Parece ser que una de las menores de las que presuntamente abusaron sexualmente en el colegio Valdeluz, llamó pidiendo ayuda al teléfono del menor de la Comunidad de Madrid, que paradójicamente NO HIZO NADA, ahora bien el señor Salvador Victoria en vez de reconocer el fallo GARRAFAL y pedir PERDÓN a la menor y a su familia no se le ocurre decir nada más la GILIPOLLEZ de que como los padres no formularon denuncia no podían hacer nada. MENTIRA sin ser policía, un ciudadano de la calle que tenga conocimiento de unos hechos de tanta gravedad tiene OBLIGACIÓN DE DENUNCIARLOS, HAS OIDO SALVADOR? DENUNCIARLO, CUALQUIERA, HASTA EL BARRENDERO, CUÁNTO MÁS ALGUIEN DEL TELÉFONO DE AYUDA AL MENOR, DE AYUDA DE QUE?
COMPLICES POR OMISIÓN Y EL SALVADOR VICTORIA A SU PUTA CASA POR INCOMPETENTE.
Y no le parece que debería llevarse también al señor Moix?
Solo habia visto las indignantes declaraciones del Salvador victoria, pero si este fiscal parece que ha estudiado Derecho por correspondencia y hay más que deberían dimitir e incluso ser imputados o expedientados por perros e inútiles, joder!!!!!
¿Tenía que haber puesto la Comunidad de Madrid en conocimiento de la Fiscalía lo que estaba sucediendo en el colegio Valdeluz? Como ya publicó este periódico el viernes, la familia de una de las víctimas acudió en 2007 al Centro Especializado de Intervención en Abuso Sexual Infantil, dependiente del Ejecutivo regional, a pedir asesoramiento. Allí se les aconsejó, como se hace «siempre» en estas circunstancias, que denunciaran al profesor.
«Los padres decidieron no hacerlo», zanjó este sábado Salvador Victoria, portavoz del Gobierno autonómico. Tal y como aseguró, con el Código Penal de la mano, la Administración no tenía potestad para llevar el caso de oficio ante el Ministerio Fiscal.
El abogado Robinson Guerrero, especializado en acoso en el ámbito escolar, piensa todo lo contrario: «La Comunidad de Madrid no sólo podía haber denunciado, sino que tenía la obligación legal de hacerlo, máxime con su misión es la de velar por la protección de los menores». A su juicio, «dependiendo del grado de información» que tuvieran los empleados públicos que atendieron a la familia en 2007, «podrían haber incurrido en una especie de prevaricación».
El artículo 450 del Código Penal establece que «el que, pudiendo hacerlo con su intervención inmediata y sin riesgo propio o ajeno, no impidiere la comisión de un delito que afecte a las personas en su vida, integridad, salud, libertad o libertad sexual» será castigado con una pena de prisión de hasta dos años o una multa de seis a 24 meses, según el caso. De hecho, por este motivo fueron detenidos el director y el jefe de estudios del Valdeluz el jueves y posteriormente puestos en libertad con cargos a la espera de pasar a disposición judicial.
Podía haberlo hecho
El penalista Javier Ordóñez entiende que la Comunidad de Madrid podía haber puesto en conocimiento de la Fiscalía los presuntos abusos cometidos por parte de un profesor de música en este colegio concertado del barrio del Pilar. Sin embargo, considera que «quienes tenían que haberlo hecho son los padres» de la alumna.
«Cualquier persona, y particularmente un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, está obligada a denunciar hechos constitutivos de delito; pero en el caso de los menores corresponde a quienes ostentan su representación legal hacerlo», apunta el socio de De la Hoz Abogados, que colabora con la Asociación contra el Acoso Escolar.
En esta misma línea, el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, explicó que en este tipo de casos la denuncia «implica un proceso penal en el que las víctimas tienen que recordar». «Al ser un atentado a un bien tan personal como es la libertad sexual -informa Europa Press-, se deja en manos de las víctimas y de sus padres el decidir si quieren pasar por el proceso judicial».
Según Ordóñez, si se demostrara que el director del centro escolar sabía lo que estaba ocurriendo y no lo comunicó a las autoridades competentes eso sí que podría ser constitutivo de responsabilidad civil por «encubrir» al agresor.
Según fuentes de la investigación, el psicólogo del colegio también tuvo conocimiento de algunos de los casos de abusos sexuales cometidos en el Valdeluz, pero se ha acogido a su secreto profesional para justificar que no denunció los hechos.
Protocolo de actuación
La abogada Leticia de la Hoz explica que todos los centros educativos tienen un protocolo de actuación para estos casos. Generalmente éste consiste en «abrir una investigación interna, si no es suficiente recurrir a la Inspección [dependiente de la comunidad autónoma] y en última instancia al Ministerio Fiscal».
Robinson Guerrero ha llevado en el último año 15 casos de acoso escolar, la mayoría en la Comunidad de Madrid. Entre ellos, el de una menor que se ha intentado suicidar hasta siete veces.
«Mi experiencia es que en el 99% de los casos las administraciones no actúan, porque es más fácil mirar para otro lado. Desde un punto de vista político les interesa más el silencio»,
[/size][/b] asegura.
