Conflicto con los bomberos
El engaño de las 35 horas del concejal Barbero
LUIS NÚÑEZ-VILLAVEIRÁN
@LNvillaveiran
Madrid
Viernes, 8 marzo 2019 - 01:46
Dos ceses más tarde y con uno de los servicios públicos mejor valorados en pie de guerra, se va desmadejando la crisis entre el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, y el Cuerpo de Bomberos. El delegado, públicamente, ha puesto sobre la mesa la existencia de fondos para acometer la implantación de la jornada de 35 horas en este gremio, pero la asignación presupuestaria de 2019 rebate al delegado.
En un documento al que ha tenido acceso EL MUNDO, en el que está el nombre de Barbero, el ex director general de Emergencias Ignacio Becerril, cargo de confianza del edil, le explica a él y a su equipo que «no habrá dinero suficiente» para cubrir las «necesidades» del servicio con los fondos previstos para 2019. «Es necesario que se revise y ajuste el escenario presupuestario señalado, o se prevea que posiblemente se generará insuficiencia para el año que viene», recoge el escrito.
En concepto de productividad, un epígrafe del que el grueso son las guardias extraordinarias, el presupuesto para 2018 era de 14.974.466 euros. Ante la llegada de nuevos efectivos en junio (nueve oficiales y 75 Bomberos Conductores Especialistas) y pese a la implantación de la jornada de 35 horas, Ignacio Becerril solicitó un monto de 12.993.471,33 euros, pero la asignación final fue de 7.608.100 euros.
Según el cálculo de los Bomberos, si se tienen que mantener 231 personas por turno, los 365 días del año, se necesita un total de unas 22.000 guardias extraordinarias. Si tenemos en cuenta que cada guardia se paga a 680 euros, según el Ayuntamiento, el presupuesto para esta dotación debería de ser de 15 millones de euros, el doble de lo que se concedió y dos millones más de lo que solicitó el ex director general en ese documento.
Esta exposición, que es matemática pura, es lo que Becerril y el ex jefe del Cuerpo de Bomberos explicaron a los responsables del Área de Barbero y también que, sin asignación presupuestaria, era imposible cubrir el servicio. Al no existir, siempre según su versión, se les sugirió entonces la posibilidad de cerrar parques o de reducir el personal de los mismos en horario nocturno, como reflejaba un mail también obtenido por EL MUNDO. A esta solución se negó el ex jefe del Cuerpo porque «un 10% menos de personal es un 10% menos de seguridad», según dijo en la reunión en la que le presentaron estas opciones para implantar las 35 horas.
El discurso del Ayuntamiento respecto a los fondos ha cambiado desde finales del año pasado cuando se inició este conflicto por la implantación de las 35 horas, ya que ahora el Área de Barbero dice que sí hay presupuesto suficiente. El Consistorio lo justifica, en conversación con EL MUNDO, con que el documento referido es antiguo y que se estaba a la espera del decreto ley que estableciera un marco legal para poder consignar la asignación necesaria para implantar las 35 horas.
Además, explica que el acuerdo que firmó con Bomberos el pasado 27 de marzo de 2018 consignaba parte de estas guardias extraordinarias (cinco concretamente) no ya como productividad sino como complemento específico, es decir, como parte del sueldo. No obstante, en el citado documento, no se contemplaba la implantación de las 35 horas que supondrán exactamente el mismo número de guardias que pasan al salario (cinco), por eso el ex director de Emergencias pidió un monto similar al de 2018 para 2019.
Ahora, el Área de Salud, Seguridad y Emergencias ha podido, mediante una instrucción, establece las condiciones para implantar una jornada que el resto de funcionarios municipales disfruta desde el pasado 1 de enero. En el documento, se establece la «adaptación a la jornada establecida detrayendo del calendario personal cinco guardias al personal en turnos de 24 horas» y «15 jornadas diarias al personal en jornadas de ocho horas».
La orden recoge que «dado el carácter excepcional de esta situación, para cubrir los huecos creados al retirar dichas guardias/jornadas, se oferta un paquete de cinco guardias adicionales». Lo que viene a hacer el Ayuntamiento es cambiar guardias obligatorias por extraordinarias para todo el que se presente voluntario. Para ello brindan un plazo de 20 días.
«El número de adscritos lleva muy buen ritmo», explican desde el Área. Las mismas fuentes mantienen que no hay definida una dotación para estas guardias extraordinarias porque se está «a la espera de que se termine el periodo de adscripción voluntaria» y que así se transmitió en las mesas sectoriales. Explican a este periódico que la dotación presupuestaria para sufragar ese coste adicional, que los bomberos cifraron en más de cinco millones de euros, se podrá detraer, a través de intervención municipal, de otras áreas del propio Consistorio.
La asesoría jurídica de Bomberos responde que esta instrucción «no se ajusta a Derecho» porque, según el artículo 33.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), toda negociación colectiva debe estar sujeta a la «cobertura presupuestaria». A día de hoy no existe un «informe favorable» que subsane el exceso de presupuesto para implantar estas 35 horas. Especifican los asesores que si no hay una adscripción voluntaria suficiente para cubrir el servicio, las guardias volverían a pasar de extraordinarias a obligatorias al ser el Cuerpo de Bomberos un servicio esencial. La consecuencia podría ser un conflicto colectivo.
Fuentes del Cuerpo de Bomberos creen que Barbero quiere ganar tiempo hasta las elecciones y pasarle la «patata caliente» a la próxima Administración y que si resulta reelegido tendrá tiempo de pagar esas guardias extraordinarias de carácter voluntario. Teniendo en cuenta que las guardias extraordinarias ya tienen un retraso en el pago de unos siete meses, siempre según los bomberos, sospechan éstos que el pago de las voluntarias, recogidas en la instrucción que implanta las 35 horas, puede demorarse aún más. Salvo que, como explican desde la asesoría jurídica, estas guardias voluntarias se conviertan en obligatorias si no hay suficientes adscritos para realizarlas. En ese caso, si no se sufragan, el delegado podría ser acusado de una prevaricación administrativa al hacer un dictamen sin fondos.
