridos”.

Hace dos semanas, la Fiscalía Anticorrupción hizo público su  escrito de acusación en la pieza del presunto amaño de la adjudicación del servicio de recogida de basuras en el Plan Zonal de la comarca de la Vega Baja. El fiscal pide 16 años de prisión para el expresidente popular de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll; 17 para los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll, y otros cuatro para la exalcaldesa del PP de Orihuela, Mónica Lorente. En total acusa a 13 personas, entre ellos, políticos y ex cargos públicos y empresarios, y el exportavoz del PSPV en la Diputación alicantina, Antonio Amorós.
Vinculado a Cotino

El comisario principal Cuasante es considerado próximo a Juan Cotino en medios policiales. Cotino fue director general de la Policía con José María Aznar, entre 1996 y 2002.  Procedente de la Academia Militar de Zaragoza, José Javier Causante también es considerado un comisario afín al actual director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó.

En una conversación intervenida a Enrique Ortiz en el marco del caso Rabassa, el empresario y un socio se jactaban de que Juan Cotino –entonces consejero de Bienestar Social– les llenaba los geriátricos que tenían. Entre los socios de Ortiz en ese negocio estaba Vicente Cotino, sobrino del expresidente del Parlament valenciano, y uno de los empresarios que integraban la lista de donaciones irregulares al PP nacional. En las conversaciones del caso Rabassa, Cotino aparece reiteradamente señalado como el cauce que utilizaba el empresario Ortiz para llegar a la Generalitat.