Autor Tema: Homosexualidad y Policía  (Leído 109108 veces)

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Re: Homosexualidad y Policía
« Respuesta #900 en: 25 de Septiembre de 2024, 08:13:43 am »
Un profesor del nuevo IESO de Ugena, víctima de una pintada homófoba realizada en el patio del centro


‘Maricón’ y ‘pederasta’ son los graves insultos e injurias que aparecen junto al nombre de uno de los docentes de este centro educativo.
24 de septiembre 14:42 24 de septiembre 14:42 F. Franco


La pintada, realizada en el patio del centro, ya ha sido borrada.

El patio del nuevo IESO 'Almudena Grandes' de Ugena amaneció este lunes con una pintada de tintes homófobos dirigida contra un profesor de Secundaria del centro, que ha sido señalado directamente por su nombre.

‘Maricón’ y ‘pederasta’ son los graves insultos e injurias que aparecen en una pintada cuyos sus autores, aún sin identificar, dejaron una firma reconocible. Se trata del hashtag 217, número que hace referencia al código postal de esta localidad sagreña. Sobre esta cifra se puede observar una corona de tres puntas, lo que hace pensar que los autores forman parte de una banda juvenil.

Presentada denuncia

Tanto el profesor como el centro educativo han denunciado los hechos y la Consejería estudia personarse en la causa. Sus autores presuntamente podrían haber cometido de un delito de odio y otro de injurias dado el carácter difamador de la pintada, que ya ha sido borrada.

Además, hoy en el recreo se ha organizado un acto contra la homofobia en el que han participado la comunidad educativa del IESO.

Los sindicatos CSIF y ANPE han condenado los hechos y se han solidarizado con el profesor. "Estamos totalmente en contra de lo que está pasando y mucho más de las pintadas homófobas", subraya Rubén Gómez de la Rosa, responsable del área de Educación de CSIF Toledo.

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Re: Homosexualidad y Policía
« Respuesta #901 en: 04 de Octubre de 2024, 06:17:33 am »
Estos son los que albergan a la bandas georgianas especializadas en robos en domicilio...pero eso si, son blanquitos y no negros del áfrica tropical en edad militar.
https://www.abc.es/sevilla/ciudad/detenidas-siete-bandas-georgianas-cometido-robos-viviendas-20230901101900-nts.html

Georgia promulga una ley anti LGTBI que prohíbe el matrimonio de personas del mismo sexo


Según el presidente del Parlamento, esta ley respeta los derechos de todos los ciudadanos y no contraviene la «tolerancia» que «siempre ha sido una característica definitoria de la población georgiana»
Redacción El Debate
El Debate
03/10/2024 Actualizada 12:44

El presidente del Parlamento de Georgia, Shalva Papuashvili, ha promulgado este jueves la Ley sobre Valores Familiares y Protección de Menores pese a las críticas de la presidenta, Salomé Zurabishvili, y de los partidos políticos opositores y reconociendo incluso que «puede provocar críticas de algunos socios internacionales».

Zurabishvili rechazó el martes avalar esta polémica reforma, que prohíbe entre otras cuestiones la «propaganda» relacionada con este colectivo, la reasignación de género o el matrimonio igualitario, por lo que correspondía a Papuashvili estampar la firma definitiva para que pudiese entrar en vigor próximamente.

Según el presidente del Parlamento, esta ley respeta los derechos de todos los ciudadanos y no contraviene la «tolerancia» que «siempre ha sido una característica definitoria de la población georgiana». Sin embargo, «debemos entender que la verdadera tolerancia debe coexistir con el respeto mutuo y no poner en riesgo la paz civil faltando al respeto a las creencias y los valores de los demás», ha alegado en redes sociales.

La reforma, semejante a otra ya en vigor en Rusia, ha recibido críticas de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, entre ellas la ONU, que teme que puedan estar en peligro principios de igualdad, no discriminación, educación, salud, libertad de expresión, así como las libertades de reunión pacífica y asociación. También de la UE, que ve a Georgia cada vez más cercana a las tesis de Rusia en cuestiones políticas y también sociales.

Papuashvili ha insistido este miércoles en que la ley cuenta con un amplio apoyo social y ha señalado que en mayo cerca de un millón de personas salieron a las calles para darle su respaldo, lo que, en su opinión, equivale a un referéndum 'de facto', según la televisión pública.

«Sé que la firma de esta ley puede provocar críticas de algunos socios internacionales», pero «los georgianos nunca nos hemos dejado arrastrar por opiniones externas cuando nuestra fe, el sentido común y la lealtad a nuestro país son los que nos guían, especialmente ahora que vemos que la civilización va en la dirección equivocada», ha remachado.

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Re: Homosexualidad y Policía
« Respuesta #902 en: 13 de Noviembre de 2024, 09:40:47 am »

La patrulla 'gay' de la Policía que vela por los derechos LGTBI: "Si a mí me llaman lesbiana, me doy media vuelta y me voy. Tenemos la piel muy fina y no todo es un delito de odio. A veces sólo es un hecho odioso"


La asociación LGTBIPol, con más de 300 agentes, lucha por la sensibilización y la diversidad dentro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. "Como en el resto de la sociedad, claro que hay homofobia en la Policía. Y machismo"

Javier Cid | Madrid
13/11/2024 00:24

Hay que zambullirse algo lejos en el lodo del tiempo, cuando en los alborotados años 60 los derechos civiles comienzan a avivarse en la hoguera de la Historia, para encontrar en la literatura homosexual por vez primera la expresión salir del armario. Como un maná de libertad sexual, el colectivo LGTB se iba sacudiendo la polvareda milenaria del ostracismo; aún tendría que llegar la revuelta del bar Stonewall de Nueva York en el 69, bendita noche de cuchillos largos traída hoy como símbolo del pink power y punto de partida de todas las celebraciones del Orgullo que en el mundo han sido. Y aún así, medio siglo después, la tramontana gay sigue agazapada en demasiados países y en no pocos entornos.

Enfilado el 2024, en ciudades como Madrid el colectivo ha levantado un imperio de libertades LGTB con el pintoresco barrio de Chueca como una de las capitales de la cosa. Salir pues del armario en la gran urbe ya no es el mayor de los pecados (ahí está su desfile del Orgullo, el tercero más multitudinario del planeta), se denuncian más delitos de odio que nunca y los tentáculos de la sensibilización se cuelan hasta en los territorios más diestros. Pero, ¿qué pasa en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado? ¿Están estos organismos alineados con la mirada LGTB del mundo? ¿Han abierto sus principios fundacionales, más bien conservadores, a las realidades de este colectivo que, según ratifican las estadísticas, ya es el 1o% de la población?

Para medirle la temperatura a estos asuntos, en 2016 vio la luz en Madrid la asociación LGTBIPol, a la que a día de hoy pertenecen 300 agentes de la Policía Nacional, Municipal y Guardia Civil. Todos ellos personas lesbianas, gays, transexuales o bisexuales que abrazan su identidad sexual y su labor de servicio bajo esta enredadera de siglas. «Uno de nuestros objetivos es educar a otros compañeros para que tengan la sensibilidad necesaria a la hora de trabajar», explica a GRAN MADRID Rufino Arco Tirado, miembro de la junta directiva de LGTBIPol.


-¿En qué sentido?

-Por ejemplo, en algo tan simple como que reconozcan el género no binario. Se van a a encontrar con estas personas en la calle, en las comisarias, y es fundamental que sepan cuál es su realidad. O a la hora de cachear a una persona trans. Y si alguien va a la Policía a denunciar un delito de odio, que los agentes tengan los conocimientos necesarios para fundamentarlo.

Rufino Arco Tirado, policía nacional y miembro de la junta directiva.
Otro de los objetivos de esta agrupación es favorecer la visibilidad LGTB dentro de las propias corporaciones. «Que los compañeros tengan un espacio seguro en el que poder hablar [si ellos mismos sufren algún tipo de discriminación por parte de un mando u otro agente, o incluso si son víctimas de una agresión de una pareja]», insiste Rufino. «Y también estamos peleando para adaptar la normativa interna, por ejemplo, en el tema trans».

-¿Qué dice esa normativa trans?

-Nada. No existe. Y habría que poner por escrito, por ejemplo, cómo ha de ser el uso de los vestuarios de los agentes en los módulos compartidos.

A sus 41 años, Rufino lleva 16 en el Cuerpo Nacional de Policía. Y fue él, con un grupo de compañeros que abanderaban las reivindicaciones LGTBI, quien decidió poner en marcha la asociación. «Llegó a nuestros oídos que varias personas del colectivo no quisieron ir a denunciar a la Policía porque pensaban que no iban a ser bien atendidas. O el caso de un agente que tenía problemas con su pareja y se veía incapaz de ir a una comisaría y gestionarlo», cuenta Rufino, que además de funcionario había sido finalista en Mister Gay España y ya era conocido dentro del colectivo como el poli gay. «Como ya tenía algo de experiencia con las entrevistas, me convertí en la cara visible de LGTBIPol».

-¿Ese farallón de visibilidad le ha pesado en alguna ocasión?

-No, e incluso diría que me ha ayudado a ser más feliz. Porque una vez que sales del armario y das la patada en la puerta, ya no hay marcha atrás ni nada que temer. De todas formas, yo nunca lo he ocultado, salvo una época en la que mi pareja era inspector y él no quería airearlo, así que si yo salía del armario inevitablemente le sacaba también a él. Además, yo jamás he escondido mi pluma, y he dado por hecho que tarde o temprano se sabría.

Begoña Gallego Luis, también policía nacional, es la presidenta de la asociación. Ella mejor que nadie conoce las asignaturas pendientes de esta lucha que, con frecuencia, se mueve en arenas movedizas. Una lucha que en su caso es de doble carril: es una agente lesbiana, pero también es una agente mujer. «La Policía es un reflejo de la sociedad, y las mujeres seguimos invisibilizadas en muchos entornos», reconoce. «Dentro del cuerpo, y no me corto en decirlo, sigue habiendo mucho machismo». ¿Y homofobia? «La misma que en el resto de la sociedad».

Begoña Gallego Luis, presidenta de la asociación.
Le pedimos a Begoña algunos ejemplos: «A la hora de detener a un varón, siempre tiene que ir otro hombre conmigo. Y eso lo puedo llegar a entender, por una cuestión de paridad de la fuerza física. Pero cuando se trata de ascensos, de los puestos importantes de confianza... con las mujeres se cuenta muchísimo menos. Y lo sé porque mi pareja tienen un cargo en la Policía y se encuentra en reuniones donde hay siete jefes y quizá sólo dos jefas».

En estos ocho años de historia de LGTBIPol, uno de los episodios que más polvareda levantó fue cuando en 2018 algunos de los miembros de la asociación quisieron desfilar en el Orgullo de Madrid con sus uniformes. En el caso de los policías nacionales, el Ministerio del Interior, comandado por Fernando Grande-Marlaska (abiertamente homosexual), les dio una autorización que terminó siendo revocada la víspera de la manifestación. «Lo único que queríamos era dar visibilidad al Cuerpo, igual que se hace en otros Orgullos del mundo, como en el de Nueva York, donde una representación de agentes desfila con su uniforme. Pero el día antes, el secretario de Estado de Seguridad nos dijo que no iba a poder ser, porque habían recibido unas llamadas de última hora, 'presiones políticas'. El mismo día de la manifestación, Markaska nos recibió en su despacho. Se hizo una foto con nostros y la subió a las redes sociales para mostrarnos su apoyo, pero nos dio a entender que estaba atado de pies y manos».

