Autor Tema: Va de militares  (Leído 394319 veces)

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Re: Va de militares
« Respuesta #3680 en: 21 de Junio de 2021, 00:17:13 am »
Ha hecho bien.

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Re: Va de militares
« Respuesta #3681 en: 25 de Junio de 2021, 06:41:48 am »

Nuevo frente para Robles: un general en activo recurre el cese firmado por la ministra

Joaquín Pérez-Íñigo, general de Intendencia, da el primer paso antes de pedir amparo a la Audiencia Nacional. Ha sido el responsable de los servicios económicos y pagadurías en Defensa durante siete años

Antonio Rodríguez

Publicado 25/06/2021 04:45   

El general de división de Intendencia, Joaquín Pérez-Íñigo, ha enviado un recurso a la ministra de Defensa, Margarita Robles, para que reconsidere su cese que firmó el pasado 7 de mayo como subdirector general de Servicios Económicos y Pagadurías, según informaron en exclusiva fuentes militares a Vozpópuli. Una portavoz de Defensa declinó confirmar dicha iniciativa a preguntas de este periódico.

Pérez-Íñigo entregó este recurso de reposición, y no el de alzada, porque fue la propia ministra la que firmó su destitución cuando debería haber sido la subsecretaria de Defensa, Amparo Valcarce, su superiora jerárquica. De ahí que con Robles se agote la vía de reclamación dentro del Ministerio antes de interponer una demanda contencioso-administrativa, previsiblemente en la Audiencia Nacional, contra la propia Robles.

El recurso de este general de división en activo es completamente inusual y no hay muchos precedentes en las últimas décadas entre oficiales de alta graduación. El caso más conocido durante el mandato de Robles ha sido el del vicealmirante Alfonso Gómez Fernández de Córdoba, quien en 2019 consiguió que el Tribunal Supremo anulase su pase forzoso a la reserva y revirtiese su cese como subdirector de Reclutamiento y Orientación Laboral, encargado de las oposiciones militares. Fernández de Córdoba dependía también orgánicamente de Valcarce, por aquel entonces directora general Reclutamiento y Enseñanza Militar.

Las citadas fuentes subrayan que Pérez-Íñigo ya tuvo "roces" con Valcarce en aquella época. Mientras que el responsable de Servicios Económicos y Pagadurías del Ministerio era "muy estricto en las contrataciones", la directora general "iba por delante de los compromisos" al comprometer desfiles, ferias de enseñanza o tiradas de libros antes de cerrar el gasto.

Así que cuando Valcarce ascendió hace un año en la cúpula de Defensa para ocupar el puesto de subsecretaria, estos problemas con Pérez-Íñigo se acrecentaron. "Iban descoordinados. El procedimiento se cumplía, pero el general no paraba de exigir que se cumpliesen todos los pasos en una contratación. No le gustaban las formas", resumen las citadas fuentes sobre el choque entre la subsecretaria y su subordinado.

Pérez-Íñigo llevaba en el cargo casi siete años. Fue nombrado en julio de 2014 y se ha mantenido en el puesto con tres ministros -Pedro Morenés, María Dolores de Cospedal y la citada Margarita Robles-, de ahí que compañeros suyos en Defensa subrayen a Vozpópuli su "intachable expediente" durante estos años.

Robles y Valcarce solventaron esta incómoda situación para la segunda con el cese el pasado 7 de mayo de Pérez-Íñigo y su sustitución por la coronel María Teresa Gordillo. Lo más llamativo de este nombramiento es que esta última pertenece a Intervención -dedicado al control interno y la auditoría de los pagos- mientras que el general era de Intendencia -donde se hace el planeamiento previo de los recursos económicos-, de ahí que esta elección haya provocado malestar en los oficiales de este último cuerpo militar por ser contraria a la tradición, según desveló El Confidencial Digital.
Robles y Valcarce concatenan polémicas

En las últimas semanas, Valcarce -y por extensión Robles- están concatenando polémicas dentro de los Cuerpos Comunes, que dependen orgánicamente de la Subsecretaría. Por ejemplo, el general de brigada médico José María Delgado Pérez, actual jefe de Sanidad dentro del Estado Mayor de la Defensa (EMAD), envió en mayo un escrito a Robles en el que cuestionó la idoneidad del nuevo jefe provisional de la Inspección General de la Sanidad Militar (IGESAN), el general de brigada farmacéutico Juan José Sánchez Ramos.

La decisión de Robles el pasado 20 de abril de cesar al anterior jefe de la Sanidad Militar, el general de división médico Antonio Ramón Conde Ortiz, provocó entonces un terremoto dentro de este órgano de los Cuerpos Comunes ya que, por primera vez, se colocó a un farmacéutico al frente de la IGESAN aunque fue "en comisión de servicios", es decir de forma temporal. Una situación muy similar a la que se ha vivido en la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías con el cese de Pérez-Íñigo.

Aquel relevo en la IGESAN llevó al general Delgado a quejarse por escrito a la cúpula de Defensa después de que la asesoría jurídica del Ministerio validase dicho nombramiento. Vozpópuli no pudo averiguar si la carta se remitió a Valcarce o a la propia ministra Robles.

Además, Conde Ortiz se negó en abril a destituir al general de brigada Julio Francisco Pérez Mochales tras una orden de Valcarce por la polémica vacunación en el cuartel general de la Armada, según reveló este periódico.
Quejas en el hospital 'Gómez Ulla'

Por último, el hospital militar 'Gómez Ulla' inició a mediados de junio la vacunación de 650 deportistas extranjeros y periodistas españoles que irán a competir y cubrir informativamente los Juegos Olímpicos de Tokio en medio de quejas internas por este trabajo ordenado por Valcarce.

Fuentes militares subrayaron entonces que el 'Gómez Ulla' debería encargarse de vacunar al personal sanitario o militar de las Fuerzas Armadas, pero no a civiles que forman parte de "entidades privadas", caso de la Selección española de fútbol o el Comité Olímpico Español (COE). El dispositivo enviado a Las Rozas para vacunar a la 'Roja' ya provocó malestar en el centro hospitalario.


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Re: Va de militares
« Respuesta #3682 en: 01 de Julio de 2021, 06:34:00 am »
 
Condenado por abuso de poder un sargento que humilló a un soldado y utilizó letras de un rap sobre sus defectos físicos

La canción sonaba en los coches de las tropas: “vecchia, ven aquí a la derecha de tu amo”. La víctima sufría un problema de cadera y terminó por no ser renovado en el Ejército

01/07/21access_time 1:02

Irene Dorta Hermoso

“¿Con ese cuerpo eres capaz de follarte a tu novia?”, le espetó un sargento del Ejército de Tierra de Las Palmas de Gran Canaria a un soldado que tenía problemas de movilidad en la cadera. Por frases de esta guisa, un tribunal militar acaba de condenar al suboficial por abuso de poder al intentar corregir “a su manera” a su subordinado por el que “tenía fijación”.

Lo que sufrió el soldado -descrito en una sentencia a la que ha tenido acceso Confidencial Digital- es un caso de acoso laboral en toda regla. No solo por parte del sargento, también sus compañeros le humillaron durante años hasta que finalmente en 2015 no renovaron su compromiso en las Fuerzas Armadas (FAS) y tuvo que abandonar. Ahora el soldado solicitará a la ministra de Defensa su reincorporación, según ha confirmado su abogado Antonio Suárez-Valdés.

El sargento J.L.M. y el exsoldado coincidieron entre enero de 2010 y finales de 2010 en la brigada de infantería ligera de Canarias. El rendimiento profesional del denunciante era deficiente y sus errores, despistes y fallos continuos dieron lugar a todo tipo de bromas y mofas.

Esta falta de habilidades del soldado fue aprovechada por el sargento para destacar y provocar la hilaridad del resto de compañeros. “Tiene el cuerpo raro”, “es que está mal hecho”.

Utilizaban el apellido del soldado Gilbert (nombre ficticio) para referirse a los fallos o torpezas que se cometieran en la Unidad como “gilbertadas” o “no seas como Gilbert”. Algo de lo que el sargento en cuestión participaba e incluso iniciaba, según ha considerado acreditado el tribunal togado. De hecho, el sargento llegó a manifestar durante el juicio que Gilbert había sido el peor soldado que había tenido nunca en la carrera militar.
El rap sobre ‘vecchia’

Sus compañeros le hicieron dos canciones a ritmo de rap donde, con las exageraciones propias de una canción compuesta en burla, relataban las vicisitudes personales y profesionales del soldado: “Es el terror de la compañía, no le mandan na’ porque nadie se fía, tiene flow tiene swing tiene su tontería, ¿no has visto cómo anda? parece que esquía”.  El denunciante padece un defecto en los pies que le produce una mala pisada y le genera una mala postura, lo cual le impide correr con normalidad.

La canción fue pasando de Whatsapp en Whatsapp y se acabó escuchando en vehículos particulares de las tropas. Aunque el sargento no participó en ella, había una voz que lo imitaba en la frase: “Vecchia, ven aquí a la derecha de tu amo”. El suboficial era, sin embargo, perfecto conocedor de la existencia de estas letras porque, de hecho, se la pusieron al llegar a Afganistán en 2011.

El sargento lo apodó entonces “Vecchia” (vieja en italiano) y lo llamaba a voces: “Vecchia ven aquí a la derecha de papá” o “Vecchia ponte aquí a la derecha de tu amo”.
Golpes en el pecho para corregirle

Las canciones no eran el único tipo de violencia que se utilizaba. Cuando Gilbert cometía un error le daba un golpe en el pecho. Estos no produjeron ninguna molestia física, pero según el denunciante sí le avergonzaban. De hecho, una de las 14 testigos a las que se tomó declaración durante la vista, dijo que en su momento creía que los golpes que daba el sargento era algo normal, pero que a día de hoy, once años después, lo considera violencia.

Otro de los testigos, un cabo, aclaró que el sargento se obsesionó con Gilbert, que lo enfiló y que decidió disciplinarlo a su manera. El soldado acabó siendo la mascota de la unidad, dijo.
Una denuncia tardía

El soldado esperó para denunciar cuando ya no formaba parte del cuerpo militar. Este fue el argumento de la defensa que considera la acusación como una venganza por no haber sido renovado por el Ministerio de Defensa.

Sin embargo, los magistrados togados no compran esta versión porque cuando Gilbert no fue renovado ya no estaba bajo las órdenes de este sargento. Además, entienden que haya presentado la denuncia tarde como un intento de mantenerse en el cuerpo militar a toda costa.

Según la Sala es “perfectamente entendible” que tardara en poner la denuncia porque además todos a quien les contó su sufrimiento trataban de persuadirle diciendo que estaba en el ejército, que las cosas eran así o que “entre ellos se protegían”.

Los magistrados togados se apoyan en el artículo 47 del Código Penal Militar que castiga al “superior que tratare a un subordinado de manera degradante, inhumana o humillante” y le condena a una indemnización de 800 euros a Gilbert por daños morales; así como a dos meses y un día de prisión con suspensión de empleo militar y derecho a sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Para el letrado Suárez-Valdés esto es una “condena modélica en los tribunales militares que viene a marcar un listón de tolerancia cero hacia el acoso en el ámbito de las Fuerzas Armadas”.


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Re: Va de militares
« Respuesta #3683 en: 05 de Julio de 2021, 15:08:26 pm »
Ucrania esta aún en los 80 respecto.a Europa....en todos los sentidos.


La controversia por el plan de Ucrania de que las mujeres soldado marchen con tacones


Redacción
BBC News Mundo
3 julio 2021
Mujeres soldado en Ucrania marchando con tacones.
FUENTE DE LA IMAGEN,MINISTERIO DE DEFENSA DE UCRANIA
Pie de foto,
El ejército ucraniano publicó imágenes de mujeres soldado practicando para un desfile con tacones.

Los planes del Ministerio de Defensa de Ucrania de que las mujeres soldado marchen con tacones altos en lugar de botas militares en un desfile en agosto han provocado reacciones de enfado.

Luego de que este viernes el Ministerio de Defensa de Ucrania difundiera fotos de mujeres marchando con tacones, Iryna Gerashchenko, miembro de la oposición en el parlamento, dijo que era sexismo, no igualdad.

Ucrania se está preparando para organizar un desfile militar el 24 de agosto para conmemorar sus 30 años de independencia tras el colapso de la Unión Soviética.

El Ministerio de Defensa dice que los zapatos de tacón son parte del uniforme de gala reglamentario.






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Re: Va de militares
« Respuesta #3684 en: 08 de Julio de 2021, 07:13:29 am »

El Supremo absuelve a una pareja de legionarios condenados a prisión por mentir para justificar un retraso

Anula la pena de seis meses por un delito de deslealtad, al entender que llegar tarde unos minutos a incorporarse a la unidad es irrelevante a efectos penales

Fecha
08/07/21access_time 1:02

Aurelio Ruiz Enebral

Un cabo y una soldado de la Legión han conseguido salir absueltos por el Tribunal Supremo por un delito de deslealtad a cuenta del retraso del cabo en presentarse en su unidad.

Los dos militares, que son pareja, fueron condenados por el Tribunal Militar Territorial Segundo a una pena de seis meses de prisión, con las accesorias de suspensión militar de empleo y de cargo público y derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, como autores de un delito de deslealtad, previsto y penado en el artículo 55 del Código Penal Militar.

En los hechos probados por el Tribunal Militar Territorial Segundo se declara que el cabo legionario, perteneciente al Tercio “Gran Capitán” 1º de la Legión, de Melilla, no se presentó a su unidad a primera lista de ordenanza a las 7:55 de un lunes, después de haber finalizado un permiso ordinario el viernes anterior.

“En la Unidad, al personal que llega en barco se le autoriza a llegar más tarde a formación y a la vista que el Cabo no estaba incluido en la lista del personal que venía en barco desde Málaga, el Capitán llamó al Jefe de Sección Sargento 1º para que le informara del motivo de la tardanza”, relata la sentencia de instancia.

El sargento 1º llamó al cabo a las 8:07. El cabo contestó que acaba de llegar en barco a Melilla, y que subiría a su compañía, donde se presentó a las 8:15. El capitán le llamó a su despacho, y el cabo le dijeron que había llegado a Melilla en el barco de la compañía Acciona desde Málaga esa misma mañana: “Ante esa respuesta el Capitán sabedor que el personal que coge ese barco suelen llegar a las 8.00 horas a la compañía, le solicitó que le presentara los billetes del trayecto”.

A las 9:50 se presentó en las dependencia de la compañía del Tercio la esposa del cabo, que a su vez era dama legionaria. Allí aportó “los billetes originales del trayecto de Melilla- Málaga ida y vuelta, de ella y de su marido, y una copia manipulada del billete de vuelta de su marido, que resultó ser de la Compañía naviera Balearia, y no de Acciona, informando que su marido no había acudido personalmente porque había sufrido un ataque de ansiedad y estaba en urgencias en la Clínica Rusadir de Melilla”.

Se detecta la manipulación del billete

El capitán examinó los billetes y observó que “en la fecha de regreso de Málaga a Melilla, el número correspondiente a la fecha del viaje aparece difuminado y en vez del número 9 más bien aparece un 4, de lo que el Capitán dedujo que los billetes correspondían a un viaje de vuelta efectuado el día 24 de julio de 2019 y no el citado día 29 de julio de 2019”. Los fotocopió y se los devolvió a la dama legionaria, esposa del cabo.

Los mandos del cabo en el Tercio “Gran Capitán” 1º de la Legión realizaron ciertas comprobaciones, y las dos navieras (Balearia y Acciona) informaron que ningún viajero con el DNI del cabo había viajado de Málaga a Melilla ese día que llegó tarde a la primera lista de ordenanza en su unidad. Sin embargo, sí había viajado con Balearia desde Málaga a Melilla cinco días antes.

Por todo ello, el Tribunal Militar Territorial Segundo consideró que los dos militares, el cabo y su mujer, dama legionaria, “faltaron a la verdad en sus explicaciones a sus mandos y manipularon un billete de barco para justificar el retraso del citado cabo en su presentación a la primera lista de ordenanza”.

El artículo 55 del Código Penal Militar castiga la deslealtad: “El militar que sobre asuntos del servicio diere a sabiendas información falsa o expidiere certificado en sentido distinto al que le constare será castigado con la pena de seis meses a cuatro años de prisión. En situación de conflicto armado o estado de sitio se impondrá la pena de prisión de tres a diez años. En todo caso se podrá imponer, además, la pena de pérdida de empleo. En todos los supuestos previstos en éste artículo, se impondrá la pena inferior en grado cuando el culpable se retractare, manifestando la verdad a tiempo de que surta efectos”.

Por tanto, se les impuso la pena más baja, seis meses de cárcel.

Conducta inveraz “plenamente acreditada”

Ambos legionarios presentaron sendos recursos de casación ante el Tribunal Supremo. La Sala Quinta, de lo Militar, ha estimado los recursos y ha anulado la sentencia condenatoria del Tribunal Militar Territorial Segundo.

Por ello, ha anulado la condena de seis meses de cárcel para el cabo y la dama legionaria, y les ha absuelto del delito de deslealtad por el que fueron condenados.

Uno de los argumentos en que el cabo basó su recurso fue que él no pudo participar en la manipulación del billete de barco, pues cuando su mujer se presentó en la unidad para aportarlo, aquel se encontraba siendo atendido en urgencias al haber sufrido un ataque de ansiedad.

El Tribunal Supremo no aceptó este motivo de casación: “En primer lugar, debemos resaltar que el recurrente no ha sido condenado por manipular el citado billete de barco presentado por su mujer, sino por faltar a la verdad en sus explicaciones para justificar su retraso –de 17 minutos- a la lista de ordenanza, de las 7,55 horas del día 29 de julio de 2019, al haber declarado que no llegó a tiempo porque acababa de llegar en el barco procedente de Málaga, siendo así que, quedó acreditado que no había viajado dicho día con ninguna de las compañías navieras que realizan dicho trayecto”.

El alto tribunal considera que “esta conducta inveraz ha quedado plenamente acreditada por prueba directa bastante, como lo son las testificales practicadas en el acto de la vista del sargento 1º y del capitán, que acreditan que, al serle solicitada por ambos (el primero telefónicamente y el segundo en su despacho) una explicación al recurrente [el cabo] sobre el motivo de su retraso éste alegó, como pretextó, que acababa de llegar en el barco de la mañana, justificación que, como hemos anticipado, se reveló incierta”.

