Las UCES y la mentira de la seguridad en Madrid

[Heracles_Pontor]

La P.J. en Madrid ha muerto.  Que nadie se queje cuando nos llamen alguacilillos y vengan los del CNP y digan quitense ustedes. Ya hasta muchos  Delitos Contra la Seguridad Vial lo llevan ellos.

Acompañar al Juez era un modo de vender a los Jueces nuestro trabajo y dar publicidad a lo que el Cuerpo hacia o podía hacer. Ahora todos a quitar lechugas y a investigar delitos de odio.

Delitos de odio tampoco . . . son competencia del CNP, aquí se dan charlas y se visitan asociaciones . . . pero de investigar e instruir nada de nada, sencillamente, porque no se tienen las competencias para ello, otra cosa distinta es que desde la Corporación se quiera vender humo, pero tan humo son los delitos de odio como el malogrado acuerdo de Policía Judicial que al final va  quedar en un simple cuerpo de notificadores judiciales . . .

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[47ronin]

Si,  ningún Jefe la apoyó ni lo supo vender. La UICJ sobrevive por la labor que realizan los compañeros, pagandose la formación de sus bolsillos y poniendo mucho empeño en hacer bien las cosas. Pero también me da a mi que CNP se quiere quedar con todo y echarnos a un lado en Madrid, dejandonos como algo residual. Las estadisticas han bajado mucho desde que no hay tanto detenido por extranjeria por poner uno de los posibles motivos.

https://ppmadrid.es/a-debate-las-enmiendas-en-la-ley-de-coordinacion-de-policias-locales-en-la-region/

Por su parte los asistentes indicaron que sería conveniente revisar la finalización del convenio sobre las BESCAM, puesto que está próximo el cumplimiento del mismo entre los ayuntamientos y la Comunidad de Madrid, al tiempo que proponen la posibilidad de incluir en el estudio de la Ley, la movilidad entre los cuerpos de Policía Nacional y Policía Local, así como potenciar el número de Policías Nacionales y de Guardias Civiles, y no tanto de la plantilla de Policía Local

[Heracles_Pontor]

Madrid terminará siendo el refugio donde terminen los policías de las BESCAM que no puedan soportar el gasto de los respectivos ayuntamientos de la CM . . . se facilitará la movilidad horizontal y fin, sobre todo si se termina aprobando la jubilación anticipada . . .

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[Terry]

Esta claro una 2/86 obsoleta y un modelo policial idem. Es que quiero hacer lo mio, te hartas a escuchar que soy PL y luego de hacer lo tuyo ni de casualidad. Eso sí critico siempre a los de las especializaciones por intentar dar simples pasitos cortos, no sea que mañana tenga que hacerlo yo.

Los proyectos en Pl siempre naceran muertos por envidias y falta de apoyos, pero olé por quienes intentan hacer y luchar por hacer cosas dentro de estas organizaciones ya de por si mas que desmotivadas.

Cuando ves a alguien joven desde el primer dia en puestos no operativos, al principio me generaba rechazo, ahora despues de tantas leches recibidas les tengo admiración por haberlo tenido tan claro desde el principio, evitar el minimo problema, ganar lo mismo e incluso estar mejor mirado.

Gran circo.

[Heracles_Pontor]

Siempre ha habido soldados de guardias y refuerzos . . . y los de la Plana Mayor . . . los modelos implantados como cultura organizacional perduran en el tiempo y la PMM, muy especialmente, da para una tesis doctoral . . . pero a nadie le importa. . . el día que te das cuenta que esto es la Feria de Valverde, donde quien más pone más pierde, ese día pierdes la vergüenza torera y pasas a una postura de mínimos . . . tan triste como cierto . . .

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[edua]

La P.J. en Madrid ha muerto.
  Que nadie se queje cuando nos llamen alguacilillos y vengan los del CNP y digan quitense ustedes. Ya hasta muchos  Delitos Contra la Seguridad Vial lo llevan ellos.

Acompañar al Juez era un modo de vender a los Jueces nuestro trabajo y dar publicidad a lo que el Cuerpo hacia o podía hacer. Ahora todos a quitar lechugas y a investigar delitos de odio.

Nació muerta.

Se agradecer no tener que ira a vigilar cumplimientos de penas de arrestos en domicilios que acaban muchas veces con insultos desde el interior del mismo por muchos familiares que saben que el domicilio es inviolable y más por simples insultos a guardias. Me imagino que también se acabaran los penados no?

[PELAYO]

Llevamos en esa postura de mínimos mucho tiempo, la desidia se instaló en el Cuerpo hace tiempo. Pero luego no nos quejemos por las consecuencias.