Explica Rufino: «Queríamos que fuese algo similar a las procesiones de Semana Santa, donde siempre hay una representación oficial de la Policía. Pero se agarraron a un tema jurídico: y es que las procesiones no se consideran un acto reivindicativo y el Orgullo sí, y los estatutos no permiten que los agentes nos posicionemos».

Más suerte tuvo Arantxa Miranda, policía municipal de Madrid y también miembro de LGTBIPol, pues ella sí que obtuvo los permisos del Ayuntamiento -con la entonces edil Manuela Carmena- para desfilar uniformada. «Entregué el arma y la placa y fui en la manifestación con una representación de agentes de otros países, pero no con mis compañeros de la Policía Nacional », dice. Con lo que no contaba Arantxa es con el odio que aquel paseíllo reivindicativo iba a desatar en redes sociales. «Me pusieron verde. Y no por mi orientación sexual, sino que recurrieron a mi trayectoria profesional. Dijeron que yo jamás me había puesto las botas de Policía y que sólo usaba el uniforme para hacerme fotos. Era todo mentira, porque hasta entonces yo había estado en muchas investigaciones de la Policía, como la Operación Surco contra aluniceros, había sido motorista de tráfico...».

Arantxa Miranda, agente municipal.
Hoy, Arantxa es la cara visible de la Unidad de Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal de Madrid, una comisaría pionera en España especializada en los delitos de odio, una coctelera en la que entra la discriminación por racismo, xenofobia, orientación e identidad sexual, género, prácticas religiosas, origen étnico, diversidad funcional, discapacidad, ideología... Por su trabajo en esta Comisaría de la Diversidad, Arantxa ha dado muchas formaciones a otros compañeros. Y aunque los agentes reciben estas actualizaciones con muy buen talante, recuerda algún caso aislado de rechazo frontal: «En una formación de inspectores en Ávila, yo estaba hablando del cacheo a personas trans, y uno de ellos dijo que no estaba de acuerdo con lo que estaba contando, se levantó y se fue». Y sin embargo, Arantxa reconoce que el Ayuntamiento de la capital, «independientemente de los partidos, está haciendo un gran esfuerzo en la formación de agentes en materia de diversidad».

¿Y qué hay de la polémica de algunos agentes que, aprovechándose de la nueva Ley Trans, han hecho el cambio registral de género? «Eso es un fraude de ley, porque te estás cambiando de sexo para beneficiarte de una serie de ventajas, por ejemplo en las pruebas físicas de una oposición», dice Begoña. «Pero una vez que se solicita el cambio en el Registro Civil, luego hay que ratificarlo delante de un juez. Yen estos años solo ha habido un caso: el de una persona que fue al registro y se benefició de las oposiciones por ser un varón. Pero luego todo eso se desestimó y se anuló. No es tan fácil como la gente cree. De hecho, los trans que hay en el Cuerpo se pueden contar con los dedos de una mano».

En el caso de la Guardia Civil, mucho más vinculada a los entornos rurales, la situación de sus agentes LGTBI es a menudo más peliaguda. «Cuando entré en la academia, tuve que meterme de nuevo en el armario», confiesa Antonio (nombre ficticio), de 43 años. «Además yo tuve una vocación tardía, llegué allí con 39 años y estaba rodeado de chavales de 25 que no sabes de qué palo van. Entonces busqué en Google alguna asociación que pudiera representarme, me encontré con LGTBIPol y me hice socio. En estos cuatro años, en cada uno de los destinos en los que he estado he ido con tiento al principio, imagino que como en cualquier otro trabajo. Hay algunos jefes de la vieja escuela a los que la gente todavía les tiene miedo. Pero poco a poco me he ido abriendo. Y hoy mi marido viene a los eventos del cuartel, mi situación civil con otro hombre está absolutamente normalizada, e incluso yo mismo participo de las bromas subidas de tono, que las hay, como las hay de los heteros, con total naturalidad».

Pablo (también nombre ficticio) es otro de los guardias civiles de LGTBIPol. «Como en estos entornos nadie cuenta nada, te sientes un poco solo», explica. «Ellos hablan abiertamente de mujeres, de sus conquistas del fin de semana... Y tú te callas, porque quieres dar una imagen respetable y que tu condición sexual no manche tu profesionalidad. Me destinaron a un pueblo, y ya era famoso antes de llegar: me convertí en el guardia civil gay en ese y todos los pueblos de la comarca, y al ser homosexual estás en el punto de mira». Pablo recuerda incluso el bullying al que le sometió un mando durante bastantes meses: «No hacía referencias explícitas a mi condición sexual, pero me ridiculizaba delante de los otros agentes con cuestiones del trabajo... Me afectó psicológicamente y en mi rendimiento, y lo pasé realmente mal». Tras cambiar de destino, hoy Pablo confiesa encontrarse «fenomenal».

Desde 2016, el gran caballo de batalla de LGTBIPOL ha sido la toma en consideración cada vez más profesionalizada de los delitos de odio. «No es fácil, porque se trata de algo subjetivo», explica Arantxa, muy familiarizada con todos los casos que llegan a la Comisaría de la Diversidad. «Yo te puedo llamar 'maricón' porque tienes una expresión de género no acorde a lo que yo entiendo por masculino. Y a lo mejor ese día revientas porque llevas años con esa mochila de ser el maricón, y te atreves a denunciar. Pero para tipificarlo como delito de odio tiene que haber una gratuidad de los hechos, o unos antecedentes, o la intención de ir contra el colectivo y no contra una persona en concreto... Ynosotros te vamos a atender con mucha empatía, te vamos a intentar tranquilizar, se va a investigar, podemos incluso hacer una mediación antes de ir por la vía penal o administrativa... Pero a lo mejor no hay un hay un delito de odio, sino un hecho odioso».

Begoña va un paso más allá: «Voy a tirar piedras sobre nuestro propio tejado, pero es verdad que se dan muchos casos que son una filfa. Si a mí alguien me llama 'lesbiana', me doy media vuelta y me marcho. Pero hay gente que por un insulto de 'maricón', algo que no debería pasar y está mal, por supuesto, denuncia. A veces tenemos la piel muy fina, saturamos el sistema... Y no hay que olvidar que los delitos de odio son algo muy serio».


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Re: Homosexualidad y Policía
« Respuesta #903 en: 24 de Noviembre de 2024, 20:46:45 pm »

Las condenas del asesinato de Samuel Luiz, acusado a acusado


El jurado alcanzó las decisiones por unanimidad salvo en el caso de Kaio Amaral, que es condenado con dos votos en contra
Considera probado que Diego Montaña atacó al joven por su animadversión hacia los homosexuales
Catherine Silva, una de las acusadas.
Catherine Silva, una de las acusadas. / EFE


Gemma Malvido

A Coruña 24 NOV 2024 20:18
El jurado encargado de juzgar el crimen de Samuel Luiz alcanzó este domingo un veredicto sobre los hechos ocurridos el 3 de julio de 2021 en el paseo marítimo de A Coruña. Por unanimidad, acordó que Catherine Silva debía ser absuelta de los cargos que se le imputaban —asesinato con alevosía y ensañamiento y agravante de discriminación por condición sexual—; que Diego Montaña y Alejandro Freire debían ser condenados por asesinato con alevosía y que Alejandro Míguez —el único de los varones que estaba en libertad, aunque llegó a entrar un mes en la cárcel tras su detención— era cómplice de asesinato.


En el caso de Kaio Amaral, la decisión no estaba tan clara y el jurado lo declaró culpable de asesinato con alevosía por mayoría de siete votos —la mínima para aprobar una condena—, al igual que a Montaña y a Freire y acordó también que era culpable del robo con violencia del móvil de la víctima. Unos hechos que él mismo había confesado durante la instrucción del caso.


Veredicto del Caso Samuel Luiz: Tres culpables de asesinato con alevosía, un cómplice y una exculpada
Veredicto del Caso Samuel Luiz: Tres culpables de asesinato con alevosía, un cómplice y una exculpada

El jurado explicó también —tras un error en la lectura del veredicto— que consideraba acreditado que Diego Montaña había actuado contra Samuel Luiz por su animadversión hacia las personas homosexuales, al atribuirle a él esta condición, de modo que se le aplica la agravante de discriminación por condición sexual.

Los acusados, a través de la pantalla, en la sala de prensa.
Los acusados, a través de la pantalla, en la sala de prensa. / Cabalar

En la lectura del veredicto —celebrada este domingo pasada la una de la tarde— los miembros del jurado aclararon también que, tras haber debatido, consideraban que los condenados no cumplían las condiciones para ser propuestos para indulto ni para que se aplicase la remisión de su condena. El jurado recibió el pasado lunes por la tarde el objeto de veredicto, un documento con 115 preguntas, cinco de ellas comunes a todos los acusados, y, el resto, específicas para cada uno de los acusados que tenían que contestar para determinar la implicación de cada uno de ellos en la agresión mortal.


Era el paso siguiente a un mes de juicio por el que pasaron por la sala de la Audiencia casi ochenta testigos y peritos que, con sus testimonios, intentaron poner luz sobre la muerte del joven de Meicende. Cabe recordar que, por estos mismos hechos, hay ya dos personas condenadas por asesinato, dos jóvenes que, aquel 3 de julio de 2021, eran menores de edad y que acordaron cumplir una condena de tres años y medio de privación de libertad.

Una vez hecho público el veredicto —tras más de cuatro días de deliberación— y después de que las partes realizaran ayer, en la sala, su petición de condena, la magistrada será la encargada de dictar las penas para cada uno de los cuatro condenados. En todo caso, y tal y como explicó ayer, ese fallo será recurrible por las partes.


El jurado, por unanimidad y en respuesta a las cinco preguntas comunes a todos los acusados, considera probado que Samuel fue víctima de una "agresión grupal" y que fueron los múltiples golpes recibidos los que le causaron la muerte, sobre todo, los que recibió en la región craneal y que, a raíz de los hechos, sus padres sufren un trastorno depresivo.

El jurado considera también que Samuel fue incapaz de hacer "ningún acto hostil" contra el grupo que le estaba atacando porque no se encontró ningún resto biológico de los agresores en la víctima y dio por probado que los tres coautores tuvieron que entender como probable las consecuencias de sus actos [la muerte de Samuel] y que, aún así, asumieron el riesgo que su acción conllevaba, aceptándolo y siguieron adelante.


Pero, ¿quién hizo qué aquella noche y cuáles son las penas a las que se enfrentan?

Diego Montaña
En el momento de los hechos era la pareja de Catherine Silva. Inició la agresión a Samuel Luiz, al entender que les estaba grabando con un móvil a él y a su novia, cuando, en realidad, estaba haciendo una videollamada con una amiga. "Deja de grabar, a ver si te voy a matar, maricón", considera probado el jurado que le dijo, basándose en las testificales practicadas en el juicio, en este caso, en la declaración de la amiga de Samuel. Y que, "de forma sorpresiva y repentina", se abalanzó sobre la víctima dándole "puñetazos y patadas". Ve probado también que, una vez que Alejandro Freire [miembro también de la pandilla] atacó por detrás a Samuel y éste cayó al suelo, Montaña le golpeó de nuevo y que siguió haciéndolo cuando se sumaron al ataque más personas, impidiendo que Samuel pudiese recibir ayuda o que otras personas le defendiesen y que Samuel se quedó "totalmente indefenso y desvalido". Por estos hechos, lo consideran culpable de asesinato con alevosía con agravante de discriminación por condición sexual. La Fiscalía pide para él 25 años de prisión y cinco más de libertad vigilada. Su defensa, veinte años y, en su caso, una pena no superior a 22 años y medio de cárcel al entender que no cabe la pena máxima por solo concurrir alevosía y no alevosía y ensañamiento, que es el tipo más grave de asesinato. Montaña está en prisión desde que se produjo su detención, el 9 de julio de 2021.

