Crisis epidémicas

[Heracles_Pontor]

Si se llega a ejecutar esa sentencia. . . volverá. . .

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[47ronin]

Se aprueba Hipra, ña vacuna española para el Covid.

[Heracles_Pontor]

Pués muy bien. . .

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[47ronin]

El juez del 'caso mascarillas' procesa a Luceño y Medina por estafa y falsedad documental


 Luceño se enfrenta también a los delitos de falsedad en documento mercantil y delito fiscal
 Ninguno de los dos será procesado por delito de blanqueo de capitales, ya que los acusados "no trataron de ocultar el dinero percibido de las comisiones ni intentaron hacer desaparecer el mismo"

infoLibre

3 de abril de 2023 19:30h
@_infolibre
El juez Adolfo Carretero, que instruye el denominado caso mascarillas, ha decidido procesar a los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina por los delitos de estafa agravada y falsedad documental al Ayuntamiento de Madrid por la venta de material sanitario en plena pandemia por coronavirus, según ha informado Europa Press.

En el auto se indica asimismo que Luceño se enfrenta a los delitos de falsedad en documento mercantil y delito fiscal. Sin embargo, ninguno de los dos será procesado por delito de blanqueo de capitales, ya que los acusados "no trataron de ocultar el dinero percibido de las comisiones ni intentaron hacer desaparecer el mismo".

De esta forma, el magistrado transforma las diligencias en procedimiento abreviado de cara a la celebración de un juicio. Ahora las partes personadas se pronunciarán sobre si solicitan el archivo o la apertura de juicio oral.

[Heracles_Pontor]

Veremos qué dice la sentencia. . .

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[47ronin]

Los datos de la pandemia de Covid-19 en España hoy, 14 de abril

Por Virginia Sarabia
14 de abril de 2023, 17:36
Hospital
Hospital. David Zorrakino / Europa Press

Durante la última semana se han notificado unos 1.800 nuevos contagios y la incidencia acumulada entre los mayores de 60 años ha subido un punto, hasta 70.

Aumenta también el número de pacientes ingresados por Covid en planta (de 2.048 a 2.149) y en UCI (de 102 a 115), cuya ocupación asciende al 1,31%.

Sanidad registra hoy 9.906 nuevos casos de coronavirus registrados desde el último balance publicado. Desde el pasado viernes se han sumado además 180 nuevos decesos. En total, el cómputo global de fallecimientos desde el inicio de la pandemia asciende a 120.606.

La incidencia acumulada entre los mayores de 60 años a 14 días se sitúa en 70 casos por cada 100.000 habitantes, es decir, un punto más que en el balance anterior. Desde el 1 de abril de 2022, el Ministerio de Sanidad solo ofrece los datos de incidencia en las personas de 60 años o más, consideradas las más vulnerables al Covid.

Hay un total de 2.149 pacientes hospitalizados con Covid-19, de los que 115 están ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos, cuya ocupación es del 1,31%.


Hay 39.288.333 personas con al menos una dosis de la vacuna contra el virus y 39.211.497 con la pauta completa, es decir, un 92,6% de la población mayor de 12 años. Además, hay 26.543.009 personas con una dosis de recuerdo.

Arcturus, la nueva variante de Covid-19 que tiene en alerta a la OMS

La India está sufriendo un considerable aumento de casos en los últimos tres meses debido a esta variable.

Conocida como XBB.1.16, se detectó por primera vez en Nueva York (Estado Unidos) y ya está en 22 países.

Un estudio calcula que aumentar un 35% las restricciones redujo un 22% semanal la propagación de Covid
Las medidas especialmente efectivas fueron las tomadas en distancia social y restauración, sobre todo en interiores.

Los cierres perimetrales durante la segunda o tercera ola no tuvieron impacto alguna

[47ronin]

Algunos se tomaron las medidas anticovid de una forma "....", cuando éstas debieron ser al "tran.tran", y el tiempo ha dado la razón, denuncias en la papelera y unos estados de alarma considerados como inconstitucionales, pero para estos dos, la cosa se va a poner fea.


