Autor Tema: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...  (Leído 324771 veces)


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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #2783 en: 17 de Abril de 2024, 17:56:05 pm »
Y porque los actuantes no actúan?


REPETID CONMIGO:

• Si alguien entra en mi casa (o incluso en la de playa que mantengo, aunque vaya dos días al año), es un delito de allanamiento de morada y debo llamar a la Policía Nacional porque se actúa de inmediato. Debo hacer caso a esto, y no llamar a una empresa de desokupación porque no están habilitados para la acción policial.

• Si soy un banco y alguien entra en las cientos de casas que tengo, al no ser morada, se llama USURPACIÓN y sí, aquí hay burocracia, pero no es morada y por tanto NO afecta a ninguna persona en particular (no es el domicilio de "nadie"). Aquí debo comunicarme con Policía Nacional y saber que el trámite es largo. A este tipo de gran tenedores, les da igual que la casa se ocupe 1 o 6 meses. Dicho esto es DELITO, y sí, el banco etc, debe denunciar. Que sean grandes tenedores no implica que no sea delito.

• Debo dejar de creer todo lo que vea por redes sociales sobre la "ocupación" y hacer caso a quien sabe de normativa y de protocolos judiciales y policiales

https://twitter.com/GrupoHarris/status/1780615179803263004?t=GN2HPybQYEv4DolEU_edzQ&s=19

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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #2784 en: 22 de Abril de 2024, 07:53:42 am »

Guerra de okupas en Usera: perros envenenados y peleas con taladros


Una mujer se hace con el control de la mafia de un edificio lanza excrementos y orines a sus vecinos para echarlos
El novio de ella está fuera por una orden de alejamiento y ha dejado de ingresar dinero por el alquiler a los allanadores
Tres viviendas en dos años: el historial del okupa del piso de la anciana de Lavapiés que asegura «conocer la ley»
La pintada con el nombre de Constantino en la entrada del edificio okupado de Usera
La pintada con el nombre de Constantino en la entrada del edificio okupado de Usera DE SAN BERNARDO
CARLOS HIDALGO

Madrid


22/04/2024 a las 04:21h.


1

La entrada al número 32 de Marcelo Usera hay que hacerla casi de lado, de lo angosta que es. Por todo recibidor, una pintada con el nombre de «Constantino» y un teléfono móvil, supuestamente el suyo. Casi todos los okupas que residen en este edificio de viviendas abandonado por un banco hace más de cuatro años coinciden en que el firmante es quien les ha obligado a pagar cantidades de entre 50 y 250 euros (según si dormían allí de alquiler, por cama y por semana) o entre 1.000 y 3.000 euros si decidían allanar una pequeña vivienda de manera permanente.


Nada más acceder, hay unos escalones mellados, ideales para romperse los dientes en una caída; no existe ascensor, y los destrozos en las paredes, techos y demás zonas comunes decoran los tres pisos en altura. En la entreplanta, una inexistente ventana deja ver colchones de espuma tirados. En la segunda planta, con la puerta blanca de madera abierta (la única de estas características de todas estas infraviviendas), nos recibe Rosa Cotobal Martín, que confiesa 62 años con un purito colgando de sus dedos índice y anular, que va y viene de la boca. No para de fumar: «Y eso que tengo un enfisema pulmonar y una discapacidad del 65%», dice, mostrando un documento de la Comunidad de Madrid en la que solo se la cita para iniciar el trámite «para grado 1». Ni rastro del resultado de la evaluación.


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Rosa abre su discurso como una metralleta: «El padre de mi primera hija fue uno de los condenados por el incendio de la discoteca Alcalá 20; mi hermano es concejal en Pozuelo de Alarcón [con ese apellido quien existe es un empleado público del municipio], y el otro hermano es directivo de una prestigiosa clínica psiquiátrica [sí que existe en Madrid un facultativo con su nombre]».

