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La reforma de las pensiones se queda corta: Bruselas plantea un ajuste anual en España de casi 12.000 millones
Ana Balseiro
ANA BALSEIRO
madrid / lA voz
El exministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en el Senado
El exministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en el Senado
Un informe de la Comisión Europea sobre envejecimiento señala que habrá que adoptar medidas entre el 2026 y el 2030
19 Apr 2024. Actualizado a las 17:33 h.
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Jarro de agua fría para la reforma del sistema público de pensiones que capitaneó el ministro José Luis Escrivá. Bruselas, que en su momento dio por buenos los cambios introducidos -entre ellos, indexar nuevamente al IPC las pensiones o introducir el mecanismo de solidaridad intergeneracional (MEI) para nutrir el Fondo de Reserva de la Seguridad Social-, señala ahora en un informe sobre envejecimiento que los desequilibrios financieros en el sistema persistirán, de modo que España tendrá que hacer ajustes a partir del 2026. Y no serán menores, ya que el documento publicado este viernes por la Comisión Europea -el Ageing Report- los eleva a casi 12.000 millones de euros anuales.
En concreto, las medidas que deberán aplicarse para reequilibrar las cuentas supondrán un ajuste del 0,8 % del Producto Interior Bruto (PIB) entre el 2026 y el 2030, lo que se traduce en unos 11.695 millones de euros al año. Todo apunta a que esas medidas tendrían que iniciarse ya el próximo año, que es cuando Bruselas evaluará los resultados de la reforma que Escrivá pilotó cuando era ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, puesto que la reforma incluía el compromiso de una revisión periódica de objetivos, concretamente cada tres años.
Así las cosas, de haber desvíos, el Ejecutivo tendrá que introducir ajustes de ingresos o de gastos para devolver al sistema público de pensiones a la senda de la sostenibilidad, algo que estaría marcado por que el gasto en prestaciones no exceda el 13,3 % del PIB.
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Los cálculos de la Comisión Europea no son halagüeños, ya que prevén que el gasto en pensiones rebasará el 15 % del PIB (el 15,1 % en concreto) en el 2050 desde el 13,1 % actual. De este modo, empleando las estimaciones de ingresos realizadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), España se verá obligada a acometer un ajuste de ocho décimas de PIB.
Y es que la AIReF ya había advertido con anterioridad (en un informe en octubre del pasado año) que la reforma aplicada a las pensiones no sería suficiente para garantizar la sostenibilidad del sistema, puesto que el gasto previsto, pese al incremento de los ingresos, seguiría siendo excesivo. La Autoridad Fiscal ya apuntaba al ajuste adicional del 0,8 %. Y no fue la única institución que cuestionó el alcance de la reforma defendida por Escrivá, puesto que el Banco de España también se mostró crítico, insistiendo en que a largo plazo no conseguiría equilibrar gastos e ingresos del sistema.
El país donde más aumenta el gasto
Respecto al último informe de envejecimiento de la Comisión Europea, publicado en el 2021, Bruselas confirma que España es el país en el que más se incrementa el gasto en pensiones, ya que con las medidas incluidas en las dos fases de la reforma (en el 2021 y el 2023) se ha aumentado en un 3,3 % del PIB en la estimación de gasto para el 2050, horizonte temporal de la reforma. Yendo más allá, el documento comunitario apunta que dicho porcentaje escalará al 5 % adicional del PIB en el 2070.
¿Qué explica esta escalada? Para Bruselas está claro: la vuelta al IPC para revisar anualmente las pensiones (este año subieron un 3,8 %, que se suma al 8,5 % del anterior) y la «abolición» del factor de sostenibilidad diseñado por el Gobierno del PP (aunque nunca llegó a aplicarse), que vinculaba la revisión de la cuantía de la prestación a la evolución de la esperanza de vida. En cualquier caso, la Comisión considera que las medidas para incentivar la prolongación de la carrera laboral, retrasando la jubilación más allá de la edad legal, compensan «parcialmente» la expansión del gasto.
Del mismo modo, como factor de peso en ese incremento del gasto el informe apunta a factores demográficos: el «rápido envejecimiento» de la población y la jubilación de la generación del baby boom, que se compensarán en parte por el incremento de los salarios y por la mayor tasa de empleo. A partir del 2050, la tendencia demográfica «cesa» y deja de presionar el gasto, que inicia una contención «leve» en las dos décadas siguientes.
En lo que respecta a los ingresos de la Seguridad Social, crecerán un 1,7 % hasta el 2050, debido al aumento de las cotizaciones sociales vía MEI, así como por el nuevo sistema de cotización de autónomos por ingresos reales y por la subida de las bases máximas de la cotización. De este modo, los ingresos supondrán el 14,6 % del PIB en el 2050, para retroceder hasta el 14 % en el 2070.
La evolución que se espera de ingresos y gastos se traducirá en un desequilibrio del sistema que alcanzará su máxima cota en el 2053, con un 3,1 %, para luego estabilizarse en torno al 2,7 %.
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