Dos policías a juicio por abuso de autoridad en una detención durante el estado de alarma


La Fiscalía considera que se excedieron durante el arresto de una pareja. Al hombre lo dejaron inconsciente agarrándolo por el cuello antes de arrastrarlo al vehículo policial, y a ella le propinaron una bofetada


Por P. D. Almoguera. Málaga
16/04/2023 - 05:00

“Con evidente abuso de las funciones propias de su cargo y de manera totalmente injustificada”, procedió a arrancar la matrícula por la fuerza y después agarró a T. W. por detrás, “presionándole el cuello con el antebrazo” hasta “hacerlo caer al suelo inconsciente”. Su compañero introdujo a Y. G. A. en el coche tras “pegarle una bofetada en la cara” y “aprisionarle el pie con la puerta”. Este es un extracto del relato que la Fiscalía de Málaga hace sobre la actuación de dos agentes de la Policía Local de Torrox contra los que ha formulado acusación por supuestamente excederse durante la detención de una pareja y para los que solicita, para cada uno, un año de cárcel y tres de inhabilitación en su puesto por la presunta comisión de cuatro delitos.

El Ministerio Público, paralelamente, insta al sobreseimiento de la causa abierta a las víctimas por su arresto por atentado a agente de la autoridad al "no quedar debidamente acreditado el delito que se les atribuye".

 Los hechos se remontan al 29 de marzo de 2020, dos semanas después de que el Gobierno decretase el estado de alarma por la pandemia del coronavirus. Eran las 16:50 y los dos agentes investigados se encontraban patrullando por la zona conocida como El Peñoncillo. Allí se encontraba estacionada la autocaravana de T. W. Uno de los policías locales, "excusándose en la existencia de irregularidades en las matrículas, procedió a arrancárselas por la fuerza", relata el fiscal del caso en su escrito de acusación, en el que destaca “el evidente abuso” y la “manera totalmente injustificada” de la actuación. T. W. e Y. G. A. trataron de explicar que no había "defecto alguno" en la placa porque, "con motivo del estado de alarma" dictado a raíz de la pandemia, "se habían suspendido los plazos administrativos de regularización". No obstante, los policías decidieron arrestarlos con base en un presunto atentado a agente de la autoridad. Los agentes dijeron a todos los testigos que habían grabado la escena con sus teléfonos que debían borrar los archivos

El primero fue esposado y "arrastrado hasta el vehículo policial" después de que perdiese el conocimiento al ser agarrado por detrás y le apretasen el cuello. La segunda fue introducida por la fuerza en el coche patrulla tras supuestamente recibir un bofetón en la cara por parte de uno de los agentes, que al parecer también le pilló un pie con la puerta. "Con la finalidad de que estos hechos fuesen conocidos, los acusados manifestaron a todos los testigos que tenían la obligación de borrar todas las grabaciones efectuadas con sus móviles", señala la Fiscalía, que añade que, una vez en dependencias policiales, uno de los agentes “cogió el teléfono de T.W. —con el que había captado escenas de lo acontecido— y lo lanzó repetidamente contra el suelo y la pared hasta dejarlo totalmente inutilizado”.

La pareja fue conducida ante la Guardia Civil sobre las 21:30 y quedó en libertad una hora después, con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando fuera llamada. En el escrito de acusación, al que tuvo acceso este periódico, se resalta que T. W. sufrió erosiones en distintas partes de su cuerpo, que requirieron tres días de curación, y se valora en 350 euros el teléfono presuntamente destrozado por uno de los agentes. La Fiscalía considera que los policías investigados habrían incurrido en cuatro delitos "No ha quedado debidamente acreditado" que Y. G. A. y su acompañante "agredieran a los agentes", mientras que el Ministerio Público considera que estos cometieron, según el caso, dos delitos contra la integridad moral, otro leve de lesiones, un tercero de maltrato de obra leve y un cuarto de daños. Para uno de los policías, al que señala como autor de tres de estos cargos, solicita un año de cárcel, tres de inhabilitación especial para empleo o cargo público, así como 1.200 euros de multa. Su compañero se enfrenta a otro año de prisión, tres sin poder ejercer su trabajo y 600 euros de multa. En el caso de ser considerados culpables, también deberán afrontar indemnizar conjuntamente a las víctimas con el pago de 6.000 euros "en concepto de daños morales".