Una vez centramos el tema por el que acudimos a Marcelo Usera, 32, relata que ella llegó hace un año y medio al bloque y que se hizo pareja de Constantin. Añade que sobre él pesa una orden de alejamiento hacia Rosa, pero ella niega que la maltratara, pese a la resolución judicial. «Mira, ahí tengo las dos mariposas, como si fuera una mujer maltratada», dice, señalando a los dos aparatos que controlan y alertan, llegado el caso, de la presencia allí de Constantin. Dice que él está trabajando por Castellón y Barcelona; «pero la orden la tiene sobre mí, así que si yo me voy del piso, él podría vivir aquí», dice retadora.


Entra una señora mayor que ella, dice que de 72 años, menuda y que apenas articula nada inteligible: es rumana y Rosa la llama su «suegra», «porque es como una madre para Constantin». La anciana va y viene al piso de Rosa durante la visita y la segunda dice que la tiene allí medio recogida, «porque el de arriba le ha quitado su casa». A quien se refieren es un dominicano conocido como el Italia, pero ella prefiere denominarle «el abrepuertas», pues asegura que las fuerza y echa de las viviendas superiores a sus okupas.

Imagen principal - El edificio de Marcelo Usera, por fuera, pasa por un pequeño bloque de viviendas normal. Dentro, como se ve en el resto de imágenes, la realidad es muy distinta. No hay nada que no esté destrozado
Imagen secundaria 1 - El edificio de Marcelo Usera, por fuera, pasa por un pequeño bloque de viviendas normal. Dentro, como se ve en el resto de imágenes, la realidad es muy distinta. No hay nada que no esté destrozado
Imagen secundaria 2 - El edificio de Marcelo Usera, por fuera, pasa por un pequeño bloque de viviendas normal. Dentro, como se ve en el resto de imágenes, la realidad es muy distinta. No hay nada que no esté destrozado
CONTRASTES ENTRE EL EXTERIOR Y EL INTERIOR DEL BLOQUE El edificio de Marcelo Usera, por fuera, pasa por un pequeño bloque de viviendas normal. Dentro, como se ve en el resto de imágenes, la realidad es muy distinta. No hay nada que no esté destrozado DE SAN BERNARDO
Pronto, Rosa comienza a disparar, verbalmente, contra Bladimir, su vecino pared con pared, que no está en ese momento. «Es un colombiano sin papeles, que un día que me peleé en septiembre con Constantin bajó al portal y sentí cómo me pegaba en las costillas y me las rompía», le acusa. Pero el que acabó detenido, acusado de violencia de género y alejado es Constantin.

Luego, muestra una sentencia judicial en la que se absuelve a Rosa de agresión y se condena a Bladimir y a una amiga de él, Lina, a un mes de multa a razón de 3 euros al día por un delito de lesiones. Los hechos probados hablan de que ocurrió el 8 de enero, cuando los dos condenados se pelearon por la limpieza de las zonas comunes y Rosa fue la que terminó golpeada. «Mi pareja es muy celosa, pero ahora veo que llevaba razón, porque no se fiaba de la gente esta», remacha.

«¡Traficas con drogas!»
De repente, se oye la voz de un hombre al otro lado de la puerta de Rosa y ella se levanta del sofá como un resorte y sale pegando gritos. Ha llegado Bladimir y ella se lanza hacia él como una fiera, para pegarle. «¡Usted no pase a mi casa, esto es allanamiento de morada! ¡Que me fumo tres paquetes de tabaco al día por tu culpa! ¡Que traficas con drogas día y noche! ¡Te has quedado con el piso! ¡Que cada día vienes con una mujer, para venderles droga!», le grita.

Entramos en casa de Bladimir y la versión es totalmente distinta. El hombre, de 34 años y procedente de Cali, hará dos años el mes que viene en el bloque de los horrores. Está desesperado. Vive con cuatro compatriotas en las dos piezas con que cuenta el pequeño apartamento, que huele a limpio (ha fregado con lejía) y donde no se ve ninguna plantación de marihuana de la que habla Rosa. Todo es humilde pero está ordenado. Bladimir nos invita a sentarnos y oír su versión; está al borde de la lágrima: «Me ha dejado mi mujer porque no aguantaba a la vecina, que hasta ha envenenado a mi perra —dice, mientras muestra una foto del animal— y ¡hasta me estoy quedando calvo!», afirma, como si eso fuera una maldición.

