Hugo Palomares (IU) alcalde de Bornos y Coto de Bornos y Ana Medina (IU) vicepresidenta 1ª responsable del área de Memoria Democrática de la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz
denuncian la exhibición de una bandera con simbología franquista en una vivienda de la localidad bornense.
Hugo Palomares y Ana Medina trasladan al Ministerio Fiscal, a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y al Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía la exhibición de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática.
EL regidor bornense denuncia que la exposición de la bandera franquista es “un homenaje a un golpista y dictador que además de vulnerar la legislación en materia de memoria atenta contra la dignidad de las víctimas del franquismo al reconocer en un espacio público al responsable de terribles e incontables vejaciones de derechos humanos”.
Por otro lado, Ana Medina responsable de Memoria Democrática en la sierra ha calificado este tipo de actos como desprecio a las víctimas de la dictadura franquista “y al dictador responsable de al menos 114.226 civiles republicanos, la mayoría de los cuales continúan hoy desaparecidos”. Medina considera que “se trata de un acto consciente” de “reconocimiento a un genocida” que inauguró cuarenta años “sin libertades ni elecciones” y llegó al poder a través de “la violencia y el terror”, por lo que “no merece ni el más mínimo reconocimiento por parte de nadie en un país democrático que debería rechazarlo públicamente”.
Ana Medina y Hugo Palomares recuerdan que Según Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, en su artículo 35, referente a “Símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática”, se establece:
1. Se consideran elementos contrarios a la memoria democrática las edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública en los que se realicen menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial.
3. Las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias y territorio, adoptarán las medidas oportunas para la retirada de dichos elementos.
Y en su apartado 5:
5. Cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén ubicados en edificios de carácter privado o religioso, pero con proyección a un espacio o uso público, las personas o instituciones titulares o propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos, en la forma establecida en el presente artículo.
Hugo Palomares recuerda que el artículo según la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. Establece sanciones de entre 2.000 a 10.000 € de multa a quienes incumplan el artículo 32. Con la exhibición de Elementos contrarios a la Memoria Histórica y Democrática.
El coordinador provincial de Izquierda Unida Jorge Rodríguez recuerda el terror que supuso el golpe franquista en la sierra de Cádiz recogidas en otros por el historiador Fernando Romero Romero, describe que cuando se materializó el golpe fascista en Julio de 1936, en la comarca de la sierra cayeron durante la primera semana del golpe Olvera, Puerto Serrano, Espera, Villamartín, Bornos, Algodonales, Prado del Rey, El Bosque, Arcos de la Frontera, Zahara de la Sierra y Algar. En todas estas operaciones intervinieron primero la guardia civil y después, cuando era necesario, columnas de requetés, falangistas o de las guardias cívicas organizadas por los oligarcas, reforzadas con tropas africanas.
Romero reconstruye la represión franquista en Bornos un municipio donde tampoco hubo violencia Republicana previa y donde fueron asesinadas más de un centenar de personas, la mayoría registradas con nombres y apellidos en un listado que todavía se conserva en el archivo municipal. La Laguna y el Soto, condensaron el terror de los señoritos al cambio de orden que había traído al pueblo la República. La violencia fascista se dirigió principalmente contra los miembros de la corporación municipal del Frente Popular, los líderes de las organizaciones sindicales y los campesinos asentados en las finca.
No es casual que al menos el 77% de los hombres y mujeres asesinados fuesen jornaleros, y los protagonistas de los conflictos laborales, pero entre las víctimas también hay algunos pequeños agricultores, artesanos y profesionales que se habían alineado con el socialismo o con el Republicanismo reformista. Y 6
zapateros, el colectivo profesional que resultó más castigado tras los jornaleros.
Rodríguez recuerda que este tipo de acciones no hacen más que dañar la memoria colectiva de quienes dieron su vida por defender el gobierno democrático de la II Republica frente a quienes instauraron 40 años de Dictadura y sufrimiento en nuestro país, por ellos solicitamos que este tipo de actos no
queden impunes ante la ley.
