!Cómo están los Cuerpos!

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Arrestados en Algeciras cuatro agentes de la Guardia Civil por contrabando
Ayer a las 17:53


Cuatro agentes de la Guardia Civil han sido detenidos en Algeciras (Cádiz) en una operación contra el "menudeo" de contrabando, según han informado a EFE fuentes próximas de la investigación.

Los cuatro agentes estaban destinados en la misma unidad de aduanas del puerto de Algeciras.

Según las pesquisas, llevaban supuestamente años aceptando cartones de tabaco de contrabando a cambio de dejar pasar vehículos sin realizar el correspondiente registro.

En el marco de la operación desarrollada por la Guardia Civil y en la que han sido detenidos estos cuatro agentes, han sido detenidas otras cinco personas. Además se ha registrado este viernes un inmueble del centro de la ciudad, en la calle Saenz de Laguna.

Las mismas fuentes han indicado que la operación sigue abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.

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Detienen a un policía local por quedarse 1.000 euros de una cartera perdida


La cartera fue entregada por una ciudadana en las dependencias de la oficina municipal

La Policía Nacional ha llevado a cabo la investigación / cadena ser

EP
Cadena SER
16/12/2022 - 17:34 h CET

PalmaLa Policía Nacional ha detenido a un agente de Policía Local de Palma por quedarse presuntamente con 1.000 euros de una cartera perdida que había entregado una ciudadana en una oficina municipal de Palma. Según ha informado en una nota de prensa la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Baleares, la ciudadana entregó una cartera con 1.100 euros en billetes de dólar y euro, y en un primer momento no recibió resguardo. Unos días después sí se le hizo entrega de un justificante.

Sin embargo, la Policía Local detectó que un agente había consignado en el libro de registro tan sólo 100 dólares y diez euros. Se inició una investigación reservada por parte de la unidad de asuntos internos, y posteriormente la Policía Nacional se hizo cargo de las pesquisas. Los agentes del grupo de investigación de la comisaría de Distrito Centro de la Policía Nacional comprobaron que efectivamente faltaban 1.000 dólares.

La investigación descubrió que un agente había cambiado en cuatro casas de cambio distintas hasta treinta partidas de monedas de trece países, cuyo origen se está investigando para determinar si su procedencia es ilícita. El funcionario fue detenido como presunto autor de un delito de apropiación indebida.

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Condenan a un policía nacional por filtrar datos a un amigo en València


Accedió a fichas policiales, atestados o denuncias, donde figuraban datos personales de los testigos o los denunciantes.
M. M.
29·12·22 | 15:53 | Actualizado a las 16:13

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de València ha condenado al pago de una multa de 4.500 euros y a dos años de inhabilitación especial para el desempeño de empleo o cargo público, por un delito de revelación de secretos, a un agente de la Policía Nacional que proporcionó datos sobre actuaciones policiales a un tercero, que también estaba acusado en este procedimiento pero ha resultado absuelto.

El condenado trabajaba en los servicios de Respuesta, Conducciones y Custodias de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana y desarrollaba sus funciones principalmente en el traslado y la custodia de detenidos, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia en un comunicado.

Según recoge la sentencia, entre los años 2018 y 2019 el agente realizó 77 consultas de diversa índole a las bases de datos policiales de acceso restringido, a petición de su amigo. De este modo, accedió a fichas policiales, atestados o denuncias, donde figuraban datos personales de los testigos o los denunciantes.

En una de las ocasiones, el 15 de agosto de 2018, el agente penado estaba de vacaciones y, tras recibir una solicitud de información de su amigo, contactó con un compañero de trabajo que sí estaba en activo, le proporcionó las claves de acceso y le pidió que consultara un atestado policial.

Una vez obtuvo la información, se la pasó a su amigo a través de tres pantallazos, donde constaban datos de los testigos del caso y de la información que le habían dado a la Policía. La sentencia no es firme y puede ser recurrida en apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

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Condenan a un policía local por amenazar a un empleado de una gasolinera al que mostró la placa y le dijo que "le iban a pasar cositas"


EUROPA PRESSNOTICIA08.01.2023 - 11:13H
 
La Audiencia Provincial de Baleares ha rechazado el recurso del policía, que deberá pagar una multa de 360 euros.

La Audiencia Provincial de Baleares ha confirmado una condena contra un policía local por amenazar al empleado de una gasolinera de Calvià, al que advirtió que "le iban a pasar cositas", con alusiones a un atraco previo, tras mostrarle su placa de Policía durante una discusión mientras estaba fuera de servicio.

La Audiencia ha rechazado el recurso presentado por el policía contra la sentencia dictada por un Juzgado de Instrucción de Palma, confirmando una multa de 360 euros y el pago de las costas.

Según considera acreditado la sentencia, el incidente tuvo lugar el 14 de mayo de 2022, cuando el demandado acudió a repostar a una gasolinera de Calvià. Según una testigo, otra clienta de la gasolinera, al llegar el policía hizo una maniobra indebida para colocarse de los primeros en la fila y acceder al surtidor.

El empleado le hizo un reproche por ello y el policía, que no se encontraba de servicio, le exhibió su placa y a continuación le pidió el libro de reclamaciones.

Una vez dentro de la gasolinera, el empleado se negó a firmar la reclamación redactada por el policía. Según indicó en el juicio la testigo, el empleado no estaba de acuerdo con el relato que había puesto el cliente y quería redactar él su propio relato.

La sentencia recoge que le dijo al empleado que "le iban a pasar cositas", "hay gente que se las busca y se las merece", y también: "Ya te atracaron una vez y no me extrañaría que pasara otra vez".

Estas expresiones harían referencia a un atraco que el empleado había sufrido tiempo atrás, en el cual había sido apuñalado.

La defensa del policía impugnó la sentencia considerando que no se podía demostrar que había referido esas expresiones, pero el Tribunal ha rechazado su recurso apoyándose en el testimonio de la testigo.

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Torrevieja: La Audiencia condena a 8 meses de cárcel a un exinspector de la Policía Local por quitarle una multa a una amiga

La conductora ha sido condenada a otros siete meses y medio de prisión por pedir al exmando que hiciera desaparecer la infracción de tráfico

D. Pamies | @David_Pamies_
TORREVIEJA | 20·01·23 | 06:00

La Audiencia Provincial ha condenado al ahora exinspector jubilado de la Policía Local de Torrevieja a ocho meses y medio de prisión por un delito de infidelidad en la custodia de documento público al probarse que retiró una multa de tráfico de una persona a la que conocía. La vecina multada, y que nunca recibió la sanción de 200 euros, ha sido condenada ahora a siete meses y medio de prisión por un delito de tráfico de influencias y al pago de esos 200 euros y de las costas procesales del procedimiento.