Se acerca a un cajón y saca dos carpetas. Una, con toda su documentación, que muestra. En la otra, una retahíla de denuncias contra Rosa, entre las que destaca el robo del que la acusa de un patinete eléctrico, cuatro taladros, un televisor de 50 pulgadas, un portátil, una esclava de oro, un reloj de oro, dos cables de energía –dice que los dejó sin el enganche de la luz– y un motor de ventilador. También habla de un tal Daniel la denuncia, que le comenzó a amenazar: «¡Colombiano de mierda, te vamos a matar!».

Bladimir trabajaba en negro, en la obra. Reconoce que es okupa. Que empezó pagando 50 euros a la semana por una cama a Constantin, que luego fueron 150 al mes y que, al final, abonó a Rosa más de mil euros por poder quedarse con el apartamento: «El problema viene desde que su novio no puede estar aquí, porque ella ya no puede sacar dinero a la gente de aquí y quiere echarnos para meter a otra gente y volver a cobrarles por un edificio que ni siquiera es suyo».

Muestra vídeos en los que Rosa, entre amenazas, aparece con un taladro encendido y rompiendo la puerta de metal del colombiano, todo lo contrario de lo que ella afirmaba, el mundo al revés. «Yo lo único que quiero es limpiar mi nombre», dice Bladimir entre lágrimas. Tras la visita de ABC a Marcelo Usera, llega un mensaje del joven al teléfono móvil: «Esta mujer me acaba de lanzar excrementos y orina en la puerta de mi casa». Y adjunta un vídeo en el que se ven los deshechos. La puerta de Rosa, ahora sí, permanece cerrada a cal y canto.

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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #2785 en: 24 de Abril de 2024, 08:04:13 am »


Orden de alejamiento para la okupa violenta de Usera, tras ser detenida


Fue arrestada y trasladada a comisaría, donde durmió en los calabozos. Solo pudo volver unos minutos al piso, escoltada por los agentes, para recoger la medicación que toma
Guerra de okupas en Usera: perros envenenados y peleas con taladros

Rosa y Bladivir, en una discusión DE SAN BERNARDO
CARLOS HIDALGO

Madrid


23/04/2024 a las 20:04h.



Rosa Cotobal, la mujer de 62 años a la que acusan otros okupas del mismo edificio que ella allanó de no dejarles vivir en paz, fue detenida el domingo por la Policía. Bladimir, el colombiano de 34 años que afirma que ha sido agredido por ella en varias ocasiones, avisó a los agentes después del último episodio de violencia.


Los hechos ocurrieron en el pequeño bloque de pisos que lleva usurpado desde hace un lustro, en la calle de Marcelo Usera, 32. Allí, de nuevo, Rosa comenzó este domingo a insultar a su vecino, pared con pared, hasta que llegó un momento en que, entre gritos, le amenazó con golpearle con una llave inglesa que portaba en la mano. «Antes, ya me había dado con un martillo», explica el joven, que muestra los arañazos que la okupa española le habría provocado en uno de sus brazos.



Fue arrestada y trasladada a comisaría, donde durmió en los calabozos. Solo pudo volver unos minutos al piso, escoltada por los agentes, para recoger la medicación que toma.

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Ayer, a primera hora de la tarde, se celebró en el juzgado número 1 de Madrid, en Plaza de Castilla, el juicio rápido contra la mujer, por un delito leve de amenazas y otro delito leve de daños contra el colombiano. Él pidió una orden de alejamiento sobre su persona, que le fue concedida por un periodo inicial de 3 meses y 100 metros de distancia.

La pareja de Rosa tiene una orden de alejamiento desde hace meses sobre ella, al haberla agredido. Hasta el punto de que, desde que él no está, la mujer no deja de hacer la vida imposible a los otros okupas.


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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #2788 en: 14 de Mayo de 2024, 07:50:02 am »
Otro.que alquila y deja los suministros a su nombre, un error.