[47ronin]

El TC propone rechazar el recurso de un hombre que trató de impedir que su madre con Alzheimer fuera vacunada de Covid


Historia de ÁNGELA MARTIALAY • Hace 6 h


El Tribunal Constitucional tiene previsto deliberar esta semana sobre la demanda de amparo que dará respuesta por primera vez a un recurso de amparo interpuesto por un antivacunas durante la pandemia del Covid-19. La sentencia propone desestimar la demanda presentada por el representante legal de una anciana que padecía Alzheimer y estaba internada en un centro de mayores de Las Palmas de Gran Canaria. Su hijo y representante legal se opuso frontalmente a que la mujer fuera vacunada del coronavirus pero una juez autorizó que se le inoculase la inyección frente al virus. El hijo presentó entonces una demanda de amparo por presunta vulneración de derechos fundamentales a la igualdad, derecho a la integridad física y moral y derecho a la intimidad.

Los hechos se produjeron en la primavera del año 2021 cuando el tutor legal de la anciana envió al Centro Sociosanitario Ingenio de Las Palmas un escrito donde informaba a sus responsables que no daba el consentimiento ni autorizaba a que se le pusiera a su progenitora la vacuna contra el Covid ni ningún tipo de vacunas de la gripe anual por «la inseguridad civil y jurídica» de tales fármacos.

El recurrente alegó que su madre, de 85 años, había sobrevivido a cuatro olas anteriores de la pandemia sin necesidad de ninguna vacuna por lo que argumentaba que no tenía sentido suministrarle en esas fechas la citada medicación. Sostuvo que la administración forzosa del fármaco tampoco estaba justificada desde el punto de vista epidemiológico. Por su parte, desde la residencia de ancianos se había informado de que esta circunstancia obligaba al centro a proceder a una sectorización para evitar el contacto entre personas vacunadas y las no vacunadas.

De hecho, llegó un momento en el que la anciana pasó a ser la única residente del centro no vacunada por lo que estaba sometida a unas normas muy estrictas de distanciamiento en relación con los restantes mayores. No podía compartir habitación con otras personas ni podría comer con otros compañeros, «hallándose prácticamente aislada por el cumplimiento de tales normas de distanciamiento social lo que le ha afectado negativamente», según informaron los facultativos de la residencia de Las Palmas.

En noviembre, el Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Telde autorizó la vacunación de la octogenaria admitiendo que, aunque no existe en la legislación vigente una obligación legal de vacunarse y que los argumentos ofrecidos por el tutor eran «comprensibles y legítimos», éstos debían decaer frente al carácter seguro de la vacuna Covid-19, que contaba con la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento, siendo en todo caso «mayor y más grave el riesgo de contraer la infección por coronavirus que la de padecer algún efecto secundario grave». Además, el juzgado valoró el informe del médico forense donde se consideraba que la vacuna propuesta no se hallaba contraindicada con el estado de salud de la anciana. Posteriormente, la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria confirmó este criterio y, al ser vacunada la anciana, su hijo recurrió en amparo al Constitucional.

Ponencia de Juan Carlos Campo

El proyecto de sentencia que será debatido por el Pleno, ponencia del magistrado Juan Carlos Campo, al que ha tenido acceso EL MUNDO, sostiene que «es indudable que existen supuestos en los que el derecho fundamental a la integridad personal y el derecho a la intimidad pueden verse vulnerados de modo concurrente». Campo explica que prevalece «el interés colectivo» a la hora de favorecer una vacunación masiva entendida como herramienta preventiva y eficaz en un contexto epidémico grave, «pues una política efectiva de inmunización colectiva puede conducir, y así ha ocurrido históricamente, a la erradicación de las enfermedades infecto-contagiosas a través de la llamada inmunidad de grupo».

