El Gobierno de España contesta al de Canarias: la concesión del Oliva Beach es competencia estatal, no autonómica
El Ejecutivo nacional defiende la “literalidad” del Real Decreto que traspasó parte de las competencias en materia de costas a la Comunidad Autónoma y que no incluye las concesiones “compensatorias”, como la del hotel ubicado en las Dunas de Corralejo con orden de demolición
— Por qué el Consejo de Estado considera que Canarias no es competente para resolver el expediente del Oliva Beach
La Oliva Beach, hote. Imagen de archivo
La Oliva Beach, hote. Imagen de archivo
Toni Ferrera
30 de abril de 2024 22:22h
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Como era de esperar, el Gobierno de España ha contestado al Ejecutivo canario que las concesiones “compensatorias” sobre domino público marítimo-terrestre, como la ostentada por la mercantil Geafond Número Uno Lanzarote para gestionar el hotel RIU Oliva Beach, son competencia estatal y no autonómica, rechazando la argumentación esgrimida por la Administración liderada por Fernando Clavijo (CC).
Transición Ecológica declara la caducidad del hotel Oliva Beach de Fuerteventura y ordena su demolición
En un escrito publicado este martes tras la celebración del Consejo de Ministros, La Moncloa ha contestado al requerimiento de incompetencia formulado por el Gobierno regional en relación con la resolución del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico del pasado 27 de febrero que declara la caducidad de la concesión de uno de los hoteles de RIU en las Dunas de Corralejo y ordena su demolición.
Clavijo y el resto de su equipo entienden que las Islas cuentan con la competencia “exclusiva” en materia de ordenación del litoral, como así indica el Estatuto de Autonomía, y que eso incluye la gestión de los títulos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre, comprendiendo todas las concesiones sobre dicho espacio sin ninguna distinción.
Para poner en contexto, sobre las costas españolas existen dos tipos de concesiones: las previstas en el artículo 64 de la Ley de Costas, estas son, “toda ocupación (…) con obras o instalaciones no desmontables”; y las descritas en la disposición transitoria primera de la misma norma. Las primeras son las “ordinarias o comunes” en la materia. Las segundas, en cambio, tienen un “carácter excepcional”, llamándose “compensatorias”, pues buscan precisamente compensar al hasta entonces dueño de los terrenos por realizarse un tránsito de titularidad privada a pública (similar a lo que Costas pide ahora para la promotora del hotel en La Tejita, en Tenerife).
El Gobierno canario dice que le corresponden todas. Ha anunciado que irá al Tribunal Contencioso por ello. En su requerimiento al Ejecutivo nacional, “niega la diferenciación” entre concesiones y defiende que, si el Estado realmente es competente de las segundas, de las “compensatorias”, tendría que haberlo hecho explícito en el real decreto que traspasó servicios y funciones de la Administración General del Estado al Archipiélago en materia de costas en 2023.
La Moncloa ha respondido exponiendo una contradicción en la tesis del Gobierno regional: si este último dice que las competencias en costas se atribuyen en los Estatutos de Autonomía y no en los reales decretos (como así ha defendido desde el principio del conflicto), “no se entiende que se defienda”, entonces, “que estos [los reales decretos] tienen el valor de atribuir y reservar competencias al Estado”. Es decir: ¿por qué iba el Estado a detallar en el real decreto de traspasos que es el competente para una serie de concesiones si, según el Ejecutivo canario, el Estatuto de Autonomía ya brinda a las Islas la competencia “exclusiva” en este sentido?
El Real Decreto 713/2022, la polémica norma en cuestión, atribuye a la Comunidad Autónoma la “gestión de las concesiones demaniales a que se refiere el artículo 64 de la Ley de Costas”. No habla de las concesiones “compensatorias” de la disposición transitoria primera. El Ejecutivo nacional ha pedido que se respete la “literalidad” del documento.
El “choque frontal” entre el Gobierno de España y el de Canarias quedó escenificado más si cabe el pasado 22 de abril tras la reunión de la Comisión Bilateral para tratar este asunto. El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez (CC), creía que se trataba de una reunión política “donde [ambas entidades] debían demostrar su voluntad política de alcanzar un acuerdo”. Pero, según una nota de prensa emitida por el Ejecutivo regional, los representantes de la comisión estatal mantuvieron su tesis “jurídica” a rajatabla.
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23 años de cárcel
En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.
Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.
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“Nos sentaremos todas las veces que haga falta, pero vamos a seguir defendiendo nuestro Estatuto y el derecho de Canarias a gestionar su litoral”, subrayó Rodríguez. El Gobierno ha asegurado que cuenta con informes favorables de sus Servicios Jurídicos, de expertos constitucionalistas, del Consejo Consultivo y de un dictamen al respecto elevado por la Audiencia de Cuentas.
El pasado verano, Clavijo premió con el galardón Turismo Islas Canarias a la Proyección Internacional del Archipiélago al hotel RIU Oliva Beach de Fuerteventura, un complejo hotelero ubicado en las Dunas de Corralejo, categorizadas como Parque Natural y parte de la Reserva de la Bioesfera de Fuerteventura. El presidente de las Islas ha dicho que la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de demoler dicha edificación es un “atropello”.
