Autor Tema: Guardia Civil... ni pies ni cabeza  (Leído 134866 veces)

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Re:Guardia Civil... ni pies ni cabeza
« Respuesta #720 en: 25 de Febrero de 2019, 07:44:49 am »

Roban a la Guardia Civil cinco pistolas y 150 balas en Granada
La sustracción se produjo de noche en el puesto de Láchar, a 25 kilómetros de la capital provincial

24/02/19access_time 14:40


Un robo en la provincia de Granada ha puesto en alerta a la Guardia Civil. El motivo es que los ladrones han sustraido cinco armas cortas y un buen número de cartuchos del puesto que este cuerpo de seguridad tiene en Láchar, a 25 kilómetros de la ciudad de Granada.

Fuentes de la asociaciones profesionales AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles), IGC (Independientes de la Guardia Civil) y AEGC (Asociación Española de Guardias Civiles) confirman a Confidencial Digital que el aviso del robo en Láchar se ha enviado a las unidades de la zona por radio.

ECD ha tratado de recabar datos sobre este suceso con la Comandancia de la Guardia Civil en Granada y con el puesto de Láchar, sin que por el momento haya podido recibir respuesta, así como de la Subdelegación del Gobierno en Granada.

Se ha detectado esta mañana

Según el relato recabado tanto por AUGC como por AEGC, el puesto de la Guardia Civil de este municipio de algo más de 3.000 habitantes no está abierto las 24 horas al día los siete días de la semana. Tan sólo atiende a los ciudadanos de lunes a viernes, por la mañana.

Sin embargo, este domingo 24 de febrero un efectivo de la Guardia Civil allí destinado ha acudido al puesto y se ha encontrado con las huellas que mostraban que se había producido un robo en las instalaciones.

Aviso a las unidades por radio

Tras dar el aviso, se ha enviado a la Policía Judicial de la Guardia Civil al puesto de Láchar para iniciar las diligencias para investigar el robo. Se tiene constancia, coinciden las distintas fuentes consultadas por ECD, de que han desaparecido cinco armas cortas que se encontraban guardadas en taquillas de este puesto de la Guardia Civil, así como alrededor de 150 cartuchos del calibre 9mm.

Además, se ha cursado un aviso a todas las unidades de la zona ante este robo de cinco armas cortas, de las que se conoce su numeración, con el objetivo de tratar de encontrarlas.

Puestos sin agentes y con poca seguridad

José Cobo, portavoz de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), denuncia que llevan tiempo reclamando mayores medidas de seguridad en los puestos, sobre todo en aquellos con poco personal, en pueblos pequeños, que sólo se abren algunos días a la semana, o por la mañana, y que durante parte de la semana se quedan vacíos.

También han reclamado en varias ocasiones que se instalen más armeros para guardar en condiciones de mayor seguridad las armas de dotación de los agentes.

La misma denuncia expresa un portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Granada, que lamenta la falta de medidas de seguridad -como cámaras de videovigilancia, rejas, armeros...- en este puesto de Láchar, así como en muchos otras de toda España que cuentan con poca protección.

Desde la asociación Independientes de la Guardia Civil reiteran la “imperiosa necesidad de un aumento de plantilla” para atender estos puestos, así como la urgencia de poner en marcha medidas de seguridad y autoprotección en los acuartelamientos del Instituto Armado en toda España. Ambos problemas, destacan, se dan a nivel nacional, en toda España.

La dotación de este puesto de la provincia de Granada cuenta tan sólo con cuatro guardias civiles, un sargento y un cabo. Ya ninguno de ellos tiene su residencia en el pabellón del puesto, y los efectivos allí destinados lo abren en horario de lunes a viernes por la mañana.

Esta dispersión de puestos y cuarteles con pocos agentes la que ha llevado a la Dirección General de la Guardia Civil a elaborar un plan de reorganización territorial, para cerrar aquellos puestos poco operativos y concentrarlos en cuarteles más grandes, que tengan capacidad de sacar más patrullas a la calles y atender a los ciudadanos de una zona más amplia.


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Re:Guardia Civil... ni pies ni cabeza
« Respuesta #721 en: 25 de Febrero de 2019, 17:25:06 pm »

La Guardia Civil recupera las armas robadas en un puesto de Granada
 

Por ahora hay un detenido. Las pistolas fueron sustraídas durante el fin de semana en Láchar, lo que provocó una alerta a las unidades de la zona
Puesto de la Guardia Civil en Láchar (Granada).
Puesto de la Guardia Civil en Láchar (Granada).
 
25 DE FEBRERO DE 2019 (09:55 H.)
 
El robo de cinco armas cortas en un puesto de la Guardia Civil en la provincia de Granada se ha resuelto con la detención de una persona y la localización de esas pistolas sustraídas. Así lo adelanta esta mañana el diario Ideal y lo ha podido confirmar ECD con fuentes internas de la Guardia Civil.

Un portavoz de la Comandancia provincial de Granada confirma a ECD que se han recuperado las armas, pero precisa que no pueden ofrecer más datos al tratarse de una investigación judicial bajo secreto de sumario.

La sustracción, tal y como contó Confidencial Digital este domingo, se detectó cuando un guardia civil destinado en Láchar acudió al puesto, que habitualmente sólo abre sus puertas a los ciudadanos de lunes a viernes. Este agente entró para recoger pertenencias personales, detectó señales de que alguien había entrado a robar y dio aviso a sus superiores, que enviaron a la Policía Judicial a iniciar la investigación.

En ese momento se tuvo constancia de que habían sido sustraídas cinco armas cortas de distintas taquillas y dependencias del puesto, así como unas 150 balas del calibre 9 mm, el que utilizan dichas armas.

De ahí que la Guardia Civil de Granada realizara un aviso por radio a todas sus unidades de la zona cercana a Láchar para que estuvieran alerta ante el robo de cinco pistolas. Además, se comunicó la numeración de las armas, para identificarlas si llegaran a ser encontradas. Hay que tener en cuenta que, desde que se elevó a 4 sobre 5 el nivel de alerta antiterrorista, este tipo de robos de armamento provoca una alerta general, ante el temor a que sean yihadistas quienes han robado las armas (o un camión, en otros casos) para cometer un atentado.

Según fuentes consultadas por ECD, este mismo domingo entre última hora de la tarde y ya la noche fueron localizadas las armas cortas robadas a la Guardia Civil. Fueron encontradas en Pinos Puente, un municipio 13 kilómetros al noreste de Láchar.

En la operación de la Guardia Civil para recuperar las pistolas se detuvo a una persona, en principio acusada de ser autora del robo de las armas.

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Re:Guardia Civil... ni pies ni cabeza
« Respuesta #722 en: 26 de Febrero de 2019, 09:17:41 am »

Concentración en Castellón ante el Director General: AUGC vuelve a reclamar la reparación del honor de los guardias civiles expulsados por reclamar derechos

Los guardias civiles han portado además una pancarta en la que se podrá leer el lema ‘Guardias civiles expulsados, ¿hasta cuándo. ¡Readmisión ya!’

25/02/2019


José Morata, en el centro, con bufanda roja, respaldado por representantes de AUGC. José Morata, en el centro, con bufanda roja, respaldado por representantes de AUGC.

Representantes de la Junta Directiva Nacional de AUGC y de la delegación de Castellón han acompañado esta mañana a José Morata, afiliado número 1 de AUGC y luchador histórico por los derechos de los guardias civiles, en la concentración que se ha llevado a cabo frente a la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón.

El acto, organizado conjuntamente por AUGC y GUCIPOL, ha querido aprovechar la presencia hoy del director general de la Guardia Civil, Félix Azón, en dicha Comandancia, para recordarle la reparación pendiente del honor de Morata y otros compañeros expulsados en los años noventa por su trabajo en favor del asociacionismo en el Cuerpo.

Los guardias civiles han portado además una pancarta en la que se podrá leer el lema ‘Guardias civiles expulsados, ¿hasta cuándo. ¡Readmisión ya!’

Cabe recordar que el pasado mes de enero la ministra de Defensa, Margarita Robles, se reunión con Morata y sus compañeros expulsados para abordar este asunto, cuya solución lleva años reclamando AUGC. Ahora la pelota está en el tejado del Ministerio del Interior.

Resulta inadmisible que a estas alturas todavía persista esta situación en un Estado democrático, con trabajadores represaliados, condenados y privados de su carrera profesional simplemente por haber luchado para que un colectivo laboral contase con derechos sociolaborales básicos.




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Re:Guardia Civil... ni pies ni cabeza
« Respuesta #723 en: 09 de Marzo de 2019, 08:37:07 am »

El TSJA falla contra la Guardia Civil por negar la conciliación a una agente

    La afectada, madre monoparental, tiene una “mayor singularidad y necesidad de atención”

    El “derecho constitucional a la protección a la familia” prevalece sobre las necesidades del servicio

Amanda Glez. de Aledo
07 Marzo, 2019 - 02:00h

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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ordenado a la Guardia Civil que conceda horario fijo de trabajo a una agente para el cuidado de su hija, medida que le había denegado alegando necesidades del servicio y la “disponibilidad” necesaria en el Servicio de Información al que pertenece.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, en una sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, dice que no se ha demostrado que la unidad a la que pertenece la interesada “dejase de funcionar o quedase gravemente afectada” en caso de concederle el horario solicitado (mañana o tarde), que además era “muy razonable”.

Mientras no se demuestre ese perjuicio, “existe un interés preferente” que es “el derecho constitucional a la protección de la familia”, dicen los magistrados.

El 5 de enero de 2016, el general jefe de la IV Zona de la Guardia Civil (Andalucía) confirmó la decisión del jefe de la Sección de Información de denegar la jornada de mañana o tarde pedida por la agente para no tener que pernoctar fuera de su casa. Argumentó que la Sección de Información es de “especial importancia” con “un régimen especial de prestación de servicio” que incluye la disponibilidad “en cualquier horario y día de la semana”.

La Guardia Civil, desde el momento en que recibió la solicitud de la interesada y de otros dos compañeros varones (uno de ellos con dos hijos de 8 y 9 años, y otro con un hijo), les asignó el horario solicitado “con la finalidad de no perjudicar a los solicitantes” hasta la resolución definitiva.

Curiosamente, este aspecto ha jugado ahora en contra de la Guardia Civil, pues la sentencia dice que el hecho de haberles asignado de manera provisional el horario demandado “evidencia la posibilidad real de llevarlo a cabo”, ya que “no ha causado ningún perjuicio al servicio”.