La acusada anunció a los agentes que le impusieron la multa que conocía a un mando, el ahora condenado, y que se la iba a quitar, como así sucedió. Dos agentes responsables de la tramitación de las infracciones que fueron juzgados por los mismos hechos han sido absueltos.

D. Pamies

Durante los más de nueve años transcurridos desde la fecha en la que se registró la denuncia, en abril de 2013, a su enjuiciamiento, el agente de base que denunció el caso tuvo que dejar la plantilla de la Policía Local por las supuestas presiones que recibía del mando ahora condenado y de otros agentes de su entorno.

Hechos probados

La sentencia señala como hechos probados que el 30 de noviembre de 2012 dos agentes de la Policía Local que estaban patrullando por la avenida Rosa Mazón con el cruce de la calle Mª Humildad Jiménez, observaron como la conductora del vehículo conducido por la ahora condenada no respetaba un Stop y estuvo a punto de colisionar con el vehículo policial. 

Ironía

Los agentes le dieron el alto y tras perdirle uno de ellos que firmara el boletín de denuncia, la afectada le espetó, con «cierta ironía» y en tono «burlesco»: «claro que te firmo la denuncia hijo, si no la voy a pagar, escribe lo que quieras que voy a llamar ahora mismo a mi amigo el inspector Vera». Y la firmó. El importe de la sanción era de 200 euros.

Poco después, el 4 de diciembre de 2012, ese mismo agente se dio cuenta de que la denuncia original no estaba en el «buzón» que se empleaba para depositar las multas en el retén de la Policía Local. Lo que hizo entonces fue registrarla en la ventanilla única del Ayuntamiento de Murcia y la dirigió al departamento de sanciones de la Policía Local de Torrevieja. El fallo judicial admite que el policía procedió «de esta manera poco habitual, pero de indudable validez, ante la escasa fiabilidad que demostraban los buzones habilitados al efecto, que en ocasiones se desbordaban, cayendo las denuncias al suelo y sin medida de control alguna».

Un sistema peculiar

Fue a raíz de esta denuncia cuando el sistema de tramitación de multas en el Ayuntamiento de Torrevieja cambió por completo, aunque en ese momento las dependencias adolecían de medidas de seguridad para vigilar la «trazabilidad» de las multas. Cualquier agente podía tener acceso a ellas y no existía ningún registro.

Pero la que se envió por ventanilla única sí llegó a su destino. Fue registrado el 27 de diciembre de 2012.

La afectada por la multa «a la sazón -dice el fallo- encargada del servicio de Protección Civil de Torrevieja», se puso en contacto con el entonces inspector y con «ánimo de generar en él la intención de cometer una conducta delictiva», le pidió que «interviniera o hiciera lo necesario para no tener que pagar la multa de tráfico que le había sido impuesta». A ambos, dice la sentencia, les unía una relación de «cercanía consecuencia de sus respectivas profesiones»

De memoria

El mando denunciado se interesó personalmente por esta multa y preguntó a la agente que estaba gestionándola por ella. «Se sabía de memoria la numeración de registro», señala la sentencia y manifestó a la agente que «se olvidara de esa multa y que no volviera a preguntar más por ella». Así el boletín de denuncia no tuvo entrada en el SUMA, ni se tramitó procedimiento sancionador alguno. La multada nunca recibió la multa.

Era costumbre

El relato de los hechos incide en que el exinspector ya había intervenido en otras ocasiones en la gestión de multas, «obviando a sabiendas el procedimiento legalmente establecido para la tramitación de los expedientes sancionadores, extrajo en colaboración con tercero no identificado, el boletín de denuncia de la carpeta en la que había sido guardada haciéndola desaparecer».

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JUICIO EN LA SECCIÓN 7ª DE LA AUDIENCIA DE CÁDIZ

Decenas de años de condena y multas multimillonarias para los guardias civiles del Puerto de Algeciras y sus compinches


Juicio a cinco agentes y otras diez personas por colaborar con redes criminales

Un guardia civil camina por el Puerto de Algeciras en una imagen de archivo.
Un guardia civil camina por el Puerto de Algeciras en una imagen de archivo. / ERASMO FENOY

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JAVIER CHAPARRO
23 Enero, 2023 - 01:10h

La Sección Séptima de la Audiencia de Cádiz, con sede en Algeciras, enjuiciará el próximo mes de febrero a una supuesta red delictiva liderada por un cabo de la Guardia Civil destinado en el Puerto de Algeciras y otras catorce personas, entre las que figuran otros cuatro miembros de la Benemérita y un abogado. La Fiscalía Antidroga del Campo de Gibraltar les atribuye, entre otros, los delitos de pertenencia a organización criminal, contrabando, cohecho y blanqueo, según el escrito de acusación del ministerio público al que ha tenido acceso Europa Sur.

 MÁS INFORMACIÓN
Guardias civiles en la estación marítima del Puerto de Algeciras en una imagen de archivo.
Guardias civiles en la estación marítima del Puerto de Algeciras en una imagen de archivo.
Juicio a cinco guardias civiles y otras diez personas por colaborar con redes criminales en el Puerto de Algeciras
La Fiscalía solicita para el principal acusado, B.A.P., un total de 28 años de prisión, a razón de siete años por el delito de dirección de organización criminal; otros siete por contrabando (y multa de 10 millones de euros); seis más por el delito de cohecho (con una multa de 24 meses con una cuota diaria de 15 euros y doce años de inhabilitación especial para el ejercicio de funciones como guardia civil) y ocho años de prisión y multa de 900.000 euros por blanqueo de capitales agravado. A todos esos delitos se unen dos años de inhabilitación especial para el ejercicio de funciones como guardia civil por la comisión del delito de omisión del deber de perseguir delitos.

Junto a él, hay otros cuatro guardias civiles. F.J.J.M afronta una petición de condena de cinco años de prisión por la comisión del delito de integración en organización criminal; seis años y seis meses más por la comisión del delito de contrabando (con multa adicional de 8 millones de euros); cinco años por cohecho, con multa de 18 meses con una cuota diaria de 10 euros y once años de inhabilitación especial para el ejercicio de funciones como guardia civil; dos meses y 29 días de prisión y dos meses y 29 días de multa con una cuota diaria de 10 euros por falsedad de uso de documento mercantil falso y un año y 9 meses de inhabilitación por la comisión del delito de omisión del deber de perseguir delitos.

En el caso de F.A.G.T., la petición de la Fiscalía es de cuatro años y seis meses de cárcel por integración en organización criminal; cinco años y medio de prisión y multa de 7 millones de euros por la comisión del delito de contrabando, a los que se suman por cohecho cuatro años y seis meses de prisión, con una multa de un año con una cuota diaria de 10 euros y diez años y seis meses de inhabilitación especial para el ejercicio de funciones como guardia civil.

