Andalucía. Legalidad de la entrada en domicilio por parte de agente de Policía Local
Fecha de la consulta: 23/10/2012
Planteamiento
Un Agente de la Policía Local observó en horas de servicio que en una vivienda de la localidad estaban realizando una obra. Quiso comprobar si el propietario contaba con las autorizaciones/licencias preceptivas. Las puertas de la vivienda se encontraban abiertas, por lo que el agente preguntó si había alguien y al no recibir respuesta entró en la vivienda, de tal manera que el propietario que estaba dentro se indignó al ver que el agente había entrado sin su consentimiento y sin contar además con ningún otro tipo de autorización del Ayuntamiento, de los juzgados, etc. ¿Es correcta la actuación del policía local?
Respuesta
La entrada (y registro) en el domicilio constituye en ocasiones una actuación de investigación o inspección imprescindible y necesaria por parte de las Administraciones Públicas para poder acreditar la eventual comisión de una infracción administrativa, y con una relativa intensidad en el ámbito urbanístico si atendemos a la naturaleza de los actos que se desarrollan y se regulan por lo establecido en la legislación urbanística y su lógica natural ligada a los bienes inmuebles, construcciones y edificaciones. Tal actuación de investigación o inspección de la Administración local se enmarca dentro de las facultades que se le confieren de verificación del correcto cumplimiento de la normativa urbanística (art. 179 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía -LOUA-, Comunidad a la que pertenece el Ayuntamiento consultante).
Por su parte, el art. 18.2 de la Constitución -CE- configura el derecho a la inviolabilidad del domicilio como un derecho fundamental y se muestra tajante al establecer los presupuestos para practicar la entrada y registro, que sólo podrá hacerse en él contando con el consentimiento del titular o resolución judicial, y ello salvo en caso de flagrante delito.
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común -LRJPAC-, se refiere en su art. 96.3, con relación a la ejecución forzosa de los actos administrativos, a la entrada en el domicilio del interesado, y al respecto dispone que "Si fuese necesario entrar en el domicilio del afectado, las Administraciones Públicas deberán obtener el consentimiento del mismo o, en su defecto, la oportuna autorización judicial".
Y, concretamente, con relación a la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el art. 21 de la LO 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, establece que:
"1. Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad solo podrán proceder a la entrada y registro en domicilio en los casos permitidos por la Constitución y en los términos que fijen las Leyes.
3. Será causa legítima suficiente para la entrada en domicilio la necesidad de evitar daños inminentes y graves a las personas y a las cosas, en supuestos de catástrofe, calamidad, ruina inminente u otros semejantes de extrema y urgente necesidad. En tales supuestos, y para la entrada en edificios ocupados por organismos oficiales o entidades públicas, no será preciso el consentimiento de la autoridad o funcionario que los tuviere a su cargo".
Desde una perspectiva procesal, debe citarse el art. 553 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -LECrim-, que establece que:
"Los Agentes de policía podrán, asimismo, proceder de propia autoridad a la inmediata detención de las personas cuando haya mandamiento de prisión contra ellas, cuando sean sorprendidas en flagrante delito, cuando un delincuente, inmediatamente perseguido por los Agentes de la autoridad, se oculte o refugie en alguna casa o, en casos de excepcional o urgente necesidad, cuando se trate de presuntos responsables de las acciones a que se refiere el art. 384 bis, cualquiera que fuese el lugar o domicilio donde se ocultasen o refugiasen, así como al registro que, con ocasión de aquélla, se efectúe en dichos lugares y a la ocupación de los efectos e instrumentos que en ellos se hallasen y que pudieran guardar relación con el delito perseguido. Del registro efectuado, conforme a lo establecido en el párrafo anterior, se dará cuenta inmediata al Juez competente, con indicación de las causas que lo motivaron y de los resultados obtenidos en el mismo, con especial referencia a las detenciones que, en su caso, se hubieran practicado. Asimismo, se indicarán las personas que hayan intervenido y los incidentes ocurridos".
