Autor Tema: Unidades y material antidisturbios  (Leído 240842 veces)

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Re:Unidades y material antidisturbios
« Respuesta #3120 en: 16 de Mayo de 2019, 00:24:23 am »

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Re:Unidades y material antidisturbios
« Respuesta #3121 en: 02 de Junio de 2019, 15:05:39 pm »

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Re:Unidades y material antidisturbios
« Respuesta #3123 en: 03 de Junio de 2019, 07:40:21 am »

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Re:Unidades y material antidisturbios
« Respuesta #3124 en: 19 de Junio de 2019, 18:33:59 pm »


Identificado el escopetero de la Policía Nacional que hirió en el ojo a Roger Español



La organización Iridia presenta ante el juzgado el informe pericial que ha permitido determinar quién realizó el disparo
Los abogados del lesionado han solicitado al juez que cita a declarar como imputado a un mando del cuerpo policial
 que disparó contra Roger Español. / IRIDIA / INFORME PERICIAL (VIDEO)

  https://www.elperiodico.com/es/politica/20190619/identificado-el-escopetero-de-la-policia-nacional-que-hirio-en-el-ojo-7512005

. G. Albalat

Barcelona - Miércoles, 19/06/2019 - 18:20
El Centre per la Defensa dels Drets Humans Irídia ha anunciado que ha identificado al agente de la Policía Nacional que disparó la pelota de goma que hirió en el ojo a Roger Español en la escuela Ramon Llull de Barcelona durante la celebración del referéndum del 1-O. Los abogados de esta entidad han presentado en el juzgado que investiga este caso un informe pericial con el resultado del análisis de imágenes captadas durante el operativo policial, a la vez que han solicitado la imputación de un subinspector y subjefe de grupo que se encontraba en el lugar y que no impidió que se hicieran otros dos disparos con pelotas de goma mientras el activista estaba tendido en el suelo.


El escopetero ahora identificado, el UC563, ya declaró como imputado ante el juez el pasado mes de noviembre y negó que se encontrara en el lugar de donde salió la pelota de goma que hirió a Español. El juez también tomó declaración como investigados a otros 10 policías y dos jefes de unidad. Todos negaron que lanzaran el proyectil y solo uno se situó en la acera desde donde partió el proyectil, pese a no ser el autor del disparo.

La abogada Anais Franquesa ha explicdado que el proceso para averigar el policía que efectuó el disparo "ha sido difícil por la falta de indentificación de los agentes antidisturbios y por la nula colaboración del cuerpo policial", ya que los mandos "no solo ordenaron, permitieron y no impidieron los disparos, sino que han encubierto al autor de los hechos". Solo para la visualización y análisis de las imágenes, algunas de medios de comunicación y otras grabadas por ciudadanos anómimos, se han invertido 1.800 horas.

Uno más alto que el otro

De entrada, Iridia consiguió a través de esta labor reducir de nueve a dos los escopeteros que podrían haber realizado el disparo de la pelota de goma que hirió a Español. Tras examinar ragos del vestuario, como la gorra en el cinturón, las espinilleras o los guantes, y con ayuda de un programa informático de mediciones corporales, el colectivo logró descartar a uno de los agentes, por lo que ahora están "convencidos" de saber quien es el policía que provocó que el activista resultara gravemente herido. Un dato determinante ha sido que uno de los agentes era más alto que el otro. Esta identificación es clave para el proceso penal, pues los jueces tienen difícil concretar el auto de los disparos.  Eso es lo que ocurrió, por ejemplo, en el caso de Ester Quintana, donde fueron absueltos los mossos acusados. A raíz de ello, se prohibió que la policía de la Generalitat utilizara estos proyectiles.

Español, que también estaba en la rueda de prensa donde Iridia explicó las conclusiones sobre el análisis de las imágenes y que está imputado por haber lanzado una valla metálica contra los gentes, ha asegurado que "si la represión no se para, nosotros tampoco" y que su objetivo es "llevar hasta el final" la investigación judicial. "Lo que quiero es que toda esta operación no acabe impune", ha isistido. El colectivo de defensa de derechos humanos ha lamentado que haya tenido que ser una entidad sin ánimo de lucro la que lleve a cabo la identificación del escopetero ante la nula colaboración del cuerpo policial.

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Re:Unidades y material antidisturbios
« Respuesta #3126 en: 19 de Junio de 2019, 18:45:39 pm »
Al que no van a imputar es al incompetente de Zoido

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Re:Unidades y material antidisturbios
« Respuesta #3127 en: 12 de Julio de 2019, 07:30:53 am »

Hoy en el BOE | Policía

Interior destina 125.000 euros a los uniformes de los nuevos antidisturbios
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(Foto: Jaime Pozas)
El Cuerpo Nacional de Policía adquiere gorras, camisetas técnicas UIP, pantalón UIP, forro pantalón y camisola UIP ante la llegada de nuevos miembros a la unidad.
Por E.B.
martes 09 de julio de 2019, 10:52h

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Los miembros de las Unidades de Intervención Policial (UIP) estrenarán vestuario. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes la adjudicación del contrato de suministro que busca adquirir y distribuir ropa de uniformidad “con motivo del nuevo ingreso” de estos policías antidisturbios.

En concreto, el Ministerio del Interior, a través de la división Económica y Técnica del Cuerpo Nacional de Policía, ha destinado 126.282 euros para la compra de gorras, camisetas técnicas UIP, pantalón UIP, forro pantalón y camisola UIP.

Según los cálculos, se han reclamado un mínimo de 800 pantalones UIP, 600 camisolas UIP, 500 camisetas técnicas UIP y 300 gorras y forros pantalones.




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Re:Unidades y material antidisturbios
« Respuesta #3128 en: 24 de Julio de 2019, 18:36:02 pm »

LAS CARGAS EN LOS CENTROS DE VOTACIÓN

Un tribunal recrimina a la policía no "agotar los medios no violentos" el 1-O


La Audiencia de Barcelona rechaza la petición de un sindicato de imputar a una docena de votantes
La policia nacional ha intentado desalojar a las personas concentradas en un centro de votación el 1-O.
La policia nacional ha intentado desalojar a las personas concentradas en un centro de votación el 1-O. / FERRAN NADEU

   
J. G. Albalat

Barcelona - Miércoles, 24/07/2019 - 16:26
La Audiencia de Barcelona ha confirmado la decisión del Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona de rechazar la petición del Sindicato Profesional de la Policía, a la que se sumaron parcialmente la fiscalía y la Abogacía del Estado, y no imputará a una docena de votantes del 1-O en el instituto Pau Claris de Barcelona por un presunto delito de obstaculizar la actuación policial. En la resolución, el tribunal critica a la Policía Nacional no “agotar los medios no violentos” antes de su actuación en el IES Pau Claris durante la jornada del referéndum unilateral.



Los magistrados exponen que  tras observar las imágenes captadas en el centro docente "constatamos que en efecto no hubo orden expresa y terminante dirigida a los ciudadanos o alguno de ellos que pudiera haber actuado como interlocutor para trasmitir, no sólo el mandato que tenían encomendados no, para su debido cumplimiento, la orden de desalojar las entradas rompiendo el tapón que se había formado en ellas".

La Audiencia de Barcelona estima que, así,  "la propia policía infringió una de las pautas de actuación que los propios protocolos para la atención y el control de las multitudes impone, a saber, agotar los medios no violentos, usando el diálogo como medio para persuadir a los congregados, autorizando el uso proporcionado y gradual de la fuerza sólo cuando no exista otra opción”. El auto precisa que "la advertencia del uso de la misma "con tiempo suficiente para que pueda tomarse en cuenta, aparece también como un requisito irrenunciable en orden de garantizar una prudente y proporcionada intervención".

