Memoria histórica

[47ronin]

El alcalde de Málaga se opone a retirar los honores al exministro franquista Utrera Molina

Fuentes del equipo de Gobierno piden tener en cuenta las "razones" del hijo del exministro, que escribió una carta llamando "miserables" y "cobardes" a los concejales que votaron a favor de la retirada

Néstor Cenizo Follow @nestorcevic
19/01/2018 - 19:38h

Lo que en un principio parecía que sería una  decisión que el Ayuntamiento de Málaga adoptaría sin mayor discusión (la retirada de los honores de la ciudad a un exministro franquista) se ha convertido, por obra de unas declaraciones del alcalde, en piedra de toque para medir el grado de desapego de Francisco de la Torre hacia la memoria de José Utrera Molina.

La historia, resumida, es la siguiente: el lunes 15 de enero la Comisión de Memoria del Ayuntamiento acordó por unanimidad proponer al Pleno la retirada de las distinciones (Hijo Predilecto y Medalla de la Ciudad) a José Utrera Molina, exministro franquista y conocido falangista fallecido el año pasado. Al día siguiente, su hijo publicó una encendida carta en su blog personal , denunciando a los "miserables –y cobardes-" concejales que pretendían retirar los honores a su padre y al conocer la carta, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, pidió a la oposición "renegociar" el acuerdo al que había llegado la Comisión de la Memoria, y que debía ser elevado a Pleno para que este lo aprobara como moción institucional.

El asunto parece ahora lejos de estar cerrado. La carta de Luis Felipe Utrera-Molina Gómez es una diatriba contra la decisión de los concejales. El hijo del exministro franquista se sintió dolido especialmente con la unanimidad de la propuesta. "Me pregunto si en el Pleno en el que se debata la propuesta se producirá una unanimidad clamorosa o habrá lugar para algún gesto de dignidad personal", escribió, recordando que De la Torre estuvo presente en el acto de imposición de la Medalla a su padre, en 1975, y también en el entierro en 2017, cuando se acompañó el traslado del féretro con cánticos del Cara al Sol.

Utrera-Molina Gómez, abogado de profesión, dice en su carta que hay algunos concejales que "están más obligados por su biografía que otros" y que se reserva "el legítimo derecho a enviarles a algunos de los miembros de esa corporación una pluma de gallina para mostrarles de esa forma mi desprecio". "Podrán los miserables –y los cobardes- retirarle los honores y oropeles del ayer. Pero no podrán empañar su recuerdo con la mugrienta grasa de su resentimiento", escribió el hijo del exministro.

"Esa medalla no se la concedió Málaga por motivos ideológicos sino por una exigencia de gratitud", según el hijo, que enumera algunas de las obras por las que debería guardársele tal gratitud, como "la ampliación del Carlos de Haya" y "la creación de ocho ambulatorios y agencias de la Seguridad Social y siete Hogares y una Residencia de Pensionistas". Para Utrera-Molina Gómez, la retirada de honores sería un "agravio" "movido por el odio, en unos, o por la cobardía en otros".
Distinción "por sus valores"

La carta tuvo inmediata respuesta del alcalde, que el miércoles llamó a la oposición a renegociar la decisión de retirar los honores. Las distinciones a Utrera Molina se deben a "sus valores, sus cualidades humanas y por su afecto a Málaga y su sensibilidad social", dijo De la Torre a Sur. Fuentes del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga explican a eldiario.es/Andalucía que "parte de las razones" expuestas por el hijo de Utrera Molina "deben ser consideradas" y que el alcalde nunca dio instrucciones para orientar el voto de los representantes del Partido Popular en la Comisión.

El alcalde se refirió también a la opinión que el secretario del Ayuntamiento manifestó en un Pleno de junio de 2016, que avalaría la tesis de que la distinción se extinguió con el fallecimiento de Utrera Molina. Sin embargo, el secretario no se refería exactamente al mismo supuesto, sino a cómo debía ejecutarse un acuerdo previo sobre la retirada de honores a Francisco Franco. Así consta en el acta del Pleno del 30 de junio de 2016, que puede consultarse en la web municipal. El acuerdo sobre el dictador había sido adoptado en noviembre de 2007 pero no se había ejecutado, de modo que en 2016 el Pleno aprobó instar al equipo de Gobierno a iniciar los trámites de ejecución. Es entonces cuando el secretario opinó que estaba "cumplido" con la mera adopción del Pleno en 2007, y que siendo un honor personal e intransferible no hacía falta comunicarlo a nadie porque la persona a la que se retiraban los honores, Francisco Franco, estaba evidentemente muerta.

En el caso de Utrera Molina no ha existido ningún acuerdo previo de retirada. No se trata de ejecutar, sino de adoptar un acuerdo similar al que se llegó en 2007 para el dictador. Fuentes del equipo de Gobierno interpretan que el artículo 15.1 de la Ley de Memoria Histórica (el mismo al amparo del cual se retiraron las distinciones a Franco) establece la retirada de símbolos que exalten la sublevación, la Guerra Civil y la represión de la dictadura franquista, pero no los reconocimientos. "La legislación en vigor, tanto la norma nacional como la autonómica, no recogen una revisión ad personam de los reconocimientos", entienden en el equipo de Gobierno. "De hecho, el espíritu de la normativa no es revisar la memoria colectiva sino reparar a las víctimas", aseguran, antes de añadir que "la comisión tendrá que seguir trabajando y determinar cómo se concreta la aplicación de la Ley en Málaga".

El inicio de este proceso tiene su origen en una demanda interpuesta ante la jurisdicción contencioso-administrativa por una asociación memorialista. El Ayuntamiento admite que contestó a esa demanda oponiéndose, aunque no ha explicado a este medio los argumentos por los que se opuso. El abogado ya avanzó a este medio que retirará la demanda si el Ayuntamiento acuerda retirar los honores a José Utrera Molina.

[PELAYO]

Callosa de Segura quiere retirar el próximo lunes la Cruz de los Caídos

La Gaceta
España   / 19 enero, 2018

Ha pedido a la Subdelegación de Gobierno un dispositivo de seguridad para retirar la próxima semana la Cruz que recuerda a los 81 asesinados por el Frente Popular.

El Ayuntamiento de Callosa de Segura, gobernado por un tripartito formado por el PSOE, Podemos e Izquierda Unida, ha pedido a la Subdelegación de Gobierno un dispositivo de seguridad para retirar la próxima semana, en virtud de la aplicación de la Ley sectaria de Memoria Histórica, la Cruz que recuerda a los 81 asesinados por el Frente Popular en el municipio.

Quiere que los agentes blinden la plaza para impedir la resistencia de los vecinos que ven en la retirada del símbolo “un ataque intolerable” a los católicos. Además, han exigido que la Policía Local y Guardia Civil controlen también todas las calles que dan acceso a este lugar y se coloquen vallas de seguridad.

Según publica diarioinformacion.com, el Consistorio pretende que los trabajos para retirar el monumento empiecen el próximo lunes 22 de enero y finalicen el 2 de febrero. La Plataforma en Defensa de la Cruz ha señalado en declaraciones a La Gaceta que tienen permiso para estar en la plaza hasta el próximo día 28 de enero, por lo que creen que el dispositivo se montaría a partir del 29.

En este sentido, ha manifestado que “no se van a quedar quietos” y que tienen “dos vías”: “El alcalde sigue con su deriva. Tenemos dos frentes para defendernos: el judicial y la movilización en la calle. Estamos viendo hasta donde podemos llegar”.

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Ha manifestado que lo que está sucediendo en su municipio “nada tiene que ver la Ley de Memoria Histórica sino que es un ataque a las creencias de una mayoría social”, no está dispuesta a consentir que “triunfe el rencor”. “Qué obsesión con ver política en una Cruz donde sólo está escrito el nombre de 81 víctimas”.

Los vecinos, muchos de ellos descendientes de las víctimas del comunismo, llevan más 380 días haciendo guardia para custodiar la Cruz. Solo piden “respeto a su fe”.

El regidor, Francisco José Maciá, ya confirmó el pasado mes de noviembre la intención de su equipo de dar cumplimiento “pronto” a la moción aprobada en el Pleno de marzo de 2016.

REVANCHISMO en estado puro. No entiendo que haya fusilados de primera y de segunda.

