Autor Tema: Algo sobre dinero  (Leído 116320 veces)

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Re:Algo sobre dinero
« Respuesta #1181 en: 21 de Febrero de 2020, 06:09:19 am »

La UE estudia reducir el derecho a pedir indemnizaciones por retrasos en los vuelos

El Consejo de la Unión Europea, formado por los ministros de los estados miembros, está estudiando ampliar de tres a cinco las horas de retraso de un vuelo para poder solicitar una compensación económica

Beatriz Triguero


Aquellos que viajen en avión y sufran un retraso o cancelación en un vuelo podrían ver alterados sus derechos a partir de este año. El Consejo de la Unión Europea (UE), formado por los ministros de todos los países comunitarios, a raíz de una propuesta de la Comisión Europea, está estudiando la revisión del actual reglamento europeo EC 261/2004, que protege los derechos de los pasajeros aéreos ante los retrasos y cancelaciones por parte de las aerolíneas.

En concreto, los estados miembros están estudiando una propuesta de reforma de ley realizada por Bruselas en 2013, pero entonces el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo la rechazaron por una de sus medidas más polémicas: que la cuantía de la compensación estuviese relacionado con el importe del billete y no con los kilómetros de distancia, como hasta ahora.

La nueva propuesta que la Presidencia croata quiere sacar adelante recoge el aumento de tres a cinco horas del umbral de retraso del vuelo que da derecho a una compensación en todos los viajes en el interior de la UE, lo que reducirá previsiblemente la cantidad de personas que podrán solicitar indemnizaciones a las aerolíneas.
Al menos cinco horas de retraso

Actualmente tienen derecho a una compensación económica todos aquellos pasajeros que hayan sufrido un retraso de al menos tres horas en su vuelo, tanto dentro como fuera de la UE. Ahora, de salir adelante la reforma, se ampliarán a cinco las horas mínimas de espera para solicitar una indemnización, y en el caso de los viajes fuera de la Unión, "el umbral dependerá de la duración del vuelo", según señala el Consejo.

La consultora Steer, en nombre de la Comisión Europea, ha publicado un informe recientemente titulado ‘Estudio sobre el nivel actual de protección de los derechos de los pasajeros aéreos en la UE’ y al que ha tenido este medio, en el que se reconoce que al menos el 80% de todas las interrupciones están en el rango de una a cuatro horas.

En este sentido, la organización especializada en derechos de pasajeros aéreos AirHelp denuncia que "al modificar el umbral de retraso a cinco horas, las compañías aéreas ya no se verían obligadas a pagar compensaciones en la mayoría de los casos, eliminando así el incentivo de mejorar su rendimiento y puntualidad".
Meses de negociaciones

El objetivo de los cambios propuestos es "garantizar que los pasajeros aéreos tengan más y mejores derechos de información, atención y transporte alternativo cuando queden bloqueados en el aeropuerto". De hecho, la propuesta establece para todos los vuelos un umbral único de dos horas, tras el cual el viajero tiene derecho a atención y asistencia (refrescos, por ejemplo).

En la propuesta de 2013, la Comisión Europea ya proponía compensar "los costes adicionales derivados de la atención y asistencia mejoradas se compensan con ajustes en la cantidad global de compensación financiera" a través de las dos medidas mencionadas: el aumento del umbral de tiempo que da derecho a compensación y la inclusión de los problemas técnicos como "circunstancias extraordinarias".

Fuentes cercanas al Consejo de la UE señalan a Vozpópuli que "actualmente el Consejo está preparando su posición sobre esta proposición y el objetivo de la Presidencia croata es obtener un acuerdo en junio". Sin embargo, según detallan dichas fuentes, para llevar a cabo la revisión se precisa un acuerdo entre el Consejo y el Parlamento Europeo, lo que puede alargar las negociaciones unos meses más.

 


 

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Re:Algo sobre dinero
« Respuesta #1182 en: 24 de Febrero de 2020, 09:54:38 am »


Ryanair indemnizará a una pasajera por un vuelo retrasado en el que no viajó


Un Juzgado de Palma reconoce el derecho a indemnización por un vuelo retrasado aunque el pasajero decida no viajar

Ryanair indemnizará a una pasajera por un vuelo retrasado en el que no viajó
23.02.2020 | 11:32 | EP. Palma | Mallorca
Un Juzgado de Palma ha reconocido el derecho de una pasajera a ser indemnizada por el retraso de un vuelo incluso aunque decidiera voluntariamente no tomar el vuelo retrasado.


En concreto, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Palma ha dictado una sentencia en la que estima la demanda de una pasajera contra Ryanair y condena a la compañía a abonar 500 euros a la afectada.


La demanda partía de un vuelo entre Palma y Barcelona que sufrió un retraso superior a cuatro horas, en julio de 2019. La compañía denegaba la compensación económica porque la pasajera no tomó el vuelo retrasado.

El Juzgado no ha aceptado las alegaciones de Ryanair, al entender que el derecho de compensación "nace por el mero retraso superior a tres horas, siendo totalmente indiferente que el pasajero decida volar o no". Según el juez, el único requisito es que el pasajero se presente a facturación.


El Juzgado considera que no se puede pretender obligar al pasajero, "que ya ha sufrido el perjuicio por la mera molestia de la pérdida de tiempo", a realizar el viaje para mantener su derecho de compensación. "Tal planteamiento es completamente inaceptable", concluye la sentencia.

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Re:Algo sobre dinero
« Respuesta #1183 en: 03 de Marzo de 2020, 07:17:50 am »

La atención a la dependencia acumula mayores lista de espera, peores servicios y más diferencias territoriales

    La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales denuncia que hay 426.000 personas en espera de atención, 50.000 más que hace un año
    La organización critica también que la reducción de esa lista es cada vez más lento, puesto que el plazo de tramitación es de 426 días de media
    José Manuel Ramírez, presidente de la asociación, reclama la aprobación "por urgencia social" de un decreto que aumente la financiación de la dependencia

Lara Carrasco
lcarrasco@infolibre.es @_CarrascoLara
Publicada el 03/03/2020 a las 06:00 Actualizada el 02/03/2020 a las 20:05
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Podría decirse que el punto de inflexión tuvo lugar en el año 2012. La Ley de Dependencia, que llevaba aprobada desde el año 2006, comenzó entonces a sufrir fuertes tijeretazos. Un Real Decreto aprobado por el PP aquel

 verano estableció destinar menos dinero para financiar el sistema, pero también aumentó el copago de los servicios y puso las cosas más difíciles a los cuidadores, y sobre todo cuidadoras, no profesionales. La explicación que los conservadores dieron para justificar esas medidas se veía, con total claridad, en el nombre que dieron a su Real Decreto: "de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad". En resumen: la crisis. O como también lo denominaron en el texto, "la recesión". Eso fue hace ya ocho años, pero en cuestión de dependencia las páginas del calendario parecen no haberse movido. Así lo denuncia la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que este lunes presentó en Madrid su XX Dictamen del Observatorio de la Dependencia, con el que denuncia que "el nuevo Gobierno, y el anterior en funciones, exhiben una palabrería progresista en esta materia, pero seguimos con presupuestos en dependencia del año 2012".

"La dependencia se para". Así de tajante es la organización, que denunció este lunes que la atención a personas dependientes no sólo no se recupera tras el fin de la crisis, sino que empeora. Las causas, según lamenta, radican en la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado y en "el incumplimiento del Gobierno de España de incorporar 459 millones más de financiación". Las consecuencias están claras: hay más personas en espera de atención, cada vez menos beneficiarios y las prestaciones y servicios son de menor intensidad, "a todas luces insuficientes para las necesidades de las personas en situación de dependencia", critica la asociación. Por eso hay que solucionarlo, y debe hacerse mediante la aprobación "por urgencia social" de "un decreto que aumente la financiación de la dependencia". Si no, habrá que asumir "la ignominia de que este año fallezcan más de 30.000 personas en situación de dependencia sin recibir las atenciones a las que tienen derecho". Así ocurrió en 2019.