La sentencia del TSJA entiende que el debate está mal planteado, pues “no se trata de si la agente, por ser personal de investigación policial, tiene derecho a la flexibilidad horaria  pretendida, sino que lo que habrá que examinar es si, en caso de concederse, quedaría afectada, y en qué medida, la efectividad del servicio”.

“Ningún dato se aporta que permita afirmar que el servicio se vería seriamente afectado y sin posibilidad de solución”, dice el TSJA.

La Guardia Civil ”ha ponderado únicamente los aspectos autoorganizativos de la Sección de Información, dando preponderancia a una pretendida disponibilidad permanente a todas horas y en todo momento, que desde luego se hace claramente incompatible con el derecho fundamental a la conciliación de la vida familiar y laboral”, dice la sentencia.

Y añade: “las alegadas necesidades del servicio no tienen la entidad suficiente como para limitar o restringir, llegando casi a anular, el derecho a la flexibilidad horaria”.
Una madre monoparental con "mayor necesidad de atención"

El TSJA confirma en todos sus aspectos la sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Sevilla, que valoró que la agente afectada es madre monoparental, “lo que sin duda le otorga una mayor singularidad y pone de manifiesto una mayor necesidad en su atención”.

No se garantizó su derecho a la conciliación de la vida personal y familiar, “que tiene carácter de fundamental”, más aún en una unidad que “tiene varios grupos de trabajo donde la prestación del servicio es igual al solicitado”, según la sentencia ahora confirmada por el TSJA.



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Re:Guardia Civil... ni pies ni cabeza
« Respuesta #724 en: 23 de Marzo de 2019, 07:03:24 am »
Una sargento 'rebelde' le mete un gol a la Guardia Civil en los tribunales

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha declarado la "firmeza" de la nulidad del desalojo de la sargento María Serrano


La Sargento del Seprona de Sevilla, María Serrano. VP
Joaquín Hernández

La sargento 'rebelde' del Seprona de Sevilla, María Serrano, le ha metido un gol a la Guardia Civil en los tribunales. En plena batalla judicial con sus superiores, tras una serie de denuncias cruzadas, Serrano ha cogido esta semana un nuevo impulso. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha declarado "firme" su resolución de anular el desalojo de la sargento en un escrito al que ha podido acceder Vozpópuli.

El desalojo había sido ordenado por el coronel jefe de la Comandancia de Sevilla, F.M.M., y ejecutado luego tras un fallo del Juzgado Contencioso Administrativo 12 de Sevilla. El TSJA ha anulado el desalojo esgrimiendo que solo él "puede decidir si a la ejecución" de un desalojo "conviene o no una entrada sorpresiva en domicilio, o si corresponde dar plazo o el señalamiento del lanzamiento". Fue el propio TSJA el que en su momento acordó que Serrano fuera desalojada una vez cesada de destino, pero la ejecución de esa sentencia precisa de otro proceso judicial por parte del mismo tribunal toda vez que varios de los procedimientos que involucran a Serrano siguen abiertos, explican fuentes jurídicas.

Así, la sentencia del TSJA se apoya en la "falta de competencia y los términos" del auto del juzgado que acordó el desalojo de la sargento del Seprona, que residía en el acuartelamiento de Villanueva del Pítamo.

A preguntas de este periódico, un portavoz de la Benemérita ha respondido que "la Guardia Civil no hará valoraciones de una resolución judicial, a veces se gana y otras se pierde, pero siempre hay que cumplir lo que dicta una resolución judicial". Serrano, dice su abogado, reclamará ahora el realojo y la restitución de daños y perjuicios.

Batalla contra el coronel

La sargento ha denunciado en este medio una campaña de "acoso y derribo" hacia ella que comenzó en el 2013. Serrano denunció entonces a un cabo que presuntamente ejercía de denunciante y a la vez de defensor de empresas multadas con hasta 60.000 euros por tráfico ilegal de productos pesqueros. Desde entonces comenzó a cruzar denuncias con varios de sus superiores, a los que ha acusado de proteger al cabo, que fue finalmente sobreseído por prescripción de la mayoría de los presuntos delitos.

Serrano fue expedientada en varias ocasiones hasta ser desalojada del pabellón en el que vivía. Aseguró entonces que "ni al peor de los etarras se le ha tratado como me han tratado a mí" y achacó lo sucedido a la "inquina personal" que, según ella, le tiene el coronel jefe de la Comandancia de Sevilla. Con este último, ha cruzado varias denuncias, dirimidas esencialmente a través de la jurisdicción militar, y una discusión que Serrano ha calificado de "vejación" y un juez militar como una "riña paternal" del coronel a la Sargento. Esta última le ha denunciado por prevaricación y corre el riesgo de ir a prisión por falsa denuncia.

En esa línea, califica como un "varapalo" lo sucedido este viernes en el Consejo de Ministros. El Gobierno socialista ha aprobado el ascenso del coronel implicado a General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil.


La batalla promete más capítulos, ya que existen más de diez frente judiciales abiertos para la sargento, pendientes de resolución en el Tribunal Supremo, el Constitucional e incluso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al que Serrano ha acudido porque considera que en nuestro país sufre "indefensión".




   

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Re:Guardia Civil... ni pies ni cabeza
« Respuesta #725 en: 23 de Marzo de 2019, 07:08:24 am »
Podrá ganar algunas batallas pero perderá la guerra por que luchar contra la Institución es ponerse enfrente del sistema, un sistema arcaico y obsoleto pero que sigue funcionando por la pasividad y silencio de una amplia mayoría.... joven es y muchos años le quedan por delante y le deseo lo mejor pero su carrrera profesional ha acabado, aunque gane esas batallasya nunca tendrá un "espacio" en la GC.

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Re:Guardia Civil... ni pies ni cabeza
« Respuesta #726 en: 28 de Marzo de 2019, 07:11:00 am »

ENTRE SEIS MESES Y CINCO AÑOS DE PRISIÓN
El juez procesa a un oficial de la Guardia Civil por agarrar del brazo a un subordinado

"Ningún miembro de la Guardia Civil puede hacer objeto a los demás ni sufrir él mismo maltrato de palabra u obra ni cualquier otra vejación o limitación de sus derechos", argumenta el Juzgado 51

Autor
Roberto R. Ballesteros



27/03/2019 20:45 - Actualizado: 28/03/2019 00:06

Las formas del sargento Tom Highway, veterano de las guerras de Vietnam y Corea, en la mítica película de Clint Eastwood de 1986 serían hoy merecedoras sin duda de un duro castigo por parte de la autoridad judicial. Sobre todo a la vista de las últimas decisiones que ha tomado esta última. El Juzgado Togado Militar número 51, con sede en Tenerife, ha procesado a un teniente de la Guardia Civil por agarrar del brazo a un subordinado, girarle de manera brusca y gritarle "no me estás escuchando".

Este último se encontraba de servicio en su puesto de conducción de presos en el aeropuerto de Los Rodeos (Tenerife norte). Él aseguraba el avión en el que viajaban los reclusos desde la isla hasta Jerez (Cádiz) o Gando (Las Palmas). A las 7:00 del pasado 18 de septiembre, el guardia esperaba junto a tres compañeros en el coche a que llegaran los reos cuando apareció un sargento, se montó en el vehículo y ordenó al conductor que regresara a la base para recoger una documentación. El grupo tardó 35 minutos en recoger los papeles y volver al mismo punto.

Los presos habían llegado ya y ahora eran ellos junto a los guardias que les custodiaban los que esperaban a que los primeros hicieran su trabajo: revisar el avión. El sargento que había motivado el retraso y el resto del equipo se bajaron del vehículo para ponerse manos a la obra cuando el teniente que vigilaba a los presos agarró por el brazo a uno de los guardias "a la altura del hombro". "Le giró de manera brusca", relata el auto de procesamiento, y le gritó "tú no me estás escuchando", a lo que el apelado reaccionó con un contundente "no me vuelva a tocar".

En ese momento, el oficial le ordenó que, cuando acabara el servicio, se pasara por su despacho, pero el subordinado incumplió el mandato. Acudió al médico y se dio de baja para el servicio con el fin de evitar acudir a ver a su superior, que no solo esperó sentado la llegada del guardia sino que recibió algo más desagradable. Días después, llegó una denuncia del funcionario con el que había tenido el encontronazo, que había interpuesto un escrito de queja ante el Juzgado Togado 51 apenas dos semanas después del incidente.

Acudió al médico y se dio de baja para el servicio con el fin de evitar acudir a ver a su superior, pero este recibió algo más desagradable

Cinco meses más tarde, el juez José Luis Martín, titular del juzgado, ha procesado al teniente al entender que este pudo incurrir en un delito de abuso de autoridad contemplado en el artículo 47 del Código Penal Militar. "El superior que tratare a un subordinado de manera degradante, inhumana o humillante o realizare actos de agresión o abuso sexuales será castigado con la pena de seis meses a cinco años de prisión, pudiendo imponerse, además, la pena de pérdida de empleo, sin perjuicio de las que correspondan por los resultados lesivos producidos o las agresiones y otros atentados contra la libertad o indemnidad sexuales efectivamente cometidos", reza el mencionado artículo.

El magistrado basa su auto en los testimonios esgrimidos por los compañeros de la supuesta víctima, que aseguraron que el oficial "le agarró y lo giró de manera violenta" o que el agredido les había comentado que "el teniente le había agarrado". "Llegó esta patrulla y el teniente empezó a vocear a C. corriendo, y cuando llegó le agarró del brazo y lo giró de mala manera", añadió otro testigo. El propio 'agredido' aseguró a este último declarante que se quedó "en 'shock" cuando ocurrió todo, porque no se esperaba lo que hizo el oficial. Luego el oficial trató de hablar con el denunciante, pero este estaba ya decidido a acudir a los tribunales.

¡A mí la Legión!: veteranos españoles que viven al borde de la indigencia
Daniel Borasteros
Muchos de los antiguos legionarios deambulan en la indigencia y sin recursos por las ciudades, algunos con problemas mentales y adicciones, al no poder adaptarse a la vida civil

El juzgado apela a una sentencia previa emitida por el mismo tribunal que argumentó que "en ningún caso se exige que el maltrato revista una especial gravedad". "El bien jurídico protegido no es necesariamente la integridad física, puesto que también ha de ponderarse la integridad moral de la persona cuyo respeto constituye uno de los derechos fundamentales que se proclaman en el artículo 15 de nuestra Constitución", reza la citada resolución de 9 de noviembre de 2001.