El tribunal concreta que "resultaba por ello indispensable agotar la alternativa del diálogo y la conciliación con el fin de disuadir a los ciudadanos congregados en los centros de votación evitando la confrontación con la fuerza pública" y añade que los agentes debían "respetar los derechos fundamentales de las personas", máxime cuando de le había encomendado no alterar la convivencia pacífica,  y por el tipo de gente que iba a acudir a los puntos de votación: "familias, ancianos, jóvenes, niños y adolescentes", en un contexto "muy alejado de aquel que típicamente legitima el uso de la fuerza, a saber el de la prevención del delito y la detención de sus autores". Por esas razón, los jueces rechazan que los votantes cometiesen "resistencia pasiva" al taponar con un centenar de personas los accesos al centro.

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Re:Unidades y material antidisturbios
« Respuesta #3129 en: 26 de Julio de 2019, 07:21:49 am »

La Policía defiende que el senegalés tumbado de un porrazo en Lavapiés cayó al suelo porque estaba borracho


"Cayó al suelo debido a su estado de embriaguez, y no por los golpes que recibió en partes no lesivas", dice sobre el porrazo en la cabeza a Arona Diakhate

La Dirección General de Policía Nacional defiende ante el Defensor del Pueblo a los agentes denunciados por su actuación en los disturbios tras la muerte de un mantero

Contrastamos la versión policial con lo que muestran las imágenes y los datos recopilados sobre lo sucedido

Juan Luis Sánchez
14/10/2018 - 20:28h


La policía deja en el suelo a Arona Diakhate tras tumbarle de un porrazo (Olmo Calvo)

Arona Diakhate estaba en la plaza Nelson Mandela de Lavapiés la noche del 15 de marzo. La plaza estaba tomada por los disturbios y la policía. Un agente se acercó a Diakhate y le pegó un porrazo en la cabeza que le tumbó en menos de un segundo. Lo vieron los testigos y lo vieron decenas de miles de personas cuando un vídeo grabado por un vecino se difundió en redes sociales y en medios de comunicación. Este vídeo.

https://www.youtube.com/watch?v=zzi9Rw_Etpg

La Policía asegura meses después que Arona Diakhate "cayó al suelo debido a su estado de embriaguez, y no por los golpes que recibió en partes no lesivas". Según esta versión, fue "la caída la que le produjo las lesiones leves". Es la respuesta oficial de la Dirección General de la Policía a una pregunta del Defensor del Pueblo solicitada por el activista Stéphane M. Grueso.

La respuesta oficial de la Policía, que sale en defensa de los agentes denunciados por Diakhate, contiene afirmaciones que no encajan con las imágenes y los datos recopilados en aquel momento por eldiario.es sobre lo sucedido. Repasamos las principales lagunas de su versión con ayuda de algunos fragmentos incluidos en el documento oficial remitido por el Defensor del Pueblo que puede consultarse al final de este artículo.

1. La Policía asegura que Diakhaté recibió los golpes porque se encontraba "en medio del conflicto, amenazando y desobedeciendo las indicaciones y órdenes de los agentes".

En varios vídeos sobre lo sucedido se aprecia cómo un grupo de policías está en una esquina mientras le llueven objetos desde una parte de la plaza. Comienza la carga policial y el grupo que arrojaba piedras se dispersa. En la imagen se ve entonces a lo lejos a Arona Diakhate junto a una papelera enganchada a una farola, como desconectado de lo que ocurre a su alrededor. Con la plaza ya despejada, la unidad de antidisturbios que cargaba contra otros manifestantes se acerca a él y uno de ellos le golpea. En ningún caso Diakhate muestra una actitud corporal amenazante y no parece que hubiera tiempo para un diálogo o discusión con los agentes, pero es imposible escuchar lo que sucede.

2. La Policía asegura que los golpes se produjeron "en partes no lesivas" del cuerpo.

En las imágenes se ve que uno de los agentes le golpea con la porra al menos dos veces. Una, por debajo de la cintura como marca la recomendación de la Policía Nacional para el uso de porras; y otra, tan por encima de la cintura que le alcanza de lleno en plena cabeza, una zona de alto riesgo para usar material antidisturbios.

3. La Policía asegura que el senegalés "cayó al suelo debido a su estado de embriaguez, y no por los golpes".

Diakhaté estaba de pie en la plaza, sin aparentes problemas de equilibrio. Solo cayó al suelo tras recibir un golpe en las piernas para desequilibrarle y después otro porrazo en la cabeza.

Sobre si estaba bajo los efectos de mucho alcohol, varias personas del entorno de Arona Diakhate contaron en marzo a eldiario.es que el senegalés tenía problemas recurrentes con la bebida. Era posible que esa noche hubiera bebido y precisamente por eso, argumenta su entorno, era imposible que participara en las carreras y los altercados con actitud agresiva. Estaba, como siempre que bebía, "a su bola en la plaza", en palabras de una persona de su confianza.

4. La Policía asegura que "la caída" (y no el golpe) "le produjo las lesiones leves". Hay varias lagunas en esta afirmación.

La primera laguna evidente es que sin golpes no se habría producido una caída fulminante como la que se aprecia en el vídeo. Tanto si las heridas de Diakhate se deben al golpe de la porra o al golpe de la cabeza en el suelo, el desencadenante fueron los porrazos primero en las piernas y luego en la cabeza.

La segunda laguna es la definición de "herida leve". Arona Diakhate estuvo ingresado tres días en el hospital por un traumatismo craneoencefálico, con hematomas internos en la cabeza y una brecha que necesitó 15 puntos de sutura. La línea entre lo que es una herida leve o grave es discutible, pero el artículo 147 del Código Penal remarca un agravamiento del delito de lesiones si el herido por una agresión necesita "tratamiento médico o quirúrgico". Además,  hay jurisprudencia clara en el Tribunal Supremo (21 de julio de 2003 y 22 de febrero de 2002), que en sendos autos especifica que "los puntos de sutura", especialmente cuando son una cantidad alta, deben considerarse "tratamiento quirúrgico" y por tanto esto sirve de "límite diferenciador", según el Supremo, para un posible delito de lesiones (no lesiones leves), que es la acusación a la que se enfrentan los agentes de policía después de que Arona Diakhate haya llevado su caso a los tribunales.



Interior cita un informe del Samur que demostraría que "las heridas leves" no fueron provocadas por los agentes sino por el suelo. El único documento médico conocido hasta ahora es el informe de ingreso hospitalario publicado en marzo por eldiario.es, donde constaba que la lesión en la cabeza la produce un golpe con "un objeto duro y desconocido". ¿Una porra? Ese dato nunca llega a quedar por escrito, con lo que nada en el informe médico vincula el caso con unos disturbios o cargas policiales. Queda fuera del radar de la actuación policial en Lavapiés y de hecho la Policía nunca notificó este herido dentro de su parte de heridos del dispositivo, cosa que sí hizo con otras cuatro manifestantes y 16 agentes que necesitaron atención sanitaria.

El propio Samur confirmó a eldiario.es que, aunque atendió a Arona Diakhate aquella noche, la Policía no le explicó las circunstancias de la herida. "Si la policía nos llama para atender a alguien en una comisaría, los médicos hacen su trabajo, no preguntan si el herido sale de Lavapiés", explicaron fuentes sanitarias a eldiario.es. ¿"En una comisaría"? Ese es el siguiente punto.

5. La Policía asegura que Diakhate "tuvo que ser trasladado por funcionarios policiales a otro lugar más seguro" para protegerle de los disturbios y luego fue derivado al hospital.

Lo que sucede es que, después del golpe, los agentes antidisturbios estiran el cuerpo sobre el suelo y salen corriendo para continuar con las cargas sin asistirle. Se queda solo, sin moverse, durante unos momentos.