"2019 ha sido un año preocupante porque hemos entrado en una nueva fase. En el año 2012 se produjeron los grandes recortes y en 2015 se inició un proceso de cierta recuperación", recuerda José Manuel Ramírez, presidente de la organización. Fue en ese momento, dice, cuando el cambio de color de algunos gobiernos autonómicos contribuyó a ello. Pero lo que se avanzaba entonces se frena ahora. "Esa fase que comenzó hace cinco años duró hasta 2018, pero ahora hemos comprobado que en 2019 ha habido una ralentización, una parada", lamenta. "Ha aumentado la lista de espera, se ha reducido el ritmo de crecimiento del número de beneficiarios y los servicios que damos cada vez son más low cost", critica. Y "eso no es idóneo para resolver los problemas de dependencia de las personas dependientes".

426.000 personas en lista de espera: el primer aumento de la cifra desde 2016

Los datos que este lunes presentó la organización que preside en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) avalan sus palabras. En 2019 se sumaron 20.000 personas a una lista de espera de atención que ya era larga. Ahora, por tanto, hay 266.000 personas que tienen derecho a servicios por dependencia pero que, sin embargo, no están disfrutando de ellos. Si a ese número le sumamos las otras 160.000 cuyo grado de dependencia ni siquiera ha sido valorado —30.000 más que en 2018—, el número de personas desatendidas alcanza las 426.000, 50.000 más que hace un año. El 42% de todas estas personas, además, son dependientes de grados III o II, es decir, que tienen necesidades de apoyo extenso y, en ocasiones, continuado.

Pero el problema ya no es sólo que la lista engorde, sino que su capacidad de adelgazar es cada vez menor. Hasta ahora lo había hecho con un ritmo constante, pero en 2019 se ha observado que este se ha ralentizado. Según los datos que maneja la organización, "el incremento de personas atendidas fue un 39% menos que el año anterior". El plazo de tramitación, de media, fue de 426 días. Según aseguró la asociación cuando se hizo público ese dato, entre los motivos de esos "impresentables retrasos" se hallan los recortes en la financiación y el "disparatado y proceloso" entramado burocrático creado por las diferentes administraciones que, "lejos de garantizar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, se convierte en una trampa mortal para el acceso al disfrute de prestaciones y servicios".

No obstante, recibir la prestación por dependencia que corresponde tampoco asegura nada. Porque los servicios, denuncia Ramírez, son de bajo coste y, por tanto, insuficientes. "Más de la mitad de las nuevas prestaciones o servicios en 2019 corresponden a prestaciones económicas para cuidados familiares y a servicios como teleasistencia y prevención (55,5% del total)". Un total, continúa el informe, que también se ha visto reducido en 38.000 servicios y prestaciones concedidos menos.

"Las desigualdades territoriales se agravan"

La situación es mala si se mira el mapa de España sin detenerse en ningún territorio. Sin embargo, si enfocamos con una lupa cada comunidad, se observa que no se puede hablar de forma tan catastrofista de todas y cada una de las autonomías. "En este dictamen hemos comprobado que las desigualdades territoriales se están agravando", afirma Ramírez. "Las comunidades autónomas que funcionan bien cada vez van mejor, y las que no funcionan bien cada año registran peores datos", lamenta. Y esto tiene, según dice, dos explicaciones: la "desidia" de algunos gobiernos autonómicos y el modelo de organización del sistema. Las comunidades "que cuentan en el procedimiento con los Servicios Sociales municipales son más eficientes que aquellas que no cuentan con ellos", desarrolla.

Y según esta teoría, ¿cómo es el mapa de la dependencia? Hay comunidades "con atención plena", como Castilla y León, Castilla-La Mancha. Otras comunidades que están "progresando muy positivamente" en los últimos años, como Aragón, Baleares y la Comunitat Valenciana. Otras en una situación "muy preocupante", como Andalucía y Cataluña, y otras que, directamente, han entrado "en retroceso", como Asturias y Extremadura.

- Comunidades "con atención plena". El informe incluye en este apartado a Castilla y León (a la que otorga un 9,3 sobre 10 puntos de nota global) y Castilla-La Mancha (8,6). "Son los territorios que han logrado con su avance que la lista de espera esté ya reducida prácticamente a la gestión normal de altas y bajas sin acumulados", señala el documento presentado este lunes.

Castilla y León, según el informe, tiene una tasa de atención de 4,37 dependientes atendidos por cada 100 habitantes, la más alta del país. Y no sólo eso, en 2019 incorporó, según el estudio, a 11.402 nuevos beneficiarios al sistema. Castilla-La Mancha, por su parte, es la segunda comunidad con la mejor ratio del país, puesto que el 13,81% de las personas potencialmente dependientes son atendidas.

En Ceuta y Melilla, por último, el número de dependientes que accedieron a los servicios aumentó un 5,18%, por lo que ya hay 2.906 personas que perciben la prestación a la que tienen derecho.

- Comunidades que progresan "muy positivamente". "Aún tienen listas de espera abultadas, pero la tendencia es muy positiva, de forma que a este ritmo entrarían en plena atención en menos de dos años", dice el informe. Son Aragón (que obtiene un 5,7), Baleares (5) y la Comunitat Valenciana (3,9).

En 2019, según la organización, Aragón cerró el ejercicio con un saldo positivo de 3.806 beneficiarios más, lo que le hizo alcanzar el récord de 33.000 personas atendidas. Su lista de espera, además, está por debajo de la media nacional. El resultado de Baleares, aunque no es excesivamente positivo, destaca porque, por primera vez en 13 años, aprueba el examen de la asociación. "Es la comunidad que más mejora en el conjunto de los indicadores que se valoran", dice. Y es que en 2019 tuvo el mayor crecimiento de todas las comunidades: el número de personas atendidas aumentó un 19,3%. La Comunitat Valenciana tiene un comportamiento diferente. No aprueba, pero mantiene el "fuerte ritmo de crecimiento", puesto que ha duplicado el número de dependientes que perciben la atención que les corresponde.

- Comunidades "que se estancan". "Parecen haber llegado a un punto en el que no pueden absorber la lista de espera a base de incrementar atenciones al ritmo necesario, considerando el camino que les queda por recorrer", lamenta el estudio. Son Canarias (que suspende con un 1,8), Cantabria (5,7), Galicia (5,4), País Vasco (6,1), Madrid (5), Murcia (4,3) y La Rioja (6,8).

Canarias aumenta las personas atendidas, pero es que la lista es larga. De hecho, según critica la organización, "un dependiente en Canarias tiene menos de la mitad de posibilidades de recibir una prestación que una persona dependiente en cualquier otra comunidad". El caso de Cantabria es diferente: es la que más invierte, pero está por debajo de la media nacional en la atención y reducción de la lista de espera. Algo parecido a lo que ocurre en Galicia, cuyo sistema, dice la asociación, ha sufrido una "parálisis", ya que tampoco consigue aumentar el número de dependientes valorados y atendidos.

Por su parte, "la moderación" se ha instalado en el sistema vasco, que sigue creciendo desde hace tres años "a la mitad del ritmo" que el resto de CCAA. Algo que también ha experimentado Madrid, con "un parón" en las personas atendidas, sólo incrementadas en un 1,36% respecto al año anterior. Lo mismo que pasa en Murcia, que ni siquiera resuelve la tasa de reposición, y La Rioja, que al ritmo que va necesitaría más de 17 años para atender a su lista de espera.

- Comunidades en situación preocupante. Es decir, donde "el actual ritmo de incremento de atendidos es claramente insuficiente para absorver el 'limbo' de la dependencia que tienen por delante". Se trata de Andalucía (que tiene un 2,4 de nota) y Cataluña (con un 2,1). La primera, según el informe, terminó el año 2019 con un incremento del 3,8% de beneficiarios, una cifra lejos de la media del 6,38%. La segunda, por su parte, necesitaría seis años en poder disminuir una lista de espera que en 2019 se situaba en 76.253 personas.