Catherine Silva
Estaba con Diego Montaña cuando sucedieron los hechos, el jurado considera por unanimidad que no se puede probar que ella formase parte del grupo agresor y concluye que, con su actuación, intentó "contener y separar" al que era su novio cuando se produjo el tumulto. Catherine, que estaba libre desde que se produjeron los hechos, aunque tenía que personarse en el juzgado periódicamente, ha sido absuelta. La Fiscalía pedía para ella una pena de 25 años de prisión, al ver en su actuación también la agravante por condición sexual. El jurado, sin embargo, la exculpa de los hechos y rechaza también la idea de que fuese cómplice de los agresores.Alejandro Freire.

Alejandro Freire
El jurado considera probado que atacó por la espalda a Samuel y que, después, se unió al grupo agresor y que intervino activamente en la paliza mortal, por lo que le ve culpable de un delito de asesinato con alevosía En su caso, los miembros del jurado no tuvieron en cuenta las atenuantes esgrimidas por su defensa, como que tiene un trastorno mixto de la personalidad y un trastorno de hiperactividad y déficit de atención y que sus facultades estaban mermadas por la ingesta de alcohol y cocaína aquella noche. Para él, que está en prisión des del 9 de julio de 2021, la Fiscalía pide 22 años de prisión y cinco de libertad vigilada, mientras su defensa solicita que sea condenado a quince años, ya que en la calificación del asesinato concurre la alevosía, pero no el ensañamiento. Su abogado, David Freire, considera que tanto las atenuantes como la fundamentación de la alevosía podrían cambiar en un futuro con las apelaciones que se puedan presentar y resolver.

Kaio Amaral
En su caso, el jurado no alcanzó la unanimidad en la decisión y la balanza se inclinó hacia la culpabilidad por siete votos a dos. El jurado considera que formó parte activamente en la agresión mortal y que, "aprovechándose de los continuos golpes y patadas que recibía Samuel", se apropió de su teléfono móvil. Para Kaio Amaral, la Fiscalía pide 22 años de prisión como coautor de un delito de asesinato con alevosía, cinco por el robo del móvil y otros cinco de libertad vigilada. Su abogado, José Ramón Sierra, que reiteró ayer a la salida del acto, que su cliente es "inocente", solicitó quince años de prisión y otros dos por haberse llevado el dispositivo de la víctima. Amaral fue el único que se derrumbó durante la lectura del veredicto y, a diferencia de sus compañeros, siguió una parte con la cabeza baja, apoyada sobre los brazos. Su defensa recurrirá la sentencia condenatoria. Entiende que el hecho de que el jurado no hubiese alcanzado unanimidad es porque existen dudas de la actuación de su defendido.

Alejandro Míguez
Su detención se produjo en septiembre de 2021, dos meses después de la de los demás, llegó a ingresar en prisión, pero solo estuvo un mes. El jurado le considera cómplice de asesinato, ya que ve probado que no se desvinculó del grupo en ningún momento, que impidió la huida y la defensa de la víctima y que llegó a forcejear con las personas que intentaban auxiliar a Samuel, los senegaleses Ibrahima y Magatte. Para él, la Fiscalía pide trece años de prisión y otros cinco de libertad vigilada, mientras que su defensa propuso siete años, seis meses y un día. En su intervención, el abogado de Míguez, Manuel Ferreiro, puso de manifiesto que las mismas pruebas que habían exculpado a Catherine habían servido para condenar a su cliente, ya que las grabaciones de las cámaras de seguridad le recogen en la escena, pero no se le ve atacando activamente a Samuel. En todo caso, anunció que recurrirá la sentencia. Al no haber pedido ayer ni Fiscalía ni las partes su ingreso en la cárcel —como sí solicitó que se mantuviesen los otros tres acusados, que estaban en prisión preventiva—, seguirá en libertad hasta que dentro de unos meses se celebre la vista por la apelación.

La Fiscalía solicitó además, que los condenados indemnicen a la familia del fallecido en 263.284, 27 euros, una cifra que la acusación particular pidió elevar. Ahora será la magistrada la encargada de dictar sentencia y, las partes, después, podrán presentar sus recursos a la misma.

La magistrada agradeció este domingo a los miembros del jurado su entrega durante todo este proceso, al que le han dedicado casi un mes entero de sus vidas. El pasado lunes, cuando les entregó el objeto de veredicto, les había pedido que debatiesen y consultasen las pruebas para fundamentar sus decisiones y que emitiesen un veredicto "justo" para que ella, después, pudiese dictar una sentencia "justa".

"Lo que gritan al matar a alguien sí importa"
"Lo que gritan al matar a una persona sí importa y ha quedado probado, por lo menos, en esta sentencia", dijo este domingo el abogado Mario Pozzo-Citro, encargado de la acusación popular, en nombre de la asociación ALAS Coruña, una vez concluida la lectura del veredicto.

"La misión de ALAS en este pleito era demostrar que en este brutal asesinato hubo homofobia, creo que ha quedado plenamente probado y creemos que es un veredicto que va a marcar un antes y un después", explicó este domingo la presidenta de la entidad, Ana G. Fernández, que incidió en que, con este fallo condenatorio para cuatro de los cinco acusados, se restauraba no solo la dignidad de Samuel sino también de su familia y de las víctimas de LGTBIfobia en España.

Mario Pozzo-Citro se centró en probar "cómo a Samuel se le leyó la pluma, hecho que provocó que fuese visto como una víctima fácil, así como la importancia del grito de maricón de mierda", proferido en varias ocasiones, relata la asociación ALAS .

La entidad espera que este veredicto ayude a restaurar la confianza en el sistema judicial de las personas que han sufrido ataques homófobos y que sirva también para "visibilizar la importancia de denunciar" estos actos.

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Re: Homosexualidad y Policía
« Respuesta #904 en: 30 de Noviembre de 2024, 09:20:58 am »


Detenido un hombre en Manresa (Barcelona) por dejar ciego de un ojo a un menor en una agresión homófoba


El arrestado habría proferido insultos homófobos al adolescente, tras lo cual agredió a la víctima en la cara con un objeto contundente

elDiario.es Catalunya

29 de noviembre de 2024 11:55 h
Actualizado el 29/11/2024 11:56 h

Los Mossos d'Esquadra detuvieron la madrugada del pasado 1 de noviembre a un hombre de 27 años en Manresa (Barcelona) a raíz de una agresión homófoba que dejó ciego de un ojo a la víctima, un adolescente menor de edad.


Según ha avanzado Regió 7 y han confirmado a la Agència Catalana de Notícies (ACN) los Mossos d'Esquadra, el cuerpo policial recibió el aviso del suceso sobre las tres y media de la madrugada. El detenido habría proferido insultos homófobos al adolescente, tras lo cual agredió a la víctima en la cara con un objeto contundente.

La agresión comportó la pérdida de la visión del ojo al menor de edad. Al llegar al lugar, las declaraciones de los testigos permitieron identificar al presunto autor de la agresión y detenerle allí mismo.


El Observatorio contra la Homofobia advierte del aumento de las agresiones físicas contra personas LGTBI

Al arrestado se le atribuye un delito de lesiones en el ámbito del odio y la discriminación. El hombre pasó a disposición judicial posteriormente. La víctima ha denunciado los hechos.


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Re: Homosexualidad y Policía
« Respuesta #905 en: 03 de Diciembre de 2024, 00:05:21 am »
Menudo hijo de puta.

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Re: Homosexualidad y Policía
« Respuesta #906 en: 08 de Diciembre de 2024, 12:54:37 pm »

Denuncian a un policía local de San Roque tras tildar de «esperpento» a una fiesta LGTBI


"No solo es inadmisible por ser contrario a los valores de respeto e igualdad que deben regir la actuación de cualquier servidor público, sino que además incita a la discriminación y el odio contra la comunidad LGTBI", ha recordado la asociación Roja Directa en un comunicado


Maite Moreno
8 diciembre, 2024 - 11:07

La Asociación Roja Directa Andalucía LGTBI ha presentado una denuncia contra un agente de la Policía Municipal de San Roque por realizar comentarios discriminatorios e incitación al odio hacia la comunidad LGTBI en redes sociales. El agente, al responder a una publicación que celebraba una fiesta LGTBI, utilizó el término “esperpento” para referirse de manera despectiva a los participantes, «mostrando una actitud hostil y contraria a la diversidad y la igualdad».

En un comunicado, la asociación ha lamentado este comportamiento: «No solo es inadmisible por ser contrario a los valores de respeto e igualdad que deben regir la actuación de cualquier servidor público, sino que además incita a la discriminación y el odio contra la comunidad LGTBI. Ante el recordatorio de un ciudadano sobre la responsabilidad del agente como miembro de las Fuerzas de Seguridad, el policía respondió con ataques personales y descalificaciones, reafirmando su postura discriminatoria y exacerbando aún más la situación».

«Consideramos que este tipo de comentarios no solo son un atentado contra la dignidad de las personas LGTBI, sino que también contravienen la legislación vigente en materia de igualdad, respeto a los derechos humanos y la protección contra la discriminación».

En concreto, se podrían estar infringiendo los siguientes aspectos legales:

• Delito de incitación al odio (Art. 510 del Código Penal): El agente podría estar incurriendo en un delito penal por incitar al odio y la violencia contra un colectivo vulnerable.

• Infracción de los derechos fundamentales: La conducta del agente atenta contra los derechos de igualdad y no discriminación reconocidos por la Constitución Española y la Ley 7/2007 de Derechos LGTBI de Andalucía.

• Abuso de autoridad (Art. 404 del Código Penal): El comportamiento del agente refleja un abuso de su cargo y de su posición de autoridad, lo que podría justificar sanciones administrativas y disciplinarias.

«Ante estos hechos, hemos presentado una denuncia formal ante la Fiscalía, la Jefatura de la Policía Municipal de San Roque, y la Subdelegación del Gobierno de España, solicitando que se investigue el comportamiento del agente y que se tomen las medidas disciplinarias adecuadas. Asimismo, hacemos un llamamiento a las autoridades para que se refuercen los programas de formación y sensibilización en materia de derechos humanos, respeto y diversidad, tanto en la Policía Municipal de San Roque como en otros cuerpos de seguridad».

La Asociación Roja Directa Andalucía LGTBI reitera su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la discriminación, y exige que se actúe con firmeza para garantizar que todos los colectivos, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, puedan vivir en un entorno libre de odio y violencia.