Las 'inquiokupas' que atormentan al pensionista Carmelo, cinco años ya y un pufo de casi 60.000 euros: "Les obligué a firmar con un aval, pero no ha servido de nada"




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Las 'inquiokupas' que atormentan al pensionista Carmelo, cinco años ya y un pufo de casi 60.000 euros: "Les obligué a firmar con un aval, pero no ha servido de nada"
Lo que más exasperó a este damnificado es que concedieran "la vulnerabilidad mediante una llamada telefónica"



10 comentarios
Edificio donde Carmelo tiene su vivienda.
Edificio donde Carmelo tiene su vivienda.E. M.
Daniel Somolinos
Daniel SomolinosMadrid
Madrid
Actualizado Martes, 14 mayo 2024 - 00:01

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"Estoy de acuerdo en que todo el mundo tenga derecho a una vivienda, pero no a la mía". Carmelo, pensionista de 70 años, heredó una vivienda de sus padres en el año 2018: 116 metros cuadrados en el número 74 de la Carretera de Canillas, en el distrito de Hortaleza. Y tras reformarla ("me gasté unos 40.000 euros"), con el anhelo de ganarse un extra mensual, decidió ponerla en alquiler.

Se sirvió de una inmobiliaria para encontrar inquilinos. Y aunque varios fueron los interesados, se terminaron decantando por una pareja de primas, cada una con un hijo, nacidas en República Dominicana pero con nacionalidad española. "A priori parecían idóneas... Eran dos nóminas. Además, les obligué a que tuvieran un avalista, que era el padre de una de ellas. Éste tenía una vivienda en propiedad. Aquel aval fue fundamental para que yo aceptara".

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Aquel contrato de alquiler se firmó el 1 de diciembre de 2018, pero como suele ser habitual en estos casos, los problemas comenzaron "casi desde el principio". Concretamente a los dos meses. "En febrero de 2019 no recibí la mensualidad. Y los meses siguientes realizaban los pagos de manera intermitente... En mayo les mandé un burofax para meterles algo de presión, quería que se pusieran al día. Me mostraban su compromiso con buenas palabras, pero no con hechos. Hasta que en febrero de 2020 hablé con unos abogados y les dije: 'Esto me suena ya a tomadura de pelo'. Y decidí denunciarles".


Por entonces, el montante que debía la pareja de primas ascendía a 3.000 euros. Pero llegó la pandemia y, con ella, el real decreto ley 11/2020 que paralizaba los desahucios. "Para 2021 ya habían dejado de pagar definitivamente y una de ellas estaba embarazada... Llegó el juicio y no se presentaron, por lo que se decretó un primer lanzamiento para el 4 de octubre de 2021. Ellas recurrieron y una providencia judicial lo paralizó. Así hasta en tres ocasiones más".


Y pese a que esta situación llegó a irritar a Carmelo, lo que más le exasperó fue el informe firmado por una trabajadora social en noviembre de 2021 en el que certificaba a una de las inquiokupas como "persona vulnerable y en riesgo de exclusión social" únicamente mediante la realización de "una entrevista telefónica". "Cuando vi ese documento se me quedó cara de tonto. No analizaron nada... Nosotros recurrimos que no estaba desamparada, que su padre, el avalista, tenía una vivienda... Pero lo rechazaron. Pedirlo no ha servido para nada".

Este damnificado espera ahora que a la quinta vaya vencida. Aunque no es muy optimista. "La letrada que lleva mi caso está de baja desde hace seis meses... A mi procuradora le dijeron que sus asuntos no urgentes no se tramitan. Tal cual...".


Esta situación le ha generado a Carmelo, a nivel emocional, un shock terrible. "Esta vivienda les costó mucho sacrificio a mis padres. Yo ya no confío en la justicia, se creen que protegen al vulnerable, pero no es así. Que todo el mundo tenga un techo, sí, pero que se lo proporcionen las administraciones", apunta este vecino de Hortaleza.

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A esto hay que sumarle un grave perjuicio económico, un agujero de "casi 58.000 euros" que mes tras mes sigue aumentando. Y eso sólo de las mensualidades del alquiler. A eso, agrega, tiene que sumarle gastos de comunidad (150 euros al mes), el IBI, el seguro... y los suministros de sus inquiokupas, que según este afectado no se cortan. "Les pago el agua y la calefacción, pero hacen un gasto desmesurado, según me dicen desde la administración de la comunidad... 'Como si de dos familias se tratase', señalan. Además, pese a ser una vivienda con una orientación más cálida, es el inmueble en el que más consumo de calefacción hay de todo el edificio. Lo hacen sin ningún miramiento".