Da gusto cuando encuentras gente en el cuerpo que todavía intenta hacer su trabajo bien y no realizarlo de cualquier manera para cubrir el expediente.

[47ronin]

La Policía Municipal no recuperará a los antidisturbios pese a un fallo judicial

Los sindicatos se quejan de la falta de personal en la unidad de apoyo a la seguridad y en los distritos

F. Javier Barroso
Madrid 30 OCT 2017 - 00:09 CET   

La Policía Municipal no recuperará a las Unidades Centrales de Seguridad (UCS, los antidisturbios) pese a que una reciente sentencia judicial declaraba la ilegalidad de su disolución. Los sindicatos han criticado la actitud del concejal de Seguridad, Javier Barbero, mientras el Ayuntamiento mantiene que estas unidades estaban desarrollando competencias que no tenían asignadas por ley.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) demandó al Ayuntamiento de Madrid por la disolución de las UCS (había dos) de manera unilateral el 6 de abril de 2016. El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 9 de Madrid dio la razón a este sindicato.En opinión del magistrado, el Consistorio modificó la relación de puestos de trabajo (RPT) sin contar con “el procedimiento sobre la negociación colectiva, sin citar al sindicato actor [CSIF] y a todas las organizaciones sindicales que proceda”. El juez también obliga a pagar los 340 euros brutos que cobraban los agentes al mes por pertenecer a estas unidades.

El concejal de Seguridad anunció la semana pasada que el Ayuntamiento acatará la sentencia, pero que no reorganizará las unidades centrales. De hecho, su disolución ha sido uno de los objetivos prioritarios del edil desde que accedió al puesto. Siempre mantuvo que estos agentes realizaban funciones que estaban fuera de su cometido. Puso como ejemplo los desahucios, pese a que estos actúan por orden judicial.

Por su parte, el CSIF insiste en que la sentencia obliga al Ayuntamiento a volver al momento anterior a la disolución de esta unidad de antidisturbios, una vez que los servicios jurídicos del Ayuntamiento han decidido no recurrir este fallo.

La disolución de la UCS-1 se realizó en cuestión de semanas y con la única opción a sus 150 integrantes de que se pasaran a los distritos. Se mantuvo la UCS-2, reforzada con algunos agentes de la unidad 1, pero con un número de funcionarios insuficiente para atender todas las demandas de refuerzo de seguridad que requiere una ciudad como Madrid, como han denunciado los sindicatos del cuerpo.

Los agentes que se quedaron sin sus puestos se sintieron agraviados y gran parte de ellos ni optaron a los exámenes para la unidad de apoyo a la seguridad (UAS), que ha sustituido a las UCS, pero con menos competencias. Y en breve, con peores medios. Las furgonetas que han utilizado hasta ahora serán sustituidas en unos meses por vehículos que carecen de protecciones para las lunas, como ocurre con las actuales, según ha criticado la Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU).

Las calificaciones de los exámenes de acceso, criticados por su marcado carácter político, todavía no se han publicado, pese a que se celebraron en junio. “Desde APMU consideramos que la UAS y algunas unidades de distrito se encuentran a su limite de capacidad operativa y de dar un servicio adecuado a los ciudadanos por la falta de personal”, afirma Carlos Bahón, el portavoz de este sindicato.

El Ayuntamiento responde diciendo que el modelo policial actual se basa “en lo preventivo, en la proximidad a la ciudadanía, en la mediación, antes que en lo reactivo”. En caso de conflicto, está la UAS, cuya misión fundamental es “reaccionar inmediatamente ante sucesos que requieran una respuesta rápida y contundente, como derrumbamientos, rescates o aseguramiento del espacio público”.

[edua]

Tal vez a falta de dos meses, no sea que no lo sepa y establezcan que no es un acto programado, los sindicatos debería recordar al sumo Director de Servicios, que este año el fin de año es Domingo, lo que supone una necesidad de personal bastante numeroso y mas teniendo en cuenta filtros que por seguridad se realizan debido a la alerta terrorista. No olviden que las UAS no tienen servicio a partir de las 23:0 y que los distritos en turno de noche están bajo minimos habra que atender más cosas.

[47ronin]

.

[47ronin]

 

Isabel de 51 años se enfrenta a 2 años y medio cárcel por detener desahucio


07/11/2017
Isabel, vecina de Tetuán de 51 años y madre de dos hijas, se enfrenta a dos años y medio de cárcel por detener un desahucio en 2014.

Ha sido acusada de lesionar a tres antidisturbios de la policía municipal con sus propias manos, mientras estaba en el suelo.