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Re: Homosexualidad y Policía
« Respuesta #907 en: 10 de Diciembre de 2024, 08:48:38 am »

 
Dos jóvenes sufren diversas fracturas tras ser víctimas de una agresión homófoba en València al grito de “julandrones”


Uno de los agredidos tiene rota la nariz y el otro permanece ingresado a la espera de ser operado de una fractura del hueso orbital de un ojo
— La policía investiga la agresión grupal a un joven en València a grito de “maricón” como presunto delito de odio





Foco
Derechos y libertades
Manuel, una de las víctimas de la agresión, muestra las heridas sufridas en su perfil Instagram.
Manuel, una de las víctimas de la agresión, muestra las heridas sufridas en su perfil Instagram. Instagram
elDiariocv

València —
9 de diciembre de 2024 18:44 h
8

Cuatro jóvenes insultaron y propinaron una paliza a otros dos, Manuel y Andy, compañeros de trabajo, en la madrugada del domingo en la ciudad de València. Al parecer, según han denunciado las víctimas, los hechos se produjeron alrededor de las 6.30 horas, cuando estaban buscando un lugar para desayunar después de salir de la discoteca y antes de regresar a casa.


Los agresores, tal y como denuncian Manuel y Andy, primero les gritaron insultos homófobos, como “julandrones”, para después golpearles lanzándoles patadas y puñetazos, causándoles heridas de diversa consideración, tal y como ha relatado una de las víctimas a Radio Valencia de la Cadena Ser. Uno de ellos sufre una fractura en la nariz y el otro permanece ingresado a la espera de ser operado de una fractura del hueso orbital de un ojo.

Los agresores huyeron posteriormente en patinete eléctrico, según relata la víctima, quien comenta que posteriormente apareció la policía, que los trasladó al hospital para ser examinados. Manuel, lamenta las consecuencias psicológicas de este suceso, que provocan que no quiera salir de casa y que desee estar en casa acompañado por sus familiares en todo momento.


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Compromiso “firme” contra los delitos de odio
El portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, ha lamentado que València tenga que “volver a lamentar una agresión homófoba” y ha manifestado la “necesidad” de que el Consistorio mande un “mensaje contundente diciendo que en esta ciudad cualquier persona puede ser lo que quiera, pero los que no caben son aquellos que se dedican a agredir por odio”. Así, ha emplazado a la alcaldesa, María José Catalá, “a garantizar que el Ayuntamiento de València adquiera un compromiso firme contra los delitos de odio”.

La policía investiga la agresión grupal a un joven en València a grito de “maricón” como presunto delito de odio

La portavoz de Compromís, Papi Robles ha manifestado en la red social X su repulsa al ataque, pidiendo que pare el odio, al tiempo que pone en valor la defensa de la libertad y la diversidad como valores de una València abierto a todas las formas de amar.

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Re: Homosexualidad y Policía
« Respuesta #908 en: 17 de Diciembre de 2024, 08:29:35 am »
Sebastián mató a su novio Fede en Mallorca por una discusión tras 3 meses de relación: le destrozó la cabeza a pedradas

El hombre, de 31 años, fue detenido por la Guardia Civil por un presunto de delito de homicidio después de una declaración "con incongruencias".
J. C. Ruiz Aguilar
Publicada
17 diciembre 2024
02:23h
 
La tranquilidad habitual del Torrent de Coanegra, en el municipio mallorquín de Marratxí, se rompió el pasado sábado por la mañana. Una mujer que paseaba a su perro descubrió algo que jamás hubiera esperado encontrar en aquel rincón aislado: el cuerpo sin vida de un hombre, tendido entre la vegetación, con la cara y la cabeza destrozadas. A los pocos minutos, agentes de la Policía Local y la Guardia Civil acordonaban el área, mientras el eco de la tragedia comenzaba a extenderse por el vecindario.

El hombre, identificado como Federico B. S., de 34 años, había sido víctima de un ataque brutal. Su pareja, Sebastián, de 31 años, fue arrestado al día siguiente como presunto autor del crimen. Las primeras investigaciones apuntan a que el homicidio ocurrió unas doce horas antes del hallazgo, tras una discusión acalorada entre ambos.

Los hechos se descubrieron el sábado a las 10:30 de la mañana cuando una pareja paseaba a su perro por el lecho seco del torrente. El animal, inquieto, corrió hacia un punto concreto, olfateando entre los arbustos. La mujer lo siguió y entonces lo vio: el cuerpo de un hombre, cubierto parcialmente por la vegetación, inmóvil, con signos evidentes de violencia.

"La mujer no paraba de llorar. Estaba en shock", comentó más tarde un vecino de la calle Pinsà, cercana al lugar. "Tuvo que salir de la zona; estaba completamente descompuesta". El impacto de la escena era innegable. A simple vista, los agentes que acudieron al lugar descartaron cualquier posibilidad de un accidente. La violencia ejercida sobre la víctima dejaba pocas dudas: aquello era un homicidio.

Federico era un hombre de 34 años, residente en Palma, que había comenzado una relación sentimental hacía apenas unos meses con Sebastián. Éste último vivía con sus padres en Es Pont d’Inca, a pocos metros del torrente donde ocurrió el crimen. La relación, aunque breve, parece haber estado marcada por conflictos, según explican a EL ESPAÑOL personas de su círculo cercano. Sin embargo, no se tiene constancia de denuncias previas por violencia entre ambos.

La noche del viernes, según las primeras hipótesis, los dos hombres se encontraron en el torrente. Federico vestía pantalón de chándal y sudadera. No está claro si la cita fue planificada o si surgió de forma espontánea. Lo que sí han podido reconstruir los investigadores es que una discusión entre ambos escaló rápidamente. La Policía sostiene en sus diligencias que Sebastían habría cogido una piedra y golpeado repetidamente a Federico, causando múltiples fracturas en su rostro y cráneo.

El torrente de Coanegra es un lugar tranquilo, apartado del bullicio. Rodeado de vegetación, su lecho seco solo es transitado por vecinos de la zona, lo que lo convierte en un espacio casi invisible para quienes no lo conocen bien. Los residentes, acostumbrados a la calma del área, quedaron atónitos ante la magnitud del suceso. "Es un sitio al que solo vienes si sabes que existe. Nunca pasa nada aquí", comentó otro vecino de la calle Pinsà.

El aislamiento del lugar podría haber sido un factor determinante en el fatal desenlace. La discusión, que derivó en un ataque violento, ocurrió sin que nadie estuviera cerca para intervenir o socorrer a Federico. Las primeras estimaciones de los forenses sitúan la hora de la muerte entre las 20:30 y las 22:30 del viernes, unas doce horas antes de que el cuerpo fuera descubierto.

Desde el hallazgo del cuerpo, la Guardia Civil activó al Grupo de Homicidios y a la Policía Judicial para esclarecer lo sucedido. El primer paso fue identificar a la víctima, lo que permitió dirigir las pesquisas hacia su entorno más cercano. Las sospechas recayeron pronto sobre Sebastián, pero localizarlo no fue tarea fácil. Durante las primeras horas, el hombre no estaba en su domicilio ni respondía a los intentos de contacto.

El varón fue finalmente localizado el domingo por la mañana. Acudió a la Comandancia de la Guardia Civil en Palma para prestar declaración. A lo largo del día, las pruebas recabadas, junto con las incongruencias en su relato, llevaron a su detención como presunto autor del crimen.

El informe preliminar de la autopsia confirma la brutalidad del ataque. Federico sufrió múltiples golpes en la cabeza y la cara, propinados con un objeto contundente. La violencia fue tal que los forenses no pudieron determinar cuántos impactos recibió exactamente. Para ello, se está realizando un TAC que permitirá precisar con mayor detalle las lesiones.

El ensañamiento observado en el cuerpo ha sido uno de los aspectos más destacados por los investigadores, que lo describen como un acto de furia descontrolada. No obstante, subrayan que no hay indicios de premeditación en el ataque. Todo apunta a un arrebato violento en el contexto de la discusión. Mientras tanto, la noticia del homicidio se extendió rápidamente por Marratxí, donde los vecinos todavía intentan procesar lo sucedido.

"Nunca imaginamos que algo así pudiera pasar aquí. Es un lugar tranquilo, y estamos todos consternados", dijo un residente de la zona. Otro vecino recordó haber visto un despliegue inusual de agentes el sábado por la mañana. "Sabíamos que algo grave había pasado, pero no imaginábamos que fuera un homicidio tan brutal". Para los vecinos, el torrente se ha convertido en un lugar asociado al horror. "Siempre lo veíamos como un sitio tranquilo, pero ahora da miedo pasar por ahí", comentó una residente.

Sebastián permanece detenido en las dependencias de la Guardia Civil de Palma, mientras las autoridades trabajan para cerrar el caso y presentar todas las pruebas ante la justicia. La familia de Federico, profundamente afectada, sigue de cerca el avance de las investigaciones. La tragedia no sólo ha dejado una huella en ellos, sino también en una comunidad que aún intenta entender cómo un conflicto de pareja pudo terminar en un acto tan violento.



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Re: Homosexualidad y Policía
« Respuesta #909 en: 29 de Diciembre de 2024, 08:44:10 am »
La Generalitat multa al exconcejal de Aliança Catalana que llamó 'cáncer' al colectivo LGTBI

Historia de el periodico • 12 h • 1 minutos de lectura

La Generalitat ha multado con 900 euros a Albert Puig, un concejal que llegó a ser alcalde accidental del municipio de Ribera d'Ondara (Segarra) después de que el pleno echara a Francesc Sabanés tras una moción de censura en mayo de 2024. La multa le llega después de que llamara "cáncer" al colectivo LGTBI en un escrito a X que luego borró. En concreto, fue el Departament d'Igualtat i Feminismes del Govern de Pere Aragonès (ahora se llama Departament d'Igualtat i Feminisme) el ente que le impuso la sanción económica, que ahora se le notifica.

"Dictadura encubierta"

Puig ha anunciado la sanción en X. El texto del expediente sostiene que emitió expresiones discriminatorias, vejatorias, injuriosas, calumniosas y amenazadoras en las redes sociales.

Aliança Catalana, después de este mensaje, lo expulsó del partido, que entonces era su formación política. Sílvia Orriols, la líder de Aliança Catalana, aseguró que no permitirían "actitudes homófobas". El exconcejal afirma ahora que vive en una "dictadura encubierta" y critica que la Generalitat, desde su punto de vista, defienda la libertad de expresión "multando a quien no piensa como ellos".



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Re: Homosexualidad y Policía
« Respuesta #910 en: 09 de Enero de 2025, 16:18:31 pm »


Denuncian a siete diócesis por promocionar terapias de conversión de personas LGTBIQ+


Las sedes denunciadas son de València, Madrid, Barcelona, Málaga, Getafe, Alcalá y Sigüenza-Guadalajara, además de sacerdotes de parroquias de las que se tiene constancia que acogieron estas charlas en 2023.

Cientos de personas durante una manifestación centrada en el colectivo trans y convocada por Orgullo Crítico en 2021. Madrid.
Cientos de personas durante una manifestación centrada en el colectivo trans y convocada por Orgullo Crítico en 2021. Madrid.A. Pérez Meca/ Europa Press

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EFE
Madrid
09/01/2025 11:09
Actualizado a09/01/2025 11:36

La Asociación Española contra las Terapias de Conversión ha denunciado a siete diócesis por convocar y acoger charlas que promueven terapias de conversión de la homosexualidad, prohibidas por la ley trans e impartidas por la empresa Media Salud Comunicación S.L. y su administradora única, Marta Sanz Lovaine, que difunden su mensaje en parroquias, entrevistas en medios de comunicación y documentales.

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Las diócesis denunciadas son de València, Madrid, Barcelona, Málaga, Getafe, Alcalá y Sigüenza-Guadalajara, así como los sacerdotes de alguna de las parroquias de las que se tiene constancia que acogieron estas charlas durante 2023.