Según el abogado del guardia agredido, Antonio Suárez Valdés, "este tipo de conductas se producen con asiduidad y no son muchos los agentes que se animan a denunciarlas". "Estos comportamientos no pueden permitirse en una organización jerárquica, porque es un delito pluriofensivo, ya que afecta a la disciplina de las unidades, ya que en el momento en que se dan por buenas conductas de agresión, por pequeñas que sean, la disciplina y el respeto bidireccional están destruidos", añade el letrado.

Según el abogado del guardia agredido, "este tipo de conductas se producen con asiduidad y no son muchos los agentes que se animan a denunciarlas"

"La integridad del ofendido personal y moral ha de analizarse conjuntamente con la vulneración de los principios de disciplina militar que se protegen en el título V del código castrense en tanto en cuanto el delito de abuso de autoridad ha de configurarse como delito pluriofensivo, en tanto el esencial valor de la disciplina en los ejércitos ha de proyectarse en una doble dirección: de subordinado a superior y también de superior a subordinado", añade la sentencia. "Ningún miembro de la Guardia Civil puede hacer objeto a los demás ni sufrir él mismo maltrato de palabra u obra ni cualquier otra vejación o limitación indebida de sus derechos", concluye el auto de procesamiento.


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Re:Guardia Civil... ni pies ni cabeza
« Respuesta #727 en: 02 de Abril de 2019, 07:56:07 am »

Un general de la Guardia Civil y sus oficiales cobraron 177 euros por una comida de trabajo en una bodega
La reunión en Requena de la Junta de Pabellones de la Comandancia de Valencia obligó a movilizar nueve vehículos para un traslado de 72 kilómetros

Fecha
02/04/19access_time 1:02

Una veintena de mandos de la Comandancia de la Guardia Civil en Valencia acudió el pasado 30 de enero a comer a unas bodegas vitivinícolas en Requena, a 72 kilómetros de la capital. En ese lugar, los altos mandos del cuerpo celebraron varias reuniones.

La celebración de estos encuentros en una bodega fuera de la ciudad de Valencia, en vez de en la sede de la comandancia provincial en la capital regional, provocó la reacción de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

Esta asociación pidió información a la Dirección General de la Guardia Civil, en virtud de la Ley de Transparencia, para conocer detalles de los gastos de esa “cumbre” de mandos del Instituto Armado en Requena, centro de la Denominación de Origen Utiel-Requena, zona productora de vinos y cavas.

Confidencial Digital ha podido consultar la respuesta que el jefe del gabinete técnico de la Dirección General de la Guardia Civil ha dado a esta consulta de la Asociación Unificada de Guardias Civiles.

Por ejemplo, se especifica que fue de 177,82 euros la “cuantía de las dietas abonadas, en su totalidad, de todos los intervinientes en la citada reunión celebrada en ‘Bodegas Hispanosuizas’”, según el texto de la pregunta.

Además, el gabinete técnico de la Dirección General de la Guardia Civil detalla, a la pregunta sobre “número total de medios móviles utilizados para el desplazamiento de personal, ya que existen 72 kilómetros desde Valencia hasta la ubicación de la bodega”, que fueron nueve vehículos los que se requirieron para trasladar hasta Requena a los mandos de la Comanda de Valencia.

En total fueron doce personas las que se trasladaron a las instalaciones de Bodegas Hispanosuizas para asistir a la Junta de Pabellones de la Comandancia de Valencia, y diez para la reunión de mandos de la zona.

La Dirección General también asegura que no hubo factura ni ticket emitido por la bodega a cargo de la Guardia Civil, “ya que las comidas fueron abonadas por cada comensal”. Y, por otro lado, no se cuantifica el coste de horas de servicio, debido a que dicha reunión celebrada en Requena el pasado 30 de enero “forma parte de los cometidos de los asistentes”.

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Re:Guardia Civil... ni pies ni cabeza
« Respuesta #728 en: 23 de Mayo de 2019, 09:20:25 am »
Repartir invitaciones?





miércoles, 22 de mayo de 2019
La justicia anula la sanción a un agente que no accedió a abandonar su servicio de seguridad ciudadana para repartir invitaciones para la fiesta de El Pilar

La sanción había sido ratificada por el anterior Director General de la Guardia Civil, José Manuel Holgado. Ahora el Tribunal Militar Central, siguiendo la tesis sostenida por la Secretaría Jurídica de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), ha declarado la nulidad de la sanción por ser radicalmente nula y no puede derivarse de la misma ningún efecto.

Actos de celebración de la Virgen del Pilar en Cantabria en octubre de 2018. Foto: El Comercio / Nacho Gavia.


AUGC ha obtenido un nuevo éxito jurídico en la defensa de sus afiliados, ya que el Tribunal Militar Central ha dictado sentencia al recurso contencioso-disciplinario militar que había interpuesto, y en la que procede a estimar la nulidad de la sanción de suspensión de empleo y sueldo a un guardia civil de Cantabria por el plazo de ocho días, como autor de una falta grave consistente en “falta de subordinación”.
La sanción había sido ratificada por el anterior Director General de la Guardia Civil, José Manuel Holgado. Ahora el Tribunal Militar Central, siguiendo la tesis sostenida por la Secretaría Jurídica de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), ha declarado la nulidad de la sanción por ser radicalmente nula y no puede derivarse de la misma ningún efecto.
La Justicia ha echado por tierra el expediente disciplinario abierto en su día contra el agente destinado en una unidad de Seguridad Ciudadana de Cantabria, al que se le había impuesto una suspensión de empleo y sueldo por no repartir unas invitaciones para la festividad del Pilar, patrona del Cuerpo de la Guardia Civil.
La Sentencia del Tribunal Militar Central, de fecha 24 de abril de 2019, en sus fundamentos de derecho dictamina que el guardia civil sancionado se encontraba el día de autos realizando un servicio de seguridad ciudadana, y al cual se le indicó que dejara de prestar esos cometidos para ponerse a repartir invitaciones para la fiesta. Pues bien, el Tribunal dice que está en total desacuerdo con la Administración demandada, y lo que es más preocupante, sobre una ordenación de prioridades notoriamente desenfocada, si se tiene en cuenta que la segunda de las reglas esenciales que definen el comportamiento del guardia civil es la de que “pondrá todo su empeño en preservar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, lo que constituye el núcleo esencial del concepto de seguridad ciudadana”.
Difícilmente se puede sostener que el reparto de invitaciones, dejando de prestarse los cometidos de un servicio de seguridad ciudadana, fuera prioritario con respecto a la realización de los cometidos de seguridad ciudadana.
Dice también el Tribunal que la decisión del guardia civil de realizar los cometidos de su servicio de seguridad ciudadana, haciendo caso omiso de la indicación para que dejara de prestarlos y en su lugar dedicaran el tiempo que restaba de servicio al reparto de invitaciones, fue también correcta. Que ni el Mando de Operaciones Territoriales de la Guardia Civil, al sancionar al Guardia, ni la Dirección General de la Guardia Civil, al confirmar la sanción en alzada, lo hayan entendido así supone, en consecuencia, que las resoluciones administrativas impugnadas adolezcan de un vicio de nulidad de pleno derecho por vulnerar el principio de legalidad que proclama el artículo 25.1 de la Constitución española.

La anulación de esta sanción debe suponer, a juicio de AUGC,la definitiva erradicación de la política de imposición al servicio de unos pocos, en detrimento de la mayoría de los trabajadores de la Guardias Civil, para propiciar la excelencia en la realización del servicio público de seguridad, en el que la Guardia Civil juega un papel trascendente.
 


     

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Re:Guardia Civil... ni pies ni cabeza
« Respuesta #729 en: 25 de Mayo de 2019, 08:42:36 am »

Tres casos de mujeres guardias civiles acorraladas por defender la naturaleza

Medio ambiente

Esta es la historia de tres mujeres que entraron en la división de protección de la naturaleza de la Guardia Civil por pura vocación. Pero sus brillantes carreras se toparon con la zancadilla de sus mandos, todos hombres


Sofía Menéndez Follow @@fuertenatura - Fuerteventura
24/05/2019 - 21:34h



Ilustración de Marissa Batanero para Ballena Blanca Marissa Batanero/BB

La semana pasada, diez personas fueron condenadas a pagar la multa máxima prevista en el Código Penal por cazar y cocinar aves protegidas en la isla de Alegranza (Lanzarote) en septiembre de 2015. Quien montó el operativo de la Guardia Civil que pilló a los furtivos en pleno banquete fue la sargento jefe del Seprona en Lanzarote, Gloria Moreno. Desde entonces, a Moreno le han abierto seis expedientes sancionadores y su vida se ha convertido en un infierno. 

Gloria Moreno tenía diez años en 1988, cuando por primera vez las mujeres pudieron entrar en la Guardia Civil. En la misma época se creó el Servicio de Protección de la Naturaleza de este cuerpo (Seprona). Ya entonces, cuando a esta niña nacida en un pueblo de Segovia le preguntaban qué quería ser de mayor, la respuesta era contundente: agente del Seprona.

En 2006, Gloria entró en el Instituto Armado y en 2010 hizo realidad su sueño: aprobó el curso de este cuerpo. Durante dos años formó parte de una patrulla en Castellón; después fue nombrada sargento jefe y la destinaron a Lanzarote. Pero la que hasta entonces había sido una carrera brillante, premiada por su labor en la protección del medio ambiente y de los animales, tropezó con una piedra en el camino. El 8 de septiembre de 2015, en una complicada operación, la patrullera de la Guardia Civil del mar la trasladó a la isla de Alegranza, un espacio protegido al norte de Lanzarote; nadó hasta llegar a tierra para no ser vista por los malhechores, subió una montaña y tomó cuantas imágenes pudo desde la cima; descendió el volcán y entonces lo vio de cerca: un grupo de furtivos asando 30 pardelas, un ave protegida que ya casi no se encuentra mas que en lugares apartados y en reservas naturales.

