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La Audiencia de A Coruña condena a Iberia Express a indemnizar con 10.000 euros a una pasajera


La Audiencia Provincial de A Coruña establece que la responsabilidad de las compañías aéreas es casi objetiva cuando se produce una lesión durante el embarque, vuelo o desembarque del avión
14 de marzo 17:07 14 de marzo 17:07 Jessica García

Iberia Express deberá indemnizar con 10.000 euros a una pasajera que se lesionó en Madrid durante el embarque de un vuelo con destino a Santiago de Compostela, tal y como ha sentenciado la sección cuarta de la Audiencia Provincial de A Coruña.

El tribunal destaca en la sentencia que "no existe duda alguna de que el accidente se produjo sin ninguna intervención de culpa o negligencia por parte de la demandante, cuando ya ocupaba su plaza, hallándose correctamente sentada".

Los magistrados aseguran que, en ese momento, la compelieron "a facilitar con prisa el acceso a otro pasajero que debía acomodarse en la misma fila, por lo que tuvo que introducirse rápidamente en el espacio posterior de su asiento, donde chocó con una mochila apoyada en el suelo".

Como consecuencia de ello, según el fallo, la viajera sufrió "un esguince de rodilla que le causó gran dolor, hasta el punto de empezar a gritar que se había roto la rodilla, por lo que fue atendida por el personal de vuelo".

De hecho, la Sala indica que esa circunstancia "consta en el parte de la sobrecargo, en el que se especifica que tuvo que viajar en otro asiento y que necesitó asistencia para abandonar la aeronave con gran cojera, esperándola una silla de ruedas a la puerta del avión, a pesar de que en Madrid había embarcado por su propio pie, para ser trasladada en ambulancia desde el exterior del aeropuerto de Santiago al servicio de urgencias del hospital".

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Los jueces recalcan que ha quedado acreditado, a través de los partes de asistencia en urgencias y de los de diferentes consultas que acompañan a la demanda, así como por los dos dictámenes periciales elaborados por cuenta de cada una de las partes litigantes que, como consecuencia de la torsión por el tropiezo con la mochila, la pasajera sufrió un esguince de rodilla derecha con derrame, lo que provocó que precisase una baja laboral durante 83 días, durante los cuales tuvo que utilizar muletas.

En este caso, según resalta la Audiencia Provincial de A Coruña, la norma aplicable, aun cuando el avión realice vuelos internos, no es el artículo 124 de la Ley de Navegación Aérea, "sino el artículo 35 del Convenio de Montreal, de 28 de mayo de  1999, para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional, que indica que el derecho a indemnización se extinguirá si no se inicia una acción dentro del plazo de dos años, contados a partir de la fecha de llegada a destino o la del día en que la aeronave debería haber llegado o la de la detención del transporte".

A lo que añade que la forma de calcular ese plazo se determinará por la ley del tribunal que conoce el caso. Además, establece que la responsabilidad de las compañías aéreas es casi objetiva, para indemnizaciones que no superen los 113.100 DEG (derechos especiales de giro), cuando se produce una lesión durante el embarque, vuelo o desembarque del avión, pues para eximirse de su responsabilidad deben probar que la persona que pide la indemnización ha causado el daño o ha contribuido al mismo.

La sentencia no es firme, pues contra ella cabe presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

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Un jubilado que vivía solo deja su casa de 750.000 euros a una camarera y ahora los hijos reclaman la herencia


La familia de este jubilado "solitario" está luchando por recuperar la vivienda después de que este hombre de 82 años se la diera a una camarera que conoció en el café de desayuno de su localidad.

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Un jubilado que vivía solo deja su casa de 750.000 euros a una camarera y ahora los hijos reclaman la herencia |Archivo
Francisco Miralles
Francisco Miralles
Fecha de actualización: 24/03/2025 13:49 CET
No es la primera vez que un familiar decide dejar su herencia a personas ajenas al núcleo familiar, como pueden ser los hijos o parientes más cercanos, lo que casi siempre desencadena una disputa legal. Esto ha ocurrido y seguirá ocurriendo. Un ejemplo es el caso de la vivienda donde Richard Joy vivió toda su vida, situada en Harrow y valorada en más de 750.000 euros, que se ha convertido en el centro de una disputa entre su primo Martin Larney, albacea del testamento, y Mariia Romanyshyn, una camarera ucraniana a la que el jubilado supuestamente le cedió la propiedad en 2016. Larney afirma que Joy, que falleció en 2018, no estaba en sus plenas facultades para decidir por voluntad propia en el momento en el que ocurrieron los hechos.


Según recoge el medio The Telegraph, la relación entre Joy y Romanyshyn comenzó en 2011, cuando ella le atendía regularmente en la cafetería Upper Crust. Con el paso del tiempo, ella y su familia se mudaron a vivir con él. Según explicó la camarera, el pensionista la animó en varias ocasiones a establecerse en su casa con el pretexto de: “Mi deseo es que este sea el hogar de tu familia”, declaró que le dijo.