- Comunidades en retroceso. Aquellas que, como Asturias (con un 1,1 de puntuación) y Extremadura (2,9), "no han sido capaces ni de mantener la tasa de reposición de beneficiarios durante el último año". La primera no sólo obtiene la peor nota a nivel nacional, sino a nivel histórico. Ha sufrido una "involución" del -4,38% con cerca de 1.000 personas dependientes menos atendidas. Extremadura, por su parte, redujo su número de dependientes receptores del servicio al que tienen derecho en un -3,26%, lo que supuso 952 dependientes atendidos menos.

"Palabrería progresista"

Debido a la situación que afronta la dependencia a nivel general, la organización es clara: urge aprobar un decreto que aporte 500 millones adicionales a la financiación del sistema. "No hubo Presupuestos en 2019, no hubo 'viernes sociales' para la dependencia, y ahora parece que tampoco se prevé nada hasta los todavía inciertos Presupuestos de 2020", se queja la organización, que asegura que "no hay tiempo" para esperar a la aprobación de las cuentas porque eso dejaría "sin atender a 450.000 personas" y condenaría "a más de 30.000 de ellas a fallecer sin recibir la atención a la que tienen derecho reconocido". "El nuevo Gobierno, y el anterior en funciones, exhiben una palabrería progresista en esta materia, pero seguimos con presupuestos en dependencia del año 2012", sentencia el informe presentado este lunes.

"O este mes se convoca al Consejo Territorial y se elabora un decreto que incremente la financiación" o, dice Ramírez, 2020 acabará con 30.000 personas que fallecerán esperando la atención que merecen y con la lista de espera igual de llena que en 2019.


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Re:Algo sobre dinero
« Respuesta #1184 en: 06 de Marzo de 2020, 07:12:12 am »

ACUSACIÓN EN EL CASO NUMMARIA
Hacienda pide 28 años de cárcel para Imanol Arias y Ana Duato por delito fiscal

La Agencia Tributaria reclama cuatro años de prisión por cada uno de los siete años en los que considera que los actores de 'Cuéntame' defraudaron. Ya pagaron la mayor parte

mendezrafael

06/03/2020 05:00

Hacienda ya ha acusado en el caso del delito fiscal del despacho Nummaria. Y lo ha hecho a lo grande. La Abogacía del Estado, que representa a la Agencia Tributaria, pide 28 años de cárcel para Ana Duato y otros tantos para Imanol Arias por fraude entre 2009 y 2015 y multas que suman unos 16 millones. Considera que cometieron siete delitos fiscales —uno por ejercicio— y pide cuatro años de prisión por cada uno. La abogacía, en un escrito al que ha tenido acceso El Confidencial, acusa por la pena más grave e incluye años que fuentes del caso consideran prescritos. Los dos actores abonaron la mayor parte de la cuota defraudada, lo que les servirá para acogerse a atenuantes. Aún están a tiempo de buscar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y la Abogacía. Aunque la acusación es enorme, el partido acaba de empezar y en estos delitos hay margen para que eviten la cárcel como lo hicieron Cristiano Ronaldo y tantos otros.

Después de cuatro años de investigación, la Audiencia Nacional dio en junio por terminada la instrucción del caso Nummaria y ha pedido a las partes que acusen. La Abogacía del Estado se ha adelantado a la Fiscalía y ha presentado su escrito contra 30 personas, clientes y abogados, y tres sociedades. Después de una complicada investigación, que ha dejado fuera algunas sociedades que usaron las estructuras del despacho por una discusión entre el fiscal y el juez del caso, el asunto se dirige a juicio.

La Abogacía del Estado se ha adelantado a la Fiscalía y ha presentado su escrito contra 30 personas, clientes y abogados, y varias sociedades

La Abogacía del Estado destaca en su escrito, de 56 páginas y al que ha tenido acceso El Confidencial, que el despacho Nummaria "facilitaba a sus clientes estructuras jurídico económicas que eran diseñadas, implementadas y gestionadas por el despacho —él mismo se valía de ellas— con la única finalidad de asegurar la opacidad de las operaciones económicas de sus clientes, bien frente a la Hacienda pública, bien frente a otras terceras personas físicas o jurídicas".

El despacho, dirigido por el inspector de Hacienda en excedencia Fernando Peña, creaba "estructuras societarias, de ámbito nacional e internacional" basadas "en el principio de opacidad". El despacho utilizaba sociedades en el Reino Unido opacas que eran "entidades simuladas constituidas para fines ilícitos de todo tipo" y que estaban gestionadas por "administradores-testaferros de Costa Rica o Mauricio", siempre según la acusación.

Fernando Peña, principal acusado. (EFE)
Fernando Peña, principal acusado. (EFE)

El abanico que ofertaba era amplio e incluía la creación de una Agrupación Europea de Interés Económico (AEIE) domiciliada en España pero controlada desde Reino Unido y administrada desde Costa Rica. Eso permitía eludir impuestos. Para camuflarlo aún más, "el esquema podía complicarse en muchas ocasiones mediante la superposición de un entramado nacional de sociedades opacas". El despacho conseguía que las rentas no tributaran en España y salieran al extranjero.

El principal acusado es Fernando Peña, un tipo prestigioso que había sido vicedecano del colegio de Economistas de Madrid y que ya en 2002 fue detenido por crear una red de sociedades en el extranjero y fue indultado en 2009. El escrito acusa a Peña de una pléyade de delitos que suman decenas de años de cárcel al tenerlo por cooperador necesario de los delitos de sus clientes más autor de alguno suyo. Pero Hacienda va también contra nueve empleados del despacho, abogados y fiscalistas.

Entre los acusados, también hay clientes, como Santiago Burgaleta García Mansilla, Luis Fernández Caballero, José Luis Macho Conde, José Manuel Garrido, Saúl Ruiz, Saúl Ruiz de Marcos, del fondo de capital riesgo Thesan Capital, y otros empresarios.

El despacho también creaba sociedades para artistas. Joaquín Sabina, que regularizó su situación con Hacienda antes de que estallara, era uno de esos. Muchos han evitado llegar a sentarse en el banquillo. Pero dos de las principales estrellas de la televisión, Imanol Arias y Ana Duato, están finalmente entre los acusados.

Según la Abogacía del Estado, Imanol Arias "contrató los servicios del despacho Nummaria con el fin de mantener una estructura societaria artificiosa cuya finalidad era la ocultación de rentas" de sus "importantes ingresos procedentes de su participación en una serie de televisión". Imanol Arias, como tantos otros actores, cedía sus derechos a una sociedad, que era la que firmaba los contratos. Además, según la Abogacía del Estado, se fijaba "una retribución para el actor por un importe muy inferior a la facturado por los servicios, en forma de renta vitalicia" y la diferencia la usaba para pagar sus gastos personales.

Arias "contrató los servicios de Nummaria con el fin de mantener una estructura societaria artificiosa cuya finalidad era la ocultación de rentas"

El escrito de acusación cifra el inicio del fraude en 2008 y, según la Agencia Tributaria, le permitía "la simulación de la imputación de un 80% de las rentas canalizadas fraudulentamente". "Estos contratos no tienen ningún sentido, ni económico ni de equilibrio". "El único sentido de esta estructura de fraude es intentar transformar una renta de actividad profesional por el trabajo como actor en una renta vitalicia pretendiendo disfrutar de la bonificación así establecida en la norma". Hacienda cifra la cuota defraudada por Imanol Arias en 2,78 millones entre 2009 y 2015.

Con la investigación ya en marcha, el actor abonó 2,33 millones en declaraciones complementarias en Hacienda. Eso le permite acogerse a una atenuante para rebajar la pena, pero al haber regularizado con la investigación en marcha, no le exime de que sume la cuota defraudada. Para el actor, Hacienda pide cuatro años por cada delito fiscal, lo que eleva la petición a 28 años de cárcel. Además, reclama una multa de cuatro veces lo defraudado, lo que en este caso supera los nueve millones.