Esta mujer de aspecto frágil, que mide 1,70, se plantó delante de 19 hombres cuando estaban en mitad de una comilona de especies protegidas. Los comensales no eran precisamente unos desarrapados, sino nada menos que un grupo de poderosos empresarios de Lanzarote, entre ellos un policía nacional y varios jóvenes relacionados con el narcotráfico. Habían llegado a la isla de Alegranza en dos yates que estaban fondeados en la bahía.
Furtivos identificados por la Guardia Civil en plena comilona de pardelas en septiembre de 2015.

Furtivos identificados por la Guardia Civil en plena comilona de pardelas en septiembre de 2015.

Desde ese día, la vida profesional de Gloria se convirtió en un infierno. El calvario empezó unos meses después, recién incorporada al servicio tras una baja maternal. En menos de un año le abrieron seis expedientes disciplinarios por sinsentidos, según Fernando García García, abogado del gabinete jurídico de la Asociación Independiente de la Guardia Civil. "Se trata de un auténtico caso de persecución, acoso y derribo por parte de sus superiores, que le acusan de todo tipo de situaciones absurdas", incide este jurista.

Desde aquel día de septiembre, la actitud de apoyo que había recibido de su capitán Germán García y del coronel jefe de la Guardia Civil de la provincia de Las Palmas, Ricardo Arranz, giró 180 grados. La mayoría de los agentes a cargo de la sargento Gloria Moreno, que eran cuatro hombres, hicieron pinza con el mando, según la versión de su abogado.

Una perspectiva muy distinta a la de sus superiores tenían los grupos conservacionistas SEO/BirdLife y WWF, que campaña tras campaña denunciaban el furtivismo en Alegranza sin ningún resultado. La llegada de la sargento Moreno fue como ver la luz en comparación con etapas anteriores, inciden estas asociaciones.

La escalada contra Gloria dio lugar en 2018 a la creación de la plataforma 'Justicia para Gloria Moreno' en change.org. Se consiguieron más de 140.000 firmas solicitando que se investigara el caso y que cesase el acoso. Pero en esta trama de los furtivos de Alegranza, la pesadilla continúa para Gloria Moreno por hacer su trabajo. Hoy está a la espera de un juicio oral en el que se piden para la sargento entre cuatro y seis años de cárcel por una denuncia de su subordinado, el cabo Miguel Ángel Padial, a la que se ha adherido una fiscal de Lanzarote, Ramona Muñoz, curiosamente nuera de Dimas Martín, el expresidente del cabildo conejero, que está en la cárcel por distintos casos de corrupción urbanística.

En Lanzarote es sabido, según su abogada María Jesús Díaz Veiga, que Padial mantenía amistad con algunos de los furtivos de Alegranza y que había protagonizado "chivatazos" que habían hecho fracasar anteriores operativos de la Guardia Civil. Recientemente, el juzgado que lleva el caso ha incorporado una grabación de una conversación entre un periodista y el propietario de la isla, Enrique Jordán, donde este afirma que el agente Padial era un chivato de los furtivos. Pero en su día fue un técnico de Doñana –también dedicado a censar aves en Alegranza– quien informó a la sargento Gloria Moreno de que el guardia Padial advertía a los furtivos de las operaciones de la Guardia Civil y de ella.

Tal y como el capitán García le había solicitado, trasladó a su superior esta información. Este documento interno constituye hoy la base de la acusación de su subordinado contra la sargento Moreno, por la que la fiscal pide una pena de cuatro años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante un periodo de tres años.

Pero ya antes la Guardia Civil había investigado el presunto chivatazo y la investigación pasó al Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife, cuyo titular es Rafael Lis Estévez, quien archivó la causa sin apenas indagar contra el guardia Padial.

Este juez ha sido suspendido recientemente por el Consejo General del Poder Judicial por no apartarse de un caso del que había sido recusado. Con la causa archivada, el presunto chivato Padial, que lleva casi dos años de baja por estrés, presentó la demanda contra Gloria Moreno acusándola de falsedad, en la cual se pedía seis años de cárcel para la sargento. El juicio está a la espera de fecha.

La actual abogada de la sargento, María Jesús Díaz Veiga, dice que la denuncia contra Moreno se presentó "a sabiendas de que ni la Guardia Civil, ni en su momento el juzgado practicaron las necesarias diligencias de investigación, que hubieran permitido averiguar la realidad de los hechos" y si hubo o no "chivatazos" del guardia Padial previniendo a los pardeleros de los operativos para acabar con esta práctica ilegal. La letrada Díaz Veiga considera que "se está desarrollando contra la sargento Moreno una auténtica persecución que va más allá de los términos habituales para describir un acoso laboral"; y prosigue: "La falta de garantías para permitirle ejercer su derecho de defensa recuerda prácticas abusivas más propias de otras épocas preconstitucionales de nuestro país". Ballena Blanca se puso en contacto con los mandos de Gloria Moreno, que han declinado hacer declaraciones.

Dentro de la especialidad de Seprona existen dos unidades distintas: el equipo de investigación que hace las veces de policía judicial ambiental y cuya principal función es realizar la instrucción de atestados por ilícitos penales; y luego está la patrulla. En este último trabaja Gloria Moreno, donde su tarea consiste en custodiar el campo. Para acceder a esta sección es necesario aprobar un examen teórico y una prueba física que resulta muy dura para las mujeres, pues es equivalente al nivel de campeonato de España de motocross, trial y enduro. Muy pocas agentes la pasan.

Para Moreno, superar estas pruebas fue especialmente difícil; en una mala caída desde la moto se rompió la clavícula y tuvo que presentarse de nuevo a los exámenes en el siguiente curso; lo más complicado fue vencer el miedo a subirse de nuevo a una moto.

María Serrano era jefa de unidad del equipo de investigación de Seprona de la Comandancia de Sevilla. Ingresó en la Guardia Civil en 1993 cuando tenía 18 años; fue por vocación y admiración a su abuelo guardia civil. En septiembre de 2018 cumplió 25 años de servicio en el cuerpo, con más de diez destinos distintos por ascensos y especialidades. En 2003 realizó el curso de investigación, que cuenta con muchas menos plazas que el de patrulla, centrado en legislación ambiental y en trabajo de policía judicial. Nada más terminar consiguió como destino Sevilla, que era su sueño.

El inicio fue de observación y aprendizaje. "Pero muy pronto descubrió que el cabo que estaba a sus órdenes, Enrique Castillo Martínez, que ocupaba su puesto cuando ella se iba de vacaciones, en realidad era el zorro cuidando de las gallinas", como expresa su abogado Fermín Vázquez. "Con ocasión del servicio propio de la especialidad –añade–, "este se dedicaba a hacer denuncias sobre el comercio ilícito de productos pesqueros para después realizar los pliegos y recursos correspondientes, así como a asistir a juicios en calidad de testigo siendo llamado por la entidad Mercasevilla, a la cual previamente él mismo había denunciado."

"Se trataba de infracciones de 60.000 euros" –prosigue el abogado– "y se presume que la intención no era otra que favorecer el resultado del juicio a favor de la entidad Mercasevilla. Además, es de destacar que estos hechos fueron reconocidos por el propio cabo infractor al teniente jefe de la sección de Seprona de Sevilla, Diego Morilla Ramos, y tal cual consta grabado".

Como relata el abogado, cuando Serrano lo puso en conocimiento de sus superiores, estos le pidieron que mirara para otro lado y ella se negó. Por hacer lo que se esperaba de ella se vio envuelta en una vorágine de expedientes de todo tipo. Pero lo peor para esta mujer –después de aguantar faltas de respeto y la insubordinación de algunos de los miembros de la unidad Seprona, que casualmente figuran en los informes realizados por conductas ilícitas en el ejercicio de sus funciones–, llegó cuando le ordenaron presentarse ante toda su cadena de mando el 6 de marzo de 2015. La citaron en el despacho del coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, Fernando Mora Meret. Allí también estaban el teniente coronel jefe de operaciones y el teniente jefe de la sección de Seprona, Diego Morrilla Ramos. Según varios testigos, los gritos se oían fuera del despacho y Serrano salió de allí llorando.

Ante su estado de ansiedad le dieron la baja psicológica y le retiraron el arma. La sargento acabó denunciando al coronel por haberla humillado y vejado en ese encuentro, pero la jurisdicción militar archivó las diligencias. El auto señala que se trata de una "reunión tensa y difícil" y que el coronel "empleó un tono de voz firme y contundente", como él mismo definió. La resolución concluye indicando que se trató más bien de "unos modos de tensa riña paternal que de una conducta que merezca investigación criminal de tipo alguno".

El defensor de la sargento no coincide en absoluto con esta versión: "La indefensión fue total, tres testigos manifestaron en sede judicial la veracidad de los hechos denunciados, pero claro, el juez del juzgado militar es también coronel, con el mismo empleo que el denunciado. La sentencia evidencia el estado patriarcal y machista de la Guardia Civil".

El entorno de la sargento describe su tormento, entre expedientes disciplinarios, cese de destino o baja en la especialidad. Ha llegado a tener 16 procedimientos abiertos. Su abogado asegura que la han echado de su casa a instancias del coronel Fernando Mora Moret, aunque finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha resuelto a favor de Serrano, declarando nulo el procedimiento, como advierte el letrado.

En la actualidad, la sargento María Serrano ha puesto el caso en conocimiento del Parlamento Europeo. De hecho, ha intervenido en unas jornadas de expertos en anticorrupción para sacar adelante una norma que ampare a las personas de la Administración que por denunciar situaciones de corrupción se ven acosadas y totalmente indefensas. Serrano cuenta con el apoyo de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) y de la organización Jusapol, dedicada a reivindicar salarios justos en la Policía y la Guardia Civil.

A la pregunta de cuántas mujeres suboficiales han pasado a la reserva prematuramente, la dirección de la Guardia Civil no responde. Desde la Asociación Independiente de la Guardia Civil (IGC) hemos podido conocer la historia de Ana González, sargento destinada a seguridad ciudadana en un puesto de la provincia de Córdoba. Su caso es digno de estudio. Esta mujer entró en la Benemérita en 2009, movida por su interés de ayudar a la gente y a los animales. Su expediente estaba impoluto hasta que llegó a esta unidad rural como sargento, con cinco hombres a su cargo. Enseguida se dio cuenta de que existía un ambiente anómalo y poco después recibió una llamada de su superior diciéndole que habían llegado quejas de sus subordinados; y le aconsejó coger la baja voluntaria. Lo hizo, pero su sorpresa llegó cuando, tras un mes fuera del servicio, la suspendieron de función y sueldo durante tres meses, la pena máxima en este tipo de casos, por razones de "seguridad".

