Ahora los bancos llamarán a todos los abuelos a comparecer regularmente....
El Gobierno ordena a los bancos devolver el dinero en pensiones pagado a muertos
Se apoya en un informe del Tribunal de Cuentas para descargar la responsabilidad en las entidades financieras porque debían haber comprobado si los jubilados seguían vivos
Fecha
18/06/19access_time 1:02
El Tribunal de Cuentas acaba de detectar en uno de sus informes de fiscalización que el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) pagó en 2016 pensiones no contributivas a 1.096 personas que ya habían fallecido, superando el importe global de las nóminas abonadas indebidamente los 11 millones de euros.
El informe analiza las nóminas emitidas en diciembre de 2015 y diciembre de 2016 y cruza esta información con los datos de fallecidos aportados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 2016.
El Gobierno responsabiliza a los bancos
Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes conocedoras del proceso, la Seguridad Social obligará a los bancos a devolver el dinero del fraude en el cobro de pensiones descubierto por el Tribunal de Cuentas.
El órgano fiscalizador ha cuantificado que, de los 11 millones de pensiones pagadas indebidamente en 2016, sólo se han recuperado en torno a 2,2 millones, aproximadamente el 20% de la cantidad global abonada de más.
La conclusión es que existen “debilidades” en el procedimiento de detección de fallecidos por parte de los órganos gestores de las prestaciones, “debilidades” que, a su juicio, resultan “especialmente significativas” cuando el plazo transcurrido entre el fallecimiento y su detección es superior a cuatro años, dada la posible prescripción del derecho a recuperar las cantidades indebidamente pagadas.
Con este argumento, el Gobierno descarga la responsabilidad en las entidades financieras del fraude porque son las responsables de la vigilancia de estos cobros y la picaresca consistía básicamente en que familiares de pensionistas fallecidos seguían durante años cobrando esas pensiones.
Tiene claro que el papel de los bancos es llamar al pensionista o hacer unas comprobaciones rutinarias cada año para saber que éste sigue vivo. Si se descubren casos como los destapados esta semana por el Tribunal de Cuentas, se entiende que las entidades no han hecho bien ese trabajo.
Devolución de los últimos cuatro años
Por ello, argumentan en el Ejecutivo, está justificado sancionarles con la devolución de los últimos cuatro años de pensiones que no debieron cobrarse. En esta operación se prevén recuperar casi 10 millones de los 44 defraudados desde 2015, último ejercicio no prescrito.
En las entidades bancarias consultadas por ECD defienden, sin embargo, que no siempre es fácil reconocer estos fraudes, porque algunos llevaban produciéndose más de 30 años y nadie, aparentemente, había reparado en ellos.
Destacan que en algunas ocasiones no hay malicia por parte de la familia del fallecido, sino que simplemente el dinero sigue entrando a una cuenta que nunca se cerró y se dejó ahí, por lo que no habría delito.
Aseguran también que, en más de la mitad de los casos en los que se abonan pensiones no contributivas a personas ya fallecidas, las mensualidades que se pagan de más no llegan a uno o dos meses, algo dentro de la normalidad, pues los pagos cesan en cuanto el órgano gestor de las prestaciones tiene conocimiento del fallecimiento.
Cobró 20 años la pensión de su abuelo muerto
Sin embargo, el fraude ha llegado a superar los diez años en algunas ocasiones. Es el caso de una mujer de Pontevedra, que acaba de ser condenada a dos años de prisión, tras haber admitido que ocultó a la Seguridad Social la muerte de su abuelo durante más de veinte años con el fin de continuar cobrando su pensión.
Ahora, el conflicto que ha sido calificado de “negligencia” por la Fiscalía, se encuentra entre la entidad pagadora, el Banco Santander y la propia Seguridad Social, que no llegaron a comprobar la defunción del anciano.
La acusada ha reconocido que no informó del fallecimiento de su abuelo, ocurrido en enero de 1996, por lo que siguió cobrando su pensión mensual hasta octubre de 2016, cuando el hombre habría llegado a cumplir los 105 años, hasta haber percibido unos 132.000 euros.
El fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, ha defendido que la acusada es “insolvente” por lo que el problema surge entre el pagador, el Santander donde el anciano tenía domiciliada su pensión y la Seguridad Social, entidad que enviaba el dinero mensualmente.
Las cantidades que durante años ha cobrado cada mes esta vecina de la localidad de A Estrada oscilaban entre los 329,50 euros que tenía su abuelo como pensión en 1997 y los 603,50 euros que alcanzó al final por la revalorización de las pensiones públicas.
Al desvelarse el caso, la Fiscalía ha confirmado que “evidentemente” la situación responde a una “negligencia”, pues en todo este periodo nadie comprobó que el anciano había fallecido, algo que, según han admitido, tampoco era un imperativo para la entidad bancaria.
La responsabilidad inicialmente es de la acusada, pero “debió haberse comprobado por parte de ambos”, según ha transmitido el fiscal, ya que ni la Seguridad Social ni el Banco Santander llegaron a exigir a la acusada una fe de vida o un certificado de que su abuelo estuviese vivo.
Aladro ha informado de que, ante la insolvencia de la mujer, es el banco el que debe reingresar el dinero a las arcas de la Seguridad Social, ya que por ahora solo ha devuelto los 33.010 euros correspondientes a los últimos cuatro años.
La entidad ha alegado que el resto de cantidades habrían prescrito, cuestión con la que ha diferido la Fiscalía al entender que se trata de un delito continuado.