Será juzgada por dos delitos de lesiones y resistencia, además de dos faltas de resistencia.  Se solicitan para ella dos años y medio de prisión, 4.000 euros de indemnización y una multa, además de las costas.

El próximo 14 de noviembre a las 11:30 se celebrará el juicio en los juzgados de lo penal C/ Julián Camarillo, 11. Las vecinas y el grupo antidesahucios de la asamblea de Tetuán 15-M invitan a la ciudadanía a una concentración de apoyo en la puerta.

El hashtag #IsaLibre fue trending topic en Twitter durante todo el día de ayer, como muestra de la solidaridad despertada por el caso en todo el país. 

 
 
El 20 de noviembre de 2014, un grupo de vecinas de Tetuán se concentraba frente a una vivienda para evitar el desahucio de Umberto, víctima del mayor estafador de España – el usurero Antonio Arroyo Arroyo – que le había arrebatado su casa (completamente pagada) por un préstamo de 4.000 euros[1].

Como tantas veces, nuestra compañera Isabel acudió para intentar negociar con la comisión judicial en lo que parecía un desahucio tranquilo, puesto que se trataba del primer intento y se había interpuesto una solicitud de aplazamiento en el juzgado.

De repente, aparecieron varias furgonetas de antidisturbios municipales, que comenzaron a empujar a las pocas vecinas que allí se encontraban para “limpiar” la calle. Isabel cayó al suelo y fue agarrada por las axilas y conducida en volandas a un callejón cercano por ocho policías. Allí, lejos del resto del grupo, la redujeron contra el suelo, le arrancaron el bolso y esparcieron su contenido.

Supuestamente, en aquel momento, Isabel fue capaz de herir a tres policías antidisturbios mientras se encontraba en el suelo reducida y rodeada de agentes. La acusación es tan ridícula, tanto por la complexión física de esta mujer de 51 años como por su carácter pacífico, que sólo puede explicarse cómo un intento deliberado de criminalizar la lucha vecinal.

En un primer momento Isabel fue acusada de desórdenes públicos y lesiones, siendo citada para un juicio de faltas en febrero de 2015[2]. Pero nada más abrirse la sesión, la fiscal decidió elevar la acusación a dos delitos, uno de resistencia y otro de lesiones, además de dos faltas de lesiones. En consecuencia, Isabel se enfrenta a una petición de dos años y medio de cárcel, suficiente para entrar a prisión a pesar de tratarse de su primera condena. Por si fuera poco, la piden una indemnización de 4.000 €, además de una multa y las costas.

Como dice nuestra vecina, “las personas que paramos desahucios vamos con el corazón, con las entrañas y con nuestros cuerpos, porque no tenemos armas, no tenemos otra cosa”[3]. La no violencia es una constante de nuestro movimiento y nadie puede creerse que Isabel haya sido capaz de lesionar a tres policías antidisturbios con sus delgados brazos. La fuerza de Isabel está en otra parte: en la lucha constante y pacífica de cientos de personas que se organizan en cada barrio para defender a sus vecinos ante la especulación inmobiliaria, los bancos y los estafadores como Antonio Arroyo. Su represión, sus montajes y sus mentiras, nunca conseguirán apagar nuestra solidaridad.

Invitamos a todas las personas solidarias a acompañar a Isabel durante su juicio el próximo 14 de noviembre, a las 11:30 en los juzgados de Julián Camarillo 11, <M> Ciudad Lineal o García Noblejas.

Porque contra la represión somos un solo cuerpo, porque Isa no se toca.

#IsaLibre

Grupo antidesahucios de la asamblea de Tetuán 15-M

[47ronin]

Hasta ahí una versión..



...ahora lo que corre por los grupos de washap.


El 14 de noviembre, en Julián Camarillo a las 11:30h, juzgarán a una activista antideshaucios que tratando de impedir el cumplimiento de una orden judicial, lesionó a varias policías municipales que solo  intentaban cumplir con su deber. En el 2015 se la juzgó por primera vez por este caso y entonces un numeroso grupo de activistas la acompañó llenando la sala donde la juzgaban. En el interior amenazaron, vejaron e insultaron gravemente a las tres componentes que prestaban declaración. Tan grave fue la situación que las policías se vieron obligadas a salir apresuradamente, a instancias de la Fiscal, por la puerta interior para evitar ser agredidas.

Parece que la situación puede repetirse; pues determinados grupos radicales están caldeando las redes y se convoca para el día del juicio a la gente con el fin de presionar la acción de la justicia. Quién sabe si también para volver a amenazar y coaccionar a las agentes.