Desde la retaguardia del operativo acuden entonces otras unidades de seguridad ciudadana, que no son antidisturbios, ni siquiera llevan casco. Dudan qué hacer. Un grupo más pequeño de manifestantes empieza a tirar piedras desde otro punto para que los agentes sin casco se alejen del cuerpo tendido. Los policías cogen en volandas al herido, que sigue desfallecido tras el golpe en la cabeza, y se lo llevan corriendo de la plaza.




Lo llevaron "a un lugar más seguro", explica la Policía. Ese lugar es el portal de la esquina, en la calle del Oso. Un vecino se asoma por el hueco de la escalera y graba. Diakhate sigue visiblemente afectado por el golpe, apenas se mueve y la sangre deja pequeños charcos en el suelo. Los agentes no saben qué hacer. A ese momento pertenece este otro vídeo:

https://www.eldiario.es/desalambre/Policia-defiende-justicia-disturbios-Lavapies_0_824168056.html

Cuando se deciden a salir del portal, no llevan al herido al punto de encuentro con el Samur en la cercana glorieta de Embajadores sino a un lugar mucho más lejano: la comisaría de Policía de la calle Leganitos, a unos 15 minutos en coche desde Lavapiés, según confirmó la Policía a eldiario.es tras la publicación de lo sucedido. No está claro cuánto tiempo estuvo allí ni si ese es el lugar seguro al que se refiere la carta de la Dirección General de la Policía.

La llegada al hospital de Arona Diakhate está registrada a las 23.32h, más de dos horas después de sufrir la contusión en Lavapiés. El senegalés, que también tiene la nacionalidad española después de varios años viviendo en este país,  ha presentado una denuncia contra los agentes que está a la espera de respuesta por parte de un juzgado de Madrid.

    Texto completo remitido por la Policía al Defensor del Pueblo

"En el desarrollo de la actuación policial participaron junto a las Unidades de Intervención Policial otras unidades policiales para las que no es preceptivo llevar esa identificación en la espalda de los chalecos antitrauma, y que se corresponde con los funcionarios y vehículos que aparecen en las imágenes.

Por otro lado señalar que, como resultado de la actuación policial solo se produjo un herido de carácter leve, que se encontraba en medio del conflicto, amenazando y desobedeciendo las indicaciones y órdenes de los agentes, y que cayó al suelo debido a su estado de embriaguez, y no por los golpes que recibió en partes no lesivas, siendo la caída la que le produjo las lesiones leves, tal y como quedó reflejado en el parte médico emitido por el Samur.

Los servicios médicos no pudieron entrar a la plaza para atenderle porque el conflicto estaba en su punto álgido, y temían por su integridad, por lo que tuvo que ser trasladado por funcionarios policiales a otro lugar más seguro, y tras recibir asistencia del Samur fue derivado a la Fundación Jiménez Díaz.

La asistencia, traslado al centro hospitalario y parte médico del herido constan en el atestado policial número 10.443/18 instruido por la Comisaría de distrito Centro, y remitido al Juzgado de Instrucción número 48 de los de Madrid"




Archivan la causa contra el policía acusado de torturas en Lavapiés tras la muerte del mantero Mbaye
Acusaron al agente antidisturbios por un episodio que tuvo lugar en la plaza Nelson Mandela, que terminó con un manifestante en el hospital.
26 julio, 2019 03:27

Gonzalo Araluce @GonzaloAraluce

Es la noche del 15 de marzo de 2018 en la madrileña plaza de Nelson Mandela. El barrio de Lavapiés bulle en protestas por la muerte del mantero senegalés Mame Mbaye. Hay quemas de contenedores, cargas y tensión. Un manifestante sufre heridas en una de las intervenciones policiales -la imagen salta a todos los informativos- y acusa a un agente, cuyas siglas corresponden a D.F.C., de lesiones y torturas. El procedimiento se ha extendido durante más de dos años, pero la Justicia ha optado por archivar la causa al no encontrar indicios suficientes contra el acusado.

Nos ubicamos en aquellas fechas. El mantero Mame Mbaye sufre un fallo cardíaco cuando huía de la Policía. Los intentos de los sanitarios por salvar su vida son inútiles y la muerte provoca una profunda conmoción en la capital, con las consiguientes intervenciones políticas y debates televisados. Todo en cuestión de horas.

El barrio de Lavapiés canaliza el descontento y esa misma tarde se anuncian movilizaciones. Cae la noche y las protestas dan lugar a escenas de tensión. Los manifestantes acusan a los policías que tienen enfrente de ser los compañeros de quienes habían acabado con Mbaye.

Se registran varios incidentes en Lavapiés. La Policía despliega varias unidades, dando un especial protagonismo a la Unidad de Intervención Policial (UIP), más conocidos como antidisturbios.

Un individuo de origen senegalés se lleva un fuerte golpe en una de las cargas en la plaza de Nelson Mandela y cae al suelo. Una ambulancia del SAMUR le traslada a un hospital, donde se le hace un parte de lesiones.

Al recuperarse, presenta una denuncia en dependencias policiales por lesiones y torturas. Es el comienzo de un largo recorrido judicial.
Señalan a D.F.C.

El denunciante no tenía datos suficientes para acusar a ningún agente en concreto, pero sí un vídeo en el que se veía la carga policial. Con intención de aclarar los hechos, se citó a declarar al jefe del dispositivo. Este señaló que, según recordaba, uno de sus hombres había vivido un incidente. Y dio su nombre: D.F.C.

El policía acusado de lesiones y torturas recurrió a los servicios jurídicos del sindicato Jupol y del abogado Pedro Chamorro. Según su testimonio, él no pudo ser el autor de la carga contra el manifestante herido por varios motivos.

El policía que protagonizaba la carga iba equipado con un escudo antidisturbios. Según el acusado, él no llevaba este equipamiento, puesto que era jefe de equipo. También decía que no se reconocía en las imágenes aportadas por la acusación. Y ante las preguntas de por qué no llevaba el chaleco antitrauma con el número identificativo, señaló que "se lo pone cada uno cuando lo manda el superior", que no era el caso.

¿Y el incidente que habría vivido, a tenor de la declaración de su superior? El policía acusado admitió que había vivido un episodio destacado, pero que no tuvo lugar en la plaza Nelson Mandela, sino en la calle Oso, en las inmediaciones. Que un manifestante habría tratado de romper la barrera policial y que habrían protagonizado un forcejeo, pero que nada tuvo que ver con el episodio juzgado.

Con esos argumentos, el Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid ha decretado el sobreseimiento del caso. Considera que sí hay numerosas diligencias para acreditar un supuesto constitutivo de infracción penal pero que es imposible atribuirle los hechos a D.F.C.


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Re:Unidades y material antidisturbios
« Respuesta #3130 en: 25 de Agosto de 2019, 07:26:10 am »




El policía acusado de mentir sobre la carga ante La Parrilla de San Lorenzo en Valladolid será juzgado el 4 de noviembre



El encausado se expone a una condena de entre un año y medio y tres años de prisión por falso testimonio

EL NORTE
Valladolid
Miércoles, 21 agosto 2019, 18:37
 
La Audiencia de Valladolid sentará en el banquillo el próximo día 4 de noviembre al agente de la Policía Nacional acusado de mentir en el juicio sobre la carga policial que tuvo lugar el 2 de febrero de 2014 a las puertas del restaurante La Parrilla de San Lorenzo, donde estaban comiendo dirigentes del PP. Tres de los manifestantes fueron juzgados por los hechos, pero finalmente resultaron absueltos.


El juicio contra el agente lo celebrará la Sección Segunda de lo Penal, donde el encausado se expone a una condena de entre un año y medio y tres años de prisión por falso testimonio, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.


