despilfarro público
La Guardia Civil investiga quién de Empleo pagó y con qué dinero 15.000 € en prostitutas
Clubes y cocaína, es el cóctel molotov que persigue a la Consejería de Empleo desde que estallaron los ERE en 2011. Pasado que sigue poniendo en apuros a la Junta de Susana Díaz
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Isabel Morillo. Sevilla
11/07/2018 05:00
El pasado 22 de marzo de 2010, el entonces presidente andaluz, José Antonio Griñán, terminaba de hacerse con el control del PSOE-A y el Gobierno que había heredado de Manuel Chaves, y anunciaba una remodelación en su gabinete. Saldría el consejero de Empleo, Antonio Fernández, a quien dos años más tarde la jueza Mercedes Alaya enviaría a prisión y que hoy está imputado por prevaricación y malversación en el caso ERE.
Una fundación de la Junta registró pagos de 14.737 euros en un prostíbulo en solo seis horas
Ni Antonio Fernández ni los suyos se lo tomaron nada bien. Despotricaban sobre el entonces presidente. Ahí comenzaría el relato de que Griñán los ‘entregó’, al que siempre acuden aquellos responsables de Empleo a los que la Justicia ha puesto contra las cuerdas, llámense ERE o cursos de formación.
Esa noche de marzo de 2010 se fueron de putas, como despedida, quién sabe pensando en qué ni en quiénes. Supuestamente pagó el directivo de la extinta Fundación de Empleo (Faffe) Fernando Villén, relacionado directamente con el consejero de Empleo y proveniente también del PSOE de Cádiz. Llegó a ocupar el área de Empleo en la ejecutiva regional del PSOE andaluz en 2008. Decidió quemar la Mastercard pública que tenía para gastos de la fundación.
Versión falsa
No se fueron de parranda a un lugar cualquiera sino a un afamado puticlub de Sevilla llamado Don Angelo, muy próximo al estadio del Real Betis. El límite de la tarjeta era de 3.000 euros mensuales y se lo saltaron, según la documentación depositada en el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, hasta cinco veces. Abonaron 14.737 euros en una juerga que se prolongó hasta las tres menos cuarto de la madrugada. Hay muchos cargos de entre 310 y 1.490 euros.
Se saltaron el límite de la tarjeta hasta cinco veces y abonaron 14.737 euros en una juerga que se prolongó hasta las tres de la madrugada
Al día siguiente, alguien fue y pagó para evitar que los cargos constaran en la tarjeta bancaria de la fundación. Supuestamente fue el propio Villén quien acudió a pagar. La Guardia Civil no lo da por hecho e investiga quién o con qué dinero se pagó la fiesta. ¿De su bolsillo? ¿Casi 15.000 euros? ¿Quién ha decidido destruir pruebas y hacer desaparecer los abonos de la tarjeta? Hay muchas lagunas en la versión del exdirectivo de Empleo. Él mismo, en una entrevista publicada en ‘ABC’, aseguró que no fue esa cantidad de dinero sino 538 euros y que pagó con la Mastercard de la Junta “por error”, porque como no tenía que meter el pin sino firmar un recibo, se equivocó.
Los extractos de la tarjeta, aportados por la Junta de Andalucía al juzgado el pasado 1 de junio, aunque se le requiere información desde 2016, demuestran que Villén mintió con esa versión. Alegó que tenía un tope mensual y que no pudo saltarlo. Sí lo hizo. Después contó que el local se equivocó al hacer los cargos. Nada cuadra. Dijo que habían ido de despedida de soltero, pero coincidió con el cambio de Gobierno. Sabían que se les acababa el crédito. Entendían su despido como una ‘vendetta’.
Un lustro de sobresaltos
Tampoco la Junta de Andalucía ha acertado en su versión desde el primer momento. Hay que echar la vista atrás. En 2014, la Cámara de Cuentas da la voz de alarma: 49 millones sin justificar en la Faffe. En 2016, el entonces consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, defendió aportando una auditoría externa la gestión de la fundación, que se extinguió en 2011. El caso ya estaba en los juzgados. Un testigo protegido, el funcionario Teodoro Montes, había relatado ante la jueza Alaya el supuesto nido de corrupción y de enchufes que había en esa fundación. La Junta habló de “deficiencias administrativas”. Ese informe de la auditoría externa se entregó a la oposición y los medios de comunicación, pero recortado: 56 de 200 páginas.
Tras salir a la luz la supuesta estafa de la formación, la Junta también abrió su propia investigación interna y comenzó a revisar expedientes de formación en septiembre de 2013. Susana Díaz ordenó parar y examinarlo todo. Aún hoy, cinco años después, no ha terminado y no hay plazo cerrado. En este tiempo, Empleo comunicó que había certificaciones de la Faffe que no iban a poder pagarse con fondos europeos porque no cumplían los requisitos exigidos. Bruselas puso el foco en 270 millones de euros y el Gobierno andaluz decidió sacar de la lupa europea los expedientes de esta fundación. Un lustro después de su liquidación, Empleo seguía dando prórrogas para que se aportaran los documentos de la fundación, que pasó al Servicio Andaluz de Empleo.