La también agente de la Benemérita M.P.V.A. debería ser condenada a las siguientes penas, a juicio del fiscal: cuatro años y seis meses de cárcel por integración en organización criminal; cinco años y seis meses de cárcel y multa de 7 millones de euros por delito de contrabando; cuatro años y seis meses de prisión y multa de doce meses con cuota diaria de 10 euros por el el delito de cohecho, junto con su inhabilitación especial para el ejercicio de funciones como guardia civil durante diez años y seis meses, más otro año y medio también de inhabilitación por omisión del deber de perseguir delitos.

El quinto guardia civil acusado es E.J.L.F., que hace frente a una petición de cuatro años y seis meses de prisión por integración en organización criminal; cinco años y seis meses por delito de contrabando, más multa de 7 millones de euros; cuatro años y seis meses de prisión, una multa de un año con una cuota diaria de 10 euros diez años y seis meses de inhabilitación como guardia civil por cohecho, más dos años y medio más de prisión y nueve meses de multa con cuota de diez euros por falsedad en documento mercantil.

El abogado de la trama
Para el abogado R.C.L. el ministerio público solicita en su escrito cinco años de prisión por el delito de integración en organización criminal, seis años y seis meses por contrabando (más una multa de 8 millones de euros), y dos meses y 29 días de cárcel por delito de falsedad de uso de documento mercantil falso.

El acusado J.C.R.S. deberá ser condenado, a tenor del escrito del fiscal, a las siguientes penas: por la comisión del delito contrabando, seis años de cárcel y multa de 8 millones de euros; por falsedad en documento oficial, dos años de prisión y nueve meses de multa con una cuota diaria de 10 euros; por el delito de falsedad de documento mercantil, cinco meses de prisión y cinco meses de multa con cuota diaria de 10 euros.

Para A.P.C. se solicita nueve meses de prisión y multa de 2 millones de euros por contrabando.

La acusada M.M.G.E. se enfrenta a una solicitud de condena de cuatro años de prisión por integración en organización criminal y a otros cinco años, más una multa de 500.000 euros, por blanqueo de capitales).

M.M.A.G., otra de las acusadas, afronta una petición de condena de cuatro años de cárcel por delito de integración en organización criminal, y otros cinco años más multa de 250.000 euros por blanqueo de capitales.

H.J.C. es acusado de un delito de integración en organización criminal, por el que afronta una petición de cuatro años de cárcel, y de un delito de blanqueo de capitales, con una pena de cinco años de prisión más una multa de 180.000 euros.

Idénticas penas y delitos que el anterior se atribuyen a S.A.P., si bien la multa en su caso asciende a 600.000 euros.

D.P.Y. debería ser condenado por la comisión de un delito de blanqueo de capitales, a juicio del fiscal, y una pena de seis años de cárcel y multa de 4,5 millones de euros.

A la acusada T.V.C. se le atribuye la comisión de un delito de blanqueo de capitales, por lo que se le piden cuatro años de reclusión y una multa de 250.999 euros.

El último de los acusados es L.A.S., quien por un delito de blanqueo de capitales afronta una solicitud de condena de 5 años de prisión y una multa de 1 millón de euros.

Las empresas de la red
La Fiscalía solicita igualmente el pago de cuantiosas multas a cargo de las empresas que servían a la red para blanquear sus actividades ilícitas y su disolución como personas jurídicas.

También prevé el ministerio público el decomiso de los efectos, instrumentos y ganancias productos del delito, incluyendo la totalidad del dinero en efectivo intervenido por la Guardia Civil, las cuentas corrientes y productos financieros de los encausados, terrenos, viviendas y naves, así como relojes de lujo, joyas y vehículos, entre los que figuran coches y motos de alta cilindrada y varias embarcaciones.

Finalmente, en concepto de responsabilidad civil, el fiscal propone que los siete principales acusados indemnicen de forma conjunta y solidaria a la Agencia Aduanera y Tributaria en la cantidad de 1.689.295,31 euros por las cuotas tributarias y aduaneras no ingresadas por los hechos cometidos.

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Diez años de cárcel al guardia civil que apuñaló a un agente y a la hija de este en Huesca


Historia de Agencia EFE • Hace 28 min


Madrid, 1 feb (EFE).- El Tribunal Supremo ha rebajado la condena de diez años y nueve meses a diez años y tres meses de prisión al guardia civil que intentó asesinar en 2020 a un compañero, asestándole 13 puñaladas cuando paseaba a su perro en compañía de su hija en Huesca, que también fue apuñalada al tratar de frenar el ataque.

La Audiencia de Huesca impuso al agente diez años y nueve meses de prisión por delitos de tentativa de asesinato con alesovía y ensañamiento al padre y lesiones agravadas a la hija, concurriendo la eximente incompleta de alteración psíquica, una condena que confirmó íntegramente el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

Y ahora el Supremo rebaja levemente la condena en seis meses al retirar la agravante de alevosía del delito de lesiones agravadas que pasa de un año y nueve meses a un año y tres meses.

El resto de la condena se mantiene inalterable. De esta forma ratifica las órdenes de alejamiento de 19 años del compañero y de 6 años de la hija de éste, así como el pago de indemnizaciones a cada uno de ellos de 150.000 y 40.000 euros, respectivamente.

Los hechos ocurrieron el 2 de mayo de 2020. Tanto el agresor como la víctima eran guardias civiles si bien pertenecían a distintos departamentos y no tenían especial relación.

Diez años de cárcel al guardia civil que apuñaló a un agente y a la hija de este en Huesca
Diez años de cárcel al guardia civil que apuñaló a un agente y a la hija de este en Huesca
© Proporcionado por Agencia EFE
Aquel día, mientras el padre y su hija paseaban a su perro por la calle, el condenado sin previo aviso y con intención de acabar con su vida, asestó hasta trece puñaladas en diversas partes del cuerpo al agente, principalmente en tórax, cuello y abdomen.

Mientras, el condenado se dirigía a la víctima con expresiones como "¿esto te gusta", "te voy a matar" o "algo malo va a pasar".

Ante tal ataque, la hija, que entonces tenía 16 años, trató de interponerse entre su padre y el agresor y de evitar que siguiera acuchillándolo, ante lo cual el condenado la apuñaló también y acto seguido volvió a hacerlo al padre, que estaba ya inconsciente cuando recibió los últimos navajazos.

Varias personas se acercaron y le pidieron que parase. Entonces, el agresor guardó la navaja y en ese momento, se abalanzaron sobre él y lo redujeron, sin que ofreciera resistencia.

En su sentencia, el Supremo respalda la actuación de los dos tribunales precedentes, si bien rebaja la condena de lesiones agravadas al entender que no existe alevosía porque el condenado actuó contra la menor para impedir su intervención en los hechos cuando ella trató de frenar la agresión a su padre, no porque previamente haya tratado de asegurarse que no puede defenderse.