Hace meses que la Sección Cuarta dictó un auto que desestimaba el recurso interpuesto por el policía al entender que «las diligencias instructoras practicadas contienen suficientes indicios de delito para continuar el procedimiento». La Audiencia Provincial confirmaba así lo ya recogido en el auto de imputación de 8 de enero del Juzgado de Instrucción 5 de Valladolid que dijo que el día 19 de abril de 2018 se celebró el juicio oral «en el que declaró como testigo el investigado en su condición de agente de la Policía Nacional, pese a estar advertido de la obligación de decir verdad en causa penal, y de las consecuencias legales en caso contrario, faltó a la verdad sobre lo ocurrido en el incidente ocurrido el día 2 de febrero de 2014, sobre las 13.45 horas, ya que sostuvo que el señor H.B. le propinó un pisotón en el pie derecho, y que dicho pisotón fue intencionado, así como que él no le pegó».

Aquellos incidentes, que se han vuelto ahora en contra de este agente, se produjeron al término de una manifestación convocada por Parados en Movimiento y que coincidió con una Convención Nacional del PP.


Uno de los vecinos que se manifestaba, Juan H.B, junto a otros dos más, resultó absuelto de los delitos que se le imputaban al haber retirado la acusación el Ministerio Fiscal en una resolución que fue dictada 'in voce' por el propio juez en la sala de vistas donde se celebraba el juicio en abril del pasado año.

De esta forma, el agente acusado de mentir en el juicio tendrá que sentarse en el banquillo para enfrentarse a una petición de pena de un año y nueve meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y una multa de 3.240 euros, según solicita la Fiscalía.

La acusación particular solicita inicialmente una condena mayor: tres años de cárcel al entender que es pertinente aplicar el tipo agravado por tratarse de un funcionario público.


Condena al Ministerio del Interior
Al margen de este procedimiento, la Asamblea de Afectados por la carga policial del 2F logró también que la Audiencia Nacional condenara al Ministerio del Interior a indemnizar a una mujer, Montserrat, que resultó con graves lesiones en una mano, ocasionadas por este mismo agente, durante la carga policial registrada ante la Parrilla de San Lorenzo.

La Audiencia Nacional censuró la violencia policial y la desproporción de la actuación de los agentes intervinientes. En su fallo, refería igualmente que cuando el agente -imputado por un delito de falso testimonio- golpeó con la porra a la demandante en la mano, rompiéndole numerosos huesos, no se aprecia violencia física por parte de ésta que debiera de reprimirse con una respuesta violenta, dado que únicamente se estaba retirando.

Además, la misma sentencia acusaba a la VII Unidad de Intervención Policial de Valladolid de realizar un informe subjetivo y tendencioso para justificar la intervención.

La Audiencia Nacional aludía a la desproporción y la violencia policial, en la misma línea del fallo emitido el 20 de abril de 2018 por el Juzgado de lo Penal 3 de Valladolid, y decía que las imágenes captadas, donde se podía ver al grupo de manifestantes con la pancarta, su actitud y la descarga policial realizada, servían para «cuestionar las afirmaciones de que se tratase de una manifestación violenta, de que fuera un grupo hostil o agresivo frente a la fuerza pública o de que intentaran por la fuerza entrar en el establecimiento frente al cual coreaban sus consignas políticas, o que la recurrente utilizara la fuerza contra los agentes».

Por contra, «la realidad que desprenden las imágenes visionadas, repetidamente, por los magistrados firmantes de la sentencia es justo la contraria, esto es, que la intervención policial no fue para identificar y detener a los agresores sino directamente para disolver la concentración utilizando para ello las defensas y la fuerza«.

Y continúa: «ni el número de efectivos policiales en relación al grupo de concentrados, ni la superior fortaleza física de los primeros en relación a los manifestantes, amén de la edad media, digamos madura, de estos últimos, ni las consignas vitoreadas contra los dirigentes políticos que al parecer se encontraban en el interior del restaurante ('¡vuestros sobres son nuestros recortes¡'), ni el lema de la pancarta ('paremos la criminalización de la protesta social'), reflejan que el empleo de la fuerza fuera indispensable y proporcional para el control de la situación».

A juicio del tribunal sentenciador, «la propia concentración, a la vista del material probatorio, no puede considerarse como manifestación de carácter violento que suponga una situación objetiva con riesgo para las personas que se encontraban en el interior del restaurante, ni se desprende alteración del orden público que implicase un peligro para personas o bienes«.

De todo lo actuado, «no se reflejan la apreciación subjetiva y tendenciosa del informe de la VII Unidad de Intervención Policial del empleo de la fuerza indispensable y proporcional para el control de la situación».

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Re:Unidades y material antidisturbios
« Respuesta #3131 en: 29 de Agosto de 2019, 11:50:51 am »
Y a este cobarde impresentable a donde lo mandamos?


https://twitter.com/Jmalasangre1/status/1164822678424834049?s=19

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Re:Unidades y material antidisturbios
« Respuesta #3132 en: 04 de Septiembre de 2019, 06:59:04 am »


CARGAS EN SANT ESTEVE

La Audiencia anula la absolución a un guardia civil por las cargas del 1-O

También ha ordenado al juez que redacte una nueva resolución que incluya la motivación sobre las pruebas practicadas en el juicio

Efe
Barcelona - Martes, 03/09/2019 - 19:09

La Audiencia de Barcelona ha anulado la absolución a un agente de la Guardia Civil que fue juzgado por las cargas del 1-O en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) y ha ordenado al juez que redacte una nueva resolución que incluya la motivación sobre las pruebas practicadas en el juicio.

En una sentencia, a que ha tenido acceso Efe, la sección tercera de la Audiencia admite parcialmente el recurso interpuesto por una activista que resultó herida en una pierna por las cargas del 1-O en Sant Esteve Sesrovires y anula la absolución acordada en enero de este año por el titular del juzgado de instrucción 7 de Martorell (Barcelona).

La activista, representada por el colectivo Alerta Solidaria, argumentó en su recurso que en el juicio varios agentes del instituto armado reconocieron que no habían recibido una orden concreta de cargar contra las personas concentradas en los puntos de votación y que el golpe que recibió en la pierna no era ni proporcionado, ni idóneo, ni necesario, ni justificado.

Otros agentes

También recurrió la sentencia el propio agente absuelto, en su caso para que se precisara que no había quedado acreditado que era él quien había golpeado a la activista, porque había otros agentes interviniendo y se produjeron varios "acometimientos" contra la víctima, con el objetivo de evitar la incoación de un expediente disciplinario interno.

La Audiencia concluye que en la sentencia que absolvió al agente no se dio el "mínimo motivacional" sobre el desarrollo valorativo de la prueba expuesta en el juicio.

"No resulta amparable la ausencia de la más mínima mención a las diversas pruebas testificales alegadas por la recurrente", resalta la Audiencia, que advierte de que ello impide a las partes "conocer el discurso valorativo completo del juzgador y el valor asignado a estas pruebas, en absoluto insignificantes".

Por este motivo, la Audiencia anula la sentencia de enero de 2019 que absolvió al agente de la Guardia Civil y ordena al juez que la vuelva a redactar "con libertad de criterio", incluyendo en esta ocasión la motivación relativa a la actividad probatoria.



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Re:Unidades y material antidisturbios
« Respuesta #3133 en: 06 de Septiembre de 2019, 07:15:05 am »


El juez imputa a 8 mandos policiales por las cargas durante el 1-O en Barcelona

E.P.

El juez de Barcelona que investiga las cargas policiales del 1-O ha citado como investigados a ocho inspectores jefe de la Policía Nacional que fueron los responsables de los dispositivos en 27 puntos de votación de la capital catalana.

En una providencia, a que ha tenido acceso la Agencia Efe, el titular del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona, que mantiene imputados a una cuarentena de agentes por las cargas del referéndum ilegal, cita a estos ocho inspectores para los próximos días 9 y 11 de octubre.

