Autor Tema: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...  (Leído 324928 veces)

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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #2520 en: 11 de Septiembre de 2022, 17:18:55 pm »
Reír o llorar?




La Policía destroza la casa recuperada por propietarios a unos okupas por funcionamiento anormal de la Justicia


La falta de conexión entre dos juzgados provoca que le destrocen la casa a los propietarios de una casa que acababan de recuperar, después que hubiera estado bajo el control de unos ocupas.
La
Redacción Confilegal
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11/9/2022 06:47
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Actualizado: 11/9/2022 01:56
Jordi R. V. y su familia han pasado por dos quinarios. Primero, le okupan su casa y tras meses de pleitos, antes incluso del juicio, consigue convencer a los okupas para que le devuelvan pacíficamente su vivienda.

Tras marcharse pusieron otra cerradura y por fin pudieron volver a su vivienda. La casa en cuestión se halla en la calle Ferrocarril de Badalona.

Cuando parecía que por fin todo se había solucionado, dejando atrás el calvario de varios meses, efectivos de la policía irrumpieron al alba en su casa, forzando la cerradura y destrozando la puerta a patadas.

La familia dormía en ese momento, según cuenta Fuentes Informadas.


Los agentes, creyendo que ocultaban drogas, removieron toda la casa y redujeron al matrimonio por la fuerza. Les esposaron y tiraron al suelo, causándoles lesiones.

La Policía creía que la familia de Jordi R. V. eran los okupas, que ya se habían marchado, y que estaban siendo investigados desde hacía semanas por el Juzgado de Instrucción 4 de Badalona por tráfico de drogas.

Y es que resulta que este juzgado les investigaba por drogas, a los okupas, y había dictado una orden de entrada y registro que debía realizarse con fecha 2 de julio de 2020.

Pero en esa fecha los okupas ya se habían marchado voluntariamente de la casa, ya que sabían que Jordi R. V. les había denunciado ante el juzgado de Instrucción 5 de esa misma ciudad y era inminente la celebración del juicio para echarles de la vivienda.




Decálogo de actuación vecinal para permitir la expulsión urgente del ocupante ilegal ante la flagrancia de la ocupación
CADA JUEZ, A SU AIRE
Pero cada juzgado iba a su aire y no existió ninguna comunicación entre ellos, a pesar de que la familia había comunicado al juzgado que los invasores habían dejado vacía la casa tras varios meses de ‘okupación’.

El error judicial se debió a la tardanza del Juzgado 5 en celebrar el juicio y echar de allí a los ‘okupas’ y la celeridad del otro juzgado al ordenar a la Policía que registrase la vivienda sin cotejar debidamente quienes estaban en la casa y dar permiso a los agentes para que la registrasen en busca de drogas.

Y en todo este lío los verdaderamente perjudicados, por partida doble, fueron Jordi R. V., su esposa y su hijo pequeño, que ha necesitado asistencia psicológica tras despertarse por los ruidos y golpes que propinó esa noche la Policía para acceder al domicilio.

Reclama una indemnización de 8.692 euros.

El objetivo de la irrupción policial “era proceder a la busca y ocupación de sustancias estupefacientes, dinero y efectos provenientes de distintos delitos, así como la detención de los investigados”, señala la familia damnificada en la demanda que ha interpuesto contra el Estado por los daños y perjuicios sufridos.

Aduce el denunciante que, “con anterioridad a la fecha designada para la entrada y registro, los ocupantes abandonaron la vivienda, entregándoles las llaves y retirando sus pertenencias de la propiedad”.

El 25 de junio de 2020, tras haberse ido los okupas, el padre de familia acudió al juzgado 5 y retiró la denuncia por la ocupación.

LA POLICÍA EMPLEÓ LA FUERZA PARA REDUCIR A LA FAMILIA
Sin embargo, “al no producirse comunicación alguna entre los Juzgados de Instrucción núm. 5 y 4 de Badalona sobre la recuperación de la vivienda y la retirada de las pertenencias por quienes la habían ocupado”, se les olvidó “anular la diligencia de entrada y registro.


Enrique López: "El problema de la ocupación de viviendas podría solucionarse con facilidad si el Gobierno quisiera"
Y, llegado el día 2 de julio de 2020, los agentes de la Policía Judicial, creyendo que los investigados seguían en aquel domicilio, forzaron la cerradura, rompieron la puerta y redujeron mediante el uso de la fuerza a sus moradores”, que no eran los ‘okupas’ y nada tenían que ver con las drogas. 

Al menor, de seis años, le causaron “lesiones y miedos nocturnos” acreditados “en un informe de asistencia urgente emitido por el CUAP Casernes Sant Andreu”.

Jorge R. V. fue reducido y esposado en presencia del niño, quién “manifestó posteriormente un cuadro de afecciones psicológicas», tal como acredita el informe de la Fundació Torras de Beà. “Desde entonces padece miedos nocturnos y reacción al estrés agudo; daños, solo estos, cuantificables en 6.000 euros”.

Por otra parte, señala la familia, “la puerta de entrada a la vivienda quedó inservible, por lo que tuvo que contratar los servicios de una empresa para que, además de retirar la puerta anterior, fabricase e instalase una nueva. Asimismo, en el intervalo transcurrido entre “la recuperación de la vivienda y la efectiva producción de la entrada y registro”, tuvo que “contratar, el 23 de junio de 2020, los servicios de otra empresa para que cambiase la cerradura.

El importe de dichos gastos ascendió a 1.452 euros y 840,95 euros, respectivamente”.

Según la familia, todo se debió “a la incomunicación entre los Juzgados de Instrucción números 4 y 5 de Badalona”, lo que supone un funcionamiento irregular de los servicios de la Administración de Justicia y produjo, en relación causal directa y exclusiva, unos daños que no tenía el deber jurídico de soportar, al no revocarse la entrada y registro” pese a estar avisado el juzgado.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha intervenido en este asunto tras la denuncia de la familia.

Señala el CGPJ que la reclamación “se basa en los perjuicios causados a don Jordi R. V. al haberse efectuado, por error, una entrada en su domicilio por agentes de la Policía Judicial en ejecución de resolución judicial autorizatoria, que provocó daños en la puerta del domicilio, y el aseguramiento de la vivienda, antes de comprobar que los residentes en la misma no eran las personas investigadas».


La decana de los abogados de Mataró denuncia en Bruselas que "la ocupación ilegal de viviendas se ha ido de las manos"
“El núcleo de la solicitud radica en el hecho de que desde el 24 de junio de 2020 el solicitante ocupaba la vivienda de su propiedad tras haber recuperado su posesión y tras entregar las llaves y retirado sus pertenencias los anteriores moradores, que eran las personas investigadas en las diligencias previas 89/2020 tramitadas por el Juzgado de Instrucción núm. 4 de Badalona”.

El Poder Judicial da por sentado que la familia avisó al Juzgado 4, donde se tramitaba diligencias por delito leve “como consecuencia de la ocupación ilegal de la vivienda por parte de las personas investigadas”.

EL CGPJ DICE QUE NO HA HABIDO NINGÚN ERROR JUDICIAL
La conclusión del Poder Judicial es llamativa. Entiende que no ha habido ningún error.