De hecho, en el acto de la vista el cabo legionario terminó reconociendo abiertamente que llegó tarde a la lista de ordenanza de dicho día porque se quedó dormido.
Un “mero retraso de unos minutos”

Sin embargo, más éxito tuvieron el cabo y la dama legionaria con otro motivo de recurso, “por infracción de ley y al amparo del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, al considerar que se les aplicó de forma indebida el artículo 55 del Código Penal Militar, ya que a su juicio no concurren en el caso los elementos típicos del tipo penal de deslealtad.

Los magistrados del Tribunal Supremo aceptan el argumento, al señalar que “en el caso actual no cabe apreciar dicha idoneidad, dada la irrelevancia y escasa entidad de la conducta enjuiciada”.

Según explican en la sentencia, en el caso de este cabo de la Legión en Melilla “nos encontramos ante un supuesto de un mero retraso de unos minutos en la incorporación del recurrente a su unidad”.
“Estrés” por el acoso de un superior a su mujer

Además, asumen la justificación del cabo: señalan que el retraso fue “provocado por el hecho fortuito de haberse quedado dormido, al parecer por la situación de angustia y estrés que estaba padeciendo por la circunstancia de que su esposa -también militar y destinada, al igual que su marido, en el Tercio Gran Capitán 1º de la Legión de Melilla-, había denunciado a un superior por acoso laboral, y por las posibles consecuencias derivadas de dicha denuncia”.

Se introduce, por tanto, una novedad que complica el caso: la mujer del cabo, que era soldado de la Legión y de su mismo tercio, había denunciado por acoso laboral a un superior, y esa circunstancia provocó angustia y estrés a su marido, el cabo, lo que causó que se quedara dormido el día de los hechos.

“En este contexto, el acusado intentó disculpar el retraso alegando haber llegado esa misma mañana a Melilla en el barco procedente de Málaga, hecho que no correspondía a la realidad, pues, como se comprobó por sus superiores, el viaje de regreso a Melilla se había realizado unos días antes”, admite el Supremo.

El tribunal señala que esta conducta, la de llegar tarde e intentar justificar el retraso alegando que había llegado a Melilla esa misma mañana en barco, “puede ser constitutiva de sanción en el ámbito disciplinario”, pero sin embargo “carece de la entidad y relevancia necesarias para su castigo como delito, tanto desde la perspectiva de la lesividad como desde la perspectiva de la proporcionalidad”.
La cárcel sería desproporcionada

Abundan los magistrados en ese punto: “Desde la perspectiva de la lesividad la conducta carece de la entidad y relevancia requeridas pues se trata de una mera disculpa por un retraso fortuito e insignificante, fácilmente descartable por la simple comprobación de las listas de pasajeros del día de autos de las dos compañías navieras que realizan el trayecto Málaga-Melilla -como así se hizo-, y en consecuencia inidónea para ocasionar un mínimo resultado lesivo para el servicio”.

Es decir, la manipulación del billete era fácilmente desmontable, por lo que no fue suficiente “para ocasionar un mínimo resultado lesivo para el servicio”.

Afirma la Sala Quinta que “privar de libertad durante un periodo de seis meses a dos personas por una conducta tan escasamente relevante resulta manifiestamente desproporcionado”.

Así que concluye que “no concurren en los hechos declarados probados todos cuantos elementos resultan precisos para la configuración del tipo delictivo básico de deslealtad cuya comisión se contempla en el primer inciso del párrafo primero del artículo 55 del Código Penal Militar de 2015, en la modalidad comisiva o subtipo que castiga al que ‘sobre asuntos del servicio diere a sabiendas información falsa’, lo que aboca a declarar la atipicidad penal de tales hechos, ello sin perjuicio de la eventual responsabilidad disciplinaria en que pudiera haber incurrido el hoy recurrente”.

El fallo de la sentencia supone la estimación de los recursos del cabo y de la dama legionario y la anulación de la sentencia del Tribunal Militar Territorial Segundo, y por tanto la anulación de la pena de seis meses de prisión por un delito de deslealtad.

El Tribunal Supremo dicta una nueva sentencia, y declara “que debemos absolver y absolvemos libremente al Cabo y a la Soldado del delito de deslealtad por el que han venido acusados y fueron condenados en Sentencia de fecha 23 de octubre de 2020, dictada por el Tribunal Militar Territorial Segundo, en el Sumario 26/11/19”.


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Re: Va de militares
« Respuesta #3685 en: 12 de Julio de 2021, 07:23:53 am »

Defensa obligada a indemnizar a un militar al que apartó de la carrera alegando problemas mentales
Le excluyeron cuando estaba en los cursos para suboficial y los médicos determinaron que no tenía ninguna discapacidad

Fecha
12/07/21access_time 1:02

I.D.H.
Un juzgado ha obligado al Ministerio de Defensa a indemnizar a un militar que fue apartado de la carrera por supuestos problemas mentales. El departamento que dirige la ministra Margarita Robles debe ingresar unos 10.000 euros, que supone la diferencia retributiva aproximada entre escalas.

En septiembre de 2014 el recurrente fue nombrado alumno de la XLII Promoción para el acceso como militar a la escala de suboficiales del Ejército de Tierra. Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Confidencial Digital, el alumno superó con éxito la formación exigida. En concreto, los cuatro primeros meses de formación militar en la academia y los dos cursos escolares 1º y 2º Enseñanza Militar Para el Ingreso en la Escala de Suboficiales (EMIES) Ligera.

Ya en 2017 terminó de cursar en la academia. Sin embargo, unos meses después se le comunicó que pasaría a realizar tareas propias del destino en la Jefatura del Museo Biblioteca de la Academia de Infantería, siendo apartado de su promoción para el acceso como militar de carrera.

En marzo de 2018 se le notificó la apertura de expediente de baja por una presunta pérdida de condiciones psicofísicas. Y en mayo de ese año, se reunió la Junta Médico Pericial que determinó que aunque el alumno presentaba “rasgos anómalos de personalidad”, estos no suponían ningún trastorno ni una patología clínica significativa. Por tanto, concluyeron que la limitación para seguir realizando su trabajo era 0%.

El denunciante, por tanto, pierde todo los meses que van desde que le apartaron de su promoción hasta que finalmente reingresa en la escala de suboficiales el 1 de julio de 2018. El recurrente, cuyo caso lo ha llevado el abogado Antonio Suárez-Valdés,  entiende que el empleo de sargento y la antigüedad no debería contar desde julio de 2018, si no desde el momento en el que se le cortó la posibilidad de continuar con sus compañeros sin razón objetiva y reclama una indemnización por ese periodo.

El Juzgado Contencioso -Administrativo 3 de Madrid le da la razón, por tanto, y considera “evidente” que el militar perdió la oportunidad de promocionar junto a sus compañeros porque la decisión de los médicos no llegó a tiempo.

La Abogacía del Estado, por su parte, en representación del Ministerio de Defensa reconoce el efecto dañino que esto le produjo, pero cree que el recurrente estaba obligado a aguantar porque si la Administración tiene “posibles sospechas” debe asegurarse de que el alumno está en las condiciones adecuadas para continuar con su carrera militar.

El juez está de acuerdo con esto, pero considera que una vez subsanadas las sospechas, Defensa debería haberle incluido con la promoción anterior y no unos meses más tarde. “Los posibles daños y perjuicios no se ven subsanados por el hecho de que finalmente fuera ascendido a suboficial”, dice la sentencia. Por esto, concluye que es preceptivo que el militar reciba la diferencia económica con respecto a sus compañeros.


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Re: Va de militares
« Respuesta #3686 en: 13 de Julio de 2021, 07:17:48 am »

Almeida propone al juez 'fichar' 22 militares como policías para subsanar un error de Carmena

El Ayuntamiento de Madrid incumplió en 2019 el acuerdo vigente con Defensa de reservar un 20% de las plazas de cada convocatoria a personal de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas
Gonzalo Araluce


Publicado 13/07/2021 04:45

El Ayuntamiento de Madrid ha propuesto al juez lanzar una convocatoria extraordinaria para la contratación de 22 militares como miembros de la Policía Municipal. Con ello pretende subsanar el error cometido durante la gestión de la anterior alcaldesa, Manuela Carmena, que incumplió la cuota obligatoria reservada a los miembros de las Fuerzas Armadas en este tipo de oposiciones. Los juzgados determinarán si aceptan la propuesta del consistorio o si, por el contrario, anula total o parcialmente toda una promoción de 112 agentes que ya forman parte del cuerpo municipal.

El error tuvo lugar en 2019. La convocatoria para la incorporación de nuevos policías municipales exige, por ley, que se reserve un 20% de plazas a militares de tropa y marinería. Se trata de personal de las Fuerzas Armadas que al cumplir los 45 años termina su vinculación con los cuerpos militares y debe buscar un nuevo destino profesional, esta vez en el ámbito civil.

El Ministerio de Defensa tiene suscritos una serie de convenios con entidades de la administración para dar salida a estos efectivos -entre ellos, el Ayuntamiento de Madrid-, aunque las asociaciones militares reclaman más medios para encontrar una adecuación laboral, ya sea en forma de acuerdos con el sector privado o con la adecuación de los conocimientos de los efectivos en títulos oficiales.

El acuerdo entre el Ayuntamiento de Madrid y Defensa no se cumplió en la convocatoria lanzada por el consistorio madrileño en 2019, cuando Manuela Carmena ostentaba la alcaldía. Más de un centenar de candidatos superaron las pruebas y se incorporaron de pleno derecho a la Policía Municipal. Sin embargo, la Asociación de Tropa y Marinería (ATME) advirtió del incumplimiento del acuerdo y reclamó ante los tribunales que se cumpliese con la cuota establecida para incorporar a los miembros de las Fuerzas Armadas.

La postura de Almeida

Como contó Vozpópuli, los tribunales obligaron al Ayuntamiento de Madrid, ya dirigido por José Luis Martínez-Almeida, a incorporar a 22 efectivos de tropa y marinería para cumplir con el acuerdo firmado con Defensa. El consistorio recurrió la decisión: no por estar en desacuerdo con la sentencia, sino para “ganar tiempo” y lograr que los 112 nuevos agentes terminasen las oposiciones y vistieran ya el uniforme.

Un movimiento, señalan fuentes consultadas por este diario, con el objetivo de consolidar la plaza de los agentes de la Policía, al mismo tiempo que se buscaría una vía alternativa para satisfacer las demandas de los militares.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) desestimó el pasado 16 de junio el recurso presentado por el Ayuntamiento madrileño y consideró obligatorio que el consistorio incluyese a los militares a los que se dejó sin plaza en la convocatoria de 2019. Una decisión judicial que ATME aplaudió, al considerar que así se cumplía la defensa de los intereses profesionales del personal de tropa y marinería.
La posición de ATME

Ahora, el Ayuntamiento de Madrid ha propuesto al juzgado y a las partes personadas una alternativa para subsanar el error de 2019 sin poner el juego el futuro de los 112 miembros de la Policía Municipal que aprobaron la oposición, sin tener que anular de pleno toda la convocatoria y despedir a los agentes. En concreto, lanzar una nueva convocatoria exclusivamente para personal de tropa y marinería con 22 plazas para el cuerpo municipal. Una cifra que cumpliría con las cuotas marcadas por el convenio suscrito con Defensa.

Fuentes de ATME señalan, no obstante, que la propuesta satisfaría sus peticiones, en el sentido de que ellos habrían planteado una solución en ese mismo sentido. "Pero de momento nadie se ha puesto en contacto con nosotros, por lo que no podemos valorarlo de forma definitiva". Y añaden: "Nos gustaría tener el acuerdo por escrito y firmado, con una fecha concreta para incorporar a los 22 militares de tropa y marinería al procedimiento; nuestro deseo es no perjudicar a los 112 policías que se ganaron su plaza justamente".



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Re: Va de militares
« Respuesta #3687 en: 15 de Julio de 2021, 07:47:39 am »

La justicia militar archiva la denuncia de una teniente coronel contra el ex subsecretario de Defensa


Era jefa de Personal del Hospital Gómez Ulla. Acusó a un coronel de “abuso de autoridad” y “acoso laboral”, y al entonces número tres del ministerio de haberla presionado
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.
photo_cameraHospital Central de la Defensa Gómez Ulla.
Aurelio Ruiz Enebral   chevron_right 15/07/21 access_time 1:02
El Juzgado Togado Militar Central número 2 ha archivado las diligencias que abrió hace un año para investigar la denuncia que presentó la teniente coronel del Cuerpo Militar de Sanidad Ruth Obregón contra dos coroneles del mismo cuerpo y contra Alejo de la Torre, ex subsecretario del Ministerio de Defensa.

Confidencial Digital ha podido confirmar que el juez togado militar de dicho juzgado ha acordado archivar la causa en lo que se refería a Alejo de la Torre, quien fuera número tres de Margarita Robles entre junio de 2018 y junio de 2020, y a Elvira Pelet, coronel del Cuerpo Militar de Sanidad y jefa del servicio de Anestesiología del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla (Madrid), donde la denunciante, Ruth Obregón, era jefa de Personal.

En lo que se refiere a los hechos de los que se acusaba a De la Torre y Pelet, el juez militar considera que en los hechos denunciados no se aprecia ningún ilícito penal.

También se archivan las actuaciones de investigación sobre el coronel Antonio Fé, que fue jefe de Medicina Logística Operativa y a quien la teniente coronel denunciante señalaba como responsable de haber cometido con ella un delito de “abuso de autoridad” en la modalidad de “acoso laboral”.

En este caso, el juez archiva la investigación judicial, pero da traslado de algunos de los hechos denunciados a la Subsecretaría de Defensa, por si los hechos de los que se acusa a este coronel pudieran encajar, no como delitos, pero sí como faltas según la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.

Los abogados de la denunciante, la teniente coronel Obregón, han recurrido el archivo de las actuaciones decidido por el Juzgado Togado Militar Central número 2. Solicitan que se reabra el caso y se investigue judicialmente, ya que insisten en que se habrían cometido contra ella delitos como abuso de autoridad.

Consideran que las actuaciones del juez y el auto de archivo dejan una vía clara de recurso, y confían en que instancias superiores reabran el caso. Además, las fuentes consultadas aseguran que su intención firme es “ir hasta el final” en este asunto, y no descartan llegar incluso al Tribunal Supremo.

Abuso de autoridad y acoso laboral
Tal y como se contó en estas páginas hace un año, la teniente coronel Ruth Obregón presentó una denuncia ante la justicia militar dirigida principalmente contra el coronel Antonio Fé. Este oficial fue nombrado jefe de Medicina Logística Operativa en marzo de 2018, y estuvo en dicho cargo de la Sanidad Militar y del Hospital Central de la Defensa hasta que fue cesado en noviembre de 2019. Después pasó a la reserva.

En la denuncia se señalaba al coronel Fé como “responsable de un delito de abuso de autoridad en su modalidad de acoso laboral”, que según la teniente coronel denunciante habría padecido durante cuatro años. También se mencionaban otras conductas que pudieran ser también constitutivas de diversos ilícitos penales o disciplinarios.

En los hechos denunciados se citaban unos mensajes de WhatsApp que circularon entre personal del Hospital Gómez Ulla, miembros del Cuerpo Militar de Sanidad y de otras instancias de las Fuerzas Armadas. En esos mensajes, que la teniente coronel denunciante asegura que fueron escritos y enviados por el coronel denunciado, se incluyeron unas acusaciones contra la teniente coronel Ruth Obregón, y en ellos (siempre según la denuncia) el autor de los mismos “incita a los generales de Sanidad a dimitir en bloque” y “vulnera la confidencialidad” al revelar el dictamen de reconocimiento médico para misiones de esta misma teniente coronel, “dictamen que el coronel Fé conocía por razón de su cargo (entonces jefe de Medicina Logística Operativa del hospital)”.

La teniente coronel Obregón consideraba que esos mensajes de WhatsApp la difamaban, la sometían “a linchamiento público” ya que se difundieron por distintos ejércitos, unidades y provincias de España, y atentaban gravemente contra su honor, intimidad y propia imagen.

Además, aseguraba que el coronel jefe de Medicina Logística Operativa llevaba cuatro años “de persecución” contra ella, y que “valiéndose de su superior empleo ha tejido en torno a mi una red de desprestigio grave, ejerciendo sobre mi un abuso de autoridad y difamación intolerable, de forma directa o indirectamente a través de sus amigos de promoción cuando estos han ocupado el puesto de director del hospital”.

Contra el ex subsecretario de Defensa
Si la acusación principal iba contra este coronel, la denuncia señalaba también al subsecretario de Defensa Alejo de la Torre -del que dependía la Sanidad Militar- y a la coronel (cuando sucedieron los hechos teniente coronel) Elvira Pelet.

A ambos, la teniente coronel Obregón les acusaba de haberla presionado para retirar un parte que Ruth Obregón presentó contra Antonio Fé en febrero de 2020, y que solicitó retirar un día después.

En la denuncia presentada, aseguró que “por orden del Subsecretario” omitió de ese parte que el coronel la había amenazado de muerte, y también afirmó que “finalmente, por otra orden del subsecretario a través de la teniente coronel Elvira Pelet se me ordenó que retirara el parte aduciendo que ya había sido sancionado a pesar de que esa sanción nunca sucedió”.

Cabe señalar que el coronel denunciado aseguró que él sí fue sancionado por vía disciplinaria por esos hechos.

Declaró el inspector general de Sanidad
ECD ha podido saber que en este procedimiento declararon, en primer lugar, tanto la denunciante (la teniente coronel Ruth Obregón) como los denunciados, Alejo de la Torre, la teniente coronel Elvira Pelet y el coronel Antonio Fé.

Ante el juez también acudieron a declarar numerosos testigos. La mayoría de ellos eran trabajadores militares y civiles del Hospital Central de la Defensa, donde habrían sucedido los hechos denunciados.

Llegaron a prestar declaración el entonces inspector general de Sanidad de la Defensa, el general de División Antonio Ramón Conde Ortiz (cesado hace unos meses), y el director del hospital, el general de Brigada Miguel Fernández Tapia-Ruano.

