‘EL CAMBIO NO ES LEGAL’
Fundación Francisco Franco: ‘Carmena desprecia la ley y la historia’
La Gaceta
España / 29 abril, 2018
La Fundación recuerda que la decisión de cambiar el nombre a las calles no es firme y asegura que Carmena está cometiendo “una ilegalidad”.
La Fundación Nacional Francisco Franco ha lanzado un comunicado en el que critica a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, por comenzar con la retirada de los rótulos de las calles a pesar de que la decisión judicial todavía no es firme.
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“El Ayuntamiento de Madrid desprecia la ley, la cultura y la historia de España”, asegura el comunicado, que reclama que se “escuche” a comerciantes y vecinos”.
Desde la Fundación recuerdan que esta medida “va a causar al vecindario un perjuicio económico de 57.3 millones de €”.
Para su interés, reproducimos el comunicado íntegro:
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El pasado jueves 26 de abril el Ayuntamiento de Madrid comenzó a retirar los rótulos de 51 calles de Madrid, con ochenta años de antigüedad mínima . Una acción que va a causar al vecindario un perjuicio económico de 57.3 millones de € según consta en el informe pericial que esta Fundación aportó ante el juez para pedir la suspensión cautelar del cambio de callejero.
Esta actuación se deriva de la interpretación que el Ayuntamiento hace de la Sentencia número 289, de la Sección Segunda, de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que resolvía el recurso de Apelación Nº 93/2018, dimanante de la pieza separada que, sobre las medidas cautelares, había resuelto el Juzgado de lo Contencioso nº 23 de Madrid; pieza Separada de Suspensión del Procedimiento nº. 255/2017-01. A partir de ahora y con independencia de la valoración que nos merece la referida Sentencia y del respeto que manifiesta la misma hacia lo señalado por el art. 728 LEC y toda vez que la sentencia no es firme consideramos que el lugar donde defender nuestros postulados es en el Tribunal Supremos pues nos parece contraria a derecho. De ahí que las consideraciones del presente comunicado sean de naturaleza distinta, resumiéndolas en:
1.- El Ayuntamiento de Madrid, con absoluto desprecio a la Ley, (solo los jueces pueden interpretarla y aplicarla); al procedimiento judicial existente en el Juzgado de lo Contencioso Nº 23, (de la que es parte como demandada); a la ética jurídica (lo resuelto por el TSJ, sección 2ª, no afecta al fondo, sólo a la pieza separada de Medidas Cautelares); al sentido común, ( no es razonable, hasta que la controversia judicial del cambio de calles adquiera la firmeza de una sentencia, actuar por la vía de hecho, ajena al respeto debido a la justicia y de forma despótica y arbitraria); a los vecinos y empresas existentes en esas calles (directos perjudicados del arbitrario proceder municipal y cuya opinión no debe tener la consideración de democrática); y a la historia y la cultura (solo los totalitarios, a lo largo de la historia, han pretendido borrar el pasado, como referente de valor, cultura y civilización) ha comenzado como se expresa al comienzo de este Comunicado a cambiar el nombre a 51 calles.
2.- El Ayuntamiento de Madrid que preside Carmena, burlando el derecho y hurtando el sometimiento al poder judicial, en sus resoluciones, asume como pretexto la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, de dudosa constitucionalidad, con la pretendida finalidad de ampliar y reconocer derechos a unos perseguidos y represaliados de hace ochenta años y lo hace de forma hemipléjica teniendo en cuenta sólo a una de las partes en el conflicto. La propia Ley de Memoria Histórica en su Exposición de motivos establece de forma diáfana que las acciones encaminadas a la retirada de simbología debe ser contemplada de forma tal que los símbolos públicos sean ocasión de encuentro y no de enfrentamiento, ofensa o agravio. Curiosa manera la de este Ayuntamiento la de entender esta Ley retirando la simbología de los que recuerdan a unos y sin embargo se olvida de las que enaltecen a otros. Esta es una acción sectaria. No tiene otro calificativo.