[47ronin]

Subdelegación velará por la retirada de la cruz de Callosa de Segura el día 29


Memoria Histórica lo tilda de "uno de los peores ejemplos de confrontación" en España e incide en su carácter falangista, frente a los vecinos que lo siguen defendiendo
Defensores de la cruz de los Caídos de Callosa en uno de los periódicos actos que llevan a cabo en defensa del monumento franquista.
Defensores de la cruz de los Caídos de Callosa en uno de los periódicos actos que llevan a cabo en defensa del monumento franquista. / Grupo Memoria Histórica Comunitat Valenciana
SONIA MARTÍN ALICANTE 19/01/2018 - 14:59 CET
   
La cruz de los Caídos de Callosa de Segura, uno de los peores ejemplos de confrontación entre las dos Españas, como lo califican desde el grupo de Memoria Histórica de la Comunitat Valenciana, tiene las horas contadas.

El gobierno tripartito que gobierna esta localidad tiene previsto retirar el lunes 29 el polémico monumento, defendido por un grupo de vecinos desde que hace casi dos años se aprobase en pleno su retirada, en cumplimiento de la ley de Memoria Histórica.


Desde la Subdelegación de Gobierno se llevará a cabo esa jornada un dispositivo de seguridad especial con el fin de preservar el operativo de retirada en la plaza de España, donde se concentran estos vecinos detractores, que aún pueden presentar alegaciones a esta maniobra. Ellos defienden que es un mero símbolo religioso.

Pero desde el grupo de Memoria Histórica de la Comunitat Valenciana piensan lo contrario; "es un hecho de guerra". Consideran la cruz como uno de los peores ejemplos de confrontación política, y lo que está sucediendo en esta localidad un episodio lamentable contra la autoridad democrática.

El presidente del Grupo de Memoria Histórica, Matías Alonso, insiste en que los mayores del lugar saben perfectamente lo que supone esta cruz, que fue erigida por la Falange, en el momento más crudo de la dictadura.


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Por su parte, el alcalde del municipio, el socialista Francisco Maciá, dice que actuarán con la máxima colaboración con la Subdelegación para que no se produzca ningún altercado.


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Se da la circunstancia de que, además, a pocos metros de la cruz, en la fachada de la iglesia hay un "víctor" camuflado entre las letras de carácter religioso del muro; es decir, un emblema personalísimo del propio Franco, explica Alonso, y que también persiste como símbolo franquista.

[47ronin]

Es un símbolo religioso.o es un.simbolo político?

[PELAYO]

En el monumento a las Brigadas Internacionales no hay simbología comunista?
Que pasa que los curas y gentes del pueblo fusilados por los comunistas merecen menos que los fusilados por los franquistas???
Solo hubo fusilados y represión por parte de un Bando???

[47ronin]

En el monumento a las Brigadas Internacionales no hay simbología comunista?
Que pasa que los curas y gentes del pueblo fusilados por los comunistas merecen menos que los fusilados por los franquistas???
Solo hubo fusilados y represión por parte de un Bando???

La jueza que dicto la sentencia argumenta el porque.

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Una jueza avala retirar la Cruz de los Caídos de Callosa de Segura por ser un monumento de exaltación de la Guerra Civil


La sentencia avala la potestad del Ayuntamiento para retirar el símbolo de una plaza pública y aplicar la Ley de Memoria Histórica
20.11.2017 | 10:23 | m. a. rives | Vega Baja
     
El Ayuntamiento de Callosa de Segura está legitimado para retirar la Cruz de los Caídos de la Plaza de España. Así lo recoge una sentencia dictada por el juzgado de lo contencioso administrativo Número 1 de Elche. El fallo, contra el que no cabe recurso, reconoce que se trata de un símbolo cristiano pero destaca que «se ha de descartar su simbología religiosa» porque «se erigió para conmemorar una sublevación militar y honrar a los vecinos pertenecientes a la facción ganadora que murieron durante la Guerra Civil española».


El procedimiento judicial que ha dado lugar a esta sentencia fue iniciado por el exalcalde de Callosa, Javier Pérez, quien recurrió en contra de un acuerdo de pleno adoptado en marzo de 2016 por el tripartito (PSOE, IU y Somos). Ese día se acordó la retirada del monumento para cumplir con la Ley de Memoria Histórica. Pérez alegó entonces que el Ayuntamiento no podía actuar porque el monolito se encontraba en un espacio que es propiedad de la Iglesia. Pues bien, la jueza ha estimado que la Plaza de España se halla debidamente inventariada como un bien de uso y dominio público, como defendió en el juicio el Ayuntamiento.

El fallo recoge que «se ha de desechar su carácter religioso, a pesar del simbolismo cristiano que representa la cruz en la religión católica. Y ello, habida cuenta que el monumento controvertido no se encuentra en un lugar de culto sino en una plaza pública del municipio y porque se erigió para conmemorar una sublevación militar y honrar a los vecinos de la localidad pertenecientes a la facción ganadora que murieron durante la Guerra Civil española, con la inscripción: ¡Presentes!, ocupando un lugar destacado el nombre de José Antonio Primo de Rivera».

Por todo ello, prosigue la magistrada, «se ha de descartar su simbología religiosa, dado su marcado carácter político y de exaltación del alzamiento nacional, como así dan fe de ello las manifestaciones que se han celebrado en el lugar por grupos de falangistas cuando supieron del posible traslado o demolición del monumento».

Por esos motivos la jueza considera que «el simbolismo del monumento cuestionado en la actualidad no se compadece con la manifestación de una voluntad integradora y de un espíritu de reconciliación, concordia y respeto al pluralismo y defensa pacífica de todas las ideas» a que hace referencia la Ley de Memoria Histórica.

Según la magistrada, el acto recurrido, es decir, la aprobación en pleno de la retirada de la Cruz, se ajusta a lo dispuesto en el artículo 15.1 de la citada ley, que establece que las administraciones públicas «tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura».

El juzgado ha condenado a Javier Pérez a pagar las costas del juicio, debiendo abonar 400 euros. Cabe destacar que todavía queda pendiente el recurso presentado por la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Cruz y otro que, según ese colectivo, ha registrado la Diócesis reclamando la propiedad de la Plaza. La agrupación defiende que hasta que esos procesos no concluyan no se puede retirar el monolito.

El portavoz, Antonio Illán, dijo que aceptan la sentencia aunque no la consideran justa porque la jueza no ha tenido en cuenta que la parroquia de San Martín eliminó las placas de Falange y borró el nombre de Primo de Rivera, dejando solo los de varias decenas de callosinos. Ese será su caballo de batalla.

[47ronin]

Carmena rendirá homenaje a Marcelino Camacho con una calle y una estatua
Cuando "se desbloquee" el cambio de nombres de las calles franquistas en Madrid el fundador de CC OO sustituirá al militar Agustín Muñoz Grandes



Madrid 21 ENE 2018 - 17:04 CET   

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha afirmado hoy que la ciudad debe recordar a las personas que "han marcado la historia" y, por ello, quiere "reforzar la memoria" de Marcelino Camacho, fundador de Comisiones Obreras, con una calle y una estatua. Así lo ha manifestado Carmena en el auditorio Marcelino Camacho, donde se ha celebrado un homenaje por el 100 aniversario de su nacimiento en el que diferentes actores políticos y sindicales han puesto en valor la vida de Camacho.

Carmena ha asegurado que la ciudad debe recordar "qué ha sucedido en ella" y ha insistido en que Camacho fue "un hombre ejemplar y hay que recordarle". Por su "importancia y transcendencia", Carmena ha señalado que cuando "se desbloquee" el cambio de nombres de las calles franquistas en Madrid el nombre de Marcelino Camacho sustituirá a l del militar Agustín Muñoz Grandes. "Cambiar los nombres franquistas es cumplir la ley de Memoria Histórica porque tienen que desaparecer las calles en el nombre de franquistas y de los traidores a la legítima República", ha afirmado.

Asimismo, Carmena ha mostrado su interés en también recordar la memoria del sindicalista con una estatua y con una placa conmemorativa en el colegio de La Paz para rememorar que allí "se inició el camino sindicalista". "Quiero más Marcelino en Madrid por su lucha y su trabajo incesante para un mundo mejor", ha recalcado.

Marcelino Camacho fue un trabajador metalúrgico y defendió la República durante la Guerra Civil, lo que le llevó a sufrir en los campos de concentración y en las cárceles franquistas. Desde la clandestinidad organizó las Comisiones Obreras y fue su primer secretario general, hasta 1987. También fue diputado por el PCE en las Cortes Generales en la legislatura constituyente y en la primera legislatura de la restauración democrática, hasta su dimisión a principios de 1981.

