Autor Tema: Denuncias: calificación y tratamiento  (Leído 53464 veces)

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Re: Denuncias: calificación y tratamiento
« Respuesta #500 en: 07 de Noviembre de 2022, 09:26:12 am »

Una cámara desmonta una denuncia por violación en una céntrica discoteca de Zaragoza


La jueza archiva el caso y dice que no hay «una sola prueba» que dé credibilidad a los hechos denunciados por la joven.
Dos acusados de agresión sexual se fugan antes de ser juzgados en la Audiencia de Zaragoza
NOTICIAACTUALIZADA 05/11/2022 A LAS 11:34M. A. COLOMA
La Policía señalaba en este fotograma del circuito de seguridad de la discoteca donde se encontraban la denunciante y el denunciado.La Policía señalaba en este fotograma del circuito de seguridad de la discoteca donde se encontraban la denunciante y el denunciado.HA
El circuito de vídeo de una conocida discoteca de Zaragoza acaba de librar a un joven    de ser juzgado por agresión sexual, un delito que se castiga con hasta doce años de cárcel. La denunciante, una chica de 18 años, acudió a comisaría para contar que un varón al que había conocido durante una noche de fiesta en la sala Mamanucca de la capital aragonesa se la había llevado a la fuerza a un pequeño almacén del local para violarla. El investigado, que se presentó voluntariamente ante la Policía al saber que lo buscaban, reconoció desde el principio que había estado con la chica. Pero negó que la hubiera obligado a hacer nada que no quisiera, una versión a la que la jueza que investigaba lo sucedido ha dado ahora más credibilidad que a la de la presunta víctima. De hecho, la magistrada ha decidido archivar el caso alegando que no existe «una sola prueba» que avale la versión de la joven. Y su abogada no ha recurrido el auto.

Los hechos que dieron lugar a esta investigación se remontan a la noche del 26 al 27 de noviembre de 2021, cuando ambos jóvenes coincidieron en la céntrica discoteca, ubicada en la calle de Azoque de Zaragoza. La denunciante declaró que se encontraba en la barra con un amigo cuando se les acercó un desconocido que les invitó a subir a la planta de arriba del establecimiento, reservada a mayores de 21 años y donde le ofreció varios chupitos de tequila.



La chica explicó también que, en un momento dado, este joven la cogió del brazo, la separó de su amigo y se la llevó contra su voluntad a un cuarto que parecía un almacén. Una vez allí, aseguró, la aprisionó contra la pared, le bajó los pantalones y la agredió sexualmente.

La presunta víctima pasó la noche en casa de un amiga y al día siguiente le habló de la supuesta violación a sus padres, que la acompañaron al hospital y a tramitar la correspondiente denuncia. La chica y el presunto agresor habían intercambiado sus cuentas de Instagram, por lo que pudo obtener una foto de él para  entregársela a los investigadores. Y con ella se presentaron en el local para ver si el personal de seguridad era capaz de identificarlo.

Gestos cariñosos
Cuando le dijeron que la Policía había preguntado por él, el joven se presentó en comisaría y acabó pasando la noche en el calabozo. Más tarde, la titular del Juzgado de Instrucción número 10 dictó también una orden de alejamiento que le prohibía acercarse a la denunciante. Sin embargo, como su cliente insistía en que en ningún momento había forzado a la chica, la defensa, a cargo del letrado Marco Antonio Navarro, pidió las grabaciones de la discoteca.

Y aquella prueba resultó decisiva, porque, como señala en su auto de sobreseimiento la juez, los fotogramas «ratifican la versión del investigado». En ellos, se aprecia cómo es ella quien coge de la mejilla al investigado y acerca su cara contra él. Después se besan, se abrazan y bailan. Y hasta se ve como la joven toma la iniciativa y coge de la nalga al chico. Finalmente, este último le tiende la mano, ella le da la suya, y se van juntos al cuarto. Del que salen ocho minutos después también juntos.

« Última modificación: 07 de Noviembre de 2022, 10:34:16 am por 47ronin »

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Re: Denuncias: calificación y tratamiento
« Respuesta #501 en: 07 de Noviembre de 2022, 21:32:17 pm »
¿Qué dice la Ministra florero de esto?

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Re: Denuncias: calificación y tratamiento
« Respuesta #503 en: 26 de Noviembre de 2022, 08:21:00 am »
El Juez Presencia, líder jurídico de los negacionista, junto con "Abogados por la libertad" y "Policías por la verdad" son la rama jurídica del negacionismo. . . y ya sabemos todos como van a terminar, es lo que hay, la verdad y la realidad se va a imponer a golpe de sentencia. .   

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Presencia tendrá que cumplir dos años y diez meses en prisión: el Supremo inadmite su recurso de casación


Presencia tendrá que cumplir los dos años y diez meses por los delitos de denuncia falsa y calumnias contra Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, fiscal decano de Talavera de la Reina.
Portada / Tribunales
Presencia tendrá que cumplir dos años y diez meses en prisión: el Supremo inadmite su recurso de casación
Blanca Valdés
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24/11/2022 13:27
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Actualizado: 24/11/2022 13:27
En esta noticia se habla de:

Ángel Demetrio de la Cruz Andrade
Fernando Presencia
Tribunal Supremo (TS)
Vicente Rouco
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha emitido una Providencia con fecha 21 de noviembre de 2022 en la que comunica que ha inadmitido el recurso de casación presentado por el ex magistrado Fernando Presencia para esquivar la cárcel. Por tanto, tendrá que cumplir los dos años y diez meses por los delitos de denuncia falsa y calumnias contra Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, fiscal decano de Talavera de la Reina.

La Providencia de nueve páginas a la que ha tenido acceso Confilegal ha sido dictada por los magistrados Manuel Marchena (presidente), Ana María Ferrer García y Leopoldo Puente Segura.

