La Confederación Intersindical Galega (CIG) ha denunciado este martes que la Agencia Tributaria está promoviendo, a través de diferentes medidas, el "desmantelamiento" del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) en Galicia.
Esta situación ha sido denunciada por los delegados sindicales Henrique García y Antón Lestón, en una conferencia de prensa en la que también ha participado el diputado autonómico del BNG Bieito Lobeira, quien ha anunciado que la formación nacionalista pedirá explicaciones al respecto en los parlamentos autonómico y estatal.
El delegado de la CIG en el SVA, Henrique García, ha hecho alusión en primer término a los medios aéreos, y ha explicado que hasta mediados de 2010, este servicio contaba en Galicia con un avión con base en Santiago de Compostela y un helicóptero con base en Vigo.
Sin embargo, "a mediados de 2010" la Agencia Tributaria decidió asignar a una empresa civil la gestión del citado avión, que hasta entonces operaba a través de un convenio con el Ejército del Aire. Por ello fue necesario que fuese trasladado a Madrid para hacer "una serie de reparaciones e inspecciones técnicas" que permitiesen adecuarlo a la aviación civil, ha explicado el indicalista.
Posteriormente, la CIG se ha encontrado con la "sorpresa de que el avión ya no iba a volver", sino que el SVA pasaría de trabajar con tres aviones -con base en Santiago, Murcia y Cádiz- a hacerlo con dos, ambos con base en Alicante. Al mismo tiempo, el helicóptero existente fue sustituido por otro "en peores condiciones y con menos autonomía", ha añadido.
Entrada de droga
El delegado sindical también ha explicado que la "excusa que dan para dejar a todo el norte de la península sin cobertura aérea" es que la entrada de droga a través de barcos por la costa gallega -"una de las puertas fundamentales de entrada de droga para Europa"-, ha descendido, mientras que las aprehensiones se han incrementado en Andalucía y Levante.
Sin embargo, para este sindicato, Galicia "sigue siendo clave para los narcotraficantes", y por ello García ha apuntado que, si bien "las dificultades que se ponían" podían llevar a las redes de tráfico de drogas a desembarcar en otro punto de la geografía española, "si les quitas los medios, automáticamente van a volver a hacerlo en las costas gallegas", puesto que los narcotraficantes gallegos "se siguen dedicando a eso".
Por ello, García ha augurado que estas medidas van a suponer una vuelta a "tiempos pasados, de masificación de planeadoras por las rías y entrada de droga por nuestras costas". En esta línea, la CIG ha solicitado reuniones tanto con el delegado del Gobierno en Galicia, Antón Louro, como con los grupos políticos representados en el Parlamento de Galicia.
Medios marítimos
El responsable de la CIG en la Agencia Tributaria, Antón Lestón, también ha mostrado su "preocupación" por un "desmantelamiento" que no se limita solo a los medios aéreos, sino que también afecta a los marítimos o a la vigilancia de los contenedores que entran en los puertos gallegos.
De hecho, ha explicado que en el puerto de Vigo se ha instalado un escáner "muy costoso" para supervisar el contenido de estos contenedores, pero al que solo han destinado "tres funcionarios", por lo que tan solo puede usarse "de lunes a viernes en horario de mañana", lo que provoca que, de los 250.000 contenedores que entran anualmente en este puerto, sean supervisados cada año "unos 2.000".
Por ello, Lestón ha señalado que "si la disculpa de la Agencia Tributaria es que la droga no entra tanto por mar como a través de contenedores" sería preciso dotar de más personal a este servicio.
El responsable de la CIG también ha criticado el "desmantelamiento" de los medios marítimos del SVA, aludiendo a que ya se ha pedido la sustitución de la embarcación con base en Ribadeo por "su antigüedad y por la cantidad de averías"; al hecho de que la de Muros tenga "más de 25 años"; que la de Marín "trabaja quince días al mes por falta de personal"; y que otro buque del SVA lleve "meses atracado en Vigo".
Proceso de "precarización"
En el mismo sentido, el diputado del BNG, Bieito Lobeira, también ha criticado el "proceso progresivo, paulatino e irresponsable de desmantelamiento y precarización de los medios existentes para la lucha contra el narcotráfico" que Galicia viene padeciendo desde hace años, y ha apuntado que "no puede olvidarse" el "drama histórico" con "consecuencias devastadoras" que esta autonomía vivió a causa de "la lacra del narcotráfico y sus mafias".