"Ana Duato percibe y debería haber tributado, cosa que no hizo, por las rentas generadas por su trabajo como actriz principal de varias series de televisión"

En el mismo año que Arias fue a Nummaria, llegó Ana Duato, su compañera en la serie 'Cuéntame', de TVE. "Ana Duato percibe y debería haber tributado, cosa que no hizo, por las rentas generadas por su trabajo como actriz principal de varias series de televisión", señala el escrito. La actriz, siempre según la acusación, "oculta parte de sus rentas por su trabajo como actriz para su productora, dejando de facturar algunos capítulos cada año". Hacienda considera que Duato defraudó 1,9 millones de euros en siete ejercicios. Como Imanol Arias, la actriz ya abonó 708.130 euros cuando comenzaron las inspecciones. La Agencia Tributaria pide para ella 7,6 millones de multa.

Aunque la acusación es enorme, al multiplicar una pena tan grande por tantos delitos, fuentes conocedoras del caso destacan que es un caso complejo. Para empezar, es inusual que se incluyan siete ejercicios cuando los delitos fiscales prescriben a los cinco años.

Imanol Arias, al llegar a declarar a la Audiencia. (EFE)
Imanol Arias, al llegar a declarar a la Audiencia. (EFE)

El escrito tiene omisiones relevantes y descuidos notorios. En el caso de Imanol Arias, no menciona su nombre al pedir la pena y cita que cometió delitos entre 2019 y 2015 (en vez de 2009 y 2015). Además, en una página se ha colado una anotación de trabajo en la que la abogada del Estado se pregunta si convendría acusar a las parejas como cooperadores necesarios.

El sector relativiza estas acusaciones tan grandes en delitos fiscales. Para empezar, el Código Penal limita el cumplimiento máximo cuando uno es condenado a muchos delitos similares. En este caso, el cumplimiento máximo sería de seis años. Además, al haber pagado ya buena parte de la cuota, pueden buscar la atenuante de reparación del daño.

La mayoría de los famosos acusados por delito fiscal han buscado condenas en conformidad con penas que no conllevan ingreso en prisión y que convierten el juicio en un trámite. Sin embargo, hay algunos, como Xabi Alonso, Sete Gibernau, Borja Thyssen o Javier Merino, que no han pactado y han sido absueltos. Hacienda y la Fiscalía han recurrido las condenas de Thyssen y Alonso. El caso de Arias y Duato promete aún bastantes capítulos.

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« Respuesta #1185 en: 19 de Marzo de 2020, 16:31:38 pm »

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« Respuesta #1186 en: 20 de Marzo de 2020, 06:50:56 am »
CAE LA ACTIVIDAD EN LAS SUCURSALES
"¿Por qué me cobran esta comisión?". Visitas a la sucursal que irritan a los empleados
Trabajadores de sucursales comprueban que cae la actividad en las oficinas pero que hay visitas innecesarias. Se usa más el canal digital y hay dudas con la moratoria hipotecaria

Autor
Óscar Giménez
Contacta al autor
oscargimenezf

20/03/2020 05:00


La banca mantiene parte de su infraestructura funcionando, ya que acudir a una entidad financiera es una de las excepciones al confinamiento. El estado de alerta decretado ante la pandemia del coronavirus deja la opción de abrir sucursales con la idea de evitar un ‘corralito’ —del que no hay riesgo— para los clientes que no usen tarjetas, mantener operaciones importantes o resolver dudas sobre la situación financiera. Sin embargo, aún hay clientes que apuran sus visitas a la oficina como si esta crisis no estuviera ocurriendo.

“Hemos tenido casos esta semana de clientes que han venido a la oficina para preguntar por una comisión que han visto en los movimientos de la cuenta, y saber por qué se les ha cobrado”, asegura un trabajador de una sucursal bancaria de una ciudad del sur de Madrid que sigue abierta. “Hemos tenido personas mayores que han acudido a actualizar la libreta”, lamentan en otro banco. “Hay personas que están yendo por minucias, lo que es un riesgo para ellos y para nosotros, que seguimos trabajando de forma presencial”, se queja otro empleado bancario.

Hemos tenido casos esta semana de clientes que han venido a la oficina para preguntar por una comisión que han visto en la cuenta

La actividad ha caído drásticamente en las sucursales, en niveles que la banca estima en torno al 80%, hasta el punto de que Santander y BBVA decidieron el lunes por la tarde cerrar parte de su red y disminuir a servicios de mínimos la plantilla que trabaja de forma presencial. Sabadell, que desde el lunes ya decidió reducir al 50% el número de trabajadores que trabajan presencialmente de forma habitual en las sucursales, planea cerrar en torno a cuatro centenares, cerca de una cuarta parte de la red en España.

Desde los bancos, explican que la operativa ha caído en picado, tanto en cajeros como en la caja de las oficinas. Lo que sí ha habido, coinciden en varias entidades, es retiradas de efectivo en caja, por ser mayores de lo normal y de lo que permiten los cajeros. “Hemos tenido clientes que han decidido hacer acopio de efectivo”, señalan en un grupo financiero.

De hecho, las entidades aluden a un incremento de las conexiones y transacciones digitales, además del contacto telefónico. Esto se hace más evidente con las empresas, que ya empiezan a incrementar el contacto con sus bancos ante la situación de crisis económica y las incipientes dificultades de liquidez. La mayoría cuenta con gestor asignado, y según fuentes de los bancos, la vía de contacto más frecuente por parte de los empresarios está siendo el teléfono.

La asistencia de clientes ha ido reduciéndose a lo largo de la semana, y también el número de casos en que acuden para temas no urgentes. “Por lo que nos han ido diciendo los trabajadores, ha sido un porcentaje anecdótico de gente, como el de gente que no respeta la ley y está en la calle, pero en este caso yendo a oficinas para cuestiones que pueden esperar, lo que es un riesgo para los empleados pero también para ellos mismos”, señala Roberto Tornamira, secretario general de UGT del sector financiero.

Este jueves, además, fue el primer día en que se podía pedir la moratoria hipotecaria. Aunque es posible hacer la solicitud en los canales 'online' en varios bancos, “ha habido ya personas que han acudido a preguntar, pero aún es pronto, por ahora es mínimo el volumen de clientes que han acudido a oficinas por esto”, apuntan en un banco.

Las entidades ya han mandado a sus plantillas circulares internas para explicar el funcionamiento y los requisitos. Banco Santander, por ejemplo, señala que el decreto no fija las opciones del aplazamiento, y que está estudiando hacerlo modificando la fecha de vencimiento o mediante el ajuste de las cuotas futuras sin tocar la fecha de vencimiento.

Para solicitar la moratoria hipotecaria, que no exigirá provisiones a la banca, se deben cumplir cuatro requisitos: que el deudor hipotecario pase a estar en situación de desempleo o, si es un empresario o profesional, que haya sufrido una pérdida sustancial de sus ingresos o en sus ventas; que el conjunto de los ingresos de la unidad familiar no supere el límite de tres veces el indicador público en renta de efectos múltiples mensual del mes anterior; que la cuota hipotecaria sea igual o superior al 35% de los ingresos netos de la unidad familiar, y que por esta emergencia sanitaria la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas.
Más medidas

Los bancos han paralizado algunos procesos abiertos de ajuste, como Ibercaja, que estaba en negociación de un expediente de regulación de empleo (ERE) y esta semana ha decidido suspenderlo. Asimismo, no se esperan en el sector expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que se están extendiendo a lo largo de la economía, aunque sí que se pueda acelerar la concentración de la banca tras esta crisis.

Sin efectos esperados en el empleo a corto plazo, los sindicatos lo que temen es que haya un punto de inflexión en la actividad recurrente en las oficinas con motivo del cobro de pensión, habitual a finales de mes. Dado que, en general, es un colectivo en mayor riesgo ante la pandemia del Covid-19, desde UGT ya están haciendo circular un mensaje invitando a que si necesitan el dinero, sean los hijos los que acudan a cajeros automáticos con sus tarjetas de débito o crédito para sacar efectivo.