Para los portavoces de la Asociación Independiente de la Guardia Civil, la medida es totalmente exagerada: "La intención es humillar a la sargento y privarla de su defensa, ya que en pleno procedimiento se le impidió acceder a la unidad, el único sitio donde estaban las pruebas para dicha defensa", inciden desde la organización.

Finalmente la acusaron de tres delitos: defraudación de fluido eléctrico para uso personal, persecución de sus subalternos con una baliza y pegar voces y puñetazos en las paredes, así como de ordenar buscar a sus perros cuando se pierden. El 21 de marzo salió la sentencia: libre de cargos. González, que ha pedido el traslado, ha dejado atrás su baja y se ha incorporado de nuevo al servicio. El calvario que ha vivido esta suboficial por ser mujer dentro de la Benemérita es un clásico en este cuerpo, un tema sobre el que se evita hablar, según el portavoz de la asociación, Fernando García.




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Re:Guardia Civil... ni pies ni cabeza
« Respuesta #730 en: 20 de Junio de 2019, 09:45:19 am »



Guardias Civiles denuncia a un coronel por supuesto tráfico de datos obtenidos de forma irregular


José Piñeiro González
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15 Jun 2019 - 13:12 CEST
El objetivo era sancionar a toda costa a sus compañeros y subordinados. Al parecer el supuesto oficial, en su insistencia de sancionar a toda costa, pudiera haber cometido irregularidades en la adquisición de pruebas.


Según  ha tenido conocimiento  «Tricornios en Democracia», el coronel cuyas iniciales pertenecen a JB, el cual ya anteriormente había sido denunciado por su pase de manera irregular a la reserva, y que supuestamente se ha visto  beneficiado por el sistema de puertas giratorias, siendo reubicado en un nuevo destino para que pudiera verse beneficiado en el puesto y mantener sus retribuciones de manera privilegiada y con agravio comparativo con sus compañeros, a vuelto a ser denunciado

Esta supuesta nueva denuncia parece estar relacionada con el ánimo sancionador y conducta persecutoria de dicho mando contra sus compañeros,  requiriendo de forma improcedente y con insistencia, sentencias que pudieran dar lugar a apertura de procedimientos sancionadores.


El citado Guardia Civil no se percató de que pudiera estar vulnerando la ley de protección de datos al adquirir las mismas fuera de los cauces establecidos legalmente, hechos que se consideran graves y que pudieran dar lugar a abrirle expediente disciplinario entre otras medidas civiles o penales que pudieran derivarse de los hechos acaecidos.

La obtención de pruebas aportadas a procedimientos fuera del cauce legal, es conocida como la teoría del árbol envenenado, todo lo que derive de las mismas es nulo de pleno derecho, independientemente de los perjuicios ya causados al afectado/s.


No se descarta la existencia de otras víctimas cuyos datos también figuran en las sentencias difundidas, aunque de momento no se tiene constancia de que se les haya causado más perjuicio que su difusión entre los distintos órganos sancionadores.

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Re:Guardia Civil... ni pies ni cabeza
« Respuesta #731 en: 08 de Octubre de 2019, 11:53:44 am »



Un Juzgado militar abre diligencias por una querella contra un coronel y un capitán de la Guardia Civil por los expedientes a Moreno


En la querella se describe una situación de “maltrato, hostigamiento y persecución carente de justificación” porque ambos mandos “fabricaban, impulsaban o promovían intencionadamente” expedientes contra la sargento del Seprona “a través de una persecución inquisitorial y arbitraria”


Ricardo Arranz y Germán García, coronel y capitán.
Saúl García 0 COMENTARIOS 08/10/2019 - 06:46
Es la segunda querella de la sargento Gloria Moreno, jefa del Seprona en Lanzarote, que se admite a trámite contra mandos o subordinados de la Guardia Civil. La primera fue en la jurisdicción ordinaria contra el coronel Ricardo Arranz, ya retirado, y el general Juan Sánchez Medina, por un supuesto delito de prevaricación administrativa.

En esta ocasión, la querella se interpuso en la jurisdicción militar. El Juzgado togado territorial número 52 de Las Palmas de Gran Canaria ha abierto unas diligencias previas por la querella criminal presentada contra el coronel Ricardo Arranz, el capitán Germán García y el agente Miguel Ángel Padial, por la posible comisión de un delito de abuso de atribuciones en su modalidad de acoso profesional o laboral.

El Juzgado ha decidido remitir copia de las actuaciones al Fiscal Jurídico Militar, para que emita informe sobre la competencia del Juzgado, ya que uno de los querellados es coronel y, en ese caso, los hechos podrían no corresponder a ese Juzgado y sí al Tribunal Militar Central.

En la querella, la sargento considera que los querellados distorsionaron, a sabiendas, el principio de legalidad para infligir sobre ella un “maltrato, hostigamiento y persecución carente de justificación”.

Describe que el coronel y el capitán fabricaban, impulsaban o promovían intencionadamente expedientes contra ella, “a través de una persecución inquisitorial y arbitraria, con tal de intentar encajar sus conductas en los diferentes tipos infractores, dando igual quienes fueran los verdaderos responsables”.

Señala que esa estrategia se revela en el hecho de que se le han abierto, en un plazo de dos años, ocho expedientes disciplinarios, cuando con anterioridad no había sido objeto de ninguno. Las dos sanciones que llegaron hasta los tribunales han sido anuladas. Del resto, una finalizó sin declaración de responsabilidad por falta de tipicidad y otras por caducidad, lo que considera que es un “signo evidente de la inconsistencia y falta de fundamento de los expedientes aperturados o reaperturados contra la sargento”.

“Estrategia de acoso”

En la querella se habla de hostigamiento continuado y persistente También se pone de manifiesto que los mandos distorsionaron, a sabiendas, el uso del procedimiento sancionador a través del sistema de la caducidad o archivo y su reapertura.

“La estrategia de acoso se evidencia en que para someter a la sargento Moreno había que mantenerla en permanente estado de inquietud, estrés o alerta, instaurando como una de las prácticas del acoso incoar expediente contra ella, dejarlo caducar y posteriormente reaperturarlo o iniciarlo, archivarlo y reaperturarlo”, dice la querella. “El plan era no dejar a la víctima recuperarse y mantenerla sometida a constante presión, dejándola con cada notificación en una situación de vulnerabilidad”.

En la querella también se pone de manifiesto la operación en Alegranza contra la caza furtiva de pardelas para hablar de la estrategia de hostilidad contra la sargento. En este sentido, dice el texto de la querella que resulta incomprensible que el capitán, máximo responsable del Seprona en Las Palmas e inmediato superior de la sargento, “mostrara abiertamente su contrariedad por la operación que desarrolló dicha suboficial en Alegranza en septiembre de 2015.

“Asimismo, es extraño que no tuviera reparo en expresar que no le constaba la existencia de un problema de caza ilegal de pardelas en dicho islote, a pesar de que era público y notorio”, señala, al tiempo que añade: “Tampoco es entendible que justificara la inexistencia de expediente alguno por dicha caza ilegal, por la dificultad de acceso al islote y la necesidad de medios aéreos o náuticos al ser capaz la recién llegada sargento de realizar con éxito una operación que finalizó con sentencia condenatoria, no obstante las supuestas dificultades alegadas por dicho capitán”.

En cuanto al coronel, se destaca que no es casual que aprovechara las quejas de dos civiles ajenos a la institución, la del director del Consejo Insular de la Isla de La Graciosa y la del veterinario municipal de Arrecife, “como excusa para proceder a la incoación de dos expedientes disciplinarios, uno de ellos por falta muy grave, sin siquiera oír previamente a su subordinada, y más extrañeza causa aún que enviara una carta de disculpas al veterinario autor de la queja cuando todavía no se había abierto el quinto expediente”.

A esto hay que añadir que el veterinario pusiera una denuncia penal contra la sargento poco después de que se abriera ese quinto expediente por la supuesta filtración de una denuncia. Para la querellada, este hecho no parece casual y, además, el veterinario acabó retirando esa denuncia.

“Muchas irregularidades”

“Los superiores jerárquicos de la sargento con sus actos demostraron (supuestamente) que no deseaban que continuara investigando las muchas irregularidades de la perrera municipal de Arrecife, por razones que no se alcanzan a conocer. Esto lo demuestra además la orden del capitán para que cesara en la investigación”, indica la querella. También parece intencionado que ambos, el coronel y el capitán, señala la querella, apuntaran a la responsabilidad exclusiva de la sargento Moreno en las quejas de las protectoras Sara y Huella a Huella “al menos hasta que se procedió a incoar expediente a los reales autores de los hechos”.

“Incomprensiblemente –añade la querella- los querellados apuntaron hacia ella en reclamación de una responsabilidad por la que finalmente resultó absuelta, teniendo que soportar una persecución por unos hechos por los que resultaron condenados los que desde un principio parecían ser los autores de la infracción, otros dos guardias, a los que no se abrió expediente hasta nueve meses después de que se le incoara a la sargento que no tenía responsabilidad en los hechos”.

Además del capitán y el coronel, en la querella se señala que para esta estrategia es necesaria la cooperación del agente Padial en el delito de acoso, que considera una pieza fundamental en cinco de los expedientes.

Cuando la sargento estaba de baja, el citado agente fue el responsable de atender las denuncias de las asociaciones protectoras y por cuyos hechos fue atribuida inicialmente responsabilidad por los querellados a la sargento por la inacción de ese agente, entre otros motivos.

