El Tribunal Supremo francés reconoce una indemnización de dos millones de euros a más de 400 españolas implantadas con prótesis ilegales
El Alto Tribunal ha emitido dos sentencias abriendo la puerta a indemnizaciones que irán desde los 5.000 euros
Corte de Casación de Francia (Foto: Wikipedia)
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Luisja Sánchez
Periodista jurídico
TIEMPO DE LECTURA: 5 MIN
Publicado 06/06/2023
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Un total de 400 damnificadas españolas y otras tantas afectadas de otros países europeos están de enhorabuena al reconocer el Tribunal Supremo francés la implicación, en dos sentencias recientes, de la empresa certificadora en el conocido caso de las prótesis mamarias adulteradas que se implantaron durante años.
En estos litigios en Francia, el despacho español BCVLex, en colaboración con las abogadas locales Lorena López Yuste y Dolores Lassa Alcaire, representan a casi 400 mujeres españolas afectadas por los implantes mamarios de la empresa Poly Implant Prothèse, así como a decenas de mujeres de otras nacionalidades (francesas, británicas, alemanas, checas, italianas, sudafricanas, etc.). La firma legal representa igualmente a clínicas y profesionales médicos que se han visto afectados económicamente por el escándalo.
El reconocimiento del Alto Tribunal abre la puerta a indemnizaciones que irán desde los 5.000€, para todas aquellas personas que no sufrieron efectos secundarios, hasta el monto total al que hayan ascendido las consecuencias de implantarles unas próstesis fabricadas con silicona industrial.
Para el director de BCVLex, Carlos Villacorta, “se trata de una muy buena noticia por el reconocimiento del daño que han infligido a miles de mujeres que confiaron en un sistema de control que falló y que permitió que le implantaran unas prótesis que ponían en serio riesgo su salud. No puedo imaginar la angustia que han debido pasar al conocer que llevaban dentro una bomba de relojería”.
En declaraciones a Economist & Jurist, destaca que, estas dos sentencias dictadas por el Supremo francés confirman la responsabilidad de TUV respecto a las victimas de implantes mamarios con esta silicona industrial en lugar de estar fabricada con silicona médica. Al mismo tiempo, las sentencias unifican criterios respecto a otras dictadas. El Tribunal Supremo señala que esta acreditado el uso industrial de dicha silicona no apta para este consumo.
Carlos Villacorta, abogado experto en reclamaciones de daños y socio director de BCVLex Abogados (Foto: E&J)
Este jurista experto en reclamación de daños subraya que “este es el primer fallo de un tribunal Supremo a nivel mundial, cuando hay más de 200.000 mujeres afectadas en todo el mundo. Nosotros como despacho representamos a víctimas de países como Africa del Sur, Alemania, Francia Republica Checa, Inglaterra, así como a médicos privados dedicados a la cirugía estética que se han visto afectados por estas malas prácticas”.
Villacorta aclara que es un procedimiento judicial complejo, con muchas afectadas en todo el mundo. “A las mujeres les gusta ponerse pechos y glúteos grande pero al ser material industrial ha generado estallidos y problemas de salud importante a nivel respiratorios y cardiacos, además de distintos tumores que se han producido en nuestras defendidas”, ha declarado el letrado.
Cada caso deberá ser analizado de manera individual
Tras conocerse el escandalo en 2010, todas las mujeres afectadas, de acuerdo con las recomendaciones sanitarias de Francia y España, se quitaron las prótesis. Según afirma Villacorta a Economist & Jurist, “El coste fue de 1.500 euros y en España la Seguridad Social solo financio el tratamiento en mujeres con un perfil oncológico. Ese cambio generó daños emocionales, psicológicos y materiales”.
Sobre la indemnización reconocida por el Tribunal Supremo de Francia, este jurista aclara que es algo provisional esos 5.000 euros en los casos que no hay daños físicos evidentes, mientras que en los casos más graves las cifras serán muy superiores. “Ahora tendremos que volver a acudir a los tribunales para reclamar esas cantidades. Tenemos demandas con afectadas agrupadas pero, al final, el tribunal tendrá que analizar caso por caso a través de peritajes judiciales para cuantificar el daño”.
Nuestro interlocutor recuerda que “esta es una batalla judicial ganada pero a guerra continua”. Han sido cinco profesionales de la abogacía y miembros del despacho BCVLex Abogados los que se han vinculado para dar asesoramiento legal a las víctimas de este escándalo. No obstante, en otras capitales europeas hay otros bufetes que llevan más afectadas por la implantación de estas prótesis mamarias. “En España, la afectación ha sido a mujeres de la costa mediterránea, sobre todo, Cataluña y Levante”.
(Foto: E&J)
Trece años de batalla judicial
El escándalo se destapó en el año 2010, cuando se conoció que la empresa francesa Poly Implant Prothèse (PIP) fabricaba y comercializaba desde el año 2002 implantes mamarios fabricados gel de silicona «casero», hecha a base de silicona industrial en lugar de la silicona autorizada para los productos médicos, denominada Nusil.
Tras descubrirse el fraude de PIP, miles de usuarias interpusieron demandas ante diversos tribunales solicitando una indemnización contra el fabricante, sus aseguradores y contra TUV Rheinland France y TUV Rheinland LGA, que participaban desde 1997 como organismos de certificación de dichas prótesis por no cumplir las normas sanitarias.
Las primeras demandas se interpusieron en 2014, y desde entonces varios tribunales de apelación se han pronunciado sobre la responsabilidad de los organismos certificadores. Estas sentencias han sido recurridas ante el Tribunal Supremo tanto por las dos empresas como por los demandantes.
En este sentido, el Tribunal Supremo de Francia acaba de confirmar la responsabilidad de las sociedades TUV, indicando entre otras cosas que «TÜV Rheinland (…) incumplió sus obligaciones de control, prudencia y vigilancia en el ejercicio de su misión profesional, [y] la responsabilidad profesional de TÜV Rheinland France está probada».
El más alto tribunal del país ha revocado parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal de Apelación de París el 20 de mayo de 2021, que había fijado una limitación de responsabilidad que abarcaba el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2006 y el 6 de abril de 2010. Además, ha revocado en su totalidad la sentencia dictada por el Tribunal de Apelación de Versalles el 14 de enero de 2021, que había negado cualquier responsabilidad por parte de los organismos de certificación.
Estas decisiones son importantes para todas las acciones en curso y para los 40.000 usuarios de prótesis PIP de todo el mundo que esperan recibir una indemnización por sus pérdidas.
Aunque la batalla judicial no ha terminado, estas resoluciones de la más alta jurisdicción francesa allanan significativamente el camino para que las víctimas, esencialmente mujeres de todo el mundo portadores de las prótesis defectuosas, sean adecuadamente compensadas por los perjuicios sufridos como consecuencia del fraude y de la falta de supervisión de las entidades encargadas del control de calidad de dichos productos.
Las empresas TUV llevaron a cabo su certificación de las prótesis rellenas de silicona IMGHC a partir de abril de 2001. En consecuencia, las personas con implantes fabricados en 2001 y años anteriores no son portadoras de implantes defectuosos.