[47ronin]

INICIATIVA VECINAL de protesta EN CARABANCHEL
Francisco Franco, la 'espada de Damocles' que paraliza el cambio de calles en Madrid

El ayuntamiento frenó el cambio de callejero por un recurso de la Fundación Francisco Franco. Los vecinos de Carabanchel impulsan una manifestación reclamando ya la calle para Marcelino Camacho

26.01.2018 – 05:00 H.

El cambio en el callejero de Madrid no termina de despegar. Un recurso de la Fundación Francisco Franco está evitando que comience la modificación de las 52 placas de calles y plazas propuesta por el Comisionado de Memoria Histórica y que el pleno municipal aprobó el pasado abril. Ocho meses después, la nomenclatura franquista sigue presente en la capital y, por primera vez, casi 50 asociaciones vecinales del distrito de Carabanchel han impulsado una manifestación para reclamar que uno de los cambios se lleve a cabo ya: se trata de la calle Marcelino Camacho, que, según el dictamen de la comisión, sustituirá al actual paseo de Muñoz Grandes.

Precisamente, hace unos días se celebraba un homenaje con motivo del centenario del nacimiento del líder sindical de CCOO en el que la alcaldesa, Manuela Carmena, aseguró que "Marcelino" tendría "su calle". Pero el consistorio reconoce que hasta que el procedimiento judicial se resuelva, "están atados de pies y manos" y no darán comienzo al cambio de placas. En total, la Justicia debe pronunciarse sobre cuatro recursos que pedían de forma individual mantener las calles de General Asensio Cabanillas, Millán Astray, Hermanos García Noblejas y del Algabeño. Sobre las dos últimas, la Justicia denegó la petición de mantener las calles, pero la respectiva al fundador de la Legión sigue su curso en los tribunales y recientemente el auto de medidas cautelares adquirió el rango de firmeza, lo que apunta a que aún tardará algo de tiempo en resolverse.

Con todo, este no es el principal quebradero de cabeza para el consistorio. En realidad, el recurso más contundente en los juzgados va de la mano de la Fundación Francisco Franco, porque lo que pide es la paralización completa del acuerdo plenario y que no se cambie ni una sola calle de Madrid. Los portavoces de la fundación prefieren no compartir la exposición de motivos y dejar "que actúe la Justicia", pero reconocen a este diario que "nunca debió aprobarse esa ley" y que es necesario frenar estas actuaciones "cuanto antes".

Fuentes consistoriales reconocen que el recurso de la fundación es como una "espada de Damocles" ya que, hasta que no se la quiten de encima, no podrán dar cumplimiento al mandato de la memoria histórica. Una postura que los vecinos conocen, aunque para ellos no es suficiente. La falta de acción por parte del ayuntamiento y los recursos judiciales han impulsado una iniciativa vecinal en Carabanchel que exige un cambio de calle ya.

En total, casi medio centenar de asociaciones se ha puesto de acuerdo para manifestarse este sábado en el distrito. La concentración partirá de la glorieta del Ejército —junto a la parada de metro Carabanchel— y, tras recorrer el Paseo Muñoz Grandes, finalizará en el cruce con General Ricardos. "Informaremos de las razones por las que reclamamos un cambio de calle que debería haberse producido hace mucho tiempo", explican los organizadores, que reprochan en ese sentido al consistorio no dar un paso hacia delante. Uno de los portavoces, Gonzalo Aróstegui, afirma que se trata de "un toque de atención" para el equipo de Carmena, al entender que podía haber cambiado las calles dando cumplimiento a la ley aprobada en 2007 y "haciendo uso de sus competencias municipales", en vez de esperar a las resoluciones judiciales. "En Pamplona cambiaron la plaza Conde de Rodezno por plaza de la Libertad", insiste. "La competencia existe, si después hay procedimientos judiciales que afrontar, lo deben hacer. Pero se podría haber comenzado ya a cambiar las placas".

Los recursos por Asensio Cabanillas y Millán Astray paran el cambio de calles en Madrid
Paloma Esteban
Cuatro recursos contenciosos-administrativos obligan al Ayuntamiento a paralizar la renovación del callejero. El juez ha inadmitido dos de momento: el de García Noblejas y el Algarbeño

Fuentes del consistorio, por su parte, insisten —como ya hicieron el pasado verano al conocer los recursos relativos a Asensio Cabanillas y Millán Astray— en mantener la cautela y aseguran que no realizarán ni un solo cambio en el callejero madrileño hasta que la situación se resuelva. Reconocen que desconocen los tiempos de la Justicia y eso sí podría alterar el cumplimiento de las reformas en los plazos previstos. Fue en abril del pasado año cuando el pleno municipal aprobó la propuesta elaborada por el Comisionado de la Memoria liderado por Paca Sauquillo y un grupo de expertos con los votos a favor de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos, mientras que el PP se abstuvo por mantener algunas discrepancias con el informe final. A principios del mes de mayo, la Junta de Gobierno liderada por Carmena aprobó las 52 desapariciones y a día de hoy el ayuntamiento no puede garantizar la fecha concreta en que se reanudará el cambio del callejero.

La aplicación de la memoria histórica en Madrid es uno de los grandes hitos del Gobierno municipal de Ahora Madrid y una de las principales exigencias del PSOE-M, su socio de investidura. Tras año y medio de idas y venidas, con crisis internas incluidas, el comisionado participado de profesionales propuestos por los distintos grupos municipales logró reunir un consenso casi mayoritario. La designación de este grupo de expertos en marzo de 2016 fue la primera decisión que la alcaldesa tomó tras quitarle a Celia Mayer las competencias de la materia y dárselas a su mano derecha, Luis Cueto, aunque luego las asumió la propia alcaldesa. Su pretensión no era otra que dar carpetazo a una larga lista de controversias internas y externas en el Palacio de Cibeles. Varios meses después llegó el dictamen del comisionado y uno de los grandes éxitos de la corporación que, sin embargo, aún no ha visto la luz.

[47ronin]

Dos detenidos en la retirada nocturna de la Cruz de los Caídos de Callosa de Segura


Un grupo de vecinos de la localidad alicantina han hecho guardia durante más de 400 días con el objetivo de impedir el traslado del monumento franquista

Retirada de la Cruz de Callosa de Segura
Retirada de la Cruz de Callosa de Segura Efe
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29.01.2018 - 09:12
La Cruz franquista de los Caídos de Callosa de Segura (Alicante) ha sido retirada en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica en plena madrugada y con un fuerte dispositivo de seguridad, que ha dado como resultado dos detenciones por resistencia.


La retirada de este monumento erigido en la década de 1940 estaba pendiente desde 2016 y se había intentado en tres ocasiones, pero sin éxito debido a la oposición de un sector de los habitantes, la mayor parte de avanzada edad, que llevaban más de 400 días turnándose para evitar que fuera trasladada.

Varias decenas de estos vecinos se concentraron anoche junto a la cruz, en la céntrica plaza de España y al lado de la iglesia arciprestal de San Martín para expresar su rechazo a la inminente retirada.

Durante la madrugada, los agentes de la Guardia Civil y la Policía Local han desalojado la plaza, y en ese momento se han producido los arrestos de un hombre y una mujer por resistencia a abandonar el lugar y también por lanzar petardos a los agentes.

Protesta falangista en Callosa de Segura
Protesta falangista en Callosa de Segura Efe
Posteriormente, se han vallado los accesos a la plaza y una treintena de personas ha permanecido toda la noche en una de las bocacalles siguiendo el operativo.

Sobre las 4 horas han comenzado los trabajos previos del desmontaje por parte de cinco operarios municipales y a las 6.15 se ha conseguido quitar la cruz del pedestal y subirla a un camión grúa.

Tras la retirada de la cruz han comenzado los trabajos para desmontar el pedestal, que es de mármol blanco, igual que la cruz.

En el momento en el que la cruz de los caídos se ha separado de la base, se han producido insultos entre una decena de vecinos favorables a la retirada, con gritos que incluían lemas a favor de la República, y otra decena de personas que querían la permanencia del monumento.

Varios agentes se han interpuesto entre estos dos grupos para que no llegaran a más los incidentes.

De esta manera, ha tenido éxito el cuarto intento en poco más de un año para retirar la cruz de este ayuntamiento, dirigido por el PSPV-PSOE, Izquierda Unida y Somos Callosa.

