Denuncian a un policía nacional por obligar a presentar la documentación en castellano para expedir un DNI
Plataforma per la Llengua pretende que se le abra un procedimiento sancionador al agente «por no respetar los derechos lingüísticos» de un vecino de Paterna
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Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional
Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional JUAN CARLOS SOLER
DAVID MAROTO
VALENCIA
16/05/2024
Actualizado a las 16:48h.
Plataforma per la Llengua, la asociación autodenominada como «la ONG del catalán», ha presentado una denuncia administrativa contra un agente de la Policía Nacional por, según relata, obligar a un vecino de la localidad valenciana de Paterna a presentar la documentación en
castellano
para expedirle el primer DNI.
De acuerdo con la información facilitada por la entidad, el indicativo policial «no habría respetado los derechos lingüísticos» del ciudadano, por lo que pretende que el Cuerpo le abra un procedimiento sancionador. Todo ello, porque el agente supuestamente se negó a tramitar el Documento Nacional de Identidad porque el certificado de nacimiento estaba redactado en valenciano y no en castellano.
Ante esta actitud, señala Plataforma que el afectado se vio obligado a acudir de nuevo al Registro Civil para pedir la misma documentación, pero en castellano, con tal objetivo de que no le volvieran a denegar el trámite en comisaría.
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En paralelo, la asociación habitual perceptora de subvenciones públicas por parte del anterior Gobierno valenciano presidido por el socialista Ximo Puig, critica que «este ataque a los derechos lingüísticos» de los valencianos «se acentúa en la misma web de la Policía Nacional, en la que se recomienda presentar la documentación en castellano.
En cuanto a la Certificación literal de nacimiento expedida por el Registro Civil, la Policía Nacional dice textualmente en su portal oficial: «En el caso de Comunidades Autónomas bilingües, se recomienda que esta certificación también se incluya en castellano, para evitar demoras por su traducción)». En ningún caso, no rechaza que se pueda presentar en otros idiomas oficiales.
Por ello, la «ONG del catalán» también pedirá al instituto armado español de naturaleza civil, dependiente del Ministerio del Interior, que elimine las recomendaciones para cambiar de lengua que aparecen en su página web, puesto que «se trata de una ilegalidad flagrante». Para Plataforma, representa «un hecho muy grave que una institución como la Policía Nacional vulnero toda la normativa vigente en materia lingüística».
«Un deber legal, también para la Policía»
Para explicar su posicionamiento, enumera en su comunicado una serie de artículos y normas. Primero, el artículo 104.1 de la Constitución Española, que «obliga las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a proteger el libre ejercicio de los derechos y de las libertades de la ciudadanía».
Por otro lado, la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad, que recuerda en el artículo 5.1 que «los agentes tienen que actuar con absoluto respecto al ordenamiento jurídico y que tienen que realizar su tarea con absoluta neutralidad política e imparcialidad y, en consecuencia, sin ninguna discriminación por razón de raza, religión u opinión«.
También hace referencia al artículo 5.2, que estipula que en el ejercicio de su actuación profesional tienen que evitar «cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que comporto violencia física o moral«; además de observar »un trato correcto y esmerado en sus relaciones con los ciudadanos, a los cuales tiene que procurar auxiliar y proteger« y tienen que proporcionar información completa.
«Falta muy grave»
Por último, cita la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, que tipifica como falta muy grave «toda actuación que supongo discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, sexo, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».
Para la asociación, los hechos sucedidos en la comisaría de Paterna suponen «una discriminación lingüística y, por lo tanto, una falta muy grave», ya que invalidar un documento oficial para estar escrito en valenciano es una «denegación de la oficialidad de la lengua» y, en consecuencia, «un ataque frontal en el Estatuto de Autonomía de los valencianos», explican.
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«La comisaría de la Policía Nacional de Paterna ha cometido una ilegalidad en cuanto al uso oficial del valenciano. Es por eso que seguiremos todas las vías legales para que el Cuerpo asuma y corrija esta irregularidad y no se vuelva a repetir una agresión lingüística de estas características», terminan su comunicado.