No es la primera vez que alguno de los mandos imputados comparece ante el juez: ya subieron al estrado para declarar en su momento por su actuación policial en alguno de estos centros. Si bien, ahora deberán volver al juzgado para dar cuenta de las órdenes que impusieron a los agentes bajo su mando sobre el terreno en cada uno de los colegios de los que se hicieron responsables.

Se trata en concreto de los colegios Jaume Balmes, Ramon Llull, CEIP Diputació, Prosperitat, Centro de Formación de Adultos Freire, Tibidabo, Aguamarina, Victor Català, Agora, Tomas Moro, Escuela oficial de Idiomas, CAP Guinardó, Mare Nostrum, CEIP Mas Casanovas, Escuela Mediterránea, IES Pau Claris, Escuelas Pias Sant Antoni, Estel, Joan Fuster, Fundación Trini Jove, Serveis Centrals d'Ensenyament, CEIP Dolors Monserdà, Projecte i Escola Infant Jesús, Els Horts, IES Joan Boscà y CEIP Pau Romeva.

El auto de la Audiencia de Barcelona

En un auto del pasado mes de febrero, la Audiencia de Barcelona resolvió a favor del Ayuntamiento de Barcelona y concluyó que era necesario investigar a los responsables del operativo y las consignas que dieron a los agentes para que el instructor pudiera "ponderar" si el uso de la fuerza empleado o si las órdenes dadas "se ajustaron o no a la situación" planteada y concluir si a los mandos se les podían imputar las lesiones ocasionadas.

Según la sección tercera de la A se debe llevar a cabo una "completa investigación" de lo sucedido el 1-O para dilucidar si la actuación policial "se limitó a cumplir lo estrictamente ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, empleando la mínima fuerza indispensable, o bien hubo una utilización desproporcionada de la violencia, ya que, en ese caso, ésta no vendría amparada por el cumplimiento de una orden aún cuando esta sea judicial".


El concejal de Derechos de Ciudadanía del Ayuntamiento de Barcelona, Marc Serra, que ejerce la acción popular en la causa, ha destacado que por primera vez los mandos policiales son imputados "por las órdenes que dieron y no por las actuaciones desproporcionadas en la que intervinieron". A través de su cuenta de Twitter, Serra ha afirmado que, desde el Ayuntamiento, siempre se ha defendido "que los que dieron las órdenes tienen una responsabilidad penal que se debe dirimir".

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Re:Unidades y material antidisturbios
« Respuesta #3134 en: 12 de Septiembre de 2019, 06:38:53 am »

"ES DIFÍCIL CONCILIAR EN ESTE DEPARTAMENTO"

Por qué nadie quiere ser antidisturbios: decenas de policías abandonan la unidad

Los cursos para acceder a las UIP ya no se llenan como antes; la equiparación salarial hace que no sea tan jugoso entrar porque el plus no ha subido en los últimos años


Autor
Roberto R. Ballesteros
Contacta al autor
RRBallesteros


12/09/2019 05:00

Las Unidades de Intervención de la Policía Nacional (UIP), conocidas popularmente como los antidisturbios, son uno de los departamentos de élite de la corporación, por debajo siempre del Grupo Especial de Operaciones (GEO). Reprimen protestas callejeras, mantienen el orden público y tuvieron un protagonismo esencial durante el movimiento que surgió tras el 15-M de 2011, los asaltos al Congreso o las marchas por la dignidad de 2014. Durante los últimos años, los casi 3.000 funcionarios que componen los diferentes grupos repartidos por toda la geografía española estaban más centrados en viajar a Cataluña para evitar altercados como los que tuvieron lugar durante el referéndum ilegal de 1 de octubre de 2017.

Pertenecer a estas unidades ha sido durante esta última década casi como ser policía o guardia civil en el País Vasco durante los años duros. El Ministerio del Interior ha 'premiado' a los funcionarios que han entrado en los grupos antidisturbios con un complemento específico de sueldo de 6.000 euros al año, un 'caramelo' muy goloso para policías que en no pocos casos apenas superaban los 1.500 euros de salario mensual antes de acceder a los antidisturbios. Sin embargo, en los últimos años, ni siquiera este dinero extra parece ser suficiente para retener a los agentes en el departamento que lucha por mantener el orden en las calles.

En los dos últimos años, decenas de policías han pedido la baja en las UIP. Fuentes del departamento consultadas por El Confidencial no se ponen de acuerdo en la cifra exacta, que algunos sitúan en 300 miembros y otros incluso en 700 funcionarios que han solicitado el cambio. En cualquier caso, entre un 10% y un 25% de la plantilla ha reclamado abandonar uno de los destinos más mediáticos de la institución. Algunos aseguran que la cifra no es mayor que en años anteriores, pero otro indicador muestra que las cosas claramente no funcionan como antes en las UIP. Ahora hay mucho menos interés que antes por convertirse en un antidisturbios y en esto sí que coinciden todas las fuentes consultadas. "Hace 12 años, cuando yo entré, había tortas para acceder; ahora ni siquiera se cubren los cursos que salen", explica Miguel Ángel Álvarez, que abandonó las unidades el pasado junio.

La razón por la que está adelgazando dramáticamente el departamento es, según Álvarez —que ejerce también como coordinador de este departamento en el sindicato Unión Federal de Policía—, la total disponibilidad a que están sometidos sus miembros. El mencionado complemento, que apenas aumenta desde que se implantó en 1989, cuando se crearon las UIP, lleva implícito que su beneficiario está las 24 horas de los siete días de la semana pendiente del teléfono. "Cuando trabajé en la primera UIP, teníamos que llamar por teléfono todas las tardes a las 17:00 para ver qué teníamos al día siguiente", recuerda.

"En mi comisaría, ahora tenemos un cuadrante que establece los turnos que vamos a trabajar en el próximo año; en las UIP no saben qué van a hacer mañana; en cualquier dependencia tienen que avisarte con un mes de antelación para hacerte algún cambio; en las UIP te pueden avisar minutos antes", asegura Álvarez, que dejó el departamento por este motivo y considera que es la razón por la que en los últimos dos años se están produciendo tantas bajas. "Cambian los horarios cuando les da la gana", asegura el policía, que entiende que muchos servicios pueden preverse, como un partido de fútbol, que se sabe que se va a jugar un día a una hora desde hace semanas.

"La gente se va por esa falta de profesionalidad de los jefes para prever los turnos, porque los funcionarios tienen familia y con esa disponibilidad total es imposible conciliar", valora el funcionario, cuyo testimonio es corroborado por otro agente que aún sigue siendo antidisturbios y que, por este motivo, prefiere mantener el anonimato. "Aquí la conciliación es muy difícil y por eso se termina yendo el 90%; en teoría, trabajamos un fin de semana si y otro no, pero los cambian cuando quieren y es habitual hacer tres seguidos; el lunes ponen un horario de la semana, y el jueves para el finde, pero cambia siempre; los cambios de turno son constantes", describe el policía, que cuenta también que los grupos que teóricamente tienen medio centenar de agentes funcionan actualmente con apenas 30 o 40 individuos.

El propio director adjunto operativo del cuerpo, José Ángel González, se preocupó recientemente por este elevado número de bajas que sufren las unidades. Los responsables de las UIP le explicaron que "la gente no quiere viajar". Y es posible que ahora los funcionarios estén menos dispuestos a soportar estas adversidades derivadas de la disponibilidad total. Para otras fuentes policiales consultadas, de hecho, la razón de este incremento de abandonos y del menor interés por ser antidisturbios es que esa cláusula que obliga a estar disponible 24 horas al día "no está bien pagada".