Las diligencias avanzaron muy lentamente. El juez que llevaba el caso pasó a la reserva, y se hizo cargo de la denuncia otro juez togado militar. La fiscalía pidió el archivo de la causa hace unos meses, pero el juez prefirió realizar más pruebas solicitadas por la acusación.

Finalmente, el juez ha considerado que de las pruebas realizadas y de los testimonios recabados durante estos meses no cabe concluir que el ex subsecretario de Defensa Alejo de la Torre y que la coronel médico Elvira Pelet cometieran ningún delito.

Lo mismo concluye del coronel Fé, si bien en ese caso, como ya se ha indicado, remite la denuncia de la teniente coronel Obregón a la Subsecretaría de Defensa (que ahora dirige Amparo Valcarce, sucesora de De la Torre) para que analice si procede investigar los hechos en un procedimiento disciplinario, pero no penal.

Estudian actuar contra la denunciante
Ya cuando se enfrentaron a esta denuncia, los tres denunciaron reaccionaron asegurando que estaban dispuestos a contraatacar, si el caso se archivaba, para defender su imagen ante estas acusaciones.

Fuentes del caso consultadas por ECD aseguran que los abogados de varios de los denunciados en este caso están a la espera de que el archivo de las diligencias sea definitivo para estudiar medidas legales.

Apuntan que algunos de los testigos citados por la denunciante podría haber cometido falso testimonio, e incluso estudian dirigirse contra la teniente coronel Obregón por haberles denunciado por este asunto y haberles “difamado”.

Ceses y traslados
Hay que señalar que varios de los protagonistas de esta causa ya no ostentan los cargos que tenían cuando sucedieron los hechos denunciados.

La teniente coronel Ruth Obregón fue apartada de sus funciones de jefa de Personal del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla entre febrero y marzo de 2020. Meses después se hizo oficial su cese en ese puesto, y fue enviada a la Agrupación de Sanidad nº 1 (Agrusan 1) del Ejército de Tierra.

Además, se le abrió un expediente disciplinario y se incoó una investigación de la justicia militar sobre su gestión al frente del departamento de personal y recursos humanos del hospital. El Ejército de Tierra terminó dando por concluido el expediente disciplinario, y la investigación judicial (diligencias previas) sigue en marcha un año después.

También presentó un recurso de reposición para intentar anular su cese y ser respuesta en su cargo en el Hospital Gómez Ulla, recurso que llegó a la vía contencioso-administrativa y que está pendiente en la Audiencia Nacional.

Y por último envió una carta a Margarita Robles, que la ministra remitió a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con el relato de hechos del presunto “acoso laboral” que, según ella, sufrió durante años en el Gómez Ulla y del que responsabiliza a dos directores del hospital y al coronel Fé.

Por su parte, Alejo de la Torre fue cesado por la ministra Margarita Robles del cargo de subsecretario de Defensa en junio de 2020, y en su lugar nombró a Amparo Valcarce, la actual subsecretaria.

El coronel Fé fue apartado del puesto de jefe de Medicina Logística Operativa en noviembre de 2019, y pasó a situación de reserva.

La coronel Elvira Pelet, que ascendió desde el empleo de teniente coronel en el verano de 2020, continúa en su puesto de jefa del servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.

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Re: Va de militares
« Respuesta #3688 en: 21 de Julio de 2021, 11:26:20 am »
Un soldado de Regulares, absuelto de insulto a un superior tras amenazar a un cabo con ponerle “una bota en el pecho”

El Tribunal Militar Territorial Segundo considera que el grito se lanzó en un estado de nerviosismo y ofuscación y que el receptor no se sintió amenazado

Fecha
21/07/21access_time 1:02

Aurelio Ruiz Enebral

Ponerse a gritar ante superiores y compañeros militares insultos y amenazas como “me importa una mierda la guardia”, “doy hostias como panes con la mano abierta”, “vaya mierda de guardia, vaya mierda de mandos” y “te voy a poner una bota del 48 en el pecho”, no le han supuesto a un soldado del Ejército de Tierra una condena por el delito de “insulto a superior” en su modalidad de amenazar a un superior en su presencia.

Confidencial Digital ha consultado una sentencia reciente del Tribunal Militar Territorial Segundo sobre un soldado del Grupo de Regulares de Melilla nº 52, sobre el que un juez togado abrió diligencias a causa de un parte presentado por su teniente, por presuntos delitos de “Abandono del servicio de armas”, en su modalidad de no presentarse al cumplimiento del servicio de armas nombrado (artículo 67.3 del Código Penal Militar), y de “insulto a superior”, en su modalidad de amenazas a un superior en su presencia (artículo 43 del mismo código).

Finalmente, el tribunal condenó a este soldado de Regulares a cuatro meses de prisión por “quebrantamiento del servicio”, por no presentarse a un servicio de armas, según el artículo 67.3:

“1. El militar que abandonare un servicio de armas será castigado:

1.º Con la pena de diez a veinte años de prisión, cuando tuviere lugar frente al enemigo, rebeldes o sediciosos.

2.º Con la pena de cinco a quince años de prisión, cuando tuviere lugar en situación de conflicto armado o estado de sitio, fuera de las situaciones expresadas en el apartado anterior, o en circunstancias críticas.

3.º En los demás casos, con la pena de tres meses y un día a dos años de prisión”.

Sin embargo, los jueces militares absolvieron al soldado del delito de “insulto a superior”, en su modalidad de amenazas, al considerar que “no concurren los elementos del tipo penal” del artículo 43 del Código Penal Militar.
No se presentó al servicio

Según el relato de hechos probados, todo comenzó cuando el 4 de abril de 2020 el soldado dde Regulares “no se presentó en la base militar para recoger el material y armamento para prestar el servicio de Guardia de Seguridad del Acuartelamiento para el que había sido debidamente nombrado en la Orden de nombramiento de servicios de la 2ª Compañía y publicada en el tablón de anuncios del Acuartelamiento”.

Cuando el sargento de guardia iba a entregar el armamento para prestar el servicio, comprobó que el soldado no se encontraba allí. Dio novedades al oficial de la guardia, un teniente, quien a su vez ordenó al cabo de la guardia que localizase al regular.
“No me sale de los cojones”

El cabo llamó por teléfono al soldado. Después de tres llamadas, el soldado contestó que no se encontraba en el cuartel, y espetó: “No voy a entrar de guardia porque no estoy nombrado, no me sale de los cojones entrar de guardia”.

A continuación, el teniente, el suboficial y el cabo “observaron cómo desde la ventana de la Residencia de Tropa el regular comenzó a dar voces”, gritando cosas como “las cosas no se hacen así hay que avisarlas con tiempo”, “no voy a entrar de guardia”... Además, lanzó “improperios dirigidos al personal de la Guardia”.

A continuación salió de la Residencia de Tropa y se presentó en el Cuerpo de Guardia con la misma actitud.
“Te voy a poner una bota del 48 en el pecho”

La sentencia recoge que apareció gritando “me dan igual los galones llevo mucho recorrido y si tengo que soltarles una hostia a quien sea con la mano abierta lo hago porque yo no voy a hacer el servicio”.

Dirigiéndose al cabo, el que le había llamado por teléfono, le soltó “te voy a poner una bota del 48 en el pecho”. Ante esa amenaza, el cabo “intentó tranquilizarlo consiguiendo que finalmente éste se marchase de nuevo a la Residencia de Tropa. Pudiendo finalmente realizarse la Guardia de Seguridad mediante la activación del imaginaria de la misma” de otro soldado.
Delito de “insulto a superior”

El fiscal jurídico militar, en su informe definitivo de conclusiones, solicitó un año de prisión para el soldado por un delito de “insulto a superior” en su modalidad de amenazar a un superior en su presencia, según el artículo 43 del Código Penal Militar:

-- “El militar que, sin incurrir en los delitos previstos en el artículo anterior, coaccionare, amenazare, calumniare o injuriare gravemente a un superior, en su presencia o ante una concurrencia de personas, por escrito o con publicidad, será castigado con la pena de seis meses a tres años de prisión. Cuando no concurrieren estas circunstancias se impondrá la pena en su mitad inferior”.
Los requisitos del delito

Los jueces del Tribunal Militar Territorial Segundo analizaron si en los hechos declarados probados concurrían “todos y cada uno de los elementos que el tipo penal” del delito de amenazas requiere.

El primer elemento se cumple: quien expresa la amenaza debe ostentar la condición de militar, y el acusado era militar profesional de las Fuerzas Armadas.

El segundo también se cumpliría: el sujeto pasivo de las amenazas tendrían que ser superiores, y en este caso podrían ser el cabo, el sargento y el teniente.

Otro requisito es que “el sujeto pasivo destinatario de la acción consistente en la coacción, injuria o la amenaza debe ser individualizado y concreto”, según la jurisprudencia de la Sala Quinta, de lo Militar del Tribunal Supremo.

La conducta podría concretarse en coacción, injuria o amenaza, y producirse por escrito, con publicidad o por último en presencia del superior ofendido.

En todo caso habrían de valorarse “las circunstancias concurrentes en el caso concreto”: “El delito de amenazas es un delito de carácter circunstancial que hace que la valoración jurídica de la acción desarrollada deba analizarse desde las expresiones proferidas, las acciones ejercidas, el contexto en que se vierten, las condiciones del sujeto pasivo y cuantas circunstancias contribuyan a la amenaza”.

En el delito de amenazas, el bien jurídico a proteger es plural, la disciplina, la integridad física, la dignidad personal...

La jurisprudencia establece también que “se trata igualmente de un delito de actividad que no requiere lesión o resultado material, ni siquiera que se consiga perturbar el ánimo sosiego o tranquilidad del amenazado y que requiere únicamente el dolo genérico consistente en la voluntad y proposición de ejercer presión sobre la persona del superior”.
Amenazas “no dirigidas a nadie en concreto”

Una de las convicciones a las que llegan los jueces en este caso es que las expresiones que profirió el soldado de Regulares de Melilla, como “me importa una mierda la guardia”, “doy hostias como panes con la mano abierta”, “vaya mierda de guardia, vaya mierda de mandos”, “te voy a poner una bota del 48 en el pecho”, “nos quitamos el parche”... “se hicieron de forma genérica y no dirigidas a nadie en concreto”.

Según la sentencia, “fueron expresiones lanzadas por el soldado desde la ventana de la Residencia primero y posteriormente en las inmediaciones del Cuerpo de Guardia donde se encontraba el personal entrante de Servicio dirigidas al conjunto del personal que allí se encontraba”, y añade, “pero a nadie de forma concreta”.

Por ello, el Tribunal Militar Territorial Segundo considera que “no concurren por tanto en el sujeto pasivo destinatario de la acción consistente en amenaza, coacción o injuria los requisitos establecidos en la sentencia de la Sala Quinta del Tribunal Supremo de 20 de febrero de 1989, cual sin duda alguna en el presente caso, en que el autor de la amenaza no dirige directamente al ofendido las frases amenazantes de forma directa e individualizada”.
El cabo no se alteró por las amenazas

Sí hubo algunas expresiones dirigidas expresamente contra alguien: “te pongo una bota del 48 en el pecho” y “nos quitamos el parche” iban dirigidas contra el cabo.

Pero en este punto los jueces militares consideran que “si bien es cierto que el destinatario de las mismas en este caso se concreta en la persona del superior tal y como exige el tipo penal no lo es mas el hecho, aun no siendo requisito indispensable, que éste no se vio alterado en ningún momento por las expresiones realizadas por el encausado”.

Así lo puso de manifiesto el cabo, en su declaración en el proceso judicial. Afirmó que conocía al soldado, ya que había sido su cabo, y afirmó que “le sorprendió mucho su actitud, estaba raro” “como si hubiese bebido”.

El cabo explicó que ante esos gritos, él reaccionó tranquilizando al soldado y “se lo llevó a la Residencia para que descansara, no dándole credibilidad ni preocupación por las expresiones hechas por el encausado”.

Los jueces tuvieron en cuenta la doctrina jurisprudencial y concluyeron que “la conducta del soldado en relación con el cabo carece de la idoneidad suficiente para violentar el ánimo del sujeto pasivo”, según palabras del Supremo.

Además, si según la Sala Quinta del Supremo “amenazar es dar a conocer a otro, por cualquier procedimiento, que se le va a acusar un mal, de manera que se vea constreñido o atemorizado … cuyo contenido esencial consiste en el anuncio de causar al superior, su familia o a otras personas conlas que esté íntimamente vinculado, un mal que constituya delito”, llega a la conclusión el Tribunal Militar Territorial Segundo que “en el caso que nos ocupa estimamos que no concurren los elementos necesarios para considerar las expresiones realizadas por el encausado y dirigidas al sabo como constitutivas de un delito de amenazas merecedoras de reproche penal”.

Recoge la sentencia que las expresiones lanzadas por el soldado de Regulares “se producen con ocasión del estado de nerviosismo y ofuscación que le produjo la llamada telefónica para que se presentase a la Guardia en la mañana del día 4 de abril de 2020”.

Además, destaca que “ningún acto anterior y posterior evidencia concreción, individualización y prueba de que la amenaza se dirigiera contra persona concreta, siendo así que como han manifestado los testigos que han depuesto en este acto el encausado lanzaba improperios y voces por la ventana de la Residencia de Tropa y posteriormente hizo lo mismo en las inmediaciones del Cuerpo de Guardia, sin que ninguno de los testigos hayan apreciado gravedad alguna en las expresiones realizadas por el encausado, ni tan siquiera el cabo llegando incluso a manifestar que le parecía que el soldado ‘estaba bebido’”.

Por todo ello, concluyen que deben absolver al regular del delito de amenazas a superior.

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Re: Va de militares
« Respuesta #3689 en: 12 de Agosto de 2021, 16:56:12 pm »


https://twitter.com/Diego50004Spain/status/1425686299156140034?s=19

EL DIARIO DE BONO SOBRE EL YAK-42 »


El Rey a Bono: “Hicieron lo que quisieron, sin que yo ordenara nada [del funeral]”


La Moncloa: “El jefe del Ejército de Tierra es muy odiado, debes ceder esa pieza”

General Alejandre: “Algunas familias están en el odio y otras solo quieren dinero”

La advertencia de Zaplana: “Vas muy deprisa y algunos en el PP te tienen ganas”

ESPECIAL 10 años de la tragedia del Yak-42

JOSÉ BONO  25 MAY 2013 - 00:37 CET370



En mayo de 2004, el entonces ministro de Defensa, José Bono, que llevaba apenas un mes en el cargo, viajó a Trabzon (Turquía), donde un año antes se había estrellado el Yak-42. Con motivo del décimo aniversario del accidente, que se cumple mañana domingo, Bono ha facilitado a EL PAÍS el contenido de su diario de aquellos días, una parte del material en bruto del segundo tomo de sus memorias, que se publicará a finales de este año.

» Martes, 25-5-2004. Desde el Congreso a Torrejón. Vuelo a Trabzon (Trebisonda) en el Airbus oficial. Vienen el arzobispo castrense, el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, y más de 30 periodistas.

Nos trasladamos hasta el hotel Buyuk, en la ciudad de Maçka. Ceno con 160 familiares de las víctimas del Yakovlev. Pretendemos que en la sala no haya periodistas, pero levanto la vista y veo a Miguel González, de EL PAÍS, que se ha colado. Hablo con las familias y me estremecen los sufrimientos que llevan acumulados por no saber la verdad de lo que ocurrió en el accidente. Se mezclan las emociones, los sentimientos y la rabia. Me llama la atención una mujer del barrio de San Pablo, de Albacete, que ha perdido a su hijo y que habla con hondura y con fuerza. Otra madre me dice que su hijo, capitán, se despidió de ella diciéndole: “Mamá, si me pasa algo no culpes al Ejército, porque yo me voy voluntario y el Ejército es mi vida”. Aprovecho esta confidencia para, en mis palabras al fin de la cena, citar a Azaña y pedir “paz, piedad y perdón” en nombre del Ministerio de Defensa. Una chica joven me increpa. “No estoy dispuesta a perdonar ni al ministro Trillo, ni al Jeme [Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, general Luis Alejandre] y no entiendo que usted les encubra”. Al acabar la cena, una señora de Canarias me cuenta cómo a su hijo le han enterrado en Alcantarilla (Murcia) pero que ella quiere llevárselo a su tierra. Mucha emoción y mucha fuerza sentimental. Me voy a dormir con la idea de que algunas familias no están dispuestas a perdonar sin investigación de los hechos. No soy el fiscal, ni el inquisidor pero no puede dejar de afectarme la ternura con la que me habla esta madre: “Mi hijo me quería de una manera especial, hasta el modo en el que me decía mamá me emocionaba, y usted debe comprender que quiera tener cerca sus restos mortales”.

» Miércoles, 26-5-2004. Las cadenas [de televisión] reproducen la parte del mi discurso en la que dije, refiriéndome a los 62 militares que perdieron la vida en el accidente del Yak-42: “Hubieran querido morir de otra manera, lo que no quisieron es vivir de otro modo que no fuera el del servicio a España”. Por ello se modificarán los versos que habitualmente se recitan en los actos fúnebres castrenses. Ya no se dirá “no quisieron morir de otra manera”, sino “no quisieron vivir de otra manera”. Es un pequeño homenaje a los que murieron en el Yakovlev (1).
 
Me levanto a las seis de la mañana y asisto a la misa que oficia el arzobispo castrense en el comedor del hotel. Me pide que lea la epístola de San Pablo. En el rito de la paz, observo que debo dársela a quien anoche con más firmeza rechazaba el perdón para los responsables de la muerte de su familiar. Le extiendo la mano y le pregunto: “¿Ni siquiera aquí, en misa, eres capaz de perdonar?” “Quiero la verdad y no pararé hasta conseguirla”, me responde. Al besarla, tomo internamente el compromiso de buscar la verdad de lo ocurrido con todas mis fuerzas y hasta el final. Cambio profundo y radical en mi posición ante el accidente: buscaré la verdad sin contemplaciones corporativas. Me alegra que haya sido asistiendo a misa y en el rito de la Paz.