Ya sabemos cómo se las gastan los modernos "pacifistas" y cuál es su grado de tolerancia y respeto a las normas y el ordenamiento jurídico.
Esperemos que en esta ocasión se vele por la integridad moral y física de unas agentes que han soportado no sólo las lesiones sino también mentiras y acusaciones malintencionadas con el fin de quebrar su profesionalidad.

Toda la solidaridad y fuerza para ellas. ¡No estáis solas! Si te indigna que los policías siempre sean los damnificados por el mero hecho de intentar hacer bien el trabajo que la sociedad les ha encomendado, comparte este mensaje.

Basta de radicalismos, basta de mentiras, basta de calumnias. Tenemos un sistema jurídico garantista, en el que todo el mundo se puede defender ante un juez. No se puede permitir que haya quien quiera revertir sus decisiones saltándose todas las normas. El fin no justifica los medios.

[47ronin]

Condena de 6 meses para la activista antidesahucios apoyada por Podemos que agredió a tres policías

Además debe pagar 900 euros de multa, así como 4.000 euros de indemnización para los agentes agredidos
S. L.
Madrid
15/11/2017 01:06h
Actualizado:
15/11/2017 01:06h


María Isabel Tejero Novelle, activista antidesahucios del distrito de Tetuán, ha sido condenada a 6 meses de cárcel por agredir a tres policías municipales de Madrid durante un desalojo en la calle de la Guzmania, en noviembre de 2014. Durante el juicio, celebrado este martes, en los Juzgados de lo Penal de Madrid, el juez ha adelantado el fallo, en el que aparte de la pena de prisión le reclamará por un delito de lesiones 900 euros de multa, así como 500 euros de indemnización para una agente, 500 para otra y 3.000 para la última agredida. Se deberá hacer cargo también de las costas.

El abogado de Isabel, Endika Zulueta (que también defendió a Alfon y a Mohamed el Egipcio, uno de los implicados en el 11-M) ha señalado a EP que recurrirá el fallo ante la Audiencia Provincial de Madrid una vez se notifique la sentencia a las partes. Zulueta ha defendido que no ha cometido ningún tipo de atentado contra la policía, ya que «le apartaron del lugar a volandas y al hacerlo pudieron verse afectadas». «Ella ha estado en otros desalojos, donde media entre la Comisión Judicial y los afectados y nunca ha pasado nada», ha explicado.
Apoyo de Podemos

El caso está siendo algo mediático en las redes sociales, en las que durante la última semana el hashtag #IsaLibre está siendo utilizado por diferentes usuarios y cuentas vinculadas a la extrema izquierda. También en personalidades políticas la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero: «Dos años y medio por defender el derecho a la vivienda. Parar desahucios es un ejemplo de fraternidad vecinal. Todo mi apoyo, #IsaLibre».

    Dos años y medio por defender el derecho a la vivienda. Parar desahucios es un ejemplo de fraternidad vecinal. Todo mi apoyo, #IsaLibre. pic.twitter.com/GZ1P3i76LU
    — Irene Montero (@Irene_Montero_) 6 de noviembre de 2017

Entre los representantes políticos también figura la polémica edil del Ayuntamiento de la capital Montserrat Galcerán, que defiende la okupación de inmuebles al tiempo que tiene nueve propiedades, según su declaración de bienes.
«Desprecio a la autoridad»

En su escrito de acusación, el fiscal relata que sobre las 10.20 horas del 20 de noviembre de 2014, Isabel se encontraba junto con otras dos mujeres en la calle de la Guzmania intentando impedir un desalojo. Allí estaban también varios agentes de la Policía Municipal al tener encomendado el auxilio de la Comisión Judicial que iba a llevar a cabo el desahucio.

Una vez allí, el Ministerio Público explica que la acusada y las otras dos mujeres impidieron el paso de los agentes, que les reclamaron que abandonaran la finca. Las dos mujeres accedieron a la petición de los agentes, pero la acusada, según el fiscal, «con manifiesto desprecio hacia el principio de autoridad», permaneció en el portal con la intención de parar el lanzamiento.

Ante su negativa, los agentes le reiteraronque abandonase el portal del domicilio. Isabel se negó tanto a irse del lugar como a identificarse, para «comenzar a dar voces para llamar la atención de las personas que se encontraban concentras en la calle». Entonces, dos agentesla intentaron coger para sacarla del portal y conducirla fuera del perímetro policial, a lo que Isabel, «con ánimo de menoscabar la integridad física de las agentes», comenzó a forcejear con ellas «lanzándole patadas y cogiéndolas de las manos» desde el suelo. Estos hechos se repitieron con una tercera agente, de acuerdo con el relato del fiscal.