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Re:Guardia Civil... ni pies ni cabeza
« Respuesta #732 en: 19 de Octubre de 2019, 07:50:51 am »


La sargento Gloria Moreno se sentará la próxima semana en el banquillo con una petición de cuatro años de cárcel

Está acusada de un delito de falsedad documental. Según la Fiscalía, presentó un escrito culpando a un compañero de un chivatazo  “a sabiendas de que sus manifestaciones no se correspondían con la realidad” y que eran “afirmaciones mendaces”.
lavozdelanzarote.com 18/10/19



La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas juzgará la próxima semana a la sargento del Seprona en Lanzarote, Gloria Moreno, que se enfrenta a una petición de cuatro años de cárcel por un delito de falsedad de documento oficial. Además, la Fiscalía también solicita que Moreno sea condenada a 3 años de inhabilitación para empleo o cargo público y al pago de una multa de 3.600 euros

El juicio se celebrará entre el 22 y el 25 de octubre y tendrá lugar en Las Palmas de Gran Canaria. En cuanto a los hechos, se remontan a noviembre de 2015, cuando la sargento Moreno envió un escrito al capitán jefe de la compañía de la Guardia Civil en Costa Teguise denunciando supuestas irregularidades por parte de un compañero y subordinado suyo en el Seprona, al que acusaba de haber avisado a un cazador furtivo de pardelas de una inspección que se iba a realizar en Alegranza.
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El escrito de Moreno dio lugar a una investigación interna en la Guardia Civil y también a diligencias judiciales, pero ambas terminaron siendo archivadas al concluir que no existían “indicios de la posible comisión del ilícito denunciado” por la sargento. Fue entonces cuando el afectado denunció a Gloria Moreno, dando origen a esta causa contra ella.

 
Un supuesto aviso a los cazadores furtivos

En su escrito de calificación, la Fiscalía sostiene que la sargento del Seprona realizó esas acusaciones contra un compañero “a sabiendas de que sus manifestaciones no se correspondían con la realidad” y que eran “afirmaciones mendaces”.

Por su parte, Moreno aseguraba que fue un colaborador de la Estación Biológica de Doñana quien le dio el aviso de que se había producido un chivatazo. Según la versión de la sargento, este científico le contó que uno de los cazadores furtivos –que después fue denunciado por el Seprona- le contó que había recibido un llamada de un guardia civil, avisándole de la actuación que se iba a realizar en Alegranza.

En el escrito que presentó en su día al capitán, la sargento afirmaba que le había preguntado al agente si conocía a esta persona y que le dijo que sí, que eran “amigos desde hace tiempo”, pero que “no recordaba” si le había llamado o no”, y que “en alguna ocasión le había dicho que cualquier día se iban a llevar un susto y les iban a pillar”, pero que él “no llamó para avisarle”.

Tras la investigación que se realizó de estos hechos, la Fiscalía concluye que la sargento incluyó en su denuncia afirmaciones falsas “a sabiendas”, por lo que ahora le acusa a ella de falsedad documental.


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Re:Guardia Civil... ni pies ni cabeza
« Respuesta #733 en: 23 de Octubre de 2019, 07:28:35 am »

Tres testigos, incluido el dueño de Alegranza, confirman en el juicio a Moreno que había un chivato en la Guardia Civil

La Fiscalía rebaja de cuatro años de prisión a una multa por imprudencia la petición de pena para la sargento del Seprona, que puso en conocimiento de sus superiores la información acerca del posible chivatazo a los furtivos


Fotos: Sofía Menéndez.
Diario de Lanzarote/Efe 6 COMENTARIOS 22/10/2019 - 16:14

Hasta tres testigos del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Las Palmas contra la sargento del Seprona de Lanzarote, Gloria Moreno, por una supuesta falsedad en documento oficial por advertir a sus superiores de un posible chivatazo a los cazadores furtivos de pardelas, han admitido tener conocimiento de  que había un chivato en la Guardia Civil que advertía de las posibles intervenciones.

Por un lado, el propietario de Alegranza, Enrique Jordán, y el periodista Sergio Calleja, han ratificado que es cierto el contenido de la grabación de una conversación entre ambos en la que el primero decía que, cuando tenían amistad con Fernando González Berriel, condenado junto a su hermano Juan Carlos por la caza ilegal de pardelas, y éste se encontraba en su casa de Alegranza, le llamó el agente Miguel Ángel Padial. Jordán decía: “Yo sé que Miguel Ángel Padial es un chivato de esta historia mil por mil desde que vino a Lanzarote”. 

Otro testigo que ha declarado ha sido el técnico de campo del CSIC Juan Jesús Moreno, que pasa temporadas en Alegranza, donde estudia el halcón de Eleonora, y ha reconocido que era vox populi en la Isla que era la propia Guardia Civil la que avisaba a los cazadores furtivos y que escuchó una conversación en la que se decía que el informante era “Miguelillo”, que podría hacer referencia a Miguel Ángel Padial.

Moreno sí ha negado ante el tribunal que comunicara de forma precisa a la sargento que el guardia Padial informara a Juan Carlos González Berriel de una inspección contra la caza ilegal de pardelas que el Seprona iba a desarrollar allí.

Por otra parte, según informa Efe, la Fiscalía ha planteado este lunes en la primera sesión del juicio rebajar la petición de pena. Así, ha pasado de pedir cuatro años de prisión por un presunto delito de falsedad en documento oficial en su escrito de calificación provisional a señalar que la sargento del Seprona simplemente pudo incurrir en "una falsedad por imprudencia grave".

Hasta la celebración del juicio, la fiscal Ramona Muñoz pedía la citada pena de cuatro años de cárcel contra la sargento Moreno, porque sostenía que había acusado a su subordinado de filtrar información a los furtivos "a sabiendas" de que no era así, pero en la primera jornada del juicio la Fiscalía ha planteado una calificación alternativa que podría saldarse sin penas de prisión, sino con 4.320 euros de multa y un año de suspensión.

La acusación pública argumenta que si la Audiencia de Las Palmas entiende que la jefa del Seprona en Lanzarote no cometió el delito de falsedad en su modalidad más grave, sí debe castigarla por no haber realizado ninguna comprobación sobre las sospechas que tenía respecto a su subordinado y por no haber aportado datos objetivos para el esclarecimiento de las mismas.

No obstante, en la comunicación que la sargento dirige a su superior para ponerle en conocimiento de lo que le han trasladado acerca de las supuestas filtraciones de los operativos del Seprona, Moreno reseña que preguntó al agente Padial si era cierto que había llamado a González Berriel y precisa que el guardia civil negó que le hubiera avisado.

El guardia señalado como chivato de los furtivos por Moreno, Miguel Ángel Padial, que ejerce en esta causa la acusación particular para "limpiar su nombre", según ha dicho ante el tribunal, ha asegurado que nunca ha alertado a nadie de las inspecciones realizadas por el Seprona en Alegranza y ha manifestado que hasta que se enteró que estaban siendo investigado por la Policía Judicial del cuerpo no había tenido ningún problema ni enemistad con ella.


González Berriel, condenado por la caza de pardelas.

El capitán del Seprona en la provincia Las Palmas, Germán García, ha testificado que, aunque Moreno era su subordinada en noviembre de 2015, cuando redactó el oficio acerca de las presuntas filtraciones, no le remitió el escrito, sino que lo elevó a la Comandancia, desde donde le llamaron para que prestara declaración.

García ha dicho que al poco de llegar a Lanzarote, la sargento comenzó a transmitirle una "desconfianza irracional" sobre el personal y más concretamente sobre Padial, sobre quien le hacía "comentarios vagos". Las acusaciones sobre el guardia Padial se concretaron el 18 de noviembre de 2015, cuando la sargento comunicó al capitán que quería "detener por corrupción" a su subordinado y que tenía un "testigo" que avalaba su acusación.

El capitán advirtió a Moreno de que esa era una cuestión que tenía que resolver la Policía Judicial, por lo que puso los hechos en conocimiento del coronel Ricardo Arranz, entonces jefe de la Guarcia Civil en la provincia de Las Palmas. El capitán Germán García ha manifestado que la sargento incumplió una orden al redactar el 20 de noviembre el oficio en el que menciona a Padial. "No hizo caso y no era la primera vez que no hacía caso". Arranz ha añadido que fue el 3 de diciembre de 2015 cuando ordenó a la Policía Judicial que comenzara a investigar los hechos denunciados por Moreno.

El juicio continuará este miércoles con el resto de las pruebas propuestas por las acusaciones y defensas y el interrogatorio de la sargento del Seprona, que hablará en último lugar.

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Re:Guardia Civil... ni pies ni cabeza
« Respuesta #734 en: 23 de Octubre de 2019, 07:30:10 am »
JUICIO POR LAS FILTRACIONES A LOS FURTIVOS
El fiscal retira la petición de cárcel para la sargento Gloria Moreno

La acusación pública argumenta que si la Audiencia de Las Palmas entiende que la jefa del Seprona en Lanzarote no cometió el delito de falsedad en su modalidad más grave, sí debe castigarla por no haber realizado ninguna comprobación sobre las sospechas.

Canarias - 22/10/2019 EFE


Juicio en la Audiencia Provincial contra la sargente Gloria Moreno. Fotograma RTVC Juicio en la Audiencia Provincial contra la sargente Gloria Moreno. Fotograma RTVC

La Fiscalía admite que la sargento del Seprona en Lanzarote Gloria Moreno, a quien se juzga desde este martes por haber acusado a un subordinado de avisar a unos cazadores furtivos de pardelas de una redada a ejecutar en Alegranza, pudo incurrir en "una falsedad por imprudencia grave".

El Ministerio Fiscal pedía hasta ahora cuatro años de cárcel contra la sargento Moreno, porque sostenía que había acusado a su subordinado de filtrar información a los furtivos "a sabiendas" de que no era así, pero en la primera jornada del juicio ha planteado una calificación alternativa que podría saldarse sin penas de prisión, sino con 4.320 euros de multa y un año de suspensión.

La acusación pública argumenta que si la Audiencia de Las Palmas entiende que la jefa del Seprona en Lanzarote no cometió el delito de falsedad en su modalidad más grave, sí debe castigarla por no haber realizado ninguna comprobación sobre las sospechas que tenía respecto a su subordinado y por no haber aportado datos objetivos para el esclarecimiento de las mismas.

El guardia señalado como chivato de los furtivos por Moreno, Miguel Ángel Padial, que ejerce en esta causa la acusación particular para "limpiar su nombre", según ha dicho ante el tribunal, ha asegurado que nunca ha alertado a nadie de las inspecciones realizadas por el Seprona en Alegranza y ha manifestado que hasta que se enteró que estaban siendo investigado por la Policía Judicial del cuerpo a instancias de la sargento no había tenido ningún problema ni enemistad con ella.

El técnico de campo del CSIC Juan Jesús Moreno, que pasa temporadas en Alegranza, donde estudia el halcón de Eleonora, ha negado ante el tribunal que comunicara a la sargento, tal y como ésta afirma en el oficio iniciado contra su subordinado, que el guardia Padial informara al copropierario del islote, Juan González Berriel, de una inspección contra la caza ilegal de pardelas que el Seprona iba a desarrollar allí.