Los vecinos que se han opuesto habían constituido la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Cruz y han tenido permiso para concentrarse junto a esta polémica figura de mármol blanco hasta ayer, domingo.

La Dirección General de Cultura y Patrimonio de la Generalitat Valenciana apoya la decisión del gobierno local de retirar la cruz de su emplazamiento actual y buscar otro distinto, que a su vez se respalda en una decisión del pleno municipal de principios de 2016.

Bajo el lema de 'José Antonio Primo de Rivera presente', este monumento fue levantado en la década de 1940, tras la Guerra Civil Española, para homenajear a los callosinos que murieron durante este conflicto y que estaban al lado del bando ganador.

En septiembre de 2016 fue retirada tanto la mención a Primo de Rivera como las placas de la Falange, y a partir de ese momento únicamente permanecieron los nombres de los vecinos fallecidos, un listado que, para el PP (en la oposición) y los que se oponen, "no supone exaltación del franquismo a los efectos señalados por la Ley de Memoria Histórica".

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Desconcierto en Callosa de Segura: el TSJCV paraliza la retirada de la cruz franquista y el PP pide su restauración


 El alto tribunal valenciano emite una resolución para valorar si se está vulnerando los derechos fundamentales de la libertad religiosa


Una técnica supervisa la carga en un camión de la Cruz franquista de los Caídos de Callosa de Segura EFE
Por Emilio J. Martínez
29 ene 201819:13

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia (TJSCV) ha ordenado "el cese inmediato de le ejecución de los trabajos de destrucción/retirada de la Cruz y pedestal, y/o su traslado a cualquier lugar" del monumento a las víctimas franquistas de Callosa del Segura, cuyo trabajo de retirada dio comienzo el consistorio la madrugada de este lunes.


La resolución del alto tribunal valenciano, de la que no cabe recurso, ha sido recibida por el Ayuntamiento del municipio alicantino en torno a las 11.30 horas de la mañana del lunes, es decir, unas cinco horas después de que fuera retirada la polémica cruz y cuando se estaba desmontando el pedestal que contiene el nombre de las 80 personas del bando franquista que fueron asesinados durante la Guerra Civil. En el operativo, entre fuertes medidas de seguridad por la presencia de colectivos de extrema derecha, han sido detenidas dos falangistas por mostrar resistencia y lanzar petardos a los agentes.

“La paralización ha llegado en el peor momento”, explica a eldiario.es el alcalde de la localidad, el socialista Fran Maciá, quien no ha ocultado su preocupación por la inseguridad que podría generar esta nueva situación. De momento, el consistorio ha planteado a la subdelegación del Gobierno “mantener una estructura básica policial” hasta que el TSJ dé nuevos pasos, posiblemente el próximo miércoles tras escuchar este martes las alegaciones del consistorio y de la plataforma en Defensa de la Cruz.

El vicepresidente de esta asociación cívica, Luis Valdés, ha afirmado que el alcalde de Callosa, el socialista Fran Maciá “recibió la comunicación del TSJ demandando medidas cautelares” a finales de la semana pasada, pero que “agotó el plazo hasta el viernes para contestar por fax sobre la determinación de iniciar este lunes las obras”. “Nosotros hemos seguido el procedimiento que nos ha dictado” el alto tribunal, ha respondido a las acusaciones el primer edil. Maciá sí que reconoce que respondieron al TSJ el pasado viernes en relación a un comunicado en el que, en contra de lo que asegura la plataforma, “se negaban medidas cautelares”.


El alcalde, que gobierna con Izquierda Unida y Somos Callosa, ha incidido en que para retirar la Cruz de los Caídos han contado con la autorización de la dirección general de Patrimonio en cuyos informes se recomendaba su traslado.

Sin embargo, la paralización temporal de las obras obedece a la nueva demanda ante los juzgados presentadas por el párroco de la iglesia de San Martín –en cuya plaza se encuentra el monumento- y miembros de la plataforma que evidenciaron el pasado domingo que el Ayuntamiento iba a iniciar las obras. En ella “reclamaremos responsabilidades patrimoniales y penales” a los regidores alicantinos, avanzó Valdés. 


Los defensores de este símbolo levantado en 1942 también han enviado una batería de demandas al Ministerio de Cultura porque aducen que la Cruz de los Caídos debería estar protegida patrimonialmente al formar parte del Bien de Interés Cultural (BIC) de la iglesia de San Martín. Y que, por tanto, su retirada definitiva debería enmarcarse dentro de un plan especial.

No obstante, Fran Maciá niega que la Cruz esté integrada en el conjunto protegido del BIC. Sobre la petición de la plataforma que ha entrado a valorar el TSJCV de una posible vulneración de los derechos fundamentales de la libertad religiosa, el edil socialista recuerda que el consistorio ya ha ganado dos juicios en cuyos autos se establece que en ningún momento se atenta contra este derecho al no encontrarse en un lugar de culto, “sino en una plaza pública”.

De todas formas, el equipo de gobierno de Callosa no descarta que se deba celebrar un nuevo juicio “y empezaríamos otra vez desde cero”, asume resignado. De momento, la Cruz permanece en el Centro de Interpretación de la Memoria Histórica de este municipio que no supera los 20.000 habitantes.

Respuesta del Partido Popular
El Partido Popular de Callosa de Segura ha anunciado este lunes que, si gobierna, usará “todos los cauces legales” para devolver la cruz a la Plaza de España al tratarse, a juicio de su portavoz Manuel Illán, de “un símbolo más religioso que histórico”. El representante de la formación conservadora considera que “la retirada ha sido un acto de marcado carácter anticatólico que no se puede permitir”.

Los populares han vuelto a pedir la dimisión del alcalde, el socialista Fran Maciá, por “arremeter contra los sentimientos religiosos de una parte de la población sin atender los requerimientos al diálogo y el consenso necesarios para gobernar en armonía”. El portavoz popular ha asegurado que “las formas del regidor recuerdan los tiempos que él mismo asegura aborrecer” y ha recordado que “siempre hay soluciones de consenso que el gobierno local ha despreciado por pura ideología radical” y que se han aplicado en otras poblaciones. En Alicante, por ejemplo, “socialistas y Compromís cambiaron las placas de la cruz de los caídos para que el monumento sirviera de homenaje a todas las víctimas sin necesidad de trasladarlo”.


Por último, el portavoz del PP ha lamentado “los gritos a favor de la República de los afines al gobierno local porque demuestran una ideología contraria al espíritu de la Constitución que ha traído 40 años de democracia a España”, así como las dos detenciones de personas contrarias a la retirada del monumento. “Las razones hay que defenderlas en las instituciones que democráticamente nos hemos dado”, ha indicado Illán.

[47ronin]

MEMORIA HISTÓRICA

Boadilla envía una carta a los vecinos de la calle de José Antonio disculpándose por tener que cumplir la Ley de Memoria


El ayuntamiento madrileño cambiará una calle con el nombre del fundador de Falange por el de Juan Carlos I después de que el Defensor del Pueblo le instara a cumplir la ley
En la carta, el ayuntamiento reitera que se opone a la medida por los "trastornos" que supone y por las "quejas" de los vecinos
Lara CarrascoPublicada 29/01/2018 a las 12:40Actualizada 29/01/2018 a las 21:56   

Los cambios de las denominaciones de las calles en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica parecen seguir molestando a ciertos ayuntamientos que se oponen a llevar a cabo las modificaciones. El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, gobernado por el PP, ha sido el último. El pasado mes de diciembre, enviaron un escrito a los vecinos en los que explicaba que la calle de José Antonio pasará a llamarse Juan Carlos I "en próximas fechas", un cambio que, según sus propias palabras, se ven "obligados a realizar".

El motivo de la "obligación" es una advertencia del Defensor del Pueblo derivada de una queja presentada por un vecino del municipio madrileño. Según la decisión de la institución, a la que tuvo acceso Europa Press, se instó al Ayuntamiento a tomar "las medidas oportunas" para cumplir lo previsto en el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, que establece que "las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura.


Además, el Defensor recordó que, entre las medidas que "pueden adoptar las administraciones públicas" para "contribuir al cumplimiento" del artículo, está "la retirada de subvenciones o ayudas públicas".