Finalmente, un conocido de Isabel consiguió calmarla y que se identificara a los agentes. Explica el Ministerio Público, a su vez, que le ofrecieron asistencia médica, a lo que la acusada presuntamente les espetó: «¿Ahora me ofreces un médico? No lo quiero, pedazo de mierda. Fascistas, ladrones. Os vais a enterar, os voy a dejar sin trabajo, soy minusválida».

Estas agresiones produjeron un esguince en el tercer dedo de la mano izquierda a una agente. Otra de ellas sufrió una contusión en la pierna derecha y la última policía un esguince en una articulación del metacarpo-falángico del primer dedo de la mano izquierda y artritis en un dedo de la mano derecha.

[Carljohnson]

Menos mal que les quedan menos de 2 años en el Ajuntamiento

[47ronin]

el ayuntamiento de madrid negocia con los sindicatos
El capricho del jefe policial de Carmena sale caro: 6.500 € por antidisturbio eliminado

La sentencia que anuló la resolución municipal que eliminó estas unidades abre la puerta a que cada uno de los 135 agentes afectados reclame el complemento de destino que perdieron



David Fernández
Roberto R. Ballesteros

20.11.2017 – 05:00 H.

La decisión del Ayuntamiento de Madrid de eliminar las unidades centrales de seguridad (UCS) de la Policía Municipal, los antidisturbios, puede resultar bastante cara para las arcas públicas. La reciente sentencia judicial que anuló esa decisión del consistorio conlleva que los agentes trasladados puedan reclamar el complemento de destino que perdieron al ser enviados a otras unidades. Ese complemento es de 360 euros brutos mensuales, por lo que algunos sindicatos cifran en unos 6.500 euros la indemnización que podrán pedir cada uno de los 135 policías afectados.

La decisión de suprimir estas unidades (había dos) fue tomada en febrero de 2016 por el nuevo equipo de gobierno de Manuela Carmena. El Área de Seguridad que encabezan el concejal Javier Barbero y el máximo jefe policial, Andrés Serrano, llevaba ya tiempo diseñando una reestructuración del cuerpo donde no tenían cabida este tipo de unidades policiales tan especializadas. La naturaleza de Ahora Madrid, nacida a raíz de los movimientos del 15-M, provocó que sus representantes no miraran con buenos ojos a aquellos funcionarios que meses atrás se habían encargado de controlar sus protestas callejeras. Lo que conllevó que el actual equipo municipal pusiera en entredicho a las UCS desde el momento en que tomó posesión.

Los cambios se hicieron en dos fases. Primero, cuando los dos grupos se fusionaron en uno solo. En ese momento, todos los policías que estaban en esas unidades en comisión de servicio volvieron a sus antiguos destinos. Los demás pasaron a ocupar una plaza en el nuevo grupo unificado, aunque algunos fueron recolocados a su vez en comisión de servicio en otras unidades. La segunda fase conllevó la transformación de la UCS, que quedaba en una nueva unidad de apoyo que pasó a reforzar las unidades de distrito. Los antidisturbios perdieron incluso su clásico uniforme negro y empezaron a vestir como los demás departamentos del cuerpo.

La fecha clave fue el 6 de abril de 2016, cuando el ayuntamiento aprobó una resolución que modificó la relación de puestos de trabajo (RPT), que amparó los cambios en las UCS y que no fue negociada con los sindicatos. Esa resolución fue recurrida por el sindicato CSIF. Año y medio después, en una sentencia fechada el 12 de septiembre de 2017, el juzgado de lo contencioso-administrativo número 9 de Madrid daba la razón al sindicato y anulaba la resolución municipal, argumentando que el ayuntamiento debía haber seguido "el procedimiento sobre negociación colectiva" antes de eliminar los antidisturbios. Esa no negociación, según el juez, violó los artículos 37 y 38 de la Constitución.

El fallo deja, además, abierta la puerta a que los agentes trasladados pidan el complemento salarial que tenían por pertenecer a esa unidad (unos 360 euros brutos mensuales). CSIF va a pedir la ejecución de la sentencia y quiere asesorar a todos los policías afectados para que puedan llevar a cabo sus reclamaciones individuales. Los policías pueden reclamar los complementos perdidos entre la fecha de su cambio de unidad y la fecha de la sentencia, lo que se traduce en una media de 6.500 euros por cabeza.