El capitán del Seprona en la provincia Las Palmas, Germán García, ha testificado que, aunque Moreno era su subordinada en noviembre de 2015, cuando redactó el oficio contra Padial, no le remitió el escrito en el que acusaba al guardia, sino que lo elevó a la Comandancia, desde donde le llamaron para que prestara declaración.

García ha dicho que al poco de llegar a Lanzarote, la sargento comenzó a transmitirle una "desconfianza irracional" sobre el personal y más concretamente sobre Padial, sobre quien le hacía "comentarios vagos".

Las acusaciones sobre el guardia Padial se concretaron el 18 de noviembre de 2015, cuando la sargento comunicó al capitán que quería "detener por corrupción" a su subordinado y que tenía un "testigo" que avalaba su acusación.

El capitán advirtió a Moreno de que esa era una cuestión que tenía que resolver la Policía Judicial, por lo que puso los hechos en conocimiento del coronel Ricardo Arranz, entonces jefe de la Guarcia Civil en la provincia de Las Palmas.

El capitán Germán García ha manifestado que la sargento incumplió una orden al redactar el 20 de noviembre el oficio acusatorio contra Padial. "No hizo caso y no era la primera vez que no hacía caso".

El propio Arranz ha corroborado lo dicho por García y ha añadido que fue el 3 de diciembre de 2015 cuando ordenó a la Policía Judicial que comenzara a investigar los hechos denunciados por Moreno.

El juicio continuará este miércoles con el resto de las pruebas propuestas por las acusaciones y defensas y el interrogatorio de la acusada, que hablará en último lugar.

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Re:Guardia Civil... ni pies ni cabeza
« Respuesta #735 en: 02 de Noviembre de 2019, 07:04:28 am »


La Guardia Civil usa el Código Penal Militar contra los trabajadores que se atreven a denunciar la corrupción interna

La sargento primero del Seprona María Serrano vive desde hace seis años un rosario de desencuentros y persecuciones, entre ellas los expedientes que recibió hasta ser expulsada del pabellón en el que residía. Ahora se enfrenta a una doble acusación, con incluso la personación como acusación particular de un general.

31/10/2019


María Serrano junto a su abogado, Fermín Vázquez. Foto: EFE María Serrano junto a su abogado, Fermín Vázquez. Foto: EFE

AUGC lleva años denunciando la abusiva y arbitraria aplicación del Código Penal Militar a los guardias civiles en funciones policiales, e incluso a situaciones producidas fuera de servicio, como la que ha llevado a prisión al compañero Luis Miguel Pouso, que el pasado 14 de octubre ingresaba en el penal militar de Alcalá de Henares para cumplir una pena de siete meses y un día. Tres días después, AUGC se concentraba ante la sede del Defensor del Pueblo para mostrar su repulsa por esta utilización del Código Penal Militar.

Pero es que, además, esta ‘injusticia’ militar también es empleada como herramienta para reprimir las denuncias contra los casos de corrupción interna que se producen en el Cuerpo, recurriendo a ella para amedrentar o directamente represaliar a aquellos agentes que se atreven a señalar uno de estos casos.

Y es que denunciar la corrupción interna en la Guardia Civil puede salir muy caro. Bien lo sabe María Serrano, sargento primero del Seprona de Sevilla que desde que en 2013 denunció un caso de presunta corrupción interna que finalmente fue archivado por la prescripción de los delitos vive un calvario de denuncias cruzadas con varios de sus superiores.

Es lo que quedó de aquella denuncia, pero que para la sargento Serrano continuó a través un rosario de desencuentros y persecuciones, entre ellas los expedientes que recibió hasta ser expulsada del pabellón en el que residía.

En el recorrido judicial del caso por la vía militar, y con ello bajo la espada de Damocles del Código Penal Militar, destaca el protagonismo del entonces coronel jefe de la Comandancia de Sevilla,  recientemente ascendido a General de Brigada. Con él ha cruzado varias denuncias, y un encuentro que para Serrano tuvo carácter vejatorio, pero que para el juez militar no pasó de una “riña paternal”.

Tras haber presentado María Serrano una denuncia contra el coronel por prevaricación, ahora es ella la que se enfrenta a una causa por acusación y denuncia falsa. A esto se le añade además la imputación de un segundo delito de abuso de derecho contra la Administración militar, causa en la que el propio General se ha personado como acusación particular. Así se lo comunicaba a la sargento, con fecha de 9 de octubre, el Juzgado Togado Militar Territorial Nº12. De esta manera, el citado mando se asegura de que el procedimiento continúe adelante, con independencia del criterio del fiscal.

De la escasa fiabilidad de la ‘justicia’ militar da igualmente fe el hecho de que en la causa contra el entonces coronel por presunta prevaricación se manifestaron tres testigos que confirmaban la denuncia de la sargento Serrano. Sin embargo, la causa fue archivada.

Al final, es lo que desgraciadamente queda de aquella denuncia por corrupción que la sargento Serrano presentó: seis años de persecución, más los que restan, siempre con el fantasma de la aplicación del Código Penal Militar contra ella. Con un futuro incierto para esta trabajadora, que sin embargo está dispuesta a llegar incluso a los tribunales europeos en defensa de sus derechos.

Como siempre, en todos los casos en los que un afiliado resulta atropellado por la maquinaria represora de la Guardia Civil, AUGC estará a su lado.

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Re:Guardia Civil... ni pies ni cabeza
« Respuesta #736 en: 21 de Noviembre de 2019, 07:01:50 am »

La aplicación del Código Penal Militar a la Guardia Civil provoca una reprimenda del Consejo de Europa
Un informe del Grupo de Estados contra la Corrupción recoge la opinión de que usar los tribunales militares para un cuerpo de seguridad es “un remanente del pasado que debe ser revisado y reemplazado”

Fecha
21/11/19access_time 1:03


El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa incluye en su último informe sobre la lucha anticorrupción en España un reproche, una reprimenda a nuestro país por el tratamiento judicial que se da a los miembros de la Guardia Civil.

El estudio se elaboró tras una visita de varios días en enero de 2019 por parte de un equipo de evaluación del GRECO formado en este caso por policías, funcionarios y juristas de Croacia, Reino Unido, Eslovaquia y Noruega.

Estos expertos analizan una amplia variedad de factores que tienen incidencia en la lucha contra la corrupción: la independencia de los órganos judiciales, la legislación sobre transparencia, los controles sobre los altos cargos del gobierno y del parlamento,la normativa sobre contratos públicos...

Confidencial Digital ha consultado el informe, que en sus 62 páginas tiene varias menciones, curiosamente, a los “tribunales militares”, dentro de su análisis sobre la situación de las Fuerzas de Seguridad españolas. Así lo destacan desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles.
Sanciones especialmente severas

Este asunto se incluye a raíz de unas observaciones que el equipo de evaluación del GRECO realiza en el informe sobre España a raíz de su análisis sobre la Guardia Civil.

Según se explica, estos expertos tuvieron conocimiento de que “debido a la naturaleza militar de la Guardia Civil, sus sanciones disciplinarias son especialmente severas; también debido a que los representantes del personal (asociaciones profesionales) no desempeñan un papel tan activo como sus homólogos de la Policía (sindicatos que llevan el caso al Consejo de la Policía)”.

Al parecer, los autores del informe tuvieron contacto con representantes de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, que les trasladaron algunas quejas que los expertos del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa hacen suyas:

-- “Los representantes del personal coincidieron en que la utilización de tribunales militares para procedimientos disciplinarios y penales contra agentes de la Guardia Civil realizando funciones policiales es un remanente del pasado que debe ser revisado y remplazado”.
Más sanciones en la Guardia Civil

El informe recoge el dato de que “entre los años 2007 y 2016, se impusieron 4.794 sanciones por faltas graves y muy graves en la Guardia Civil, mientras que en la Policía, durante el período 2006-2015, hubo 1.659 sanciones”.

Por ello, “en vista de lo anterior, el GRECO recomienda revisar el régimen disciplinario de la Policía y de la Guardia Civil, con el fin de reforzar su transparencia, objetividad y proporcionalidad, entre otras cosas y, especialmente, para excluir la posibilidad de que un superior jerárquico decida unilateralmente sobre cuestiones disciplinarias”.

Pero sobre todo destaca el hecho de que “los agentes de Policía están sujetos al procedimiento penal ordinario, mientras que los guardias civiles pueden estar sujetos a la jurisdicción militar”.

Para los expertos de GRECO, “en relación con este último aspecto, y como ya se ha indicado, se expresaron reservas durante la visita en lo concerniente a la proporcionalidad del sistema actual”.
 

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Re:Guardia Civil... ni pies ni cabeza
« Respuesta #738 en: 04 de Diciembre de 2019, 07:12:16 am »

El Parlamento pide que se investiguen los expedientes a la sargento del Seprona en Lanzarote

Insta al Ministerio del Interior a que indague sobre la apertura de ocho expedientes disciplinarios a Gloria Moreno
Manuel Marrero, portavoz de Podemos en el Parlamento de Canarias.
Efe 0 COMENTARIOS 03/12/2019 - 15:05

El Parlamento de Canarias ha pedido al Gobierno canario que inste al Ejecutivo central a reforzar los medios del Seprona en el Archipiélago, y además a que el Ministerio del Interior investigue la apertura de ocho expedientes disciplinarios a la jefa de dicho cuerpo en Lanzarote.

Ambas peticiones forman parte de una proposición no de ley presentada por el grupo Sí Podemos Canarias que contó con el apoyo unánime del resto de grupos en el primer punto, y con la abstención del Nacionalista Canario y del Popular en el segundo, pues ambos entendían que no es competencia del Parlamento intervenir en un asunto que está judicializado.

Manuel Marrero, de Sí Podemos Canarias, defendió la iniciativa por su preocupación ante la carencia de medios personales y materiales del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en las islas, y recordó la labor de este cuerpo para preservar el medio ambiente y la persecución de delitos de maltrato animal.

Además Marrero justificó la petición de que Interior abra una investigación para averiguar si ha habido una actuación lícita o discrecional por parte de los superiores de la sargento del Seprona en Lanzarote Gloria Moreno, quien tuvo "el infortunio" de cumplir con su deber al denunciar una comida a base de polluelos de pardelas en Alegranza.