Subimos por un camino complicado y difícil hasta el monte Pilav, donde se estrelló el Yakovlev hace hoy un año. La cumbre está cubierta por una niebla que casi impide la visión; un grupo de niños, vestidos pobremente y con pocas prendas de abrigo ha arrancado unas flores silvestres para entregárselas a los familiares de las víctimas del Yak. Las autoridades y la población de la zona se vuelcan en muestras de afecto hacia los apesadumbrados visitantes. Pancartas en castellano les dan la bienvenida. La gente está sentada en los bares y a la orilla de la carretera para ver pasar la expedición llegada desde España para llorar en el lugar donde murieron sus seres queridos.

Ya en Madrid, llama Miguel Barroso [secretario de Estado de Comunicación] para decirme que le han dado informaciones muy positivas sobre el viaje. “El Jeme es muy odiado por los familiares y a lo mejor tienes que ceder esa pieza”, añade. Efectivamente, tendré que cesar a Alejandre y así se lo digo por teléfono al presidente [José Luis Rodríguez Zapatero]. “Una de las razones de lo mucho que odian los familiares del Yak al Jeme”, le explico, “es porque, a los ocho días del accidente, escribió una carta a Pedro J. [Ramírez, director de El Mundo] a la que adjuntaba una foto en la que posaba sonriente a bordo de un Hércules [avión de transporte del Ejército] con el siguiente comentario: Los militares no organizamos viajes de novios a Cancún”. Semejante desparpajo dolió a los familiares: y no me extraña, porque una cosa son viajes de novios y otra meter a personas en aviones sin el más mínimo requisito de seguridad, pese a las protestas y reclamaciones previas.

» Jueves, 27-5-2004. Hoy publica EL PAÍS que he ofrecido un mausoleo conjunto para las víctimas del Yak-42 por los errores que, según todos los indicios, se cometieron en la identificación de los cadáveres. Esta oferta quizá no la acepten los familiares. Haré lo que ellos quieran, porque enterrar a los muertos es tarea, y derecho, de las familias.

Mi viaje a Turquía inquieta y molesta en el PP. Desean, y así me lo hacen saber, que me olvide del Yakovlev pero es imposible. [Eduardo] Zaplana [portavoz del último Gobierno de Aznar] me llama: “Vas muy deprisa y esto te puede perjudicar… En algunos círculos de mi partido te tienen muchas ganas”. Le contesto que, “precisamente por no ser duro con Trillo, estoy teniendo problemas con algunos familiares de quienes murieron en el Yakovlev”.

Escribo una carta a Trillo en la que le digo: “Ayer se cumplió un año del trágico accidente del Yak-42 y, coincidiendo con este aniversario, viajé con los familiares de los fallecidos a Turquía. Allí, durante una cena, pedí paz, piedad y perdón. Descanso en paz para los muertos; y piedad y perdón para quienes, sin mala fe, hayamos podido cometer algún error. Las familias quieren saber la verdad. Creo que tienen derecho a saber lo que pasó y por eso les he recibido y les he ayudado para que se practiquen las pruebas de ADN. Les seguiré ayudando, facilitándoles todos los medios a nuestro alcance, para que tengan la seguridad de que desde este ministerio les hablamos con la verdad y con el corazón. En diversas ocasiones he dicho sobre este asunto que solo quiero honrar la memoria de los muertos con el honor que merecen y disminuir el dolor de sus familiares. Expresamente he declarado que no quiero ser ni inquisidor ni justiciero porque en mi código ético y político no cabe alentar el odio...”

Llego a Zarzuela para asistir a la misa en honor de los Caballeros Laureados de la Orden de San Fernando. Hablo a los Jemes [Jefes de Estado Mayor de los tres ejércitos] del Yakovlev. Les hago saber lo que los familiares piensan del Jeme [Alejandre] y de Trillo. El Jeme, dolido, asegura que “con algunas familias es imposible hacer nada porque están instaladas en el odio y otras solo quieren humillar al Ejército y conseguir dinero”.

 

 
El rey Juan Carlos, durante el funeral celebrado en la base aérea de Torrejón por los 62 militares españoles en el accidente del Yak-42. / MIGUEL GENER
 
El Rey me comenta: “Lo estás haciendo bien con las familias...” Le digo que el funeral estuvo mal organizado y, para conocer su opinión, añado: “Algunos aseguran que se hizo una ceremonia única y rápida para que los Reyes pudiesen asistir a un solo funeral y no incomodarles con varios actos fúnebres diferenciados”. “¡Eso es mentira!”, me contesta el Rey. “Yo no voy a la ópera, pero para actos militares no me tienen que insistir...Hicieron lo que quisieron, sin que yo ordenara nada”.

» Jueves, 1-7-2004. Cena en casa de un amigo. Un dirigente del PP me advierte: “Rajoy dice que nos estamos portando muy bien contigo y que tú eres el ministro que más daño nos hace, pero tenemos mucha información tuya y te vamos a empapelar como sigas con el Yakovlev… el almirante Torrente [Francisco Torrente Sánchez, secretario general de Política de Defensa con Bono y jefe de la Armada con Trillo] es un traidor que no ha sido leal con ningún ministro y que tampoco lo será contigo”. Paco Torrente es, desde mi punto de vista, uno de los mejores soldados de España.

» Viernes, 2-7-2004. Comida con Carlos Ripollés, Alfonso Agulló [hermanos de dos militares muertos en el siniestro] y el abogado de la Asociación de Familiares. Me dan información detallada y un dossier muy completo sobre el caso que ratifica las tropelías que se hicieron con nuestros soldados al obligarles a viajar en condiciones en las que nunca debieron hacerlo y, después, la desvergüenza con que trataron sus cadáveres.

» Miércoles, 1-9-2004. Recibo el informe del Instituto Anatómico Forense sobre las identificaciones del Yak-42. Se confirma por escrito lo que ya sabíamos: las 30 identificaciones de cadáveres realizadas por los forenses españoles son falsas. ¡Qué desastre! Ni siquiera el azar ha estado de parte de estos negligentes.

» Miércoles, 13-10-2004. Voy al Estado Mayor de la Defensa con el director de mi gabinete, Roberto López, para recabar datos del Yakovlev. Estoy harto de que no me entreguen la documentación que pido; sé que la tienen por un informe del CNI [Centro Nacional de Inteligencia]. Aprovecho que el Jefe del Estado Mayor de la Defensa [Félix Sanz] comparece en una Comisión del Congreso para, en su ausencia, no comprometerlo. Me reúno con el Jemacon [Jefe del Estado Mayor Conjunto] y con otros oficiales. Les noto en guardia, recelosos. Ellos no se fían de mí y yo no me fío de ellos. Después de una hora de conversación y de poner de manifiesto sus contradicciones les digo que “en el Yakovlev no se transportaba ganado sino militares españoles y debo decirles que esta casa no actuó con la diligencia debida”. Están sobre ascuas. Pregunto dónde están los archivos del Yakovlev y me bajan hasta un despacho donde hay un armario cerrado. Dicen que la llave la tiene un comandante que hoy no ha venido porque está enfermo. Fuerzo el armario. Saco papeles y yo mismo voy seleccionando los que me interesan. Me llama la atención la escasa diligencia con la que han archivado esta documentación. Empiezo a colocar documentos en una caja. Un coronel (2) me dice que tiene órdenes de que de allí no salgan papeles sin la debida custodia. Le miro con enfado y le ordeno: "Llame a la Guardia Civil para que los conduzca y custodie hasta mi despacho”. Es una manera de mostrar que no me fío de ellos y que prefiero a la Guardia Civil. No pienso dar un paso atrás. Me llevo los documentos que son muy importantes para acreditar que el Estado Mayor de la Defensa tuvo gran responsabilidad en la contratación de un avión al que nunca debieron subir nuestros soldados. Esa documentación acredita que nunca se contrató la prima del seguro para los pasajeros, por lo que el Estado tuvo que abonarlo; que hubo hasta seis subcontrataciones sucesivas; y que, como consecuencia de esta cadena de intermediarios, Defensa pagó 149.000 euros por el vuelo del Yak-42 pero la compañía que operaba el avión solo recibió 45.000. ¿Quién se quedó con la diferencia? ¿Sucedió lo mismo en los más de 40 vuelos anteriores contratados para el transporte de las tropas españolas?

 

(1) Lo demandó el honor y obedecieron.

Lo requirió el deber y lo acataron,

Con su sangre la empresa rubricaron,

Con su esfuerzo la Patria engrandecieron.

Fueron grandes y fuertes, porque fueron

Fieles a los ideales que abrazaron.

Por eso, como valientes lucharon,

Y por eso como héroes murieron.

Por la Patria morir fue su destino,

Querer a España su pasión eterna,

Servir a los Ejércitos su vocación y sino.

No pudieron servir con más grandeza,

No quisieron andar otro camino,

No quisieron vivir de otra manera.

 

(2) Por esta causa, Bono se negó a ascender al coronel en las tres ocasiones en que se lo propuso el Ajema (Almirante jefe de la Armada). Hoy es general. Bono apeó la hostilidad y lo ascendió como última decisión antes de dejar Defensa. Personalmente se lo comunicó al interesado desde el salón del Consejo de Ministros el 7/04/2006

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Re: Va de militares
« Respuesta #3690 en: 24 de Agosto de 2021, 08:49:43 am »

Absuelto un soldado que fue acusado de manipular su baja médica


El Supremo argumenta que la modificación del parte no afectó al permiso que le permitió ausentarse por enfermedad
Militares
photo_cameraMilitares
Paloma Garrido González   chevron_right 24/08/21 access_time 1:03
Un soldado del Ejército de Tierra ha sido absuelto tras haber sido acusado de un presunto delito de “inutilización voluntaria y simulación para eximirse del servicio”.

La Fiscalía le acusó de haber manipulado una baja médica que un compañero del acusado entregó a los superiores, al ausentarse este, y solicitó cinco meses de prisión.

El soldado de baja por gripe
El soldado de Tierra, en orden a tramitar la baja temporal para el servicio hizo llegar a través de un compañero a su destino un informe médico de 15 días de bajo en el que aparecía la expresión “imposibilidad de desplazamiento por tener fiebre”.

El parte médico fue emitido como consecuencia de un proceso gripal que el militar sufrió. Por otra parte, no consta que el procesado tuviera nombrados servicios para los días en que transcurrió la baja médica prescrita.

Una manipulación ‘innecesaria’
El soldado reconoció haber manipulado el informe médico de baja añadiendo la expresión previamente citada.

Explica que, a primera hora de la mañana, durante la formación, se encontró mal y acudió al botiquín, donde se le tomó la temperatura y se le dijo que se marchara a casa y guardara reposo.

Acudió entonces a su médico de cabecera y recibió allí la baja. El parte médico no reflejó la imposibilidad del desplazamiento, pese a que, según él, hablaron de ello, y por ello cuando tramitó la baja adjunto el documento manipulado donde dejó reflejada la imposibilidad de desplazarse.

El doctor declaró que, aunque él no reflejó en el parte la imposibilidad del desplazamiento, lo hubiera hecho si el paciente lo hubiera solicitado. Entiende que no era necesaria por cuanto la baja prescrita es para justificar no asistir al trabajo y que la fiebre es uno de los síntomas que presenta el cuadro gripal.

La absolución por parte del Supremo
El Tribunal absolvió al soldado argumentado que el soldado acreditó padecer una patología gripal.

Si bien se manipuló el informe médico, la modificación no presenta la entidad suficiente y no causa error o confunde al destinatario.

El parte auténtico ya eximía al militar de personarse en su lugar de destino.





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Re: Va de militares
« Respuesta #3691 en: 28 de Agosto de 2021, 08:30:22 am »

Aspirantes a médico militar de la Academia Central de la Defensa, acusados de formar una red “sediciosa” y “clandestina".


Un teniente coronel denunció en un informe interno que integraban un grupo dedicado a grabar vídeos y audios que filtraban a la prensa para provocar el cese del jefe del batallón. Fueron investigados por la difusión de imágenes cantando un himno falangista
Entrega de despachos de teniente a alumnos de la Escuela Militar de Sanidad (Foto: Rubén Somonte/MDE).
photo_cameraEntrega de despachos de teniente a alumnos de la Escuela Militar de Sanidad (Foto: Rubén Somonte/MDE).
Aurelio Ruiz Enebral   chevron_right 27/08/21 access_time 1:05
“‘Cara al sol’, canción antigua y nueva; / ‘Cara al Sol’ es el himno mejor...”: cadetes de la Academia Central de la Defensa aparecen en el vídeo corriendo, vestidos de uniforme, y varios de ellos cantan ‘Primavera’. Se trata de una canción que entonaban los miembros de la División Azul, la unidad de voluntarios (muchos de ellos, falangistas) que Franco mandó a luchar con las tropas de Hitler en la invasión de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial.

El vídeo de los cadetes militares cantando esa canción de reminiscencias franquistas y falangistas lo publicó el diario El País el 14 de abril de 2018, aniversario de la proclamación de la Segunda República, y por tanto una fecha muy señalada en cuestiones de “Memoria Histórica”. La noticia relataba que los cadetes, que estaban estudiando para convertirse en médicos militares, entonaron esta canción en dos ocasiones: al menos una durante una marcha en el Campo de Maniobras y Tiro ‘Palancar’, en Hoyo de Manzanares (Madrid).

La información provocó una fuerte polémica, al señalar la supuesta permisividad de los mandos militares con los alumnos que entonaron esta canción de la División Azul. El Ministerio de Defensa aseguró que el teniente coronel responsable del batallón de alumnos, presente en la marcha, dio orden de dejar de cantar de inmediato ese himno, mientras que El País aseguró que el teniente coronel y otros mandos permitieron que se cantara esa canción que exalta a la División Azul.

Confidencial Digital ha podido saber que ese episodio fue un momento clave en el enfrentamiento que mantenían algunos mandos de la Academia Central de la Defensa –ubicada en Madrid, en el distrito de Carabanchel- con alumnos de Medicina del centro.

Tras ese suceso, se abrió un expediente disciplinario en el que se acusó a varios alumnos que se vieron, antes y después del mismo, perjudicados por decisiones sobre su carrera académica. El expediente denunciaba un hecho singular: aseguraba que se había descubierto en la Academia Central de la Defensa una red “clandestina” y “sediciosa”.

Oficiales de los Cuerpos Comunes
El teniente coronel mencionado en El País, José Ramón Lago Espejo-Saavedra, era por esas fechas jefe del Batallón de Alumnos y director del Departamento de Instrucción y Adiestramiento de la Academia Central de la Defensa. En esta academia se forman los oficiales de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas: médicos, músicos... Dentro de la academia existe la Escuela Militar de Sanidad, donde estudian los especialistas en Medicina, Enfermería, Odontología, Psicología...

La noticia de El País se publicó el sábado 14 de abril de 2018. La semana siguiente, el teniente coronel Lago emitió varios informes relacionados con la filtración del vídeo de los alumnos cantando ‘Primavera’.

Primer informe: el vídeo filtrado

El jueves 19 de abril este teniente coronel elevó un informe al general director de la academia, “en relación con la noticia aparecida en el periódico El País.com el día 14 de abril relativa a la Academia Central de la Defensa”.

En este documento, el jefe del Batallón de Alumnos daba su versión y explicaciones, párrafo a párrafo, sobre la noticia de El País. Señalaba que los alumnos de esta academia tienen que pasar a final de curso una “prueba de unidad”, que incluye una carrera de 10 kilómetros. Para entrenarse, una vez al mes se programa la “carrera de cohesión de Batallón”.

El entonces teniente coronel Lago (ya ha ascendido a coronel) dejó escrito que en esas marchas “no se entonan himnos políticos de manera autorizada” y aseguró que durante la mayor parte de la carrera no hubo cánticos: sólo se entonaron en los últimos dos kilómetros, que eran cuesta abajo, tramo que los alumnos y los mandos cubrieron en unos 15-20 minutos.

En el escrito se da a entender que el suceso había ocurrido dos veces: una justo antes de Navidad, y otra entre Navidad de 2017 y abril de 2018. Según este teniente coronel, cuando escuchó que algunos alumnos cantaban versos de la canción de la División Azul, ‘Primavera’, dio instrucción al capitán jefe de la compañía de la que procedían los cánticos, para que les ordenara dejar de cantar.

Por ello, aseguraba el jefe del Batallón de Alumnos, se pudo cantar durante cierto tiempo la canción, porque la marcha de los 250 alumnos se extendía por casi un kilómetro. Pero en cuanto él se dio cuenta de que estaban cantando un himno franquista, ordenó cortarlo de inmediato.

El teniente coronel Lago llegó a indicar que la canción podría haberse iniciado, precisamente, para poder grabarla en vídeo. En todo caso, aseguró que los alumnos dejaron de cantar los versos. Para elaborar este informe tomó declaración a oficiales del centro, a varios cadetes y al capellán, como testigos de los hechos.

Segundo informe: la red clandestina
Un día después del primer escrito, el viernes 20 de abril de 2018, el teniente coronel Lago emitió otro informe. El asunto de este segundo documento era más llamativo: “En relación a un grupo organizado y constituido por alumnos del batallón, con el objeto de desestabilizar el propio Batallón de Alumnos, a la academia y su funcionamiento, por afectar gravemente a la disciplina y requerir una acción inmediata del mando”.

En esta ocasión no se identifica a los testigos. ECD ha podido conocer que algunos alumnos de la academia fueron citados esos días por los mandos, y agentes de la Guardia Civil les indicaron que estaban investigando algo “muy gordo”, relacionado con una acusación de sedición.

El informe, aseguraba Lago, se había elaborado con la información facilitada por alumnos de la Academia Central de la Defensa de forma anónima, ya que afirmaban que tenían miedo a represalias.

La conclusión de esas informaciones era que “parece existir una red clandestina que opera dentro de la ACD, oculta para la mayor parte de los profesores, pero que es conocida por la mayor parte del alumnado”. Según el documento, esa red estaba integrada por “un número reducido de profesores y alumnos que se organizan en una estructura piramidal en la que solo unos pocos tienen acceso a ella”. Los miembros habían sido “captados” o inducidos a facilitar información y a declarar contra los mandos del Batallón de Alumnos, que dirigía este teniente coronel.

