POLÉMICA EN EL AYUNTAMIENTO
Poner multas a cualquier precio
Un agente de movilidad en una calle de la capital. (Foto: Paco Toledo)
Un agente de movilidad en una calle de la capital. (Foto: Paco Toledo)
Actualizado viernes 14/03/2008 09:57 (CET)
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LUIS F. DURÁN
MADRID.- Se imagina que su empresa utiliza su DNI para solicitar y usar su firma electrónica -clave privada, personal e intransferible- sin que usted lo sepa? Eso es lo que ha hecho, a grandes trazos, el Ayuntamiento con la plantilla de los Agentes de Movilidad. El motivo, el cobro de las multas a través de un terminal telemático PDA.
Para identificar al agente que pone la sanción, a través de esta herramienta, es necesario que cuando se imprima haya una identificación.
La denuncia ha partido del grupo municipal de IU y ha sido confirmada por los sindicatos CSI-CSIF y CC OO. Según aseguran, el asunto "saltó" en noviembre del pasado a?o después de que la primera promoción de agentes se sumase a la iniciativa de poner multas a través de PDA.
"A un compa?ero se le bloqueó el aparato y pidió a los mandos los códigos de desbloqueo. Mantenían una copia de seguridad de todos y cada uno de los agentes, tanto de las claves de desbloqueo de las PDA como de las firmas electrónicas cuando las tienen que destruir una vez que se entregan", precisaron las fuentes sindicales.
La firma electrónica es un instrumento administrativo que tiene tanta importancia como la manuscrita. Es decir, que con ella se puede rubricar documentación oficial que vincula jurídicamente a la persona. Para solicitar la firma electrónica hay que remitir a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre el DNI.
Esta, a su vez, manda un código y de forma personal, el interesado ha de ir a alguna de las oficinas certificadoras para ratificar esa petición. Es como un filtro de seguridad para impedir que una persona pida la firma electrónica de otra. Una vez en la oficina, se firma un documento de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Se hacen tres copias: una se queda la oficina, otra va al organismo que la expide y la tercera se la queda el interesado.
A los cuatro días, la firma llega al ordenador personal desde el que el interesado ha realizado todo el proceso.
El asunto en cuestión arrancó en 2005 cuando, según relatan los sindicatos e IU, a la primera promoción de Agentes de Movilidad se les dio a firmar un documento de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para la obtención del carné digital profesional que utilizan para moverse por las instalaciones municipales. Luego, en mayo, firmaron un segundo documento de la institución. "Todos supusimos que estaba relacionado con el carné profesional. Los mandos, simplemente, nos dijeron que lo teníamos que firmar y tampoco nos dieron muchas más explicaciones. Lo hicimos", aseguran las fuentes informantes.
IU califica el asunto de 'impresentable' y pide la comparecencia del edil de Movilidad en el Pleno
Los Agentes de Movilidad tienen dos tarjetas: la profesional y otra encriptada con la firma electrónica que han de introducir en la peque?a impresora que portan y con la que imprimen los impresos de sanciones que rellenan. De esta forma, la persona multada tiene una copia física de la sanción con la identificación del agente. "Nosotros no sabíamos que eso era la firma electrónica", precisan los sindicatos.
Según denuncian, el Consistorio se encargó, sin su autorización, de remitir su DNI a la Fábrica; luego les "colaron" el documento para que lo firmasen, y seguidamente obtuvieron la firma electrónica sin que los agentes lo supiesen. El propio Ayuntamiento ha sido el organismo encargado de certificar el documento de petición, ya que desde el 5 de diciembre de 2001 un convenio con el organismo nacional se lo autoriza.
No fue hasta finales de 2006, una vez que el Ayuntamiento aprueba la regulación de medios electrónicos, informáticos y telemáticos para la gestión de las multas, cuando comenzaron a utilizarse las PDA. Por lo tanto, el Consistorio guardó durante más de un a?o las firmas de los agentes en un ordenador y en el caso de la primera promoción de Agentes de Movilidad, hasta dos, ya que no se incorporaron al uso de la PDA hasta noviembre del pasado a?o.
Esta circunstancia sumada a las negociaciones laborales dio lugar a que los sindicatos comenzasen a darse de baja de la firma electrónica o a solicitar el suyo. El 6 de enero CSI-CSIF, UGT y CC OO mantuvieron un encuentro con el director general de Movilidad, Pedro Ayuso, y el de Atención al Ciudadano. Según los sindicatos, una vez que pusieron las cartas sobre la mesa Ayuso llegó a decirles: "?Cómo lo solucionamos?". Ese mismo día, los sindicatos firmaron un documento, que consta también de la firma de Ayuso, por el que se acordaba unificar la tarjeta corporativa y la firma digital.
"Proceder consecuentemente a la renovación de todos los certificados digitales emitidos con anterioridad", según consta en el documento, en el que también se dice que "se ofrecerá información adecuada a todo el personal". Además, se creará una comisión para comprobar "la legalidad y transparencia del procedimiento de renovación de la firma digital".
CSI-CSIF ha denunciado el asunto a la Agencia Nacional de Protección de Datos y a la de la Comunidad de Madrid. El sindicato también ha puesto una denuncia en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
El Ayuntamiento asegura que los agentes sí fueron informados, aunque no precisa la fecha exacta
Para el portavoz de Movilidad de IU, Angel Lara, ?es impresentable e incomprensible como el Ayuntamiento pueda utilizar de manera, un tanto irregular, datos personales e intransferibles y los use para propio beneficio sin que los propietarios tengan conocimiento de ello?. IU ha pedido la comparecencia del concejal de Movilidad, Pedro Calvo, en el Pleno de marzo para que explique este asunto.
El coordinador de Movilidad, Fernando Autrán, asegura que el Consistorio sí informó a los agentes de que iban a solicitar su firma electrónica aunque no supo precisar la fecha. De igual forma, dice que el Ayuntamiento ha sido "respetuoso" con el procedimiento y que "siempre se informó a los Agentes de Movilidad de todo el proceso y de los documentos que tenían que firmar".
Preguntado por el motivo por qué en el acuerdo de febrero se enfatiza en la información a los trabajadores y la creación de una comisión que vele por la transparencia y seguridad del proceso, precisó que "es lo que manda la norma". Acto seguido, reconoció que tal comisión no existió en la petición inicial de la firma. "Se llamó a cada uno de los agentes a la oficina certificadora, se les informó que iban a recoger la firma electrónica y un funcionario autorizado les entregó la tarjeta encriptada", precisó el coordinador.