"Está claramente obsoleta", aseguran estas últimas fuentes, que subrayan que, mientras el complemento de 6.000 euros ha estado congelado durante 30 años, en otros destinos aumentaban pluses como la turnicidad o la nocturnidad que han reducido la distancia entre una y otras plazas. En concreto, afirman, en 1997 la diferencia en neto de un UIP con otro policía era del 25% y hoy es de apenas el 10%. "A esto se suma el aumento de sueldo de la totalidad de los funcionarios del cuerpo como consecuencia de la equiparación salarial, que ha provocado que los policías cobremos cantidades más razonables y que no sea tan interesante recurrir a destinos como la UIP para ingresar más dinero; el precio a pagar es demasiado alto para la vida familiar", añaden.

Los antidisturbios conforman una de las unidades más prestigiosas del cuerpo. Durante la operación Copérnico, desplegada en Cataluña con motivo de la mencionada crisis del 1-O, la práctica totalidad de los efectivos se trasladó hasta esa comunidad autónoma durante meses. A este personal se sumaron el de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), considerada la hermana pequeña de la UIP, y otros departamentos. Curiosamente, resaltan las fuentes consultadas, las bajas en aquella época no fueron apenas llamativas. "Los funcionarios lo entendíamos como un ejercicio de patriotismo y sabíamos que era algo extraordinario", explican policías que ya no están en las UIP.







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Re:Unidades y material antidisturbios
« Respuesta #3135 en: 12 de Septiembre de 2019, 14:07:27 pm »
Hay la misma diferencia de pasta que antes, ya que las subidas han sido lineales, es más, si me apuras hay unos eurillos más de diferencia, ya que en las subidas de funcionarios al que gana más le supone una mayor subida.

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Re:Unidades y material antidisturbios
« Respuesta #3136 en: 18 de Septiembre de 2019, 07:42:00 am »

El juez pide a Interior toda la "cadena de mando" del operativo del 1-O en Barcelona
El magistrado solicita identificar a los funcionarios que integraron el sistema jerárquico de la Policía para impedir la votación
El Ayuntamiento de Barcelona, que ejerce la acusación popular, reclama a la Secretaría de Estado que "empiece a colaborar y deje de torpedear" la investigación
Oriol Solé Altimira
17/09/2019 - 22:35h

El juez indaga en quién y cómo se transmitieron las órdenes el 1-O EFE

Nueva petición del juez que investiga las cargas policiales del 1-O en Barcelona. Tras citar como imputados a los ocho inspectores de los antidisturbios que comandaron el operativo sobre el terreno, el instructor continúa indagando cómo se transmitieron las órdenes del dispositivo de la Policía Nacional para impedir el referéndum.

En una providencia a la que ha tenido acceso este diario, el instructor solicita a la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, y al Cuerpo Nacional de Policía "la llamada 'cadena de mando'" del operativo del 1-O en la capital catalana. En concreto, a petición de la acusación popular que ejerce el Ayuntamiento de Barcelona, el juez pide los funcionarios que la integraron así como sus números de carné profesional y categoría.

El magistrado Francisco Miralles lleva varios meses intentando desenmarañar cómo se dieron las instrucciones internas para intervenir en los distintos centros de votación el 1-O, en especial desde que en abril la Audiencia de Barcelona le instara a investigar "las órdenes dadas por los responsables" de la Policía.

Hasta ahora los sucesivos informes de Interior y de la Policía y el coordinador del Ministerio, Diego Pérez de los Cobos, han señalado como responsables últimos de las cargas a los ocho inspectores jefe de los antidisturbios de la Policía que se distribuyeron por los distintos distritos de Barcelona el 1-O y que, sobre el terreno, decidieron en qué colegio actuar. Se trata de los denominados "jefes de unidad de intervención".

Interior, tanto con el Gobierno del PP como con el del PSOE, ha insistido en que desde el centro de control de la Delegación del Gobierno, donde estaban Pérez de los Cobos, el entonces secretario de Estado José Antonio Nieto y el resto de mandos policiales, no se dieron órdenes a la Policía para que cargara el 1-O. "Nunca se dijo 'intervención ya'", dijo gráficamente Nieto en su declaración como testigo.

Tampoco le consta a Interior que exista registro de comunicaciones orales o escritas desde el centro de mando que pilotaba Pérez de los Cobos hacia los agentes. Todo lo decidieron, según el Ministerio, los ocho inspectores jefe investigados en base a la instrucción que dictó Nieto dos días antes de la votación. Todos ellos están citados para declarar como imputados los próximos 9 y 11 de octubre.

Con todo, las acusaciones de los heridos y la que ejerce el Ayuntamiento de Barcelona sospechan que las órdenes se dieron desde puestos más altos del escalafón. De ahí que el consistorio pidiera que el magistrado reclamara toda la cadena de mando. El concejal de derechos de ciudadanía del Ayuntamiento de Barcelona, Marc Serra, reclama a la Secretaría de Estado que "empiece a colaborar y deje de torpedear" la investigación.

Así, Serra pide a Interior que cumpla rápidamente con la petición del juez y no envíe "organigramas incompletos" ni "información que encubra a los responsables". "La responsabilidad no debe quedarse en los agentes concretos que actuaron de forma desproporcionada sino también en los responsables del diseño de un operativo ineficaz", agrega Serra.

Respecto al diseño del operativo, el instructor también ha requerido a la Policía que aporte a la causa –donde hay una cuarentena de agentes investigados– las actas levantadas de las reuniones previas para planificar el dispositivo policial del 1-O tras el auto del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) del 27 de septiembre que ordenó a los cuerpos policiales impedir el referéndum "sin afectar la normal convivencia ciudadana".

Asimismo, el juez ha pedido a la Secretaría de Estado y a la Policía información sobre la aplicación informática Gestor de Eventos y su funcionamiento durante la jornada de la votación. Este programa fue impuesto por Pérez de los Cobos a los Mossos como mecanismo de coordinación entre cuerpos –el coordinador suspendió las reuniones previstas entre mandos– en la jornada del 1-O, pero resultó un fracaso. El Gestor no servía para que los mandos diesen órdenes, sino que funcionaba en sentido contrario, para que los agentes sobre el terreno pudieran transmitir informaciones sobre lo que veían en las calles y en los centros.

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Re:Unidades y material antidisturbios
« Respuesta #3137 en: 21 de Septiembre de 2019, 11:05:42 am »


Espray pimienta y vallas nuevas para contener el otoño caliente de Catalunya


Los Mossos d'Esquadra anuncian cambios significativos de orden público antes de la sentencia del Tribunal Supremo
Los antidisturbios abandonan el 'carrusel', la maniobra de dispersión con furgonetas, por el riesgo de atropello que entraña
Guillem Sànchez

Barcelona - Sábado, 21/09/2019 - 10:23
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Espray pimienta y vallas nuevas para contener el otoño caliente de Catalunya
Los Mossos d'Esquadra afrontan las movilizaciones sociales en respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas con cambios significativos en su modelo de orden público. Han adquirido vallas y redes para reducir el contacto físico con los manifestantes más hostiles y avisan de que van a recurrir al espray de pimienta para dispersar a los más violentos. También abandonan la polémica maniobra del 'carrusel', que consiste en disolver altercados con conducciones agresivas de furgoneta.