Objetivo: desacreditar a los profesores

El propósito de esa supuesta “red clandestina” sería “buscar y documentar de forma sistemática cualquier debilidad, error, contradicción, inacción o falta cometida por el cuadro de profesores que componen el Batallón de Alumnos con la finalidad de desacreditar su actuación y deslegitimizar [sic] su figura dentro de la ACD”.

Siempre de acuerdo con el informe firmado por el teniente coronel Lago, los miembros dirigentes de esta red se dedicaban a captar nuevos alumnos, ya fueran de promoción interna (suboficiales y soldados o cabos Tropa y Marinería que ascienden a oficiales), ya fueran de nuevo ingreso, y también a cualquier alumno que hubiera recibido sanciones de los mandos.

El “modus operandi”, según el texto, consistía en “la difamación y/o la exaltación de los errores cometidos por los profesores”, con el objetivo de difundirlos, influir en la opinión de los alumnos sobre los profesores, y dificultar la labor de éstos mediante “un escenario hostil”. Por ejemplo, aseguraba que los miembros de la red instaban a otros alumnos a grabar las conversaciones que mantenían con los profesores.

El organigrama de la red

Confidencial Digital ha podido saber que ese informe incluía hasta un organigrama de la supuesta “red clandestina”. Se representaba con un diagrama, con un “Ex profesor ACD” en la cúspide, varios caballeros alféreces cadetes y otros profesores en un segundo escalón, y otros alumnos que estarían vinculados mediante vectores de coordinación o de captación.

El jefe del Batallón de Alumnos identificaba a algunos alumnos con sus nombres y apellidos, y a otros les mencionaba como “Ex profesor”, “Alumno A” y “Alumno B”.

Sobre el “Ex profesor ACD” que estaría al frente de la red, señalaba que su función era “guiar y dar instrucciones” a través de un alférez cadete a los otros alumnos que cuestionaban la actuación de los profesores. El autor del informe le acusaba de dictar la estrategia para perjudicar al Batallón de Alumnos y a la Academia Central de la Defensa en su conjunto.

El teniente coronel Lago dejó escrito que ese ex profesor compartía un grupo de WhatsApp con al menos dos alumnos, cabecillas de la red, los cuales se dirigían al ex profesor como “Señor X”. También recogió en el informe que este ex profesor y esos dos alumnos se reunían dentro y fuera de la academia “para guiar la estrategia y acciones puntuales de la organización”.

Contra los militares por “venganza”

Ya dentro de la academia, como número dos de la red, se encontraría un caballero alférez cadete al que sí se identificaba con su nombre y apellidos. Según el teniente coronel Lago, era “el elemento más hostil de la organización”, y actuaba “de forma vengativa y desproporcionada”, en contra de su academia, pero también, en general, “en contra de la Institución Militar”.

De este alumno se decía que supuestamente podría guardar en su camareta una carpeta vídeos y audios con los que trataría de perjudicar a los mandos de la academia. También le acusaba de reunirse con cadetes para decirles lo que tenían que declarar, en contra del propio teniente coronel Lago, en un expediente disciplinario a otro miembro de la supuesta “red clandestina”.

Por último, dejaba caer que, aunque los testigos no podían confirmar que ese alumno hubiera grabado el vídeo de la marcha cantando el himno de la División Azul, sí había estado en el grupo que lo cantaba. Además, al teniente coronel le habían hecho llegar una captura de pantalla que mostraba que este caballero alférez cadete había subido a Instagram ese vídeo.

“Distorsión de partes disciplinarios”
En coordinación con este alumno y con el ex profesor, habría otro cadete (al que también nombraba) que se encargaría de la captación de alumnos para la organización, siempre según relataba el informe.

También afirmaba que habría sido el responsable de la publicación del vídeo en El País.com. Además, le acusaba de ejercer “acoso” contra el propio teniente coronel Lago, mediante la “invención, falsificación, difamación, distorsión” de partes disciplinarios.

Lo definía como “violento”, y señalaba que él mismo trataba de forzar su expulsión, al ver que no tenía futuro en la academia; por ello no temería las consecuencias disciplinarias de filtrar vídeos.

De otro alférez cadete aseguraba que grababa
conversaciones con superiores en situaciones forzadas, en las que buscaba el error de esos superiores para denunciarles por faltas o delitos.

Un cadete se centraría en la captación y difamación (“pudiera tener vídeos y audios de los profesores de la ACD”). Las mismas funciones cumplía otro alumno, y en el organigrama de esta organización también se cita a una dama cadete.

Alumno A y su “debilidad mental”

A un alumno (Alumno A), el informe lo mantenía en el anonimato porque el teniente coronel consideró que había sido manipulado por el resto, “aprovechando su debilidad mental y situación familiar desestructurada con una carencia afectiva significativa”.

Este alumno se habría reunido con los cabecillas para concertarse y actuar contra el teniente coronel jefe del Batallón de Alumnos. Sin embargo, esas acciones no se habían materializado, y señala el informe que el propio alumno había confesado estar “confundido”.

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Re: Va de militares
« Respuesta #3692 en: 28 de Agosto de 2021, 08:31:08 am »
Alumno B, el ‘topo’

En el informe sobre esta supuesta red clandestina en la Academia Central de la Defensa habría incluso un ‘topo’.

Se le identificaba como “Alumno B”: no formaba parte de la organización, pero sí había intentado ganarse el favor de los miembros de la red, al colaborar con ellos, con el objetivo de “conseguir toda la información posible que esclarezca las actividades de este grupo”.

Aunque podía parecer miembro de la red, era en realidad “un informador activo de este mando”, era el ‘topo’ infiltrado para contarle todo al jefe del Batallón de Alumnos objeto de las maniobras.

Profesores implicados
Según el informe, también un grupo muy reducido de profesores de la academia, concretamente de la Escuela Militar de Sanidad, apoyarían y colaborarían con esa “organización clandestina”.

Afirmaba que un profesor “de nombre muy conocido” se había reunido con miembros de la red para grabar y obtener información comprometida de otros profesores del Batallón de Alumnos.

Estrategia de “difamación y desprestigio”
La principal conclusión del informe era que el objetivo de ese grupo sería actuar contra el Batallón de Alumnos y contra las nuevas estructuras de la Academia Central de la Defensa. El teniente coronel Lago se había hecho cargo de ese batallón cuando se creó unos años antes.

En el informe, el teniente coronel denunciaba ante sus superiores que había detectado una campaña de difamación y desprestigio contra él, José Ramón Lago, que consistiría en difundir “noticias falsas” y partes de alumnos contra él.

Esa estrategia constaría de tres fases, según la información facilitada por el “Alumno B” infiltrado: serían sucesivos partes de los alumnos contra el teniente coronel, dirigidos al subsecretario de Defensa. Por aquel entonces (abril de 2018), el subsecretario era Arturo Romaní, con María Dolores de Cospedal como ministra de Defensa.

El ‘topo’ comunicaba que iba a comenzar la “fase B” del plan, con el envío de un parte del alumno ‘número dos’ de la red al subsecretario. Advertía el teniente coronel que, si los partes no tenían efectos, no se descartaba que la red decidiera realizar nuevas filtraciones de vídeos y audios para colocar a la academia en una situación comprometida.

Al menos uno de los escritos que estos alumnos elevaron a la Subsecretaría de Defensa surtió efecto. El autor denunciaba distintas situaciones que habían sufrido él y otros compañeros con el teniente coronel.

Se incoó un expediente al teniente coronel por posible comisión de una falta grave. Declararon varios alumnos en ese procedimiento, que sin embargo terminó con la declaración “sin responsabilidad” para el jefe del Batallón de Alumnos.

“Lista negra” de alumnos
En la fase de toma de declaraciones sobre la “red clandestina”, los alumnos que fueron llamados a testificar fueron interrogados, sobre todo, para tratar de conocer la identidad del “Señor X”, ese “Ex profesor ACD”. También tenían gran empeño en saber quién aparecía cantando los versos del himno de la División Azul.

Un alumno denunció, en un escrito dirigido al subsecretario, que a raíz de la noticia de El País los mandos del Batallón de Alumnos habían iniciado una política de “acoso y persecución” que tenía por objeto relacionar con el artículo “de la forma que fuera” a alumnos que en el pasado habían tenido choques y habían sufrido hostilidad, acoso o persecución de los mismos mandos del batallón.

Es más, aseguraba que se había confeccionado una “lista negra” con esos alumnos. Los demás cadetes que hablaban con ellos eran interrogados sobre qué temas trataban, se registraba quién se sentaba con quién en el comedor... a un alumno le llegaron a revelar el número exacto de veces que se había sentado al lado de una dama cadete en concreto.

El alumno que envió el escrito al subsecretario también denunció que el teniente coronel Lago, después de publicarse la noticia de El País, en la formación de lista de ordenanza soltó un “ahí tienes comunistas” dirigiéndose a una compañía de alumnos.

Había mandado recitar la primera frase del artículo 14 de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas (“El militar cuyo propio honor y espíritu no le estimulen a obrar siempre bien, vale muy poco para el servicio”), pero esa compañía de alumnos continuó recitando el resto del artículo 14, por su cuenta, y eso provocó el comentario “ahí tienes comunistas” que hizo el teniente coronel al capitán jefe de esa compañía.

Terminaba el alumno denunciando ante el subsecretario que, además de cantarse ‘Primavera’ en algunas maniobras, en la misma academia también se habían leído efemérides que homenajeaban a oficiales médicos de las Fuerzas Armadas españolas que sirvieron con unidades de la Alemania de Hitler.

Un parte elevado al Ministerio
Los informes del teniente coronel Lago antes referidos fueron elevados a los superiores de la Academia Central de la Defensa y del Ministerio de Defensa, y después se convirtieron en un parte disciplinario, ya más formal, que presentó el mismo oficial.

El parte fue ascendiendo. El teniente coronel lo mandó al subdirector de la Academia, de ahí pasó al general director de la Academia Central de la Defensa, que lo elevó al subdirector general de Enseñanza Militar. Su superior, el director general de Reclutamiento y Enseñanza Militar, se lo envió al subsecretario de Defensa.

Entre tanto, se produjo el cambio de Gobierno de Mariano Rajoy por el de Pedro Sánchez. Margarita Robles sustituyó a María Dolores de Cospedal como ministra de Defensa. El Consejo de Ministros cesó al subsecretario de Defensa, Arturo Romaní, y nombró en su lugar a Alejo de la Torre, cambios que se publicaron en el BOE el 19 de junio.

En junio de 2018, el asesor jurídico general de la Defensa, Ricardo Cuesta del Castillo (ahora magistrado de la Sala Quinta del Tribunal Supremo), ordenó la práctica de una información previa para esclarecer los hechos denunciados.

En julio, el nuevo subsecretario, Alejo de la Torre, efectivamente acordó tramitar una información previa sobre este caso. Designó instructor a un teniente auditor del Cuerpo Jurídico Militar, destinado en la Asesoría Jurídica General de la Defensa. El teniente auditor designado se hizo cargo del asunto en agosto de 2018. En noviembre requirió a la Jefatura del Batallón de Alumnos de la Academia Central de la Defensa que le remitieran documentación sobre las maniobras de febrero de 2018 en las que se grabó el vídeo cantando ‘Primavera’: órdenes del jefe del batallón, normativa del campo de maniobras, libro de normas del alumno de formación...

Además, citó a declarar a José Ramón Lago Espejo-Saavedra, el autor del parte disciplinario.


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Re: Va de militares
« Respuesta #3693 en: 28 de Agosto de 2021, 08:31:19 am »
Cambio de destino y ascenso
Se da la circunstancia de que tras el cambio de subsecretario de Defensa (del que dependen los Cuerpos Comunes, y por tanto, la Academia Central de la Defensa) en junio de 2018, en julio el teniente coronel Lago fue apartado del cargo de jefe del Batallón de Alumnos de esa academia.

Tras cesar, fue destinado a un puesto en la estructura del Ejército de Tierra: la Jefatura de Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica del Ejército de Tierra. Además, ascendió de teniente coronel a coronel.

Conseguir que fuera apartado
El coronel Lago declaró ante el instructor de la información previa a comienzos de noviembre de 2018. Se ratificó en el parte, aunque admitió que no tenía más pruebas que una captura de Instagram y la declaración de testigos de los que no había constancia documental para demostrar que el alférez cadete denunciado había grabado el vídeo.

Añadió una nueva explicación sobre el objetivo del “grupo clandestino”: según él, los miembros de la red obligaban a los cadetes que habían tenido contactos con oficiales del Batallón de Alumnos a contarles lo que habían hablado con los mandos. También les instaban a realizar grabaciones para “conseguir que el coronel Lago [es decir, él mismo] fuera removido de su destino como Jefe del Batallón de alumnos de la ACD”.

El subsecretario de Defensa decidió en febrero de 2019 que se abriera un expediente disciplinario sobre este asunto por una posible falta grave.

Una teniente auditor del Cuerpo Jurídico Militar se hizo cargo del expediente, como instructora. En el acuerdo de inicio del expediente disciplinario consideró que había elementos suficientes para suponer que el cadete grabó el vídeo en las maniobras de febrero de 2018, que había remitido un artículo a El País, que incitaba a otros compañeros a grabar audios y vídeos de los oficiales del Batallón de Alumnos, que hablaba con un “Señor X” para consultarle cómo obrar, y en definitiva, que trataba de “echar abajo” el sistema del Batallón de Alumnos para que dejase de estar al mando del mismo un teniente coronel de Infantería.

A su juicio, estos hechos podrían constituir una falta grave (no ‘muy grave’, como consideró el teniente coronel denunciante) de “falta de respeto o subordinación a los superiores en la estructura orgánica u operativa e inobservancia de sus órdenes o instrucciones, así como de los requerimientos que reciba de un militar de empleo superior referentes a las disposiciones y normas generales de orden y comportamiento”.

Es decir, le acusaba de faltar al respeto a los superiores, o incumplir sus órdenes. Al ser alumno de un centro docente, no se le podría aplicar la sanción de pérdida de destino ni la sanción económica de ocho a quince días de haberes; pero sí advertía que, de ser probada su responsabilidad, le podrían arrestar de 15 a 30 días, o bien expulsarle del centro docente militar donde se estaba formando.

Archivada la investigación
Durante varios meses de 2019 la instructora tomó declaración al expedientado, así como a numerosos cadetes de la Academia Central de la Defensa, como testigos de los hechos. Esas declaraciones no apuntalaron la acusación.

El procedimiento disciplinario se terminó archivando, con una resolución que señaló que las acusaciones contra el alférez cadete, supuesto cabecilla de la “red sediciosa”, no habían podido ser probadas. Así que se archivó el expediente y se declaró sin responsabilidad al expedientado.

No hubo, por tanto, ninguna sanción directa por este asunto contra ningún cadete, porque no se llegaron a probar las acusaciones mantenidas por el teniente coronel en sus partes e informes.

ECD ha podido saber que esa resolución, sin embargo, no puso punto final al conflicto interno que se vivía en la academia, pese a que el teniente coronel que dio el parte ya había sido enviado a otro destino.

Tanto antes del parte de mayo de 2018, como después, y aún en fechas recientes, se han ido sucediendo expedientes, sanciones disciplinarias, recursos administrativos y judiciales, y distintas circunstancias que han supuesto obstáculos en la carrera académica de los aspirantes a médico militar que fueron señalados en ese informe sobre la “red clandestina”.

El Supremo anula dos arrestos
La novedad más reciente sobre este caso es una sentencia del Tribunal Supremo, que da la razón a otro de los supuestos miembros de esa presunta red acusada de grabar y filtrar vídeos.

Tal y como recogió el diario El Español recientemente, el Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación contencioso-disciplinario militar que ese cadete interpuso para anular dos sanciones de arresto (de 20 y 30 días, respectivamente) que le impusieron en la Academia Central de la Defensa. Estas sanciones tuvieron origen en un choque entre ese cadete y el teniente coronel Lago en octubre de 2017, cuando los alumnos de la academia realizaban un ensayo en la Base Aérea de Getafe para el desfile del 12 de octubre.

Otro de los alumnos de la Escuela Militar de Sanidad que fue incluido como miembro de la supuesta “red clandestina y sediciosa”, fue arrestado en enero de 2017 por acumulación de sanciones. Se le abrió un expediente por falta grave, que podía suponer su expulsión de la academia y una condena penal de hasta seis meses de cárcel.

Cuando finalmente fue sancionado con varios días de arresto, presentó un recurso de alzada, que tuvo que resolver el teniente coronel Lago. En esa ocasión, el teniente coronel le dio la razón, y el asunto se cerró sin responsabilidad para el cadete. Pero además éste quiso reclamar una indemnización por el arresto injustificado, que le impidió asistir a una celebración familiar. Consiguió en 2019 que el Ministerio de Defensa le pagara unos 400 euros.

El jefe accede a una denuncia contra él
El alumno que fue expedientado por la supuesta “red clandestina” también denunció ante los tribunales al teniente coronel Lago. El alumno luego señalado como “cabecilla” de la red elaboró un informe que elevó al subsecretario de Defensa, Arturo Romaní, en abril de 2018.

En ese documento, el alférez cadete denunciaba “posibles situaciones de acoso, desprecio, abuso de autoridad y humillaciones por parte de oficiales del Arma de Infantería”. El cadete había sido antes teniente de Infantería, del Ejército de Tierra.

Decidió cambiar de especialidad y hacerse médico militar. Para realizar los exámenes de ingreso, tuvo que pedir permiso cuando estaba destinado en Afganistán. Ahí, denunciaba en el informe, comenzó el acoso por parte de oficiales de Infantería que le despreciaron y perjudicaron, según él, por considerar que estaba cometiendo una “traición” al dejar la Infantería por el Cuerpo Militar de Sanidad.

El caso llegó incluso a un juzgado de instrucción y a la Policía, que investigaron la difusión de fotos privadas por grupos de WhatsApp de militares.

También recogió sucesos más recientes: todos ellos supondrían, según él, “posible trato de menosprecio” ya por el teniente coronel (de Infantería) José Ramón Lago como jefe del Batallón de Alumnos de la academia.

‘Chivatazo’
Lo llamativo del asunto es que el teniente coronel Lago dio parte de este informe, que el alumno envió al subsecretario de Defensa al margen del conducto reglamentario. Es decir, el teniente coronel accedió a un documento que el alumno no le hizo llegar a él y al que en principio no debería haber tenido acceso.