Y lo explica así: Este órgano constitucional viene sosteniendo de manera continuada que no cabe apreciar la existencia de funcionamiento anormal de la Administración de Justicia en los supuestos de daños en las puertas de entrada de los domicilios que son objeto de una diligencia de entrada y registro autorizada judicialmente, cuando la fuerza actuante emplea la fuerza proporcionada a las circunstancias”.

Es decir, que dado que había una autorización judicial de entrada y registro el propietario de la vivienda tiene “el deber de soportar las consecuencias dañosas del empleo del auxilio de la fuerza autorizado por la Ley”.

Da igual que la familia no tuviera nada que ver con ese registro.

“En el presente caso”, añade el Consejo, “el solicitante sitúa el funcionamiento anormal en la falta de comunicación de este hecho entre ambos Juzgados de Instrucción. Ahora bien, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal no existe norma procesal que prevea este tipo de comunicación. Es más, las diligencias previas 89/2020 eran secretas [las que investigaban a los okupas por el tema de las drogas], conforme se desprende del auto de 24 de junio de 2020”.

Y señala el Poder Judicial “que el auto autorizatorio de la entrada y registro del domicilio de 30 de junio de 2020 partía de una realidad que ya no existía en esa fecha, pues las personas investigadas habían dejado de morar en ese domicilio el día 23 de junio de 2020″.

«Debe reconocerse”, añade, “la dificultad de reunir información precisa y cierta en el marco de investigaciones policiales que tienen por objeto criminalidad organizada”. No obstante, al final el Poder Judicial admite que se produjo un error, ya que la Policía Judicial debió asegurarse “sobre la corrección de los datos de los domicilios que deban ser objeto de diligencia de entrada y registro debe corresponderse con el carácter de derecho fundamental de la inviolabilidad domiciliaria, esto es, deben efectuarse las corroboraciones necesarias”.

“Y en el caso de la solicitante su inviolabilidad domiciliaria ha sido afectada, por error, produciéndose daños, por ello cabe apreciar la existencia del presupuesto necesario para reconocer la responsabilidad patrimonial del Estado, esto es, un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia”.

La familia pide casi 9.000 euros, pero lo normal es que el Ministerio no le dé más de 2.000 o 3.000 euros a juzgar por otros casos similares.


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« Respuesta #2521 en: 12 de Septiembre de 2022, 08:32:43 am »
Tragedia en un piso okupado: «¡Socorro! ¡Nos quemamos vivos!»


Muere una pareja de treintañeros en el incendio del piso donde residían desde hacía cuatro años en el distrito de Latina
CARLOS HIDALGO

MADRID

12/09/2022 a las 00:47h.


La muerte les sorprendió de madrugada, atrapados y de una de las maneras más dolorosas: abrasados por las llamas. Es lo que le ha ocurrido a una pareja de entre 30 y 40 años en la calle de Calamón, 12 (distrito de Latina). Se investiga ...

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« Respuesta #2522 en: 12 de Septiembre de 2022, 08:38:27 am »

Un delito residual sin apenas presencia en los juzgados: los datos que ignora la derecha sobre la 'okupación'
   

Entre los meses de enero y abril de 2021 y el mismo periodo de 2022, los hechos conocidos de okupación ilegal de inmuebles se han reducido un 4,38%, recoge el Ministerio del Interior
 Según el INE, en 2020 hubo 3.157 condenas judiciales por usurpación —ocupación de casas vacías— y 185 por allanamiento, el delito que castiga los supuestos que más aparecen en medios de comunicación

Sabela Rodríguez Álvarez

11 de septiembre de 2022 21:21h
@SabelaRulinha
La derecha, con la complicidad de buena parte de los medios de comunicación, sigue agitando el avispero de la okupación ilegal, un fantasma que atemoriza a algunos ciudadanos de manera cíclica y especialmente en contextos de crisis económicas. A pesar de los datos.

Los casos concretos expuestos en los programas de televisión dibujan una casuística muy definida, pero particularmente excepcional: el propietario desesperado que, tras ir a por el pan, encuentra su casa okupada. O el de la familia que al llegar a su segunda residencia, se topa con la cerradura sellada y un grupo de inquilinos a los que nadie ha invitado y que han entrado a la fuerza en el hogar. Supuestos que encajan con el delito de allanamiento de morada. No son, ni mucho menos, los casos más habituales ni suponen un quebradero de cabeza para los jueces. Así lo reflejan las estadísticas.


Ministerio del Interior: caída de la okupación en 2022
La primera aproximación a la realidad de la okupación llega de la mano del Ministerio de Interior, que realiza un seguimiento de los hechos conocidos de los delitos de ocupación de inmuebles. Eso sí, sin distinguir entre allanamiento de morada (que describe toda aquella entrada ilegal en una morada, incluidas las segundas o terceras residencias) y usurpación (la ocupación de pisos vacíos, habitualmente de bancos o instituciones). El genérico balance realizado por el departamento de Fernando Grande Marlaska evidencia un incremento en la última década: los casos de okupación han pasado de 10.619 en el año 2010 a 17.274 a lo largo de 2021. No obstante, en lo que va de año la tendencia avanza en la dirección contraria y apunta hacia un descenso. Entre los meses de enero y abril de 2021 y el mismo periodo de 2022, los hechos conocidos se han reducido un 4,38%. Concretamente, han pasado de 6.203 el año pasado a 5.931 el actual.

El número de hechos conocidos vinculados a la okupación solo ha experimentado un aumento en cinco comunidades: Aragón (1,14%), Castilla-La Mancha (9,5%), Extremadura (3,17%), Murcia (6,64%) y Comunitat Valenciana (25,26%). En las doce autonomías restantes se ha constatado un descenso de las denuncias, según los datos oficiales de Interior.

INE: las sentencias por allanamiento, las más escasas
¿Qué dice el Instituto Nacional de Estadística? El INE recoge las condenas dictadas en función de las distintas tipologías penales. Los últimos datos corresponden al año 2020 y revelan que durante ese ejercicio hubo 3.157 condenas por usurpación y 185 por allanamiento, este último es el delito que castiga los supuestos que más espacio ocupan en los medios de comunicación, a pesar de ser los más residuales.

Si se analiza la evolución de estas condenas se ve aún más claro. Entre 2019 y 2020, las condenas por allanamiento cayeron un 16,5%, mientras que aquellas relacionadas con el delito de usurpación descendieron un 22,2%. Parece lógico que las restricciones a la movilidad y la dilación de los tiempos judiciales como consecuencia de la crisis sanitaria hayan tenido peso en las estadísticas. Sin embargo, el descenso ya se venía consolidando en el año anterior: ambos tipos delictivos experimentaron caídas entre 2018 y 2019.

Una panorámica más global, incluyendo los datos registrados desde el año 2013, muestra que los delitos de allanamiento no han hecho más que disminuir. Es decir, el okupa que decide asaltar ilegalmente la casa de la playa no es sino una excepción. Por contra, los delitos de usurpación no han hecho más que crecer: son quienes okupan viviendas vacías, habitualmente propiedad de bancos o fondos de inversión, los que sí engrosan la estadística.


