Llega...el super-antidisturbios.
Interior creará un grupo de antidisturbios de élite para evitar que se repita otro 22M abr 23rd, 2014 | By Roberto R. Ballesteros | Category: Policía Nacional
El director de la Policía, Ignacio Cosidó, reformará la estructura de las Unidades de Intervención Policial (UIP) con base en Madrid con el fin de evitar que se repitan los errores del pasado 22 de marzo, cuando después de las Marchas por la dignidad se enfrentaron cientos de violentos con los antidisturbios en una batalla campal que provocó 67 agentes y una veintena de heridos.
La propuesta, fruto del empeño personal del número dos de la corporación, Eugenio Pino –quien sirvió la mayor parte de su carrera en las UIP–, pretende reconvertir la actual Unidad Central de Intervención (UCI), que actualmente y en la práctica sirve para apoyar cualquier actuación, en un equipo de élite que únicamente salga a la calle para afrontar conflictos peligrosos, en particular aquellos que estén radicados en las nuevas modalidades de desorden callejero como las que se produjeron en los altercados del 22M.
La intención de la Dirección, además, es reforzar esa nueva UCI de élite con más recursos humanos. En concreto, el objetivo es incorporar un nuevo subgrupo (15 personas más) por cada uno de los grupos que conforman la unidad. La razón de este refuerzo estriba en que habitualmente no están completas las plantillas porque siempre hay personal de permiso, disfrutando días de asuntos propios o haciendo cursos de formación, lo que provoca que casi siempre salgan a trabajar menos de los que se requieren.
El proyecto está aún muy verde y cuenta con voces a favor y en contra dentro de la propia Jefatura de las Unidades de Intervención Policial. Uno de los contenidos que aún está por dirimir, por ejemplo, es la formación específica que deberán tener los agentes que pertenezcan a la nueva UCI, así como la definición concreta de las funciones que sobre el papel tendrán asignadas lo que presten servicio en este grupo.
Junto a la redefinición del futuro equipo de élite, la Dirección Adjunta Operativa también tiene la intención de dividir la Primera UIP en dos. Actualmente, esta se responsabiliza del control del orden público en Madrid y cuenta con 12 grupos de medio centenar de funcionarios cada uno. Se trata, por lo tanto, de la más grande de las 11 unidades que componen las UIP. De hecho, en número de miembros, la Primera representa un cuarto del total de agentes que constituyen todas las UIP.
Sin embargo, la división en dos de esta macrounidad –que en ocasiones resulta difícil coordinar por el elevado número de miembros que la conforman– no convence a todo el mundo. Algunos mandos de la misma vaticinan conflictos entre las dos jefaturas que se generen tras la fragmentación. Otros, sin embargo, consideran que es una medida adecuada para mejorar aspectos de organización.
La propuesta de reestructurar las UIP se produce un mes después del polémico operativo que se montó para repeler a los cientos de violentos que se presentaron en el centro de Madrid después de la manifestación Marchas por la dignidad que se celebró en la capital de España.
Las conclusiones de la citada información reservada –que ha sido coordinada directamente por el director adjunto operativo y número dos del cuerpo, Eugenio Pino– las dará a conocer hoy Cosidó en el Congreso de los Diputados, donde comparecerá por primera vez para abordar este asunto. Por la tarde, el director de la Policía tendrá un encuentro con los sindicatos a los que les transmitirá previsiblemente la misma información.
El análisis de los errores cometidos el 22M ha llevado a la Dirección General a prometer condecoraciones para los policías que más sufrieron durante aquellos altercados y mejora del equipamiento policial (cascos, escudos, chalecos, protecciones de rodilla o tobillos, etc.). Asimismo, el departamento dirigido por Cosidó hará un mayor control sobre la idoneidad del material con el fin de evitar que los agentes salgan con equipos defectuosos.
En la misma línea de respaldo a las UIP, la Dirección ha ofrecido a los agentes que lo requieran la ayuda de la Abogacía del Estado en los procesos judiciales que se abran a raíz de los conflictos del 22M. Por el momento, medio centenar de funcionarios ya la han solicitado formalmente.
