Autor Tema: Nombramientos y destituciones en las jefaturas  (Leído 232941 veces)

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Re:Nombramientos y destituciones en las jefaturas
« Respuesta #900 en: 09 de Febrero de 2020, 07:19:36 am »
José Manuel Franco será el nuevo delegado del Gobierno en Madrid

    EUROPA PRESS
    Madrid

Sábado, 8 febrero 2020 - 11:57

El secretario general del PSOE-M sustituirá a la actual representante del Ejecutivo central en la región, María Paz García Vera.



https://www.elmundo.es/madrid/2020/02/08/5e3e9406fdddffb7148b4615.html

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Re:Nombramientos y destituciones en las jefaturas
« Respuesta #901 en: 03 de Marzo de 2020, 07:22:26 am »

Relevo al frente de la unidad de élite de la Policía que participó en el espionaje a Bárcenas
Mariano Hervás, número dos de la UCAO cuando se produjo la Operación Kitchen, se incorporará a un puesto de menor entidad en la Jefatura de Policía de Madrid
Pedro Águeda
03/03/2020 - 06:30h

La Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía cambia de jefe en plena investigación por el espionaje a Luis Bárcenas, una operación en la que el Ministerio del Interior que dirigía Jorge Fernández Díaz en el Gobierno de Mariano Rajoy implicó a esta estructura de élite, han informado a eldiario.es fuentes del Cuerpo. El comisario Mariano Hervás ejercía como el número dos de la UCAO cuando se desarrolló la Operación Kitchen, destinada presuntamente a sabotear la investigación judicial sobre la caja B del Partido Popular.

Aunque forma parte de la Comisaría General de Información (CGI), el servicio antiterrorista, la UCAO trabaja para toda la Policía. Sus agentes captan fuentes para los casos más relevantes en el combate al terrorismo o el crimen organizado, manejan los sistemas de seguimientos y escuchas y realizan las vigilancias de los objetivos, además de facilitar al resto de unidades información de empresas, bancos, teleoperadoras e instituciones.

Con estas características, la UCAO ha recibidos "encargos especiales" por parte de los diferentes gobiernos, según admiten fuentes de la policía. El 13 junio de 2013, Luis Bárcenas ingresó en prisión provisional y al poco decidió tirar de la manta sobre dos décadas de financiación irregular en el PP. En plena efervescencia de la brigada política, un grupo de mandos dedicados a atacar a la oposición, se puso en marcha la Operación Kitchen, cuyo fin era encontrar la documentación que el extesorero pudiera esconder y que perjudicara al partido, según sospechan los investigadores.

Por contra, los principales investigados en relación con aquel operativo defienden que su único fin fue localizar el dinero escondido por Bárcenas e identificar a sus testaferros. Ninguno de los trabajos o conclusiones a las que llegaron los policías que participaron en aquel encargo fue puesto en conocimiento del juez de la caja B, Pablo Ruz, o de los policías de la UDEF que trabajaban a sus órdenes. Hervás, que no figura entre los imputados por el espionaje a Bárcenas, se incorporará en los próximos días a un destino de menor entidad en la Jefatura Superior de Madrid, precisan las fuentes consultadas.

Al frente de la UCAO durante 30 años y también en aquel momento estaba el comisario Enrique García Castaño, imputado en esta pieza y en otras del caso Tándem, en las que se le acusa de facilitar presuntamente información confidencial al comisario José Manuel Villarejo, que luego éste utilizaba para elaborar dosieres que vendía a precios millonarios. En los últimos años, García Castaño tuvo como número dos a Mariano Hervás, que era jefe del Área Especial de Seguimientos (AES) y quien le sustituyó cuando fue destituido de su puesto en la UCAO en febrero de 2017.

La pieza secreta que investiga el espionaje a Villarejo mantiene como investigados a todos los miembros de la primera línea de la brigada política que operó en la Policía durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. La investigación judicial dio un salto cualitativo el pasado enero al ser citado como investigado el que fuera número dos del Ministerio del Interior Francisco Martínez.