Fiscalía: "Tendencia de estabilización"
La Fiscalía General del Estado completa la panorámica. La última Memoria del Ministerio Público, presentada este miércoles, dedica un apartado específico a la okupación. Y sus conclusiones son nítidas: “La tendencia de estabilización del número de incoaciones por este delito [usurpación] se consolida en el año 2021”. Si en los años previos a la pandemia iba en aumento, continúa el análisis, en 2020 y 2021 los números “se han mantenido prácticamente iguales”. El año de la pandemia se registró un incremento de solo un 1% y durante el siguiente el ascenso “fue mínimo: solo se ha producido la incoación de nueve procedimientos más”.

Sí se registra una “ligera recuperación” del número de calificaciones, pero la proporción entre los procedimientos incoados y las calificaciones emitidas “se mantiene en un 2%, continuando en porcentajes muy bajos”.

En paralelo, el delito de allanamiento de morada se mantiene como una anomalía, también según el análisis de los fiscales:  solo 83 delitos fueron calificados como tal en 2021.

El CGPJ y los anecdóticos juicios exprés
Fue bajo un Gobierno del PP cuando entró en vigor uno de los principales instrumentos que combaten la okupación ilegal. Se trata de una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil impulsada en 2018, gracias al PDeCAT y con el apoyo inestimable de los conservadores. El mecanismo, un procedimiento verbal especial dada su brevedad, refuerza la protección de los pequeños propietarios y las instituciones sin ánimo de lucro que gestionen vivienda social. Es decir, quedan fuera los bancos, las inmobiliarias y los fondos de inversión. Al calor de la modificación se gestó un nuevo procedimiento civil exprés, cuya finalidad última es precisamente acelerar los plazos y facilitar el desalojo de las personas que hayan entrado de manera ilegal en una residencia. Sobre sus efectos da cuenta el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Desde el tercer trimestre de 2018 se dispone de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social. Son datos del Poder Judicial.

En el primer trimestre de 2022, últimas cifras disponibles, ingresaron 740, un 6,3% menos que en el mismo periodo del año anterior. En este primer trimestre del año, según los datos del órgano de poder de los jueces, se registraron 1,6 verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas por cada cien mil habitantes.

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« Respuesta #2524 en: 15 de Septiembre de 2022, 17:37:43 pm »

La Guardia Urbana de Badalona contará con una unidad específica para combatir las okupaciones


El ayuntamiento también se compromete a la atención telefónica a los ciudadanos que sufran allanamientos

ARCHIVADO EN: OKUPAS, BADALONA, GUARDIA URBANA
CLARA FÁBREGAS @clara_fabregas
     
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14.09.2022 15:37 h.
Actualizado: 14.09.2022 17:48 h.
3 min
La Guardia Urbana de Badalona contará con una unidad específica contra la okupación. Bautizada como Unitat Domus, trabajará de forma coordinada en la prevención, detección e intervención en casos de okupación ilegal.

Formada por ocho agentes,estará operativa a lo largo de noviembre, tal y como ha explicado el alcalde de la ciudad metropolitana, Rubén Guijarro, ante la prensa. Además, se ha comprometido a prestar asesoramiento a las personas que sufran de forma directa o indirecta las consecuencias de los allanamientos.

Teléfono exclusivo
Badalona da el paso después de copar titulares por los casos que se han dado en la ciudad y tras el anuncio de la asociación de víctimas de okupas de que aterrizará en Cataluña y se presentará en un acto en la ciudad junto al predecesor del socialista en el cargo --y su principal rival--, Xavier García Albiol (PP).

Además de presentar la unidad y brindar asesoramiento ciudadano, el actual equipo de gobierno habilitará un "teléfono exclusivo" y ha tendido la mano a propietarios de pisos, grandes tenedores y fondos inmobiliarios que están en el foco de las mafias de la okupación.

Retrato de Rubén Guijarro, de fondo Badalona / LUIS MIGUEL AÑÓN (CG)
Retrato de Rubén Guijarro, de fondo Badalona / LUIS MIGUEL AÑÓN (CG)
En esta línea, también se ha hecho público el compromiso de actuar de manera coordinada tanto a nivel interno (de los distintos departamentos del consistorio), con otras Administraciones Públicas y cuerpos de seguridad como los Mossos d'Esquadra para ver cómo se puede parar los pies a los allanadores organizados.

Badalona, la segunda ciudad con más okupaciones
Guijarro ha reconocido que existe "inquietud e inseguridad entre la ciudadanía" y que los datos de allanamientos en la ciudad son "preocupantes". Según Mossos, la usurpación y ocupación de inmuebles durante 2021 alcanzó los 7.322 casos en toda Cataluña. De todos ellos, 577 tuvieron lugar en Badalona.

Solo Barcelona superó a su municipio colindante en el número de denuncias por okupaciones. "Con esta nueva unidad de la Guardia Urbana podremos ofrecer un servicio integral y más cercano a los vecinos con el objetivo de combatir mejor este grave problema", ha sentenciado el socialista. Dispone de poco más de medio año para demostra que el gobierno municipal actúa para frenar a las mafias de la okupación, uno de los temas que de bien seguro marcará la agenda política tanto en campaña como en precampaña de las municipales.


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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #2525 en: 20 de Septiembre de 2022, 09:10:24 am »


Las asociaciones judiciales niegan que la 'okupación' goce de impunidad: "Existe regulación y es garantista"


Edmundo Rodríguez (Juezas y Jueces para la Democracia) cree que el problema está sobredimensionado por "intereses económicos" y aclara que se producen más homicidios que okupaciones en España
 Teresa García (Asociación Judicial Francisco de Vitoria) y María Jesús del Barco (Asociación Profesional de la Magistratura) coinciden en que la escasez de medios materiales dilata los plazos marcados por la ley


Sabela Rodríguez Álvarez

19 de septiembre de 2022 21:22h
@SabelaRulinha
La situación viene a ser, con imperceptibles alteraciones, prácticamente idéntica: el propietario de un piso recurre al altavoz que conceden los medios de comunicación, habitualmente la pequeña pantalla, para denunciar que los okupas han tomado su casa. Y que la justicia es lenta, o no responde. O peor todavía: está de parte de los delincuentes. Ocurre de manera más o menos cíclica durante los meses estivales y todavía con más intensidad en contextos de crisis económica. Los presentadores y contertulios de los programas que deciden dar pábulo a lo que consideran una injusticia, asienten indignados y lanzan una advertencia: cualquiera es susceptible de sufrir la amenaza de la okupación.

Lo hacen a pesar de los datos y obviando una realidad: la legislación ofrece las herramientas necesarias para combatir los delitos de allanamiento de morada y usurpación. Así lo afirman, sin dudarlo, las asociaciones judiciales.

Edmundo Rodríguez, magistrado de la Audiencia de Bilbao y miembro de Juezas y Jueces para la Democracia, afirma categóricamente que la legislación actual “es suficiente” para combatir el problema. También lo hace Teresa García, integrante del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y jueza del Juzgado de primera instancia número 1 de Granollers. Al otro lado del teléfono, afirma que los operadores jurídicos son “capaces de combatir el problema a nivel judicial”. María Jesús del Barco, jueza decana de los Juzgados de Madrid y presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, sostiene que “existe regulación y es garantista”.