En ellas se presentaba la iniciativa Transformados, la cual Media Salud Comunicación define como un "apostolado" dirigido a "aquellas personas con tendencia o atracción hacia el mismo sexo que pueden, por medio de un camino de conversión o de cambio de vida, volver de vuelta a sus orígenes biológicos", según reproduce la denuncia.

El proyecto pretende que las personas del colectivo "puedan formar una familia heterosexual o vivir su homosexualidad desde la castidad y abstinencia", según la denuncia

Este proyecto "se centra en presentar información falsa y una hoja de ruta dirigida a las personas homosexuales o bisexuales cristianas para que, mediante un encuentro con Cristo y una práctica religiosa continuada, puedan bien formar una familia heterosexual y dejar atrás su orientación sexual hacia personas de su mismo género; o bien vivir su sexualidad homosexual desde la plena castidad y abstinencia", señala la denuncia, firmada por el abogado y presidente de la Asociación Española contra las Terapias de Conversión, Saúl Castro.

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"Aseguran que la sanación de las supuestas heridas morales que genera la homosexualidad puede llevarte a tener un encuentro con Cristo, que colmaría todas las expectativas de amor que buscas en personas de tu mismo sexo y te ayudaría a sanar hasta concederte la vocación de la familia, que te permitiría desarrollar una sexualidad heterosexual", puntualiza en declaraciones a EFE Castro, que ha acudido a tres de estas charlas.

Este mensaje es lanzado por testimonios de presuntos exhomosexuales, llamados "transformados", que cuentan como "modificaron la forma de vivir su homosexualidad y abrazaron la castidad", apostilla el abogado.

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"El párroco titular de la iglesia presenta el apostolado, después Marta Sanz habla de los peligros de la ideología de género, que socialmente dice que la única vía para tratar la homosexualidad es la afirmación, luego hablan los 'transformados', y por último se abre un turno de preguntas para los asistentes", detalla.

Las charlas "presentan una visión humillante"
Las ideas lanzadas por Media Salud Comunicación en eventos como este, resalta Castro en la denuncia, "presentan una visión humillante, discriminatoria, estigmatizante, altamente negativa y monolítica de la homosexualidad", a la cual se asocia la imposibilidad de vivir de forma sana y feliz, la contracción de enfermedades, el desarrollo de problemas de personalidad, la promiscuidad, el trabajo sexual, el consumo de drogas, y la violencia sexual.

La promoción y la práctica de terapias de conversión de personas LGTBIQ+ está tipificada como infracción administrativa muy grave en el artículo 79.4.D de la ley trans, que contempla multas de entre 10.001 y 150.000 euros para estas infracciones.

"Consideramos que las diócesis son responsables de velar por que en los eventos que se llevan a cabo en sus parroquias no se cometan infracciones administrativas", ha resaltado Castro, quien, si bien reconoce que no hay constancia de que el proyecto Transformados lleve a cabo terapias como tal, ha podido constatar que sí las promueve y se ofrece a remitir a la gente interesada a personas u organizaciones que sí las llevan a cabo.

En este sentido, el abogado subraya que la ley "prohíbe tanto la promoción como la práctica" de las terapias de conversión, por lo que es "irrelevante" si la empresa y las diócesis denunciadas solo las promueven o también las ejecutan.

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El Ministerio de Igualdad es el competente de incoar un expediente sancionador a través de la Dirección General para la igualdad real y efectiva de las personas LGTBIQ+.

Por el momento, los denunciantes no han recibido respuesta por parte de Igualdad, que debe notificar si abre el expediente sancionador o no, un trámite para el que no hay plazo máximo.

Desde el Arzobispado de Madrid aseguran que no se ha dado ningún permiso para impartir charlas que promuevan terapias de conversión a ninguna parroquia y se han desmarcado de la organización de cualquier iniciativa o empresa que las lleve a cabo.


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Re: Homosexualidad y Policía
« Respuesta #911 en: 11 de Enero de 2025, 11:07:50 am »
Mundo Obrero

44 años de la despenalización de la homosexualidad


11 de enero de 1979, una fecha para la memoria del movimiento LGTB
El proceso se inició un año antes, en febrero de 1978, con la introducción de una enmienda por parte del grupo parlamentario del PCE en la proposición del PSOE para reformar la Ley de Peligrosidad Social
Mundo Obrero Redacción · 11/01/2023 · Sociedad y Ciudadanía

El 4 de enero de 1970 la dictadura franquista aprueba la Ley de Peligrosidad Social que en su artículo tercero estipula que serán declarados en “estado peligroso” y que se les aplicarán las medidas de seguridad y “rehabilitación” a quienes “realicen actos de homosexualidad.” Antes, en 1951, el Tribunal Supremo sentenció que la homosexualidad era “un vicio repugnante en lo social, aberración en lo sexual, perversión en lo psicológico y déficit en lo endocrino”. Comenzaba así la construcción de un entramado normativo que provocaría un viacrucis de tortura y ostracismo.

Durante años se realizaron terapias con la intención de corregir la homosexualidad, técnicas que eran una auténtica tortura. López Ibor, insigne psiquiatra del franquismo, practicó lobotomías y terapias de electrochoque. Como prueba, la revista Interviú recogió un fragmento de una conferencia suya donde decía: “Mi último paciente era un desviado. Después de la intervención del lóbulo inferior del cerebro presenta, es cierto, trastornos en la memoria y la vista, pero se muestra más ligeramente atraído por las mujeres”.

Se destinaron cárceles para las personas LGTB como las de Huelva y Badajoz. En 1954 se puso en marcha la Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, Fuerteventura, un campo de concentración que se mantuvo activo hasta 1966. Testimonio de los horrores vividos allí son las palabras de Octavio García, preso durante 16 meses: “Te transforma, te quita la mente”, dijo en una entrevista en la que relataba las torturas y humillaciones que sufrió para que su suplicio no se borrase de la historia. García falleció a los 87 años en 2018.

Frentes de liberación homosexual

Ramón Martínez, doctor en Filología por la Universidad Complutense, recoge en su libro Lo nuestro sí que es mundial (Egales, 2017) el nacimiento de los primeros espacios de militancia LGTB. La primera la Agrupación Homófilia para la Integración Social, que en 1971 pasaría a llamarse el Movimiento Español Homosexual. Tenía entre sus miembros a históricos activistas como Armand de Fluviá. También las primeras activistas lesbianas, algunas bajo sobrenombres como Marga o Amanda Klein, todavía hoy siguen en el anonimato. El movimiento comienza a andar y se crean los frentes de liberación homosexual, como el Front d’Alliberament Gai de Catalunya o el Frente de Liberación Homosexual de Castilla.

En 1977 un grupo de militantes del PCE fundan el Movimiento Democrático de Homosexuales. Entre sus miembros se encontraba el cineasta Eloy de la Iglesia. Esta organización tenía un órgano de expresión, la revista Nosotros. Su primera declaración de principios proponía la unidad de los movimientos que nacían en esos años y el fin de la represión jurídica y policial a las personas LGTB. El papel del PCE fue fundamental, y con el paso de los años ha quedado silenciado.

Ese mismo año tuvo lugar en Las Ramblas de Barcelona la primera manifestación del Orgullo. Era la primera vez que el movimiento LGTBI salía a la calle para reclamar sus derechos. La marcha fue disuelta violentamente, con la resistencia de las personas trans ante los golpes de los grises.

El PCE y la despenalización

El 10 de febrero de 1978 el grupo parlamentario del PCE presentó una enmienda en la proposición del PSOE para reformar la Ley de Peligrosidad Social, eliminando las referencias a la peligrosidad de la homosexualidad. La aprobación de la enmienda despenalizaría la homosexualidad en España. La norma fue sancionada el 26 de diciembre del mismo año y la reforma entró en vigor el 11 de enero de 1979 tras su publicación en el BOE. Un paso gigante en medio de un clima de homofobia generalizada.

El papel del PCE no se quedó ahí, posteriormente el Partido celebra en julio de 1986 las primeras Jornadas sobre la cuestión homosexual, organizadas por la Comisión Gay del Comité Central. Además, continuó el trabajo parlamentario, consiguiendo eliminar de las fichas policiales generadas la “homosexualidad masculina o femenina” en 1987 y así hasta nuestros días, el PCE e IU a través del trabajo en los movimientos sociales y las instituciones, continúan defendiendo y ampliando derechos para las personas LGTB.

Hay que poner en valor estas luchas de quienes se abrieron paso en medio de la oscuridad, que posibilitaron los derechos que hoy vuelven a ser puestos en cuestión por la ultraderecha. El camino no fue fácil, las resistencias externas, y también internas, eran enormes y pese a eso los activistas y militantes del PCE empujaron para avanzar en derechos y conquistar la libertad. Es imprescindible defender la memoria de estas conquistas y homenajear a quienes las hicieron posibles.


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Re: Homosexualidad y Policía
« Respuesta #912 en: 12 de Enero de 2025, 08:05:35 am »
Curas de la 'fachosfera católica', denunciados por participar en “terapias de conversión” de personas LGTBIQ


Varios miembros del sector más ultra de la Iglesia, con altavoces mediáticos y relacionados con la actividad de ciertas diócesis, aparecen en la denuncia presentada contra estas prácticas que defienden la necesidad de “curar” a gays y lesbianas: “Me sorprende que los obispos hagan la vista gorda con esto”

Robert Cheaib/ Pixabay
Jesús Bastante

en religiondigital.com — 11 de enero de 2025 21:03 h Actualizado el 12/01/2025 05:30 h 3
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Son miembros de la 'fachosfera clerical', el grupo de sacerdotes que utiliza las redes sociales para arremeter contra las reformas del papa Francisco, atacar cualquier atisbo de reforma en la Iglesia o desear “el infierno” a los que no piensan como ellos. Han sido cuestionados –con más o menos éxito– en sus diócesis, pero ello no les ha impedido hacer su propia iglesia 'paralela' a través de la red. Pese a sus diferencias, mantienen algunos puntos en común. Uno de ellos, el rechazo a cualquier apertura al colectivo LGTBIQ+ en la Iglesia, y su apoyo a las terapias de conversión, condenadas por Roma y, al menos sobre el papel, por la Conferencia Episcopal.

De hecho, aparecen juntos en la denuncia presentada el pasado 30 de diciembre por la Asociación Española contra las Terapias de Conversión y el Ministerio de Igualdad, y que también afecta a siete diócesis: Barcelona, Madrid (que se han desmarcado públicamente de estas prácticas), Getafe, Sigüenza-Guadalajara, Valencia (cuyo Arzobispado, a preguntas de elDiario.es, asegura que “no está en ese tipo de prácticas”), Alcalá de Henares y Málaga, así como a dos instituciones: Media Salud Comunicación SL, dirigida por Marta Sanz Lovaine; y la Fundación Nueva Evangelización para el siglo XXI, editora de uno de los medios que les da cobijo, Religión en Libertad.


¿Quiénes son? Ni más ni menos que el sacerdote argentino, e hijo del conocido como 'carnicero de Salta', Javier Olivera Ravasi; quien fuera hasta hace unos meses delegado de Medios del Obispado de Getafe, Julián Lozano; el sacerdote e influencer de Madrid, Jesús Silva; o el valenciano Juan Andrés Talens, ya implicado este verano en la denuncia a un profesor de Valencia por intentar “curar la homosexualidad” de sus estudiantes, que además es el director del Secretariado para la Defensa de la Vida del Arzobispado de Valencia.

