El virus excluye más todavía al asentamiento ilegal de La Cañada Real: 50 años dentro son 70 fueraLa Comunidad de Madrid y el Gobierno de España chocan por si debe entrar o no la UME a esta zona marginal con 7.500 personas donde el confinamiento en uno de los sectores prácticamente no existe
Raúl, un empleado municipal, se dispone a desinfectar un centro de ayuda al drogodependiente en la CañadaLuis De Vega Hernández
Luis de Vega
Berta Ferrero
Madrid - 18 abr 2020 - 00:30 CEST
Raúl y Eduardo tienen un punto de astronauta al pie de la sencilla cruz blanca que se recorta sobre el cielo nublado. Mono con capucha, guantes, patucos, gafas, mascarilla y el artilugio para desinfectar. Complementan la escena, entre desperdicios, figuras con un toque fantasmagórico. Entre ellos Juan, inmóvil con el cuerpo contorsionado en una posición imposible sobre la rampa metálica que lleva al centro de atención a drogodependientes. “¡Venga arriba!”, le dice una trabajadora social que se sabe el nombre de cada uno mientras lo espabila e incorpora. Raúl y Eduardo acceden a nebulizar el interior. Juan, de edad difícil de calcular, desaparece encorvado y dando tumbos. La pandemia y el estado de alarma no alteran el ritmo del narcodescampado que rodea la humilde parroquia de Santo Domingo de la Calzada.
Pero la Cañada Real Galiana es mucho más que esos yonkis y los que les surten de veneno, que con frecuencia roban el protagonismo a los 7.500 habitantes del mayor asentamiento ilegal de Europa en una urbe. El poblado existe y su realidad es muy distinta más allá de la iglesia, símbolo de la ayuda a los últimos de la sociedad; más allá de esa explanada con algunas tiendas de campaña que emplean drogadictos; y más allá de las casuchas aledañas derruidas por ser despachos de droga.
Daniel Ahlquist, psicólogo de Cruz Roja, lleva dos décadas trabajando en poblados marginales de Madrid y los últimos diez años en la Cañada. Son 14,4 kilómetros que serpentean entre Coslada, Rivas Vaciamadrid y la capital. El sector seis, el más marginal, cuenta con unos 4.000 vecinos y se halla en un extremo del distrito de Villa de Vallecas. En esta zona, la población es mayoritariamente gitana. Más allá de los que viven de la droga y el trapicheo, aquí una parte muy importante de los ingresos llegan de la chatarra, del cartón, de los mercadillos, del empleo en negro, de las ayudas y subsidios… Pero el estado de alarma con sus restricciones ha disparado la ya habitual exclusión de estos vecinos, marginados social y físicamente, señala Ahlquist. “Tener 50 años en la Cañada equivale a tener 70 fuera”.
Por eso sorprende ver el vigor de Isidro Fernández. “Nací en 1935, así que eche usted la cuenta. 85 justitos”, señala este hombre vestido de negro de pies a cabeza y patriarca de Los Isidros. Una finquita a la altura del número 104 de la carretera que vertebra el poblado de 6,6 kilómetros acoge las doce chabolas del clan. Cada matrimonio la suya. Un regimiento de churumbeles y chavales. Varios de ellos se arraciman en torno a una baraja española sobre una mesa al aire libre. El que no es primo primero es primo segundo. Carina, de 33 años y nieta de Isidro, trata de explicar la estructura familiar, medio portuguesa, medio española. Ella es ya abuela y su nieto Dylan hizo tatarabuelo al patriarca hace tres años. Se interesan por el pago de la renta mínima y, como muchas otras familias, se lamentan de que la furgoneta de la Cruz Roja que este jueves reparte alimentos pase de largo por su casa. “Todos vivimos en la misma pobreza”, se queja una de las mujeres de Los Isidro.
Ese pilar habitual que es la ayuda se ha complicado estas semanas en las que ha crecido más todavía el número de familias vulnerables. Hay un entramado de entidades sociales, culturales, vecinales, sanitarias e institucionales que valoran las necesidades, explica el párroco de la Cañada, Agustín Rodríguez, con tres décadas de experiencia con drogodependientes y población excluida. El virus es otra preocupación añadida que evalúan. En el sector seis solo ha fallecido por la pandemia un vecino y han detectado diez contagios. La cifra parece discreta, pero Daniel Ahlquist tiene la duda de si es porque la población no suele acudir al médico hasta que no se encuentra muy enferma.
Cruz Roja entrega estos días comida y material de higiene a 150 familias en la Cañada con siete unidades móviles. La institución recibe una lista según el protocolo de Servicios Sociales que dice en qué vivienda debe dejar alimentos. En algunos casos también medicinas. Muchos vecinos salen al paso del vehículo con todo tipo de reclamaciones. Ahlquist trata de capear el temporal. “Habla con María”, les dice pacientemente. Se refiere a la trabajadora social de Villa de Vallecas que evalúa cada situación particular. Y cada uno de ellos se va, obediente, con la lección aprendida. Ahlquist infunde, sobre todo, respeto. Se lo ha ganado.