(c) Agencia EFE

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El general Espinosa: «O me dejas la tarjetita esa de gastos, la buena... Acuérdate de traerme una»

CASO MEDIADOR

Las grabaciones, mensajes, fotos y vídeos que constan en el sumario son esclarecedoras. Los implicados en la trama se sentían instalados en una impunidad casi total
FRANCISCO SUÁREZ ÁLAMO
FRANCISCO JOSÉ FAJARDO
Las Palmas de Gran Canaria
Martes, 21 febrero 2023, 01:00
Los implicados en la trama de presunta corrupción se sentían instalados en una impunidad casi total, si bien algunos momentos dejaban caer en las conversaciones comentarios sobre la conveniencia de no dar muchos detalles «por teléfono». Las grabaciones, mensajes, fotos y vídeos son, en todo caso, esclarecedoras, a lo que se une el trabajo desplegado desde el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife.


En ese contexto, en noviembre de 2020 el general Espinosa pide a M. A. una «tarjetita esa de gastos, esa, la buena...», insistiendo seguidamente: «Acuérdate de traerme una». Se refiere a una de las tarjetas de pagos de difícil rastreo que integrantes de la trama utilizaban y donde los empresarios que pedían favores acaban pagando. En concreto, son tarjetas prepago Mastercard comercializadas por Correos. Este órgano estatal tiene para ello un contrato de servicios de agencia de dinero electrónico con la sucursal española de Prepaid Financial Services PFS Card Services Ireland Limited.

«Esto es un esfuerzo que ha hecho Antonio Bautista porque ahora mismo está la cosa que tiene que hacer un trabajo, firmar algo ya, porque él tenía unos presupuestos»
Ese mes se produce una conversación en la que el empresario Antonio Bautista que acredita que este habría sufragado viajes del general Espinosa a través de una tarjeta, con el añadido de que el militar prefería el dinero en metálico. «Mire, mi general», se oye a M. A. relatándole a Bautista un diálogo previo con el general, «yo le voy a ser claro, esto es un esfuerzo que ha hecho Antonio Bautista porque ahora mismo está la cosa que tiene que hacer un trabajo, firmar algo ya, porque él tenía unos presupuestos». «Está la cosa apurada, sí», subraya el empresario.

«El otro día le di un secretazo (...) cómo cojones que 'no me llaman', tienes que ir tú, tienes que ser tú el que sea la mosca cojonera»
En otro pasaje, fechado en enero de 2021, el militar advierte al intermediario que si él hace una llamada, hay que contestarle: «Escucha, y si no me coges el teléfono, me tienes que devolver la llamada». Después, más relajado, habla de la habitación de hotel que le están pagando los empresarios: «La habitación está muy bien, me gusta».


«Escucha, y si no me coges el teléfono, me tienes que devolver la llamada»
A renglón seguido, el alto mando de la Guardia Civil relata una conversación que tuvo con Antonio Bautista sobre un negocio para instalar placas solares, en el que el militar había intermediado: «El otro día lo llamé y le di un secretazo (...) ¿Cómo están los asuntos (...)? 'Ah, no sé, no me llaman'... cómo cojones que 'no me llaman', tienes que ir tú, tienes que ser tú el que sea la mosca cojonera».

También aparece un mensaje de móvil del general en el que comunica a su interlocutor que «el material llegó».

«La habitación está muy bien, me gusta»
El general Espinosa es el único de los investigados que se encuentra en prisión. Su papel en la trama se centra en intermediar, a cambio de pagos y otros favores, para instalar paneles fotovoltaicos y otros negocios, así como orientar las inspecciones del Seprona en explotaciones ganaderas.

[Heracles_Pontor]

Que delgada es la línea. . .

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Mediador: el general de la Guardia Civil quiso usar a su amante para hacer negocio con la UD Las Palmas


El sumario revela que el general de la guardia civil Francisco Espinosa solicitó a los empresarios de la trama que contrataran a la mujer, con el objetivo de acercarse a la directiva del club deportivo

BORJA MÉNDEZ
GONZALO ARALUCE
GEMA HUESCA

PUBLICADO 23/02/2023 04:45
ACTUALIZADO 23/02/2023 04:50

El sumario del caso Mediador revela que una de las personas investigadas, el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, a quien los agentes ubican en un puesto destacado de la red, trató de maniobrar para obtener una posición de afinidad con la cúpula directiva de la UD Las Palmas. En concreto, pretendió que uno de los empresarios de la trama contratase a una mujer con la que mantenía una relación estrecha, que a su vez era familiar del presidente del club, para así tratar de ofrecer algún acuerdo comercial. Así lo asegura uno de los investigados de la trama. Finalmente no se llegó a producir dicha operación ni hubo contactos con la institución deportiva.

De acuerdo a las pesquisas recogidas en el sumario, los empresarios de la trama pagaron un viaje al general de la Guardia Civil para disfrutar de una estancia en Canarias con esta mujer, a la que conocía desde hacía más de dos décadas. Esta mujer sería familiar del presidente de la UD Las Palmas y, según la declaración de uno de los investigados, el general retirado habría tratado de aprovechar ese parentesco para aproximarse al club.

Marco Antonio Navarro Taraconte, al que los investigadores atribuyen el papel de "mediador", declaró que el general Espinosa Navas conocía "desde hace 20 años" a una mujer "que era familiar de Ramírez (presidente de la UD Las Palmas), cree recordar que se dijo que era su prima". Estas declaraciones fueron realizadas el 12 de abril del año pasado en sede judicial cuando le tomaron testimonio los investigadores. "El general se refiere a ella en WhatsApp como el chocho volador", señaló uno de los presuntos integrantes de la trama.

El "mediador" asegura que el general buscó una coartada para viajar a Fuerteventura con esta mujer: "Para poder justificar ese viaje en su casa, el general necesitaba un documento en que se dijera que iba a dar una conferencia. Hay audios de esto. Este documento se lo hizo Cleanergetic, aunque obviamente esa conferencia nunca se llegó a celebrar".

Contrato como comercial

En el transcurso del viaje, en una cena en un restaurante, el general solicitó a uno de los empresarios que contratase a la mujer por 3.000 euros como comercial. En concreto, consideraba que podía influir en unas hipotéticas negociaciones con el presidente de la UD Las Palmas para la contratación de paneles solares en el estadio.

Finalmente, a este empresario "no le cuadraban" las cuentas y rechazó la contratación de la amiga del general, así como una serie de negocios que le propusieron en África. En varios audios, el general reconoció que esta decisión truncó el acercamiento con el equipo de fútbol.

El guardia civil manifestó: "Si sigo aquí en el proyecto hasta octubre, voy a seguir colaborando con vosotros". "Porque está aquí el volador", le respondió el conocido como el 'mediador' ."El chocho volador estará aquí trabajando con vosotros", le exigió el general. Finalmente, no se produjo ni la contratación de la mujer ni el acercamiento al club deportivo para tratar de instalar placas solares en su estadio.

