Ayuso exprime a los ayuntamientos con tarifas desorbitadas en el boletín oficial
La Comunidad de Madrid obliga a los consistorios de la región a pagar hasta 1.500 euros por página en el boletín oficial autonómico, unos precios muy superiores a otras administraciones por unos anuncios obligatorios para que sus decisiones sean válidas.
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la inauguración de la Sede Judicial de San Lorenzo de El Escorial. — C. De Luca/POOL / EUROPA PRESS
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la inauguración de la Sede Judicial de San Lorenzo de El Escorial. — C. De Luca/POOL / EUROPA PRESS
ZARAGOZA, 24/08/2021 21:37 EDUARDO BAYONA
"Es más fácil hacer leyes que gobernar", dejo escrito el novelista ruso León Tolstoi un siglo antes de que —pese a la notable reducción de costes que conlleva el tránsito del formato impreso al digital— el coste que tiene para los ayuntamientos de la comunidad de Madrid publicar sus normas en el boletín sea mayor que elaborarlas, con independencia de que esa difusión sea un requisito ineludible para que puedan entrar en vigor.
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El Gobierno de la Comunidad de Madrid liderado por Ayuso exprime a los consistorios, y también a otros organismos oficiales como ministerios, juzgados y universidades, con unas tarifas prácticamente fuera de mercado, o cuando menos netamente superiores a las que aplican otros gobiernos autonómicos y diputaciones provinciales, en los anuncios de su boletín oficial, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
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Una página del boletín madrileño sale por 507,64 euros, con cálculos proporcionales en función de la 'mancha' que ocupe el anuncio, en el texto estándar, que se elabora con letra del tipo 'times new roman' de cuerpo 11.
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Sin embargo, el precio por plana se dispara a 725,18 euros "cuando el formato del anuncio contenga cuadros estadísticos y/o listados, imágenes, gráficos, planos" y "en general" cuando "por su complejidad o contenido no puedan tratarse como texto" y, también, si incluye "listados o relaciones" cuya extensión supere las cinco páginas.
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El segundo precio incluye un cambio del tipo de letra a helvética, más estilizada, y de cuerpo seis, aunque este resulta inferior a los 1,5 milímetros que el Banco de España (No menos de dos milímetros para la letra pequeña de los contratos) considera desde hace casi una década como el mínimo tolerable (Disposición 9058 del BOE núm. 161 de 2012 ) en un contrato financiero y también a los 12 puntos en los que el Tribunal Supremo situó el umbral de la legibilidad de los recursos que se le presentan.
1.500 euros por publicaciones de urgencia
Esa segunda tarifa, por otro lado, se duplica con "un recargo de 100 por 100 de la tasa" cuando se trata de "inserciones calificadas con carácter de urgencia", que son las que se publican en un plazo inferior a los tres días desde la recepción del anuncio. En esos casos, el precio se dispara hasta 1.500 euros por plana.
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Así, anuncios como el de la ordenanza de aparcamiento de Alcobendas, que ocupa trece páginas del boletín del miércoles 7 de julio, le sale al ayuntamiento por 9.427,34 euros; sin IVA, al tratarse de una tasa.
A Torrejón del Monte le cuesta un mínimo de 1.522,92 euros en esa misma edición la convocatoria de una plaza de agente para su cuerpo de Policía Local, aunque la inclusión de un recuadro con unos datos permitiría elevarlo hasta 2.175,54.
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Ese sistema, cuyas tarifas presentan notables diferencias frente a las de otras instituciones autonómicas y provinciales que gestionan boletines, genera unos elevados ingresos a la Comunidad de Madrid, puesto que el periódico oficial, cuyo 'lanzado' suele situarse en el entorno de las 300 páginas, con una horquilla de 238 a 372 en los primeros siete días de julio, llega a superar en ocasiones las 700, tal y como ocurrió con las 747 del 22 de junio.
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Exenciones, reducciones y descuentos en otros territorios
La Diputación de Zaragoza cobra 25 céntimos por carácter y 75 euros por cada gráfico o imagen de tamaño DIN-A4, el doble cuando sean urgentes, aunque con excepciones como la gratuidad de las disposiciones, resoluciones y anuncios "de inserción obligatoria", los edictos judiciales y, también, los anuncios de
"materia de personal", ordenanzas y padrones fiscales cuando también sea obligatoria su inserción en un periódico, algo que reduce notablemente las cargas para los ayuntamientos.
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La Diputación de Toledo cobra 78 céntimos por cada línea de nueve centímetros y 1,56 euros por las de 18 mientras la de Málaga opta por una tasa de 29 céntimos por palabra y 45 euros por gráfico, duplicados para casos de urgencia como ocurre en todas las administraciones consultadas, aunque con descuentos del 15% y el 20% si se remiten en formatos virtuales y de hasta el 65% en función de la población del municipio (hasta 20.000 habitantes).
La Diputación de Valladolid aplica una tarifa de 1,20 euros por línea y otra de 42 euros por cada página anexa, el Gobierno de Cantabria ) solo recarga con un 50% la urgencia y la Diputación de Sevilla, que cobra 2,10 euros por línea y 3,25 si se trata de un anuncio urgente, deja en 330,52 euros la página de texto editado en dos columnas de ocho centímetros y eleva esa opción a 523,41 en caso de urgencia.
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Un formato que abarata los costes de producción
Llama la atención cómo buena parte de esas instituciones, entre ellas el Gobierno madrileño, mantienen los planteamientos de la etapa de la imprenta para un producto de formato digital que, entre otras ventajas de carácter económico, abarata de manera notable los costes de producción a la vez que reduce los de distribución al envío a los suscriptores.
En el caso de Madrid, las normas exigen la entrega de los textos originales en formato virtual sencillo y editable, a los que se une el requisito del "abono del depósito de la tasa que corresponda en su caso como paso previo a la publicación. Los textos en papel no se admiten.
El boletín se encuentra disponible "en todas las oficinas de información y atención al ciudadano" de la comunidad, donde se debe facilitar la consulta pública y gratuita de la edición electrónica y entregar "a aquellas personas que lo soliciten una copia impresa de las disposiciones, actos o anuncios que requieran o del diario completo, "previo pago, en su caso, de la contraprestación correspondiente".