A la afirmación le siguen, eso sí, algunos matices. Rodríguez los introduce apelando a un elemento: la confusión en cuanto a los diferentes delitos que tienen espacio en la amplia categoría de okupación. “El problema está en la definición de lo que es okupación”, sostiene. Especialmente cuando el altavoz mediático manosea el concepto sin diferenciar los distintos supuestos que existen. “No es lo mismo okupar una casa habitada, ahí hablamos de allanamiento de morada, que hacerlo con una vacía que no se está usando”, en cuyo caso el ámbito penal habla de “usurpación de un bien ajeno que no constituye morada”. Tampoco es lo mismo, abunda el magistrado, el caso de un inquilino que ha dejado de pagar alquiler o el de una empleada doméstica interna a la que no se le resuelve el contrato cuando la persona de la que está cuidando fallece. En cualquier caso, insiste el juez, “en todos existen herramientas” que dan respuesta al problema.

García apela a las limitaciones de la justicia haciendo alusión a un problema endémico: la falta de recursos. “A nivel de administración de justicia hay una amplia regulación”, tanto en la vía penal como en la civil, expone la jueza, pero “el principal problema es la falta de medios que impiden dar una respuesta rápida y cumplir con los plazos que marca la ley”.

Se trata de un obstáculo que lastra el normal funcionamiento de la justicia en todos sus ámbitos: “Con el volumen de demandas que nos entran, a veces se hace imposible cumplir los tiempos. No tienes agenda, disponibilidad ni huecos”, completa la jurista. Precisamente es ahí donde también se detiene Del Barco. “A veces no siempre tenemos los medios materiales” para responder al delito “a término”. Rodríguez, sin embargo, rebaja el nivel de alarma: “Por lo general, no son tiempos dilatados. La realidad judicial demuestra que se actúa con muchísima rapidez, especialmente cuando se trata de una persona que entra en una casa habitada. En caso de que se okupe una casa vacía de un banco, se tarda más”. El magistrado reconoce, eso sí, que los tiempos están muy ligados a las dinámicas de cada juzgado, el volumen de trabajo y especialmente el tipo de delito. Pero insiste en que el de la okupación es un problema residual: "Hay intereses económicos que han provocado que la gente se sienta alarmada, pero no es algo que suceda todos los días. En España son más frecuentes los homicidios que las okupaciones".

La magistrada de la asociación conservadora no solo repara en la ausencia de recursos, sino también en algunos otros factores que a su parecer interfieren en los tiempos. Primero, afina, “la ocupación no siempre es delito”. Otra veces, sobre todo desde el primer estado de alarma, las personas que entran en la vivienda pueden “alegar vulnerabilidad social y tienes que paralizar el desahucio” para pedir los informes preceptivos, un procedimiento que dilata los ritmos. Del Barco también entiende como un inconveniente las concentraciones de las plataformas antidesahucios ante el anuncio de un desalojo. “No siempre podemos hacerlo todo lo rápido que queremos, a veces te encuentras a los antidesahucios y tienes que ir con la Guardia Civil”, lamenta.

La magistrada cree que se ha dado rienda suelta, especialmente desde la crisis económica de 2008, a un discurso benévolo con la okupación: “Vimos demasiados discursos diciendo que okupar no era malo y que la okupación puede ser lícita”, obviando las “mafias que trafican con droga o trata de personas. No conviene justificar las okupaciones ilegales”. Eso sí, señala la jueza, tampoco “procede trasladar que no hay recursos legales” y que el problema “no se soluciona nunca: a los okupas sí que se les echa, usando los mecanismos legales”.

¿Complicidad con la okupación?
Las herramientas existen y funcionan, a pesar de el amplio margen de mejora en cuanto a recursos materiales. Pero ¿existe cierta connivencia de algunos operadores jurídicos con los okupas? Las voces consultadas son, una vez más, tajantes. Rodríguez tiene claro que “no hay ningún juez que, por razones particulares, sea especialmente benévolo con el okupa, sino jueces que conocen el derecho”.

“La jurisprudencia es clara”, zanja García, y los jueces resuelven “valorando las circunstancias de cada caso”. Al mismo diagnóstico llega Del Barco: los jueces, asiente, alcanzan sus veredictos “a la luz de las pruebas que tienen”. Entiende la jueza que el ciudadano quiera “una inmediatez de la medida”, pero está “condicionada por un índice de pruebas”. Diferencia también entre los distintos ámbitos en los que se desarrolla cada procedimiento: “La vía civil es más sencilla a veces a través de un desahucio exprés", pero añade que “inmediato no hay nada” y "nuestro sistema, por fortuna, es garantista en derechos, también para los presuntos delincuentes".

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« Respuesta #2526 en: 21 de Septiembre de 2022, 09:17:44 am »

La policía desaloja el edificio okupado de la Quimera de Lavapiés


Operación conjunta de efectivos de la Policía Nacional y Municipal en el citado inmueble de la plaza de Nelson Mandela

https://twitter.com/policiademadrid/status/1572474683249012737?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1572474683249012737%7Ctwgr%5Ea8ac74436eaa354f061baef9d8d8718ccce87408%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eldiario.es%2Fmadrid%2Fsomos%2Flavapies%2Fnoticias%2Fdesalojo-edificio-okupa-quimera-lavapies_1_9555167.html
Desalojo de La Quimera Somos Lavapiés
Antonio Pérez / Somos Lavapiés

21 de septiembre de 2022 08:55h

Actualizado el 21/09/2022 09:14h
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Desde primera hora de la mañana de este miércoles, numerosos efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Municipal de Madrid están procediendo, por orden judicial, al desalojo del edificio conocido como La Quimera, situado en la esquina de la plaza Nelson Mandela y la calle del Amparo.

En el inmueble, donde se cree que viven alrededor de 60 personas, incluidos menores de edad, se había detectado movimiento de consumo y venta de sustancias estupefacientes y era objeto de constantes denuncias por parte de los vecinos de la zona, cuya inseguridad creciente generaba quejas a diario.


En el último pleno de la Junta Municipal de Centro incluso se puso sobre la mesa la posible expropiación del edificio a propuesta de Más Madrid, grupo que, no obstante, pedía una intervención sociosanitaria y una solución habitacional para quienes viven en La Quimera antes de cualquier acción administrativa o policial.

Un edificio olvidado
La Quimera se edificó en 1978, hace ya 44 años, y desde entonces no ha tenido un uso residencial legal: sus viviendas jamás han estado ni en el mercado del alquiler ni de la venta, habiéndose desentendido del inmueble el propietario.

Situado en la esquina de la plaza de Nelson Mandela con la calle del Amparo, el inmueble y sus aledaños son, en los últimos tiempos, la cara más visible de muchos de los problemas que los vecinos de esta parte del distrito vienen denunciando: inseguridad, ruido, suciedad...

Según denunciaba Más Madrid en el último pleno de la Junta Municipal de Centro, “desde hace dos años La Quimera se ha convertido en un auténtico agujero negro donde residen, en condiciones terribles, sin agua ni electricidad, unas 60 personas, algunas de ellas con patologías psiquiátricas y toxicomanías”, razón por la que instaron al Ayuntamiento a “hacerse cargo de lo que sucede en ese edificio y ponerle solución, bien sea obligando al propietario a poner esas viviendas en venta o en alquiler o bien iniciando un proceso de expropiación del inmueble por motivos de seguridad y salubridad (...) Nos consta que incluso hay familias y menores residiendo en él. Esta situación no resulta agradable ni para quienes viven dentro ni para quienes viven fuera de La Quimera”.

