El espionaje a Cifuentes acaba en un juicio sin los jefes de la "organización criminal"
El TSJ madrileño confirma la decisión de la jueza de sentar en el banquillo al director de Seguridad de Esperanza Aguirre por los seguimientos a Cifuentes, Gallardón y otros excargos del PP, pero no accede a que se investigue a "Ignacio González y a Francisco Granados", como piden los abogados
Tono Calleja
26.04.2018 - 05:15
Los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) han confirmado la celebración del juicio con jurado por un delito de malversación de caudales públicos contra los espías a sueldo del Gobierno de la Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre, y que realizaron seguimientos a la expresidenta Cristina Cifuentes, al exalcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón; al exconsejero de Justicia Alfredo Prada (predecesor de Francisco Granados en la Consejería) y al exvicealcalde de la capital Manuel Cobo, según consta en un auto del pasado 21 de marzo, al que ha tenido acceso Vozpópuli.
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Imagen del vídeo en el que se ve el presunto robo de Cifuentes.
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De esta forma, la resolución, firmada por los magistrados Francisco Javier Vieira Morante, en calidad de presidente; Susana Polo García y Jesús María Santos Vijante, confirma la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid, Carmen Valcarce, que acordó procesar al exdirector general de Seguridad madrileño Sergio Gamón Serrano, al hombre de confianza de éste Miguel Castaño Grande y a los presuntos autores materiales del espionaje.
Banquillo de los acusados
En el banquillo de los acusados no estará ninguno de los dirigentes de los autores del presunto espionaje, pese a que el abogado de los exagentes José Luis Caro Vinagre, José Manuel Pinto Serrano, José Oreja Sánchez y Antonio Coronado Martínez, asegura que éstos obedecían las órdenes de "una presunta organización criminal".
Francisco Granados durante una toma de posesión en la Comunidad de Madrid
Francisco Granados durante una toma de posesión en la Comunidad de Madrid CAM
"Al frente de esta presunta organización criminal", prosigue el abogado de los agentes en su escrito dirigido al TSJ madrileño, y que no ha sido tenido en cuenta, se encontraban "el exvicepresidente primero de la Comunidad de Madrid Ignacio González y el consejero de Presidencia, Justicia e Interior Francisco Granados, que operó con distintos funcionarios de distintas administraciones públicas, políticos, e instrumentalizó a distintos medios de comunicación, utilizando a los denominados periodistas de las cloacas", especifica el letrado, que no identifica a estos informadores.
La defensa de los exagentes considera, de esta forma, que la investigación del espionaje se ha dirigido "de una forma torticera y mendaz, y únicamente contra tres guardias civiles", que en aquél momento desempeñaban funciones de asesores de seguridad en la Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid , y que considera "víctimas propiciatorias" que no participaron "en actuación ilegal alguna".
Asamblea de Madrid
En el mismo sentido, el 4 de de 2016, uno de estos presuntos autores del espionaje, el procesado Antonio Coronado Martínez aseguró, durante su declaración en la Comisión de Investigación sobre la Corrupción de la Asamblea de Madrid, que el expresidente regional Ignacio González había sido el que le había ordenado seguir a Cristina Cifuentes y a Alberto Ruiz-Gallardón.
La defensa de los exagentes procesados cree que con la negativa a investigar más sus defendidos se encuentran "ante la mayor de las indefensiones", y destaca que con ello se ha favorecido el establecimiento de un "obstáculo férreo" para el descubrir la verdad y demostrar la inocencia de sus defendidos.
También se impide, completa el letrado, "el descubrimiento de esta presunta organización criminal", que ha utilizado a sus defendidos como "escudos para ocultar sus presuntas actividades delictivas". El TSJ madrileño ha confirmado, de esta forma, la petición de la acusación popular ejercida por el abogado Wilfredo Jurado de que se celebre el juicio.
Precisamente, este miércoles Cristina Cifuentes dimitió tras publicarse un vídeo grabado en 2011 en el que fue sorprendida robando dos artículos de belleza en un hipermercado de Vallecas, uno de los distritos de la capital madrileña.
40 euros en Eroski
Castellana de Seguridad, S.A. (Casesa), que trabajaba para el Ayuntamiento de Madrid con Gallardón de alcalde, era la compañía que ofrecía los servicios de seguridad a Eroski en mayo de 2011 cuando Cifuentes fue sorprendida sustrayendo dos cremas antiedad por valor de 40 euros en un establecimiento próximo a la Asamblea de Madrid.
La dimisión de Cifuentes, después del escándalo con su máster y tras conocerse su actuación en la trama 'Púnica', no es ni mucho menos la única de su Gobierno. En sus tres años de presidenta, Cifuentes ha visto como en su Ejecutivo y en el Grupo Parlamentario del PP de la Asamblea de Madrid varios excargos han dimitido o han sido apartados por su presunta vinculación con tramas de corrupción.
El exconsejero Jaime González Taboada, que no está imputado en 'Púnica', fue apartado del Ejecutivo después de ser acusado por el arrepentido David Marjaliza de estar implicado en la trama. Sí renunciaron, tras ser imputados, el exviceconsejero Miguel Ángel Ruiz (Púnica); los exdiputados Daniel Ortiz (Púnica), Josefa Aguado (Gürtel) y Borja Sarasola (Púnica); y el ex director general de Industria, Energía y Minas Carlos López Jimeno (Púnica).