Un portavoz del Área de Seguridad recuerda que el Consistorio decidió no recurrir la sentencia. "En estos momentos, estamos sentados a la mesa con los sindicatos, precisamente para cumplir con la sentencia. En resumen, lo que esta dice es que cualquier cambio en la RPT y en las condiciones laborales tiene que ser negociado y comunicado a los sindicatos. Antes de tomar la decisión, nos sentamos con los sindicatos a negociar, aunque el juez no lo ha interpretado así, lo que nos lleva a volver a sentarnos y negociar. No podemos avanzar el resultado de las conversaciones hasta que se levante la mesa de negociación con los sindicatos. Una vez termine la negociación, sabremos el tema del complemento".

Carmena reinventa los antidisturbios: ya no van a desahucios ni manifestaciones
Roberto R. Ballesteros
Los agentes que componen las Unidades Centrales de Seguridad se dedican ahora a realizar controles rutinarios y evitar riesgos en grandes concentraciones de personas

Lo que está claro es que el ayuntamiento no va a recuperar las UCS. Para el equipo municipal, la sentencia no conlleva la restauración de estas unidades sino que los cambios organizativos se consensúen con los sindicatos. En lugar de la UCS, se ha creado la Unidad de Apoyo y Seguridad (UAS), que puede realizar labores de contención de masas pero sin ser propiamente antidisturbios. Se trata, más bien, de un refuerzo para los distritos en eventos especiales y multitudinarios. El consistorio siempre ha defendido que la Policía Municipal no tiene competencias de orden público. El concejal Javier Barbero mantiene que Ahora Madrid tiene "un modelo de policía distinto" basado "en la prevención y en la mediación antes que en lo reactivo".

El ayuntamiento asegura: "No podemos avanzar el resultado de las conversaciones hasta que se levante la mesa de negociación con los sindicatos"

Una de las últimas propuestas del ayuntamiento es "ofertar los destinos que actualmente ocupan en comisión de servicios los agentes que componían las UCS, respetando a aquellos que habiendo participado en convocatorias de plazas vacantes hayan ya obtenido destino". Víctor Martínez, portavoz de CSIF, asegura: "Nosotros no somos parte de esa mesa [en la que sí están otros sindicatos]. Van a negociar sin tener en cuenta la opinión de los perjudicados y nosotros no pasamos por eso". CSIF recalca que fueron ellos los que denunciaron. Por su parte, el sindicato AMPU señala que "ningún sindicato ha firmado la propuesta de la dirección, estando todos de acuerdo en que para poder llegar a un acuerdo se debería compensar económicamente a los afectados. La dirección insiste en que si no hay ninguna sentencia que lo diga expresamente, no abonará ninguna cantidad de dinero".

El sindicato Colectivo Emergencias Madrid (CEM), que cuenta con afiliados en la Policía Municipal, espera que los compañeros afectados puedan percibir el complemento que les quitaron. "Alguien tendrá que asumir responsabilidades. El ayuntamiento no toma esta decisión sin el acuerdo tácito y bajo cuerda de algunos sindicatos, por mucho que la sentencia diga que no hubo negociación", señala un portavoz de CEM.

[Ethan]

Si,  ningún Jefe la apoyó ni lo supo vender. La UICJ sobrevive por la labor que realizan los compañeros, pagandose la formación de sus bolsillos y poniendo mucho empeño en hacer bien las cosas. Pero también me da a mi que CNP se quiere quedar con todo y echarnos a un lado en Madrid, dejandonos como algo residual. Las estadisticas han bajado mucho desde que no hay tanto detenido por extranjeria por poner uno de los posibles motivos.

http://www.elmundo.es/madrid/2017/11/13/5a09d99122601d02098b45a2.html


El juez decano de Madrid, Antonio Viejo Llorente, ha recordado que esta Unidad especial estaba integrada en el pasado por agentes de la Policía Municipal, de acuerdo a un convenio firmado en 2009 con el Ayuntamiento de la capital. "Esto es lo que se ha enmendado", ha explicado en alusión a que es ahora la Policía Nacional quien asume las competencias para auxiliar a los jueces.


 

[edua]

el ayuntamiento de madrid negocia con los sindicatos
El capricho del jefe policial de Carmena sale caro: 6.500 € por antidisturbio eliminado

La sentencia que anuló la resolución municipal que eliminó estas unidades abre la puerta a que cada uno de los 135 agentes afectados reclame el complemento de destino que perdieron



David Fernández
Roberto R. Ballesteros

20.11.2017 – 05:00 H.