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« Respuesta #2527 en: 21 de Septiembre de 2022, 16:21:51 pm »

Diez detenidos en el desalojo de La Quimera, uno de los principales puntos de droga de Lavapiés okupado desde hace años


Decenas de agentes de Policía Nacional y Policía Municipal han llevado a cabo la intervención
Á. GARCÍA / C. HIDALGO

21/09/2022

Actualizado a las 14:58h.


Agentes de la Policía Nacional y la Policía Municipal han desplegado un amplio dispositivo desde las 7 de la mañana de este miércoles para desalojar, por orden judicial, el edificio La Quimera, okupado desde hacía décadas, en el corazón del barrio de Lavapiés. Hasta el momento ha habido diez detenidos, por tráfico de drogas y reclamaciones judiciales.


Situado en la esquina de la plaza Nelson Mandela y la calle del Amparo, este inmueble estaba habitado en condiciones precarias por alrededor de 70 personas, la mayoría indigentes, y entre los que se encontrarían tres mujeres y un niño.


Según han comentado en numerosas ocasiones los vecinos, en el interior del edificio se traficaría con droga de manera habitual e incluso habría algunos toxicómanos residiendo en su interior.

Así los constatan fuentes policiales que señalan que, aunque estaban tranquilos los inquilinos, últimamente había entrado un grupo que se dedicaba a vender droga y, desde marzo, se había reforzado el dispositivo, incrementándose las detenciones y las denuncias por consumo de drogas.

 
Han participado en el operativo un centenar de policías municipales y al menos 70 policías nacionales, que han establecido un perímetro de varias calles, mientras se identifica a todos las personas en el interior de La Quimera. La resolución para el desalojo la ha ordenado el Juzgado Nº 15 de Madrid.


Por su parte, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha agradecido la labor de los agentes durante la operación. «Gracias a los agentes que lo estáis haciendo posible. Tolerancia 0 con la ocupación y con las molestias que causa a los vecinos», ha escrito.

Almeida ha defendido que Madrid es «la segunda capital de Europa con mejoresratios respecto a delincuencia, por detrás de Viena, pero con un tamaño muy superior» y que «cualquier persona que viene a Madrid o vive en Madrid es consciente de la garantía de seguridad que con carácter general hay en cualquier lugar de esta ciudad».

El alcalde ha agradecido «la colaboración de la delegada del Gobierno, Mercedes González» en esta operación, algo que «demuestra a los madrileños que la colaboración es fundamental para garantizar la convivencia y la seguridad».

Un edificio nunca puesto en el mercado
El edificio La Quimera fue proyectado hace más de cuatro décadas, concretamente en 1978, con el objetivo de poner en venta sus viviendas. Sin embargo, diferentes problemas legales impidieron un uso residencial y jamás fue puesto en el mercado, siendo dejado de lado por los dueños.


Ha sido la Policía Municipal la que localizó al propietario del inmueble y le convenció para denunciar la okupación delictiva que se estaba produciendo desde hacía mucho tiempo. Y es que los últimos meses la inseguridad se ha incrementado en este barrio, por lo que agentes locales y nacionales han llevando a cabo un importante esfuerzo con personal fijo desde el mayo pasado (potenciado con 20 agentes más desde este septiembre), en contacto con los colectivos vecinales, con patrullajes permanentes y refuerzo policial (también social en el caso del Ayuntamiento), informa Ep.

 

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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #2528 en: 22 de Septiembre de 2022, 01:19:56 am »
Al final fueron 13 detenidos.

https://m.youtube.com/watch?v=n5kLyCHiHO0

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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #2529 en: 25 de Septiembre de 2022, 09:00:50 am »

El PSOE propone desalojar a los okupas en un máximo de 48 horas


EFE - Ayer a las 17:59

El PSOE ha propuesto una modificación legislativa para que los jueces puedan desalojar a los okupas en un plazo máximo de 48 horas, desde que lo pide el propietario o recibe el atestado policial tanto en los casos de allanamiento de morada como de usurpación, lo que ya planteó en su día el PP de Pablo Casado.

Lo han hecho a través de una enmienda al proyecto de Ley Orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia, por el que se introduce  un nuevo artículo 544 sexies que modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Se da la circunstancia de que esta era una de las medidas que recogía el plan antiokupación del ex líder del PP Pablo Casado que contemplaba que el desalojo de las viviendas ocupadas ilegalmente pudiera producirse en 24 o 48 horas, como así manifestó en 2020.

Dos años después, el Grupo Socialista propone que "en los procesos relativos a allanamientos de morada o usurpación de bienes inmuebles o de un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena, el juez o tribunal podrá acordar motivadamente el desalojo en el plazo máximo de 48 horas desde la petición a instancia de parte legítima o desde la remisión del atestado policial".

Todo ello, añade, "sin necesidad de la prestación de caución, si los ocupantes del inmueble no exhibieran en dicho plazo el título jurídico que legitime la permanencia en el inmueble".

En caso de que los ocupantes sean menores, personas en riesgo de exclusión social o de especial vulnerabilidad, el juez lo comunicará inmediatamente a los servicios sociales y a la Fiscalía para que adopten las medidas de protección oportunas.

Los socialistas argumentan que "los delitos de allanamiento de morada y de usurpación de bienes inmuebles son de naturaleza permanente y se mantienen hasta la ejecución de la sentencia condenatoria", con "los perjuicios para la víctima que no va poder disponer de la vivienda", teniendo que seguir "haciendo frente a ciertas cargas derivadas de la titularidad del bien y el progresivo deterioro del mismo" por el uso que le dan sus okupantes.

Por ello, ven "necesario" acordar la medida cautelar de desalojo y restitución del inmueble cuando se aprecien "sólidos indicios de la ejecución del delito de allanamiento o usurpación" y se verifique la "existencia de efectos perjudiciales para el legítimo poseedor".

Trucos para alargar los procedimientos
Esta medida, que también propuso el PdeCat en una proposición de ley en mayo, llega después de que hace dos años la Fiscalía dictara una circular en la que insistía en agilizar los desalojos en todos los procedimientos, pero sin fijar un plazo en concreto.

La novedad entonces vino dada porque la ex fiscal general del Estado Dolores Delgado ordenó que en los desalojos se tuviera en cuenta no solo los perjuicios a los propietarios sino también a los vecinos y tratando de esquivar los trucos para alargar los procedimientos.

Entonces, con la okupación en el debate público, el Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por el socialista Emiliano García-Page, impulsó una iniciativa autonómica para forzar un debate en el Congreso con el fin de endurecer la legislación contra la okupación en la que, entre otras medidas, planteaba que se pudiera restituir la vivienda en 48 horas al propietario.

Al margen de esta modificación, los socialistas incorporan otro enmienda para eliminar el allanamiento de morada de los delitos que se juzgan con jurado con el objetivo de acelerar los procesos.

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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #2530 en: 25 de Septiembre de 2022, 16:32:25 pm »
Luego viene la letra pequeña, que si es una familia vulnerable, que si tienen niños pequeños, que si la abuela fuma. . . la final las 24 horas son 24 meses. . .