Así es el 'rescate' a las pymes: BBVA, Caixa, Santander y Sabadell inyectarán 100.000 M
Jorge Zuloaga
Las empresas reclaman que el Gobierno asuma al menos un 80% de los avales y que los puedan ofrecer fondos de deuda. Bankia prepara soluciones más allá del real decreto

Los propios bancos han recomendado también a los clientes evitar las sucursales, sumándose al lema #quédateencasa. No obstante, por si hay un repunte en la asistencia a oficinas, desde los sindicatos han pedido a las patronales AEB, Ceca y Unacc dos medidas extra. Por una parte, que se mejoren los servicios de limpieza y desinfección de las oficinas y los cajeros automáticos, algo que ya se está haciendo, pero en ocasiones por los propios trabajadores bancarios según van pudiendo durante su jornada.

La otra medida es que los bancos se preparen para la posibilidad de que haya más visitas a las oficinas a finales de mes, tanto por las pensiones o algunos recibos como por los efectos que vaya produciendo el parón económico. UGT solicita a la banca que tenga vigilantes o personas de seguridad para controlar los accesos, de tal manera que se respeten las recomendaciones de las autoridades de distancia entre clientes y trabajadores, como se está haciendo en los supermercados.

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Re:Algo sobre dinero
« Respuesta #1187 en: 21 de Marzo de 2020, 07:01:19 am »
Las demandas se renuevan automáticamente

Los ciudadanos que se encuentren en situación de desempleo (estén cobrando o no una prestación por desempleo) no tienen que hacer nada, ya que todas las demandas de empleo se renuevan automáticamente. “Te enviarán a tu correo la demanda de empleo sellada con la próxima fecha en la que tendrás que renovar”, explican desde el sindicato CCOO.

https://www.huffingtonpost.es/entry/que-tengo-que-hacer-si-tengo-que-sellar-el-paro-durante-el-estado-de-alarma_es_5e74fdcbc5b6eab77947a600



Si estás cobrando una prestación o un subsidio, durante este período tu demanda permanecerá en alta sin necesidad de acudir a su Oficina a renovarla.
2:10 p. m. · 20 mar. 2020·Twitter Web Client


https://twitter.com/empleo_SEPE/status/1240989032517185536

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Re:Algo sobre dinero
« Respuesta #1188 en: 16 de Abril de 2020, 06:21:15 am »
Abuso en los supermercados: el pescado sube nueve puntos porcentuales en treinta días

La inflación general mensual se situó en marzo en el -0,4%, pero el precio de las patatas llegó al 1,4% frente al 0,1% del mes anterior

Francisco Núñez

Publicado 16.04.2020 - 05:15

El pescado fresco, como consecuencia en parte de la reducción de salidas a la mar del sector y también del aumento de la demanda de los ciudadanos (porque también se ve afectado el consumo de pesca congelada), se ha convertido en un producto de lujo. Si en febrero pasado su precio descendía al -7,3%, en marzo crece a un ritmo del 1,8% cuando en el mismo mes de hace un año su ritmo era del -1,8%. Es decir, su precio ha crecido en más de nueve puntos en treinta días. Por su parte, el pescado congelado decrecía hace un mes dos décimas y ahora sube en cuatro (el alza es de seis décimas). Mientras, el marisco fresco o refrigerado aumenta ahora su coste un 1,2% frente al 1,0% de hace un mes.
Las patatas y el arroz, por las nubes


La inflación general mensual se situó en marzo en el -0,4%, pero el precio de las patatas llegó al 1,4% frente al 0,1% del mes anterior. Es decir, ha aumentado en 1,3 puntos en el primer mes del coronavirus respecto a febrero. Por su parte, el arroz ha subido en marzo tres décimas cuando hace un mes decrecía al -1,1%. Mientras, el precio de la leche desnatada, la que más se vende, aumenta en cuatro décimas frente a la contracción del -0,3% de febrero. Algo similar sucede con los huevos, el alza en marzo es de dos décimas frente al -0,1% del mes anterior. Por su parte, el queso repunta al 0,5% frente al 0,2% anterior. Las legumbres y hortalizas, cuya demanda se ha detectado de forma más importante en abril, mantienen su tasa de crecimiento del mes anterior en el 0,4% mientras que el aceite de oliva registra un repunte ya que en febrero decrecía su precio al -1,4% y ahora lo hace sólo al -0,3%.

En cuanto a las frutas, aumentan su precio en siete décimas las que se venden en conserva mientras que las frescas bajan del 4,2% al -1,5%. Lo que evidencia que ha caído la demanda a la espera de lo que suceda en abril tras la decisión del Gobierno de habilitar jornaleros para la recogida en este mes por el crecimiento de la oferta estacional. Por su parte, el agua mineral pasa del -0,9% en febrero al 1,6% en marzo, y el vino y las bebidas espirituosas todavía no reflejan el alza que se estima que se está produciendo abril. También destaca el repunte del pan en tres décimas y curiosamente el de las pizzas, un producto que suele consumirse en el ámbito familiar, y ahora el confinamiento ha aumentado su demanda. Su alza es del 1,5% frente al descenso del -0,5% en febrero. Es decir, lejos de cualquier atisbo de competencia real, en España sólo bajan los precios cuando desciende el consumo y las ventas.
La carne sube como un cohete

Los precios de todas las carnes experimentaron un repunte en el primer mes oficial de la Covid-19. La carne de vacuno aumentó en tres décimas respecto al mes anterior hasta el 0,4% (el doble del IPC general). Mientras, la de porcino, la más consumida por la población junto al pollo, registró un alza hasta el 0,6% frente al 0,0% del mes anterior (en tasa anual llega al 8,3% frente al 0,0% del IPC nacional). La de ovino sigue es tasas negativas del -0,6% a causa del excedente que anuncian los ganaderos, pero hace un mes era del -2,7%. En cuanto al pollo, crece una décima (0,8%) y el resto de carnes pasa del -0,5% del mes anterior al 0,3% (ocho décimas más).
Cuesta más mantener los hogares

Las familias han aprovechado el confinamiento para adecentar y reponer los hogares. Por tanto, ha subido la demanda de estos productos y, como es obvio, cuando no funcionan los mercados, se disparan los precios. Repuntan los precios de los muebles en tres décimas; en siete, los de las alfombras; en 1,3 puntos, los de cortinas y tapicerías; en ocho décimas la ropa de mesa y de baño y en 1,2% la de cama. También suben los precios de los electrodomésticos, que las propias tiendas sirven en las casas. El coste de las lavadoras y secadoras, así como de las cocinas, aumentan en seis décimas; en dos décimas suben los frigoríficos y congeladores; en cinco las planchas; y en nueve décimas las vajillas.
El precio de los anticonceptivos sube siete veces más

Los productos farmacéuticos, en general, no registran subidas llamativas (a la espera del boom de los precios de las mascarillas en abril), salvo los anticonceptivos (píldora y preservativos, entre otros) y pruebas de embarazo. Si los precios de estos productos registraban un alza en febrero del -0,2%, en marzo llega al 0,5% (siete décimas más). Por su parte, el coste de los servicios médicos aumenta en una décima mientras que los servicios hospitalarios privados reducen su tasa en medio punto (al 0,5%) como consecuencia de la irrupción y toma de control de los servicios sanitarios públicos.
Los paquetes de viaje y los hoteles se estrellan

En el IPC de marzo se refleja también la dura factura de la crisis sanitaria y financiera al sector turístico. En este caso, al ser un sector competitivo, se ha caído la demanda y, en contra de lo que sucede en el sector alimentos por ejemplo, ha tirado los precios a la baja. Es la otra cara de la moneda. El precio de los vuelos internacionales ha pasado del 7,5% en febrero al -2,8% en marzo, es decir, la caída es de más de diez puntos. Los billetes para vuelos nacionales se situaron en el -0,9% frente al alza del 2,3% en el mes anterior. Y, por ejemplo, los paquetes turísticos nacionales se sitúan en el -3,4% frente a la subida del 10,5% de hace un mes (casi 14 puntos de caída). Mientras, los precios de los hoteles, hostales y pensiones y servicios de alojamiento similares suben un 3,1%, pero la cifra es inferior en más de siete puntos al 10,3% de alza que registraba el sector en febrero.