"Tampoco se puede olvidar que el 60 por ciento de la cocaína aprehendida sigue entrando por Galicia", ha añadido Lobeira, quien ha acusado al Gobierno de España de ver la lucha contra el narcotráfico como un "negocio" y no como un "servicio público".
Asimismo, el diputado nacionalista también ha criticado al Gobierno gallego por no haber tenido "un momento para preocuparse de esta situación" a pesar de los acuerdos parlamentarios aprobados al respecto.
Por ello el BNG va a exigir explicaciones en el Parlamento de Galicia y en el Congreso de los Diputados, al mismo tiempo que solicitarán la comparecencia de los delegados de la CIG en la cámara gallega, con el ánimo de "terminar con este trato vergonzoso, humillante e indignante del Estado a Galicia" en esta materia, ha sentenciado Lobeira.
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La CIG cree que la eliminación de medios aéreos del Servicio de Vigilancia Aduanera acometida en los últimos meses por la dirección de ese organismo en Galicia podría suponer un repunte de la actividad de los narcotraficantes en la zona. Miembros del sindicato nacionalista en la Agencia Tributaria y en el propio SVA han querido criticar el "desmantelamiento" efectuado, que ha supuesto una importante merma en la calidad y cantidad de medios aéreos de ese servicio.
Pese a que hasta mediados de 2010 la comunidad autónoma disponía de un avión y de un helicóptero especializados en labores de vigilancia en temas relacionados con narcotráfico, esa flota se limita en la actualidad a un único helicóptero "de menor autonomía y capacidad de cobertura" que el anterior.
El avión con base en Santiago que hasta el año pasado vigilaba Galicia ha sido derivado al sur de la Península, mientras que el helicóptero de Vigo ha sido sustituido por la falta de un galpón adecuado para realizar las necesarias operaciones de mantenimiento del mismo.
Enrique Outeiral y Antón Lestón, sindicalistas y trabajadores del SVA y de la Agencia Tributaria, no ven de recibo que los responsables de estos departamentos se escuden en una supuesta disminución de la droga introducida en España por el litoral gallego, pues creen que si ésta se ha producido es, precisamente, por los medios y el trabajo desarrollados hasta ahora por el servicio de vigilancia.
Según los datos de la Agencia Tributaria facilitados por Outeiral, hasta octubre de 2010 se incautaron en Galicia 2.300 kilos de cocaína y 793 de hachís. No obstante, el sindicalista cree que a esas cifras hay que añadir 25.000 kilos de hachís más interceptados en Andalucía, pero que pertenecían a narcotraficantes gallegos y que tenían como destino esta Comunidad.
Outeiral recordó además que en 2010 se realizaron operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales por importe de 86 millones de euros, y recordó que "gran parte de este dinero procede del narcotráfico".
La CIG cree que, aún aceptando una reducción de la cantidad de droga introducida por Galicia, la eliminación de medios del Servicio de Vigilancia Aduanera supondrá sin duda un repunte de la actividad relacionada con el narcotráfico, "porque es un terreno que conocen y tienen posibilidades de contactos". En ese sentido, Outeiral cree que "la medida supondrá volver a tiempos pasados, cuando las planeadoras proliferaban en las rías".
Antón Lestón asegura que la falta de personal hace que de los 250.000 contenedores que cada año llegan al puerto de Vigo tan sólo 2.000 sean escaneados. Además, explicó que pese a que ya en febrero de 2009 la CIG pidió usar el Centro Zonal de Coordinación de Salvamento para controlar el litoral gracias a su sistema de videovigilancia, ni Fomento ni la Agencia Tributaria respondieron a este requerimiento que "tendría un coste 0".
Lestón también señala que la embarcación de vigilancia con base en Ribadeo es muy antigua, al igual que la de Muros, y sus peticiones de renovación todavía no han sido atendidas.
El parlamentario del BNG Bieito Lobeira tilda de "absoluta irresponsabilidad" estas medidas en una Comunidad que "ha sufrido un drama histórico colectivo de consecuencias devastadoras para la sociedad". Por ese motivo pedirá explicaciones en el Parlamento y trasladará la problemática a las Cortes.
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