Entre los implicados también aparecen algunos miembros de Courage, una institución que defiende que la homosexualidad es una enfermedad y que, como tal, tiene cura. Implantada en las diócesis de Getafe y Alcalá, de momento no ha conseguido permiso de actuación diocesana en Madrid. En total, a lo largo de 94 páginas de denuncia, se señalan al menos 13 actos organizados en torno al proyecto Transformados en cinco comunidades autónomas.

Algunos centros, como Buenafuente del Sistal (Guadalajara), se han desmarcado de las terapias, asegurando que ellos no han organizado nada parecido. Cuestión distinta es que en sus instalaciones se hayan podido producir, sin que se hubiera solicitado permiso para ello, aducen.


Transformados se define como un apostolado dirigido a “aquellas personas con tendencia o atracción hacia el mismo sexo que pueden, por medio de un camino de conversión o de cambio de vida, volver de vuelta a sus orígenes biológicos”, según se detalla en la denuncia. En este sentido, Transformados insta al rechazo y negación de la orientación sexual propia por considerar la homosexualidad como un resultado de traumas, confusiones, heridas emocionales o presión social por los medios de comunicación y la cultura.


Julián Lozano es uno de los protagonistas absolutos de las sesiones llevadas a cabo en Getafe. Ha llegado a colgar en su canal de YouTube varias de las 'charlas' denunciadas. La primera de ellas se llevó a cabo en la parroquia Santa Maravillas de Jesús de Getafe el 20 de junio de 2023; la segunda el 12 de marzo de 2024 en la iglesia Santa María Magdalena de Ciempozuelos. En declaraciones a la cadena Ser, fuentes de la diócesis de Getafe reconocieron la celebración de los dos eventos, pero han negado categóricamente que se tratara de terapias de conversión porque, por ejemplo, “no se hacía acompañamiento”. Además, aseguran que “solo fueron testimonios de acercamiento a la fe de personas que previamente no eran católicas”. Posteriormente, la diócesis emitió un comunicado, de apenas una frase, en el que “reitera y subraya su rechazo a las terapias de conversión para personas homosexuales”.

Lozano ha 'contestado' a la denuncia en un hilo de X en el que asegura que se compartieron “dos testimonios de conversión”. “Se trata de una conversión a la fe en Cristo. No se habla para nada de ningún tipo de terapia”, añade, subrayando que hablaron “dos personas que experimentaron atracción al mismo sexo, que vivieron múltiples relaciones homosexuales, y a las que el encuentro con Cristo ordenó el corazón y la vida entera”. El sacerdote finaliza asegurando que cuenta en su canal de YouTube con otros vídeos similares porque “no hay nada que esconder. No hay odio. Hay libertad para exponer la mirada de la Iglesia y la acción de Dios”.


Con respecto a Juan Andrés Talens, según la denuncia, el 28 de junio de 2023, día del orgullo LGTBIQ, la Parroquia de San Miguel y San Sebastián de Valencia, de la que es párroco, acogió un evento donde dos “exgays sanados” relataron sus testimonios ante 150 personas para afirmar que es posible “iniciar una terapia de conversión de la orientación sexual basada en la abstinencia y la práctica religiosa”. Talens también presentó el libro de otro sacerdote, Óscar García Mulet, Crecer como niños, crecer como niñas, que justifica todas estas terapias. Un volumen prologado, por cierto, por el omnipresente obispo Munilla.

Por su parte, el editor de Religión en Libertad, Álex Rosal, publicaba en su web un escrito en el que calificaba la denuncia de “disparatado bulo” que“ ha generado una grave difamación” y negando que las conferencias incluyan “ningún tipo de terapia”.

Saúl Castro, presidente de No es Terapia y responsable de la denuncia, asistió a tres eventos organizados por Transformados. Dos de ellos en la parroquia de San Ildefonso de Madrid, y otro en Ciempozuelos. “Me parecieron esperpénticos”, recuerda en conversación con elDiario.es. “Se escuchaba una versión absolutamente sesgada y estigmática de lo que sería 'la vida gay', como una existencia inherentemente infeliz, marcada por la violencia sexual, las drogas y la promiscuidad, así como por las malas relaciones familiares y el rechazo social”, explica.

“Me pareció horrendo que usaran esos testimonios para justificar que el apostolado de castidad transformado ofrece una alternativa a la vida de desgracias e infelicidad que nos tocaría a los homosexuales si vivimos con libertad y normalidad nuestra identidad”, recalca Castro, quien muestra su preocupación por el número de asistentes, más de un centenar, y las preguntas que se hicieron “a los ex homosexuales intervinientes, sobre cómo ayudar y convencer a sus amigos gays para salir de esa vida”.

Obispos progresistas “hacen la vista gorda”
“Claramente, eran unos eventos para captar a víctimas y promover entre ellas estas terapias religiosas de conversión”, sostiene Saúl Castro, quien ve “normal” que muchos de los sacerdotes implicados pertenezcan a la ultraderecha eclesial. “Lo que me sorprende es que obispos socialmente vistos como más progresistas hagan la vista gorda y no implementen medidas para garantizar que estos eventos no se lleven a cabo en sus instalaciones y bajo su abrigo”.


Parroquia de San Isidoro y San Pedro Claver Google Maps
Sobre los comunicados de Lozano y Religión en Libertad, que “vienen a reconocer abiertamente que promovieron el apostolado ‘Transformados’ pero se escudan en que no promueve ninguna terapia de conversión porque los métodos para anular y modificar la sexualidad no implican tratamientos médicos ni psicológicos”, Saúl Castro reitera que el concepto ‘terapias de conversión’ también incluye, según Naciones Unidas, “los enfoques religiosos”, como los que se planteaban en las charlas.

De hecho, la propia Marta Sanz “reconoce que este enfoque es ilegal y que no puede decir abiertamente que ofrecen acompañamiento para salir de la castidad porque si no, en España, le quitan el vídeo”, recalca el presidente de No es Terapia, quien muestra su confianza en que la denuncia tenga su recorrido porque “es irrefutable que difundían terapias religiosas de conversión basadas en la castidad. Es tan irrefutable que, de hecho, hasta algunos de los propios denunciados lo reconocen”. Pese a no tratarse de un delito penal en España, las penas a las que se pueden enfrentar los denunciados es al cierre de las mercantiles y de sus webs, la prohibición de contratar con la administración y multas de entre 10.001 y 150.000 euros.

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Re: Homosexualidad y Policía
« Respuesta #914 en: 03 de Febrero de 2025, 21:56:40 pm »
Estaría bien saber si son de la tierra o foráneos..., a los moritos les gusta mucho pegar a los homosexuales...

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Re: Homosexualidad y Policía
« Respuesta #915 en: 05 de Febrero de 2025, 09:33:43 am »
Estaría bien saber si son de la tierra o foráneos..., a los moritos les gusta mucho pegar a los homosexuales...

Eran de rasgos árabes...y posiblemente menores.

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Re: Homosexualidad y Policía
« Respuesta #916 en: 06 de Febrero de 2025, 13:07:35 pm »
¿Eran niños de Podemos?

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Re: Homosexualidad y Policía
« Respuesta #917 en: 11 de Febrero de 2025, 14:39:55 pm »

Redadas, humillaciones y riesgo de cárcel: así actúa la Policía contra el colectivo LGTBIQ+ con la excusa de las drogas y el 'chemsex'


Hasta tres personas han hablado con 'Público' para relatar su testimonio: "Están jugando con nuestras vidas y con nuestra intimidad para conseguir hacer detenciones a mansalva".

Quienes atraviesan estos procesos tienen que hacer frente no solo al trance de su detención, sino también a los costes de su defensa legal, entre los 4.000 y los 8.000 euros.


María Martínez Collado/Sato Díaz/Vídeo: Jaime García-Morato
Madrid
11/02/2025 06:50
Actualizado a11/02/2025 13:11

No es nuevo que la Policía vigile, registre y persiga a quienes se salen del estrecho imperativo de la heteronorma: pasó en Stonewall en 1969, cuando un grupo de personas trans, "maricas" y lesbianas de Nueva York dijeron "basta" a las redadas en sus bares; ocurrió en la España franquista, cuando ser homosexual podía llevarte a la cárcel bajo la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social; y, según denuncian cada vez más voces, parece que sigue sucediendo en discotecas, saunas o en plena calle –también de grandes y presuntamente transgresoras metrópolis como Madrid–. Así lo atestiguan tres personas de la comunidad LGTBIQ+ que han relatado por separado a Público cómo el colectivo vive a diario una represión que nunca desapareció del todo, tan solo mutó de forma. El Movimiento Marika de Madrid lleva años recopilando datos sobre esta situación y este mismo lunes lo volvían a denunciar en una publicación en sus redes sociales.

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Las historias que exponen estas víctimas revelan un engranaje de control que lleva décadas acechando a las identidades disidentes. Sus relatos dejan ver cómo detrás de cada operativo policial disfrazado de lucha contra las drogas parece existir un filtro no escrito que señala quién es sospechoso y quién no, y siempre terminan siéndolo los mismos. Los testimonios expresan diferentes episodios de detenciones arbitrarias, cacheos humillantes, infiltraciones en espacios que creían seguros o la criminalización de prácticas que forman parte de la vida y cultura de su colectivo. Bajo el pretexto de poner fin al narcotráfico, apuntan que la Policía parece haber puesto en marcha una forma velada de disciplinamiento en la capital.


Este medio se ha puesto en contacto con el Ministerio del Interior, que ha remitido a la Policía Nacional. Desde la Jefatura Superior de Policía de Madrid afirman que no se trata de ningún tipo de registro discriminatorio ni hacia un colectivo concreto, sino que actúan sobre "zonas y espacios donde creen que puede existir algún hecho delictivo".

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"Me mandaron a esa casa falsa para pillarme"
Una de las víctimas, Luis (nombre ficticio), recuerda que su episodio ocurrió a finales de 2020. Por aquel entonces, trabajaba en el ámbito editorial con un contrato fijo. Un fin de semana, mientras participaba en una sesión de chemsex (práctica consiste en mantener relaciones sexuales en un ambiente de consumo de sustancias psicoactivas), recibió la dirección de otra reunión: "Nos habían enviado la dirección de esta otra sesión a través de una aplicación de citas y nos habían dicho que pilláramos dos gramos de tina (metanfetamina)", explica. Al llegar al portal del domicilio indicado, "dos personas aparecieron por detrás" y les preguntaron: "¿Venís a la fiesta?". "Cuando me di la vuelta, sacaron una placa y eran dos secretas", relata con la voz entrecortada. Su vida cambió en ese instante. Tras registrarle, encontraron la sustancia en su poder. Su acompañante fue dejado en libertad, pero a él le informaron de que estaba detenido y fue trasladado a los calabozos de la calle Leganitos. "Yo no entendía nada. No entendía por qué por dos gramos para autoconsumo me iban a detener", lamenta.