"Somos conscientes del trastorno que este cambio supone tanto para ustedes, los vecinos, como para los comerciantes que viven y desarrollan su actividad en la calle de José Antonio", reza el escrito enviado por el Consistorio. "Son los mismos trastornos que también sufrirá el Ayuntamiento que tiene su sede administrativa en esta calle", añade. Fuentes del Ayuntamiento insistieron a infoLibre en que las razones por las cuales se oponen al cambio únicamente tienen que ver con esas complicaciones y "trastornos" que supondría. "Recibimos muchas quejas de los vecinos", afirmaron.

En este sentido, Raimundo Herráiz, segundo teniente de alcalde, afirmó en una entrevista que "no se ha visto necesario" el cambio de calle por "el problema que eso supone para los comerciantes y vecinos". Además, manifestó que "en absoluto" existe ninguna reclamación ciudadana que solicite el cambio, a pesar de que la decisión del Defensor se adoptara después de la queja de un ciudadano. "Lo que pasa es que esta Ley de Memoria Histórica que sacó Zapatero, que solo sirve para los de un bando de una guerra de hace 80 años, va a quitar los nombres de un lado y no los de otro", opinó.

No obstante, el Ayuntamiento confirma que, aunque no comparten "el criterio de la institución", "como representantes públicos y garantes de la legalidad", cumplirán y acatarán "las sentencias judiciales, las disposiciones legales y mandatos de las altas instituciones del Estado".

[47ronin]

Diez casos en los que los tribunales frenaron la Ley de Memoria Histórica

La judicialización de cambios de calles y retirada de homenajes franquistas ha trabado la aplicación de la norma

El cese inmediato por orden judicial de la cruz de Callosa es el episodio más reciente de los problemas que encuentra la ley a diez años de su aprobación
Juan Miguel Baquero
30/01/2018 - 21:20h


Cartel de la concentración convocada para que la calle Millán Astray mantuviera su nombre franquista.

Un ayuntamiento aprueba retirar símbolos franquistas. Los operarios municipales van a cumplir el mandato plenario… y un tribunal ordena paralizar los trabajos. La sorprendente escena ha ocurrido en Callosa de Segura (Comunidad Valenciana). Pero no es única. Como prueba, un resumen en diez casos donde la justicia ha ido frenando la Ley de Memoria Histórica.

Paralización de trabajos en fosas comunes. Entierros donde se entona el ‘Cara al sol’. Permiso a manifestaciones fascistas. Pueblos con nombres dedicados a golpistas. España como paraíso de fundaciones franquistas. La Fiscalía torpedeando la Querella Argentina. El caso Garzón… La nómina es extensa y variada. Aunque limpiar las calles de apologías de la dictadura y la Guerra Civil sea quizás el uso más recurrente y visible de la legislación memorialista aprobada hace diez años.

1. La cruz de Callosa

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV)  ordena el "cese inmediato" de la retirada de la cruz franquista de Callosa. El pueblo aprobó –en pleno municipal en 2016– la eliminación del vestigio que homenajea a 80 golpistas muertos en la guerra. El Ayuntamiento ha presentado  alegaciones ante la decisión del alto tribunal valenciano porque el desmontaje truncado de la Cruz de los Caídos es "legal". Siguen a la espera, ante el desconcierto por la paralización de un trabajo iniciado con amplia presencia policial y de colectivos de extrema derecha.
Retiran la cruz franquista de un pueblo alicantino de noche y con 2 detenidos

La cruz franquista de Callosa. | EFE

2. Callejero franquista de Madrid

Un juez alemán atiende una denuncia de la Fundación Hitler y paraliza el cambio del nombre de las calles nazis de Berlín. Imposible, ¿verdad? Cambien la posición 3, 10 y 22 del enunciado por 'español', 'Franco' y 'Madrid'. El resultado sí es real: la nueva rotulación democrática del callejero madrileño está  recurrida por la organización fascista y suspendida cautelarmente por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 23.

Para hacer efectivo el obstáculo, la sala pide un depósito de 60.000 euros... y la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) abre una  campaña de donaciones para recaudar este dinero. La sociedad privada  celebra además una "nueva derrota del Ayuntamiento de Carmena" cuando el Juzgado número 2 detiene la retirada de la placa que nomina la vía General Asensio Cabanillas.

3. Fundación Franco

La organización creada en memoria del dictador ha recibido un puñado de denuncias. Alguna por ofrecer  apoyo legal a los ayuntamientos que incumplan la Ley de Memoria Histórica. Otras pasaron por la Fiscalía General del Estado a instancias de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), como en el caso de la petición de entrega de los  documentos secretos que posee la fundación en su sede, algo que también ha pedido IU. El  Congreso también ha recibido iniciativas pidiendo su  ilegalización o la  entrega de firmas tras replicar la sociedad franquista que  "Franco fue la antítesis de Hitler" y arremeter contra eldiario.es por "atacar" al dictador.

4. El pueblo del 'carnicero'

San Leonardo de Yagüe. Después de un largo litigio, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Soria  desestimó la demanda para que el pueblo eliminara el apellido del militar golpista. San Leonardo sigue escribiendo su topónimo en honor al general Juan Yagüe, conocido como 'el carnicero de Badajoz' por las  matanzas perpetradas en Extremadura. Un homenaje que prohíbe, en teoría, la legislación memorialista. La Fundación Yagüe  festejó la sentencia, en un país que no deja de ser el paraíso de las fundaciones fascistas.

5. Valle de los Caídos

La  denuncia al abad del Valle de los Caídos por negar el permiso a ocho exhumaciones autorizadas no hace efecto. Al menos por ahora.  Siguen cerradas las puertas del mausoleo construido por Franco con trabajo esclavo. La reparación de las familias de las  víctimas enterradas en Cuelgamuros, está en estado de espera. El prior está acusado de un delito de atentado contra la autoridad y denegación de auxilio. Ahí sigue, enrocado cual cancerbero, pese a que Patrimonio Nacional ha reconocido a los impulsores de la causa el derecho a sacar los restos óseos.
Memoria- El Gobierno reconoce que la Fundación Franco tiene en su archivo documentos secretos y pide que no se muestren

El Gobierno reconoce que la Fundación Franco tiene en su archivo documentos secretos.

6. Entierro falangista

Cantar el 'Cara al sol' en el entierro del ministro de Franco  José Utrera Molina no es delito. Es la opinión de la Fiscalía de Málaga, que  archivó la denuncia presentada tras el sepelio donde  individuos de extrema derecha entonaban el himno falangista en presencia del exministro Alberto Ruiz-Gallardón, yerno del finado. "No se trata de palabras en contra o para lesionar a ningún colectivo" sino "a favor del fallecido y en un entorno esencialmente íntimo", alegaba el fiscal malagueño, que acordaba en todo caso remitir testimonio a la Junta de Andalucía por si los hechos pudieran ser contrarios a la Ley de Memoria Histórica andaluza.

7. Manifestaciones y homenajes a golpistas

Tampoco salió adelante la denuncia ante la Fiscalía de un  homenaje a Franco junto a la fosa común donde se han exhumado a cinco represaliados republicanos. Sucedió en Lucena (Córdoba), donde Fuerza Nueva realizó un acto de exaltación del dictador. El partido 'Andalucía, entre todos' señalaba a la subdelegación del Gobierno por autorizar el homenaje. Como ocurrió en Madrid, donde la Delegación del Gobierno permitió una concentración en defensa del franquista Millán Astray, en un caso de  la legión contra Carmena al que se sumaron el  PP de Latina e incluso Esperanza Aguirre.
Fosa del franquismo exhumada en el cementerio de Lucena (Córdoba). | JUAN MIGUEL BAQUERO

Fosa del franquismo exhumada en el cementerio de Lucena (Córdoba). | JUAN MIGUEL BAQUERO

8. Fosas Comunes

¿Qué hace un juzgado cuando recibe la notificación de que ha aparecido una tumba ilegal con víctimas del terror franquista? Paralizar los trabajos arqueológicos. O denegar la exhumación. A veces  envía forenses para certificar que hay personas asesinadas. Y el magistrado quizás abra diligencias previas. Para, al final, acabar con el sobreseimiento del caso. Con suerte, los promotores de la exhumación en curso retomarán la tarea después de una parálisis, en ocasiones, de años.

9. Querella Argentina

Y si el intento de aplicar la ley viene desde fuera, tambíen hay muros. Es el caso de los  regates de España a la persecución del franquismo fuera de las fronteras patrias. Si esta negación del  "clamor internacional" contra la impunidad franquista que aludía el abogado Carlos Slepoy atisba alguna salida, ahí está la Fiscalía General del Estado para  torpedear las declaraciones de cargos franquistas y víctimas ordenadas desde la denominada Querella Argentina.