Asimismo, el texto recalca que «no hay que olvidar que este aspecto de la política sanitaria tiene indudable raigambre constitucional, pues el artículo 43.2 de la Constitución exige a los poderes públicos tutelar la salud pública a través de medidas preventivas». La ponencia recuerda además que la Ley de Autonomía del Paciente, en su artículo 9.6, dispone que «en los casos en los que el consentimiento haya de otorgarlo el representante legal o las personas vinculadas por razones familiares (...) la decisión deberá adoptarse atendiendo siempre al mayor beneficio para la vida o salud del paciente».

El magistrado considera que estamos ante una medida de «carácter estrictamente tuitivo», que puede ser adoptada por la autoridad judicial con la sola finalidad legítima de protección de la persona que se encuentra impedida o imposibilitada para prestar consentimiento en un contexto de riesgo para su salud. La ponencia estima que en este caso se realizó una ponderación adecuada y proporcionada del interés de la persona vulnerable y, en consecuencia, propone desestimar el recurso de amparo.

Fuentes jurídicas explican que, durante la pandemia, el TC ha admitido a trámite tres tipos distintos de demandas relacionadas con la vacunación frente al Covid-19. Por un lado, recursos sobre la vacunación en residencias de ancianos acordadas por un juez en contra del criterio de la familia (es el caso de esta primera sentencia); amparos sobre la vacunación de menores donde uno de los dos progenitores se oponía a la inoculación de las vacunas; y, por último, demandas contra la Ley Vasca de vacunación obligatoria por el coronavirus.

[Heracles_Pontor]

Es el colmo que tenga que ser el TC quien ponga las cosas en su sitio con los negacionistas. . . en fin, un poco de cordura nunca viene mal. . .

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[47ronin]

La primera fiesta covid de Zaragoza acaba en juicio y con diez policías en el banquillo


Historia de redaccion@heraldo.es (M. A. Coloma) • Hace 2 h

La primera fiesta covid celebrada en Zaragoza durante la pandemia debía haber sentado este lunes en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial a cinco miembros de una familia colombiana y a los diez agentes de la Policía Local que los detuvieron. El violento altercado se produjo el 15 de marzo de 2020, apenas media hora después de que entrara en vigor el confinamiento del estado de alarma. Y la Fiscalía acusa tanto a las personas que estaban de celebración como a los funcionarios porque entiende que ambos se extralimitaron. Los investigados se juegan penas de cárcel y elevadas multas, pero los problemas de salud de uno de ellos obligaron al tribunal a aplazar el juicio sine die.




Los hechos se produjeron en el número 5 de la calle de Santiago Lapuente, en el barrio de Jesús, después de que varios vecinos llamaran a la sala del 092 para quejarse de la fiesta que habían organizado en un piso de la cuarta planta. Una primera patrulla acudió allí para pedir a los inquilinos que bajaran la música y dejaran de molestar. Pero en lugar de hacerlo, estos empezaron a escupir a los policía gritándoles que tenían el coronavirus.

No tardaron en presentarse allí refuerzos, a los que también arrojaron cristales rotos y macetas. Para la Fiscalía, la «tensa y agresiva» situación obligó a la Policía Local a hacer uso de la fuerza y reducir a Raúl V. N., sus padres, Raúl V. L. y Sorat N. S., su cuñado Héctor F. G. y su prima Lesly B. N. Los cinco acabaron en el calabozo por delitos de atentado y lesiones, ya que seis agentes resultaron heridos. Uno de ellos sufrió una fractura en la mano derecha por la que fue hospitalizado.