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Tras mudarse, Romanyshyn asegura que fue en la primavera de 2016 cuando Joy le entregó personalmente las escrituras de la vivienda, manifestando las siguientes palabras: “Tengo un regalo para ti”, añadiendo: “La casa es tuya. Quiero que te la quedes”. Ella afirmó que respondió: “No te preocupes, lo cuidaré muy bien para ti”.


Durante su declaración, la camarera también relató que desde 2011 Joy ya le había expresado su intención de incluirla en su testamento, cuando le preguntó: “Mariia, ¿puedo darte tu nombre y dirección?”, con la intención de dejarle un anillo de diamantes.

La herencia y la parte legítima
El problema surge cuando, según el testamento legal firmado en 2011 y redactado de puño y letra por Richard Joy, se establecía que gran parte de la vivienda se repartiría entre su primo Martin Larney, la madre de este, Doreen, y un amigo cercano. Sin embargo, tras su fallecimiento, se descubrió que el jubilado había firmado posteriormente otro documento en el que otorgaba la propiedad a Mariia Romanyshyn.

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El primo del fallecido alega que Joy era “vulnerable, con un aparente deterioro cognitivo” y que dependía de la camarera para su día a día, es decir, que hacía al parecer las funciones de ciudadora. Según su abogado, Andrew Nicklin, Romanyshyn no solo vivía en la casa con su familia mientras Joy ocupaba una única habitación, sino que también gestionaba su cuenta bancaria y se encargaba de la economía de este: “El fallecido dependía de la Sra. Romanyshyn para la vida cotidiana, las compras, la cocina, la medicina y las citas médicas”, argumentó.

Según los abogados de Larney, los mismos consideran que al ocupar una “posición de ascendencia”, la camarera debía haber actuado con mayor diligencia para garantizar que el jubilado entendía plenamente lo que suponía dejar de herencia su vivienda.

La camarera cuidó del anciano durante sus últimos años
En la otra parte, la abogada de Romanyshyn explicó que no existía en el historial médico de Joy ningún diagnóstico de demencia ni evidencia de tratamiento relacionado, es decir, que actuaba con sus plenas facultades. Además, aseguró que Joy seguía realizando actividades cotidianas por su cuenta, como ir al pub, acudir a la pescadería o utilizar el transporte público.

Además, señalo que tras muchos años cuidando de el “se desarrolló con el tiempo y evolucionó hasta convertirse en una relación familiar”. También añadió que ni Romanyshyn ni su familia recibieron compensación económica por el cuidado prestado: “No fueron cuidadores remunerados y en ningún momento exigieron ni recibieron dinero alguno”. Esta mujer lo tiene claro, “Joy fue tratado como un miembro más de la familia”afirmó ante el juez.

Además, insistió en el vínculo que mantuvo con Joy hasta su muerte: “Sigo organizando un servicio conmemorativo cada Navidad y dejo flores en su tumba. El señor Larney no hace ninguna de estas cosas”.

Ahora, se espera al fallo, el cual será emitido en las próximas semanas, pero sin duda abre el debate sobre quién realmente debería ser el beneficiario de la herencia, la familia o la persona que la cuido hasta su fallecimiento.

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6 años y 4 mesess de expediente administrativo para rechazar la petición...de nota.

Rechazan indemnizar a una turista que se cayó en una acera en mal estado el primer día de vacaciones en Mallorca

Historia de Europa Press • 18 h • 3 minutos de lectura

PALMA, 6 (EUROPA PRESS)

La reclamante consideraba que las lesiones que sufrió como consecuencia de una caída eran a causa de un desnivel en el baldosado de una calle de la localidad mallorquina y, por ello, inició la reclamación en noviembre de 2018 ante el Ayuntamiento, que puso en marcha el proceso de responsabilidad patrimonial y nombró un instructor.

Durante el procedimiento, el abogado de la reclamante presentó un escrito en el que fijaba la indemnización en 32.580 euros y aportó tres informes médicos, uno de urgencias del Hospital Son Llàtzer, otro de urgencias del Hospital Valle del Nalón y un último del servicio de rehabilitación del mismo hospital. También aportó un presupuesto elaborado por una clínica dental con el tratamiento llevado a cabo.

Igualmente, se incorporó al expediente un informe de la Policía Local que apuntaba que en los archivos no constaba ninguna información sobre la caída de una mujer ese día y, por parte de la Brigada de Mantenimiento, se informó sobre el estado de la acera.

En concreto, se afirmaba que esta presentaba desniveles a causa del crecimiento de los árboles con el riesgo de provocar accidentes, pero que la amplitud de más de seis metros daba opciones a evitar los peligros.

Así, según este informe, la acera "cumple con el estándar de seguridad de una vía con arbolado de dimensiones considerables". "Si bien la acera presenta desniveles, estos son evitables gracias a la amplitud de la que consta", concluye.