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En la comisaría fue sometido a un cacheo integral, una experiencia que describe como "humillante" y "violenta": "Me desnudaron para que me quitara todo y ver que no llevaba nada". Entre los objetos que le incautaron había, por una parte, utensilios para el consumo seguro de drogas y, por otra, objetos como lubricante o una ducha anal. Por estas cosas, cuenta, se burlaron de él: "Preguntaban: '¿Qué es esto?', y decían: 'Qué asco'". La única posibilidad de contacto que tuvo con el exterior, en medio de ese ambiente hostil, fue una llamada a una persona de confianza: "No tienes noción del tiempo, no sabes cuántas horas han pasado. Te dicen que no te preocupes, que vas a salir en poco tiempo, pero ves que eso no sucede".

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María Martínez Collado

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En un momento dado –recuerda–, los agentes le exigieron que desbloqueara su teléfono móvil. "Yo lo hice, pero a los pocos minutos me di cuenta: '¡Esto es ilegal!'". Entonces protestó y quiso oponerse, pero solo recibió evasivas. Logró contactar con una abogada especialista en estos ámbitos, que se hizo cargo del caso. Pero eso no le evitó pasar más de 24 horas hasta su traslado a Moratalaz y, posteriormente, a los calabozos de Plaza de Castilla: "Era espantoso estar allí. Hay muchísima gente en esos calabozos en el sótano. Recuerdo que tenía mucha sed y pedía agua, pero nada".

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Tras su liberación, se enfrentó a un proceso judicial que se extendió más de un año y medio. A pesar de encontrarse en tratamiento por un consumo problemático de drogas en contextos sexuales, "ni el fiscal ni el juez aceptaron ninguna de las pruebas" que tenía para demostrar que no era un "traficante". Se desestimaron testimonios y documentos que podrían haber demostrado su condición de consumidor: "No aceptaron el informe psicológico de la persona que me estaba tratando, ni los testigos que estaban conmigo ese día. Nada". Y la acusación en su contra fue por un delito contra la salud pública, con una petición inicial de tres años y medio de prisión.

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Candela Barro


Finalmente, su abogada logró un acuerdo con la Fiscalía. La pena fue reducida y se solicitó que no ingresara en la cárcel, lo cual fue aceptado. Para acceder a este beneficio, no obstante, tuvo que declararse culpable de un delito que, tal y como ha tratado de exponer, "nunca cometió": "Tuve que decir en una sala, frente a varios jueces, que sí, que era culpable de un delito de tráfico de drogas, cuando yo sé que no lo soy". El saldo emocional de todo el proceso fue enorme: su familia se enteró simultáneamente de su detención y de su problema con las drogas, y aún arrastra un gran daño psicológico. Se puede observar al escucharle rememorar todo.

Además del enjuiciamiento, denuncia un "patrón de actuación policial" dirigido específicamente contra los "maricas" –uno de los términos que utilizan para autorreferenciarse dentro del colectivo– en Madrid, en particular contra quienes practican chemsex: "Nos están manipulando, están jugando con nuestras vidas y con nuestra intimidad para conseguir hacer detenciones a mansalva". De su relato se desliza la posible existencia de operativos dirigidos a atraer a personas a direcciones falsas a través de aplicaciones de contacto, así como que desde estas se les anime a comprar droga con el objetivo de detenerlas en flagrancia: "Estoy bastante seguro de que me mandaron a esa casa falsa para pillarme", insiste. También menciona redadas en saunas y otros espacios del colectivo: "Cada fin de semana nos enteramos de uno de estos episodios".

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"Había 8 policías pidiendo que mostrara mis genitales"
La segunda persona que ofrece su testimonio, Alberto (pseudónimo), se dedica al ámbito de la salud. En su caso, había salido de fiesta un viernes por la noche a una conocida discoteca gay de la capital. "Nada diferente a un fin de semana casual de cualquier discoteca de Madrid, del país, de Europa". Sin estar ni siquiera bajo los efectos de sustancias, pasó frente a unos policías que iban de paisano dentro del local: "Me pararon de repente y me comenzaron a preguntar cosas. La manera en cómo me hablaron me pareció agresiva". Desconcertado, intentó alejarse, pero los agentes lo persiguieron: "Allí me cogieron entre los dos. Yo había tirado la droga al suelo, pero la recogieron y me sacaron de la discoteca".

En la puerta del local fue detenido; previamente, le habían hecho quitarse la camiseta: "Desde el momento en que me sacaron de la discoteca, empecé a llorar. Nunca me había sucedido una situación como esta. Nunca me había enfrentado a nada así". Explica que se sintió humillado y desconcertado, también incapaz de entender nada: "Les preguntaba: '¿Qué he hecho? Yo no soy un camello'. ¿Por qué a mí y no a cualquier otra persona de la discoteca?". Pero todo lo que recibió fue una respuesta burlona y amenazante: "Ahora verás lo que te va a pasar en Leganitos".

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"Me hicieron desnudarme completamente y abrirme las nalgas"

Al llegar a la comisaría, le quitaron sus pertenencias y lo sometieron a un registro. "Me hicieron desnudarme completamente y abrirme las nalgas. Había ocho policías rodeándome, pidiendo que les mostrara mis genitales". Recuerda el momento con angustia. Solo después de horas en el calabozo pudo hablar con la abogada de oficio asignada, que desde el minuto cero, le aconsejó que se "declarara culpable". Estuvo detenido entre 24 y 36 horas, pasando por los mismos calabozos que la primera víctima: "Fue como si estuviera teniendo una pesadilla". Recuerda que pasó la mayor parte del tiempo dormido, evitando procesar lo que estaba viviendo.


Días después, empezó a entender lo ocurrido: "Al principio pensé que esto era lo normal, que el registro era parte del procedimiento. Luego me enteré de que no era así. Esto no se lo hacen a todo el mundo". Lo que tenía en su poder era "medio bote de GHB [éxtasis líquido], un gramo de ketamina y un gramo de mefedrona" para su consumo personal. Sin embargo, en el informe toxicológico "apareció también una bolsa de cocaína": "La tuvo que haber metido la Policía", afirma. Su proceso judicial duró nueve meses: "Han sido de los peores de mi vida. No sabía qué iba a pasar conmigo, con mi trabajo, quién se iba a enterar". Finalmente, gracias a la abogada que contrató, pudo demostrar que las sustancias eran para "consumo recreativo" y que no existía delito: "Nunca me llegaron a acusar formalmente, no pasó a juicio".

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"Si pareces demasiado homosexual, te pueden parar"
La tercera víctima, Daniel (nombre ficticio), cuenta que trabaja en el mundo empresarial y que su detención se produjo también en la puerta de una discoteca gay: "Estaba en la cola con algunos amigos cuando vino la Policía y nos dijo que nos pusiésemos contra la pared para un chequeo". Explica que el registro se realizó delante de todo el mundo y que, aunque no sufrió ninguna agresión explícita, "fue un registro bastante desagradable". Al encontrarle "un bote de 30 ml de GHB" para autoconsumo, los agentes determinaron que se trataba de un delito contra la salud pública y le llevaron al calabozo, donde pasó dos noches. Dos años después, sigue inmerso en un proceso judicial para defenderse de esta acusación: "No sufrí un trato vejatorio, pero estaba asustadísimo, a lágrima viva".

Relata que las condiciones eran deplorables: "Frío horrible, mantas roñosas, una colchoneta espantosa". Si bien no denuncia violencia física, sí recuerda un trato deshumanizante: "Te tiraban la comida al suelo, no preguntaban nada, si eras vegetariano, si no podías comer gluten. Nada". Para ir al baño, "tenías que llamar a un telefonillo y, cuando ellos querían, te llevaban". Si bien no considera haber recibido un trato discriminatorio explícito por ser homosexual, sí piensa que la elección de a quién registrar no fue casual.


"Claramente me pararon por la calle por el look que llevaba y por el sitio en el que estaba". Sin embargo, afirma que, con el tiempo, se ha dado cuenta de un patrón: "Hace poco, me volvió a pasar. Me pararon en pleno centro de Madrid, a las 19.00 horas, sin ningún tipo de indicio".

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"Claramente me pararon por la calle por el 'look' que llevaba"

Desde entonces ha cambiado su forma de vestir: "Cuando salgo de fiesta, me visto como si fuera a la oficina: camisa, vaqueros y jersey. Me he cambiado el corte de pelo, ya no lo llevo rapado a los lados. He aprendido que si pareces demasiado homosexual, te pueden parar y registrar". Está "convencido" de que forma parte de una tendencia más amplia: "Tengo un montón de amigos a los que les ha pasado lo mismo. No sé si llamarlo persecución, pero claramente están identificando a la gente del colectivo para hacer registros indiscriminados".

A nivel emocional, lo describe como "un fantasma que te persigue todo el tiempo". Reconoce que ha afectado a su trabajo, su relación de pareja y su bienestar mental: "Tengo un amigo médico que me dice que estoy en depresión, pero no puedo enfrentarme a eso ahora. Cuando acabe este proceso, ya lo veré". En todo caso, tiene claro que esta situación les está "obligando a normativizarse para no ser objetivo de la Policía".

El coste económico y la necesidad de nuevos criterios
Todos los relatos que ha escuchado este medio insisten, además, en el elevado coste económico que supone defenderse de estas acusaciones. Quienes han atravesado estos procesos han tenido que pagar su defensa legal, con gastos que oscilan entre los 4.000 y los 8.000 euros. "Si tienes suerte y puedes pagártelo, bien, pero si no, ¿qué pasa con alguien que no tenga esos recursos?", se preguntan.

Las propuestas para poner fin a esta "persecución" son claras: en lugar de criminalizar a quienes consumen sustancias, opinan que los recursos públicos deberían destinarse a la prevención, la reducción de daños y el acompañamiento terapéutico. "No consiguen que la gente deje de consumir, consiguen que nos droguemos más", afirma uno de los afectados, quien cuenta haber experimentado recaídas a lo largo del duro proceso judicial. Consideran que esta dinámica solo incrementa la marginalización y que es necesaria una reforma legislativa que establezca criterios más equitativos para el tratamiento del abuso de estas sustancias: "Si realmente les preocupara, invertirían en salud y en recursos de acompañamiento, no en perseguirnos y meternos miedo", concluyen.

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Re: Homosexualidad y Policía
« Respuesta #918 en: 11 de Febrero de 2025, 20:15:18 pm »
La Policía que está bajo las órdenes de un Ministro que es homosexual.

Marika Madrid son radicales de extrema izquierda.



Redadas, humillaciones y riesgo de cárcel: así actúa la Policía contra el colectivo LGTBIQ+ con la excusa de las drogas y el 'chemsex'


Hasta tres personas han hablado con 'Público' para relatar su testimonio: "Están jugando con nuestras vidas y con nuestra intimidad para conseguir hacer detenciones a mansalva".

Quienes atraviesan estos procesos tienen que hacer frente no solo al trance de su detención, sino también a los costes de su defensa legal, entre los 4.000 y los 8.000 euros.


María Martínez Collado/Sato Díaz/Vídeo: Jaime García-Morato
Madrid
11/02/2025 06:50
Actualizado a11/02/2025 13:11

No es nuevo que la Policía vigile, registre y persiga a quienes se salen del estrecho imperativo de la heteronorma: pasó en Stonewall en 1969, cuando un grupo de personas trans, "maricas" y lesbianas de Nueva York dijeron "basta" a las redadas en sus bares; ocurrió en la España franquista, cuando ser homosexual podía llevarte a la cárcel bajo la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social; y, según denuncian cada vez más voces, parece que sigue sucediendo en discotecas, saunas o en plena calle –también de grandes y presuntamente transgresoras metrópolis como Madrid–. Así lo atestiguan tres personas de la comunidad LGTBIQ+ que han relatado por separado a Público cómo el colectivo vive a diario una represión que nunca desapareció del todo, tan solo mutó de forma. El Movimiento Marika de Madrid lleva años recopilando datos sobre esta situación y este mismo lunes lo volvían a denunciar en una publicación en sus redes sociales.