El teniente coronel informó al director de la Academia Central de la Defensa de que “se ha tenido conocimiento de que el Alférez Cadete […], principal instigador de la red sediciosa de la que se ha informado, ha remitido este informe al Subsecretario de Defensa al margen del conducto reglamentario, aunque desconoce la vía y no se tiene la certeza de que lo haya hecho ya”.

Señalaba en su escrito el teniente coronel que “ciertos alumnos comentan que uno de los objetivos es que el Batallón lo mande un TCOL de Cuerpos Comunes o la desaparición del mismo y la vuelta a la antigua organización, y para conseguirlo están dispuestos a todo”.

En el parte de Lago se incorporaron fotos que mostraban la pantalla del ordenador portátil de ese alumno, donde estaba escribiendo el documento que iba a enviar al subsecretario. El teniente coronel aseguró que las fotografías le llegaron de forma anónima, pero otras fuentes conocedoras del asunto recuerdan que, en el informe sobre la “red sediciosa”, Lago admitió que había un “topo” (“Alumno B”) entre los cadetes.

El escrito del teniente coronel consistía en transcribir fragmentos del escrito del alumno al subsecretario -al que no podía acceder, en teoría-, y responder a las acusaciones que se hacían contra él.

Denuncia ante el Tribunal Militar Central
Cuando el alférez cadete se enteró que se había dado parte contra él con unas fotografías tomadas de lo que estaba escribiendo en su portátil, decidió denunciar al teniente coronel Lago ante el Tribunal Militar Central.

Consideraba que se había vulnerado su derecho a la privacidad, y que además se habían obtenido de forma ilegal unas pruebas que se iban a utilizar en un procedimiento interno.

El teniente coronel Lago aseguró que alguien había echado esas fotos por debajo de la puerta de su despacho. La denuncia del alumno contra el teniente coronel quedó archivada por el Tribunal Militar Central, al no quedar demostrado que ese mando hubiera accedido al ordenador del alumno.

Uso de divisas de teniente de Infantería
Otro punto de conflicto entre este alumno y el teniente coronel fue el uso por parte del alumno de las divisas de empleo de teniente del Ejército de Tierra, que solicitó poder portar en su uniforme.

En el escrito enviado al subsecretario de Defensa en su día, denunció que el jefe del Batallón de Alumnos le llamó al despacho y ante otro oficial le reprochó al alférez cadete haber presentado ese escrito: según el informe, Lago le llamó “desleal” por esa solicitud, y le preguntó “por qué quieres vestirte de teniente de Infantería, disfrazarte”, en un tono que él percibió como de “claro ánimo ofensivo y de desprecio o burla”.

En su “contrainforme”, el teniente coronel Lago aseguró que todas esas acusaciones no eran más que una avalancha de mentiras, falsedades o interpretaciones absurdas, y que simplemente le había dicho al alumno que le parecía desleal no haber presentado por conducto reglamentario la instancia para utilizar las divisas. Además, señaló que por este hecho no se tomó medida disciplinaria ninguna contra el alférez cadete.

Veto al ascenso a capitán
Más recientemente, este mismo alumno -que ya terminó su formación en la academia y es oficial médico- ha presentado una demanda contencioso-administrativa contra la negativa del Ministerio de Defensa para reconocerle el escalafón y la antigüedad que tenía como teniente de Infantería, antes de entrar en la Academia Central de la Defensa para convertirse en médico militar.

Este militar ya era teniente del Ejército de Tierra, y decidió formarse pasar a ser teniente médico. Su solicitud era que el tiempo pasado como teniente de Infantería y en la academia se tuviera en cuenta en la evaluación para ascender al empleo de capitán. También pidió ser escalafonado con una antigüedad que tuviera en cuenta que él ya era teniente, y que se le permitiera elegir destino el primero de su promoción.

La directora general de Personal del Ministerio de Defensa desestimó esa petición para que se constituyera una junta de evaluación para el ascenso a capitán, al considerar que no cumplía los requisitos de tiempo de servicio en determinados destinos.

El teniente recurrió y la actual subsecretaria, Amparo Valcarce, desestimó el recurso de alzada. Así que el teniente ha presentado una demanda contencioso-administrativa ante la Audiencia Nacional.

En su demanda, este teniente se acoge al artículo 62.4 de la Ley de la Carrera Militar. También critica que la administración ha interpretado las normas sobre ascensos de manera “dispar”. A juicio del demandante, el general director de la academia obvió por completo lo dispuesto en la disposición adicional de la Orden Ministerial 19/2009, que dispone que “cuando [...] un militar acceda a una escala de diferente cuerpo y del mismo nivel que la de origen, el orden de escalafón en la nueva escala se obtendrá, conservando el empleo, la antigüedad en el mismo y el tiempo de servicios en la escala de origen”.

De hecho, el subdirector general de Personal Militar del Ministerio de Defensa expresó sus dudas sobre cómo interpretar la norma en ese caso, y dejó constancia por escrito de que no compartía los criterios expuestos en el informe de la Academia Central de la Defensa que denegó la evaluación para el ascenso a capitán.

Obligados a cursar un año más
Los nuevos tenientes y sargentos del Cuerpo Militar de Sanidad recibieron el pasado 7 de julio los despachos que acreditan que han concluido su formación en la Academia Central de la Defensa. Entre los nuevos tenientes médicos se encontraban varios alumnos que tendrían que haber concluido esta etapa hace un año, pero que se vieron obligados a cursar un año más en la Escuela Militar de Sanidad (EMISAN), de la Academia Central de la Defensa.

Confidencial Digital ha podido saber que esta circunstancia afectó a cuatro de los 21 alumnos que en el curso 2019/2020 estaban estudiando el último curso de Medicina, 6º. Los afectados fueron varios alumnos que al llegar al sexto año de Medicina, no se matricularon de todas las asignaturas de ese último curso por arrastrar aún asignaturas pendientes de cursos anteriores. Sin embargo, en el primer cuatrimestre del curso, superaron las asignaturas y algunos solicitaron una ampliación de créditos para poder terminar en el segundo cuatrimestre todas las asignaturas de 6º y egresar, terminar la academia, con su promoción.

La Academia Central de la Defensa denegó la solicitud, alegando que había pasado el plazo para modificar las matrículas. Pero un alumno militar afectado tuvo conocimiento de que otra alumna de Medicina del mismo curso, pero civil que estudiaba en la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) con la que tiene convenio la academia militar, sí había recibido permiso para ampliar matrícula y a mitad de curso le habían dejado matricularse para hacer el Trabajo Fin de Grado Máster.

Este alumno presentó distintos recursos y escritos ante la Universidad de Alcalá de Henares, la Academia Central de la Defensa y el Ministerio de Defensa, que denegaron las solicitudes. Por todo ello, este alumno y algunos otros en su misma situación fueron forzados a matricularse un séptimo año para terminar 6º curso, del que sólo les quedaban el Trabajo Fin de Grado y dos asignaturas del módulo militar.

Entre los alumnos afectados por este retraso, obligados a cursar un año de más como alumnos de Medicina, se extendió la sensación de que los mandos de la academia les ponían obstáculos y trabas injustificadas.

Algunos habían sido incluidos en su día en el organigrama de esa supuesta “red sediciosa” en la Academia Central de la Defensa. Por eso sospechaban que les había perjudicado ese asunto años después.

El autor del informe, el teniente coronel Lago, ya no formaba parte de la academia, pero algunos de sus colaboradores en la etapa de jefe del Batallón de Alumnos continuaban en puestos de responsabilidad en la Junta Docente que respondió a varias solicitudes y recursos de estos alumnos.

Pulso por los “externados”
Las fuentes consultadas por ECD sobre este asunto añaden que uno de los alumnos afectados, también citado en el informe como supuesto miembro de la red, fue dado de baja por motivos psicológicos. También señalan otras “represalias” u obstáculos que se encontraron antes y después de dicho informe: partes médicos que les declaraban no aptos para el servicio a dos de los “sediciosos”, que luego fueron anulados al pasar la junta médico pericial; negativas a pagarles maniobras, o a dejarles irse de permiso cuando ya tenían billetes pagados...

Salvo el caso del teniente de Infantería que se cambió a Medicina, casi todos los señalados en el informe sobre la “red sediciosa”, y que se vieron involucrados en expedientes y sanciones, eran previamente militares que procedían de la Escala de Tropa y Marinería, y que habían decidido dar el salto a la Escala de Oficiales, pero en Medicina.

Muchos de ellos, según explican a ECD personas conocedoras del asunto, solicitaron el externado: es decir, poder vivir fuera de la academia tras los primeros meses internos. Sus solicitudes fueron sistemáticamente denegadas por el jefe del Batallón de Alumnos, el teniente coronel Lago, que les transmitió la idea de que para ser buen militar había que estar interno en la academia. Los afectados le acusaron, en informes y escritos de queja, de despreciar a los alféreces cadetes, aspirantes a tenientes, que procedían de la Escala de Tropa.

Defensa no responde
Para recabar la versión oficial sobre este asunto, Confidencial Digital se ha puesto en contacto con el Ministerio de Defensa ya que, a diferencia de las academias de Tierra, Armada y Aire (que dependen de los respectivos ejércitos), la Academia Central de la Defensa depende de la Subsecretaría de Defensa, responsable de los Cuerpos Comunes. Al cierre de esta edición, el ministerio no ha contestado a las reiteradas consultadas de ECD.

ECD sí pudo recabar la versión del coronel José Ramón Lago sobre todos estos conflictos en la Academia Central de la Defensa.

Este coronel asegura que de las cuestiones mencionadas en esta noticia, así como de “partes, noticias en redes sociales, informaciones proporcionadas espontáneamente por los alumnos, disconformidad de alumnos por decisiones tomadas por parte del director [de la academia] en el ejercicio de sus competencias, como la concesión o no de externados” se informó “puntualmente, por escrito y por conducto reglamentario, a las autoridades responsables y se dieron los partes correspondientes”.

Ahí, asegura este coronel, finalizaron sus “responsabilidades y cometidos” como jefe del Batallón de Alumnos de la Academia Central de la Defensa.

El coronel Lago añade también que “la Dirección de la Academia, los Servicios Jurídicos del Ministerio, e incluso en algún caso los Tribunales de Justicia, según correspondió, estudiaron puntualmente cada uno de esos asuntos, determinando en cada caso las resoluciones correspondientes”.

Asegura que “como es natural, todos los procedimientos se realizaron con plenas garantías para los afectados, con total libertad para la aportación en cada caso de los testimonios personales o documentales que cada uno consideró, y con la asistencia jurídica correspondiente”.

Sobre las sanciones impuestas a un alférez cadete por el director de la academia, que fueron después anuladas por los tribunales, señala que su única intervención “fue la prevista por la ley, es decir, la remisión de los partes correspondientes”, y que, en cualquier caso, no tiene juicio alguno que hacer sobre la sentencia que ha anulado las sanciones.

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Re: Va de militares
« Respuesta #3694 en: 03 de Septiembre de 2021, 08:53:41 am »

Denuncia contra un comandante jurídico del Aire por sancionar sin pruebas a un cabo primero


Propuso que fuera multado con 15 días de suspensión de sueldo acusándole de negarse a cumplir una orden de un superior en un salto paracaidista. El Tribunal Militar Central anuló la falta grave
Acto del Ejército del Aire.
photo_cameraActo del Ejército del Aire.
A.R.E. chevron_right 03/09/21 access_time 1:02
Febrero de 2017: un cabo primero del Ejército del Aire recibe una orden en el marco de los preparativos de un ejercicio de salto paracaidista en la base aérea de Zaragoza. Un capitán entiende que se ha negado a cumplir la orden, lo que comunica a los superiores. Al cabo primero se le abre un expediente que culmina en una sanción disciplinaria económica.

Septiembre de 2019: el Tribunal Militar Central estima el recurso del cabo primero sancionado y anula las resoluciones aprobadas por el Ejército del Aire.

Julio de 2021: una asociación de ex militares presenta ante la Fiscalía una denuncia por prevaricación contra el comandante del Cuerpo Jurídico Militar que instruyó el expediente contra el cabo primero y que propuso la sanción que se le impuso.

Esos son los hitos, resumidos, del caso de un cabo primero, ahora retirado, que ahora ha decidido actuar contra uno de los responsables de la sanción que se le impuso y que fue anulada gracias a que recurrió a la justicia militar.

Confidencial Digital ha podido confirmar que la asociación ‘Cuestión de Justicia y Honor’, integrada por militares retirados de las Fuerzas Armadas tras distintos procesos disciplinarios y judiciales, presentó una denuncia el 22 de julio ante la Oficina Delegada de Apoyo al Fiscal General del Estado contra el comandante del Cuerpo Jurídico Militar que instruyó el expediente de este caso.

El comandante, Luis Javier González Carús, estaba destinado en la base aérea de Zaragoza, donde tiene se ubica el Ala 31 del Ejército del Aire, el mismo que con aviones A400M ha ejecutado la evacuación de Afganistán.

El cabo primero Ricardo Mitjana Solé prestaba servicio en el Ala 31, y allí se produjo ese ejercicio paracaidista por el que fue sancionado.

Inobservancia de las órdenes de los superiores
Al cabo primero se le sancionó por, supuestamente haberse negado a obedecer la orden de un capitán, el segundo de la aeronave, de retirar del avión C-130 Hércules los blocajes de la puerta paracaidista.

Tras la denuncia a los superiores de la unidad, el entonces coronel jefe del Ala 31 ordenó que se abriera un expediente.

El comandante jurídico instructor del expediente propuso imponer al cabo primero una sanción de 15 días de sueldo como autor de una falta grave consistente en “la inobservancia de las órdenes de los superiores en la estructura orgánica u operativa”, prevista y sancionada en los artículos 7, apartado 2 y 11.2 y 16 de la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.

General Jefe del Mando de Personal
La denuncia presentada ante la Fiscalía por la asociación ‘Cuestión de Justicia y Honor’ comienza criticando que “en el trámite de audiencia que consta en el expediente el cabo 1º presentó unas alegaciones que entre otras decían que se había vulnerado el principio de presunción de inocencia, tanto en cuanto se proponían para sanción unos hechos que no se apoyaban en prueba de cargo que la desvirtuasen”.

La propuesta del comandante jurídico González Carús llegó al entonces general Jefe del Mando de Personal del Ejército del Aire, Pedro José Abad Gimeno, que impuso al cabo primero la sanción propuesta. Este general es ahora asesor del actual Jefe del Estado Mayor del Aire (JEMA).

El cabo primero recurrió la resolución sancionadora. Primero presentó un recurso de alzada ante el general Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, quien el 5 de abril de 2018 lo desestimó y confirmó la sanción impuesta.

Agotada la vía administrativa, el cabo primero interpuso un recurso contencioso disciplinario militar ordinario ante la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central.

El tribunal cambia los hechos probados
La sentencia del Tribunal Militar Central de 26 de septiembre de 2019 ni siquiera consideró probados los hechos que se relataron en el expediente disciplinario.

“La valoración por este Tribunal conforme a las reglas de la racionalidad, la lógica, la experiencia y la sana crítica, en la forma que se motivará más adelante, de la prueba practicada en el seno del proceso no permite alcanzar la conclusión, afirmada por la Administración sancionadora, de que el capitán [...] ordenase taxativamente al recurrente que procediera al desmontaje de los blocajes de puerta que impedían el lanzamiento de paracaidistas”, señala la sentencia, y por tanto declara esa circunstancia como “no probada”.

El Tribunal Militar Central declara como probados otros hechos: que el capitán en cuestión, segundo responsable de la aeronave, “tras ser advertido por el Cabo 1º de la existencia de dichos blocajes, mantuvo con él una conversación acerca de si la retirada de los mismos era cometido propio del personal de mantenimiento o de los supervisores de carga, que habitualmente realizaba este cometido en el Ala 31. En dicha conversación el recurrente sostuvo que dicha tarea debía efectuarla el personal de mantenimiento, como efectivamente indicaba el manual de carga del avión C-130 Hércules”.

Una vez puesta esta circunstancia en conocimiento del comandante de la aeronave, que era un capitán de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, “éste la comunicó por teléfono al jefe del escuadrón de fuerzas aéreas, que dispuso se personara en la aeronave el Subteniente Don Mateo Martínez Suárez, que procedió al desmontaje de los blocajes”.

“No existe prueba alguna de la orden”
El cabo primero había recurrido ante el Tribunal Militar Central argumentando que se había vulnerado su derecho fundamental a la presunción de inocencia, porque se le había sancionado sin motivo.

La sentencia señaló que “el derecho fundamental a la presunción de inocencia se quebranta cuando se produce un verdadero vacío probatorio por ausencia de prueba incriminatoria, cuando la existente no pueda tenerse por válida y legítima, por haberse obtenido y practicado con violación de las garantías establecidas para preservar los derechos del acusado o, por último, cuando la prueba se hubiera valorado al margen de las reglas que presiden la lógica deductiva o prescindiendo de los criterios de la razonabilidad y de aplicación de los principios científicos y experimentales”.

A partir de esas tres posibilidades, afirmó que “en el caso a la vista estamos ante la primera de las tres situaciones descritas, pues no existe prueba alguna de la existencia de la orden cuyo incumplimiento se achaca al recurrente por las resoluciones recurridas, conclusión que se impone palmariamente cuando el Oficial que, según la Administración sancionadora, emitió la orden desobedecida, niega tajantemente su existencia en sede judicial”.

Por ello, el Tribunal Militar Central estimó el recurso del cabo primero, y revocó tanto la resolución del 29 de enero de 2018 firmada por el General Jefe del Mando de Personal del Ejército del Aire, que le impuso la sanción de 15 días de sanción económica como autor de una falta grave, como la resolución del JEMA de 5 de abril de 2018, que agotó la vía administrativa.

El tribunal también ordenó que despareciera de la documentación militar del cabo primero toda mención relativa a la sanción, así como la devolución de las retribuciones dejadas de percibir como consecuencia de la ejecución de la sanción.

Vulnerada la presunción de inocencia
Ninguna de las partes recurrió la sentencia del Tribunal Militar Central, por lo que adquirió firmeza.