En el sumario de la operación, desarrollada por los investigadores de la Policía Nacional, se puede comprobar que tanto el general como los políticos del PSOE desarrollaban sus extorsiones para atemorizar a los empresarios, que buscaban ayudas o beneficios. Algunos de ellos acabaron discutiendo con los miembros de la trama: "Espero que usted tenga memoria, sé que sí", envió Navarro Tacoronte a una de estas personas acompañado de una imagen de un local de alterne donde vivieron una fiesta.

El general hizo gestiones para enviar al Seprona
"Para presionar a los ganaderos canarios, el general Espinosa consiguió que se enviase al Seprona a varias ganaderías a inspeccionarlos y por ello se veían obligados los ganaderos canarios a pagar las comisiones impuestas porque se les decía que podrían ser sancionados en caso contrario, en caso de no pagarlas, resultando creíbles para ellos", reconoció Navarro en su declaración.

Este 'mediador' también confesó que los agentes del Seprona se enviaban para "crear un problema para solucionarlos después, en Sandra fue porque se habían pasado 1 centímetro del concurso". "El general hizo gestiones para enviar al Seprona y el Seprona fue a la ganaderías. Que ninguna de las 22.000 ganaderías canarias están legales", manifestó.

Bajo estas amenazas, los empresarios conseguían "relaciones poderosas" con un político y un general que estaban organizados para obligar a los empresarios a pagar comisiones si querían optar a contratos, subvenciones o servicios, afirman los investigadores.

Los hechos se remontan a hace más de un año y salpican al exdiputado PSOE, Juan Bernando Fuentes Curbelo, y a una decena de personas. Entre ellos destacan el guardia civil retirado Francisco Espinosa Navas o el Director General de Ganadería del Gobierno canario, Taishet Fuentes, así como una persona a la que definen como el "mediador", Marco Antonio Navarro Taraconte. La Fiscalía Anticorrupción constata que todos ellos -imputados en una causa que se sigue en el juzgado de instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife- se aprovecharon de sus cargos públicos para conseguir sus objetivos.

[47ronin]

Interior miente sobre el general preso: vestía uniforme de la Guardia Civil y tenía casa oficial


El departamento dirigido por María Gámez defiende que el mando no dependía de la Guardia Civil en la época en la que el juez le investiga por corrupción

Interior miente sobre el general preso: vestía uniforme de la Guardia Civil y tenía casa oficial
El general Espinosa, durante una ponencia, en marzo de 2021. | Embajada de España en Níger


Enrique Recio
@RecioEN
er@theobjective.com
Publicado: 23/02/2023  •  03:30
Actualizado: 23/02/2023  •  10:21
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El general retirado Francisco Javier Espinosa Navas sí formaba parte de la Guardia Civil en la época en la que el juez le imputa delitos de corrupción por su presunta implicación en una trama criminal que cobraba comisiones extorsionando a empresarios en Canarias, pese a lo que hasta ahora ha defendido la Dirección General, según revelan fuentes policiales de toda solvencia a THE OBJECTIVE. Tanto es así que, según estas mismas fuentes, el guardia civil incluso tenía vivienda oficial en Madrid.

Desde que el mando fue detenido hace una semana y posteriormente enviado a prisión, Interior ha defendido que Espinosa no dependía orgánicamente del Instituto Armado porque durante 2020 y 2021 dirigía un proyecto en el Sahel financiado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP). Y, por tanto, no tenía condición de general del Cuerpo en el mismo. «El general Espinosa ocupaba un cargo externo a la Guardia Civil», refieren a este periódico desde el área dirigida por María Gámez.

Ahora, sin embargo, unas imágenes demuestran lo contrario. En marzo de 2021, en el marco de GAR-SI Sahel, la misión dirigida por el general Espinosa, la Embajada de España en Níger organizó un seminario dentro del Foro sobre la Paz y la Estabilización en el Sahel titulado: «La lucha contra el terrorismo en el Sahel. El compromiso de España». Un encuentro que contó, según informó la delegación, con la participación de representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores, Defensa, Interior, Policía y Guardia Civil. Entre ellos, Francisco Javier Espinosa.

En la instantánea, que ilustra este artículo, el mando viste el uniforme de general de división de la Guardia Civil, pese a que supuestamente no dependía de este Cuerpo, mientras participa en una ponencia junto a otros mandos del Instituto Armado y de Policía Nacional, en representación del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska.


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Sueldo de 15.000 euros
El objetivo del proyecto dirigido por el entonces general -actualmente vigente aunque a cargo de otro mando de la Benemérita-, era «garantizar la estabilidad y la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado» en Mauritania, Mali, Níger, Burkina Faso, Senegal y Chad, según informó el Ministerio del Interior en el balance de sus dos primeros años.

Espinosa se encargaba de la formación de gendarmes en estas regiones de África occidental. Las fuentes consultadas por este periódico recalcan, no obstante, que el mando solo hacía viajes puntuales a estos países, mientras la mayor parte del trabajo la realizaba desde Madrid. Al parecer, indican estas mismas fuentes, el mando seguía manteniendo en la capital española una vivienda oficial, propiedad de la Dirección General de la Guardia Civil.

El general detenido ganaba 15.000 euros al mes por un proyecto en África que dirigía en Madrid
El general detenido ganaba 15.000 euros al mes por un proyecto en África que dirigía en Madrid
Enrique Recio
Este proyecto, iniciado en 2017 y por el que este guardia civil percibió el mismo sueldo (300.000 euros brutos anuales) durante tres años -hasta que pasó a la reserva-, también contaba con la participación de la Gendarmería Nacional de Francia, el Arma de Carabineros de Italia y la Guardia Nacional Republicana de Portugal.

Único investigado en prisión
La Policía Nacional detuvo en Madrid a este mando retirado en el marco de la operación Mediador, desarrollada en varias provincias por presuntas irregularidades en la gestión de subvenciones vinculadas a productos de alimentación en Canarias y cobrar comisiones a cambio de no realizar inspecciones. El juez imputa al general Espinosa los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa y cohecho.


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El general detenido por corrupción en Canarias montó un cine en su oficina para ver el fútbol
El general detenido por corrupción en Canarias montó un cine en su oficina para ver el fútbol
Enrique Recio
Según los investigadores, durante 2020 y 2021, aprovechándose de su posición, el mando se encargaba de amenazar a los empresarios extorsionados por otros implicados en la trama criminal con posibles inspecciones del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. Junto a él, fueron arrestadas otras 12 personas, entre ellas Taishet Fuentes, ex director general de Ganadería del Gobierno canario y Juan Bernardo Fuentes, exdiputado socialista en el Congreso por la provincia de Las Palmas.

El Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, encargado de la investigación, decidió el jueves pasado poner en libertad a todos los detenidos salvo al general de la Guardia Civil, para quien decretó prisión provisional comunicada e incondicional.  Según revela El País, en el sumario del caso también constan visitas de miembros de la presunta trama criminal al despacho del mando Espinosa en la sede de la Dirección General de la Guardia Civil, en la madrileña calle de Guzman El Bueno, en octubre y noviembre de 2021. Las pesquisas policiales revelan que, pese a supuestamente no tener un cargo en el Cuerpo, seguía manteniendo distintos privilegios en el mismo.

Su jefatura en Las Palmas
El general detenido por corrupción en Canarias montó un cine en su oficina para ver el fútbol
La ‘sala de cine’ que el general Espinosa’ mandó construir en 2009. | TO
Fuentes de la Benemérita consultadas por este periódico, no obstante, resaltan que Espinosa ya acumuló numerosas irregularidades durante su jefatura en la Comandancia de Las Palmas, entre 2008 y 2012; y que, pese a haber sido denunciadas ante la Dirección General de la Guardia Civil, no se investigaron o no prosperaron. Entre ellas, destaca la sala de cine que construyó para uso personal en las mencionadas instalaciones policiales, la construcción de cuarteles sin luz o agua corriente o el cierre de calabozos por sus condiciones infrahumanas.

La Guardia Civil da por descabezada la facción más violenta de los Latin Kings en España
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R.T.O.
Estas fuentes denominan a la que supuestamente debía ser una sala de conferencias como «de cine» porque «realmente así lo era». Basta con fijarse en las butacas de las imágenes en la parte superior. Al parecer, según indican, el entonces coronel «gestionó personalmente» la adquisición de 40 asientos acolchados del mítico Cine Royal de Las Palmas, antes de que fuese derruido en agosto de 2009. Tanto es así que las butacas tienen el mismo aspecto, siguen numeradas y sobre el emblema de la antigua empresa se cosió uno de la Guardia Civil.


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«Era un forofo del fútbol, y lo hizo para ver los partidos en pantalla grande, sobre todo los del Sevilla. De hecho, le apodaban el señorito andaluz». Esta sala, que también cuenta con un proyector de cine y ahora se emplea para reuniones y charlas, «está ubicada en el módulo uno de la Comandancia de la Palmas, en la calle Alicante, en la parte inferior de la vivienda oficial en la que suele habitar el mando de las dependencias. El general Espinosa vivió en ese inmueble cuatro años», apuntan fuentes del Instituto Armado.

Calabozos a 40 grados
Un año después, en 2010, el guardia civil se vio obligado a clausurar los calabozos del cuartel de Arguineguín, en Gran Canaria, después de que el Defensor del Pueblo emitiese un informe detallado sobre el deterioro de las dependencias, que tenían falta de ventilación, limpieza y de luz. Los técnicos de este departamento llegaron a medir una temperatura de hasta 40 grados. Las asociaciones profesionales habían denunciado en distintas ocasiones la precariedad de numerosas instalaciones de la Guardia Civil en el archipiélago canario. Después de este cierre, sin embargo, no se tomó ninguna medida.

Otro capítulo que las fuentes destacan es el de numerosas obras en dependencias del Instituto Armado a cargo siempre de un mismo constructor en la isla. «Se hicieron obras en las que al concluir no había fluido eléctrico, ni agua potable, como ocurrió, en este último caso, con un cuartel de Lanzarote». «En las dependencias policiales de Costa Teguise se acondicionada y pintaba supuestamente cada año el perímetro. La realidad es que se pagaba, pero después no se hacían los trabajos. Hubo muchas irregularidades», revela un agente.

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Investigan al teniente de la Guardia Civil de Villarrobledo



Teresa Jiménez - lunes, 27 de febrero de 2023
Los hechos vienen de la gestión realizada por el mando del Puesto Principal del cuartel de la Guardia Civil de Villarrobledo, Rodríguez en el Viña Rock 2016 y, presuntamente, en el de 2017. El teniente llamado a declarar al Juzgado aplazó la vista
Investigan al teniente de la Guardia Civil de Villarrobledo
Investigan al teniente de la Guardia Civil de Villarrobledo

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El teniente de la Guardia Civil de Villarrobledo es investigado por falsificación de documento público. Los hechos viene de la gestión realizada por el mando del Puesto Principal en Viña Rock 2016 y 2017.


La Asociación Unificada de la Guardia Civil de Albacete a través de su secretario general José Agustín Clemente Martínez, informó a La Tribuna de Albacete que "el Juzgado Número 2 de Villarrobledo citó ayer al teniente comandante del Puesto Principal de la Guardia Civil de Villarrobledo A.R., como presunto, pero investigado, de unos hechos motivados por firmar falsamente en nombre de otro, lo que se califica como falsificación imprudente de documento público. El teniente que se desplazó con otros guardias civiles, entre ellos uno de los testigos, en el coche oficial al Juzgado de Villarrobledo aplazó la declaración y el testigo, uno de los tres llamados a declarar que ya no está en el Puesto Principal, dijo que no recordaba nada,  que habían pasado años".

Según el representante de la Asociación Unificada de la Guardia Civil de Albacete "a A.R le incautan posible sanción/denuncia, interpuesta por el personal de la unidad en el Festival Viña Rock 2016 y, presuntamente, en el de 2017".

Indicó que "la denuncia fue presentada en mayo de 2021 por el agente A.H., y en un primer lugar fue sobreseída y archivada en septiembre de 2023 por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Villarrobledo sin practicar ninguna prueba por diligencia alguna".


Informó que "el denunciante interpuso recurso de apelación acordando la Audiencia Provincial la revocación del caso y ordenando al Juzgado que practicara las diligencias sin demora alguna en un auto que deja señalada a la jueza del Juzgado al no realizar ninguna prueba testificalmente oficial ni se practica licencia alguna, ni tan siquiera ofrecimiento de acciones al perjudicado ni ratificación de denuncia, algo básico, con lo cual es un hecho claro de indefensión y deja en evidencia la tutela efectiva a los tribunales por parte del compañero".

Para  la Asociación Unificada de la Guardia Civil "es un hecho desagradable con una situación muy rara y muy incómodo para los propios guardias civiles del Puesto Principal que tienen una buena relación de compañerismo".

[47ronin]

Imputado un teniente coronel de la Guardia Civil de València y dos familiares por supuestas adjudicaciones irregulares
Historia de Carlos Navarro Castelló • Ayer a las 21:37


Agentes del Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil irrumpieron el 12 septiembre del año pasado en el cuartel del barrio de Benimaclet en València en busca de pruebas por presuntos contratos irregulares de obras en diversas dependencias, así como en compra de material, adjudicados por el teniente coronel interventor designado por las fuerzas armadas.