Fuentes de la Brigada Mòbil (Brimo), la unidad de antidisturbios de la policía catalana, subrayan que antes de que entren en acción los instrumentos de represión la estrategia será siempre la de agotar todas las vías existentes de mediación para evitar el choque con los manifestantes. Sin embargo, el contexto que se avecina tiene todos los ingredientes para que estos se hagan inevitables. Si la sentencia se conoce el 11 de octubre, una de las fechas que se barajan, las movilizaciones de protesta llegarían al día siguiente, 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, lo que agravaría la situación dado que esa también es una jornada reivindicativa para manifestaciones de signo contrario. "Tomaremos todas las precauciones para evitar que independentistas y unionistas se encuentren", aclaran.
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Espray de pimienta
Para los expertos en orden público, la gestión de estos acontecimientos dio un giro con el movimiento 15-M de los indignados porque quedó demostrado que la sociedad catalana no estaba dispuesta a tolerar imágenes de cargas como las que se vieron durante el desalojo de la plaza de Catalunya en mayo del 2011. Se complicó un poco más con la resolución del Parlament que prohibió las pelotas de goma. Y enloqueció con los teléfonos móviles con cámaras de vídeo y las redes sociales donde se divulgan secuencias fragmentadas de actuaciones que generaban polémicas difíciles de combatir.

Los Mossos cuentan con un sistema de megafonía a través del que dan varios avisos antes de cargar y graban todas sus actuaciones para disponer de pruebas gráficas. Pero sin las pelotas de goma, que permitían dispersar a distancia, tienen que entrar en el cuerpo a cuerpo favoreciendo imágenes que siguen indignando a la sociedad. Emulando lo que hacen policías del resto de Europa, la catalana avisa de que va a comenzar a usar más el espray de pimienta y menos la porra para golpear. La explicación es sencilla: las lesiones con la porra abundan, sobre todo las fracturas de muñecas y dedos porque los manifestantes se protegen con la mano cuando intuyen el impacto de la defensa. El espray de pimienta, una disolución de agua a una concentración muy elevada de esta especie picante, no deja heridos.

Sin embargo, advierten, provoca una sensación de ahogo "muy angustiosa" e irrita las mucosas de ojos, nariz y boca durante minutos. Para sacudirse los efectos de una rociada de este espray basta lavarse la cara con agua, aconsejan. Y piden a la sociedad que no se alarme en exceso cuando lo usen –"selectivamente contra manifestantes violentos dado que el espray permite apuntar"– porque es menos lesiva que las porras y es el recurso más habitual en el resto de Europa.

Vallas nuevas y red metálica
La dirección general de la policía catalana ha llegado a un acuerdo con una empresa fabricante de vallas desmontables específicas para algarabías. Son módulos que se pueden conectar formando un muro de unos 150 centímetros de alto que montarán en concentraciones conflictivas que conozcan con una antelación superior a 24 horas. El objetivo es distanciar a los manifestantes hostiles. Actualmente son los propios antidisturbios quienes deben formar una barrera física ante ellos y ese "contacto estático" es el que más tensión genera porque les increpan o lanzan líquidos, substancias u objetos más contundentes.



Las nuevas valles adquiridas / MOSSOS D'ESQUADRA

El muro desmontable está agarrado a una plataforma que hace imposible que los alborotadores puedan levantarlo. A diferencia de lo que sucede con las clásicas vallas amarillas cosidas con bridas, que a veces acaban convirtiéndose en un arma que lanzan poniendo en riesgo tanto a policías como a manifestantes. Esta pared tiene otra virtud: cuenta con puertas que los antidisturbios pueden abrir desde su lado para intervenir de urgencia si la situación lo requiere, también a diferencia de las vallas clásicas, que aíslan completamente los dos sectores.

Para cuando no resulte posible actuar con tanta antelación, la dirección general está a punto de cerrar el alquiler de una red de hilo metálico que los antidisturbios podrán desplegar y recoger con celeridad sin necesidad de terceros –la nueva valla la monta y desmonta una empresa–.

Todavía en estudio, la Brimo podría comprar un foco de luz potente para nublar la visibilidad de los manifestantes durante la noche. Se trata de una idea que, admiten, surgió de la prensa, al observar cómo ciegan los focos de las cámaras de televisión.


La red metálica que alquilarán / MOSSOS D'ESQUADRA

Supresión del carrusel
No está descartado al 100% que la Brimo use en el futuro la técnica del 'carrusel' para dispersar. Pero fuentes policiales aseguran que la posibilidad de que vuelva a usarse es remota. "Se ha hecho autocrítica, se han valorado los riesgos que entraña la maniobra, se ha tomado consciencia de que si se produjeran heridos por atropello serían muy difíciles de explicar y se ha llegado a la conclusión de que hay otras medidas mejores". La conducción agresiva de furgonetas para asustar a manifestantes, cruzando a escasos centímetros de estos a gran velocidad, es un recurso que los Mossos han usado en situaciones conflictivas y cuando los disturbios se han descontrolado, como en octubre del año pasado en Barcelona. "Para trasladar a los agentes de un punto a otro sí que seguiremos usando las furgonetas pero la diferencia es que ahora no se utilizará el vehículo como un elemento disuasorio", matizan.


Los acontecimientos que se prevén para este otoño, según va recogiendo la Comisaría de Información, no serán "fáciles" de afrontar. Pero, por el momento, a los Mossos no les consta que el Cuerpo Nacional de Policía o la Guardia Civil hayan previsto enviar antidisturbios a Catalunya. La colaboración con ambas fuerzas de seguridad "es mucho mejor que hace dos años", en alusión al enfrentamiento que se vivió durante el referéndum del 1-O, y, aunque es posible que estas dispongan agentes propios para la protección de sedes estatales, lo harán de forma consensuada con los Mossos. Los tres cuerpos tendrán representantes en el CECOR, el gabinete desde el que se gestionará cada manifestación. 

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Re:Unidades y material antidisturbios
« Respuesta #3138 en: 23 de Septiembre de 2019, 20:25:32 pm »


El conseller de Interior cesa a su jefa de Comunicación tras la polémica sobre el gas pimienta de los Mossos


El conseller Miquel Buch achacó a un "error comunicativo" que la policía catalana anunciara la inclusión de este gas como herramienta de los antidisturbiosJoana Vallès, fulminada de su puesto este lunes, había sido responsable de comunicación de otros consellers de CDC como Jordi Baiget o Felip Puig


Miquel Buch cesa a su jefa de Comunicación, Joana Vallès
Por Pau Rodríguez
23 sep 2019 09:54

El conseller de Interior, Miquel Buch, ha fulminado de su puesto a su jefa de Comunicación pocas horas después de la polémica por el anuncio de los Mossos d'Esquadra de la incorporación de gas pimienta como material antidisturbios. Joana Vallès ha sido cesada de su cargo por los "eventos de los últimos días", según ha avanzado Rac1 y ha podido confirmar eldiario.es de fuentes de la conselleria.


Buch ha destituido a Vallès tras atribuirle este domingo un "error comunicativo" en el anuncio por parte de la Brigada Móvil de los Mossos d'Esquadra de que contemplaban el uso de gas pimienta para contener las manifestaciones más conflictivas cuando las porras y los proyectiles de 'foam' no sean efectivas. La noticia suscitó numerosas críticas entre sectores independentistas y colectivos por los derechos humanos, por lo que el conseller tuvo que salir al paso y asegurar que el uso de esta herramienta es tan "excepcional" que no lo han utilizado nunca pese a tenerlo en el inventario desde 2013.


"Si la sociedad ha percibido una cosa que no era, es que ha habido un error comunicativo y se ha explicado mal, la voluntad era explicar el refuerzo que ha habido en la mediación", precisó el conseller en una entrevista en TV3, dejando ya entrever su disconformidad con cómo se transmitieron este viernes las novedades en materia de antidisturbios en una sesión de trabajo de la policía catalana con los medios de comunicación en el Complejo Central Egara.

Los Mossos explicaron entonces que apostaban por el gas pimienta, que usarían como espray a una distancia de aproximadamente un metro del objetivo, para algunos altercados. El espray se usaría previa autorización de los mandos del control central y después de advertirlo a los manifestantes por megafonía, tal como hacen ahora antes de iniciar las cargas. Colectivos de derechos humanos como Iridia lo calificaron de "innecesario" y defendieron que los Mossos ya disponen en la actualidad de suficiente material antidisturbios.