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Re:Algo sobre dinero
« Respuesta #1189 en: 16 de Abril de 2020, 06:30:42 am »

Desalojada una iglesia de la diócesis de Alcalá, que no ha suspendido las misas
El obispo Reig Pla decretó hace un mes que los templos de sus 55 municipios seguirían oficiando misas en su horario habitual a pesar del estado de alarma

Victoria Torres Benayas
Madrid - 15 abr 2020 - 15:10 CEST


Una iglesia de San Fernando de Henares (Madrid) fue desalojada el lunes por la tarde cuando el párroco celebraba la misa diaria, a la que asistían cinco fieles en pleno estado de alarma por el coronavirus. A requerimiento de la policía, los asistentes se marcharon sin que nadie fuera sancionado. La diócesis de Alcalá de Henares, a la que pertenece San Fernando junto con otros 54 municipios del este de la Comunidad de Madrid como Torrejón de Ardoz, Rivas y Meco, es de las pocas de España que no han suspendido los oficios religiosos.

Eran las siete y media del lunes cuando un vecino avisó alarmado al 091 porque estaba viendo entrar gente en la parroquia de los Santos Juan y Pablo de San Fernando. Según informa una portavoz de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, dos agentes acudieron a la iglesia sobre las 19.45 y comprobaron que ni los fieles, cinco en total, ni el cura llevaban mascarillas ni guantes, por lo que consideraron que lo mejor era terminar el acto “para preservar la salud pública”.

El sacerdote, Miguel Ángel Nieto, explica en un comunicado publicado en redes sociales que los agentes los invitaron a abandonar la iglesia o, de lo contrario, serían sancionados. "Éramos solo cinco feligreses y el cura, por lo que se cumplían las distancias de seguridad sobradamente”, opina.

El estado de alarma, que establece que solo se puede salir de casa para actividades esenciales como ir a trabajar o a la compra, no prohíbe las eucaristías, pero condiciona su celebración a “evitar aglomeraciones” y a que se pueda “garantizar una distancia mínima de un metro” entre asistente y asistente. Por su parte, el Ministerio de Sanidad vetó los funerales, pero no dijo nada del resto de celebraciones. Tras el decreto del 15 de marzo, la Conferencia Episcopal (CEE) recomendó a los católicos que siguieran las misas por televisión y su presidente, el cardenal Juan José Omella, pidió a los fieles que fueran “disciplinados” y que no salieran de casa.

En consecuencia, la gran mayoría de las 70 diócesis de España optó por no seguir celebrando misas y los obispos dispensaron a sus fieles de la obligación de participar en la misa de los domingos. "Por decreto del sr. cardenal, se suspende todo acto público incluso la celebración de la eucaristía diaria y dominical mientras se den las circunstancias graves que estamos viviendo”, es el cartel que reza por ejemplo en las puertas de las iglesias de la capital.

Sin embargo, Juan Antonio Reig Pla, obispo de la diócesis de Alcalá de Henares a la que pertenece San Fernando, decidió mantener las misas, lo que lo convirtió en uno de los pocos prelados que no las interrumpió junto con el de Cádiz. ¿Alguna diócesis más? La CEE lo desconoce. “No tenemos el dato de cada diócesis porque son independientes y han dispuesto sus propias normas”, responden fuentes de la Conferencia, que aclaran que “las misas no se han suspendido, se han suspendido las misas públicas”. “Se siguen celebrando con un pequeño grupo de fieles, sin convocar al pueblo de Dios”, añaden.

A juicio de la Conferencia, el artículo 11 ―el que dispone las medidas en relación con los lugares de culto y con las ceremonias civiles y religiosas― “autoriza el culto” y puede “celebrar la eucaristía el sacerdote solo, en el templo más próximo al domicilio o en su casa, sin pueblo, con la posible participación de alguna persona que viva cerca”.

En una entrevista en la que explicó los motivos de su decisión, Reig Pla afirmó que “la santa misa es el cielo en la tierra y sin ella el hombre desfallece”. “No podemos privarnos ahora de ella, cuando la crisis del coronavirus está poniendo en evidencia el individualismo de la sociedad. Con esta decisión he querido enfatizar que Dios no nos abandona nunca”, remachó.

Frente a la postura de Reig Pla, el arzobispo de la capital, Carlos Osoro, celebra todas las tardes misa en la catedral de la Almudena pero a puerta cerrada y retransmitida por YouTube. En Barcelona, el arzobispado ordenó su suspensión, pero al menos una basílica sigue celebrando misas por la puerta de atrás, informa Rebeca Carranco. En Andalucía, el obispo de la Diócesis de Asidonia-Jerez, José Mazuelos, médico de formación, emitió una autorización para que los fieles que acudieran a misa, unos certificados que después retiró, y en Semana Santa visitó las hermandades para hacer estación de penitencia en cada templo, informa Jesús A. Cañas.

Además, la Catedral de Granada fue desalojada el pasado 10 de abril, Viernes Santo, cuando oficiaba la eucaristía el arzobispo, Francisco Javier Martínez, ante una veintena de fieles. Preguntada por este caso en la rueda de prensa diaria del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus, la portavoz de la policía, María Pilar Allué, aclaró que “la normativa vigente no ampara la realización de este tipo de actividades [la celebración de misas] durante el confinamiento”. En Cádiz, Sevilla, Valladolid, Murcia y Valldoreix (Barcelona) la policía también ha interrumpido misas.

Reig Pla, polémico por comparar el aborto con la guerra civil y por vincular homosexualidad y pederastia, ha emitido hasta cinco decretos al respecto. En el segundo, del 13 de marzo, estableció “la apertura de los templos en horario habitual y mantener los horarios habituales en las celebraciones eucarísticas” y, “si se viera necesario reducir el número de fieles, multiplicar las celebraciones para atender al máximo recomendado de un tercio de ocupación que pueden tener los lugares cerrados”. También estableció medidas de higiene como retirar el agua bendita y no abrazar o estrechar la mano durante la paz.

Hasta este lunes, no se habían reportado incidentes ni desalojos en las iglesias de la diócesis madrileña. “Por más que les he mostrado el artículo 11 del decreto de alarma y los feligreses han mostrado todos el papel del Obispado que nos invitaron a repartir como salvoconducto hacia la Policía, me han dicho que si no suspendía la misa nos sancionaban”, relata el sacerdote.

Al final, el párroco decidió darles la comunión y dar por concluido el oficio. Nadie fue sancionado. Tras hablar con el Obispado, sostiene el cura en su nota, le comunicaron que siguiera celebrando las misas “con normalidad", pero con precauciones para no llamar la atención ni ser detectado, como no dejar "las puertas abiertas de par en par ni las luces que dan a la calle encendidas”. “También quitar las campanas que anuncian la misa y explicar a los feligreses que la puerta estará siempre cerrada aunque sin llave para que puedan pasar y la vuelvan a dejar cerrada”.

A juicio del párroco, la Policía “no puede entrar en un templo ni paralizar una misa sin un requerimiento judicial firmado. Han cometido allanamiento de morada. Si insisten en denunciar, que denuncien. Se recurre y ellos serán sancionados por precaución por saltarse la ley”.

¿Qué opina la CEE del desalojo de la iglesia? “La actuación policial, legítima en la calle, puede haber sido desmedida en los templos, sobre todo cuando se ha interrumpido una celebración ya comenzada, pues olvida el artículo 11 del decreto", afirma el portavoz, que recuerda que estamos “en un estado de alarma, no de excepción”. "En la aplicación de la normativa ha habido algún conflicto aislado, pero en otros muchos casos hay y ha habido una buena colaboración”, concluye.