Los efectivos del SAI realizaron un registro para analizar diversa documentación relacionada con la gestión económica, tanto en las mencionadas instalaciones como en el domicilio particular del teniente coronel.

Desde entonces, poco más se había vuelto a saber de este caso. Ahora, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana han informado a elDiario.es de que "el Juzgado de Instrucción 3 de València tiene diligencias abiertas en las que están investigados, por la posible comisión de delitos contra la administración pública, a un militar (teniente coronel interventor) y a otras tres personas, entre ellas dos familiares suyos, por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de obras en dependencias de la Guardia Civil y compra de material".

Las mismas fuentes han añadido que "los investigados aún no han prestado declaración en sede judicial" y que "la causa ya no es secreta pero se encuentra en fase inicial de la instrucción". Además, "el juzgado ha nombrado a tres peritos (arquitectos) para examinar las obras bajo sospecha y realizar el informe correspondiente".

La investigación trata de esclarecer si el teniente coronel o sus familiares habrían recibido mordidas por la adjudicación de esos contratos y si estos se vieron alterados al alza en su cuantía para desviar el dinero público.

Según informaron en el momento de la operación fuentes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGV) a este diario, el investigado llevaba unos 16 años controlando prácticamente todos los gastos y adjudicaciones en la Comunitat Valenciana: “Es la persona que manejaba todo el dinero, cualquier gasto pasaba por él porque era el que tenía que dar el visto bueno, ya sea a nivel de adjudicaciones de obras o de dietas”.

La organización criticó que en los últimos meses se había restringido de una forma drástica la información en relación con los gastos de la Guardia Civil en la Comunitat Valenciana.

[47ronin]

Más madera, más madera..


Detienen al comisario de Fuengirola por violación de secretos, coacciones y omisión de perseguir delitos


Detienen al comisario de Fuengirola por violación de secretos, coacciones y omisión de perseguir delitos
Tras su traslado a comisaría, se va a proceder a su cese, suspensión de sueldo y empleo y a la apertura de un expediente disciplinario

Irene Quirante
Irene Quirante

Lunes, 6 de marzo 2023, 11:21



El comisario de la Policía Nacional de Fuengirola, José María Tocornal Blanco, ha sido detenido esta mañana en la localidad malagueña por su presunta participación en delitos relacionados con la omisión del deber de perseguir delitos, coacciones, violación de secretos con grave daño para la causa pública, descubrimiento y revelación de secretos.

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De acuerdo con fuentes de la investigación, tras su traslado a comisaría se va a proceder a su cese, suspensión de empleo y sueldo y apertura de un expediente disciplinario.

Junto al comisario, la Policía Nacional ha detenido a otro empresario de la zona. Al parecer, la causa por la que se ha procedido a los arrestos no guarda relación con ningún caso hasta ahora conocido. Tocornal Blanco tomó posesión de su cargo en enero de 2018.

[47ronin]

La Fiscalía rebaja de 13 a 1 año y medio de prisión la condena al Guardia Civil de Vinaròs acusado de tráfico de drogas y revelación de secretos


El agente no entrará en prisión al no llegar a la pena mínima que exige el ingreso


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Laura Abad Catalán@laura_abad_

Radio Castellón
07/03/2023 - 12:00 h CET
El Ministerio Fiscal y la defensa del Guardia Civil de Vinaròs acusado de tráfico de drogas y revelación de secretos han llegado a un acuerdo por el que el acusado no tendrá que entrar en prisión.


El acuerdo alcanzado entre ambas partes recoge que el agente de la Benemérita será condenado a 1 año y 6 meses de prisión y 2.000 euros de multa por un delito contra la salud pública, así como a 6 meses de prisión por revelación de secretos.


Los hechos comenzaron a partir de una investigación del Servicio de Asuntos Internos 5 de la Benemérita, que detectó comportamientos anómalos en el procesado al consultar información relacionada con personas vinculadas a la venta y consumo de estupefacientes en bases de datos policiales, información que compartía con terceras personas.

A partir de esta investigación, se determinó que el 30 de mayo de 2016 el guardia, acompañado de otro de los procesados, se trasladó hasta Roquetes de Mar, donde el tercer encausado les vendió 50 gramos de cocaína. El guardia y su acompañante fueron detenidos al día siguiente, cuando regresaban con la droga, que pensaban destinar para el consumo de terceros.


Además, otras dos personas que colaboraron en el entramado han sido condenadas a 9 meses de prisión.

[47ronin]

La Justicia brasileña condena a nueve años de cárcel al comisario de la Policía española que mató a su esposa


Jesús Figón no llegó a pisar una cárcel brasileña por su acreditación diplomática: el Gobierno del PP le mantuvo en el cargo y le ofreció otro de asesor cuando llegó la edad de jubilación para que mantuviera la inmunidad






Pedro Águeda

10 de marzo de 2023 14:56h

Actualizado el 10/03/2023 22:57h

El comisario del Cuerpo Nacional de Policía Jesús Figón ha sido condenado por la justicia brasileña a 9 años, 4 meses y 15 días de prisión por el homicidio de su esposa, Rosemary Justino Lopes, nacional de aquel país y con la que residía en la ciudad de Vitória (capital del Estado de Espirito Santo). El crimen se produjo cuando Figón estaba destinado en Brasilia como agregado de Interior en la Embajada española, lo que propició que no llegara siquiera a ser detenido al gozar de inmunidad diplomática.

Jesús Figón, ahora jubilado y residente en España, fue declarado en la tarde del jueves (hora local) culpable de un delito de homicidio simple por un tribunal del Estado de Espírito Santo, según adelantó A Gazeta. La petición de la Fiscalía era inicialmente de 11 años de cárcel y se ha visto rebajada en algo más de año y medio debido a que el tribunal porque entendió que Figón “actuó por emoción violenta después de una provocación injusta de la víctima”, según explicó el representante del Ministerio Público Leonardo Augusto Cezar.

Jesús Figón se entregó a la policía local de Vitoria el 12 de mayo de 2015. Ante los agentes confesó que había matado a su esposa en el transcurso de una discusión. Rosemary Justino Lopes, de 50 años y nacionalidad brasileña, falleció por cinco heridas de arma blanca. El comisario asegura que la encontró dormida cuando regresó a casa y ella, que había bebido, le atacó con un cuchillo. En el transcurso de la pelea, la mujer resultó muerta, siempre según la versión del policía.

La sentencia de la Primera Vara Criminal de la Comarca de Vitoria establece que Figón intentó alterar la escena del crimen para descargarse de responsabilidad. “El acusado es licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca y tiene el más alto rango de Policía (en Brasil equivaldría al de coronel de la Policía Militar), habiendo ocupado el puesto número 4 del escalafón en un Cuerpo de 80.000 agentes. Eso significa que toda la alteración de la escena del crimen fue minuciosamente pensada por el acusado, profundo conocedor y experto en investigación criminal”, recoge el fallo, al que ha tenido acceso elDiario.es.