Esta pena fue interpuesta por el Juzgado de lo Penal Nº3 de Talavera y confirmada en apelación por la Audiencia Provincial de Toledo. Se le condenó a 16 meses por el delito de denuncia falsa y 18 meses por el delito de calumnias con publicidad y contra la autoridad, lo que hizo un total de dos años y diez meses.

Según los hechos probados, que han sido ratificados por el Alto Tribunal, el ex magistrado Presencia, -también presidente de la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP)- denunció de forma reiterada a José Demetrio de la Cruz Andrade acusándole de cometer delitos de prevaricación, cohecho y delito contra la ordenación del territorio.

DENUNCIÓ EN NUMEROSAS OCASIONES A PESAR DE QUE TODAS SE ARCHIVABAN
La primera querella recayó sobre Fiscalía Anticorrupción porque, según Presencia recibió numerosas quejas verbales de profesionales y abogados sobre la existencia de un entramado de corrupción en los Juzgados de Talavera de la Reina por las actuaciones polémicas del Fiscal Jefe de esta adscripción tratando de encubrir hechos delictivos.

Posteriormente, presentó a través de Manos Limpias una querella por estos mismos hechos ante el TSJ de Castilla La Mancha pero no fue admitida a trámite. Pero no se dio por vencido y presentó una querella contra Demetrio, su mujer y Vicente Rouco Rodríguez, presidente en funciones del TSJ de Castilla La Mancha. Pero fue desestimado. El escrito se remitió también al Defensor del Pueblo, al presidente del CGPJ y a la Fiscal General del Estado.

Además, desde octubre de 2015 hasta junio de 2016, “con conocimiento de que faltaba a la verdad y siendo consciente de que sus denuncias se archivaban, dio diversas entrevistas a medios de comunicación para menoscabar la honorabilidad y desacreditarle”.

Por estos hechos, fue condenado a 2 años y 10 meses de cárcel pero presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo pero todos sus motivos han sido inadmitidos.

INADMITEN EL RECURSO DE CASACIÓN
Los magistrados han considerado que no era pertinente admitir el recurso en aplicación a lo dispuesto en los artículos 847.1 b) y 889 párrafo segundo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El artículo 847.1 b) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) dispone que cabrá recurso de casación solo por infracción de ley del art. 849.1º, a los delitos cuyo enjuiciamiento viene atribuido a los Juzgados de lo Penal

El 889 párrafo segundo explica que la inadmisión a trámite del recurso de casación en el supuesto previsto en el artículo 847.1.b) podrá acordarse por providencia sucintamente motivada siempre que haya unanimidad por carencia de interés casacional.


Presencia en su recurso de casación expuso, como primer motivo, al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), la vulneración de los artículos 14,15,17 y 18 de la Constitución Española (CE). Están relacionados con los derechos de igualdad, integridad moral, interdicción de tratos inhumanos y degradantes, a la libertad personal y al honor.

En el desarrollo del motivo expuso textos nacionales e internacionales, protocolos, resoluciones y acuerdos relativos a la interdicción del acoso moral. Pues, a su entender, justificarían la represalia que dijo sufrir contra el fiscal decano de Talavera de la Reina.

El segundo motivo que formuló fue al amparo del artículo 5.4 de la LOPJ por vulneración del derecho a un proceso debido y con todas las garantías del artículo 24.2 de la CE. Por lo que Presencia solicitó la nulidad del testimonio al considerar que fue falsificado.

Por último, denunció al amparo del artículo 5.4 de la LOPJ, la vulneración del derecho a un Juez imparcial. Consideró que los magistrados que habían dictado las sentencias de instancia y de apelación “estarían incursos en causa de abstención como consecuencia de haber conocido de un procedimiento anterior en el que fue condenado”.

UNIFICARON LOS TRES MOTIVOS
Estos tres motivos han sido unificados por los magistrados de la Sala de lo Penal puesto que las cuestiones suscitadas son ajenas al cauce legalmente permitido. Ya que no se alega vulneración de precepto penal sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter que deba ser observada en la aplicación de la Ley Penal. Por lo que ha inadmitido estos tres motivos basándose en el artículo 847.1 b) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.


El cuarto motivo se interpuso al amparo de lo dispuesto por el artículo 21.7 de la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019 de protección de los denunciantes. Consideró que su conducta estaba justificada al haberse limitado a denunciar graves delitos y, por ende, haber actuado amparado por dicha Directiva.

Pero los magistrados también han inadmitido dicha cuestión porque “es de índole probatoria y, por lo tanto, se formula al margen de los cauces casacionales legalmente establecidos” . Pues en apelación se practicaron las pruebas de cargo necesarias que determinaron los delitos de denuncia falsa y de calumnias con publicidad por los que ha sido condenado y, también, el juzgado de primera instancia fue racional en la valoración llevada a cabo.

Por tanto, el Supremo ha determinado que quedó acreditada la falsedad de las imputaciones y afirmaciones que vertió Presencia.

SUS ÚLTIMOS AÑOS COMO JUEZ ESTUVIERON CARGADOS DE POLÉMICA
Ha sido expulsado de la carrera judicial y condenado en varias causas. Actualmente preside la Asociación Contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP). Dicha asociación ha liderado varias denuncias contra políticos, fiscales y jueces.

Hasta 2012 su carrera se desarrolló en el juzgado de lo Mercantil 2 de Valencia, momento en el que fue trasladado a Talavera de la Reina (Toledo).

En 2016 el juez Presencia fue inhabilitado de su cargo durante 10 años por un delito de prevaricación, que se le volvió a imponer con otros 10 años de condena en 2018.

En 2020 volvió a ser condenado a dos años y 10 meses, y a pagar una multa de 30.000 euros, por un delito continuado de denuncia falsa.

