Periódicamente, en aplicación de la Ley de Libertad de Información, los informes de la CIA que ya no afectan a la seguridad de Estados Unidos son desclasificados y expuestos a la luz pública. Es así como ha sido posible documentar, por ejemplo, la implicación del espionaje estadounidense en el golpe de Estado contra el presidente chileno Salvador Allende o en los complots para asesinar al dictador cubano Fidel Castro.
En Espa?a no existe nada parecido. Miles de documentos, algunos de ellos de la época de la Guerra Civil e incluso más antiguos, siguen siendo secretos. Su acceso por parte de historiadores e investigadores depende de la buena voluntad de los responsables de los archivos. Y también de su arrojo personal pues, desde el punto de vista legal, cometen un delito al permitir que personas no autorizadas consulten documentos clasificados.
La ministra de Defensa, Carme Chacón, se ha propuesto acabar con esta situación. "Desarrollaremos el proyecto de desclasificación de documentos del Ministerio de Defensa que permitirá el acceso libre a una documentación que, hasta el día de hoy, era inaccesible y que encierra un alto valor científico y también, por supuesto, sentimental para muchas personas", explicó en su primera comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso, el 30 de junio. No dijo más, ya que nadie le preguntó.
"Aunque muchos de estos documentos están en instalaciones de Defensa", ha explicado Chacón a EL PAÍS, "no somos los únicos competentes para decidir qué se desclasifica y qué no. Estamos trabajando con el Ministerio de Presidencia para buscar una solución que sabemos que será compleja y no excesivamente rápida. Pero está claro que queremos abrir una nueva etapa y que vea la luz esa desclasificación por su interés científico, histórico y hasta emocional".
Según fuentes del Ministerio de Defensa, la iniciativa es fruto de una reflexión sobre el desarrollo de la ley de la Memoria Histórica, que se aprobó en la anterior legislatura. Buena parte de la memoria que se quiere recuperar, memoria colectiva pero también familiar de muchos espa?oles, reposa en los archivos militares. No tiene sentido, pues, reabrir las fosas donde yacen los restos de los represaliados y mantener cerrados a cal y canto los archivos de los ejércitos.
Pero decirlo es más fácil que hacerlo. El Reglamento de Archivos Militares, de diciembre de 1998, que establece el principio general de libre acceso a sus fondos, excluye expresamente los documentos clasificados, de los que dice que "se regirán por su legislación específica".
Ésta no es otra que la Ley de Secretos Oficiales, aprobada en 1968 (en pleno franquismo) y modificada en octubre de 1978 (antes de que se aprobara la Constitución). El artículo 7 de la citada ley se?ala que "la cancelación de cualquiera de las calificaciones previstas [secreto o reservado] será dispuesta por el órgano que hizo la respectiva declaración" [el Consejo de Ministros o la Junta de Jefes de Estado Mayor] y el 5 se?ala que la competencia para clasificar un documento (y, por tanto, desclasificarlo) "no podrá ser transferida ni delegada".
Eso supone, según las fuentes consultadas, que la desclasificación de cada documento requiere una decisión específica por parte del Gobierno o de la cúpula militar y un informe previo en el que se fundamente la decisión. "Si el Gobierno o la Junta de Jefes de Estado Mayor se dedicaran a desclasificar documentos no harían otra cosa. La consecuencia de esto es que no se desclasifica ninguno, salvo en casos excepcionales", explican las mismas fuentes.
Los casos excepcionales son aquellos que tienen relevancia política. Por ejemplo, los papeles del Cesid sobre la guerra sucia a ETA que desclasificó el Gobierno del PP, o sobre los vuelos de la CIA que desclasificó el PSOE, en ambos casos, a petición judicial. Aznar desclasificó, sin que nadie se lo pidiera, una nota del CNI sobre el 11-M, para justificar la imputación del atentado a ETA, pero aquella decisión respondió a un interés de partido.
Más allá de esos casos, en Espa?a no se desclasifican documentos. Y, como tampoco existe un mecanismo de desclasificación automática que levante el secreto una vez transcurrido determinado plazo de tiempo, el resultado es que los documentos pueden seguir ad eternum guardados bajo siete llaves.
El Ministerio de Defensa, que es el más afectado por este problema, aunque también implica a otros departamentos (como Presidencia o Asuntos Exteriores), está estudiando una fórmula similar a la empleada para documentos que, sin ser secretos, pueden afectar a la intimidad de las personas. En estos casos, se permite el acceso a ellos siempre que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o, en su defecto, hayan transcurrido 25 a?os desde la muerte del mismo o medio siglo desde la fecha del documento en cuestión.
El propio Reglamento de Archivos Militares regula una Comisión Calificadora de Documentos de la Defensa, entre cuyas competencias figura la de "informar las solicitudes de acceso a documentos excluidos de la consulta pública". Incluso prevé la posibilidad de que se pueda restringir el acceso a documentos que, "sin estar clasificados de acuerdo con la legislación de secretos oficiales, contengan información cuya difusión pueda afectar a la defensa nacional o a la seguridad del Estado". La decisión última queda en manos del ministro, previo informe de la citada comisión calificadora.
Estas salvaguardas parecen más que suficientes para garantizar que el acceso a informes clasificados de interés histórico puede realizarse sin mayores inconvenientes. El problema es que no es posible su puesta en práctica sin reformar la Ley de Secretos Oficiales y los sucesivos intentos que se han hecho hasta ahora para modificarla han concluido siempre en fracaso. Todos ellos han tropezado con el mismo espinoso asunto: la responsabilidad atribuible a los medios de comunicación en la difusión de documentos secretos.
El Gobierno aún no ha decidido si abordará una reforma, aunque sea parcial, de la Ley de Secretos Oficiales, pero si no lo hace, en opinión de los expertos, el problema no tiene solución.
