Una agresión cada 3 días: funcionarios de prisiones pagan en sus carnes el "buenismo" de Interior
"Las órdenes que salen desde Interior van más en favor del reo que del trabajador", denuncian los funcionarios de las cárceles.
7 noviembre, 2021 06:52GUARDAR
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Brais Cedeira @BraisCedeira
Una funcionaria del Centro Penitenciario de Logroño tuvo que ser ingresada en el hospital este sábado, tras perder dos dientes debido a la agresión de una interna que le golpeó repetidamente en la cara.
La tarde del miércoles 27 de octubre, un preso "muy peligroso" de la cárcel de Cuenca utilizó la astilla grande de un cristal para rajarle el cuello a un funcionario en los baños del módulo. Casi le cuesta la vida.
Dos días antes, en la prisión de Zuera (Zaragoza), otro preso decidió incendiar su celda cuando un funcionario le daba su medicación y esperaba delante de él a que se la tomase.
Esa misma jornada, en la cárcel de Botafuegos (Algeciras), un interno con 20 expedientes a sus espaldas le propinó tal paliza a uno de los trabajadores del recinto que lo mandó al hospital.
En Topas (Salamanca), otro convicto agredió a dos trabajadores de las instalaciones. Una trabajadora precisó atención médica por lesiones en una muñeca y un cuadro de ansiedad tras lo ocurrido.
En León, en septiembre de 2019, dos mujeres y un hombre se ahorcaron en apenas una semana. Una cuarta persona falleció aquellos días por una sobredosis...
Son sólo ejemplos de la conflictividad a la que tienen que hacer frente día tras día los funcionarios en un sistema penitenciario cuyo líder, Ángel Luis Ortiz, es visto por sus subordinados como una persona "de buenas palabras", pero que se preocupa más por los presos que por los funcionarios.
"Las órdenes que salen desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias van más en favor del reo que del trabajador", explica un funcionario con décadas de experiencia. "Desde que llegó al cargo ha sacado más normas encaminadas a controlar al vigilante que a tomar decisiones que ayuden al colectivo", añade otro.
Trabajar en contacto directo con la población reclusa es peligroso. Esta realidad se pone de actualidad la semana en que se cuestiona públicamente la filosofía "buenista" que, a juicio de los trabajadores, impera en la institución.
Los últimos días se han desvelado detalles muy elocuentes sobre la política de reinserción y la fórmula para "sacar más presos a la calle", tal y como critican los distintos sindicatos de funcionarios de las cárceles. Todo, a raíz del caso del crimen de Lardero, en el que un menor de 9 años fue asfixiado, supuestamente, por Francisco Javier Almeida, ya condenado previamente por agresión sexual y asesinato.
En contra del criterio de la Junta de Tratamiento de la cárcel, Prisiones otorgó el tercer grado a Almeida con un argumento de sólo tres líneas, en las que se aludía a la "existencia de cierta evolución positiva", sin justificar tal apreciación.
Una profesión de riesgo
Para la plantilla de funcionarios de las prisiones ir a trabajar es, muchas veces, un riesgo. Se enfrentan a la posibilidad de una agresión de internos violentos a los que tienen que vigilar. Lo hacen sin la consideración de agentes de la autoridad.
Los reclusos conocen esta circunstancia y, por ello, explican los sindicatos, aprovechan esa situación: "Sale muy barato agredir a un funcionario".
A lo largo de los últimos tiempos han tenido que soportar todo tipo de situaciones: navajazos, motines, cristales, agresiones sexuales, pinchos, palizas, brotes psicóticos, peleas en el patio...
Los datos recopilados en las estadísticas anuales que se recaban desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no engañan: desde el año 2004 hasta mayo de 2020 los trabajadores de las cárceles han sido víctimas de 6.351 agresiones de todo tipo, perpetradas por internos. Una cada tres días. Algunas de carácter muy grave.
El Ministerio del Interior sostiene que la cifra de criminalidad se encuentra en los datos más bajos de la serie histórica. Sin embargo, obvia detalles que, según los trabajadores, son clave.
Según los funcionarios, hay envejecimiento de las plantillas y falta recambio para los trabajadores que se van jubilando. Denuncian escasez de medidas y de medios para hacer frente a situaciones de riesgo. "Somos el colectivo profesional de la Administración Pública que más agresiones padece al año", dicen desde la Asociación Profesional de PFP.
Estas y otras circunstancias, apuntan en asociaciones como Tu Abandono Me Puede Matar, podrían solventarse en buena medida al incluir a los funcionarios en el grupo de agentes de la autoridad. Los distintos sindicatos afirman que supondría un importante factor disuasorio a la hora de frenar el ímpetu de algunos internos. "Sin eso, simplemente se enfrentan a una falta administrativa. Les sale más barato que, por ejemplo, golpear a un celador", explica otro trabajador de una cárcel del sur de España.
También la falta de personal sanitario es un grave problema al que no se ha hecho frente estos años. Durante los últimos veranos, en la prisión de Estremera, se ha quedado sólo un médico al frente del servicio sanitario de la prisión.
En 2018, sin ir más lejos, había tan sólo cuatro doctores en plantilla, pero uno de ellos llevaba más de año y medio fuera de baja por un problema de salud. Otros dos se encontraban postrados en la cama por una enfermedad. Así que se quedó operativo solo un médico, contratado simplemente para el periodo estival.
A la falta de personal, medios y formación, hay que sumar la proliferación de internos con patologías psiquiátricas y la carencia formativa para manejar múltiples situaciones, apuntan a EL ESPAÑOL en fuentes penitenciarias.
Resultados de registros en el interior de las prisiones.
Resultados de registros en el interior de las prisiones. EL ESPAÑOL
Muchos trabajadores, además, no denuncian la agresión sufrida, y ese detalle es preciso tenerlo en cuenta a la hora de calibrar la magnitud de la situación. "El motivo no es otro que cuando el personal penitenciario sufre lesiones como consecuencia de una agresión, se fuerza entre otras medidas a la investigación interna por parte de la Subdirección General de Análisis e Inspección", aclaran las mismas fuentes.
Esta semana, ACAIP y CSIF han vuelto a advertir de cómo están las cosas: "Estamos en el mundo de la estadística y el buenismo, hay que ser mucho más serio y riguroso".