10. Caso Garzón

Y si hay un caso paradigmático, es el del juez Baltasar Garzón. El magistrado se declaró competente para investigar  delitos cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura. Abrió una macrocausa que acumuló 114.226 víctimas, desaparecidos forzados con nombres y apellidos que continúan en fosas comunes y cunetas de toda España. Y fue denunciado. Aunque queda absuelto, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lo expulsa de la carrera judicial por prevaricación en el caso Gürtel. El impulso era una 'condena' implícita y un aviso a navegantes: en el ordenamiento jurídico español no cabe, a tenor de las circunstancias, romper la impunidad de los crímenes de Franco.

[47ronin]

Un alcalde del PP llama “mamporrero” a García-Escudero e “indigente mental” a Zapatero por exigirle cumplir la Ley de Memoria Histórica

El regidor de Pajares de la Laguna se refiere también a Compromís como un partido de "delincuentes", "vagos", "proterroristas" y "matones"

El Senado denunciará ante la Fiscalía a Juan Antonio Benito de Dios, que además de alcalde, es director de un colegio


DOCUMENTO | Este es el escrito del alcalde de un pueblo de Salamanca en el que insulta a Zapatero y García-Escudero
Laura Cornejo Follow @lauracorama
31/01/2018 - 20:21h

Aunque encabeza su misiva al Senado con sendas citas de François Revel y George Orwell, Juan Antonio Benito de Dios (PP), alcalde Pajares de la Laguna (Salamanca), se despacha con un chorreo de descalificaciones hacia el presidente de la Cámara, Pío García-Escudero, el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el grupo Compromís. Y todo por recordarle el obligado cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.

El Senado llevará el escrito a la Ficalía, según informa Europa Press. Benito de Dios responde a una carta de la Cámara realizando "unas consideraciones de carácter histórico y político". En concreto, le dice a García-Escudero que si la institución que preside "no tiene otra cosa mejor que hacer y se dedica a perder el tiempo y los recursos" lo mejor es que "se disuelva y devuelva el dinero a los ciudadanos".

También dice que "se reclama lo que se reclama" en base "a una ley aberrante y abyecta" que va "contra el sentido común" para "manipular la historian enfrentar a la sociedad española y malgastar los recursos públicos". Se refiere a ella como "Ley de Mentira Histórica, o Ley de Mentira Histérica, o Ley de Resentimiento Histérico".
Descalificaciones a Zapatero y García-Escudero

Además, dice que la ley fue "depuesta por un tal José Luis Rodríguez el Rojo" (en referencia al expresidente Rodríguez Zapatero), al que califica de "indigente mental". Un presidente del Gobierno, según él, "salido del humo de unas bombas de origen desconocido" y que dejó "ruina absoluta y hambre generalizada".

Las descalificaciones se extienden también al propio García-Escudero, al que llama "vocero" y "mamporrero" del senador de Compromís que inició el requerimiento para que cumpliese la ley, Carles Mulet. De él, al que se refiere como "senador comunista" e "individuo", dice que representa "a algo" que parece "una pandilla, salvo excepciones" de "vagos, maleantes, violentos y antisistema, delincuentes y matones, proterroristas y antidemócratas". Asimismo, le recomienda "consultar hemeroteca y/o filmoteca" en caso de duda.

"Dígale a ese senador podemita que me indique qué crímenes ha cometido el señor cuyo nombre no debe, según él y sus adláteres, llevar la calle", pide. Asegura que él sí puede dar a conocer a Mulet "la larga lista de crímenes y asesinatos, atentados y agresiones, crueldades y atrocidades, destrucciones e incendios" que han sido "perpetrados por sus violentos y liberticidas correligionarios ideológicos en los años 30 y posteriores".

A la vez, se refiere a "más de cien millones de seres humanos asesinados en base a esa maravillosa ideología comunista". Para finalizar, afirma ser consciente de que en España "ninguna buena acción pasa sin su justo castigo" y desea a García-Escudero "lo mejor", ya que a él le ha tocado "la peor parte".
El PSOE pide el cese

El secretario General del PSOE de Salamanca, Fernando Pablos, informó a través de una nota de prensa que ha enviado una carta al consejero de Educación de la Junta de Castilla y León informando del "desprecio a la legalidad vigente y al Estado de Derecho cometido por el director del colegio público San Mateo, de Salamanca y a la vez alcalde de Pajares de la Laguna".

A la vez, Fernando Pablos pide el cese de Juan Antonio Benito de Dios, que en declaraciones a la Cadena Ser ha pido disculpas por "si alguien ha podido sentirse ofendido por uoso comentarios un poco de alto tono".

Por su parte, el PSOE de Salamanca también exige al PP que aparte "de manera inmediata" a Benito de Dios de la alcaldía, mostrando su disconformidad con la carta remitida al Senado. "En caso contrario podría dar la sensación de hacerse cómplice", añade.

[Celestino]

No habrá reconciliación mientras continúe la mentalidad de sometimiento y superioridad moral de los vencedores militares sobre los derrotados por las armas del golpe de estado del 36.

[47ronin]

ESTA MADRUGADA
La Cruz vuelve a la plaza de Callosa de Segura
La Gaceta
España   



    Los ciudadanos han colocado una nueva Cruz en el lugar donde se ubicaba la retirada unilateralmente por el consistorio.

Callosa del Segura vuelve a tener su Cruz. Ni el revanchismo ideológico del consistorio, que se ha saltado la ley durante su retirada, ni la presión de los grandes medios han podido con los anhelos de un grupo de ciudadanos que esta madrugada colocaron una Cruz de madera en el lugar donde estaba ubicada la anterior.

El  Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ordenó el pasado lunes al Ayuntamiento de Callosa que paralizara la retirada de la Cruz del municipio, que habían retirado de forma unilateral esa misma madrugada.

    Vosotros las quitáis y nosotros las ponemos . Por cada una que quitéis pondremos otra.. MÁRTIRES DE CALLOSA PRESENTES!!! pic.twitter.com/qzFYIMxEit

    — Carmenme (@Carmenmemarin) 1 de febrero de 2018

El letrado de Abogados Cristianos de este caso, Juan José Liarte, afirmó en un comunicado, tras la resolución del TSJCV, que la Cruz de Callosa es “un Bien Patrimonial Protegido sobre el que hay varios procesos abiertos, entre ellos uno relativo a la protección de derechos fundamentales”.

Liarte anunció que “pedirá la restitución del monumento a su localización habitual” e insistió en que en la cruz “no hay símbolos de exaltación al franquismo” y que, “por tanto, no incumple la Ley de Memoria Histórica”.

Aseguró también que “el auto del TSJ de Valencia supone un empujón a la decisión de Abogados Cristianos de presentar una querella contra el alcalde de Callosa, el socialista Francisco Maciá, por prevaricación” por la retirada de la cruz.

También avanzó que “la Asociación pedirá también la inhabilitación del regidor municipal para ejercer cargo público”.

En la nota de prensa, Liarte aseguró que “hay un vídeo de los concejales del municipio silbando un himno republicano mientras los operarios” retiraban este lunes la Cruz, lo que, a su juicio, “demuestra que este Ayuntamiento puede incurrir incluso en un delito de odio”.

[47ronin]

Memoria histórica
El TSJCV autoriza la retirada de la Cruz de los Caídos de Callosa pero ordena conservarla hasta que haya sentencia firme

    Levanta las medidas cautelares acordadas, rechazando adoptar las pedidas por la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Cruz e imponiendo al Ayuntamiento la obligación de su custodia adecuada
    Considera que la retirada de la cruz no produce "daños irreparables" ya que no se está produciendo una destrucción, sino "una deconstrucción, que debe hacerse con cuidado"

infoLibre Publicada 05/02/2018 a las 17:07 Actualizada 05/02/2018 a las 17:26


La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dictado dos resoluciones en las que autoriza al Ayuntamiento de Callosa de Segura (Alicante) a concluir los trabajos de retirada de la Cruz de los Caídos y el pedestal ubicados en la plaza de la Iglesia del municipio. No obstante, ordena que se conserve la cruz hasta que se dicte una sentencia firme que fije "definitivamente" su destino, informa Europa Press.