El confinamiento en la Cañada nada tiene que ver con el de otras zonas de la capital. La Comunidad de Madrid ha pedido en los últimos días que acuda la Unidad Militar de Emergencias (UME). Dos veces por carta y cuatro por videoconferencia, aseguran fuentes de la administración. “Yo pedí a los superiores apoyo del Ejército y de la UME porque si no hacemos más control es por falta de medios”, explica José Tortosa, Comisionado de la Cañada Real Galiana. “En el sector seis hay que hacer más hincapié en el confinamiento, porque si se empiezan a contagiar, están perdidos”, argumenta. Pero no es fácil, reconoce. “Estar todo el rato encerrado en esas casa por las condiciones de las viviendas es complicado”, concede Tortosa. Las casas, efectivamente, son con frecuencia pequeños habitáculos de ladrillo, madera o metal. En su mayoría con humedades, oscuras y pequeñas o muy pequeñas. La gente, por tanto, se acaba echando a la calle. Algunos van con mascarillas fabricadas con lo primero que han encontrado, un trapo, un sujetador o un pañuelo. La mayoría, sin nada.
El Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el general Miguel Ángel Villarroya, dijo el martes que al Ejército no le consta la petición de la Comunidad. La Cañada no es un lugar adecuado para que sea desplegada la UME, reconocen fuentes del Gobierno de Pedro Sánchez. Entienden que por su perfil y conflictividad debe seguir siendo patrullado por quienes lo hacen normalmente y conocen el terreno, que son los agentes de la Policía Nacional.
Este cuerpo sigue patrullando estos días pero, aparentemente, hace la vista gorda. Multar al que está en la calle sin motivo no parece una prioridad. En todo caso, “ha bajado mucho la presencia policial”, asegura Hamid Hamidouch, de 29 años, un dicharachero rifeño nacionalizado español que trabaja de maquinista en el cercano vertedero de Sal Medina. Mata el tiempo en una esquina de la calle principal con un grupo de amigos. Es la zona marroquí, donde residen algo más de 200 personas. La vida transcurre con normalidad. Nadie lleva mascarilla y niños y adultos van para arriba y para abajo. El espigado Mohamed, de 21 años y llegado a España con tres meses, reconoce el peso del estigma, por eso prefiere no salir en las fotografías. “Solo suelo decir a los amigos que vivo en la Cañada, a los demás les digo en Rivas, en Vallecas… ya he mentido tanto que no sé a quién le he dicho la verdad”.
Fátima, tangerina de 42 años, lleva media vida en Madrid y más de una década en la Cañada, adonde llegó desde otro mundo, la calle Arturo Soria. Allí vivían cuando su marido era conserje de un edificio. La mujer regenta ahora un colmado en el que despacha un poco de todo. En un dietario con las hojas bien sobadas anota lo que los clientes se llevan a cuenta. “Los hay que pagan y los hay que no”, reconoce resignada. Un puñado de casas más abajo está la mezquita Ibn Nosair. Al imán Mohamed Benaabud, un divorciado de 46 años, apenas le ha dado tiempo a aterrizar. Llegó hace un par de meses y el estado de alarma le ha obligado a suspender las oraciones antes de que los musulmanes del barrio se familiarizaran con él. “Al-Hamdulillah” (gracias a dios), es su respuesta a todo.
Un par de kilómetros más arriba se encuentra otro clan, el de Los Manzano. “Yo era el gitano que mejor se portaba en el colegio”, asegura Isidro Manzano, de 18 años. Bigotillo pelusero, repeinado y un pendiente con cruz plateada en cada oreja. Así recuerda su paso por el Ciudad de Valencia antes de que su familia lo prometiera con 13 años y lo casara con Carmen a los 14. Hoy son padres de Naiara, de tres. Ahora, el único sueño de Isidro es sacarse el carné de conducir para trabajar. “De lo que sea”.
La comida que les ha dejado Cruz Roja se amontona en la caseta de sus padres, de tablones pintados de rosa y techumbre de lona de plástico. Jorge, de 41 años, y María, de 44, se afanan en abrir las cajas. Las bocas se multiplican a la hora de plantear el reparto en el grupo de cuatro infraviviendas de Los Manzano. La necesidad habita detrás de cada puerta de estas chabolas con fachadas de alegres colores. Los hermanos pequeños de Isidro, Ángel de 12 años y Mireia de 7, llevan más de un mes, como todos los niños de Madrid, sin pisar el colegio. Pero aquí no hay ordenador ni clases a distancia. Aunque Ángel no levanta la vista de la consola, que preside un salón pelado de muebles. La madre lo mira entre afligida y resignada: “Tó lo que aprendieron se les está yendo”.
Un mando único para ayudar a los más excluidos
La Cañada Real Galiana se quedó con ese nombre porque procedía de una vía pecuaria que servía para el paso de animales. El asentamiento ilegal mide 14,4 kilómetros de largo y está dividido en seis sectores. Un lugar peculiar no solo por su extensión, sino por las personas que viven allí: unas 7.500 repartidas en 2.500 familias, una mezcla de 17 ó 18 nacionalidades. “Esa diversidad hace que sea un asentamiento muy distinto a otros, es muy singular”, reconoce José Tortosa, el Comisionado de Cañada Real. “Es famoso por la drogadicción, pero tampoco es lo único que hay ahí. Eso es importante para no estigmatizarles”, recalca. Ahora, con el coronavirus, las ayudas a la población están coordinadas por un mando único formado por las dos administraciones, la regional y la del Ayuntamiento de Madrid, y por un equipo de análisis, donde hacen un trabajo esencial Cáritas, Cruz Roja y la parroquia del padre Agustín. Ese es el presente. Pero el futuro pilota en torno al pacto histórico de 2017: cuando todos los grupos políticos de la Asamblea y los Ayuntamientos de Coslada, Madrid y Rivas se pusieron de acuerdo. “Fue un consenso unánime, y ahora hay que ejecutarlo”, asume Tortosa. Todo va lento. Realojar a los habitantes, a día de hoy, parece una quimera.