Al día siguiente del crimen, el ministro de Exteriores de entonces, José Manuel García Margallo, anunció que España renunciaría a la inmunidad diplomática de la que gozaba Figón si se confirmaba que la investigación era por un crimen machista. La inmunidad, dijo el canciller español, “en ningún caso puede servir de coartada en hechos tan deleznables como los que se están investigando allí”.

La realidad fue que Figón ni siquiera fue apartado de su puesto como máximo representante del Ministerio del Interior en Brasil y que España solo renunció a la “inmunidad de jurisdicción”, lo que permitió al país sudamericano hacerse cargo de la investigación y juzga al policía español. Al mantener la “inmunidad de ejecución”, el policía sería trasladado a España para cumplir la pena según establezca Instituciones Penitenciarias, sin pisar una cárcel brasileña.

Siguió cobrando 11.000 euros mensuales
Sin embargo, los beneficios para Figón no acabaron ahí. Tras el crimen, Jesús Figón continuó siendo el consejero de Interior de la Embajada española en Brasil y cobrando su sueldo íntegro, unos 11.000 euros brutos mensuales. La situación tampoco cambió cuando cuatro meses después del presunto homicidio, la Fiscalía brasileña presentó una acusación formal, en septiembre de 2015.

El 23 de enero de 2016, Figón cumplió 65 años y se jubiló. El comisario no podía seguir acreditado como personal diplomático en el país donde mató a su mujer. Fue entonces cuando el departamento que dirigía entonces Jorge Fernández Díaz propuso nombrarle “consejero asesor” de la Embajada en materia de Interior. Exteriores aceptó. De este modo, Figón mantenía su condición de “agente diplomático”. El trabajo de Figón, según explicaron fuentes policiales a elDiario.es, consistía en asesorar a su sucesor. En 2019, según reveló elDiario.es, Figón regresó a España.

El matrimonio se había conocido en España y llevaban casados treinta años cuando se produjo el crimen. Figón había sido destinado a Brasil en 2012, tras la victoria del PP. El comisario ha sido defendido gratuitamente por Ilocad, el despacho que dirige el ex juez y actual letrado Baltasar Garzón.

A los pocos días de la muerte de su madre, la única hija del matrimonio abrió la posibilidad de que su padre fuera juzgado en España. Presentó ante la Audiencia Nacional una querella admitida a trámite por el juez Eloy Velasco: un ciudadano español había cometido presuntamente un delito en el extranjero y el tribunal especial era competente para investigarlo. Pero la Fiscalía brasileña informó a la española que ya había una causa abierta en el país sudamericano, según fuentes de la Audiencia Nacional, y eso obligó a Velasco a archivar provisionalmente el caso, después de haber imputado y citado a declarar al policía.

La Fiscalía brasileña ha explicado que todavía no va a ser comunicada oficialmente a la Justicia española el fallo porque cabe recurso. La defensa de Figón ya ha solicitado la documentación necesaria para presentarlo. Quedan, de hecho, tres instancias a las que apelar en Brasil: el Tribunal de Justicia (TJ), el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y del Supremo Tribunal Federal (STF). Figón ha seguido el juicio, que se prolongó durante dos días, por videoconferencia.

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Diez procesados, entre ellos dos policías, por prostitución y corrupción de cinco menores en Almería


Diez procesados, entre ellos dos policías, por prostitución y corrupción de cinco menores en Almería


ALMERÍA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) - El Juzgado de Instrucción número 2 de Almería ha cerrado la investigación por la que procesa a diez personas, entre ellas un policía local de Adra y otro de Almería, acusadas de participar en una trama de presunta prostitución y corrupción de menores entre 2018 y 2020 que se habría servido de cuatro niñas y un varón para la obtención de servicios de índole sexual, principalmente para prácticas fetichistas y otro tipo de parafilias, a veces solos y otr ...

https://www.europapress.es/andalucia/almeria-00350/noticia-diez-procesados-ellos-dos-policias-prostitucion-corrupcion-cinco-menores-almeria-20230310145956.html?utm_campaign=smartclip_social&utm_medium=Social&utm_source=Twitter

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Tres años de cárcel para un guardia civil que culpó a un conductor tras lesionarse


Por Alberto Órfão
17 de marzo de 2023, 08:22
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El Tribunal Supremo ha confirmado la pena impuesta al agente que se autolesionó y culpó a un conductor ebrio al que había detenido en un control de alcoholemia.

Además, el Supremo ratifica la pena de dos años de cárcel a los dos policías locales que avalaron su versión injuriosa.

EUROPA PRESS El Tribunal Supremo ha confirmado la pena de tres años de prisión impuesta a un guardia civil que se autolesionó y culpó a un conductor ebrio al que había detenido en un control de alcoholemia en Málaga en 2015. También ha ratificado la pena de dos años aplicada a los dos policiales locales que le acompañaban ese día y que avalaron su versión en un atestado en el que se registraba la supuesta agresión.

Los magistrados han concluido que "por más explicaciones que se quieran buscar, la versión de los hechos que dan los acusados es objetivamente increíble", mientras que la versión del conductor de que el propio agente de la Benemérita estampó su cabeza contra la ventanilla del coche es "perfectamente congruente con unas lesiones autoinfligidas, aunque esa conducta autolesiva habría sido más esperable por parte del detenido que no del agente que le detuvo".

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Penal recoge los hechos que se remontan a la madrugada del 5 de agosto de 2015, cuando el guardia civil y los dos policías locales condenados, además de un segundo agente del Instituto Armado, se encontraban en el Recinto Ferial de Coín, en Málaga. Aquel día, estaban con un conductor que, en estado de embriaguez, se negó a identificarse.


Según consta en la resolución, cuando los agentes locales le requirieron que se sometiera a la prueba de alcoholemia, el hombre les dijo que no lo hacía porque no le salía "de los cojones". Ante tal respuesta, uno de los agentes de la Benemérita, tras esposar al hombre, "se golpeó contra el cristal del automóvil del detenido autolesionándose, para después tirarse del polo del uniforme que llevaba hasta romperlo". "Esto me lo has hecho tú", le dijo el guardia civil al conductor en presencia de los otros agentes.

El agente del Instituto Armado condenado llevó al conductor al Puesto de Coín de la Guardia Civil en calidad de detenido como supuesto autor de los delitos de atentado a agente de la autoridad, resistencia y desobediencia. Y "faltando deliberadamente a la verdad, hizo constar que el detenido le había agredido". Los policías locales corroboraron los hechos relatados y elaboraron un atestado contra el conductor por un presunto delito contra la seguridad vial en el que apuntaron "siendo falso" que el hombre había agredido al agente.