La Academia de Infantería construida por presos del franquismo: “Ha de ser señalizada y cumplir la ley de Memoria”
Miles de presos políticos tras la guerra civil, como Marcelino Camacho o el padre del actor José Sacristán, fueron trasladados a Toledo para construir, entre otros edificios, este centro formativo que tuvo su sede en el Alcázar antes de ser destruido en la contienda. El periodista Enrique Sánchez Lubián prepara un libro para reivindicar sus nombres
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Durante los años 40, miles de presos políticos construyeron la nueva
Academia de Infantería de Toledo
Durante los años 40, miles de presos políticos construyeron la nueva Academia de Infantería de Toledo Foto cedida por Enrique Sánchez Lubián
Carmen Bachiller
16 de abril de 2024 20:51 h
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“El trabajo os hará libres”. Es un mensaje que los nazis colocaron en las puertas del campo de exterminio de Auschwitz, en Polonia, durante la II Guerra Mundial. Una máxima que el régimen de Franco aplicó, a su manera, después de la guerra civil española.
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Más allá de las prisiones al uso, durante la dictadura funcionaron los campos de concentración en España (alejados eso sí del modelo hitleriano) o las llamadas colonias penitenciarias militarizadas. “Las autoridades franquistas establecieron mecanismos para convertir el trabajo de los presos en elemento de represión”, explica el periodista Enrique Sánchez Lubián (Alcázar de San Juan, 1956).
Fue una solución práctica. No solo para paliar el elevado coste que suponían los presos de guerra para el ejército del dictador, sino porque “se dieron cuenta de que era la mano de obra que necesitaban para mantener en pie el país. Usaron el subterfugio de que a los penados les serviría para redimir su condena”.
Sánchez Lubián participaba este miércoles en una charla bajo el título ‘El trabajo os hará libres. Esclavos políticos en el Toledo franquista’, organizada por el grupo de Memoria Histórica de la Agrupación Local del PSOE de Toledo en la que explicó la labor que miles de penados realizaron en la ciudad y en la provincia durante los años 40 del siglo XX, en plena dictadura franquista.
Vista de la fachada principal de la Academia de Infantería, en obras, desde la Cuesta de Capuchinos de Toledo Foto cedida por Enrique Sánchez Lubián
Así se construyó la Academia de Infantería de Toledo, uno de los principales centros de formación militar de España en la actualidad, por la que ha pasado incluso la princesa de Asturias, Leonor de Borbón.
Las obras comenzaron en 1941 y no terminaron hasta los años 60 del siglo XX. Hace más de 80 años miles de presos del franquismo ayudaron a levantar el gigantesco complejo militar junto al río Tajo. “La gente tiene que saberlo y ha de señalizarse para cumplir con la Ley de Memoria Democrática”, reivindica.
Entre quienes ayudaron a levantar el edificio estuvieron figuras tan conocidas a partir de la Transición como el Marcelino Camacho, soriano hijo de ferroviario que fundó el sindicato CCOO. “Formó parte del batallón disciplinario 93 en el año 1942. Después de Toledo le trasladaron hasta la zona del Estrecho de Gibraltar para construir fortificaciones. Estuvo en la parte africana y desde allí se fugó”.
A los jornaleros y albañiles llevados a Toledo para estas obras el régimen franquista sumó a profesionales especializados como Julián Diamante Cabrera, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y que fue director del Circuito Nacional Carreteras durante el gobierno de Azaña en la II República. “Fue quien preparó el dispositivo para cruzar el río durante la Batalla del Ebro. Cuando terminó de cumplir su pena, le pidieron que se quedara en las obras de la academia como trabajador libre. Lo hizo durante un año más”.
Otro caso sonado fue el de uno de los pioneros de la aeronáutica española Antonio Grancha Baixauli, formado en Guadalajara. “Puso en marcha el sistema de aviación civil, representando al país en distintos foros internacionales. Es uno de los grandes olvidados”.
