Marlaska retira la escopeta a las patrullas de la Policía tras más de 20 años pese al aumento de la violencia
Los policías reclaman que se les dé más formación y capacitación, en vez de quitarles herramientas operativas
Rosalina Moreno @rosalina_mb
Periodista de Nacional. Interior, Defensa y Justicia. rosalina.moreno@okdiario.com
25/06/2026 09:57 Actualizado: 25/06/2026 10:04
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, va a retirar la escopeta a las patrullas de la Policía en funciones de mantenimiento y restablecimiento del orden público, tras más de 20 años de uso. Y ello pese al aumento de la violencia callejera, con 2.600 reyertas al mes de media, y a pesar de los ataques a los agentes, con hasta 121.000 delitos de atentado contra policías y guardias civiles durante el Gobierno de Pedro Sánchez.
Así se desprende de una reciente instrucción, a la que ha tenido acceso OKDIARIO y que ha causado un gran malestar entre los policías, ya que la escopeta Franchi es el arma policial por excelencia y no entienden esta ocurrencia. «Es necesaria más formación y capacitación, no menos herramientas operativas», subraya el sindicato Unión Federal de Policía (UFP), criticando esta medida.
Se trata de la Instrucción 1/26 de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, relativa a la adecuación de los medios asociados al arma larga (escopeta Franchi SPS 350) en relación con los criterios de capacitación operativa y prevención de riesgos en actuaciones de orden público. En dicho documento, fechado a 16 de junio, se indica que a partir de ahora no se permite el uso de la escopeta Franchi a los grupos operativos de respuesta (GOR) de la Policía Nacional en funciones de orden público.
Los agentes del GOR prestan servicio de uniforme en vehículos «Z» rotulados o de paisano en coches camuflados, facilitan una respuesta inmediata ante hechos que se están cometiendo o acaban de ocurrir, y también previenen la delincuencia.
Sólo para UIP y UPR en orden público
La citada instrucción señala que los GOR tienen «una función enfocada a la lucha contra la delincuencia desde el ámbito de la prevención y reacción», y constituyen «un elemento esencial en la pirámide policial y desde su base garantizan la seguridad ciudadana», pero que se ha considerado «conveniente efectuar una revisión técnica de la asignación y condiciones de empleo del armamento largo» adscrito a estas unidades en actividades relacionadas con orden público.
Y se establece que la utilización de esta arma larga en esas misiones quedará reservada exclusivamente a las Unidades de Intervención Policial (UIP), los antidisturbios, y a las Unidades de Prevención y Reacción (UPR). La medida no afectará a la utilización de la escopeta en servicios propios de protección, seguridad, defensa o intervenciones operativas distintas al control de masas y mantenimiento del orden público.
En consecuencia, ordena la retirada a los GOR de los elementos que esta arma larga lleva asociados para funciones de orden público, como son la bocacha lanzadora, reductores de potencia, bolsas o cananas portadoras de pelotas de goma y botes de lanzamiento, así como cualquier otro accesorio asociado a dicha función antidisturbios. Las unidades afectadas ascienden a 82.
En la instrucción se indica que se va a realizar un proceso formativo en aquellas plantillas a las que se ha dotado de material antidisturbios a los GOR que las integran, «pero restringido a movimientos orgánicos, maniobras de contención y empleo de defensas largas, cascos y escudo», quedando fuera del mismo el empleo de la escopeta Franchi, junto a los elementos que lleva asociada.
Desmantelamiento de capacidades
Para la UFP, esta instrucción «supone una nueva muestra del progresivo desmantelamiento de capacidades operativas de las plantillas territoriales y un nuevo agravio para cientos de policías que desarrollan diariamente su labor en primera línea».
Desde este sindicato muestran su más firme rechazo a una medida que, «lejos de reforzar la seguridad ciudadana, limita recursos y reduce la capacidad de respuesta de los funcionarios que prestan servicio en localidades alejadas de las grandes capitales, donde la llegada de unidades especializadas no siempre es inmediata».
La Administración justifica esta decisión en criterios formativos y de especialización, argumentando que el empleo de estos medios debe quedar reservado a unidades específicamente capacitadas para el mantenimiento y restablecimiento del orden público.
Sin embargo, la UPF afirma que es «incomprensible que, en lugar de apostar por una formación adecuada y continuada para los efectivos de los GOR, se opte por retirarles herramientas operativas que durante años han formado parte de su capacidad de respuesta y han contribuido a garantizar una actuación policial eficaz y proporcionada».