Mientras todo se soluciona, Carmelo ya no piensa ni en cómo le dejarán su piso cuando las dos primas dominicanas se vayan. Sólo en hacer borrón y cuenta nueva y, por qué no, volver a alquilarla el día de mañana. Eso sí, tomando medidas extras: "La próxima vez pediré un bloqueo de bienes, mediante escritura ante notario, para que dichos bienes sí avalen mi alquiler".



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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #2789 en: 17 de Mayo de 2024, 12:45:55 pm »

Desokupa pide un «escarmiento público legal» para la presunta estafadora de alquileres en Ibiza


El fundador Daniel Esteve adelanta que el abogado de la entidad solicitará este viernes el desalojo inmediato de Alazne Rodrigo por la vía civil

Un miembro de Desokupa ayer en la vivienda. | Moisés Copa

Vanessa Hernández | Ibiza | 2024-05-17 0:30
   
La empresa Desokupa está viviendo en Ibiza uno de sus desalojos extrajudiciales más «complicados» y «surrealistas» hasta ahora. Así lo destacó ayer el fundador de la organización Daniel Esteve, quien señaló a Periódico de Ibiza y Formentera que la entidad continúa con el sistema de control de acceso instalado en la vivienda porque la presunta estafadora de alquileres en Ibiza, Alazne Rodrigo, sigue sin abandonar este inmueble pese a haber sido denunciada, según esta organización, por los delitos de coacción, estafa por el impago de la renta y alquiler turístico ilegal. «Nuestros trabajos de desokupación llegan hasta un punto y el de los agentes también», señalaron desde esta entidad, destacando que ahora es la Justicia la que debe dar un «golpe sobre la mesa» y aplicar un «escarmiento público legal» para esta mujer.


En este sentido, Esteve explicó ayer que Beatriz, la propietaria de la vivienda, presentó una denuncia ante la Guardia Civil por dicha «coacción que impide el acceso al domicilio del otro inquilino que compartía piso con esta mujer». «La Justicia es la que debe trasmitir un mensaje contundente a la población para que estos personajes no actúen más en la isla», agregó e indicó que es necesario aplicar una condena ejemplar como la medida cautelar extraordinaria de desalojo y restitución del inmueble.


Al respecto, Esteve adelantó que este viernes el abogado de la organización solicitará este desalojo inmediato porque hay "pautas procesales suficientes para garantizar la adopción de medidas de desalojo". En esta misma línea lamentó que estos «delincuentes» sigan operando en la isla porque, como consecuencia de los alquileres turísticos ilegales, muchos propietarios de Ibiza «dejarán de alquilar sus pisos en invierno y esperarán a que llegue la temporada alta para arrendar sus viviendas a extranjeros con dinero». «Así nunca solucionaremos el problema de la okupación en Ibiza», subrayó Esteve mientras destacaba que la isla es el tercer punto de España donde más trabaja esta entidad.

«El mensaje que debemos trasladar a la sociedad es que no se permite ningún tipo de okupación en Ibiza y que estos delincuentes no tienen cabida. Luego la gente se echa las manos a la cabeza cuando los trabajadores de la isla y los funcionarios no tienen dónde dormir», lamentó. Además, según la propia entidad, durante estos dos días se han desplazado varias personas a esta vivienda ubicada en Sant Antoni «para comprar droga». «Hemos tenido que prohibir la entrada a personas que venían al inmueble porque todo parece indicar que también era punto de venta de drogas», puntualizaron.