La retirada de la cruz se llevó a cabo en la madrugada del pasado 29 de enero, bajo un importante despliegue de seguridad para evitar incidentes ya que desde el 26 de diciembre de 2016, un total de 401 días, permanecían concentrados junto a ella miembros de la Plataforma en Defensa de la Cruz. Durante el dispositivo, dos personas, un hombre y una mujer, fueron detenidos por supuestamente alterar el orden público al lanzar petardos a la zona donde estaban trabajando los operarios. Además, un agente resultó herido leve al afectarle a un oído uno de los petardos.

Ese mismo día, el TSJCV ordenó al Ayuntamiento de Callosa del Segura "el cese inmediato de los trabajos de destrucción/retirada de la Cruz de los Caídos, y/o su traslado a cualquier lugar" al estimar un recurso de la parte contraria a la retirada.

Ahora, en sus resoluciones, el alto tribunal valenciano ha levantado las medidas cautelarísimas acordadas, rechazando adoptar las medidas cautelares pedidas por la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Cruz e imponiendo al Ayuntamiento la obligación de custodiar adecuadamente todos los elementos del monumento para que sea "perfectamente viable" la reconstrucción del conjunto si la Justicia, cuando resuelva el fondo del pleito, da la razón a entidad recurrente.

Según ha informado el TSJCV, los magistrados entienden que la retirada de la Cruz no produce daños irreparables; que no concurre el requisito legal de peligro en la mora procesal, ya que "no se está produciendo (por lo que se conoce), ni puede producirse, una destrucción del conjunto de los elementos que componen la Cruz, sino una deconstrucción, que debe hacerse con cuidado".

Para ello, requiere "especialmente" a la Administración, no solo en lo que se refiere al desmontaje, sino también su custodia con el objeto de que, en el supuesto de que definitivamente triunfara la tesis de la Plataforma Ciudadana, pueda reconstruirse "a costa de la corporación" municipal.

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Elche, que tramita el recurso interpuesto por el colectivo contra el acuerdo del pleno que desestimó una moción del PP del 13 de enero de 2017, será el que deberá determinar las cuestiones de fondo: si la supresión de la Cruz vulnera o no el derecho a la libertad religiosa; si la Cruz es un símbolo religioso o un elemento de justificación de una dictadura y la relación que pueda existir entre la declaración de monumento histórico-artístico de la Iglesia Parroquial de San Martín y la llamada Cruz de los Caídos.

El grupo municipal conservador pedía mantener la Cruz porque se habían realizado obras de remodelación y modificación del monumento, del que se habían eliminado placas y menciones conmemorativas y no creía aplicable la Ley de la Memoria Histórica. La moción fue rechazada por mayoría en el pleno municipal. Ese acuerdo fue recurrido ante el juzgado de lo Contencioso de Elche, que lo tramita como un procedimiento especial de derechos fundamentales, por vulneración de la libertad religiosa.

La sentencia de ese juzgado podrá ser recurrida ante el TSJCV, y según ha señalado el alto tribunal, será la sentencia firme que en su día se dicte cuando se determine "definitivamente" el destino de la Cruz. Asimismo, la sala rechaza la petición de la Plataforma Ciudadana para que la Cruz sea depositada en una nave cerrada y con vigilancia electrónica. Al tribunal, "le parecen suficientes las prevenciones que de cuidado y custodia se han impuesto a la Administración, mientras dura el proceso", concluye el auto.

Desmontaje

En su resolución, el TSJCV reprocha al Ayuntamiento que comenzara los trabajos de retirada del conjunto objeto del litigio sin esperar dos días a que se celebrara la vista en la que había de resolverse sobre la petición de medidas cautelares, y que lo hiciera sin comunicarlo al tribunal en los términos en que le había sido requerido el día 24, enviando un fax el viernes 26 "sin especificar temporalidad o momento concreto alguno para la operación de desmontaje".

"No se entiende por qué la Administración, que había esperado dos años para proceder al desmontaje de la Cruz no puede esperar dos días, que eran los que quedaban para resolver la apelación", subraya el auto.

La sección primera de lo Contencioso Administrativo recuerda que ya se había pronunciado, en sentencia firme, sobre la inexistencia de riesgo en la retirada del monumento, decisión que, según argumentan los jueces, "no contradice la paralización de los trabajos por la vía de urgencia acordada la semana pasada porque el objeto de los procedimientos judiciales era distinto": aquel se centraba en la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica; éste, en el principio de libertad religiosa.

A este respecto, subraya que aquella sentencia "constituye un antecedente, pero no un precedente determinante, porque el objeto del proceso en el que se dictó, aunque parecido, no es idéntico" al actual y tampoco lo son las partes, distintas en uno y otro caso.

De manera que, entre aquel y este proceso, existe una "fundamental diferencia" ya que en aquel, lo que se cuestionaba, desde la legalidad ordinaria, era la aplicación o no de la Ley de Memoria Histórica a la denominada Cruz de los Caídos de Callosa y en este, lo que en principio se cuestiona, es si la supresión de la cruz atenta, contraría o vulnera el principio de libertad religiosa "porque se dice que, los signos que recordaban entonces al franquismo han sido actualmente eliminados".

Voto particular

Las dos resoluciones del TSJCV notificadas este lunes sobre la Cruz de Callosa cuentan con el voto particular de uno de los cinco magistrados, que defendía la necesidad de adoptar medidas cautelares por considerar que la retirada de la Cruz antes de que se resuelva el fondo del pleito puede causar daños morales "irreparables". En este sentido, subraya el hecho de que en 2016 ya se eliminaron del monumento las placas que pudieran considerarse elementos de exaltación colectiva de la Guerra Civil.

"La situación preexistente consiste en la presencia de un monumento en el lugar durante setenta años, y que su desmantelamiento no se presenta socialmente pacífica y consensuada, sino fuente de conflictos, por lo que la ponderación de intereses en juego habría de conducir a la estimación del recurso, con revocación del auto y adopción de la medida cautelar", apunta el magistrado discrepante en su voto particular.

[47ronin]

El juez obliga a Torrejón de Ardoz a retirar 99 placas franquistas

El Ayuntamiento elaboró un listado de insignias con el símbolo del vítor franquista que el régimen colocó en viviendas protegidas

Luca Costantini
Madrid 6 FEB 2018 - 22:05 CET   

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 9 de Madrid condenó a finales de enero al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz a elaborar un catálogo de vestigios franquistas para proceder a su retirada, después de una denuncia interpuesta por una asociación para la recuperación de la memoria histórica. El municipio madrileño sostiene que ya ha redactado un listado de 99 restos (sobre todo placas), que se retirarán a lo largo de este año.

La Asociación Memorialista Ranz Orosas denunció al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (gobernado por el PP) por incumplir la Ley de Memoria Histórica y exigió la retirada de todas las menciones conmemorativas de la Guerra Civil y de la represión franquista. El juez, en su auto del pasado 31 de enero, ha dado la razón al colectivo liderado por el abogado Eduardo Ranz, y obliga al Consistorio de la ciudad, de 127.000 habitantes, a redactar "un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la dictadura franquista en el municipio, y adopte las medidas oportunas para su retirada".

El juez obliga con su auto al Ayuntamiento a retirar un centenar de placas, que el Consistorio asegura tener ya catalogadas. Se trata, sobre todo, de insignias con el símbolo del vítor franquista o Escudo de la Victoria, que el régimen de Franco colocó en viviendas protegidas y que, según la asociación de Ranz, el Consistorio de Torrejón de Ardoz intentó proteger. "El Ayuntamiento defendía la existencia del vítor franquista como si se refiriera al nombre masculino Víctor", relata en un comunicado.

Un portavoz del gobierno del PP de Torrejón de Ardoz, sin embargo, detalló este martes a EL PAÍS que ese auto ratifica una disposición municipal que ya está en marcha. En el pasado mes de noviembre, una comisión aprobó con la unanimidad de todos los partidos políticos el nuevo catálogo de vestigios franquistas. Ese listado cuenta con casi un centenar de placas, ubicadas sobre todo en el casco antiguo de la ciudad, y que se retirarán a lo largo de este año.

"Ya se ha iniciado el procedimiento administrativo para llevar a cabo la retirada de todos los símbolos franquistas existentes en Torrejón de Ardoz", explicó este martes un portavoz del equipo del alcalde Ignacio Vázquez Casavilla (PP). "Hemos incluido una partida en los presupuestos por un importe de 25.000 euros", agregó, y señaló que en septiembre el gobierno local ya cambió la nomenclatura de la calle del General Vigón (un militar que apoyó el bando sublevado durante la Guerra Civil) por el de calle del INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial).