Posteriormente, el técnico de la administración general de la Secretaría del Consistorio de Llucmajor formuló una propuesta para desestimar la reclamación, considerando que el desnivel en el baldosado de la acera era "de muy pocos centímetros".

Con todo, se considera que no hay relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y el daño sufrido por la caída, ya que el estado de la acera entra dentro de los estándares de conservación y mantenimiento y los desperfectos se pueden esquivar. Recuerda, además, que los peatones "tienen el deber de deambular con la debida atención".

Asimismo, en enero de este año, desde el Ayuntamiento de Llucmajor se solicitó al Consell Consultiu la emisión de un dictamen preceptivo.

El dictamen recoge que muchas sentencias y dictámenes establecen elementos coincidentes en el reconocimiento de la responsabilidad de las administraciones públicas. Estos son, entre otros, que la lesión o el perjuicio sea real y efectivo y que sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

El Consell Consultiu apunta que los daños resultado de la caída han sido acreditados y que la Administración no los ha cuestionado. En cuanto a las consecuencias de la caída, señala que aunque la reclamante trasladó el nombre de la guía de la excursión no se propone ninguna prueba ni forma de localizarla y que la Policía Local no tiene información al respecto.

En este sentido, el informe afirma que no dispone de elementos que permitan deducir las circunstancias de la caída. Así, el dictamen concluye que no se han acreditado todos los requisitos para declarar la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento y, por ello, es procedente desestimar la reclamación.

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Poco confía en sus hijos....


Un jubilado lamenta haber donado su casa a sus hijos: “Mi esposa tendrá que abandonarla cuando yo muera”


Tras donar la vivienda este jubilado pensaba que estaba haciendo lo correcto pero luego se dio cuenta del error, ya que su esposa tendrá que abandonar la vivienda cuando él fallezca.

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Francisco Miralles
Francisco Miralles
Fecha de actualización: 06/04/2025 21:52 CEST
Muchas veces creemos que dejar la vivienda en herencia a nuestros hijos es la mejor decisión posible, pero no siempre es así, especialmente cuando formamos una nueva pareja con la que compartimos esa casa y queremos evitar que la pierda en el futuro. Esto es lo que le ha ocurrido a Pierre M., un jubilado francés de 68 años, que hace cinco años decidió donar su vivienda, situada cerca de Pau, a sus dos hijos de una relación anterior. Lo hizo reservándose el usufructo del inmueble, es decir, el derecho a residir en él y a percibir sus posibles rentas. Según sus propias palabras, lo hizo con buena intención: “Creía que era lo más sensato. Quería evitarles complicaciones y ahorrar impuestos”.


Según recoge el medio Le figaro, la donación, se ha convertido en una preocupación y un problema. El motivo es que Pierre ha rehecho su vida junto a Jacqueline, su actual esposa de 66 años. Tras vender su apartamento en París, ambos se trasladaron a la casa que ya no les pertenece completamente. Cuando fallezca Pierre, el usufructo desaparece y la totalidad pasará automáticamente a sus hijos, ya que son los herederos, los cuales no están obligados a permitir que Jacqueline continúe viviendo allí.

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“No pensé en Jacqueline cuando firmé la donación. Ni siquiera estaba en mi vida en ese momento”, reconoce Pierre. Al parecer, su situación matrimonial se rige por la separación de bienes, lo que deja a Jacqueline sin ningún derecho sobre la vivienda. La notaria Nathalie Couzigou-Suhas, portavoz del Colegio de Notarios de París, explica al medio Le Figaro: “Al morir el usufructuario, la nuda propiedad se convierte en plena propiedad. Los hijos podrán disponer libremente de la vivienda”.


Hay que decir, que la legislación francesa contempla el derecho vitalicio a la vivienda para el cónyuge superviviente, pero solo si el fallecido era titular del bien en el momento de la muerte. En este caso, al haber donado ya la nuda propiedad, la protección conyugal no se aplicará. “Mis hijos no se llevan bien con Jacqueline. No tienen ninguna intención de permitirle quedarse, y no puedo obligarles a hacerlo”, lamenta Pierre.

“No quiero que se quede en la calle”
Consciente de la fragilidad de la situación, Pierre ha intentado buscar soluciones legales. La más viable sería otorgar un derecho de uso y habitación a favor de Jacqueline, pero este requiere el consentimiento de los hijos, algo que por el momento no han mostrado disposición a conceder.


“Me atormenta pensar que un día Jacqueline tenga que hacer las maletas porque yo ya no esté. No quiero que se quede en la calle”, afirma. Como medida preventiva, han decidido ahorrar una parte de su patrimonio. Pierre dispone aún de algunos fondos procedentes de la venta de su piso en París, aunque una parte está invertida en seguros de vida a nombre de sus hijos. Jacqueline, por su parte, cuenta con 45.000 euros en efectivo para afrontar una posible mudanza.