Cinco años después de su liquidación, aún hay documentación y subvenciones que no han aparecido ni se han podido aportar
La Faffe gestionó unos 300 millones de euros y pasó en ocho años de 120 empleados a 1.800. Muchos tenían lazos familiares con dirigentes del PSOE. Villén compareció en la comisión de investigación sobre políticas de empleo en el Parlamento andaluz. Lo hizo en marzo de 2016. Allí defendió la gestión de la Faffe. Explicó cómo nació en 2003 desde el Fondo de Promoción de Empleo al pasar las competencias de políticas activas de Empleo a la Junta. Defendió que en sus ocho años de existencia gestionó 300 millones de euros y más de 200 expedientes, propició 19.000 contratos laborales y atendió a 130.000 personas ocupadas.
La familia de Villén
También justificó que su mujer, su hermano, una hermana de su mujer y su sobrino trabajaran en la fundación. Todos menos su sobrino, explicó, venían del Fondo de Promoción de Empleo del Ministerio de Trabajo. En la Faffe se entraba dejando un currículo y pasando una entrevista. Fácil. Cuando se extinguió, había 1.300 trabajadores y solo 211 eran plantilla, pero dio igual, todos se subrogaron y pasaron al Servicio Andaluz de Empleo. Él no. A Villén lo cesaron en agosto de 2011. Explicó que durante unos meses trabajó en una empresa catalana, cuatro o cinco meses, y después cobró dos años de paro. En el momento de comparecer estaba intentando “montar alguna empresita”, pero “no iba muy bien”. A él lo mandaron a su casa y estaba, dijo, “bastante fastidiado”.
Durante años, la Faffe, según este directivo, fue auditada por empresas externas como Deloitte. Es la Cámara de Cuentas la primera que alertó de irregularidades. O al menos públicamente. Había 38,8 millones de euros que habían desaparecido y 366 cursos no ejecutados solo en 2010. La liquidación de la empresa aún estaba realizándose mientras el Parlamento investigaba.
Los investigadores advierten de que aún no ha salido todo y que muchas versiones no cuadran
Este martes había dos piezas sobre la Faffe en los juzgados. Una relativa al contrato ganado por el exconsejero Ángel Ojeda para dar los cursos a los parados de Delphi. Lo que decidieron el exconsejero Antonio Fernández y el propio Villén. La Policía ha puesto ahí el foco. La Guardia Civil sigue rastreando qué pasaba en esa fundación. Los investigadores advierten de que aún no ha salido todo y que muchas versiones no cuadran.
“Simplemente, pedir encarecidamente a la Junta, tanto a la Consejería de Empleo como al Servicio Andaluz de Empleo, que pueden aclarar la situación de la fundación, que lo hagan a la mayor celeridad posible”, dijo Villén al despedirse en el Parlamento hace dos años. “Y no quiero olvidarme de dar un abrazo muy fuerte a todos mis compañeros y compañeras de la fundación, que están pasando por momentos muy complicados y muy difíciles. Un abrazo para todos ellos y para todas ellas. Gracias”. Aún no se sabe con quiénes acudió al Don Angelo.
Los pasos de la Junta
El actual Gobierno andaluz de Susana Díaz ha celebrado cada archivo de una causa sobre los cursos de formación. Ha instado a pedir perdón a quienes acusaron. Se han archivado piezas que en su día ocasionaron decenas de detenciones de ex altos cargos. Anticorrupción no vio indicios de prevaricación. La jueza Alaya trató sin éxito de vincular a la Faffe con una financiación ilegal del PSOE. Nunca encontró hilos de los que tirar.
El PP destapó el uso de tarjetas bancarias por los directivos de la fundación. El actual consejero de Empleo, Javier Carnero, compareció inmediatamente y quitó crédito a la información. Fue el 8 de mayo y habló de que se habían cargado 1.563 euros en tres años, 2008, 2009 y 2010.
El 12 de junio volvió a comparecer en el Parlamento andaluz y ahí no se dieron datos. El portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, desveló este martes que ya entonces sabían que se había usado la tarjeta para pagar 14.737 euros en un puticlub. No lo dijeron ni lo hicieron público. Entregaron al juzgado lo que había pedido, los movimientos de esa tarjeta. Los gastos no figuraban en el extracto porque se anularon y pagaron esos cargos.
El juzgado tiene toda la contabilidad de la Faffe, remitida por la Junta, desde 2015. Las cuentas de 2003 a 2011 son más de tres millones de registros. Los sepultaron en papeles. El 21 de julio de 2016 se decidió facilitar el manejo de esa ingente documentación y se brindó a la Guardia Civil un ordenador y un módem para facilitar el acceso, según apunta el propio Gobierno andaluz.
El Gobierno defiende su total colaboración con la Justicia. El 28 de marzo de 2018 recibió la petición del juzgado para que se facilitaran “el operativo de pagos con tarjeta y los ingresos contables en efectivo”. El 1 de junio se remitieron. El uso de la Mastercard en el club de alterne que descubrieron y no contaron hasta que lo hizo público el PP es, según el portavoz Juan Carlos Blanco, “lamentable, intolerable y patético”.
La recuperación del dinero concedido supuestamente de forma irregular en los ERE o los cursos de formación en Andalucía avanza a paso de tortuga. El Gobierno de Susana Díaz, a 1 de julio, había recobrado 20,7 millones de euros de ambos casos judiciales, menos del 10% de la suma que se reclama. La Junta de Andalucía pide 284,3 millones. Se han recobrado 14,1 millones, el 9,3%, de los 149 que se reclaman tras la revisión de 6.501 expedientes de los cursos subvencionados desde 2007 a 2011. Aún quedan por revisar otros 2.004 informes y la cantidad puede subir.
En los ERE, la Junta ha recuperado 6,7 millones, apenas un 5% de los 135,3 millones de euros reclamados.
