La Subdelegación multa a tres taxistas con 600 euros por aplaudir a dos policías
Alegan que se burlaron de ellos por no querer sancionar un vehículo aparcado en la parada al faltar la señal
JUAN CALVO - CANGAS La Subdelegación del Gobierno de Pontevedra comunicó a tres taxistas de Cangas multas de 600 euros a cada uno por una falta de respeto a la policía en público y por recriminar y aplaudir a dos agentes de la patrulla nocturna en público. La denuncia fue presentada por dos agentes de esta patrulla, entre los que se encuentra el ex jefe de la Policía Local de Cangas. La comunicación de las multas ha llenado de indignación a todo el colectivo de taxistas y la concejala de Tráfico y Seguridad Ciudadana, María José Vilas, lucha para solucionar un conflicto que aún no entiende como pudo llegar tan lejos y sin que un asunto de esta transcendencia se le comunicara.
Los hechos ocurrieron, según señala la denuncia de los policías P-03 y P-18, a las 04:10´ horas de la madrugada del domingo 28 de noviembre. Aseguran que los tres taxistas denunciados se dirigieron hacia el vehículo patrulla dando voces y realizando gestos con las manos. Relatan que el vehículo patrulla paró y que los agentes salieron del mismo para dirigirse a la parada. Es entonces cuando, según la versión de los agentes, solicitan que se multe o se retire un determinado vehículo que está estacionado en la parada de Méndez Núñez, en el cruce con la avenida de Marín. Los policías advierten que no pueden hacerlo, porque no hay la señalización adecuada de parada de taxis, que había sido arrancada hace varios meses y aún no se repuso. Los taxistas insisten y los agentes, también, exactamente con la misma argumentación. Cuando los policías comienzan a andar hacia su coche patrulla uno de los taxistas, siempre según la denuncia, dando voces dirigiéndose hacia los agentes manifiesta: "Despois habedes de vir a preguntar quen tira pedras ó Concello". Los agentes piden que "non se pasen" y los taxistas responden aplaudiendo al unísono, "o mesmo tempo que proceden a dar voces en alto hacia os axentes". Es el agente P3 el que se dirige hacia los que más levantaban la voz y les solicita el DNI, negándose los taxistas a la identificación. El agente advierte que se puede tratar de un delito por desobediencia. El taxista accede y cuando el agente le toma los datos pregunta "de malas maneiras" si también quiere el carné de conducir y añadió "seguro que si deixo eu o coche en doble fila o multades".
A los otros dos taxistas no se les identificó en el lugar porque eran conocidos. En la denuncia se señala también que los agentes tuvieron que marcharse rápido porque había un grupo de jóvenes que podía generar conflicto, "xa que na actualidade coscontrol de horario de peche de locais os ánimos dos xóvenes están un pouco alterados e semanas anteriores romperon dous cristales do vehículo patrulla" apunta la denuncia.
Los taxistas alegan que aunque no estaba la señala de parada de taxis en la cola, si lo estaba en la cabecera y también estaba pintada la palabra taxi en el suelo. De hecho, ellos aportarán estas pruebas en las alegaciones que presentarán ante la Subdelegación del Gobierno. Reconocen que no pensaban que la denuncia de los agentes llegara tan lejos y, desde luego, que alcanzara la cuantía de 600 euros.
Uno de los taxistas que no fue identificados afirma indignado que en ningún momento se hizo mofa de la policía, que simplemente no entendieron la razón por la que los agentes no actuaban. Y es que desde alguna sector de este colectivo se piensa que son víctimas de determinadas rencillas políticas.
Los taxistas ya solicitaron una entrevista con la concejala de Tráfico, María José Vilas y también con la alcaldesa de Cangas, Clara Millán. María José Vilas manifestó su sorpresa cuando se enteró de la denuncia por medio de los taxistas. Afirma que hablará con las partes para saber las versiones, pero considera que el conflicto no debería haber llegado a donde llegó, a la Subdelegación de Gobierno, sin pasar por el departamento.
Los taxistas confían aún en solucionar todo esta cuestión sin los 600 euros que se reclaman desde la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra. De momento, ellos también acudieron a un abogado por si las cosas se tuercen demasiado y acaban en los tribunales.