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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #2790 en: 19 de Mayo de 2024, 14:44:32 pm »

Desocupas fuera de la ley: así actuaba Antiokupa Tarraco para desalojar con violencia y amenazas en Catalunya


ORSOLYA GAZDAGI
Barcelona
19/05/2024 11:57
Actualizado 19/05/2024 14:35
4 minutos

   
Los Mossos d'Esquadra del Área de Información Territorial de Tarragona detuvieron la semana pasada a 16 personas acusadas de formar parte de una empresa que, bajo una apariencia de legalidad, escondidos tras un bufete de abogados, llevaba a cabo desahucios a cambio de importantes cantidades de dinero de los propietarios de los pisos que querían echar a sus inquilinos, algunos de ellos, con contratos de alquiler vigentes. En el marco de esta operación, bautizada Mediere, se hicieron entradas y registros en domicilios de L'Hospitalet de l'Infant, Salou, Reus, Sant Joan Despí, Rubí, Mataró y Barcelona, con más de una quincena de detenidos de nacionalidades española y rumana de entre 27 y 59 años.

La investigación empezó el pasado mes de septiembre a raíz de una actuación policial en Reus durante un enfrentamiento entre unos ocupas de origen magrebí y miembros de esta empresa, Antiokupa Tarraco, que acabó con seis detenidos, cuatro de ellos, empleados de la organización. Gracias a las pesquisas de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USC) de la capital del Baix Camp, y estirando el hilo, se descubrió una serie de incidentes muy similares relacionados con esta compañía que hacía desocupaciones extrajudiciales. En esta primera fase se averiguó que los desahucios a menudo venían motivados por una cuestión de raza o pertenencia a un cierto colectivo étnico, y que los propietarios de los pisos afectados pagaban grandes cantidades de dinero para poder echar a la gente que vivía allí, algunas familias ocupantes en situación de vulnerabilidad económica y otras con contratos vigentes, de manera ilegal y haciendo uso de la violencia.


 
De la mediación a una escalada de violencia
La empresa ofrecía un supuesto servicio de mediación entre propietarios e inquilinos para desocuparlos, pero se pudo comprobar que los encargados de llevar a cabo estas "mediaciones" cometían extorsiones, daños y violentos acosos hasta que conseguían que las familias abandonaran los pisos. El primer contacto, sin embargo, siempre era bajo la apariencia de ofrecerles un acuerdo para abandonar voluntariamente las viviendas. En caso de obtener una respuesta negativa era cuando empezaban las violencias y amenazas, con acoso telefónico y coacciones a través del corte de los suministros, o destrozando los inmuebles. Durante las entradas en los domicilios de los investigados se requisaron dos armas de fuego y varias armas prohibidas que utilizaban para amedrentar a las víctimas.


La empresa Antiokupa Tarraco no dudaba en utilizar la violencia para echar a los inquilinos / Cedida.
Si ni con eso conseguían echarlos, pasaban a cometer robos con fuerza que en alguna ocasión acabó con algunos de los inquilinos heridos gravemente. También presentaron denuncias falsas si los contratos de alquiler estaban en orden. Hay que destacar que los trabajadores de esta empresa eran especialmente violentos con personas de determinados orígenes étnicos. Todo eso generaba sensación de inseguridad a las familias que querían desahuciar, y muchas de ellas han tenido que acudir a profesionales de la salud mental por crisis de ansiedad.

Escudados por un despacho de abogados
Además, las indagaciones de los Mossos revelaron que Antiokupa Tarraco utilizaba como cobertura un despacho de abogados que daba una apariencia de legalidad a su manera de actuar. El propietario de este despacho, F.J.E., era socio de la empresa, y varios clientes del bufete participaban activamente de los desahucios y eran conocedores de los hechos ilegales, convirtiéndose en colaboradores necesarios de la banda. En total, se han descubierto más de 60 actuaciones por toda Catalunya y, aunque los agentes consideran que han podido detener completamente la actividad de esta empresa, la investigación continúa en marcha y no se descartan más detenciones.


Los miembros de Antiokupa Tarraco estaban en posesión de diferentes armas prohibidas / Mossos d'Esquadra
De los 16 detenidos, ocho han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 en funciones de guardia de Reus, que ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para dos de ellos, Andrei G. S. i J. M. S., y libertad provisional con la obligatoriedad de presentarse ante el juez cuando sean requeridos, para los otros seis. La causa está abierta por los delitos de lesiones, allanamiento de morada, daños, coacciones, acoso, robo con fuerza, robo con violencia, amenazas, descubrimiento y revelación de secretos, falsificación de documento público, pertenencia a organización criminal y contra la integridad moral en el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas.