Autor Tema: Inmigrantes e integracion  (Leído 371874 veces)

Desconectado Vikingo83

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Re: Inmigrantes e integracion
« Respuesta #4340 en: 07 de Abril de 2025, 21:26:40 pm »
Pues muy fácil, que se los lleven de vuelta.

Desconectado Heracles_Pontor

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Re: Inmigrantes e integracion
« Respuesta #4341 en: 08 de Abril de 2025, 14:44:01 pm »
Allí lo tiene fácil, porque se vuelven andando. . .

"No hay hechos, sino interpretaciones" Nietzsche

Desconectado 47ronin

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Re: Inmigrantes e integracion
« Respuesta #4342 en: 10 de Abril de 2025, 08:25:13 am »
Andalucía recurre ante el Tribunal Constitucional el reparto de inmigrantes

Historia de Miguel, González Quiles • 7 h • 3 minutos de lectura

La Junta de Andalucía presentará definitivamente un recurso de inconstitucionalidad por el reparto de menores inmigrantes. La portavoz andaluza, Carolina España, argumentó que «el Gobierno invade competencias, envían menores pero no los fondos para atenderlos». «Son personas, nos haremos cargo de ellas pero necesitamos financiación, recursos», reclamó Carolina España.

La Junta reclama un «reparto justo, solidario, humanitario». Carolina España recordó que el decreto «se aprobó fruto del diálogo del Gobierno y Junts» y el Ejecutivo andaluz ya mostró sus «reticencias». «Acatamos la ley pero vamos a poner a servicios jurídicos a trabajar», señaló entonces la Junta. La portavoz andaluz señaló que los letrados de la administración andaluza han estimado que «el acuerdo de Pedro Sánchez y Puigdemont puede ir contra la Constitución y el Estatuto». Carolina España recordó que «de los 4.400 menores inmigrantes llegados a Canarias», sólo 26 van para Cataluña y para Andalucía cerca de 800. «No es serio por parte de un gobierno que se denomina progresista», dijo la portavoz del Gobierno andaluz de lo que consideró «repartos no solidarios» tras una «negociación bilateral». La Junta alude al «desequilibrio». «No se debe poner en riesgo el sistema, el sistema revienta con esta distribución, estamos al límite», manifestó Carolina España. «Este reparto tampoco garantiza una acogida humanitaria. El Gobierno envía menores pero no financiación. Así es imposible. La distribución es de una deslealtad absoluta», señaló Carolina España. El Consejo de Gobierno ha aprobado instar a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad a iniciar los trámites previos a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.

Andalucía inicia estos trámites previos a la interposición del recurso de inconstitucionalidad al entender que el Gobierno de España estaría invadiendo con este Real Decreto ley de reparto de menores migrantes no acompañados competencias autonómicas. En este sentido, el Gobierno andaluz recurrirá al Tribunal Constitucional el reparto de menores migrantes no acompañados para defender la independencia competencial de Andalucía y la igualdad de trato entre comunidades autónomas, poniendo además especial énfasis en la dignidad de las personas para que estos menores no sean tratados como mercancías. Andalucía toma esta decisión para garantizar que la atención que se preste a los menores sea de calidad y no en precario. Para el Gobierno andaluz, el reparto no puede ser impuesto y sin financiación adecuada para Andalucía, que, como cabe recordar, deja de percibir al año 1.500 millones de euros por la infrafinanciación del Gobierno de España en base al actual modelo de financiación de las comunidades.

Desde el PSOE, el secretario general de los socialistas en Sevilla y presidente de la Diputación, Javier Fernández, se quejó del recurso de la Junta. «Señor Moreno Bonilla, los menores no acompañados son niños que huyen de las guerras y del hambre para poder vivir. Deje de hacer política de confrontación con esto y muestre un poco de sensibilidad humana. Y si usted no quiere o no le sale, pues deje a los ayuntamientos, 800 en Andalucía, acoger a estos 800 menores, uno por cada municipio».


Desconectado 47ronin

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Re: Inmigrantes e integracion
« Respuesta #4343 en: 11 de Abril de 2025, 07:28:08 am »
El Síndic de Greuges investiga al Ayuntamiento de València por separar a familias migrantes en los centros de acogida


Historia de Carlos Navarro Castelló • 9 h • 5 minutos de lectura

Tras denunciar el PSPV que en algunos casos se ha dejado sin plaza a los padres, el defensor del pueblo valenciano considera que esta práctica podría afectar "a los derechos de las personas migrantes y de los menores"; Compromís denuncia la retirada de ayudas directas a entidades que trabajan por la integración

“Del análisis de los hechos descritos y la normativa aplicable se deduce que la actuación del Ayuntamiento de València podría afectar al derecho de acceso a la información pública y a los derechos de las personas migrantes y de los menores”. El Síndic de greuges se pronuncia así en la resolución de la apertura de investigación [documento completo al final de la información] tras la denuncia realizada por el PSPV sobre varios casos detectados en centros de acogida dependientes del Consistorio que preside María José Catalá (PP) en los que se separa a unidades familiares, dejando sin plaza al padre de familia, y dando asistencia tan solo a la madre y a los hijos.