No, no nos engañan. La realidad es que este proceso se incardina en el empeño de subvertir el estado de derecho dimanante del régimen de Francisco Franco, cuya legitimidad preexiste en la unidad de la nación, la monarquía, la propiedad privada, la economía de mercado, y la industrialización y desarrollo social de España.
3.- En este propósito destructor del aún preexistente orden social, político y económico, se encuentra la conjunción de los partidos de izquierdas y separatistas que anhelan, mediante un evidente ensayo gramsciano de ingeniería social, la vuelta a la II Republica, sin corregir sus errores y desatinos, manteniendo el mismo modelo excluyente del poder, donde los partidos, organizaciones de “castas cerradas”, limiten a unas periódicas elecciones la soberanía del pueblo e impongan el control del poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. La insistencia en pretender la ilegalización de esta FNFF, se orienta a la proscripción de toda disidencia molesta por veraz. Impedir su propósito, poniendo a prueba la fortaleza del estado de derecho, es nuestra obligación y la venimos ejerciendo en todos los ayuntamientos de España donde nos requieren.
4.- Advertimos, en el presente, como se violenta, sin recato y en sede parlamentaria, los derechos democráticos básicos: libertad de opinión, manifestación, reunión y cátedra que recoge la Constitución y fundamenta el estado de derecho. La reciente propuesta de una nueva LMH en el Congreso o, la Moción en el Senado, solicitando nuestra ilegalización con argumentos tan peregrinos como inconsistentes, denotan el propósito destructor del ordenamiento jurídico constitucional y el pensamiento único supremacista que los impulsa. Las Leyes de Memoria Democrática impulsadas en distintas autonomías, forman igualmente parte del adoctrinamiento que se desea imponer a la sociedad, cada vez menos plural, libre y culta. Nuestra defensa comparte la civilización del humanismo cristiano, nuevamente amenazado en la historia, en el presente y, de no impedirlo, en mayor medida, en el futuro.
5.- La Fundación Nacional Francisco Franco, en cumplimiento de sus obligaciones estatutarias y del deber moral que impone la defensa de la verdad histórica, basada en los hechos y en la documentación (archivos) existente, mantendrá siempre y sin importar las dificultades, la bandera de la justicia, la libertad y el progreso de esa época. Recurriremos siempre al estado de derecho y a la ley cierta, mientras exista, y a su correcta interpretación por los jueces y fiscales independientes, encargados de ello por mandato constitucional. Nada impedirá que sigamos impidiendo que se borre la historia de nuestras calles, plazas y monumentos, como parte de la mejor historia de nuestra Nación. No admitimos a los impostores que aprovechan la democracia para destruirla. A los falsarios de la cultura que pretenden “resignificar” nuestro más insigne legado histórico. Que intenten hacer lo mismo con el Mausoleo de Lenin; en “los Inválidos” de Paris; con las Pirámides de Egipto; con la Estatua, en honor de Oliver Cromwel, en el exterior del Palacio de Westminster; con el Mausoleo de Bismark en Hamburgo; con el Coliseo Romano o el Mausoleo a Benito Mussolini, en su Villa natal, Predappio; o cualquier Basílica con especial significación histórico/cultural. Qué dirían rusos, franceses, egipcios, británicos, alemanes o italianos?. Que la barbarie no se compadece con la historia. La nuestra, la que Franco protagonizó, tiene tanta dimensión histórica y tal trascendencia social, política y económica, que no puede entenderse este siglo y el futuro de España, sin los cuarenta años de la generación del “Reinado de Franco”, autentica transición de cuarenta años, de la República a la Monarquía.
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6.- Defenderemos siempre la VERDAD HISTÓRICA al amparo del Estado de Derecho que hoy el Ayuntamiento de Madrid quiere dinamitar.