La decisión del Ayuntamiento de Madrid de eliminar las unidades centrales de seguridad (UCS) de la Policía Municipal, los antidisturbios, puede resultar bastante cara para las arcas públicas. La reciente sentencia judicial que anuló esa decisión del consistorio conlleva que los agentes trasladados puedan reclamar el complemento de destino que perdieron al ser enviados a otras unidades. Ese complemento es de 360 euros brutos mensuales, por lo que algunos sindicatos cifran en unos 6.500 euros la indemnización que podrán pedir cada uno de los 135 policías afectados.

La decisión de suprimir estas unidades (había dos) fue tomada en febrero de 2016 por el nuevo equipo de gobierno de Manuela Carmena. El Área de Seguridad que encabezan el concejal Javier Barbero y el máximo jefe policial, Andrés Serrano, llevaba ya tiempo diseñando una reestructuración del cuerpo donde no tenían cabida este tipo de unidades policiales tan especializadas. La naturaleza de Ahora Madrid, nacida a raíz de los movimientos del 15-M, provocó que sus representantes no miraran con buenos ojos a aquellos funcionarios que meses atrás se habían encargado de controlar sus protestas callejeras. Lo que conllevó que el actual equipo municipal pusiera en entredicho a las UCS desde el momento en que tomó posesión.

Los cambios se hicieron en dos fases. Primero, cuando los dos grupos se fusionaron en uno solo. En ese momento, todos los policías que estaban en esas unidades en comisión de servicio volvieron a sus antiguos destinos. Los demás pasaron a ocupar una plaza en el nuevo grupo unificado, aunque algunos fueron recolocados a su vez en comisión de servicio en otras unidades. La segunda fase conllevó la transformación de la UCS, que quedaba en una nueva unidad de apoyo que pasó a reforzar las unidades de distrito. Los antidisturbios perdieron incluso su clásico uniforme negro y empezaron a vestir como los demás departamentos del cuerpo.

La fecha clave fue el 6 de abril de 2016, cuando el ayuntamiento aprobó una resolución que modificó la relación de puestos de trabajo (RPT), que amparó los cambios en las UCS y que no fue negociada con los sindicatos. Esa resolución fue recurrida por el sindicato CSIF. Año y medio después, en una sentencia fechada el 12 de septiembre de 2017, el juzgado de lo contencioso-administrativo número 9 de Madrid daba la razón al sindicato y anulaba la resolución municipal, argumentando que el ayuntamiento debía haber seguido "el procedimiento sobre negociación colectiva" antes de eliminar los antidisturbios. Esa no negociación, según el juez, violó los artículos 37 y 38 de la Constitución.

El fallo deja, además, abierta la puerta a que los agentes trasladados pidan el complemento salarial que tenían por pertenecer a esa unidad (unos 360 euros brutos mensuales). CSIF va a pedir la ejecución de la sentencia y quiere asesorar a todos los policías afectados para que puedan llevar a cabo sus reclamaciones individuales. Los policías pueden reclamar los complementos perdidos entre la fecha de su cambio de unidad y la fecha de la sentencia, lo que se traduce en una media de 6.500 euros por cabeza.

Un portavoz del Área de Seguridad recuerda que el Consistorio decidió no recurrir la sentencia. "En estos momentos, estamos sentados a la mesa con los sindicatos, precisamente para cumplir con la sentencia. En resumen, lo que esta dice es que cualquier cambio en la RPT y en las condiciones laborales tiene que ser negociado y comunicado a los sindicatos. Antes de tomar la decisión, nos sentamos con los sindicatos a negociar, aunque el juez no lo ha interpretado así, lo que nos lleva a volver a sentarnos y negociar. No podemos avanzar el resultado de las conversaciones hasta que se levante la mesa de negociación con los sindicatos. Una vez termine la negociación, sabremos el tema del complemento".

Carmena reinventa los antidisturbios: ya no van a desahucios ni manifestaciones
Roberto R. Ballesteros
Los agentes que componen las Unidades Centrales de Seguridad se dedican ahora a realizar controles rutinarios y evitar riesgos en grandes concentraciones de personas

Lo que está claro es que el ayuntamiento no va a recuperar las UCS. Para el equipo municipal, la sentencia no conlleva la restauración de estas unidades sino que los cambios organizativos se consensúen con los sindicatos. En lugar de la UCS, se ha creado la Unidad de Apoyo y Seguridad (UAS), que puede realizar labores de contención de masas pero sin ser propiamente antidisturbios. Se trata, más bien, de un refuerzo para los distritos en eventos especiales y multitudinarios. El consistorio siempre ha defendido que la Policía Municipal no tiene competencias de orden público. El concejal Javier Barbero mantiene que Ahora Madrid tiene "un modelo de policía distinto" basado "en la prevención y en la mediación antes que en lo reactivo".