El escrito del defensor del pueblo valenciano recoge un resumen de la denuncia de la concejala socialista, Maite Ibáñez, en el que pone de relieve que “el Ayuntamiento firmó un convenio de colaboración con la Obra Mercedaria de València (OMV) con la finalidad de ofrecer acogida integral a familias en situación de vulnerabilidad social”. Según el citado convenio, prorrogado por última vez el pasado 27 de diciembre, “la acogida se llevaría a cabo en la residencia 'El Torreón' (ubicada en Rocafort) con un total de 20 plazas”.

Tras denunciar que los servicios municipales le han denegado la información solicitada sobre la actividad del centro, relata que se personó en la residencia el pasado 12 de marzo: “Durante la visita a la residencia al centro de acogida El Torreón, pude constatar que, a instancias de la Concejalía de Servicios Sociales como el Centro de Atención a la Inmigración (CAI) del Ayuntamiento de València, se están separando familias de migrantes. Concretamente, varias de las mujeres acogidas en el centro me manifestaron permanecer en la residencia 'El Torreón' en compañía de sus hijos menores (en alguno de los casos menores recién nacidos), pero sin sus cónyuges (progenitores de los menores) debido a que los Servicios del Ayuntamiento y el CAI les denegaron la acogida en dicho centro por el simple hecho de ser varones. Es más, el Ayuntamiento no ofreció a estos hombres un lugar de acogida alternativo, sino que, simplemente, se les dejó en lista de espera para poder ser acogidos en el momento que hubiera disponibilidad”.

Sin embargo, siempre según el relato que recoge el escrito del Síndic, “hasta ese momento, estas personas se ven abocadas a vivir en la calle y separadas de sus familias. Estos hechos fueron reconocidos por la Directora del Centro de atención a la inmigración (CAI) y el Jefe de Sección de Inmigración; Convivencia y Cooperación quienes lo intentaron justificar con una ausencia de recursos suficientes para atender a todas las personas”. La edil socialista destaca además que el convenio firmado entre el Ayuntamiento y la entidad que gestiona el centro establece que se ofrecerá “acogida integral a familias en situación de vulnerabilidad social”.

En relación con lo anterior hay que tomar en consideración que, “al negarse que los padres puedan convivir con sus cónyuges e hijos, se hace imposible que el personal de acogida pueda prestar los servicios más básicos y acciones de inserción laboral a las mujeres acogidas ya que, al estar solas con sus hijos menores, se ven obligadas a dedicar todo su tiempo al cuidado de los menores”.

A continuación, el Síndic recoge la respuesta que dio el 19 de febrero la Concejalía de Bienestar Social respecto a las solicitudes de información, en la que explica que “la contestación a esta cuestión provoca que los Servicios de esta Concejalía dediquen un tiempo extraordinario que obstaculiza la labor diaria”.

Al respecto, el portavoz socialista, Borja Sanjuan, ha acusado de “racismo institucional” al Gobierno de Catalá por estar mandando “a personas a dormir a la calle, separándolas de sus hijos y de sus hijas y contradiciendo cualquier tipo de respeto a los derechos humanos e incluso a los derechos de la infancia”. Por su parte, Maite Ibáñez ha calificado las políticas de Catalá en materia de inmigración de “crueldad” y ha detallado que los socialistas han denunciado dos casos concretos de separación de menores de sus padres en centros municipales, aunque ha subrayado sus sospechas de que esta práctica puedan ser generalizadas.

Ibáñez ha recordado que las listas de espera tanto del CAI como del CAST se han disparado desde 2023 igual que el número de atención a personas sin hogar, que ha pasado de 184 a 341. Al mismo tiempo, ha denunciado, el Ayuntamiento cerraba el Casal d’Esplai de Rocafort con 48 plazas, renunciaba al recurso del Torreón con otras 20 plazas, cierra el centro del Carmen y pone en riesgo las instalaciones de Benimàmet porque ninguna entidad quiere atender las condiciones impuestas.