El contenido de este derecho fundamental es, pues, fundamentalmente negativo, al garantizar, ante todo, la facultad del titular de excluir a otros de ese ámbito espacial, reservado, de impedir o prohibir la entrada o la permanencia en él de cualquier persona y, específicamente, de la autoridad pública para la práctica de un registro. Y todo ello porque el objeto de protección de la inviolabilidad domiciliaria no es solo un espacio físico, en sí mismo considerado, sino lo que hay en él de emanación de la persona, por tratarse de una protección de carácter instrumental, que defiende los ámbitos en que se desarrolla su vida privada. De ahí la estrecha conexión que se ha establecido entre la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la intimidad (véase la Sentencia del TC de 10 de febrero de 2003).
Conforme a la doctrina del TC, la protección constitucional del domicilio se concreta en dos reglas distintas. La primera define su "inviolabilidad", que constituye un auténtico derecho fundamental de la persona, establecido como garantía de que el ámbito de privacidad, dentro del espacio limitado que la propia persona elige, resulte "exento de" o "inmune a" cualquier tipo de invasión o agresión exterior de otras personas o de la autoridad pública. La segunda establece la interdicción de la entrada y el registro domiciliar, disponiéndose que, fuera de los casos de flagrante delito, sólo son constitucionalmente legítimos la entrada o el registro efectuados con consentimiento de su titular o al amparo de una resolución judicial.
En orden a su tutela, y desde una perspectiva penal, hay que recordar que el Código Penal -CP- como medio de garantizar este derecho fundamental, otorga protección al domicilio sancionando, separadamente, los ataques o violaciones cometidos contra aquél por los funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo:
- Art. 204 CP: "La autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la Ley y sin mediar causa legal por delito, cometiere cualquiera de los hechos descritos en los dos artículos anteriores, será castigado con la pena prevista respectivamente en los mismos, en su mitad superior, e inhabilitación absoluta de seis a doce años".
- Art. 534 CP:"Será castigado con las penas de multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a seis años la autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, y sin respetar las garantías constitucionales o legales: 1.º Entre en un domicilio sin el consentimiento del morador. 2.º Registre los papeles o documentos de una persona o los efectos que se hallen en su domicilio, a no ser que el dueño haya prestado libremente su consentimiento".
Y también los realizados por los particulares, a través del delito de allanamiento de morada (art. 202 CP).
En el caso que comentamos, el Policía Local entró en el domicilio del vecino sin contar con autorización judicial para ello, ni con el consentimiento de su titular, simplemente advirtiendo que la puerta del domicilio se encontraba abierta y con el fin de constatar si el propietario de la vivienda contaba con las autorizaciones o licencias preceptivas para la ejecución de las obras que presuntamente se llevaban a cabo.
Pues bien, de acuerdo con la legislación citada, se advierte que la actuación del Policía Local constituyó una extralimitación, al carecer tanto del consentimiento del afectado como de la orden judicial oportuna, y ello aunque la puerta del domicilio se encontrara abierta y no obtuviera respuesta de su propietario. Así, en la Sentencia del TS de 4 de noviembre de 2002 se declara la vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio por parte de la policía en un registro considerando de modo expreso que el jardín circundante a un chalet debe considerarse como parte del domicilio, y ello aunque la puerta de acceso al mismo se encuentre abierta.
En definitiva, el mero hecho de que la puerta de la vivienda estuviera abierta, como lo estaba la puerta de la casa donde entró el policía local, no puede ser interpretado, por sí solo, como un consentimiento tácito a la posible entrada de cualquier extraño, no observándose por lo demás en la actuación del agente la posible comisión de un flagrante delito.
Por todo ello, a nuestro juicio, la actuación del policía no fue correcta, debiendo ésta ajustarse a las disposiciones constitucionales y legales de aplicación, y con especial celo cuando se trata de una eventual invasión de derechos fundamentales que pueden dar lugar incluso a la comisión de actuaciones de carácter delictivo cuando se carece de los requisitos y condicionantes estrictos que para su tutela y ejercicio se establecen en la legislación correspondiente.
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