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Re:Algo sobre dinero
« Respuesta #1190 en: 22 de Abril de 2020, 06:44:52 am »

Hacienda confisca a gibraltareños residentes en España sus coches matriculados en el Peñón

José Luis García-SerranoCádiz
21/04/202016:31h.
Daños colaterales: Hacienda confisca a gibraltareños residentes en España sus coches matriculados en el Peñon

    La ley obliga a los ciudadanos no-nacionales residentes en España a matricularlos en nuestro país

Podríamos llamarlo daños colaterales. Efectos del estado de alarma, que algunos no tenían previsto. Uno de ellos ocurre estos días en la aduana entre España y Gibraltar. Resulta, que entre los miles de coches que entraban y salían de Gibraltar a diario, antes de la pandemia, viajaban no pocos gibraltareños residentes en España pero con placas del Peñón. La ley obliga a los no-nacionales con residencia en nuestro país a matricular sus coches aquí, algo que muchos olvidaron hacer. Y en esto llegó el coronavirus.

Con el paso en la frontera reducido al mínimo, en palabras de una fuente consultada, "ha saltado la gallina". Los agentes españoles, con más tiempo para estudiar la justificación del paso, y la documentación que lo justifica, han empezado a detectar la irregular situación de los vehículos de algunos llanitos.

Los agentes españoles, con más tiempo para estudiar la justificación del paso, y la documentación que lo justifica, han empezado a detectar la irregular situación de los vehículos de algunos yanitos.

Resultado: coches confiscados en la aduana hasta tanto no satisfagan los impuestos de matriculación pertinentes y les coloquen placas españolas. Los importes requeridos, afirman gibraltareños afectados a la televisión local, entre los 44 y los mas de diecisiete mil euros, los que van de un coche para el desguace a un flamante vehículo de decenas de miles de euros.

Los afectados han reclamado al gobierno del Peñón, pero el Ministro Principal, Fabián Picardo, lo ha dejado bien claro en rueda de prensa. "El gobierno de Gibraltar no puede tolerar actividades que sean contrarias a la legislación española", ha dicho Picardo, que ha dejado claro que las normas existen desde hace más de veinte o treinta años y no puede involucrarse en el asunto.

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Re:Algo sobre dinero
« Respuesta #1191 en: 22 de Abril de 2020, 06:52:02 am »
Que vayan tomando nota de la que se les puede venir encima a los llanitos con el Brexit.

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Re:Algo sobre dinero
« Respuesta #1192 en: 24 de Abril de 2020, 07:01:43 am »

SENTENCIA DE LA AUDIENCIA DE MADRID
La noche y el día de Agapito García: "el mayor moroso de Hacienda", absuelto de delito fiscal
La Audiencia Provincial de Madrid absuelve de delito fiscal al empresario que encabezó la lista de morosos de Hacienda durante años. No cree probada la acusación

Agapito García, antes del juicio. (La Sexta)

Autor
Rafael Méndez

24/04/2020 05:00 - Actualizado: 24/04/2020 05:27

Agapito García es, oficialmente, el mayor moroso de Hacienda. En la lista que pública la Agencia Tributaria, aparece con una deuda de casi 16 millones de euros y por encima de este empresario solo hay grandes compañías. Se hizo famoso y Hacienda no se conformó con perseguirlo por la vía administrativa sino que lo denunció por delito fiscal. Sin embargo, Agapito acaba de ser absuelto. Según la Audiencia Provincial de Madrid, no hay pruebas de que cometiera delito, según una sentencia notificada el jueves. Eso no impedirá que siga en la lista.

Agapito es probablemente el enemigo número uno de Hacienda. No tanto por la cuantía sino porque hace 20 años ya fue absuelto de un delito fiscal y ha tenido múltiples enganchones con la Agencia Tributaria. En el último, Agapito estaba acusado de un delito fiscal por el que la Fiscalía pedía cuatro años de cárcel y 6,4 millones de euros en concepto de multas varias. García, un empresario que tenía inversiones inmobiliarias e industriales bajo una sociedad matriz, Mirador de la Dehesa, defendió su inocencia y nunca buscó un acuerdo. "Voy a morir luchando contra la Agencia Tributaria", defendió premonitoriamente en el juicio, celebrado en febrero.

El tribunal considera que no está probado que esas salidas de dinero fueran préstamos simulados, un clásico de la defraudación fiscal

La Audiencia Provincial de Madrid considera probado que en 2009 recibió 2.663.500 euros en préstamos de la empresa Mirador de la Dehesa, de la que poseía entonces el 50%. Según la Fiscalía, nunca devolvió el dinero ni lo declaró porque en realidad era un salario. Pero la sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, no respalda esta tesis: "No ha resultado acreditado que dicha deuda le haya sido condonada al acusado".

El tribunal considera que no está probado que esas salidas de dinero fueran préstamos simulados, un clásico de la defraudación fiscal. "Suscita dudas a este tribunal que el resultado de la prueba practicado permita considerar acreditado con la certeza que exige el proceso penal y el contenido del derecho a la presunción de inocencia que la cantidades antedichas recibidas en concepto de préstamos por el acusado durante el año 2009 de Mirador de la Dehesa no sean tales sino la forma de encubrir unas salidas de capital de dicha mercantil tendente a eludir su integración en la base imponible del impuesto sobre la renta de las personas físicas". El tribunal aplica que en caso de duda hay que tomar la decisión más favorable al acusado y absuelve a Agapito.

Thyssen, Alonso, Gibernau, Merino... ¿Por qué Hacienda pierde ahora con los famosos?
Rafael Méndez
Hacienda exhibe el récord de recaudación por delito en 2018 para rebatir a los fiscalistas que critican el abuso de denuncias penales, especialmente durante los años de la crisis

La Fiscalía le acusaba también por otra compleja operación societaria en la que movió 1,8 millones, pero el tribunal tampoco lo ve claro. "Ahora bien, analizados dichos documentos, estima este tribunal que dichos indicios carecen de la entidad para probar con la fehaciencia que exigen los principios que rigen el proceso penal".

El abogado de Agapito García, Pablo Molina Borchert, responsable de la victoria legal, explica que el ejercicio 2009, por el que fue acusado, "fue complejísimo fiscalmente para Agapito. Dividió sus sociedades con otro socio. A los jueces no les ha convencido la Agencia Tributaria porque el ánimo defraudatorio es un ánimo doloso muy específico". Ser absuelto de delito fiscal no implica que la deuda haya desaparecido, ya que Hacienda puede reclamarla en vía administrativa y el contribuyente plantear un contencioso, pero sí da una victoria a Agapito.

"A los jueces no les ha convencido la Agencia Tributaria, porque el ánimo defraudatorio es un ánimo doloso muy específico"

Últimamente, los jueces empiezan a ser más restrictivos con los delitos fiscales. Borja Thyssen, Sete Gibernau, Xabi Alonso o Javier Merino han sido algunos de los famosos absueltos en los últimos meses. En ocasiones, los casos vuelven a Hacienda y, paradójicamente, pueden acabar con una sanción mayor. En lo peor de la crisis, con la dureza de los tribunales, la mayoría de los acusados buscaban acuerdos de conformidad: pagar una multa pactada a cambio de una pena menor de dos años que no conllevara ingreso en prisión. Pero cada vez más hay acusados que se arriesgan a ir al banquillo.

Agapito García fue reemplazado en la lista por los Cort Lagos, herederos de gran parte del suelo de Valdebebas. Hacienda también se querelló contra ellos por defraudar 100 millones, pero un error judicial hizo que el delito prescribiera por unos días. En noviembre pasado, la Audiencia Nacional los mandó a juicio por una cuantía similar.



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Re:Algo sobre dinero
« Respuesta #1193 en: 27 de Mayo de 2020, 17:27:54 pm »
 ;vom;



Enagás ficha a José Blanco y José Montilla y ya tiene mayoría de expolíticos en su consejo de administración


Los exministros socialistas, nuevos consejeros independientes de la gasista, junto al científico Cristóbal Gallego, considerado cercano a Podemos


José Montilla y José Blanco, en 2020. EFE
Por Antonio M. Vélez
27 may 2020 09:55

Los expolíticos van a ser mayoría en el consejo de administración de Enagás. La empresa que gestiona la red gasista, cuyo máximo accionista (5%) es el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ultima el nombramiento como consejeros del expresidente de la Generalitat de Catalunya y exministro de Industria, José Montilla, y del exministro de Fomento y exvicesecretario general del PSOE, José Blanco.