Desde el gobierno municipal la concejala de Servicios Sociales, Marta Torrado, sostiene que la prioridad del gobierno es atender a las familias vulnerables y ha acusado a la izquierda de no construir albergues en sus ocho años de Gobierno. Torrado ha anunciado que a partir de mayo el centro de atención a las urgencias sociales va a pasar a abrirse durante todo el año para atender a familias en situación de necesidad. Este centro ubicado en la calle de Santa Cruz de Tenerife se va a ampliar para atender a 25 personas y familias. Además, la ONG Fundación Conciénciate abrirá un nuevo centro para atender a familias, lo mismo que San Juan de Dios que “en breve” habilitará un centro de acogida para familias “este año”.

Compromís denuncia la eliminación de ayudas directas
La concejala de Compromís en el Ayuntamiento de València, Lucía Beamud, ha denunciado que el gobierno de Catalá ha eliminado las ayudas nominativas destinadas a cinco entidades que trabajan activamente por la convivencia y la integración de las personas migrantes en nuestra ciudad.

Según la edil, estas entidades (Moviment per la Pau, La Casa Grande, València Acull, Asociación Intercultural Candombe y Movimiento contra la Intolerancia) desarrollan desde hace años el proyecto 'Xarxa Apuja el To contra el Racisme', que involucra a los centros educativos en la lucha contra la xenofobia y la promoción de la convivencia intercultural. Según Beamud, el Gobierno de Catalá ha decidido eliminar drásticamente estas ayudas y pasarlas a un sistema de concurrencia competitiva a partir del curso 2025-2026.

Para Compromís, este movimiento no es casual. Se trata de una nueva muestra de cómo la política municipal está totalmente condicionada por los postulados de la extrema derecha, en una línea idéntica a la seguida por Carlos Mazón desde la Generalitat Valenciana. “El pacto del PP con Vox ha tenido consecuencias directas sobre los colectivos más vulnerables, y las personas migrantes vuelven a ser el blanco de estos recortes ideológicos”, denunció Beamud.

Desconectado 47ronin

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Re: Inmigrantes e integracion
« Respuesta #4344 en: 11 de Abril de 2025, 08:08:18 am »
El Congreso convalida el reparto de menores migrantes por todas las comunidades pese al 'no' de PP y Vox

Historia de elEconomista.es • 15 h • 2 minutos de lectura

El Congreso de los Diputados ha convalidado el decreto para el reparto de más de 4.400 menores migrantes no acompañados por toda España en una votación que ha contado con el voto decisivo a favor de Junts y el voto negativo del PP.

La Cámara Baja ha aprobado el Real Decreto Ley para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería que se llevó hace menos de un mes al Consejo de Ministros y que prevé el reparto de menores migrantes a otras comunidades autónomas cuando en determinadas regiones de acogida (como Canarias, Ceuta o Melilla) existan situaciones de saturación de recursos.

La medida ha recibido el 'no' de los 170 diputados que suman PP y Vox y el apoyo del resto de formaciones representadas en el hemiciclo, un total de 179 votos para ganar la votación. El diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Alberto Catalán, se ha abstenido.

Para aprobar la medida, el Gobierno tuvo que negociar con Junts de forma paralela, dado que los votos de la formación catalana eran estrictamente necesarios para poder ganar la votación en el Congreso. Fruto de este acuerdo, serán entre 20 y 30 los menores que lleguen a Cataluña.

El reparto ha sido objeto de fuertes críticas entre diferentes comunidades autónomas, encabezadas por Madrid, que ha recurrido la medida al Tribunal Constitucional y que podría no ser la única: tanto la Comunidad Valenciana como Andalucía, ambas de signo popular al igual que Madrid, ya han anticipado que estudiarán un posible recurso.

Vídeo relacionado: El Congreso convalida el reparto de menores migrantes no acompañados (Dailymotion)

Un reparto para aliviar la saturación en Canarias
Con la aprobación del Real Decreto, serán 4.400 menores migrantes los que se reubicarán por toda la geografía española para acabar con la saturación que, en especial, ha afectado a Canarias, comunidad que ha denunciado de forma continuada la situación cada vez más alarmante en materia de recursos ante el aumento de la llegada de estas personas, procedentes de muchos países de África.

En el texto del Real Decreto se establece también el reparto de los menores, que será diferente en función de la comunidad autónoma, tal y como puede comprobarse en el redactado de la ley, disponible en este enlace del Boletín Oficial del Estado.

La aprobación del reparto de menores tiene lugar después de varios meses de negociaciones y pulsos políticos, incluida una primera votación en el Congreso de los Diputados en julio de 2024 que acabó con derrota para el Gobierno en una votación en la que Junts se sumó a PP y Vox para negar el reparto de menores no acompañados sugerido por el Ejecutivo.