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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #2531 en: 26 de Septiembre de 2022, 09:30:20 am »


Los 'inquiokupas', el nuevo mito alimentado por la derecha que criminaliza a los inquilinos


"Que una familia con problemas económicos no pueda pagar la renta no tiene nada que ver con la decisión de okupar una vivienda vacía, son situaciones completamente distintas", señala el magistrado Edmundo Rodríguez
 El PP registró en agosto una proposición de ley "contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal" que prevé desalojos en 24 horas

Sabela Rodríguez Álvarez

25 de septiembre de 2022 20:24h
@SabelaRulinha

El fantasma de la okupación es capaz de adoptar caras muy diversas, especialmente cuando el altavoz mediático y de la derecha le insufla aire. El propietario de un piso, siempre según el relato de quien alerta de la amenaza de la okupación, debe estar en guardia: ya no solo es posible que le okupen la casa de la playa, o que encuentre su propia vivienda okupada cuando va a por el pan, es que si decide alquilar un piso de su propiedad, los inquilinos también pueden sublevarse y optar por la okupación. Es lo que algunas voces han dado en llamar la inquiokupación.

Jurídicamente existen distintos supuestos que encuentran cobijo bajo el amplio paraguas de la okupación. El allanamiento, contemplado en el artículo 202 del Código Penal, describe toda aquella entrada ilegal en una morada, incluidas las segundas o terceras residencias. Es decir, si te vas de vacaciones y alguien entra en tu hogar, está cometiendo un allanamiento de morada. También si la residencia que está okupando es un inmueble que solo está habitado durante los meses estivales. El allanamiento es un delito permanente y flagrante porque ataca la intimidad y la inviolabilidad del domicilio. Por eso, aunque no haya una respuesta judicial, la policía puede actuar. La persona que cometa el delito será expulsada de manera inmediata y puede llegar a enfrentarse a penas de entre seis meses y dos años de cárcel. ¿Y qué ocurre si la vivienda está vacía? En este supuesto encaja el delito leve de usurpación, recogido en el artículo 245 del Código Penal. La ley lo que busca es blindar derechos fundamentales como la intimidad, la inviolabilidad y el derecho a vivir bajo un techo.


Thank you for watching

Pero existe un tercer supuesto, ahora bajo el punto de mira: los inquilinos que dejan de pagar o que no abandonan el domicilio una vez se extingue el contrato. ¿Son okupas? Los juristas responde negativamente. ¿Están cometiendo un delito? Sí. Y la legislación proporciona las herramientas legales necesarias para combatirlo. “No hay ningún vacío legal”, afirma Edmundo Rodríguez, miembro de Juezas y Jueces para la Democracia, quien asegura que estos casos están previstos desde “la primera Ley de Enjuiciamiento Civil”. En caso de un incumplimiento de contrato denunciado por el arrendatario, se inicia “un juicio verbal muy sencillo que no plantea ninguna dificultad” y se dicta una “orden de desahucio”. Sí reconoce el juez que en determinadas localidades, “la sobrecarga de trabajo ocasiona retrasos tanto en esos juicios, en principios preferentes, como en la ejecución” del lanzamiento. Un lastre que, en todo caso, tiene que ver “con la eficiencia de la administración de justicia”.

Carlos Castillo es abogado y asesor jurídico del Sindicato de Inquilinas de Madrid. En primer lugar, el letrado explica que los casos englobados en el concepto de inquiokupación hacen referencia a “personas con contrato de alquiler que se quedan en la vivienda sin pagar las rentas o no se van una vez ha finalizado el contrato”, pero que “nada tienen que ver con la okupación”. Esencialmente, detalla, porque son situaciones en las que “existe título: un contrato. Y se está incumpliendo por una de las partes, o se considera ya vencido”.

El contexto
La casuística, expone el abogado, es diversa. Pero hay elementos muy claros que aportan contexto: “Desde 2015 el precio medio del alquiler ha subido, especialmente en las grandes ciudades. El aumento desorbitado de las rentas de alquiler no se corresponde con el aumento de los salarios de las familias, así que muchas no pueden seguir pagando”. En un escenario de crisis económica, continúa Castillo, ocurre que “determinadas personas, población vulnerable, se pueden ver en riesgo de caer en el impago”. El Sindicato de Inquilinas ha detectado, en esa coyuntura, “prácticas especulativas por parte de fondos de inversión o pequeños propietarios” una vez vence el contrato, como por ejemplo “subidas del alquiler de hasta el 50%”.

En cuanto a las herramientas jurídicas, Castillo recalca que la Ley de Enjuiciamiento Civil establece un “procedimiento sumario, muy corto, en su artículo 250.1” a través de un juicio verbal. “En el caso de impago, en el momento el propietario puede presentar una demanda y en el propio decreto de ordenación se establece una fecha para el juicio y una fecha para el lanzamiento. Va muy rápido”, abunda el letrado. “Si el inquilino se defiende, ese procedimiento es más largo, pero suelen ser sumarios”. Y en el caso del fin del contrato, el procedimiento es “muy similar”. Por tanto, zanja, “existen las herramientas legales para proteger el derecho a la propiedad y funcionan perfectamente”.

"En plena pandemia y con la quimio a cuestas, nos teníamos que ir"
Pero, ¿qué lleva a una persona a esta situación? Tono lleva diez años habitando la que ya considera su casa, un piso en un bloque del barrio barcelonés de L’Eixample. Vive solo y no quiere dejar su hogar. Como él, otro puñado de vecinos han decidido no abandonar sus casas, a pesar de que el propietario del edificio ha optado por venderlo a un gran fondo de inversión que les quiere fuera. “El nuestro es un bloque organizado desde hace un año”, dice al otro lado del teléfono. Los inquilinos quieren negociar, pero el fondo de inversión no quiere oír una palabra, afirma Tono. Y recalca: “Hemos pagado muchos años nuestras casas y las queremos seguir pagando”.

Tono lleva tiempo siguiendo la estrategia de hacer giros postales periódicos con el importe del alquiler, pero siempre son devueltos. “Nosotros queremos negociar, seguimos pagando y pagaremos los alquileres a la propiedad”. Hay vecinos, lamenta Tono, que llevan más de cinco décadas en las casas que ahora les quieren arrebatar. Los pisos que se han quedado vacíos “los han ido arreglando para hacer alquileres de temporada”. Tono afirma que decidió quedarse en el piso, en lugar de buscar otras opciones, porque quiere luchar por su casa, pero también por su ciudad: “Hemos perdido barrios enteros. Si no lo hacemos nosotros no lo va a hacer nadie, hay una ocupación turística invisible que convierte nuestras ciudades en Venecia. La ciudad pierde sus servicios, su alma y desaparece”.

La situación de Maia es algo distinta, pero representativa para muchas familias. Hoy, habla desde un piso distinto al que la acogió en 2007, cuando llegó de Uruguay para asentarse en Poble Sec (Barcelona). En aquellos primeros años todo iba bien, describe al otro lado del teléfono, a pesar de las subidas de precio que la propiedad impuso. “Siempre se pagó todo regular, con las crisis en medio que hubiera”. En 2018, una de esas subidas fue imposible de asumir para la uruguaya. “Nos hacen un nuevo contrato y suben la mensualidad. Les dije que no podía, pero al final acabamos aceptando por miedo a quedarnos en la calle”, completa la inquilina, que entonces vivía con su hermano.

