Un policía, investigado por calumnias a la jefa de la Policía Local de Ourense
El agente, dirigente sindical, la vinculó a una falsedad en un escrito dirigido al alcalde
Santi M. Amil
pepe seoane
OURENSE / LA VOZ 29/12/2017 05:00 h
La relación entre la jefa de la Policía Local de Ourense y el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME) no es la mejor. Los escritos en los que se pone en duda la gestión de María Barrera forman parte del día a día en la acción sindical. A la jefa le cae un palo tras otro en forma de comunicados. Todos son críticos. De forma no oficial la máxima responsable de la Policía Local ha transmitido al gobierno municipal que está harta del tono. Por eso, cuando hace pocos meses llegó al gabinete de la alcaldía un escrito del portavoz del SPPME en el que se acusaba a la jefa de falsedad en un asunto relaciona con bajas médicas en la plantilla, el documento pasó de mano en mano. Lo vio el regidor Jesús Vázquez. Después al concejal Carlos Campos, responsable político de la policía local, y a la interesada. Le atribuían una falsedad, es decir, un posible delito. Y por eso, más allá de la incomodidad o desagrado que producen las críticas, María Barrera acudió a la praza Maior y se reunió con el alcalde para comunicarle que iba a dar cuenta del escrito al ministerio fiscal. Así arrancaron unas diligencias que, a punto de finalizar el año, no solo no están cerradas sino que la forma en la que van avanzando sugieren que el objetivo no será la jefa de la Policía Local, sino el sindicalista que envió el escrito.
María Barrera lo llevó a la fiscalía. Desde la sexta planta del edificio judicial llamaron al portavoz del sindicato. Acudió el agente y matizó el contenido del escrito. Admitió que no se ajustaba exactamente a la verdad e introdujo tantas matizaciones que la inicial imputación de falsedad dirigida a la jefa de la Policía Local quedaba totalmente desinflada. Sugirió al sindicalista el fiscal jefe, Florentino Delgado, que se disculpara con su jefa, a quien, además, iba a hacer expreso ofrecimiento de acciones para el supuesto de que no aceptara la rectificación.
Pasaron las semanas. No tuvo el representante del ministerio público noticia alguna sobre esa disculpa, por lo que tampoco podía haber un declaración expresa de perdón por la agraviada. La investigación siguió adelante. La perspectiva de que el sindicalista llegue a verse en la condición de querellado y acabe siendo citado en un juzgado de instrucción, ya sea como investigado por calumnias, o por denuncia falsa, está tomando forma.
La fiscalía tampoco se detuvo. Por un lado, han pedido informes para confirmar la procedencia del correo y la autoría, con el fin de determinar la responsabilidad de inicio. Busca, además, concretar por qué manos pasó antes de llegar a María Barrera. Por otro lado, después de que hubiera prestado declaración el presunto autor del correo, que no se escondió ni negó su autoría, la próxima persona que acudirá como testigo en estas diligencias es el concejal, Carlos Campos. Ya está citado. Será previsiblemente suficiente para que el fiscal arme una querella contra el policía que denunció el supuesta uso de escritos o datos falsos en un conflicto sobre bajas médicas, algo que el SPPME atribuyó a María Barrera, sin que este extremo fuera confirmado por el portavoz sindical cuando acudió ante el fiscal. En ese momento, su posición y su papel cambió de una forma muy sustancial.
Los choques y desencuentros son constantes entre el SPPME y Barrera
El SPPME se ha mostrado en los últimos años especialmente activo en sus críticas a la gestión de la Policía Local. No han dejado de personalizar sus críticas en «la jefatura», es decir, en María Barrera. La acción sindical es especialmente crítica. No ahorrar calificativos en sus comunicados, tanto en los internos como en los escritos que acaban presentando por registros general. Otras organizaciones apuestan por la vía judicial para solventar los problemas. La acción sindical del SPPME, más directa, se ha dejado sentir también en las movilizaciones para denunciar, entre otras cosas, discriminación y acoso, precisamente hacia los representantes de esta organización en la Policía Local de Ourense.