Desigualdad entre policías
«Esta medida genera una evidente desigualdad entre policías, creando funcionarios de primera y de segunda categoría en función de su destino», declara a OKDIARIO Carlos Quero, portavoz de este sindicato policial. Además, a su juicio, transmite un mensaje preocupante, como es que «ante cualquier incidente que requiera una intervención inmediata, determinadas plantillas verán mermadas sus capacidades mientras esperan la llegada de unidades especializadas que, en muchos casos, se encuentran a decenas o incluso cientos de kilómetros de distancia».
«No podemos aceptar que la solución a las carencias formativas sea la retirada de medios», subraya Quero.
Para la UFP, la respuesta debería pasar por incrementar la formación, actualizar protocolos y dotar a los policías de los recursos necesarios para afrontar con garantías las situaciones a las que se enfrentan diariamente.
«Privar a los GOR de los elementos asociados a la escopeta Franchi para actuaciones de orden público no mejora la seguridad, la debilita», recalca.
Además, la UFP advierte que esta decisión «puede comprometer la integridad física de los propios funcionarios en determinadas intervenciones, al privarles de herramientas que no sólo cumplen una función coercitiva y de control ante situaciones de alteración del orden público, sino que constituyen también medios de protección para los agentes, permitiendo gestionar escenarios de riesgo con una mayor distancia de seguridad y reduciendo la necesidad de recurrir al contacto directo con individuos violentos o grupos hostiles».
Desde la perspectiva de la prevención de riesgos laborales, para este sindicato, la medida resulta «especialmente preocupante, ya que incrementa la exposición de los policías que actúan como primeros intervinientes ante incidentes graves y puede comprometer igualmente la seguridad de los ciudadanos hasta la llegada de las unidades especializadas».
«Resulta difícil entender cómo una decisión que reduce herramientas de intervención y protección puede considerarse una mejora de la seguridad cuando aumenta el riesgo potencial tanto para los funcionarios actuantes como para las personas a las que deben proteger», critica Quero.
Además, la UFP denuncia que esta decisión se ha adoptado «sin negociación previa con los sindicatos, ignorando la experiencia y el conocimiento de quienes conocen de primera mano la realidad operativa de las plantillas afectadas».
Los grupos afectados
La instrucción afecta a los GOR de Lucena, Écija, Morón de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda, Baza, Motril, Jaén, Andújar, Linares, Úbeda, Antequera, Estepona, Ronda, Vélez Málaga, Jaca, Huesca, Teruel, Calatayud, Avilés, Langreo, Luarca, Torrelavega, Hellín, Ávila, Alcázar de San Juan, Puertollano, Valdepeñas, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Talavera de la Reina, Aranda de Duero, Miranda de Ebro, Astorga, Ponferrada, Palencia, Béjar, Segovia, Soria, Medina del Campo, Zamora, Alcoy, Denia, Elda, Orihuela y Sagunto.
También a los GOR de Alcira, Gandía, Játiva, Onteniente, Almendralejo, Don Benito, Mérida, Plasencia, Cáceres, Ferrol, Ribeira, Monforte de Lemos, Vivero, Lugo, Marín, Villagarcía de Arosa, Pontevedra, Ibiza, Ciutadella de Menorca, Mahón, Manacor, Arrecife de Lanzarote, Puerto del Rosario, Puerto de la Cruz, Santa Cruz de la Palma, Alcalá de Henares, Alcobendas, Aranjuez, Coslada, Fuenlabrada, Móstoles, Parla, Torrejón de Ardoz, Tudela, Lorca y Yecla.
La Unión Federal de Policía exige la inmediata revisión de esta instrucción, la apertura de una mesa de diálogo con las organizaciones sindicales y la implantación de un plan formativo que permita «mantener y acreditar las competencias necesarias para el uso de estos medios, garantizando que todos los policías dispongan de las herramientas adecuadas para proteger a la ciudadanía y protegerse a sí mismos».
«La seguridad ciudadana no se fortalece retirando medios. Se fortalece invirtiendo en formación, capacitación, recursos y confianza en los profesionales que cada día garantizan el orden y la convivencia en nuestras calles. Ni menos medios, ni menos capacidades. Más formación, más recursos y más seguridad para todos», concluye Carlos Quero.