En su auto, el juez se ampara en un dictamen de la Ley de Memoria Histórica, que recoge "el convencimiento de que los ciudadanos tienen derecho a que los símbolos públicos sean ocasión de encuentro y no de enfrentamiento, ofensa o agravio". El magistrado también argumenta que la administración local no cumplió con su deber de responder a las reclamaciones de la asociación de Ranz. Y acaba estimando el recurso interpuesto por la Asociación Memorialista Ranz Orosas por presunto silencio administrativo de la petición cursada al Consistorio.

Por ello, obliga al Ayuntamiento a "tomar las medidas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de la exaltación de la Guerra Civil de 1936 y de la dictadura posterior".

La asociación de Ranz se felicitó este martes por el auto, aunque lamentó que los ciudadanos tengan que pagar las costas procesales. "Según la sentencia, el Ayuntamiento ha sido condenado al pago de las costas procesales. Pago que, al igual que la defensa jurídica que se oponía al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, será costeado por todos los ciudadanos de Torrejón de Ardoz", afirmó en su comunicado. El Ayuntamiento puede presentar un recurso de apelación en un plazo de 15 días.
Propuesta de cambios en el callejero

La Asociación Memorialista Ranz Orosas cree que el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz debe eliminar las referencias al régimen franquista y la Guerra Civil del callejero. La asociación apunta a la calle de Paracuellos, aunque el Consistorio defiende que ese nombre no se refiere a la matanza perpetrada durante la Guerra Civil, sino al de un pueblo cercano, en un barrio donde aparecen menciones semejantes.

[47ronin]

Valencia
Compromís denuncia a la Fiscalía a siete ayuntamientos por incumplir la Ley de la Memoria Histórica

    La denuncia considera delito tanto de desobediencia como prevaricación no cambiar los nombres de calles franquistas

infolibre Publicada 09/02/2018 a las 11:37 Actualizada 09/02/2018 a las 12:44
 
Compromís ha interpuesto denuncias contra los ayuntamientos de Ocaña (Toledo), Serratella (Castellón), Pajares de Laguna (Salamanca), Rionegro del Puente (Zamora), La Roda (Albacete), Nalvalmoral de la Mata (Cáceres) y Tórtoles (Ávila), en las fiscalías provinciales correspondientes, al no considerar el cambio de nombres franquistas de sus respectivos callejeros, lo que desde Compromís entienden que supone incumplir la Ley de la Memoria Histórica.

Según informa Compromís, las denuncias han sido presentadas para que "en caso que la Fiscalía no abra diligencias", "en los casos más flagrantes" se interpongan directamente querellas en los juzgados ordinarios.

"Esta es una primera tanda, que nos servirá también para explorar qué fiscalías son más proactivas a actuar en estos casos, qué argumentos nos dan y qué vías toman. La ley, si está en vigor se ha de cumplir en todos sus extremos y ha existido tiempo suficiente para poder cumplirla", apunta el senador valenciano.

El año pasado, Compromís se puso en contacto a través del Senado con más de 2.000 municipios que cuentan con calles con nombres relativos al franquismo, en una campaña iniciada por Mulet por el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. A finales de año, informó de centenares de municipios que no habían contestado a la misiva del Senado a pesar de haber superado el tiempo dado por la institución. A todos ellos se les volvió a requerir la documentación, como paso previo a emprender acciones legales.

El partido valenciano explica que llevará ante la Justicia tanto a los ayuntamientos que no contestan, por un posible delito de desobediencia, como a los que no cumplen con la ley, por posibles delitos de prevaricación.

"También aquellos casos en los que se ha actuado de manera injuriosa, irrespetuosa o no se ha hecho caso a los requerimientos, se van a llevar ante la justicia", ha indicado Mulet.

De hecho, uno de los siete municipios denunciados es el de Pajares de Laguna, cuyo alcalde envió una carta con numerosos insultos hacia el presidente del Senado, Pío García-Escudero, a la propia formación de Compromís y contra el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. La Cámara Alta ha denunciado igualmente al alcalde.

[47ronin]

El vacío de la Ley de Memoria Histórica: "ni plazos ni sanciones" para obligar a su cumplimiento

    No son pocos los Ayuntamientos que, pese a una sentencia judicial que obliga a la retirada de simbología franquista, se niegan a ejecutarla o alargan el proceso sin que, según la normativa, se pueda actuar contra ellos
    "Primero se inicia un proceso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento" y, en caso de que no actúe, "se puede proceder por vía legal" contra el alcalde o la alcaldesa que gobierna el municipio, según Eduardo Ranz
    Compromís ha enviado, a través de la Cámara Alta, requerimientos a numerosos consistorios que, en algunas ocasiones, dan razones "de lo más absurdas" para negarse a cumplirlos, como afirma el senador Carles Mulet

Lara Carrasco
Publicada 11/02/2018 a las 06:00 Actualizada 09/02/2018 a las 18:51
 
 

[47ronin]

Archivan la querella de una víctima del franquismo contra 'Billy el Niño' por prescripción del delito


Antonio González Pacheco, más conocido por 'Billy el Niño', en una imagen de 2015 en Madrid.

EFE | Madrid
12/02/2018 13:13

El Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid ha archivado una querella de una víctima del franquismo contra el inspector de la Brigada Político Social Juan Antonio González Pacheco, Billy el Niño, al considerar que no existe delito de lesa humanidad y que el delito de tortura ha prescrito.

En un auto, al que ha tenido acceso Efe, la magistrada Belén Sánchez Hernández "declara extinguida la responsabilidad penal que pudiera derivarse de las presentes diligencias" contra Billy el Niño y acuerda, por tanto, el archivo de las actuaciones.
Con todo, la resolución no es definitiva y contra la misma cabe interponer recurso de reforma ante el juzgado y de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid.
Felisa Echegoyen Castanedo interpuso el pasado 14 de noviembre una querella criminal contra Billy el Niño por un delito de torturas cometido en 1974, en un contexto de crímenes contra la humanidad.
Pero la magistrada entiende que "no puede considerarse un delito de lesa humanidad, al faltar el requisito de tratarse de un ataque organizado y sistemático contra un grupo de población".
Y añade que "por haber transcurrido en exceso el plazo previsto" tampoco se da el caso de un delito de tortura, por lo que "procede declarar prescrito el delito que se persigue y extinguida la responsabilidad criminal de Antonio González Pacheco".
Precisamente la juez ha mantenido la misma tesis que hace tres años argumentó la Audiencia Nacional para rechazar la extradición a Argentina de Billy el Niño, reclamado por la juez María Servini que instruye la querella argentina por crímenes del franquismo.
Tal y como ha hecho ahora la magistrada, el tribunal defendió que habían prescrito los 13 delitos de torturas por los que se le reclamaba y rechazó calificarlos de lesa humanidad porque no formaban parte de un "ataque sistemático y organizado a un grupo de población".
La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra Crímenes del Franquismo (Ceaqua) ha tachado la resolución de "sumamente grave, sorprendente y totalmente rechazable" porque la "juez niega la represión que durante la dictadura franquista sufrieron, de forma organizada, planificada, generalizada y sistemática, todas aquellas personas que se oponían al régimen dictatorial, entre las que se encontraba la querellante".

Acusado de torturar "a cientos de personas"
En un comunicado, la coordinadora recuerda que Antonio González Pacheco era "un miembro destacado de la Brigada Político Social que sometió de forma sistemática y generalizada a torturas a cientos de personas por el simple hecho de ejercer oposición política al régimen dictatorial".
Un extremo, añade, que "constituye delito de lesa humanidad, tal y como se establece en pactos y convenios internacionales" y es expresamente reconocido por diferentes tribunales nacionales e internacionales.
La coordinadora carga contra la magistrada al recordar que la querella iba acompañada de dos informes periciales firmados por expertos pero de los cuales "no se hace ni la más mínima mención" de ellos en el auto y avanza que recurrirá el auto agotando todas las instancias estatales e internacionales.
El archivo de estas actuaciones se produce apenas unos días después de que la Fiscalía de Madrid pida al Juzgado de Instrucción 33 de Madrid que no admita a tramite otras tres querellas presentadas por víctimas del franquismo contra Billy el Niño, y otras personas por lesa humanidad, tortura y detención ilegal.