Después de más de una década, llega la peor crisis. En 2020 le diagnostican un linfoma y en su vida brota “un caos enorme”, pero los inquilinos siguen pagando. Hasta que llega marzo. “Yo ya llevaba meses de baja, pero mi hermano se queda en una situación precaria”, completa. Ambos deciden entonces contactar con el Sindicat de Llogateres, desesperados por la situación: la enfermedad, la pandemia sanitaria y la situación precaria de ambos les ponía contra las cuerdas. “Intentamos negociar, porque podíamos pagar parte del alquiler, pero no todo. Seguimos pagando lo que pudimos, pero la deuda se iba acumulando”, relata. Las conversaciones se daban siempre con la administración de fincas, pero el propietario del piso les cierra la puerta. “Solo nos atendió una vez”, recuerda Maia. “En plena pandemia y con la quimio a cuestas, nos teníamos que ir”.

El año del covid pasó mientras Maia y su hermano pagaban la mitad de la mensualidad fijada, primero, y algo más después. Con una denuncia por impago, una orden de desahucio que se aplazó y la amenaza constante de un posible desalojo que finalmente llegó. “Siempre quisimos pagar lo que nos fuera posible, pero eso ante la ley no importa”, asiente al recordar el juicio que precedió al desahucio.

¿Okupas?
¿Son okupas estas personas? Tono lo niega tajante. A su juicio, el discurso que les señala como tal no es más que una defensa en firme de los fondos de inversión. Tratan de “inculcar miedo en las tertulias diciendo que cualquiera puede okupar tu vivienda y afirmando que se está okupando masivamente para después, en la publicidad, introducir anuncios de empresas que te colocan alarmas”. También Maia habla de “propaganda” en torno a la okupación, e igualmente alude a la “criminalización de la vida precaria” cuando reflexiona en torno al supuesto inquilinato okupa. “Es más importante la propiedad privada que las personas” y la televisión “pretende que le tengas miedo al de al lado y no a un sistema que te precariza y defiende a los grandes patrimonios”.

Edmundo Rodríguez señala que, en caso de detectar casos de vulnerabilidad, lo establecido es dar aviso a los Servicios Sociales antes de proceder a un desahucio. No obstante, agrega, “al final se va a ejecutar el desalojo”, si bien es importante “compatibilizar el derecho del propietario a recuperar la posesión de su vivienda y el derecho de las personas desalojadas a conseguir una alternativa habitacional”.

En cualquier caso, abunda el juez, no tiene “nada que ver” con el fenómeno de la okupación. “Que una familia con problemas económicos no pueda pagar la renta no tiene nada que ver con la decisión de okupar una vivienda vacía, son situaciones completamente distintas”, razona, aunque es cierto que “una puede llevar a la otra”.

Carlos Castillo cree que el problema bebe directamente de “un mercado del alquiler tensionado, en el cual los inquilinos ven sus derechos muy reducidos” y donde no existe una “alternativa de vivienda pública”. La gente, señala el abogado, “no quiere quedarse de okupa sin saber cuándo le van a echar, no se busca esa situación, afirmarlo es completamente irreal”.

A pesar de que las herramientas jurídicas existen, algunas voces se empeñan en hacer ver que no. El Partido Popular registró a finales de agosto una proposición de ley en el Congreso para endurecer la legislación. En su articulado, establece que “requerido para la desocupación del inmueble por la autoridad”, con ocasión de la correspondiente denuncia, el afectado deberá “desalojar voluntariamente el inmueble ocupado en el plazo máximo de 24 horas”. Si no lo hace, tendrá que acreditar en el mismo plazo “el título jurídico que le autoriza” o, en su caso, “la tolerancia o liberalidad del propietario”.

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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #2532 en: 27 de Septiembre de 2022, 00:58:05 am »
Brutal agresión y disparos por una pelea entre dos familias por una casa okupada en Riells i Viabrea

Por causas que todavía se están investigando, dos familias gitanas que estaban enfrentadas se han empezado a pelear por una casa okupada.

https://elcaso.elnacional.cat/es/noticias/agresion-disparos-casa-okupada-riells_890160102.html

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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #2533 en: 28 de Septiembre de 2022, 08:18:20 am »
Cómo resistir en un bloque con 18 pisos okupados: "Me amenazaban con 'rajarme la cara' o con quemarme la casa si no se la daba"


DANIEL SOMOLINOS
Madrid
Actualizado Miércoles, 28 septiembre 2022 - 00:55

Patricia denuncia amenazas de un grupo de okupas que ya se han hecho con 18 pisos en su bloque



Patricia, dentro de su vivienda en Parla.ÁNGEL NAVARRETE
"Una de las gitanas me dijo que se cagaba en mi raza, me llamaba 'enfermuka' porque sabía que tenía cáncer. Su familia quería okupar mi casa, intimidándome... Incluso me llegaron a dar una paliza".

Cuando Patricia aterrizó en Parla, allá por 2008, en el piso que le había adjudicado el Ivima, le invadió un entusiasmo por, al fin, tener un techo propio. En la actualidad, aquella satisfacción ha mutado en "miedo", "angustia" y, sobre todo, "inseguridad". En su edificio ya hay un total de 18 inmuebles okupados. "Muchos de los okupas, de etnia gitana, pertenecen a la misma familia".

En este clan, desliza Patricia, quien suele llevar la voz cantante son dos vecinas, las matriarcas, adjudicatarias legales como ella. Estas dos residentes fueron las primeras que le dieron la bienvenida a su llegada al vecindario, hasta sus hijos jugaban juntos, dice, pero el clima comenzó a enturbiarse en 2012.

"Vecinos honrados y trabajadores empezaron a irse, al no aguantar más", recuerda la afectada, y desgrana: "A uno le partieron dos dedos. A otro, con una hermana en silla de ruedas, le sacaron una navaja porque hacía ruido por las mañanas al limpiar su casa, ya que 'no dejaba dormir' al de abajo, que había estado de parranda".

ACUSADA DE SER UNA "CHIVATA"
La tensión siguió in crescendo, evoca Patricia. Los pisos que dejaban los vecinos que huían eran rápidamente okupados pese a los esfuerzos del Ivima "colocando puertas de hierro". Hasta que en 2017 se originó un punto de no retorno.

"Veía cómo trapicheaban... Incluso me quisieron involucrar para que yo también vendiera droga. Me negué, no quería esa vida para mis hijas".

Aquella negativa no sentó bien a las dos matriarcas, pero "lo dejaron estar". Hasta 2019, cuando a Patricia le detectan "un tumor en el cerebro". Los médicos le daban "pocas esperanzas de vida", y a sus preocupaciones de salud se sumó otra al llegar a su vivienda.

"La información llegó a los oídos de estos gitanos, y lo utilizaron para presionarme en mi momento más débil", relata, sin borrar de su memoria la tarde en la que escuchó un barullo en su portal y bajó a ver qué sucedía. "Me rodearon entre 20 personas y me dijeron: 'O nos das la casa o te la quemamos'. Sabían que me tenía que ir de la casa durante un tiempo debido a la operación. Vino la Policía y, gracias a ellos, pude subir a mi casa. El problema es que, justo al día siguiente, detuvieron al marido de la matriarca vendiendo heroína y me acusaron de 'chivata'", denuncia Patricia.