Penados de la 5ª Agrupación de Colonias Penitenciarias trabajando frente al Casco Histórico de Toledo Foto cedida por Enrique Sánchez Lubián
La mayoría de los penados que la construyeron procedían de Toledo, Granada, Jaén, Almería, Valencia o Madrid. Como Venancio Sacristán, el padre del conocido actor José Sacristán. “Mi padre militó en la clandestinidad contra Franco, por eso yo no puedo mirar para otro lado”, decía en una reciente entrevista con elDiario.es
La figura de las Colonias Penitenciarias, como forma de canalizar el trabajo de los presos, apareció por primera vez en la Ley de Bases de 21 de octubre de 1869, derogada nueve años después y recuperada durante la guerra civil por el franquismo dentro de un conjunto de instituciones destinadas a la “redención de penas por el trabajo”.
La Ley de 8 de septiembre de 1939 creó el Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas, adscrito a la Presidencia del Gobierno. Se estructuraban en agrupaciones y hubo hasta ocho, según los datos del Ministerio de Cultura. No eran prisiones ni formaban parte del sistema penitenciario civil, pero mantuvieron una estrecha relación con las prisiones porque se nutrieron de ellas.
En la provincia de Toledo funcionaron la Tercera Agrupación de Colonias Penitenciarias, con sede en Talavera de la Reina y dedicada a la construcción del Canal Bajo del Alberche -aunque después de disuelta fue reactivada para construir el embalse de Rosarito-, la cuarta tuvo sede en Añover de Tajo y estaba dedicada a la construcción de la Real Acequia del Jarama, y la quinta, con sede en Toledo se centró en construir la Academia de Infantería.
“En Toledo el Ayuntamiento cedió los terrenos de la actual Academia de Infantería. Montaron un campamento en lo que entonces era un barrio de Toledo rodeado de alambradas y vigilado por el ejército y la Guardia Civil”, explica Sánchez Lubián.
Tras la guerra civil el ejército franquista se dio cuenta de que los presos políticos eran la mano de obra que necesitaba para mantener en pie el país. Usaron el subterfugio de que a los penados les serviría para redimir su condena
Ha logrado documentar desde varios intentos de fuga o muertos por accidentes laborales, entre estas agrupaciones que se mantenían activas mientras duraban las obras. Cuando terminaban, los presos eran trasladados a las diferentes cárceles de referencia. La mayor parte dejaron de funcionar a principios de los años de 1950, pero no todas. En algunos casos se prolongaron hasta los años 70, en el filo de la Transición.
“A todos estos presos les dijeron que les pagarían. El primer sueldo que se estableció era de dos pesetas diarias de las que 1,50 se las quedaba el Estado en concepto de manutención. Lo que les vendía es que con ese sueldo podrían mantener a sus familias y redimir penas”. Eran considerados, apunta el periodista, como “una carga para el Estado”.
Taller de reparación de vehículos en la colonia penitenciaria toledana Foto cedida por Enrique Sánchez Lubián
Se llegaron a crear ‘cartillas de ahorro’ como parte del buenismo franquista pero la realidad es que “apenas acumularon nada. Según los datos de algunos fallecidos cuyas cartillas se entregaron a sus familias, no había más de 13 o 20 pesetas”.
Muchos de los familiares vivían literalmente a los pies de la alambrada que mantenía presos a sus hijos, hermanos o maridos. “Fue así como se creó el actual barrio de Santa Bárbara. Cuando lograban la libertad se ofreció a muchos quedarse como obreros libres. Algunos lo aceptaron”.
Colonias penitenciarias, batallones de trabajadores y destacamentos penales
Junto al Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas se crearon otras entidades como los batallones disciplinarios de soldados trabajadores o los destacamentos penales. “Tras la guerra a quienes habían hecho la mili y se encontraban en zona republicana les llamaban para estar varios meses más, como soldados trabajadores”.
De este sistema de batallones de trabajadores formaban parte las personas clasificadas como “desafectas” al franquismo que, sin embargo, no habían recibido una condena de los tribunales.
A los jóvenes no se les reconocía como válido el servicio militar prestado en el ejército republicano durante la guerra civil. Afectó a todos los varones pertenecientes a los reemplazos de 1936 a 1941. Fueron obligados a trabajar durante un periodo de tiempo equivalente en los batallones disciplinarios como soldados trabajadores.
Además de estos jóvenes, en los batallones disciplinarios se encuadró también a los soldados desertores del ejército sublevado, a quienes durante la guerra civil se habían pasado a la zona republicana, a los soldados republicanos extranjeros presos, a los sancionados por la Fiscalía Superior de Tasas y a los condenados por consejos de guerra a penas de trabajo. Los batallones disciplinarios de soldados trabajadores permanecieron activos hasta diciembre de 1942.