Ahora, la asociación ‘Cuestión de Justicia y Honor’ se basa en dicha sentencia para denunciar al comandante jurídico que instruyó el expediente disciplinario.

Según el escrito enviado a la Fiscalía, “la vulneración del derecho fundamental de presunción de inocencia se produce en la fase de instrucción del expediente. El instructor concluye el mismo sin que exista prueba incriminatoria produciéndose un vacío probatorio sobre la existencia de la orden cuyo incumplimiento se achaca al recurrente”.

Le acusan de prevaricación
La asociación denunciante señala en su escrito ante la Fiscalía que la conducta del comandante instructor “puede incardinarse en el tipo penal de prevaricación previsto en el artículo 404 del Código Penal vigente”.

Argumenta esta asociación con jurisprudencia del Tribunal Supremo, que define que para considerarse arbitraria una resolución o decisión administrativa “se precisa una discordancia tan patente y clara entre esta resolución y el ordenamiento jurídico que cualquiera pudiera entenderlo así por carecer de explicación razonable. Es decir, la injusticia ha de ser tan notoria que podamos afirmar que nos encontramos ante una resolución arbitraria”.

Según el escrito de la asociación ‘Cuestión de Justicia y Honor’, “conforme a esta explicación del elemento subjetivo de la arbitrariedad del tipo penal, considera esta parte que la actuación del Instructor durante la instrucción del expediente disciplinario, es perfectamente subsumible en el tipo”.

Denuncia que el instructor “no puede desconocer que para dictar una propuesta de sanción es necesaria la existencia de una prueba de cargo suficiente”, y que “la actuación durante la instrucción del expediente disciplinario fue contraria a las más elementales normas y principios jurídicos y el Instructor no pudo desconocer la arbitrariedad de sus actos, especialmente cuando después del trámite de audiencia y de ser puestas de manifiesto las irregularidades, con especial énfasis en la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, fueron desestimadas”.

Por todo ello, solicita a la Fiscalía que incoe diligencias para investigar si ese comandante pudiera haber cometido un delito de prevaricación, tipificado y penado en el artículo 404 del Código Penal. “Subsidiariamente”, añaden, “ también podría haberse cometido un delito de abuso de autoridad previsto en el artículo 45 del Código Penal Militar, al que la Sentencia de la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central de fecha 26 de septiembre de 2019 conecta con el de prevaricación del art. 404 CP en cuanto a los elementos objetivos y subjetivos del tipo”.

ECD envió una consulta al Cuartel General del Aire sobre este asunto, para tratar de recabar del comandante jurídico denunciado su versión sobre este asunto. Pese a retirar la consulta, al cierre de esta edición no se había obtenido respuesta del Ejército del Aire.


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Re: Va de militares
« Respuesta #3695 en: 11 de Septiembre de 2021, 10:29:29 am »


El Tribunal Supremo ordena repetir un juicio por vulneración del derecho a la última palabra del acusado


SE TRATA DEL CASO DE UN MILITAR CONDENADO A 7 AÑOS DE PRISIÓN POR UN DELITO DE DEPÓSITO DE ARMAS DE GUERRA

El Supremo concluye que se ha acreditado que el tribunal de la Audiencia de Madrid que lo juzgó menoscabó el derecho de defensa del acusado, por lo que repone las actuaciones a un momento anterior a la celebración del juicio para que se celebre de nuevo ante tres magistrados distintos de los que han intervenido en esta causa. Foto: Carlos Berbell
INICIOTRIBUNALES
Rosalina Moreno | 09/09/2021 14:52 | Actualizado: 09/09/2021 16:38
El Tribunal Supremo (TS) ha ordenado repetir un juicio a un militar condenado a siete años de prisión por un delito de depósito de armas de guerra, por haberse acreditado que el tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid que lo juzgó (Sección Séptima) menoscabó el derecho de defensa del acusado al limitar indebidamente su turno a la última palabra.

El condenado es Juan Manuel S. Q., brigada del Ejército de Tierra, cuya defensa ejerce la letrada María Isabel García Herrero.

Tras visionar la grabación del juicio, el tribunal de la Sala de lo Penal ha comprobado que en el momento de la última palabra el acusado cogió el cuaderno que le había acompañado durante el plenario, con la intención de comentar y glosar todas las notas que había tomado en el juicio cuya duración se aproximaba a las tres horas y media.

Según expone el tribunal en la sentencia, con ponencia de la magistrada Ana María Ferrer, en ese instante se produjo un cierto tira y afloja entre el acusado y la presidencia que le advirtió que no era momento de valorar la prueba, sino exclusivamente de introducir datos no puestos ya de manifiesto y que tuviesen relevancia.

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El Supremo señala que el acusado anunció su voluntad de “contradecir, complementar, matizar o rectificar algunas cosas”, a lo que se negó la presidenta, que volvió a advertirle que la valoración de la prueba correspondía en exclusiva a la dirección letrada y que él solo podía aducir cosas nuevas.

Fachada del Tribunal Constitucional
El Pleno del Tribunal Constitucional cambia su doctrina sobre el derecho a la última palabra
El Constitucional, en línea con el TEDH, considera que el derecho a la última palabra es una manifestación del derecho a la autodefensa.
Relata que tras unos segundos -18-, el acusado empleó en mirar sus notas, como buscando cuál de las cuestiones se podrían ajustar al criterio del tribunal, la presidenta dio por finalizado el juicio.

El Supremo ha estimado el recurso de casación del condenado, y ha anulado la sentencia dictada por la Audiencia de Madrid el 4 de febrero de 2019, al apreciar que “se produjo un menoscabo del derecho de defensa como consecuencia de la devaluación de ese trámite final en que el acusado se vio privado de la posibilidad de exponer argumentos que quería volcar y que no podemos presumir que fueran impertinentes”.

La sentencia del Supremo es la número 659/2021, de 6 de septiembre.

La firman los magistrados Julián Sánchez Melgar (presidente), Antonio del Moral García, Susana Polo García, Leopoldo Puente Segura y Ana María Ferrer García, que ha sido la ponente.

El procedimiento es el 3249/2019.

El Supremo ha declarado de oficio las costas de este recurso.

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Re: Va de militares
« Respuesta #3696 en: 15 de Septiembre de 2021, 08:24:59 am »

Los agredidos por magrebíes cerca de la Puerta del Sol son dos miembros de la Guardia Real
Se trata de un cabo 1º y una cabo miembros de la unidad que protege a los reyes y a su familia. La mujer tuvo que ser ingresada en el Hospital Militar Gómez Ulla

Fecha
14/09/21access_time 1:05

Aurelio Ruiz Enebral

Las agresiones “en manada” han ocupado la actualidad en fechas recientes. El caso más polémico fue el del joven del barrio madrileño de Malasaña que denunció un falso ataque homófobo y terminó reconociendo que había sido un acto consentido. Y uno de esos episodios violentos ha afectado a una pareja, en pleno centro de Madrid.

Se están investigando palizas en grupo contra un hombre en Melilla y contra un joven en Velada (Toledo), que se habrían producido entre gritos homófobos. Algunos incidentes se achacan a jóvenes inmigrantes, sobre todo magrebíes, protagonizados por menores extranjeros no acompañados (los conocidos como menas) que viven en centros o en pisos tutelados por las administraciones públicas.

Brutalmente golpeada

ABC publicó hace unos días que una chica joven había sido brutalmente golpeada por una decena de jóvenes magrebíes cuando le intentaban robar, a ella y a un par de amigos, en los alrededores de la Puerta del Sol, en Madrid. Cuatro de los presuntos atacantes fueron detenidos por la Policía Nacional.

Confidencial Digital ha podido confirmar por distintas fuentes que los agredidos son dos guardias reales, es decir, dos militares pertenecientes a la unidad interejércitos que se encarga de proteger a la Familia Real, custodiar los palacios reales y dar escolta de honor a los reyes.

Un cabo 1º y una cabo

El tuitero Alvise Pérez publicó dos mensajes sobre la agresión revelada por ABC. Es conocido por difundir denuncias sobre todo referidas a ataques de extranjeros y situaciones polémicas que afectan a políticos de izquierdas: Manuela Carmena le ha demandado en los tribunales, por considerar que difundió un bulo sobre ella.

Primero, Alvise Pérez escribió el 4 de septiembre que “Diez marroquíes (varios MENAS) han dado una paliza en el centro de Madrid a una chica a la que incluso han destrozado varios dientes”. Y ese mismo día más tarde aseguró que había hablado con un familiar de los agredidos y podía confirmar que eran militares.

ECD ha podido saber que el asunto ha circulado entre distintos círculos de militares de toda España, y ha llegado incluso a ser comentado por oficiales y oficiales generales de alta graduación. Y ha conocido la unidad a la que pertenecían los agredidos: la Guardia Real.

La Guardia Real

Cuatro fuentes distintas confirman a ECD que las víctimas de ese ataque violento, cometido según ABC por una decena de jóvenes procedentes de países del Magreb, son efectivamente un cabo 1º y una cabo de la Guardia Real.

Los hechos han causado una gran sorpresa e indignación entre compañeros de la unidad, que han expresado su solidaridad y apoyo a los afectados.

En los círculos militares en los que se ha movido la noticia se ha destacado que la cabo fue la más perjudicada por la agresión, ya que por los golpes habría sufrido la pérdida de varios dientes. ABC informó también que tuvo que ser ingresada en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, y que uno de sus acompañantes sufrió una brecha en una ceja en ese mismo ataque. Los guardias reales agredidos se han ido recuperando de sus heridas físicas

Otra agresión

Fuentes conocedoras del caso explican que el suceso ya está en mano de los abogados de los atacados. La Policía Nacional detuvo a cuatro sospechosos de esta agresión, y se están investigando los hechos.

Se da la circunstancia de que en fechas recientes otro militar también ha sido agredido. Este otro suceso tuvo lugar en Huesca. Según los testigos, seis o siete jóvenes de etnia gitana estaban acosando a una chica en la calle cuando otros jóvenes salieron a defenderla. Uno de los acosadores tumbó de un puñetazo a uno de los que había ido a defender a la chica.

El agredido era un militar, que se golpeó la nuca contra el suelo y quedó inconsciente. Los servicios de emergencia le llevaron al hospital y tuvo que ser operado de urgencia por una fractura craneal.

Protegen y dan escolta solemne al rey

La Guardia Real es, como se ha dicho, una unidad interejércitos, formada por militares de Tierra, Armada y Aire, que según el Real Decreto 434/1988, de 6 de mayo, sobre reestructuración de la Casa de S. M. el Rey, tiene como cometidos esenciales “proporcionar el servicio de guardia militar, rendir honores y dar escoltas solemnes a Su Majestad el Rey y a los miembros de Su Real Familia que se determinen”, y “prestar análogos servicios a los Jefes de Estado extranjeros cuando así se ordene”.

Los miembros de la Guardia Real proporcionan guardia de seguridad en el Palacio de la Zarzuela, residencia de los reyes Felipe y Letizia, de sus hijas la princesa Leonor (ahora en Gales) y la infanta Sofía, y también residían allí los reyes Juan Carlos y Sofía.

La misma función de guardia militar de seguridad la presentan en el Palacio de Marivent (Palma de Mallorca) en verano, y proporcionan guardias de seguridad y honor en los palacios y reales sitios que se determine.

De igual forma, la Guardia Real tiene como misión rendir honores y dar escoltas solemnes en paradas militares, efectuar el saludo con salvas de ordenanza, participar en las honras fúnebres de miembros de la familia real y dar escoltas solemnes motorizadas o a caballo.

A los jefes de Estado extranjeros que visitan España les prestan la guardia de honor en el Palacio Real de El Pardo, les rinden honores, les dan escoltas solemnes motorizadas o a caballo e incluso les proporcionan apoyo en asistencia sanitaria.

También se encargan de proporcionar asistencia sanitaria permanente a la familia real y otras misiones de apoyo al Cuarto Militar, y en general a la Casa del Rey.

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Re: Va de militares
« Respuesta #3697 en: 15 de Septiembre de 2021, 17:00:22 pm »
¿Las feminazis no dicen nada de esta salvaje agresión a una mujer por parte de una manada de hombres?


Los agredidos por magrebíes cerca de la Puerta del Sol son dos miembros de la Guardia Real
Se trata de un cabo 1º y una cabo miembros de la unidad que protege a los reyes y a su familia. La mujer tuvo que ser ingresada en el Hospital Militar Gómez Ulla

Fecha
14/09/21access_time 1:05

Aurelio Ruiz Enebral

Las agresiones “en manada” han ocupado la actualidad en fechas recientes. El caso más polémico fue el del joven del barrio madrileño de Malasaña que denunció un falso ataque homófobo y terminó reconociendo que había sido un acto consentido. Y uno de esos episodios violentos ha afectado a una pareja, en pleno centro de Madrid.

Se están investigando palizas en grupo contra un hombre en Melilla y contra un joven en Velada (Toledo), que se habrían producido entre gritos homófobos. Algunos incidentes se achacan a jóvenes inmigrantes, sobre todo magrebíes, protagonizados por menores extranjeros no acompañados (los conocidos como menas) que viven en centros o en pisos tutelados por las administraciones públicas.

Brutalmente golpeada

ABC publicó hace unos días que una chica joven había sido brutalmente golpeada por una decena de jóvenes magrebíes cuando le intentaban robar, a ella y a un par de amigos, en los alrededores de la Puerta del Sol, en Madrid. Cuatro de los presuntos atacantes fueron detenidos por la Policía Nacional.

Confidencial Digital ha podido confirmar por distintas fuentes que los agredidos son dos guardias reales, es decir, dos militares pertenecientes a la unidad interejércitos que se encarga de proteger a la Familia Real, custodiar los palacios reales y dar escolta de honor a los reyes.

Un cabo 1º y una cabo

El tuitero Alvise Pérez publicó dos mensajes sobre la agresión revelada por ABC. Es conocido por difundir denuncias sobre todo referidas a ataques de extranjeros y situaciones polémicas que afectan a políticos de izquierdas: Manuela Carmena le ha demandado en los tribunales, por considerar que difundió un bulo sobre ella.

Primero, Alvise Pérez escribió el 4 de septiembre que “Diez marroquíes (varios MENAS) han dado una paliza en el centro de Madrid a una chica a la que incluso han destrozado varios dientes”. Y ese mismo día más tarde aseguró que había hablado con un familiar de los agredidos y podía confirmar que eran militares.

ECD ha podido saber que el asunto ha circulado entre distintos círculos de militares de toda España, y ha llegado incluso a ser comentado por oficiales y oficiales generales de alta graduación. Y ha conocido la unidad a la que pertenecían los agredidos: la Guardia Real.

La Guardia Real

Cuatro fuentes distintas confirman a ECD que las víctimas de ese ataque violento, cometido según ABC por una decena de jóvenes procedentes de países del Magreb, son efectivamente un cabo 1º y una cabo de la Guardia Real.

Los hechos han causado una gran sorpresa e indignación entre compañeros de la unidad, que han expresado su solidaridad y apoyo a los afectados.

En los círculos militares en los que se ha movido la noticia se ha destacado que la cabo fue la más perjudicada por la agresión, ya que por los golpes habría sufrido la pérdida de varios dientes. ABC informó también que tuvo que ser ingresada en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, y que uno de sus acompañantes sufrió una brecha en una ceja en ese mismo ataque. Los guardias reales agredidos se han ido recuperando de sus heridas físicas

Otra agresión

Fuentes conocedoras del caso explican que el suceso ya está en mano de los abogados de los atacados. La Policía Nacional detuvo a cuatro sospechosos de esta agresión, y se están investigando los hechos.

Se da la circunstancia de que en fechas recientes otro militar también ha sido agredido. Este otro suceso tuvo lugar en Huesca. Según los testigos, seis o siete jóvenes de etnia gitana estaban acosando a una chica en la calle cuando otros jóvenes salieron a defenderla. Uno de los acosadores tumbó de un puñetazo a uno de los que había ido a defender a la chica.

El agredido era un militar, que se golpeó la nuca contra el suelo y quedó inconsciente. Los servicios de emergencia le llevaron al hospital y tuvo que ser operado de urgencia por una fractura craneal.

Protegen y dan escolta solemne al rey

La Guardia Real es, como se ha dicho, una unidad interejércitos, formada por militares de Tierra, Armada y Aire, que según el Real Decreto 434/1988, de 6 de mayo, sobre reestructuración de la Casa de S. M. el Rey, tiene como cometidos esenciales “proporcionar el servicio de guardia militar, rendir honores y dar escoltas solemnes a Su Majestad el Rey y a los miembros de Su Real Familia que se determinen”, y “prestar análogos servicios a los Jefes de Estado extranjeros cuando así se ordene”.

Los miembros de la Guardia Real proporcionan guardia de seguridad en el Palacio de la Zarzuela, residencia de los reyes Felipe y Letizia, de sus hijas la princesa Leonor (ahora en Gales) y la infanta Sofía, y también residían allí los reyes Juan Carlos y Sofía.

La misma función de guardia militar de seguridad la presentan en el Palacio de Marivent (Palma de Mallorca) en verano, y proporcionan guardias de seguridad y honor en los palacios y reales sitios que se determine.

De igual forma, la Guardia Real tiene como misión rendir honores y dar escoltas solemnes en paradas militares, efectuar el saludo con salvas de ordenanza, participar en las honras fúnebres de miembros de la familia real y dar escoltas solemnes motorizadas o a caballo.

A los jefes de Estado extranjeros que visitan España les prestan la guardia de honor en el Palacio Real de El Pardo, les rinden honores, les dan escoltas solemnes motorizadas o a caballo e incluso les proporcionan apoyo en asistencia sanitaria.

También se encargan de proporcionar asistencia sanitaria permanente a la familia real y otras misiones de apoyo al Cuarto Militar, y en general a la Casa del Rey.

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Re: Va de militares
« Respuesta #3698 en: 24 de Septiembre de 2021, 08:15:51 am »

Un coronel denuncia al ex teniente Segura por acusarle de “asesino” tras un accidente mortal de un F-18

Ha presentado una demanda de protección de derecho al honor ante un juzgado de primera instancia por un artículo publicado en la revista El Jueves

Fecha
24/09/21access_time 1:0

Aurelio Ruiz Enebral

“Tú asesina, que nosotros te ascendemos”: así se titulaba el artículo que publicó a finales de enero de 2018 el ex teniente del Ejército de Tierra Luis Gonzalo Segura. Señalaba a un coronel por el accidente de un F-18 de la base de Torrejón de Ardoz que murió al estrellarse su avión en octubre de 2017. Ahora, el coronel ha llevado a los tribunales al ex teniente Segura.