La incorporación en calidad de "independientes" de los socialistas Montilla y Blanco (respectivamente, senador y eurodiputado hasta 2019), junto con el científico Cristóbal Gallego, cercano a Podemos, fue aprobada por el consejo de administración de Enagás el martes y avanzada en la noche de ayer por Crónica Global. Enagás, que todavía no ha comunicado los nombramientos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), no ha querido hacer comentarios al respecto.


Montilla era ministro de Industria cuando, en 2006, el actual presidente de esta compañía del Ibex, Antonio Llardén (considerado cercano al PSC), fue nombrado consejero de Enagás, entonces en representación de Gas Natural, de la que había sido alto directivo, si bien Llardén no fue nombrado presidente hasta 2007, cuando Montilla ya era presidente catalán y la cartera de Industria estaba en manos de Joan Clos.

Por su parte, Blanco fue desde julio de 2008 hasta febrero de 2012 vicesecretario general del PSOE, y entre abril de 2009 y diciembre de 2011, ministro de Fomento. Entre 2014 y 2019 fue diputado en el Parlamento Europeo, donde se encargó de dirigir la negociación de la Directiva de Renovables como miembro del equipo del Parlamento Europeo.


El tercer fichaje de Enagás, Cristóbal Gallego, es doctor Ingeniero Aeronáutico, investigador en energía eólica y miembro del Observatorio Crítico de la Energía. Fue el experto designado por Podemos para el informe de la Comisión de Expertos sobre transición energética encargado en 2017.

Con el aterrizaje de Blanco y Montilla, los expolíticos van a ser mayoritarios en el consejo de administración de Enagás, cuyo número de miembros se va a incrementar hasta 15, en el límite que recomienda el código de buen gobierno de la CNMV. Ese elevado peso de antiguos altos cargos no tiene parangón en la bolsa española y coincide con un momento de elevada incertidumbre para el sector gasista ante el proceso de transición energética.

Otros cinco del PP
Esos dos ex pesos pesados del socialismo van a coincidir en el consejo de Enagás con otros cinco expolíticos del PP que recalaron en el grupo durante la etapa de Mariano Rajoy en Moncloa. El consejero delegado de Enagás es Marcelino Oreja, hijo del excomisario europeo y antiguo eurodiputado popular, que fue fichado en 2012. Tras él se incorporaron en 2014 los consejeros independientes Antonio Hernández Mancha, ex presidente de Alianza Popular; la exministra de Exteriores Ana Palacio; la exministra de Medio Ambiente Isabel Tocino; y la exviceconsejera de Hacienda del Gobierno canario Rosa Rodríguez.


A ellos se suma el economista Santiago Ferrer, ex diputado en el Parlamento de Baleares por Formentera y conseller de Hacienda en el Consell de Ibiza y Formentera, que se incorporó en 2018 y que hace años encabezó las listas de la Coalició d'Organitzacions Progressistes de Formentera (C.O.P.).

En el máximo órgano de gestión de Enagás hay otros dos vocales independientes que, sin haber ocupado cargos políticos, también son considerados muy cercanos al PP: el expresidente del extinto Tribunal de Defensa de la Competencia Gonzalo Solana y el abogado del Estado Ignacio Grangel, que fue asesor en el Ministerio de Industria durante el primer gobierno de Mariano Rajoy y después fue recolocado por los populares, sucesivamente, en Red Eléctrica, Omel y Enagás.

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Re:Algo sobre dinero
« Respuesta #1194 en: 28 de Mayo de 2020, 01:48:36 am »
La izquierda, la amiga del obrero que no está sometida a los bancos, empresas del IBEX 35, etc., y por aquí alguno lo dice y se lo cree  :partirse :partirse :partirse

;vom;



Enagás ficha a José Blanco y José Montilla y ya tiene mayoría de expolíticos en su consejo de administración


Los exministros socialistas, nuevos consejeros independientes de la gasista, junto al científico Cristóbal Gallego, considerado cercano a Podemos


José Montilla y José Blanco, en 2020. EFE
Por Antonio M. Vélez
27 may 2020 09:55

Los expolíticos van a ser mayoría en el consejo de administración de Enagás. La empresa que gestiona la red gasista, cuyo máximo accionista (5%) es el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ultima el nombramiento como consejeros del expresidente de la Generalitat de Catalunya y exministro de Industria, José Montilla, y del exministro de Fomento y exvicesecretario general del PSOE, José Blanco.


La incorporación en calidad de "independientes" de los socialistas Montilla y Blanco (respectivamente, senador y eurodiputado hasta 2019), junto con el científico Cristóbal Gallego, cercano a Podemos, fue aprobada por el consejo de administración de Enagás el martes y avanzada en la noche de ayer por Crónica Global. Enagás, que todavía no ha comunicado los nombramientos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), no ha querido hacer comentarios al respecto.


Montilla era ministro de Industria cuando, en 2006, el actual presidente de esta compañía del Ibex, Antonio Llardén (considerado cercano al PSC), fue nombrado consejero de Enagás, entonces en representación de Gas Natural, de la que había sido alto directivo, si bien Llardén no fue nombrado presidente hasta 2007, cuando Montilla ya era presidente catalán y la cartera de Industria estaba en manos de Joan Clos.

Por su parte, Blanco fue desde julio de 2008 hasta febrero de 2012 vicesecretario general del PSOE, y entre abril de 2009 y diciembre de 2011, ministro de Fomento. Entre 2014 y 2019 fue diputado en el Parlamento Europeo, donde se encargó de dirigir la negociación de la Directiva de Renovables como miembro del equipo del Parlamento Europeo.


El tercer fichaje de Enagás, Cristóbal Gallego, es doctor Ingeniero Aeronáutico, investigador en energía eólica y miembro del Observatorio Crítico de la Energía. Fue el experto designado por Podemos para el informe de la Comisión de Expertos sobre transición energética encargado en 2017.

Con el aterrizaje de Blanco y Montilla, los expolíticos van a ser mayoritarios en el consejo de administración de Enagás, cuyo número de miembros se va a incrementar hasta 15, en el límite que recomienda el código de buen gobierno de la CNMV. Ese elevado peso de antiguos altos cargos no tiene parangón en la bolsa española y coincide con un momento de elevada incertidumbre para el sector gasista ante el proceso de transición energética.

Otros cinco del PP
Esos dos ex pesos pesados del socialismo van a coincidir en el consejo de Enagás con otros cinco expolíticos del PP que recalaron en el grupo durante la etapa de Mariano Rajoy en Moncloa. El consejero delegado de Enagás es Marcelino Oreja, hijo del excomisario europeo y antiguo eurodiputado popular, que fue fichado en 2012. Tras él se incorporaron en 2014 los consejeros independientes Antonio Hernández Mancha, ex presidente de Alianza Popular; la exministra de Exteriores Ana Palacio; la exministra de Medio Ambiente Isabel Tocino; y la exviceconsejera de Hacienda del Gobierno canario Rosa Rodríguez.


A ellos se suma el economista Santiago Ferrer, ex diputado en el Parlamento de Baleares por Formentera y conseller de Hacienda en el Consell de Ibiza y Formentera, que se incorporó en 2018 y que hace años encabezó las listas de la Coalició d'Organitzacions Progressistes de Formentera (C.O.P.).

En el máximo órgano de gestión de Enagás hay otros dos vocales independientes que, sin haber ocupado cargos políticos, también son considerados muy cercanos al PP: el expresidente del extinto Tribunal de Defensa de la Competencia Gonzalo Solana y el abogado del Estado Ignacio Grangel, que fue asesor en el Ministerio de Industria durante el primer gobierno de Mariano Rajoy y después fue recolocado por los populares, sucesivamente, en Red Eléctrica, Omel y Enagás.