La sargento denunció por estos hechos a 19 personas, de las que diez fueron condenadas en juicio, y a partir de ese momento "comenzó un calvario" para Moreno con la apertura de hasta ocho expedientes disciplinarios en tres años que han caducado o han sido sobreseídos, indicó Marrero.

El parlamentario expresó sus dudas de que ha habido discrecionalidad y persecución en la actuación de los superiores de la sargento Gloria Moreno y advirtió de que en una democracia no se puede permitir que haya "sombras de duda" con actuaciones rayanas en el autoritarismo, planteamientos "posiblemente también machistas" y fallos democráticos.

Por el grupo nacionalista canario la diputada Beatriz Calzada apoyó la demanda de reforzar el Seprona en Canarias y expresó su aspiración de que al final sea la policía canaria la que asuma estas competencias, para a continuación expresar su reticencia a investigar el segundo punto porque, añadió, el caso está judicializado y se debe esperar a la resolución final.

Más medios para el Seprona

Manuel Martínez, del grupo socialista, coincidió en que podría reforzarse a la policía canaria para que se convierta "en un Seprona autonómico" y así mejorar la vigilancia y protección medioambiental.

Por el PP Luz Reverón también se mostró a favor de dotar de más medios al Seprona pero igualmente coincidió con el grupo nacionalista en que el Parlamento no debe entrar en cuestiones judiciales.

Sandra Domínguez, de Nueva Canarias, no compartió esta postura al entender que ya se han archivado la mayor parte de los expedientes abiertos a la sargento del Seprona y lo que propone la Cámara autonómica es que Interior realice una investigación interna de carácter administrativo.

Por la Agrupación Socialista Gomera el diputado Jesús Ramos consideró acertada la iniciativa de Podemos, que apoyó por considerar necesario que el Seprona tenga más medios materiales y humanos en todas las islas para proteger la biodiversidad y los espacios naturales y evitar situaciones como la de la pesca furtiva en La Gomera.

Ricardo Fernández de la Puente, del grupo mixto, señaló que pese a que el caso de la sargento Gloria Moreno está judicializado no está de más una investigación de carácter interno que respete la independencia de la Guardia Civil pero, añadió, no está de más que se analice de manera interna la actuación en la apertura de los expedientes disciplinarios.


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Re:Guardia Civil... ni pies ni cabeza
« Respuesta #739 en: 10 de Diciembre de 2019, 06:44:36 am »

La Audiencia absuelve a la sargento del Seprona de Lanzarote

La sentencia considera “lógico” que la sargento Moreno elevase, por “celo profesional”, un informe sobre supuestas filtraciones de operaciones de la Guardia Civil
Gloria Moreno (izqda.), en el juicio en la Audiencia Provincial.

M. Riveiro 6 COMENTARIOS 09/12/2019 - 14:19

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha absuelto a la sargento de la Guardia Civil de Lanzarote, Gloria Moreno, que fue acusada de falsedad y calumnias por la Fiscalía y por otro agente.

La sargento Moreno encabezó la operación, en septiembre de 2015, contra la caza furtiva de pardelas en Alegranza que ha terminado con la condena contra el empresario Fernando González Berriel, su hermano Juan Carlos y otras ocho personas por un delito contra el medio ambiente.

Después de aquella operación, la sargento del Seprona puso en conocimiento de sus superiores, en noviembre de 2015, información que le había trasladado un colaborador de la Estación biológica de Doñana que desarrollaba proyectos de investigación en Alegranza, Jesús Moreno, conocido como Gualo, acerca de la presunta existencia de filtraciones desde dentro de la Guardia Civil a los furtivos.

La sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial, dada a conocer este lunes, absuelve a la sargento del Seprona, después de que el juicio en su contra quedase visto para sentencia el pasado mes de octubre.

La fiscal Ramona Muñoz pidió para Moreno cuatro años de prisión por falsedad documental o una multa de 4.320 euros como petición alternativa. La acusación particular, ejercida por el guardia Miguel Ángel Padial, también mantuvo su petición de pena de seis años de cárcel por falsedad en documento público y calumnias.

Sin embargo, la Audiencia Provincial rechaza de plano todas las acusaciones en su contra. “La conclusión no puede ser más categórica y significativa, pues los hechos probados no tienen encaje” en el delito de falsedad documental “y, menos aún, en el delito de calumnias”, como pretendía Padial.

La sargento elevó el 20 de noviembre de 2015 un informe en el que hacía referencia a que había sido informada por el biólogo Jesús Moreno de que, en verano de 2013, al día siguiente de un desplazamiento de la patrulla del Seprona a la Isla, Juan Carlos González Berriel le había comentado que había sido avisado “por un guardia llamado ‘Miguel’ de la actuación que se iba a realizar por parte de la Guardia Civil”.

La sargento Moreno, tal y como reflejó en su informe, preguntó al guardia Miguel Ángel Padial si conocía personalmente a González Berriel, y éste le manifestó “que sí, que son amigos desde hace tiempo”.

Al preguntarle si le había avisado por teléfono del operativo frustrado en el verano de 2013 contra la caza ilegal, el agente le dijo que no se acordaba si le había llamado. Reconoció que “en alguna ocasión le había dicho que cualquier día se iban a llevar un susto y les iban a pillar, pero que él no le llamó para avisarle”.

“Celo profesional”

En la vista oral, la sargento afirmó que al elaborar el citado informe cumplió con su deber de poner en conocimiento de sus superiores la existencia de supuestas filtraciones desde dentro de la Guardia Civil a los furtivos que acudían a Alegranza, en el Parque Natural del Archipiélago Chinijo, a cazar pardelas.

La Audiencia Provincial recalca en su sentencia que, “tras el análisis” de las pruebas, “no resulta en modo alguno acreditada” la falsedad del informe del que era acusada la sargento por la Fiscalía y por el agente Padial.

Tras la presentación del informe se abrieron unas diligencias contra el agente Padial que han sido archivadas, si bien la Audiencia resalta que “no se debe olvidar que el sobreseimiento” es “provisional y no libre”. Por ello, hay “un resquicio, aunque sea minúsculo”, para una “futura e hipotética reapertura”.

“Es lógico pensar que, tras recibir una información algo imprecisa y confusa, la sargento, llevada por su celo profesional y por las primeras pesquisas por ella misma ejecutadas, llegó a una primera conclusión que consideró no descartable” acerca de la existencia de filtraciones a los furtivos, subraya la sentencia.

La Audiencia añade que, “por tal motivo, elaboró ese informe señalando a un compañero y subordinado como sospechoso de un mal proceder profesional, que podría incluso ser delictivo”.

Según la Audiencia, la sargento “se limitó a realizar ese informe-denuncia, con las consideraciones que estimó oportunas, y a dar traslado del mismo por la vía interna que entendió pertinente, para que luego fuese la unidad de Policía Judicial la que actuase”.

Así, la Audiencia añade que “es defendible” que la sargento, “a la vista de la información recibida” de conversaciones con el colaborador de la Estación biológica de Doñana, “hiciese una serie de deducciones y que éstas le llevasen finalmente a elaborar el informe en cuestión y ponerlo en conocimiento de la Policía Judicial”.

La versión de la sargento, “factible”

La Audiencia, que critica que el testigo “no ha sido muy preciso”, recuerda que “por su formación y trabajo es conocedora” de Alegranza y de la fauna protegida de la Isla, así como “de las personas que por distintas razones” la frecuentan y de sus “motivos” para hacerlo.

“Es también incuestionable que ha mantenido diferentes contactos con la sargento acusada, que conoce a los integrantes del grupo del Seprona” y de “quienes suelen frecuentar la Isla”, escenario de “actividades prohibidas, como lo son la pesca y caza furtiva de distintas especies animales, muchas de ellas protegidas”, añade la sentencia.

En ese contexto, detalla la Audiencia, “es factible entender la conversación mantenida entre Gualo” y la sargento del Seprona, así como que el biólogo “le facilitase alguna información destacable sobre ciertas actividades prohibidas” que se llevaban a cabo en Alegranza y su “preocupación de cómo podrían afectar a ese especial y protegido ecosistema”.

Muestra de ello, concluye la Audiencia, “es la referencia que hace a la existencia de cazadores furtivos y de la probable consecuencia de que éstos fuesen avisados y alertados antes de una actuación programada por la Guardia Civil”. A este respecto, el biólogo dice que esa situación “era conocida por los habituales de la zona, utilizando a tal fin la significativa expresión vox populi”.

El testigo también reconoció haberle dicho a la sargento del Seprona que “un tal Miguelillo avisaba a un tal Carlitos” y “no debe olvidarse”, incide la Audiencia Provincial, que a González Berriel “se le conoce por Carlos y que dentro de ese destacamento de la Guardia Civil está el veterano componente del Seprona” Miguel Ángel Padial.

Informe “justificado”

La Audiencia también ha tenido en cuenta la conversación grabada al propietario de Alegranza, Enrique Jordán, en la que reconocía que un agente del Seprona se chivaba a los furtivos de las intervenciones de la Guardia Civil.

[Noticia relacionada: El propietario de Alegranza reconoce que un agente del Seprona se ‘chivaba’ a los furtivos]

Todo ello, concluye la Audiencia, pone de relieve que resultase “justificado” que la sargento, “tras recibir esa imprecisa y escueta información, hiciese las correspondientes pesquisas y primeras deducciones para finalmente elaborar con sus apreciaciones profesionales el informe”. “No existe base probatoria”, subraya la Audiencia, de que haya una “discrepancia” entre “la realidad y lo descrito” en el citado informe.

Además, la Audiencia Provincial apunta que dos días antes de que la sargento emitiese el informe sobre lo que le habían trasladado acerca de los supuestos chivatazos, se reunió con el entonces teniente del Seprona, hoy capitán, Germán García. En aquella reunión, la sargentó le expuso “la información que había recibido, las pesquisas realizadas y deducciones efectuadas”.

Sobre la emisión del informe, la sentencia destaca que “el quehacer de la sargento en todo caso puede encontrar acomodo” en el régimen disciplinario de la Guardia Civil, que estipula que cualquier miembro del Instituto Armado que observe hechos que pudieran constituir faltas imputables a compañeros deberá formular un parte detallando los hechos.

La Audiencia también subraya que la actuación de la sargento tiene cabida dentro de la directiva europea que protege a los denunciantes y añade que no se puede considerar que su informe fuese “malintencionado”, “frívolo” o “abusivo”, ni tampoco regida “por la mala fe”.