Sánchez Lubián recuerda que la fábrica de cemento ubicada en la población de Castillejo reinició su actividad gracias a un destacamento penal. La empresa pertenecía entonces a la Sociedad Portland Iberia, S.A. y su actividad había quedado paralizada con la guerra civil. “Muchos presos políticos fueron liberados a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial pero los presos comunes siguieron trabajando hasta los años 70 en este lugar”.
También existió el llamado Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones que se nutría de todas estas personas. “Trabajaron también en la provincia de Toledo”.
“Mi objetivo es recordar que hay edificios construidos por presos políticos”
El periodista trabaja en un libro en el que explicará “todo el entramado de los trabajos penados que se desarrollaron en Toledo”. Se trata, dice, “de un tema que hasta ahora no se ha abordado y cuando se ha hecho, ha sido de forma tangencial”.
Pone como ejemplo distintas publicaciones del coronel José Luis Isabel. Algunas fueron recogidas por la revista cultural de Toledo ‘Archivo Secreto’, en un especial sobre la guerra civil en la ciudad. “Solo se ha escrito desde el punto de vista militar o urbanístico, pero apenas se ha tocado la cuestión de los penados”.
Obras de reconstrucción del Alcázar de Toledo, realizadas por el Servicio Nacional de Regiones Devastadas Foto cedida por Enrique Sánchez Lubián
“El objetivo de este libro es recordar que en Toledo hay edificios que fueron construidos por presos políticos”, explica. Desde la reconstrucción del Alcázar o de la plaza de Zodocover, la construcción de pisos en la avenida de la Reconquista o iglesias como las de San Miguel o la de las Carmelitas.
“El alcalde socialista de Sonseca, José Camuñas Domínguez, murió en accidente laboral reconstruyendo el Alcázar”. Quiere poner el foco en quiénes fueron estas personas. “No es fácil porque la documentación está muy dispersa en distintos archivos. Ni siquiera aparece la documentación técnica sobre cómo se construyó la Academia de Infantería. En Toledo no está”.
Algunas de sus fuentes como los archivos históricos de Toledo o Salamanca, el censo de represaliados de la UGT de la Fundación Largo Caballero o la Fundación Pablo Iglesias permiten seguir parte del rastro de los presos y conocer algunas de historias personales. “He podido identificar a unos 2.600 presos que estuvieron en la construcción de la academia. El número total se desconoce”.
“Poco saben que en la ciudad existió un campo de concentración en San Bernardo para clasificar prisioneros que se amplió con terrenos de la actual finca de los Lavaderos de Rojas”. La investigación saca a la luz sus nombres y apellidos, lugares de origen, profesión y hasta las condenas que sufrieron o cuando salieron en libertad.
Sánchez Lubián pone el acento en el artículo 32 de la Ley de Memoria Democrática que se refiere a los trabajos forzados. No solo dice que han de impulsarse actuaciones “para el reconocimiento y reparación a las víctimas que realizaron trabajos forzados”, sino que habrá un inventario de edificaciones y obras realizadas por quienes fueron sometidos a trabajos penados.
Proyecto del Bloque nº 1 de la Avenida de la Reconquista de Toledo, en cuya construcción participaron 160 reclusos encuadrados en el Destacamento Penal 'Vega Baja' Foto cedida por Enrique Sánchez Lubián
La ley exige “la señalización de los lugares directamente relacionados con los trabajos forzados, de forma que se permitan su identificación y el recuerdo de lo sucedido”. También recoge la ley que las organizaciones o empresas que “utilizaron los trabajos forzados en su beneficio”, deben también adoptar estas medidas.
“En Toledo eso no existe. Es el germen de mi investigación, para que la gente lo sepa y sea consciente”, concluye para recordar cómo hasta los años 70 del siglo XX el Ayuntamiento de Toledo homenajeaba a las distintas promociones salidas de la Academia de Infantería, desde 1948. “Cuando cumplían 25 años, se les nombraba ciudadanos de honor. Eso nunca lo tuvieron quienes ayudaron a construirla”.