Segura fue expulsado del Ejército de Tierra en 2015, después de más de un año de polémica por publicar un libro, ‘Un paso adelante’, en el que novelaba supuestas irregularidades económicas y disciplinarias en unidades militares.

En los últimos días, este ex teniente ha dirigido un mensaje a sus seguidores, para pedirles ayuda económica con la que pagar la defensa judicial ante una nueva denuncia que ha recibido. En este caso, le ha llevado a los tribunales un coronel del Ejército del Aire.
Accidente mortal de F-18 en Torrejón

El demandante es Luis García-Mauriño, quien en 2017 y 2018 era coronel jefe del Ala 12 del Ejército del Aire.

Los hechos que motivan la demanda comienzan con el accidente de un caza F-18 en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) el 17 de octubre de 2017. El avión se estrelló contra el suelo en la maniobra de despegue, y murió el piloto, el teniente Fernando Pérez Serrano.

Días antes, a la vuelta del desfile de la Fiesta Nacional del 12 de octubre, se había estrellado en Albacete un caza Eurofighter del Ala 14 y había fallecido el comandante Borja Aybar.

La denuncia que ha interpuesto el coronel García-Mauriño -presidente de la asociación profesional militar Tercios Viejos Españoles- se refiere a un artículo que Luis Gonzalo Segura publicó en la revista satírica El Jueves meses después del accidente del F-18 en Torrejón.
“Tú asesina, que nosotros te ascendemos”

El número 2.123 de El Jueves se publicó en la semana del 31 de enero al 6 de febrero de 2018. En esa revista se incluyó un artículo firmado por el ex teniente Segura, con el cintillo de “Rompan filas”.

El artículo en cuestión llevaba por título “Tú asesina, que nosotros te ascendemos”, e iba acompañado de una viñeta en la que se puede reconocer al actual Jefe del Estado Mayor del Aire (JEMA), general del Aire Javier Salto Martínez-Avial, inclinándose sobre la tumba del teniente Francisco Pérez Serrano y diciendo, con una sonrisa, “¿Cómo dices?”.

Segura trataba en su artículo sobre el accidente del F-18 en el que murió Pérez Serrano. Escribió que “según denunció un militar del Ala 12 a Público y Las Mañanas de Cuatro el piloto había sido presionado por el coronel el 11 de octubre del año pasado por abortar otro despegue por los problemas mecánicos del aparato”.

En el artículo, acusaba al Ministerio de Defensa de filtrar información para echar la culpa del accidente al piloto fallecido. También cargaba contra el Jefe del Estado Mayor del Aire, relacionándole con los accidentes de helicópteros del Servicio Aéreo de Rescate en Canarias en los que murieron siete militares. Y citaba al “coronel Luis García-Mauriño, involucrado en este caso”, del que decía que “espera como agua de mayo la recompensa por su tan loable comportamiento: un ascenso”.
Demanda civil

ECD se puso en contacto tanto con el denunciante como con el denunciado. El coronel García-Mauriño confirmó que ha interpuesto contra el ex teniente Segura y contra la revista El Jueves una demanda de tutela del derecho al honor, por la vía civil. El ex teniente Segura, por su parte, declinó hacer declaraciones.

El juzgado que tiene que estudiar esa demanda es el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Móstoles, que ha dado traslado de la demanda a Luis Gonzalo Segura, quien ahora tiene un plazo para contestar con las alegaciones que considere para defenderse.

Las acciones judiciales por publicaciones que atentan contra el honor, la intimidad y la propia imagen de una persona pueden derivarse por la vía penal o la civil.

Por vía penal se presentan las querellas por delitos de calumnias (“la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad”) o de injurias (“la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación”).

Esos delitos prescriben en un año. Sin embargo, también se puede actuar por vía civil, al amparo de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

El artículo 7.7 de dicha ley considera como una intromisión ilegítima en el honor, la intimidad y la propia imagen “la imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación”.

La injuria y la calumnia se castigan en el Código Penal con penas de multa y prisión. Una demanda civil de protección del derecho al honor busca reparar el daño al honor con una compensación, que suele ser económica.

En el ámbito civil el plazo de prescripción es más amplio, por lo que aún era posible interponer en 2021 una demanda por una publicación de principios del año 2018.
Noticias en Público y Cuatro

Luis Gonzalo Segura citó en su artículo de El Jueves sendas informaciones del diario Público y del programa ‘Las Mañanas de Cuatro’. Ambos medios difundieron el 25 de enero de 2018 que “El militar que se estrelló por un fallo en su F18 fue presionado días antes para que despegara con problemas mecánicos”.

Ambos citaban fuentes de la base de Torrejón, que aseguraban que el 11 de octubre el mismo teniente Francisco Pérez Serrano abortó un despegue con un F-18 al no superar el control rutinario de seguridad. Dichas fuentes añadían que el coronel jefe del Ala 12, García-Mauriño, le había reprochado esa decisión. De ahí que deslizaran que había sido presionado para volar en el F-18 aunque él creyera que no estaba en condiciones técnicas para hacerlo.

El Ministerio de Defensa negó esa versión, y aseguró que el día que el teniente no voló fue porque él se encontraba indispuesto y no estaba en disposición de volar.
Un WhatsApp acusa al coronel

Fuentes militares consultadas por ECD señalan que el origen de todo está en un mensaje de WhatsApp y en algunos miembros del Ala 12 que acudieron a los medios de comunicación a dar su versión sobre el accidente.

En los días posteriores al siniestro en el que murió el teniente Francisco Pérez Medina, comenzó a circular entre miembros del Ala 12 un mensaje de WhatsApp en el que se acusaba por primera vez al coronel jefe de la unidad de haber llamado la atención al piloto por haber abortado un vuelo el día antes del accidente.

Esa acusación no quedó en las conversaciones de WhatsApp de quienes fueron haciendo circular el mensaje.

Como se ha indicado, el 25 de enero de 2018 tanto el diario digital Público.es, como el programa de televisión ‘Las Mañanas de Cuatro’, de esa cadena de Mediaset, recogieron las declaraciones de miembros del Ala 12 que aseguraban que “El militar que se estrelló por un fallo en su F18 fue presionado días antes para que despegara con problemas mecánicos. Fuentes de la misma base aérea denuncian que el coronel al mando de la unidad reprochó días antes a Fernando Pérez, de 26 años y número uno de su promoción, que abortara una misión por motivos de seguridad”, según la noticia de Público.
Una demanda anterior contra Público

El coronel que ahora ha denunciado a Luis Gonzalo Segura ya llevó anteriormente a los tribunales al redactor de Público que firmó la noticia, así como a la empresa editora del diario digital.

Argumentó el oficial que en esa información se contenían “acusaciones gratuitas” contra él, que se habían publicado “sin haber contrastado la veracidad de sus afirmaciones por los medios adecuados, con la única intención de poner en tela de juicio el comportamiento del actor en el ejercicio de sus funciones públicas menoscabando su prestigio personal y profesional con acusaciones inveraces”.

La juez que estudió el caso acabó desestimando la demanda y absolviendo al periodista y a la empresa editora, al considerar acreditado que el periodista había cumplido con su deber de diligencia profesional por haber contrastado toda la información obtenida.

Sin embargo, el relato de hechos que la juez da como acreditados muestra cómo la acusación contra el coronel jefe del Ala 12 llegó a Público y a Cuatro.
La “fuente”, Segura y los medios

En la sentencia que desestimó esa demanda del coronel contra Público, la juez consideró acreditado que el ex teniente Segura se puso en contacto con el redactor de Público y “le dijo que “una fuente” de la base de Torrejón de Ardoz, que estaba en contacto con los F18, tenía una información que deseaba transmitir tras haber conocido la información publicada por “El Independiente” en la que se

indicaba que el piloto fallecido había salido a volar siendo consciente de que un motor del avión no funcionaba”.

Ese confidente de Segura quería desmentir la noticia de El Independiente, para que así “la culpa no recayera sobre el piloto”. Según la sentencia, así lo declaró en la vista el periodista de Público demandado, el ex teniente Segura y Javier Ruiz, presentador entonces de ‘Las Mañanas de Cuatro’.

El periodista de Público declaró en la vista oral que “quedó con el “confidente” y corroboró que era militar, ya que le mostró su identificación militar, y le manifestó que “hubo presión por parte del Coronel al mando del Ala 12” porque la unidad había suspendido un examen y estaban pendiente de nueva evaluación para poder volar en maniobras de la OTAN”.

Le dijo el nombre del coronel al mando, y afirmó que el día 11 de octubre [seis días antes de su accidente mortal] “el piloto fallecido abortó un vuelo y en una reunión con el piloto al día siguiente el Coronel le amenazó con una sanción disciplinaria”.
Los militares denunciaban a través de Segura

Tanto el redactor de Público como el presentador de Cuatro reconocieron “que utilizan al ex teniente Don Gonzalo Segura para obtener información de fuentes militares porque el código militar no permite a los militares que hablen con periodistas, y los militares que quieren denunciar hechos lo hacen a través de Don Gonzalo Segura, que ha sido militar, y por eso se fiaban de la veracidad de la información ofrecida por los “confidentes” facilitados por el ex Teniente Don Gonzalo Segura ya que el mismo tiene contacto directo con el personal de los F18 de la base de Torrejón de Ardoz y les da fiabilidad”.

A su vez, el teniente Segura afirmó que tras el accidente en el que murió el teniente Francisco Pérez Serrano “le llamaron distintas “fuentes” que querían contrarrestar la información de El Independiente en la que se decía que el piloto sabía que el motor estaba averiado y que los pilotos del ejército vuelan en ocasiones a sabiendas de que un motor no funciona, y que eso no era cierto; y que una “fuente” extremadamente fiable (100% de fiabilidad) le contó la versión de los hechos y trató de cotejarla con otras fuentes, entre ellas los mecánicos, y la “fuente” le indicó que el piloto había sido arrestado (amonestado) por abortar un vuelo, y que el piloto estaba sometido a presión por su jefe por la evaluación de la OTAN, y también le generaba presión el ser el primero de su promoción , y voló por temor a las consecuencias que podía tener si no volaba”.

Segura también declaró “que fue él el que puso en contacto a la “fuente”” con el periodista de Público y con Cuatro, “aunque no podía desvelar la identidad de la fuente, pero le dio la categoría de muy fiable porque existían varios testimonios que lo respaldaba (como los mecánicos), y que él comprueba con sus fuentes la información y la transmite a los medios de comunicación, que a su vez también hacen comprobaciones”.

Por su parte, Javier Ruiz “manifestó en la vista que el programa de la cadena Cuatro que él dirigía compartió con Público la exclusiva y que la información les llegó por el ex teniente Segura que a su vez les puso en contacto con los militares de la base de Torrejón de Ardoz, y que daba credibilidad al Sr. Segura porque ya habían trabajado con él en otras ocasiones”.

Es decir, en esa sentencia la juez consideró acreditado que la fuente de la información contra el coronel García-Mauriño contactó con el ex teniente Luis Gonzalo Segura, que ya llevaba años difundiendo denuncias sobre supuestas irregularidades de mandos de las Fuerzas Armadas; incluso ya estando fuera del Ejército, sacaba a la luz denuncias que le llegaban de militares que no querían salir en la prensa con su nombre para no sufrir consecuencias disciplinarias o penales.

A su vez, Segura puso en contacto a esa fuente (supuestamente miembro del Ala 12, que algunas fuentes creen que podrían ser suboficiales con muchos años de servicio en la unidad) con periodistas de Público y de Cuatro, y de ahí salieron las noticias que aparecieron el 25 de enero de 2018. En base a esas noticias, días después el ex teniente Segura escribió el artículo de El Jueves titulado “Tú asesina, que nosotros te ascendemos”, en el que señalaba al coronel García-Mauriño, y por el que ahora ha sido demandado.
La investigación del accidente

Llama la atención que la magistrada del Juzgado de Primera Instancia que desestimó la demanda anterior del coronel contra Público llega a declarar que “tras la prueba practicada ha quedado acreditado que el coronel no sancionó ni reprochó al Piloto Pérez días antes del accidente por haber “abortado” un vuelo ni tampoco que realizó presión alguna sobre el piloto fallecido”.

Como ya se ha indicado, el origen de todo el asunto fue un mensaje de WhatsApp, supuestamente escrito por alguien del Ala 12 o cercano, y que acusaba al coronel de haber reprendido al piloto por abortar un despegue al detectar problemas técnicos.

Sin embargo, el informe que elaboró la Comisión de Investigación Técnica de Accidentes de Aeronaves Militares (CITAAM) no confirmó, sino que contradijo varios datos en los que se basaban esas acusaciones.

El diario El País reveló el 1 de julio de 2019 algunas conclusiones del informe que elaboró esa comisión sobre el accidente mortal de un F-18 en Torrejón el 17 de octubre de 2017, en el que murió el piloto Francisco Pérez Serrano.

Señaló como un motivo fundamental que en el motor derecho del avión se encontraron los álabes (paleta curva de una turbomáquina) del rotor del motor derecho destrozados, y entre ellos, partido en dos un maneral de acero, una llave con cabezal intercambiable que se supone que algún mecánico pudo dejarse olvidado dentro del motor. Eso explicaría que cuando puso en marcha el motor, el mecánico lanzador escuchó un ruido raro.

Además, en el informe quedó constatado que en la víspera del accidente, el piloto fallecido no abortó ningún despegue, porque no tenía vuelo. Lo que se comprobó es que “el 4 de octubre de 2017 fue sancionado por cambiar el turno con un compañero en el servicio de alerta sin consultar con el mando. Era una mancha en su expediente. El 10 de octubre, una semana antes del accidente, se negó a realizar un vuelo nocturno alegando estar indispuesto”.

Es decir, que fue él, el piloto, quien no pudo volar (el 10 de octubre, no el 16), y por tanto no abortó ningún vuelo por detectar problemas mecánicos, y no recibió una reprimenda del coronel por ese vuelo abortado que no tuvo lugar.


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Re: Va de militares
« Respuesta #3699 en: 26 de Septiembre de 2021, 07:31:25 am »
Los "paracas" no lloran...


"Somos paracas, señora ministra", la respuesta de un militar a la pregunta de Robles de "si tuvieron tiempo para llorar" en Afganistán


La ministra de Defensa visita a los miembros del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo y a los pilotos del Ala 31 que participaron en la evacuación

Margarita Robles, durante su visita a la Base Aérea de Zaragoza.
Margarita Robles, durante su visita a la Base Aérea de Zaragoza. EFE
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JAVIER ORTEGA | ZARAGOZA
23/09/2021 16:15
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La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este jueves en la Base Aérea de Zaragoza a los militares del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA) y a los pilotos del Ala 31 que participaron en la misión de rescate en Afganistán.

Se ha interesado por su estado emocional en tales difíciles momentos y posteriormente, y les ha preguntado si "tuvieron tiempo de llorar", a lo que uno de ellos ha contestado: "Somos paracas (paracaidistas), señora ministra".

Robles ha calificado de "necesaria" su visita "para agradecerles su trabajo. Son héroes porque han salvado muchas vidas con el riesgo de la suya". Asimismo, ha destacado su "humanidad" y su "generosidad, algo que "no se improvisa".


Ha ministra ha reivindicado el éxito del modelo de evacuación español, que logró sacar de Afganistán a 2.206 cooperantes.

Ha estado acompañada por el segundo Jefe de Estado Mayor del Aire, teniente general Ignacio Bengoechea, el jefe del Mando Aéreo General, general Juan Ángel Treceño y el jefe del JMOVA de Zaragoza, general José Luis Ortiz Cabañate.

Durante la visita de la ministra, los responsables del EADA y el Ala 31, el teniente coronel Carlos Forcano y el coronel Juan Domínguez le han detallado las condiciones en las que trabajaron entre Kabul y Dubái.

La titular de Defensa ha mostrado su interés por la presión psicológica a la que tienen que hacer frente los militares tras su regreso dada la dureza del operativo y ha escuchado las dificultades que vivieron en la capital afgana.

La ministra incluso ha llegado a preguntar a los integrantes del EADA "si habían tenido tiempo de llorar". Entre quienes lo reconocen sin problema y los que afirmaban que no había casi tiempo para ello en Kabul, uno de los miembros del escuadrón ha respondido contundente: "Somos 'paracas', señora ministra".

Robles ha asegurado que "el orgullo que tenemos de todos ustedes es algo que será impagable toda la vida. Han salvado a muchas personas y han devuelto la ilusión a mucha gente. Ustedes representan la mejor España".


En el Ala 31, por su parte, han aprovechado la visita para solicitar una mejora de la financiación del Ejército del Aire y han recordado que en los primeros días de la misión de evacuación los aviones A400M servían incluso "como almacén y oficina".

Por ello, piden la mejora de los canales diplomáticos para que esa situación "no se vuelva a repetir". No obstante, los responsables han recalcado la "excelente" ejecución de la operación de salvamento en el país asiático y la coordinación e integración de los distintos mandos del Ejército con el ministerio.

"PLUS DE HUMANIDAD Y GENEROSIDAD"
Junto a los aviones A-400M que llevaron a cabo la evacuación, que ahora reposan en los hangares del Ala 31, Margarita Robles les ha dado las gracias por su gran esfuerzo que ha realizado en esta operación y ha señalado que "hay un plus de humanidad y de generosidad que no se improvisa y eso es muy propio del Ejército español".

La ministra ha querido agradecer su trabajo a los militares que realizaron la evacuación de afganos en Kabul y les ha entregado sendas placas de homenaje a las dos unidades.

A su vez, Robles ha recibido por parte de los militares una fotografía de Kabul y un cachirulo (pañuelo del traje tipo aragonés) de recuerdo.



En la operación de evacuación de Afganistán, el Ejército del Aire desplegó 130 militares y 20 policías, entre los aeropuertos de Kabul y Dubai, y contó con la participación de tres aviones A-400M, de los cuales dos partieron de la base de Zaragoza.

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