Nueve meses después y tras una lista de 42 imputados desde que explotó el caso Guateque, la mayor trama de corrupción detectada en el Ayuntamiento de Madrid (PP), el juez ha imputado al primer concejal por este asunto. Í?igo Henríquez de Luna, edil del PP del distrito de Salamanca y reciente impulsor fallido del sistema de elecciones primarias en su partido, ha sido el elegido por el magistrado Santiago Torres.
A Henríquez de Luna, junto a tres funcionarios municipales -ya imputados por este caso-, se les relaciona con un caso de presuntas licencias irregulares concedidas a una tienda de decoración de la calle de Juan Bravo.
Según consta en la demanda que ha dado pie a la imputación, presentada por dos vecinos de la finca, la empresa BZ Asuntos de familia, SL, adquirió en 1998 y 1999 el local bajo y los cuatro pisos de la planta primera de Juan Bravo, 18. El espacio, posteriormente unificado, iba a ser un local para Becara, una tienda especializada en muebles y decoración de la familia Aranguren Zunzunegui. Una de las hijas de dicha familia, Amalia Aranguren, es la esposa del abogado y ex diputado nacional del PP Jorge Trías Sagnier. Éste, en una reunión de la comunidad de propietarios de Juan Bravo, 18, "se jactó de su amistad con Í?igo Henríquez, llegando incluso a ofrecer a un vecino su ayuda para un asunto dada la gran amistad que les unía", se se?ala en la denuncia. "Igualmente, en distintas ocasiones se jactó también de su amistad con los se?ores Álvarez del Manzano [ex alcalde de Madrid] y [Alberto] Ruiz-Gallardón [actual regidor de la capital]".
La Junta de Salamanca, entonces presidida por el edil Fernando Martínez Vidal, no concedió la licencia de obras a la empresa porque el proyecto no cumplía con las ordenanzas. Pero los solicitantes acudieron a la Gerencia de Urbanismo, entonces dirigida por el también imputado Luis Armada, y lograron la aprobación. Los demandantes adjuntan un documento, anterior a la solicitud de la licencia por BZ Asuntos de Familia, en el que el Ayuntamiento informaba de que "en el local en cuestión no se admite la transformación o cambio de las actividades existentes hasta que no se produzca la demolición del edificio". Dichas actividades eran la "compraventa de automóviles usados". O sea, nada de decoración. Poco después, Í?igo Henríquez de Luna se hizo cargo de la Junta de Salamanca. Pese a que varias sentencias se?alaron irregularidades en la licencia del establecimiento, éste permaneció abierto.Se enteró por la prensa y, dos horas después, Í?igo Henríquez de Luna, el concejal más popular del Ayuntamiento gracias a su fallida campa?a a favor de las primarias en su partido, quiso dar una rueda de prensa para ofrecer su versión y criticar que el juez, pese a que el auto está fechado el 26 de junio, no le ha notificado todavía la imputación. Estaba triste, "nada tranquilo" e "indefenso" ante lo que calificó de "da?o personal y moral muy grande". Dijo que el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, le ha transmitido su solidaridad y que le ha pedido que no se preocupe. Fuentes municipales dijeron ayer que no va a ser destituido, ni se tomará ninguna decisión hasta que haya sentencia.
"La denuncia es falsa y se fundamenta en mi participación en una licencia que no he firmado, porque es de antes de que yo estuviera y siempre la ha llevado Urbanismo", explicó Henríquez de Luna, mostrando una carpeta de expedientes firmados desde la Gerencia de Urbanismo.
"Esto es una venganza", expuso el edil, cada vez más enfadado. "La familia Goyeneche [los denunciantes] fue objeto de un precinto de una oficina ilegal que tenían en una vivienda. Poco después, Goyeneche vino a mi despacho y me dijo que, ya que toleraba las irregularidades en Becara [la tienda de Juan Bravo], le permitiera a él tener el despacho. Lo eché inmediatamente y, días después, se querelló contra mí por tráfico de influencias". Esa primera denuncia fue rechazada, pero "ahora", dijo, "la querella ha sido aceptada por el juez Torres".
Curiosamente, la Junta Municipal de Salamanca no tiene competencias sobre la lujosa tienda, según el edil, pero sí las tiene para precintar el despacho ilegal de los Goyeneche, ubicado en la misma finca. Otra de las irregularidades que constan en la denuncia es el presunto aumento de espacio que consiguió la tienda tras las obras y que prohibía expresamente Urbanismo.
La empresa que se quedó con el local pasó de tener autorización para utilizarlo como garaje y cuatro pisos sin licencia de actividad, a un establecimiento comercial de más de 1.200 metros cuadrados en Juan Bravo, 18. La tienda estaba ayer abierta y llena de compradores. Un encargado rehusó hacer declaraciones. El negocio también ocupa parte del patio de la manzana, hecho que figura en la denuncia.
El primer concejal imputado por el caso Guateque explicó ayer que ha hablado con la edil de Urbanismo, Pilar Martínez, y le ha dicho que no se preocupe, "porque todas las licencias son de Urbanismo". Henríquez de Luna también negó que tuviera ninguna relación personal con Jorge Trías [marido de una de las propietarias de la tienda, que se jactaba de ser amigo suyo]. "Tanto es así, que Trías tiene abierto un expediente disciplinario por otra oficina ilegal", reveló Henríquez de Luna.
"Pusimos la denuncia, pero el juez estimó que no tenía conexión con el Guateque. Recurrimos y la ha aceptado", aseguraba ayer Javier Sotos, el apoderado de Juan Mariano Goyeneche, uno de los denunciantes. El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas, exigió a Gallardón la destitución del concejal. Según Lucas, con la imputación de un concejal "de su confianza", que preside la Junta Municipal de Salamanca, el alcalde de Madrid "no puede seguir mirando hacia otro lado y pensando que no pasa nada".
