La Policía Local de Valladolid no puede utilizar sus armas eléctricas por falta de una autorización de Protección de Datos
José M. Jiménez
«Llevamos habilitados para utilizar las armas eléctricas desde febrero, pero no las podemos usar por la cámara a la que van a asociadas, ya que falta el visto bueno de Protección de Datos para las grabaciones. Y estamos en una época de incremento de agresiones y peleas con arma blanca, es decir, el momento ideal para portarlas en las patrullas». Fuentes de la Policía Municipal han expresado su malestar, al ver que la Policía Nacional de Valladolid ya patrulla con pistolas eléctricas desde el primer trimestre de 2023, y la Policía Municipal sigue sin poder utilizarlas.
La Policía Nacional cuenta con 9 pistolas eléctricas –también llamadas Dispositivos Eléctricos Controlados (DEC)– en la capital vallisoletana y otras tres en Medina del Campo. Sus patrullas ya las portan desde hace meses de forma permanente.
No es el caso de la Policía Municipal de Valladolid, pese a que adquirió en otoño de 2023 seis pistolas de descarga eléctrica junto con otras tantas cámaras de grabación unipersonal que se acoplarán en la zona pectoral de los agentes. El curso, por el que pasaron 80 funcionarios, comenzó el 25 de noviembre de 2023 y finalizó a finales de febrero de 2024. El número de seis pistolas tiene una explicación, porque corresponderá una por agente habilitado por cada uno de los cinco distritos en los que está dividida la ciudad de Valladolid, más un arma paralizante extra de refuerzo.
El modelo elegido es Husa TX200P, un arma capaz de descargar 50.000 voltios en vacío, la descarga media de las que suelen utilizar los cuerpos policiales en España. El dispositivo genera en vacío hasta 50.000 voltios, aunque cuando los dardos se clavan en su objetivo cae hasta los 400 voltios, con una corriente de 2,1 miliamperios (mA), lo que no es letal para el ser humano.
El precio concreto no fue revelado por el concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado porque dentro del contrato también iban incluidas las clases de formación del instructor y la adquisición de complementos como fundas, baterías o cartuchos de descarga. De forma orientativa, en internet diferentes casas informan que la Husa TX200P tiene un coste de 2.359 euros. El precio de la cámara ronda entre los 600 y 800 euros.
En el mes de abril de este año, cuando las pistolas ya deberían estar en uso, el concejal Alberto Cuadrado aseguró a este diario que el retraso se debía a la obtener el visto bueno del uso de la videocámara.
Informe al Ayuntamiento
Seis meses después, el trámite sigue en curso, pero todo apunta a que se desbloqueará en breve, ya que el concejal de área ha citado a los policías municipales en los próximos días para tratar el tema de los DEC, entre otros asuntos. Las fuentes consultadas también ven «inminente» el visto bueno a un informe de más de 40 páginas, enviado por la Policía Local a la técnico de Protección de Datos de la Concejalía de Modernización Administrativa del Ayuntamiento de Valladolid. Un dossier, que una vez aprobado, marcará las reglas de uso de la cámara y permitirá portar ya las armas eléctricas.
La grabación que se realiza desde una cámara personal acoplada al chaleco del agente y se activa en el momento de desenfundar la pistola, entra en un escenario muy delicado en el uso y tratamiento las imágenes registradas, según recoge la Ley Orgánica 4/1997 en lo concerniente a su uso por parte cuerpos policiales en lugares públicos.
El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) lo advierte de forma expresa: «Cuando se realice el tratamiento de imágenes con fines de seguridad a través de los diversos sistemas de adaptación, debe valorarse en primer lugar la legitimación para utilizar dichos sistemas de captación, así como los principios de limitación de la finalidad y minimización de datos, de forma que los datos objeto de tratamiento sean adecuados, pertinentes y limitados en relación con los fines para los que son tratados». Igualmente restrictivo es el momento de desenfundar la pistola.
Esto dice el RGPD sobre el principio de proporcionalidad: «Sólo podrá emplearse la videocámara cuando resulte adecuado, en una situación concreta, para el mantenimiento de la seguridad ciudadana; se deberá ponderar, en cada caso, entre la finalidad pretendida y la posible afectación por la utilización de la videocámara al derecho al honor, a la propia imagen y a la intimidad de las personas, y su utilización exigirá la existencia de un razonable riesgo para la seguridad ciudadana».
El reglamento va aún más allá: «No se podrán utilizar las videocámaras para tomar imágenes ni sonidos del interior de las viviendas, ni de sus vestíbulos, salvo consentimiento del titular o autorización judicial, ni en lugares en lugares públicos, abiertos o cerrados, cuando se afecte de forma directa y grave a la intimidad de las personas, así como tampoco para grabar conversaciones de naturaleza estrictamente privada».
Ambos dispositivos, pistola y cámara, están coordinados automáticamente por un sistema de bluetooth tras su extracción de la funda y activación. Aún sin llegar a disparar, la escena quedará grabada por una cámara pectoral del agente y, por tanto, si es necesario, se podrá revisar para las comprobaciones de una actuación acorde a la ley. De hecho, después de cada utilización del arma, la grabación se entregará a la autoridad judicial para que un posible reclamante visione la intervención.