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Las historias que exponen estas víctimas revelan un engranaje de control que lleva décadas acechando a las identidades disidentes. Sus relatos dejan ver cómo detrás de cada operativo policial disfrazado de lucha contra las drogas parece existir un filtro no escrito que señala quién es sospechoso y quién no, y siempre terminan siéndolo los mismos. Los testimonios expresan diferentes episodios de detenciones arbitrarias, cacheos humillantes, infiltraciones en espacios que creían seguros o la criminalización de prácticas que forman parte de la vida y cultura de su colectivo. Bajo el pretexto de poner fin al narcotráfico, apuntan que la Policía parece haber puesto en marcha una forma velada de disciplinamiento en la capital.


Este medio se ha puesto en contacto con el Ministerio del Interior, que ha remitido a la Policía Nacional. Desde la Jefatura Superior de Policía de Madrid afirman que no se trata de ningún tipo de registro discriminatorio ni hacia un colectivo concreto, sino que actúan sobre "zonas y espacios donde creen que puede existir algún hecho delictivo".

Relacionado con este tema
La oscura realidad en las aulas españolas: uno de cada cuatro jóvenes LGTBI+ sufre violencia ante la inacción de los centros
"Me mandaron a esa casa falsa para pillarme"
Una de las víctimas, Luis (nombre ficticio), recuerda que su episodio ocurrió a finales de 2020. Por aquel entonces, trabajaba en el ámbito editorial con un contrato fijo. Un fin de semana, mientras participaba en una sesión de chemsex (práctica consiste en mantener relaciones sexuales en un ambiente de consumo de sustancias psicoactivas), recibió la dirección de otra reunión: "Nos habían enviado la dirección de esta otra sesión a través de una aplicación de citas y nos habían dicho que pilláramos dos gramos de tina (metanfetamina)", explica. Al llegar al portal del domicilio indicado, "dos personas aparecieron por detrás" y les preguntaron: "¿Venís a la fiesta?". "Cuando me di la vuelta, sacaron una placa y eran dos secretas", relata con la voz entrecortada. Su vida cambió en ese instante. Tras registrarle, encontraron la sustancia en su poder. Su acompañante fue dejado en libertad, pero a él le informaron de que estaba detenido y fue trasladado a los calabozos de la calle Leganitos. "Yo no entendía nada. No entendía por qué por dos gramos para autoconsumo me iban a detener", lamenta.

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María Martínez Collado

"Nos están manipulando, están jugando con nuestras vidas y con nuestra intimidad para conseguir hacer detenciones a mansalva"

En un momento dado –recuerda–, los agentes le exigieron que desbloqueara su teléfono móvil. "Yo lo hice, pero a los pocos minutos me di cuenta: '¡Esto es ilegal!'". Entonces protestó y quiso oponerse, pero solo recibió evasivas. Logró contactar con una abogada especialista en estos ámbitos, que se hizo cargo del caso. Pero eso no le evitó pasar más de 24 horas hasta su traslado a Moratalaz y, posteriormente, a los calabozos de Plaza de Castilla: "Era espantoso estar allí. Hay muchísima gente en esos calabozos en el sótano. Recuerdo que tenía mucha sed y pedía agua, pero nada".

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Candela Barro


Finalmente, su abogada logró un acuerdo con la Fiscalía. La pena fue reducida y se solicitó que no ingresara en la cárcel, lo cual fue aceptado. Para acceder a este beneficio, no obstante, tuvo que declararse culpable de un delito que, tal y como ha tratado de exponer, "nunca cometió": "Tuve que decir en una sala, frente a varios jueces, que sí, que era culpable de un delito de tráfico de drogas, cuando yo sé que no lo soy". El saldo emocional de todo el proceso fue enorme: su familia se enteró simultáneamente de su detención y de su problema con las drogas, y aún arrastra un gran daño psicológico. Se puede observar al escucharle rememorar todo.

Además del enjuiciamiento, denuncia un "patrón de actuación policial" dirigido específicamente contra los "maricas" –uno de los términos que utilizan para autorreferenciarse dentro del colectivo– en Madrid, en particular contra quienes practican chemsex: "Nos están manipulando, están jugando con nuestras vidas y con nuestra intimidad para conseguir hacer detenciones a mansalva". De su relato se desliza la posible existencia de operativos dirigidos a atraer a personas a direcciones falsas a través de aplicaciones de contacto, así como que desde estas se les anime a comprar droga con el objetivo de detenerlas en flagrancia: "Estoy bastante seguro de que me mandaron a esa casa falsa para pillarme", insiste. También menciona redadas en saunas y otros espacios del colectivo: "Cada fin de semana nos enteramos de uno de estos episodios".

Relacionado con este tema
'Chemsex', un desafío de salud pública marcado por la LGTBIfobia
Candela Barro / María Martínez Collado

"Había 8 policías pidiendo que mostrara mis genitales"
La segunda persona que ofrece su testimonio, Alberto (pseudónimo), se dedica al ámbito de la salud. En su caso, había salido de fiesta un viernes por la noche a una conocida discoteca gay de la capital. "Nada diferente a un fin de semana casual de cualquier discoteca de Madrid, del país, de Europa". Sin estar ni siquiera bajo los efectos de sustancias, pasó frente a unos policías que iban de paisano dentro del local: "Me pararon de repente y me comenzaron a preguntar cosas. La manera en cómo me hablaron me pareció agresiva". Desconcertado, intentó alejarse, pero los agentes lo persiguieron: "Allí me cogieron entre los dos. Yo había tirado la droga al suelo, pero la recogieron y me sacaron de la discoteca".

En la puerta del local fue detenido; previamente, le habían hecho quitarse la camiseta: "Desde el momento en que me sacaron de la discoteca, empecé a llorar. Nunca me había sucedido una situación como esta. Nunca me había enfrentado a nada así". Explica que se sintió humillado y desconcertado, también incapaz de entender nada: "Les preguntaba: '¿Qué he hecho? Yo no soy un camello'. ¿Por qué a mí y no a cualquier otra persona de la discoteca?". Pero todo lo que recibió fue una respuesta burlona y amenazante: "Ahora verás lo que te va a pasar en Leganitos".

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"Me hicieron desnudarme completamente y abrirme las nalgas"

Al llegar a la comisaría, le quitaron sus pertenencias y lo sometieron a un registro. "Me hicieron desnudarme completamente y abrirme las nalgas. Había ocho policías rodeándome, pidiendo que les mostrara mis genitales". Recuerda el momento con angustia. Solo después de horas en el calabozo pudo hablar con la abogada de oficio asignada, que desde el minuto cero, le aconsejó que se "declarara culpable". Estuvo detenido entre 24 y 36 horas, pasando por los mismos calabozos que la primera víctima: "Fue como si estuviera teniendo una pesadilla". Recuerda que pasó la mayor parte del tiempo dormido, evitando procesar lo que estaba viviendo.


Días después, empezó a entender lo ocurrido: "Al principio pensé que esto era lo normal, que el registro era parte del procedimiento. Luego me enteré de que no era así. Esto no se lo hacen a todo el mundo". Lo que tenía en su poder era "medio bote de GHB [éxtasis líquido], un gramo de ketamina y un gramo de mefedrona" para su consumo personal. Sin embargo, en el informe toxicológico "apareció también una bolsa de cocaína": "La tuvo que haber metido la Policía", afirma. Su proceso judicial duró nueve meses: "Han sido de los peores de mi vida. No sabía qué iba a pasar conmigo, con mi trabajo, quién se iba a enterar". Finalmente, gracias a la abogada que contrató, pudo demostrar que las sustancias eran para "consumo recreativo" y que no existía delito: "Nunca me llegaron a acusar formalmente, no pasó a juicio".

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La tercera víctima, Daniel (nombre ficticio), cuenta que trabaja en el mundo empresarial y que su detención se produjo también en la puerta de una discoteca gay: "Estaba en la cola con algunos amigos cuando vino la Policía y nos dijo que nos pusiésemos contra la pared para un chequeo". Explica que el registro se realizó delante de todo el mundo y que, aunque no sufrió ninguna agresión explícita, "fue un registro bastante desagradable". Al encontrarle "un bote de 30 ml de GHB" para autoconsumo, los agentes determinaron que se trataba de un delito contra la salud pública y le llevaron al calabozo, donde pasó dos noches. Dos años después, sigue inmerso en un proceso judicial para defenderse de esta acusación: "No sufrí un trato vejatorio, pero estaba asustadísimo, a lágrima viva".

Relata que las condiciones eran deplorables: "Frío horrible, mantas roñosas, una colchoneta espantosa". Si bien no denuncia violencia física, sí recuerda un trato deshumanizante: "Te tiraban la comida al suelo, no preguntaban nada, si eras vegetariano, si no podías comer gluten. Nada". Para ir al baño, "tenías que llamar a un telefonillo y, cuando ellos querían, te llevaban". Si bien no considera haber recibido un trato discriminatorio explícito por ser homosexual, sí piensa que la elección de a quién registrar no fue casual.


"Claramente me pararon por la calle por el look que llevaba y por el sitio en el que estaba". Sin embargo, afirma que, con el tiempo, se ha dado cuenta de un patrón: "Hace poco, me volvió a pasar. Me pararon en pleno centro de Madrid, a las 19.00 horas, sin ningún tipo de indicio".

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Desde entonces ha cambiado su forma de vestir: "Cuando salgo de fiesta, me visto como si fuera a la oficina: camisa, vaqueros y jersey. Me he cambiado el corte de pelo, ya no lo llevo rapado a los lados. He aprendido que si pareces demasiado homosexual, te pueden parar y registrar". Está "convencido" de que forma parte de una tendencia más amplia: "Tengo un montón de amigos a los que les ha pasado lo mismo. No sé si llamarlo persecución, pero claramente están identificando a la gente del colectivo para hacer registros indiscriminados".

A nivel emocional, lo describe como "un fantasma que te persigue todo el tiempo". Reconoce que ha afectado a su trabajo, su relación de pareja y su bienestar mental: "Tengo un amigo médico que me dice que estoy en depresión, pero no puedo enfrentarme a eso ahora. Cuando acabe este proceso, ya lo veré". En todo caso, tiene claro que esta situación les está "obligando a normativizarse para no ser objetivo de la Policía".

El coste económico y la necesidad de nuevos criterios
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Las propuestas para poner fin a esta "persecución" son claras: en lugar de criminalizar a quienes consumen sustancias, opinan que los recursos públicos deberían destinarse a la prevención, la reducción de daños y el acompañamiento terapéutico. "No consiguen que la gente deje de consumir, consiguen que nos droguemos más", afirma uno de los afectados, quien cuenta haber experimentado recaídas a lo largo del duro proceso judicial. Consideran que esta dinámica solo incrementa la marginalización y que es necesaria una reforma legislativa que establezca criterios más equitativos para el tratamiento del abuso de estas sustancias: "Si realmente les preocupara, invertirían en salud y en recursos de acompañamiento, no en perseguirnos y meternos miedo", concluyen.

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Re: Homosexualidad y Policía
« Respuesta #919 en: 16 de Febrero de 2025, 15:55:20 pm »