Después de perder su categoría de magistrado Presencia ha estado presentando denuncias desde su fundación, ACODAP.

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Re: Denuncias: calificación y tratamiento
« Respuesta #504 en: 17 de Diciembre de 2022, 07:11:09 am »
El 'fake' de los pinchazos en discotecas: 217 denuncias... y dos detenidos por simular y clavar un alambre

La Policía Nacional y la Guardia Civil recopilaron durante el verano 217 denuncias por pinchazos en discotecas y detuvieron o investigaron a dos personas por estos hechos


BORJA MÉNDEZ

PUBLICADO 17/12/2022 04:45
ACTUALIZADO 17/12/2022 04:50
Todo comenzó por redes sociales. Una joven relató en Twitter su experiencia veraniega en una discoteca cuando 'alguien' le pinchó y después se desmayó. Fue la mecha que recorrió todos los puntos de España y las denuncias por hechos similares se multiplicaron. Ahora se sabe que en total se presentaron 217 denuncias y se detuvieron o investigaron a dos personas por los famosos pinchazos.



Las primeras denuncias se presentaron durante San Fermín. Cataluña y País Vasco fueron las regiones donde más se advirtieron estos sucesos. En ninguno de los casos se detectó la presencia de sustancias químicas. Tampoco se consiguió identificar a los presuntos responsables.

El final del verano provocó un descenso superlativo de las mismas. Uno de los temores de los mandos policiales era que estos pinchazos sobrevolaran las fiestas patronales de los meses de septiembre. Finalmente no se produjo y el Ministerio del Interior ya ha publicado todos los datos de los que disponen sobre este tipo de intervenciones.

La Secretaría de Estado de Seguridad tuvo que responder a una petición de información que ha sido finalmente publicada en el Portal de Transparencia. Esta solicitud ciudadana requería conocer los protocolos de actuación, algo que fue denegado.

Sin acceso a los protocolos de actuación
El Ministerio del Interior rechazó hacerlos públicos porque estos procedimientos de trabajo, en los que se combinan los medios humanos y materiales con los que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuentan, forman parte de la "esfera de información sensible para el buen desempeño de estos objetivos".

"La divulgación de procedimientos de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado perjudicaría el cumplimiento de la misión encomendada, comprometiendo las actuaciones que se llevan a cabo para la prevención e investigación de infracciones tanto de carácter administrativo como penal".

Y es que, según esgrime la Secretaría de Estado, el "éxito o no del trabajo policial depende en gran medida de la protección de estos procedimientos". "Afectaría a la efectividad de la investigación y al posterior esclarecimiento de los hechos", advierten.

217 pinchazos sin sumisión química
Los datos disponibles sobre infracciones penales en las que se han producido pinchazos a personas, durante los meses de julio y agosto de 2022, conocidos por la Policía Nacional y la Guardia Civil es de 217. Sin embargo, no se puede precisar que en estos hechos se ha producido sumisión química, ya que éste es un concepto que debe ser determinado mediante análisis médicos.

En cuanto a las personas detenidas o investigadas por estos hechos su número ha sido de dos durante el periodo temporal antes referido, esgrime el texto fechado el pasado 29 de septiembre que ahora ha salido a la luz pública. En ninguna de las actuaciones los arrestados usaron las famosas jeringuillas.

Dos detenidos e investigados
Ambos arrestos fueron realizados por los agentes de la Policía Nacional. Uno de ellos se produjo en Palma de Mallorca a un menor de edad. Este chicó denunció haber sufrido un pinchazo con el objetivo de robarle el teléfono móvil en una discoteca.

Las investigaciones de los policías esclarecieron que esta denuncia fue falsa y que en realidad su objetivo era cobrar el seguro del dispositivo. Fue detenido por simulación de delito gracias a las cámaras de seguridad del establecimiento que siguieron todo el recorrido del menor.

La otra intervención se produjo en Albacete cuando fue identificado un menor como presunto autor de varios pinchazos a mujeres. Este chico usaba un alambre para perpetrar esta "broma macabra". El suceso se desarrolló durante la época de ferias y causó un gran pánico ante la afluencia de jóvenes.

Un año de pinchazos
“Lo de la sumisión química por pinchazos no es nuevo para nosotros. Empezamos a detectar aumento de denuncias a finales del año pasado y eso nos llevó a crear un plan contra la sumisión química en locales del centro de la ciudad. Y está funcionando porque ya no tenemos casos”, desveló la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González.

A la par que en España, otros países como Reino Unido, con 1.300 casos, y Francia, con 400, han sufrido estos hechos causando una gran psicosis entre la población juvenil. No hay visos en común entre las víctimas españolas lo que hace pensar a los agentes que se tratan de imitadores que aprovechan la situación actual para seguir originando miedo entre los clientes de los locales de ocio nocturno.

Una de las hipótesis que manejaron los mandos policiales es que se trataba de un reto viral protagonizado por jóvenes 'graciosos' que usan para ello alfileres y bolígrafos de insulina. Todo ello a tener de las heridas que presentan las víctimas en los centros sanitarios. Una 'broma macabra' que tenía como objetivo incentivar la teoría de los pinchazos y preocupar a la población.

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Re: Denuncias: calificación y tratamiento
« Respuesta #505 en: 21 de Diciembre de 2022, 08:10:19 am »
La Audiencia Nacional imputa también al exjuez Presencia por estafa y organización criminal


Ya está investigado por calumnias a magistrados. El juez Gadea subraya que habría hecho "de la denuncia falsa" una "lucrativa forma de vida".
21 diciembre, 2022 02:38
Javier Corbacho  @JCorbachoUC

El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha imputado al exjuez Fernando Presencia por los delitos de organización criminal, asociación ilícita y estafa agravada.

Así consta en un auto, fechado el pasado 20 de diciembre y que avanza EL ESPAÑOL. Firma esta resolución el magistrado de refuerzo del Juzgado, Joaquín Gadea, que ya imputó a Presencia en junio de 2022 por los supuestos delitos de injurias y calumnias contra las altas instituciones del Estado.

En un primer momento, esta investigación, iniciada con una querella de la Fiscalía contra Presencia, se centró en las supuestas calumnias que este antiguo juez —hoy, ya expulsado de la carrera— habría vertido contra la cúpula judicial a través de la Asociación Contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (Acodap), que él encabeza.

En la web de esta organización, ya bloqueada por la Audiencia Nacional, aparecían diversas publicaciones que acusaban a destacados magistrados y políticos de poseer cuentas en paraísos fiscales. Acodap también solicitaba donaciones económicas a los ciudadanos para sufragar su labor.

Además, la página aportaba documentos con apariencia bancaria para sustentar estas acusaciones, convertidas después en denuncias, con escaso recorrido, ante diversos organismos. Aquellos papeles aludían a unas hipotéticas cuentas bancarias en lugares como la Isla de Mann, la de Jersey, Andorra o Luxemburgo.

No obstante, tal y como subraya el juez Gadea en su auto, probablemente, estos documentos "habrían sido manipulados" y elaborados o por Presencia o por alguno del resto de investigados.

Dichos papeles incluyen datos personales de los supuestos beneficiarios de los fondos y están escritos en castellano; nunca en los idiomas oficiales de esos países, donde, además, rige el secreto bancario. Todos, además, tienen un formato muy similar, casi idéntico, pese a que aluden a distintos bancos, cuyos logotipos tampoco figuran en los documentos.

Por ello, Joaquín Gadea destaca que existen "múltiples indicios" para concluir que las denuncias presentadas por Acodap son "meras maquinaciones". Y que esta organización es, en realidad, "un mero instrumento criminal usado para la recaudación de fondos con los que lucrarse los investigados", así como "el medio a través del cual estos mismos logran la repercusión que buscan bajo el falso precepto de la lucha contra la corrupción".

"Nos encontramos ante hechos graves en los que don Fernando Presencia, al parecer, podría haber ocupado un papel esencial, haciendo de la descalificación, la denuncia falsa y el descrédito una lucrativa y ventajosa forma de vida", señala la resolución.

Las cuentas de Acodap
Hace varios meses, Gadea ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que, entre otros extremos, analizase las cuentas de Acodap. El informe de la UCO señaló que la organización que encabeza Presencia recaudó hasta 122.000 euros. Y el juez "habría podido desviar para su uso privado más de 34.000".

"Teniendo en cuenta que las investigaciones patrimoniales han permitido trazar que las donaciones realizadas por particulares con la finalidad de luchar contra la corrupción se destinaron al enriquecimiento privado del señor Presencia", la Audiencia Nacional ordena el embargo preventivo de sus bienes hasta alcanzar los 188.722 euros, "cantidad a la que asciende el montante total de las donaciones recibidas en Acodap".

Fachada de la Audiencia Nacional.
Fachada de la Audiencia Nacional. Europa Press

Por ello, el Juzgado Central de Instrucción 6 acuerda el bloqueo de hasta 15 cuentas bancarias en las que el exjuez figura como autorizado, representante o titular y averiguar todo el patrimonio a su nombre. Y da un plazo de dos días a Presencia para presentar voluntariamente esta fianza.

"Existen indicios para considerar que [Acodap] podría ser calificada de asociación ilícita (...) en la medida que tendría por objeto la comisión de los delitos de injurias y calumnias (...), siendo el señor Presencia el presidente, por lo que podría imputársele el delito", señala el auto, que deniega al exjuez el archivo de la causa que solicitó su defensa.

Tal y como avanzó EL ESPAÑOL, la Audiencia Nacional también imputó por estos hechos a otras personas. Entre ellas, Alberto Royuela y Santiago Royuela —padre e hijo, respectivamente—.

Ahora, Gadea también cita como investigado al primero de ellos por la supuesta estafa agravada y por el presunto delito de organización criminal. E imputa a una serie de personas que, según la UCO, habrían sido beneficiarias de los fondos recaudados por Acodap. Entre ellas, dos hermanas de Fernando Presencia, por su posible participación en la estafa, ya que, de acuerdo con el informe de la Guardia Civil, recibieron casi 8.000 euros en total.

[La Justicia bloquea la nueva web del exjuez imputado por difundir bulos de la cúpula judicial]

Gadea recuerda que la instrucción de esta causa ha constatado la "íntima conexión" entre la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública, los investigados y las denuncias presentadas, a las que la UDEF tachó de "manifiestamente falsas".

Es por eso que también deniega las diligencias solicitadas por Alberto Royuela y Presencia —principalmente, solicitar información a los países que se mencionaban en las denuncias— al considerar que sus peticiones "tienen en común la voluntad de retorcer la instrucción".

"No se vinculan con los hechos objeto de las presentes actuaciones, sino con los que aquéllos mendazmente denuncian. (...) En cuanto a las comisiones rogatorias [las solicitudes de información a las autoridades de otros países], todas ellas se encaminan a generar una suerte de investigación prospectiva respecto a las cuentas en el extranjero que imputan los investigados a determinadas personas", razona el auto.

"Acceder a su práctica supondría dar carta de veracidad a unas imputaciones que, por los indicios recabados, todo apunta a que son manifiestamente falsas. (...) Supondría, además, dirigir el procedimiento precisamente contra aquéllos que son víctimas inocentes de las descalificaciones de los investigados", concluye la resolución.

El exjuez Presencia
En el marco de este caso, la Audiencia Nacional ya citó a declarar al exjuez Fernando Presencia. Pero, únicamente, por las supuestas injurias y/o calumnias y por un posible delito contra las altas instituciones del Estado.

El pasado 7 de julio, Presencia se acogió a su derecho a no declarar y rechazó ser examinado mentalmente por un perito forense, como le había ofrecido previamente el Juzgado. Por contra, presentó un informe de un psiquiatra que certificaba su estabilidad.

En el auto con el que le imputó por primera vez, Joaquín Gadea recordaba que Presencia fue decano de los Juzgados de Talavera de la Reina (Toledo) y sigue atribuyéndose "falsamente" la condición de juez, pese a que fue expulsado de la carrera judicial.

Esta investigación se inició con la denuncia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra Presencia, después de que, por orden de la entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado, el Ministerio Público abriera una investigación.

Antes, el Ministerio Público había recibido una alerta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a petición de un magistrado del Tribunal Supremo, que advirtió de las "falsas imputaciones" que Fernando Presencia dirigía contra varios jueces. Algunos de ellos fueron quienes optaron por su expulsión de la carrera judicial.

Los contenidos que recogía la web de Acodap han acabado replicados en portales digitales de ultraderecha, además de en varios canales de YouTube.

El juez Gadea ya ordenó el bloqueo cautelar de esta página. Y volvió a hacerlo una vez la web varió su dominio —de puntocom a puntoorg— y sus contenidos, por tanto, volvieron a ser accesibles para el público.

No obstante, ya se habían registrado intentos de modificar el perfil de Wikipedia de alguno de los magistrados o dirigentes políticos a los que se atribuía estas conductas para incluirlas en su biografía.

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Re: Denuncias: calificación y tratamiento
« Respuesta #506 en: 22 de Diciembre de 2022, 08:09:23 am »

EL JUEZ YA HA ACORDADO SU IMPUTACIÓN

El supuesto hombre de paja del exjuez Presencia al que investiga la policía

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sospecha que Felipe de Neri Galo Montero Dabouza trata de desacreditar la investigación con una oleada de denuncias

Por Pablo Gabilondo
21/12/2022 - 19:25
La Audiencia Nacional investiga al exjuez Fernando Presencia como presunto líder de una organización criminal que, bajo la apariencia de combatir la corrupción, estafaría a sus seguidores para lucrarse. El juez a cargo de las pesquisas sospecha que Presencia y el resto de implicados seguirían ahora moviendo los hilos desde un segundo plano para tratar de entorpecer la causa, una línea de investigación que ha provocado la imputación de Felipe de Neri Galo Montero Dabouza, su supuesto hombre de paja. Nacido el 4 de abril de 1965 en Gijón (Asturias), Felipe de Neri cobra relevancia en la investigación a partir del pasado agosto, justo dos meses después de que la Audiencia Nacional acordara la imputación de Presencia. En un informe al que ha tenido acceso El Confidencial, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) detalla que, en los últimos cinco meses, este hombre ha interpuesto más de 10 denuncias que guardarían relación con los hechos investigados.

"Es de interés indicar que las mismas se han sucedido una vez abiertas las presentes diligencias de investigación y son contra personas que, de alguna forma u otra, pueden afectar las investigaciones policiales y judiciales (...), por lo que la motivación de dichas denuncias sería el descrédito de estas personas", advierte la UDEF. La policía dibuja así dos líneas: por un lado, las primeras querellas contra políticos, fiscales y magistrados que permitirían a la supuesta organización recaudar fondos y, al mismo tiempo, ajustar cuentas con sus enemigos. Por otro, las más de 10 denuncias que Felipe de Neri ha interpuesto entre el 18 de agosto y el 14 de noviembre para, según sospecha la policía, entorpecer la investigación mediante "el descrédito". La conexión entre unas y otras se encontraría en el modus operandi de la trama.

La UDEF explica en este sentido que en las primeras denuncias se acusaba a diversas autoridades de ocultar dinero en el extranjero, pero al mismo tiempo estas autoridades estarían "relacionadas personalmente" con el propio Presencia o con Alberto Royuela Fernández, el antiguo líder de la ultraderechista Hermandad Nacional de la Guardia de Franco. Este último también consta como imputado y es uno de los impulsores del expediente Royuela, una teoría de la conspiración que apunta a que una trama de políticos, jueces y fiscales corruptos habría cometido y ocultado miles de crímenes en España. Entre ellos, la desaparición de uno de sus hijos. "En un primero momento, la información bancaria hace referencia a miembros del Gobierno de España de legislaciones anteriores. Es el caso, entre otros, de José Luis Rodríguez Zapatero, Margarita Robles Fernández y José Borell Fontelles, siendo los denunciantes Alberto Royuela, Fernando Presencia y Álvaro Arteaga [otro de los imputados]", explica la UDEF. "Uno de los hijos de Alberto Royuela fue dado por desaparecido y, según consta en el expediente Royuela, existiría una trama de jueces, fiscales, guardias civiles y miembros del Gobierno que actuarían como organización criminal y que habrían sido los responsables de esa desaparición".

Siguiendo el orden cronológico, el informe policial apunta entonces a una segunda tanda de denuncias interpuestas por el propio Presencia y acompañadas a su vez por escritos de Royuela y otro de los imputados, Juan Martínez Grasa. En este caso, las acusaciones cambian de objetivo y se dirigen contra "personas relacionadas con el expediente de ejecución hipotecaria (...) del Juzgado Mixto número 4 de Talavera de la Reina, expediente que afectaba personalmente a Fernando Presencia". Por último, la UDEF destaca una tercera tanda de denuncias firmadas por Presencia, Royuela y Grasa contra "miembros del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional", además de contra "el ministro de Interior actual, Fernando Grande-Marlaska, la directora general del CNI, la directora general de la Guardia Civil y la directora del gabinete de comunicación de la ministra de Defensa, todos ellos desempeñando dichos cargos en la actualidad".

La conclusión que expone el informe policial es clara: "Presencia hace culpable de sus problemas judiciales a las personas sobre las que denuncia la existencia de depósitos bancarios". El juez de la Audiencia Nacional a cargo de la investigación, Joaquín Gadea, hace suya esta sospecha y avisa de "la existencia de indicios que permiten apuntar a la falsedad" de estas denuncias, así como al hecho de que las últimas "coinciden en el tiempo can las actuaciones judiciales abiertas contra el Sr. Presencia". Tras explicar esta última tanda, el informe de la UDEF finaliza con una advertencia: "No se ha vuelto a recibir ningún escrito denuncia de las personas investigadas tras la apertura de las diligencias previas de las que entiende ese juzgado, si bien, por la presente, se comunica que se está elaborando un informe recopilando y analizando todas las denuncias presentadas por Felipe de Neri Galo Montero Dabouza". La policía adelanta que esta cuarta tanda de denuncias presenta "similitudes con los hechos investigados" y busca el "descrédito" de personas que "pueden afectar" a la causa, lo que apuntala la sospecha de que se trata de un hombre de paja de la organización. A la espera de que este nuevo informe salga a la luz, el juez Joaquín Gadea ya acordó este mismo martes la imputación de Felipe de Neri "por su presunta participación en la comisión de un delito de injurias o calumnias contra altas instituciones del Estado y de organización criminal".

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« Respuesta #507 en: 30 de Diciembre de 2022, 08:52:34 am »

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« Respuesta #508 en: 30 de Diciembre de 2022, 18:50:12 pm »
Espero que no sea una denuncia para justificarse ante su familia..., los análisis dirán si es así o si simplemente iba borracha y se vino arriba....

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Re: Denuncias: calificación y tratamiento
« Respuesta #509 en: 30 de Diciembre de 2022, 19:55:30 pm »
Yo, después de ver el vídeo. . . me suena a excusa para justificar sus actos ante sus padres. . .

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Re: Denuncias: calificación y tratamiento
« Respuesta #510 en: 30 de Diciembre de 2022, 20:06:38 pm »

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Re: Denuncias: calificación y tratamiento
« Respuesta #511 en: 06 de Enero de 2023, 08:12:07 am »
La polémica discoteca Waka Sabadell recibió 249.000 euros en subvenciones de la Generalitat


El departamento de Empresa i Treball le concedió ocho ayudas a fondo perdido entre 2021-2022

GONZALO BARATECH / ELENA GARRIDO
03/01/2023 21:53H
ACTUALIZADO: 03/01/2023 23:19 H.

La compañía Emergen Disc, gestora de la controvertida discoteca Waka Sabadell, de Sant Quirze del Vallès, ha obtenido hasta ocho subvenciones del Gobierno catalán, por un importe conjunto de 249.000 euros. Los fondos ingresaron en las cuentas de la empresa en el periodo comprendido entre marzo de 2021 y febrero de 2022.

Según los registros públicos, consultados por Metrópoli, el organismo otorgante es el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, constituido por la Generalitat y el consejo de Cámaras de Comercio catalanas. El Consorci depende del departamento de Empresa i Treball, liderado desde mayo de 2021 por el republicano Roger Torrent. Éste presidió el Parlament entre principios de 2018 y marzo de 2021.

MÁNA DE DINERO PÚBLICO

Las subvenciones forman parte del paquete de recursos articulados en varias tandas por el Govern para paliar los efectos del cierre forzoso de las discotecas y otros negocios del ocio nocturno.

Waka recibió la primera suma de fondos oficiales en marzo de 2021, por importe de 20.000 euros. En mayo de ese año le cayeron 28.000, en julio 93.000 y en septiembre 58.000. El último subsidio de la pedrea autonómica llegó en febrero de 2022, cifrado en 50.000 euros.

Consultados por este medio, fuentes del departamento de Empresa i Treball subrayan que "en el contexto de la pandemia, para ayudar el sector del ocio nocturno, que sumó hasta 20 meses con un cierre total de su actividad (el sector más afectado por las medidas tomadas), se hicieron convocatorias abiertas de ayudas directas a estos establecimientos". Las mismas fuentes remarcan que el "sistema de otorgamiento fue el de concurrencia no competitiva", con el objetivo de que las adjudicaciones se hicieran efectivas "los más rápidamente posible teniendo en cuenta el contexto de urgencia". Asimismo, destacan que Inspección de Trabajo --que también depende del departamento que lidera Roger Torrent-- ha interpuesto una propuesta de sanción de 152.000 euros a Waka Sabadell y a diversas empresas subcontratadas por incumplir la normativa laboral.

GESTORES
Emergen Disc explota la discutida sala de fiestas de Sant Quirze, pero su domicilio no radica en el local, sino en la calle Sant Cugat, de Sabadell. Dicha mercantil tiene de administradores a María Trinidad Castro Sáez y Francisco Daza Juana.

Emergen Disc facturó 1,1 millones en 2021 y declaró un beneficio antes de impuestos de 600.000 euros. De este jugoso excedente, 199.000 euros son atribuibles por entero a los momios recibidos del Govern en el curso del ejercicio.

Imagen de la discoteca Waka Sabadell / ARCHIVO
Imagen de la discoteca Waka Sabadell / ARCHIVO
DISCOTECA SINIESTRA
Estas subvenciones se concedieron antes, durante y después de que estallaran múltiples incidentes relacionados con el salón de baile. Agresiones sexuales, irregularidades laborales, palizas a clientes por parte de los porteros... y, por último, un vídeo sexual grabado en el interior de la sala que ha situado de nuevo al local en el centro de la polémica.

Precisamente esto último ha sido el detonante para que la consejera de Igualtat i Feminismes, Tània Verge, afirmara la semana pasada en Catalunya Ràdio que la discoteca Waka "no es un espacio seguro". Por su parte, la alcaldesa de Sant Quirze del Vallès, Elisabeth Oliveras, ha pedido en reiteradas ocasiones a la Generalitat que cierre la discoteca y ha acusado al Govern de atribuir la "responsabilidad" al Ayuntamiento cuando la clausura corresponde al gobierno catalán. Las acusaciones cruzadas entre el consistorio y la Generalitat tienen lugar pese a que ambas administraciones están controladas por ERC.

MEDIO CENTENAR DE DENUNCIAS
La denuncia por la difusión del vídeo en el que aparecían dos jóvenes practicando sexo oral en la pista de baile es la última de la cincuentena que acumula el establecimiento. De hecho, ha sido uno de los más problemáticos de Cataluña desde hace más de un año, cuando Metrópoli destapó en exclusiva que los porteros de Waka ataron con bridas y apalearon a un joven.

Los porteros y el joven en el suelo (izquierda) y la víctima (derecha) en la puerta de la discoteca Waka / METRÓPOLI
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Los porteros y el joven en el suelo (izquierda) y la víctima (derecha) en la puerta de la discoteca Waka / METRÓPOLI
Tras este suceso, actualmente judicializado, miles de jóvenes organizaron una violenta manifestación frente a sus puertas en la que lanzaron todo tipo de objetos, rompieron algunos accesos del recinto y asaltaron las inmediaciones del local.

Protesta y disturbios contra la discoteca Waka Sabadell / METRÓPOLI
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AGRESIONES DE PORTEROS
Los porteros de Waka –gestionados por subcontratas como la empresa Blacks Control– acumulan un largo historial de agresiones. A principios de noviembre de 2022, los controladores de acceso protagonizaron una brutal agresión a una menor de edad: la cogieron del pelo y la lanzaron al suelo, provocándole arañazos, rascadas y un enorme golpe en la cara.

Heridas de la joven que sufrió la agresión en Waka Sabadell / INSTAGRAM
Heridas de la joven que sufrió la agresión en Waka Sabadell / INSTAGRAM
VIOLACIÓN EN EL ESTRADO
Este verano, los Mossos también investigaron una presunta violación en el interior de la discoteca. Una joven aseguró que fue violada en el interior del local. "Me cogieron del cuello y acabaron violándome en una de las tarimas grandes", explicó la víctima.

Según pudo saber Metrópoli, los hechos ocurrieron, presuntamente, en una de las tarimas centrales –y más visibles– de la discoteca. No obstante, según fuentes cercanas a Waka, ningún miembro del equipo pudo detectar lo ocurrido por la multitud de asistentes.

Imagen de la discoteca Waka Sabadell / ARCHIVO
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SANCIÓN DE 152.000 EUROS
La discoteca también está en el punto de mira de Inspección de Trabajo de Catalunya --dependiente del departamento de Empresa-- por incumplir la normativa laboral. Se le impuso una sanción de 54.000 euros por quebrantar la normativa de Seguridad Social, registro de jornada, trabajo de menores y prevención de riesgos laborales.

Además, Distribuciones Coralsa, que prestaba servicios de control de accesos al recinto, fue sancionada con 91.154 euros por tener un mínimo de 13 trabajadores sin estar dados de alta a la Seguridad Social. Las empresas Not Over Yet –que presta servicios de acceso y auxiliares– y Bull Seguridad –de vigilancia y protección– también fueron multadas con 3.510 euros y 3.528 euros, respectivamente, por incumplir la normativa de cotización a la Seguridad Social, registro de jornada y prevención de riesgos laborales.

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Re: Denuncias: calificación y tratamiento
« Respuesta #512 en: 07 de Enero de 2023, 11:16:11 am »

El exjuez Fernando Presencia sigue recaudando fondos pese a las órdenes de bloqueo de la Audiencia Nacional


El tribunal le atribuye el liderazgo de una presunta “organización criminal” dedicada a estafar mediante la presentación de falsas querellas por corrupción

J. J. GÁLVEZ
Madrid - 05 ENE 2023 - 05:40 CET
52
Fernando Presencia, juez expulsado de la carrera por prevaricación y condenado a cárcel por denuncias falsas, sigue con su campaña para conseguir dinero, pese a las órdenes de bloqueo y embargo de sus cuentas dictadas por la Audiencia Nacional. El tribunal lo investiga por encabezar una supuesta “organización criminal” dedicada a estafar mediante la presentación de querellas por corrupción contra cargos públicos y altas instituciones del Estado, basadas en


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Re: Denuncias: calificación y tratamiento
« Respuesta #513 en: 10 de Enero de 2023, 11:45:55 am »
Yo, después de ver el vídeo. . . me suena a excusa para justificar sus actos ante sus padres. . .

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Los Mossos descartan agresión sexual en la felación de la discoteca Waka


La policía considera que no hay indicios que apunten a que el acto fuera contra la voluntad de la joven

09/01/2023 18:23Actualizada el 10/01/2023 10:07
Los Mossos d'Esquadra descartan que la felación en la discoteca Waka , en Sant Quirze del Vallès, sea un caso de agresión sexual .  El cuerpo policial investiga desde hace dos semanas la difusión de un vídeo viral grabado sin consentimiento en el que aparecía una chica haciendo una felación a un joven.

Según avanzó el Diari de Sabadell  y pudo confirmar RAC1,  los Mossos  no ven indicios de que apunten que el acto fuera contra la voluntad de la joven.  Esto, después de revisar las imágenes de las cámaras de seguridad y hablar con testigos, Además, el análisis toxicológico concluye que la chica no estaba bajo los efectos de la droga .


Denuncia por presunta agresión sexual
En el vídeo en cuestión se ve a una chica haciendo una felación a un joven, en medio de la pista de baile de la discoteca y rodeada de gente. Cuando el chico se da cuenta de que les graban, aparta a la menor y aquí es donde se corta la grabación. Ella presentó una denuncia por la difusión del vídeo y por una presunta agresión sexual .

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De hecho, según la madre de la joven, su hija no recordaba nada de lo ocurrido y sospecha que la drogaron. Sin embargo, el análisis toxicológico descarta esta hipótesis .

Ahora, los Mossos ponen todos los esfuerzos en encontrar a la persona que grabó y difundió el vídeo .  El Departamento de Interior ya pidió la retirada del vídeo en redes sociales. Hay que tener en cuenta que la difusión de vídeos sexuales como éste puede suponer penas de entre dos y cinco años de cárcel .

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Re: Denuncias: calificación y tratamiento
« Respuesta #514 en: 10 de Enero de 2023, 13:35:40 pm »
El vídeo apuntaba a eso. . .

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« Respuesta #515 en: 10 de Enero de 2023, 13:50:25 pm »
El vídeo apuntaba a eso. . .

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Todo aquel.qye haya visto ese video.ve una acción consentida

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Re: Denuncias: calificación y tratamiento
« Respuesta #516 en: 10 de Enero de 2023, 18:55:59 pm »

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« Respuesta #517 en: 10 de Enero de 2023, 19:13:35 pm »
Hay cuestiones que, por su obviedad, es mejor omitir. . .

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Re: Denuncias: calificación y tratamiento
« Respuesta #518 en: 23 de Enero de 2023, 07:10:54 am »
El juez abre diligencias a Rosell por denuncia falsa contra su exempleada

Ayer a las 13:02

La magistrada en excedencia Victoria Rosell volverá a declarar como investigada en un juzgado de la capital grancanaria. El Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria ha abierto diligencias previas hace unos días para concretar si la actual delegada del Gobierno para la Violencia de Género cometió delitos de denuncia falsa y simulación del delito, tal y como interesa su ex empleada del hogar, Simona Chambi, en una querella que presentó en noviembre del año pasado. Una acusación que llega después de que la Audiencia Provincial archivara la denuncia que presentó la jueza contra la que fuera su trabajadora por extorsión, amenazas o coacciones y estafa procesal, al no ver ningún comportamiento constitutivo de infracción penal.

En un auto emitido por el magistrado Franciso Javier García García-Sotoca el pasado 18 de enero, se cita a Simona Chambi para prestar declaración en dependencias judiciales y ratificarse en su querella el próximo 20 de febrero. Momento en el que dará su versión acerca de los hechos que imputa a la que fuera su empleadora. Chambi previamente había llevado a Rosell a juicio en otra ocasión por lo que consideró un despido improcedente, pero que quedó desestimada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) al entender que se trató de un desestimiento legítimo del empleador.

En la notificación judicial de apertura de diligencias previas, el juez reconoce que los hechos que presenta la querella "!resentan características que hacen presumir la posible existencia" de los delitos que pone sobre la mesa. García-Sotoca considera que es necesario, eso sí, practicar aquellas actuaciones que sean necesarias para concretar una serie de datos que entiende no se han podido determinar. Una vez resueltas esas dudas, se podría puntualizar "el procedimiento aplicable".

La decisión de interponer esta querella se basa en el archivo de la causa penal abierta en contra de Simona Chambi, a quien Rosell acusó de extorsionarle a través de ese litigio laboral. Lo unió, a su vez, a una serie de ataques en los medios de comunicación y en las redes sociales que recibió desde sectores afines al partido ultraderechista Vox. Sin embargo, la justicia rechazó que se haya producido alguna actitud punible tal y como denunciaba Rosell. El fallo de la Audiencia Provincial en que se resolvía un recurso presentado por la magistrada en excedencia contra una resolución de primera instancia fue muy claro: "No pueden entenderse los hechos como constitutivos de los delitos de extorsión, amenazas o coacciones, cuando la denunciada se limita a interponer una demanda ante la jurisdicción laboral, previa remisión de la papeleta de conciliación, que debe ser interpretada en dicho contexto".

En base a ese "rotundo" fallo judicial, Simona Chambi, asistida por el letrado Federico José Vicente Marín, decidió interponer esta nueva querella porque entiende que se produjeron los dos delitos "al objeto de amedrentar y perjudicar a la querellante [dado su nivel de humildad, escasos medios económicos para litigar y nivel cultural bajo], convirtiéndose en una estrategia sibilina propicia para que Simona Chambi se asustara al ser citada por la Policía y desistiera de su reclamación laboral previamente presentada 10 días antes".

Además, considera que la gravedad de los hechos es tal que interesa una condena a la delegada del Gobierno de tres años de cárcel –dos por el de denuncia falsa y uno más por el de simulación de delitos–. Igualmente, solicita que se le imponga una fianza de 60.000 euros por los daños materiales y morales que ha sufrido Chambi a lo largo de todo este tiempo.

Entre las diligencias que solicitó en su momento la querellante se encuentran la declaración judicial a la propia Simona Chambi; la de Victoria Rosell, en calidad de investigada; la de la abogada que le pasó a la magistrada en excedencia la información relacionada con el partido Vox y que sustentó su petición de condena por coacciones y amenazas, y que se imponga una fianza por valor de 60.000 euros. Por el momento, en el auto en el que se incoaron las actuaciones judiciales solo se ha citado a la propia Chambi para que testifique y se ratifique en sus acusaciones. Se desconoce si el juez García-Sotoca practicará el resto de cuestiones que se plantearon.