Vallès ha estado al frente de la Comunicación de Interior durante una etapa, la del conseller Miquel Buch, con controversias como la gestión de las cargas contra CDR que le enfrentaron tanto a los Mossos, que se sintieron desautorizados, como a los sectores independentistas, indignados con las actuaciones. Antes Vallès había sido responsable de comunicación de otros consellers de Convergència, como Felip Puig o Jordi Baiget.

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Re:Unidades y material antidisturbios
« Respuesta #3139 en: 30 de Septiembre de 2019, 06:45:35 am »

80 policías y 20 mossos siguen imputados por el 1-O dos años después
Las causas judiciales abiertas a agentes de Policía y Guardia Civil se centran en lesiones a votantes, mientras que en el caso de los Mossos se investiga su pasividad para impedir la votación
La antigua cúpula de la policía catalana, empezando por el major Trapero, permanece investigada o pendiente de juicio
A la espera del fallo del Supremo, los casos que afectan a políticos y funcionarios del Govern por preparar el referéndum encaran su recta final
Oriol Solé Altimira
29/09/2019 - 21:46h


El cierre de la causa del procés en el Tribunal Supremo este mes de octubre no conllevará ni mucho menos el carpetazo a las distintas derivadas judiciales del 1-O que siguen abiertas tanto en Madrid como en los juzgados catalanes. Las más destacadas son las que afectan a los agentes de los Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil.

Un total de 88 policías nacionales y guardias civiles permanecen investigados dos años después, al igual que 23 mossos, según datos proporcionados por varias fuentes jurídicas. Las razones de las imputaciones son opuestas: en el caso de policías y guardias se derivan de las lesiones producidas sobre los votantes en las sucesivas intervenciones policiales del 1-O, mientras que a los mossos se les investiga por su pasividad para impedir la votación.

La causa más avanzada y la que acumula más agentes investigados es la que se sigue en el juzgado de instrucción 7 de Barcelona. Un total de 50 agentes de la Policía Nacional permanecen investigados en una causa que este mes de octubre se adentra en uno de los aspectos que permanecen más borrosos sobre lo sucedido el 1-O: la cadena de mando y la manera en cómo se transmitieron las órdenes y se eligió empezar y dejar de intervenir en los colegios.

Los próximos 24 y 25 de octubre comparecerán como imputados los ocho inspectores jefe de los antidisturbios. Se trata de los mandos que, según el coordinador del dispositivo, como el coronel Diego Pérez de los Cobos, comandaron el operativo sobre el terreno y fueron los que decidieron en qué escuelas intervenir.

Las acusaciones de los heridos y la popular que ejerce el Ayuntamiento de Barcelona dudan de esta tesis y creen que las órdenes vinieron de más arriba, algo que negó con contundencia el exsecretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto en su declaración como testigo. Lesionados y consistorio han logrado, con el aval de la Audiencia de Barcelona, que la investigación apunte a la cadena de mando y el diseño del operativo además de hacia las lesiones concretas producidas presuntamente por los agentes.

No todos los agentes investigados a día de hoy terminarán en el banquillo de los acusados. Para empezar, porque una decena de los 50 imputados son antidisturbios que el 1-O llevaban una escopeta de balas de goma en la escuela Ramon Llull, en cuyos aledaños Roger Español perdió la visión del ojo derecho por culpa de uno de estos proyectiles. De momento el juez no ha podido identificar al autor del disparo. Español es el único votante imputado en Barcelona, en su caso por lanzar una valle a a los policías.

Más retraso lleva la investigación en Girona, donde la próxima semana empezarán a declarar los 26 agentes de la Policía Nacional imputados por su intervención en los centros el 1-O, en una causa abierta por los delitos de lesiones, contra la integridad moral y torturas. Por el lado de la Guardia Civil, cinco agentes están investigados en los juzgados de Amposta (Tarragona) por su intervención en Sant Carles de la Ràpita.

Por último, en los juzgados de Manresa (Barcelona) permanecen investigados siete guardias civiles por su intervención en dos pueblos del Bages, tres de ellos por un presunto delito de detención ilegal, después de que la Audiencia de Barcelona avalara la intervención. Por atentado a la autoridad está imputado el votante al que esposaron. También está pendiente de juicio por desobediencia un concejal de ERC por impedir al paso a los agentes.
Mandos y agentes de Mossos

Si bien la mayoría de policías y guardias civiles investigados son agentes rasos o mandos intermedios, en el caso de los Mossos d'Esquadra las causas afectan a todo el organigrama, tanto de la actual como la antigua dirección de la policía catalana pilotada por el major Josep Lluís Trapero.

En un juzgado de Cornellà (Barcelona) permanecen investigados por desobediencia al auto que les ordenaba impedir el 1-O siete antiguos miembros de la cúpula de la policía catalana, entre ellos el comisario Ferran López, el excomisario jefe de coordinación central, Joan Carles Molinero, y el excomisario jefe de la comisaría de planificación de seguridad, Emili Quevedo.

Y en Sabadell (Barcelona) está investigada la actual número dos de la policía catalana, la comisaria Cristina Manresa, junto a otros cuatro mandos y agentes. Asimismo, un juzgado de El Vendrell (Tarragona) mantiene investigados a 11 mossos, entre ellos tres mandos de la región. Y cabe recordar que el archivo de algunas de las causas contra mossos ha sido recurrido, como por ejemplo el que afectaba a media docena de agentes de Lleida.

A todos estos mossos hay que sumar su antiguo jefe, el major Trapero; la intendente Teresa Laplana; y los exaltos cargos de la conselleria de Interior Cèsar Puig y Pere Soler, que ya están formalmente acusados de rebelión e irán a juicio el próximo 20 de enero. La Fiscalía pide 11 años de prisión para Trapero, Puig y Soler por rebelión, mientras que para Laplana solicita cuatro años de cárcel por sedición. El fiscal no reclama penas máximas al entender que los cuatro acusados no lideraron el plan soberanista. De ahí que para el juicio a Trapero sea clave la sentencia del Supremo sobre los que sí fueron, a criterio del Ministerio Público, jefes del procés, estos son, los exconsellers y los presidentes de Òmnium y la ANC.
Las causas que afectan a políticos

Además de las que afectan a los agentes de los tres cuerpos, el 1-O también tuvo derivadas judiciales para varios políticos independentistas, funcionarios de la Generalitat y empresarios. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) juzgará en noviembre a la expresidenta del grupo parlamentario de la CUP Mireia Boya y los exmiembros soberanistas de la Mesa del Parlament, Anna Simó (ERC), Joan Josep Nuet (ahora en ERC tras dejar los 'comuns'), Lluís Corominas, Lluís Guinó y Ramona Barrufet (PDeCAT).

El caballo de Troia judicial del procés todavía no tiene fecha para juzgarse. Por el momento, 30 altos cargos del Govern y empresarios, entre ellos los directores de TV3 y Catalunya Ràdio, han sido procesados por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación, entre otros. Por ahora no figura el de organización criminal, descartado por la jueza instructora pese a los intentos de la Fiscalía. Esa causa está pendiente de que la jueza cierre el sumario y las partes califiquen los hechos.

Investigados en su inicio en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona, la elección como diputados en las últimas elecciones al Parlament del exsecretario general de Vicepresidencia, Josep Maria Jové, y del exsecretario de Hacienda, Lluís Salvadó, les llevó a ser aforados, y por lo tanto a pasar a estar imputados ante el TSJC. Jové, célebre por apuntar los entresijos del procés en una libreta Moleskine, declaró brevemente ante la jueza instructora Maria Eugènia Alegret el pasado mes de junio, mientras que Salvadó todavía está pendiente de ser citado.