Pero el Ministerio Público cree que los policías tampoco actuaron correctamente. «Tras reducir a los acusados, reaccionaron de manera desproporcionada a la agresión inicial de estos, extralimitándose en el ejercicio de sus funciones», señala. En nombre de los detenidos, la abogada Carmen Sánchez quiso acusar también a los policías de allanamiento de morada, pero su petición se denegó.

[47ronin]

Hasta 15 años de cárcel por retener a los asistentes a una fiesta ilegal celebrada en pandemia

Historia de La Vanguardia • Ayer a las 10:30

La Audiencia Provincial de Madrid ha iniciado un proceso contra el organizador de una fiesta durante la pandemia durante la cual retuvo en contra de su voluntad a los asistentes hasta que concluyó la celebración.

La Fiscalía pide en sus conclusiones provisionales 15 años de prisión para el acusado como presunto autor de tres supuestos delitos de detención ilegal en unos hechos acaecidos a la misma en una nave del Polígono de la Cerámica del distrito madrileño de Puente de Vallecas

En su escrito de acusación el fiscal sostiene que en la noche del 6 al 7 de marzo de 2021 el acusado, R.G.V., organizó una fiesta en una sala situada en dicha nave que estaba vallada a su alrededor, incumpliendo las medidas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus covid-19, a la que acudieron cien personas.

Relata que la sala abrió sus puertas sobre las nueve de la noche, y sobre las tres de la madrugada, ante la evidencia de que se estaba celebrando una fiesta con asistencia de numerosas personas, se desplazaron al lugar policías nacionales que establecieron un dispositivo en las inmediaciones del local y observaron que no salía nadie del mismo.

Pasadas las seis de la mañana los agentes vieron salir a unas 50 personas del local pero sin poder hacerlo del recinto ya que la valla exterior se encontraba cerrada con llave
Añade que pasadas las seis de la mañana los agentes vieron salir a unas 50 personas del local pero sin poder hacerlo del recinto ya que la valla exterior se encontraba cerrada con llave.

El fiscal explica que dichas personas manifestaron a los agentes que no les dejaban salir hasta las seis de la mañana y que les habían quitado los móviles para impedirles la comunicación con el exterior.

Dado que el acusado se negó a abrir la puerta sobre las siete menos veinte de la mañana fueron avisados los bomberos para abrirla y liberar a las personas que se encontraban en el recinto.

Para la Fiscalía, las condiciones impuestas por R.G.V.a los asistentes a la fiesta eran contrarias a la libertad de las personas pero casi todos las aceptaron verbalmente con carácter general y de las que fueron informados en el momento de acceder al recinto privado tras el pago de 40 euros por entrada, pero, no obstante, sí aprecia que se cometió detención ilegal en tres casos.

Así indica que E.M.L. intentó abandonar el recinto a la una de la madrugada, momento en el que el acusado le impidió las salida de la nave siendo informado de que el local estaba cerrado hasta las seis de la mañana, ante lo que se vio obligado a permanecer encerrado hasta la llegada de los bomberos.

Algo parecido le ocurrió a J.L.H.R. cuando trató de abandonar el recinto sobre las tres de la madrugada y el acusado le informó igualmente de que la nave estaba cerrada hasta las seis de la mañana, pese a lo cual en una hora no determinada consiguió salir de ella pero permaneció encerrado en el recinto hasta la intervención de los bomberos.

Por su parte G.M.A. llegó a la nave a las once de la noche y una vez dentro el acusado también le advirtió de que no se podía salir hasta las seis de la mañana y que debía entregar el móvil.

Pero cuando a las 6:00 horas G.M.A. intentó abandonar la nave, le fue impedido por el acusado por la presencia de la Policía y no pudo salir del recinto hasta que fue liberado junto al resto de asistentes por los bomberos, siempre según la Fiscalía.

[47ronin]

Fin.


Fdo. OMS

P.D. Salimos mejores

 

[Heracles_Pontor]

Algunos, más que salir mejores, han entrado en un secta. . .

[47ronin]

El Supremo abre la puerta a anular todas las multas del confinamiento


La Sala de lo Penal anula una condena por delito de desobediencia a una persona que se saltó el confinamiento alegando que el TC declaró inconstitucional el estado de alarma
El Supremo abre la puerta a anular todas las multas del confinamiento Control de la Policía Nacional en el estado de alarma por el coronavirus.
DIEGO COGOLLUDO
PUBLICADO 17/05/2023 18:42
ACTUALIZADO 17/05/2023 18:42
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha anulado una condena por delito de desobediencia a una persona que se saltó el confinamiento. El Alto tribunal enmarca su decisión en el hecho de que el Constitucional declaró en su momento inconstitucional el estado de alarma, de manera que abre la vía a que se anulen todas las multas y condenas impuestas durante el confinamiento.

La sentencia, adelantada por el diario el Español y confirmada Vozpópuli, determina que el ciudadano apelante queda absuelto de la condena debido a que el tribunal de garantías tumbó parte de las medidas adoptadas por el Gobierno. El fallo, del que ha sido ponente el magistrado Julián Sánchez Melgar anula la orden impuesta por la policía a un ciudadano gallego que se saltó en repetidas ocasiones el confinamiento domiciliario.


El fallo argumenta que la orden en la que los agentes obligaban al ciudadano a encerrarse en su casa fue "antijurídica" y por tanto la desobediencia no puede ser base de ninguna condena. No obstante, las fuentes consultadas por este medio explican que no es la primera sentencia que se dicta en este sentido, ya que, el 9 de marzo de 2022, la misma Sala de lo Penal ya absolvió a otro ciudadano del delito de desobeciencia grave a agentes de la autoridad y dejó sin efecto las medidas adaptadas contra él durante el estado de alarma.

Anuladas las multas pero rechazadas las reclamaciones
En julio de 2021, el Tribunal Constitucional decidió declarar inconstitucionales todos los preceptos clave del estado de alarma como el confinamiento domiciliario o la limitación de circulación acordadas. Asimismo, también anuló todas las multas impuestas a los ciudadanos que se saltaron las retricciones durante esta situación


No obstante, en la misma sentencia, el Tribunal de Garantías decidió cerrar la puerta a las reclamaciones por los perjuicios causados por el estado de alarma; máxime teniendo en cuenta las "magnitudes incalculables" derivadas del histórico fallo. Ante este fallo, los expertosdejaron claro que una cosa es la responsabilidad patrimonial y otra las sanciones que se impusieron por saltarse medidas del estado de alarma que ahora anula el Constitucional.

[47ronin]

Los expertos del Ministerio de Sanidad dan luz verde a quitar las mascarillas en centros sanitarios


El decreto de la OMS poniendo fin a la emergencia sanitaria internacional por covid ha sido clave en la decisión de la Ponencia de Alertas. La última palabra la tendrán las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial
Los expertos del Ministerio de Sanidad dan luz verde a quitar las mascarillas en centros sanitarios Los expertos de Sanidad aprueban quitar mascarillas en centros sanitarios / EP
BORJA NEGRETE
PUBLICADO 19/05/2023 04:45
ACTUALIZADO 19/05/2023 04:50
El coronavirus ya forma parte de la hemeroteca. En las televisiones ya no hay epidemiólogos, y la covid ya no se cuela en las conversaciones de bar, ni en las comidas familiares de los domingos. Los españoles están a otras cosas y el mundo, en general, también. Los expertos de la Ponencia de Alertas, el principal órgano técnico del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas en materia de Salud Pública, han dado luz verde a retirar el uso obligatorio de mascarillas en centros sanitarios, según ha podido confirmar en exclusiva Vozpópuli.


Los componentes de la Ponencia, así como el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), con Fernando Simón al frente, creen que ha llegado el momento de la desescalada final. Son conscientes de que la covid-19 no ha desaparecido, pero adquiere otra dimensión. El punto determinante en su cambio de opinión ha sido el decreto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) poniendo fin a la emergencia sanitaria internacional por este patógeno.