El ayuntamiento asegura: "No podemos avanzar el resultado de las conversaciones hasta que se levante la mesa de negociación con los sindicatos"

Una de las últimas propuestas del ayuntamiento es "ofertar los destinos que actualmente ocupan en comisión de servicios los agentes que componían las UCS, respetando a aquellos que habiendo participado en convocatorias de plazas vacantes hayan ya obtenido destino". Víctor Martínez, portavoz de CSIF, asegura: "Nosotros no somos parte de esa mesa [en la que sí están otros sindicatos]. Van a negociar sin tener en cuenta la opinión de los perjudicados y nosotros no pasamos por eso". CSIF recalca que fueron ellos los que denunciaron. Por su parte, el sindicato AMPU señala que "ningún sindicato ha firmado la propuesta de la dirección, estando todos de acuerdo en que para poder llegar a un acuerdo se debería compensar económicamente a los afectados. La dirección insiste en que si no hay ninguna sentencia que lo diga expresamente, no abonará ninguna cantidad de dinero".

El sindicato Colectivo Emergencias Madrid (CEM), que cuenta con afiliados en la Policía Municipal, espera que los compañeros afectados puedan percibir el complemento que les quitaron. "Alguien tendrá que asumir responsabilidades. El ayuntamiento no toma esta decisión sin el acuerdo tácito y bajo cuerda de algunos sindicatos, por mucho que la sentencia diga que no hubo negociación", señala un portavoz de CEM.

Incumplimiento o no acatamiento a sabiendas de una sentencia por parte de un funcionario o empleado público es delito?

[Heracles_Pontor]

Depende . . . se ha instado la ejecución de la sentencia?  . . . y de ser así . . . se ha procedido por parte del juzgado a solicitar la información al respecto de quien es la persona obligada a ello? .   .   . si la respuesta a estas dos preguntas es afirmativa entonces hay alguien que puede haber incurrido en una desobediencia . . .

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[47ronin]

A punto de finalizar el proceso de plazas UAS.

[47ronin]

Cascos y chalecos tercermundistas para la Policía Municipal de Carmena

APMU dice que la equipación pone en peligro la integridad de los agentes. Los afectados califican de vergonzoso el trato que reciben


M. J. Álvarez
@mariajo_abc
Seguir
Actualizado:
07/05/2018 01:44h

La Policía Municipal denuncia el estado de la equipación que ha recibido la Unidad de Apoyo a la Seguridad (UAS) y la califica de «tercermundista». Critican que los chalecos sean amarillos fluorescentes, un color que no tiene ninguna unidad, lo que, a su juicio, les convierte en blanco perfecto para cualquier ataque vandálico, lo que constituye un riesgo para su integridad.

La concejalía de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid que dirige Javier Barbero argumenta que han elegido ese color para distiguir a las UAS del resto de grupos operativos. «Ya lo estábamos antes, al vestir de negro», precisan. «Nos ponen a los pies de los caballos, importándoles muy poco nuestra seguridad», indican los afectados. Además, agregan que las cuerdas y ataduras que llevan los chalecos en la espaldas provoca que se enganchen continuamente, dificultando su labor.

Reverso de chaleco que se engancha constantemente

Sus reproches no se quedan ahí. A eso, añaden la precariedad y el mal estado de los cascos de protección que les han facilitado, que cuentan con más de una década. «Están rotos, arañados y usados», precisan las fuentes. Proceden de las antiguas UCS o antidisturbios dsmanteladas por Barbero. «Solo solicitamos un elemento que proteja nuestra cabeza, pero parece un imposible. Nos dotan de unos cascos con piezas rotas en el interior que se te clavan, con las pantallas arañadas que dificultan la visibilidad y que, además, han sufrido multitul de impactos, lo que les convierte en ineficaces».

«Maltratados»

Los agentes de la UAS indican que se sienten como un «perro abandonado» al que ni siquiera le comprarn una correa: basta cualquier cuerda para atarle. «Es vergonzoso el trato que recibimos; lo lógico es que la equipación y todo el material que nos suministren sean nuevo, a estrenar».

Ante estos hechos Carlos Bahón, presidente de APMU, subraya que el hecho de que la Dirección de Policía esté dotando de material inadecuado y defectuoso para la protección de los agentes de UAS, es una «irresponsabilidad, ya que que pone en riesgo la integridad de los policías al igual que lo fue que en el año 2015 anularan la compra 350 cascos nuevos para dotación nueva de la UAS.