UNA AGRESIÓN Y EL CUERPO "AMORATADO"
A partir de ese momento, "el bloque se llenó de gitanos y se me hizo imposible salir de mi casa". "Todos estaban esperándome, me insultaban y gritaban que me 'iban a rajar la cara'. Me rompieron la cerradura, cortaron el agua y la luz... Cuando estuve ingresada tras la operación, una amiga cuidaba de mi casa, pero también la amenazaron a ella".

Patricia estuvo, durante bastante tiempo, "saliendo y entrando a escondidas del edificio", principalmente de madrugada. A veces, incluso, al llegar a las inmediaciones y "ver en la puerta a muchos de estos gitanos", esperaba durante horas en el coche a ver si se iban.

Patricia.Á. NAVARRETE
Pero la guinda del pastel, para esta madrileña, ocurrió este mismo verano, cuando llegó a ser agredida por una de las integrantes de esta familia. "Estaba en el patio y la nuera de una de las matriarcas, sin mediar palabra, me dio un tortazo delante de mi hija de siete años. Después me agarró del pelo y me tiró al suelo... Entre tres personas me comenzaron a dar patadas", rememora, dejándole como resultado el cuerpo amoratado. "Mi hija está traumatizada... La insultan también a ella, ha desarrollado una fobia hacia los gitanos, les tiene pánico".

En la actualidad, Patricia sólo quiere salir de esta vivienda y comenzar una nueva vida. Ha enviado más de 30 escritos a lo que siempre fue el Ivima, denominado ahora Agencia de Vivienda Social y dependiente del área de Movilidad, desde donde deslizan a EL MUNDO que conocen bien el caso de esta persona. "Intermediamos entre las dos partes para que firmaran un acuerdo de mediación para que no se agredieran ni se insultaran en las zonas comunes, y de momento se está respetando".

EL CASO ESTÁ SIENDO "ESTUDIADO"
Desde Movilidad son consientes de que Patricia ha pedido un cambio de vivienda y están "estudiando el caso al dedillo". "Uno de los requisitos es no ser generador de conflictos dentro de la comunidad, para no trasladar la problemática a otro lugar, estamos investigando si ella está involucrada".

Y, respecto a las 18 viviendas okupadas del edificio, desde este área informan que "ya se ha iniciado todo el proceso administrativo y judicial" para la recuperación del patrimonio. "Nos importa que este edificio esté disponible para poder ofrecérselo a personas que realmente necesiten vivienda social".

"Sigo temiendo por mi vida, he tenido ingresos en el Ramón y Cajal por ataques de ansiedad y de pánico. Me corté el pelo en un arrebato y reventé una televisión de la rabia, tras la impotencia de ver a más de 20 personas insultándome y riéndose de mí", remata Patricia, para acabar concluyendo: "No sólo quieren okupar mi casa, es rabia y odio hacia mí. Ya me lo dijo una de las matriarcas: 'te has querido poner por encima de una gitana, te haremos la vida imposible'".

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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #2534 en: 01 de Octubre de 2022, 04:30:52 am »
¿Dónde están los que hace poco decían que los gitanos son víctimas?

Puta gentuza.

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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #2535 en: 02 de Octubre de 2022, 11:26:52 am »
Incitación al delito?


El dueño del Asador Guadalmina dará 400 euros al mes a quien okupe el chalé de Irene Montero


"A esta gente hay que pagarles con la misma moneda", ha asegurado José Eugenio Arias
El dueño del Asador Guadalmina dará 400 euros al mes a quien okupe el chalé de Irene Montero
01/10/2022 10:15

El propietario de Asador Guadalmina, José Eugenio Arias Camisón, ha realizado este sábado un inusual ofrecimiento público: pagar 400 euros mensuales a quien ocupe la casa de la ministra Irene Montero. En un vídeo subido a internet, José Eugenio Arias ha desgranado explicado las motivaciones que le impulsaron a realizar su oferta.

"Imagino que estas alturas todos habrán escuchado las declaraciones de la ministra de Igualdad ayer, cuando dijo que la ocupación de viviendas ilegal era una invención de la derecha", ha explicado Arias. "Yo no sé qué pensará la gente que en estos momentos tenga sus viviendas ocupadas y no puede acceder a ellas hasta que la Justicia resuelva su caso. Yo, de verdad yo no puedo más con esta gentuza", se ha lamentado José Eugenio. "Es que hay que actuar, no nos podemos quedar ni callados, ni parados: hay que actuar", aseveró.

"Lo que voy a decir ahora puede ser que sea susceptible de cometer un delito, pero me da exactamente igual asumiré las consecuencias", ha anticipado el empresario. "Animo a que cualquier ocupa, por favor, vaya y asalte la vivienda de esta señora en el pueblo de Galapagar y la ocupe", ha ofrecido Arias. "Yo me haré cargo de los gastos legales que esto pueda suponer para esas personas", ha añadido José Eugenio. "Así mismo, pagaré 400 euros por cada mes que esa vivienda esté ocupada", ha ofertado.

"A esta gente que hay darle su mismo jarabe: el que el jarabe que les gusta a ellos, hay que pagarles con la misma moneda", ha afirmado Arias Camisón. "Por favor, algún ocupa que asalte la vivienda de esta señora yo asumiré los gastos. Soy José Eugenio Arias camisón propietario del asador Guadalmina de Marbella, para que nadie tenga tenga dudas. Viva España", ha finalizado el video del hostelero.



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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #2536 en: 02 de Octubre de 2022, 16:53:20 pm »
Para él todo ésto no deja ser más que publicidad para su local, con éste tipo de declaraciones sale en los medios gratis, no tiene que pagar por poner un anuncio, sale hasta en la televisión sin poner un duro. . . así que, conocedor de que lo más probable es que los interesados no hagan nada y que si lo hacen, en el peor de los casos, le pondrán una multa. . . pues listo, sus clientes satisfechos, él satisfecho, los medios que se hacen eco de sus tontunas satisfechos. . . todo el mundo, al final, saca algo y están satisfechos. . .

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« Última modificación: 03 de Octubre de 2022, 03:16:04 am por Heracles_Pontor »

"No hay hechos, sino interpretaciones" Nietzsche

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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #2537 en: 02 de Octubre de 2022, 19:34:25 pm »
Actuará de oficio la Fiscalia?

https://youtu.be/AUZV9pIEA0k

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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #2538 en: 02 de Octubre de 2022, 21:51:12 pm »
No.

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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #2539 en: 03 de Octubre de 2022, 01:13:41 am »
Para él todo ésto no deja ser más que publicidad para su local, con éste tipo de declaraciones sale en los medios gratis, no tiene que pagar por poner un anuncio, sale hasta en la televisión sin poner un duro. . . así que, conocedor de que lo más probable es que no interesados no hagan nada y que si lo hacen, en el peor de los casos, le pondrán una multa. . . pues listo, sus clientes satisfechos, él satisfecho, los medios que se hacen eco de sus tontunas satisfechos. . . todo el mundo, al final, saca algo y están satisfechos. . .

Y si se le ocurriese hacerlo a alguien, seria detenido por allanamiento de morada.