El informe que maneja el CCAES, que tiene el visto bueno de los especialistas de la Ponencia de Alertas, sugiere eliminar el uso de la mascarilla obligatoria en los centros sanitarios y, en su lugar, recomendar su uso a las personas con sintomatología que acudan a los mismos. Ahora mismo, la mascarilla sigue siendo obligatoria en centros de Salud, hospitales, farmacias y residencias.

El documento de la Ponencia deberá ser ratificado por los Gobiernos de las comunidades autónomas en el marco del Consejo Interterritorial, una cita que podría dilatarse dadas las elecciones del 28M.


Ayuso, la primera en dar el paso
El gabinete de Isabel Díaz Ayuso le tiene tomada la medida a la pandemia y, una vez más, la presidenta de la Comunidad de Madrid fue por delante en proponer esta última medida de desescalada. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, defendió hace un mes que era el momento de poner sobre la mesa el debate sobre el fin del uso obligatorio de las mascarillas en los centros sanitarios. "Las mascarillas, como el resto de las medidas de precaución, se deben utilizar en los hospitales y centros de salud de forma adecuada, es decir, en las situaciones contempladas en los protocolos pre-pandemia", manifestó el consejero madrileño.

Este planteamiento fue trasladado por parte de la Consejería de Sanidad de Madrid a un Ministerio de Sanidad donde acaba de aterrizar el ministro José Manuel Miñones. Madrid pedía que la eliminación del uso de mascarillas se tratase a nivel técnico en la Comisión de Salud Pública. "Un asunto que Miñones debe afrontar, como le pedimos que aborde otros problemas, como garante de la equidad y cohesión del SNS", puntualizó Ruiz Escudero.



¿Lo apoyarán las CCAA del PP?
Parece clara la postura que mantendrá la Comunidad de Madrid cuando se discuta el tema pero, ¿y las otras autonomías? Como ya adelantó este periódico, lo cierto es que el PP madrileño navegaba, una vez más, a contracorriente en materia de pandemia. El resto de CCAA gobernadas por los populares se mostraron poco entusiasmadas con la idea o, directamente, en contra. Una de las que mostró su oposición a esta desescalada de manera más férrea es Andalucía.

"Seguimos en pandemia, en una situación de emergencia. Nuestro comité de expertos sigue recomendando, como así lo hace la OMS, el uso de la mascarilla no sólo en centros sanitarios y sociosanitarios, sino también en cualquier lugar que una persona considere que esa mascarilla puede protegerlo: transporte, lugares cerrados o con aglomeraciones de personas", explicaron desde el Ejecutivo andaluz.


Otro bastión popular, Castilla y León, señalo a este diario que se atendría a lo que dictara el Ministerio de Sanidad. "Cantabria estará con lo que se acuerde en el Consejo Interterritorial, como hasta ahora", apuntaba el Gobierno de Miguel Ángel Revilla. Estas posiciones podrían haber cambiado ahora que se ha hecho pública la opinión de la OMS sobre la marcha de la pandemia, aunque hay voces de la Salud Pública que creen que sería bueno mantener esta medida preventiva ya que la población se ha acostumbrado y sirve para reducir los contagios por virus respiratorios.

[47ronin]

La OMS alerta de que llegará una nueva pandemia que será más mortífera


"Seguro que habrá otra pandemia, lo que no sabemos es cuándo"
Expansión
23/05/2023 12:54
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Ante ello, pide a la comunidad internacional que se "prepare" ante la posibilidad de que emerjan nuevas pandemias.

En su opinión, "cuando llegue la próxima pandemia, que lo hará, debemos estar preparados para responder de manera decisiva, colectiva y equitativa". Según la OMS, las pandemias están lejos de ser la única amenaza que encara la humanidad, pero dio por seguro que los nuevos patógenos y las nuevas pandemias llegarán, por lo que instó a los líderes mundiales a diseñar una estrategia frente a estos desafíos.

Por otra parte, destaca que la pandemia "ha tenido un alto coste para la salud mental". "Muchos de nuestros propios empleados, como muchos trabajadores de la salud en todo el mundo, han experimentado estrés y agotamiento severos", ya que "la pandemia nos ha enfrentado a desafíos sin precedentes", agregó el doctor.



"La pandemia nos ha desviado del rumbo, pero nos ha demostrado por qué los Objetivos de Desarrollo Sostenible deben seguir siendo nuestra estrella polar y por qué debemos perseguirlos con la misma urgencia y determinación con la que contrarrestamos la pandemia", recalca.

[Heracles_Pontor]

Pues cuando llegue espero que nos pille con un gobierno progresista gobernando. . . porque como estén el PP y VOX. . .

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[47ronin]

La Guardia Civil ordena la destrucción "de forma discreta" de 500.000 mascarillas caducadas


Un oficio enviado a las compañías de Las Palmas para que ese material, entregado en verano de 2022 y caducado nueve meses más tarde, se retirara de "la forma más discreta y sin ostentar en las cajas su contenido"

Parte de las cajas de mascarillas almacenadas en la Comandancia de Las Palmas

Santiago MorenoSantiMorenoGued

SER Las Palmas
26/05/2023 - 7:47 h CEST
Las Palmas de Gran CanariaLa dirección de la Guardia Civil ha ordenado la retirada a un punto limpio de la forma más discreta y sin mostrar el contenido de las cajas del lote de mascarillas entregadas a la Comandancia de Las Palmas de Gran Canaria durante el pasado verano y cuya fecha de caducidad era abril de este año. Así se recoge en un oficio firmado por el comandante de apoyo, Gustavo Sánchez, enviado a cuatro compañías de Las Palmas con el asunto destrucción de mascarillas suministradas por el Ingesa por caducidad. En total se entregaron 500.000 cubrebocas, 300.000 de tipo FPP2 y 200.000 quirúrgicas, cuando sólo era obligatario en centros sanitarios, farmacias y transporte público. Ingesa es el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria dependiente del Ministerio de Sanidad y distribuidas desde Barcelona por la empresa Logista Pharma.

Más información

La AUGC reclama más mascarillas para los agentes de la Guardia Civil
La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) había denunciado en abril la caducidad de las miles de mascarillas entregadas a los agentes y que" la falta de control en esta entrega fue de tal calibre que se llegaron a adjudicar a Unidades de la Guardia Civil mascarillas de tipo FPP2 cuyo destino real era el Centro Penitenciario Las Palmas, sito en el Salto del Negro, de Las Palmas de Gran Canaria", aseguró el colectivo de agentes en un comunicado.



Y advertía que en base a esta orden dada por el Mando de Apoyo, se repartieron miles de estas mascarillas entre diversos organismos y entidades, como se acredita por ejemplo con la nota de prensa emitida por la Guardia Civil de Las Palmas el 19 de enero de 2023 de la cual se hizo eco en la cuenta de Twitter o en Facebook de la Guardia Civil de Las Palmas, en las que se observan fotografías de distintos guardias civiles haciendo entrega de las mismas a Centros de Mayores, de Refugiados e incluso a una concejalía de un ayuntamiento del Sureste de Gran Canaria.

El portavoz de la AUGC en Las Palmas, Juan Couce, aseguró que "hemos tenido conocimiento es que ahora lo que quieren es destruirla en un punto limpio. No entendemos cómo se va a cumplir la normativa de residuos cuando las mascarillas vienen embaladas en plásticos, tienen metal y papel, no entendemos cómo la Guardia Civil ha tomado esta determinación".

A Couce le sorprende que aparezca en esa orden la urgencia de deshacerse de manera "discreta" esas mascarillas fuera de uso. Ante esta situación la Asociación Unificada de la Guardia Civil piden explicaciones a la dirección General de la Guardia Civil por el método en el que se quiere destruir ese material y los motivos por los que se insta a que se haga de forma discreta.

[Heracles_Pontor]

No sabía que las mascarillas caducan. . .

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