Expulsado de la Guardia Civil un agente que estafó en Navarra aprovechándose de su cargo
Fue condenado a 21 meses de prisión por estafas en Puente la Reina y Artajona
Enrique Conde
PAMPLONA | 22·10·23 | 21:04
Un agente de la Guardia Civil en un control.
Un agente de la Guardia Civil en un control. EP
La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo (TS) ha avalado la expulsión (separación del servicio) de la Guardia Civil de un agente destinado en Navarra y que fue condenado penalmente por la comisión de varias estafas entre 2014 y 2019, fraudes en los que se valió de su condición de agente del Instituto Armado para apropiarse de dinero ajeno. Este agente fue condenado en abril de 2022 por el Juzgado de lo Penal número 2 de Pamplona a una pena de 21 meses de prisión, condena en la que se le aplicó la atenuante de reparación del daño (pagó 4.000 euros para resarcir a las víctimas) y la agravante de haber actuado prevaliéndose de su trabajo.
La ministra de Defensa resolvió en diciembre de 2022 imponer una sanción disciplinaria a este agente que suponía su expulsión del cuerpo, como autor responsable de una falta muy grave consistente en cometer un delito doloso condenado por sentencia firme. El agente interpuso ante dicha decisión un recurso contencioso-disciplinario militar ante el Tribunal Supremo para que fuera sancionado con la suspensión temporal de empleo o que incluso se tuviera en cuenta el principio non bis in ídem, al entender que no se le podía sancionar administrativamente por un asunto con condena penal. El Supremo rechaza todas las alegaciones y recuerda que los hechos son “objetivamente relevantes y graves. El ilícito ocasionó en modo palmario un grave daño al Instituto Armado, dado que se trata de un servidor público entre cuyas funciones destaca la de perseguir el delito, resultando de todo punto evidente que se generase una relevante afección a la imagen de la Benemérita con la comisión del delito común por el que fue condenado, en cuya dinámica comisiva, además, resultaba factor esencial el conocimiento por las víctimas de su condición castrense. En suma se ha generado una grave merma tanto a la Administración como a los ciudadanos”, justifica el Supremo en la respuesta al recurso.
Impagos a particulares
Este guardia civil estuvo destinado en Puente la Reina hasta 2018, cuando se le instruyó un expediente disciplinario que le obligó a cambiar de destino y se trasladó a Artajona. Así, los hechos delictivos comenzaron en 2014 cuando se dirigió a un trabajador para que le instalara una cocina en su vivienda en la casa cuartel. Se le presupuestó en 3.000 euros, pero él solo pagó la primera cuota de 600 euros y dejó pendientes 2.400 euros. Posteriormente, en Artajona, entre 2018 y 2019 se hizo pasar por agente del Seprona, aunque nunca estuvo destinado en ese servicio, y comenzó a pedir dinero, entre 50 y 300 euros, a una persona que trabajaba en la zona y de la que se ganó la confianza amparándose en su profesión y en su supuesto destino en el Seprona. Aunque se comprometió a devolverle las cantidades, nunca lo hizo. También le pedía que le llevara en coche a Pamplona. A tal punto llegó la situación que el particular tuvo que bloquear en el móvil al agente y después de la denuncia, y por miedo a represalias, solicitó una orden de alejamiento en el juzgado.
En junio de 2019, pese a que sabía que no tenía dinero para hacer frente al pago de un coche. el acusado compró un vehículo a un agente de Tráfico. El precio era de 1.050 euros, pero él solo entregó 550 euros. En otra ocasión, en octubre de ese mismo año, acudió a un bar de Burlada donde había trabajado una familiar suyo y donde se le adeudaba a esta 250 euros. El acusado se identificó como guardia civil y le reclamó el pago de dicha cantidad, que finalmente se hizo pero él no entregó dicho dinero a su familiar.
Por último, ese mismo día que acudió al bar de Burlada, donde tampoco pagó la consumición que había tomado, el acusado se dirigió a una parada de taxis y pidió que le llevara hasta Eslava. El taxista la informó que el viaje le costaría unos 100 euros y el procesado le respondió que era capitán de la Guardia Civil y que en ese momento solo le podía abonar 40 euros, pero que como se trataba de un viaje oficial lo haría a la mayor brevedad posible. Cuando el taxi ya había salido, le pidió que pasara antes por el cuartel de Artajona a recoger su uniforme y su arme y luego a Eslava. El taxista cumplió con el servicio, pero el agente le ofreció una tarjeta con su número de teléfono para fiarle el abono posterior. Ese número nunca respondió.