El grupo de policías captó al chófer de la familia Bárcenas, al que pagó 48.000 euros de los fondos reservados, le entregó una pistola y después facilitó su ingreso en la Policía, a los 42 años. El entonces jefe de la UCAO, García Castaño, ha reconocido ante el juez haber allanado un local donde la mujer de Bárcenas guardaba cuadros con las llaves que les entregó el chófer, Sergio Ríos Esgueva. Sus subordinados controlaron los movimientos de Rosalía Iglesias a través de la monitorización de su teléfono ymás de 70 agentes del Área Especial de Seguimientos (AES), que dirigía Mariano Hervás, siguieron a la mujer y a su entorno por turnos, sin conocer, como les suele ocurrir, dentro de qué dispositivo estaban actuando.
Superar el "descrédito" de la época de Fernández Díaz

El estallido del caso Villarejo en noviembre de 2017 supuso la culminación de una época de "descrédito" para la Policía por su utilización partidista durante los cuatro años anteriores, con Fernández Díaz en el Ministerio del Interior y, sobre todo, el comisario Eugenio Pino como jefe operativo del Cuerpo, según reconocen sus actuales responsables. Unidades de élite como la UDEF, a la que pertenece la Brigada Anticorrupción, o la propia UCAO, intentan recuperarse mientras asisten sobresaltadas a las novedades del caso Villarejo.

Solo en las piezas que no están secretas, la UCAO tiene a cinco miembros o antiguos integrantes con la condición de investigados. Entre ellos, el que fuera jefe de Relaciones Institucionales, Constancio Riaño. Esta sección de la UCAO era la encargada de satisfacer las peticiones que cualquier unidad del Cuerpo realizaba de información procedente de organismos oficiales o privados.

De esa sección, considera el juez y los fiscales, habría salido información para Villarejo, pero no solo. Riaño reconoció ante el juez del caso que también había facilitado titulares de números de teléfono y matrículas a Antonio González Pacheco, Billy el Niño, al que decenas de testimonios describen como un destacado torturador en los últimos años del franquismo y durante la Transición. Como desveló eldiario.es,Billy el Niño facturó cerca de 700.000 euros con una empresa de seguridad privada mientras su amigo Riaño estuvo destinado en Relaciones Internacionales de la UCAO. Constancio Riaño se jubiló en 2016.


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Re:Nombramientos y destituciones en las jefaturas
« Respuesta #902 en: 04 de Marzo de 2020, 07:19:06 am »
Falta de personal?

No me lo puedo creer....y la reseña de los 86, 12 están de baja o jubilados se sale...por que ya no serían 86, los jubilados ya no contamos en las plantillas.



El nuevo jefe de la Policía Local de San Vicente se enfrenta a la falta de agentes

José Emilio Fernández deja Elda y toma posesión por dos años como máximo responsable policial - Su primera medida es tratar de cubrir las vacantes con la oferta pública y abrir una bolsa de empleo

v. mora 02.03.2020 | 22:10


De los 86 policías y mandos, 12 están de baja o jubilados.

Después de varios meses sin jefe de la Policía Local, San Vicente del Raspeig dio la bienvenida ayer al nuevo comisario jefe, José Emilio Fernández Reyes; un cargo que asume en comisión de servicio para los próximos dos años. Llega casi sin tiempo para adaptarse porque sobre su mesa se acumulan asuntos acuciantes: dimensionar la plantilla policial y modernizarla.

Se trata de temas que han quedado pendientes y que afectan al día a día de la plantilla policial. El más importante es el encaje de bolillos que debe hacer para que los servicios se realicen de la mejor forma posible, a pesar de la falta de personal. Y con el handicap de que el municipio no ha ido reponiendo las jubilaciones de los últimos años.

San Vicente del Raspeig tiene una plantilla compuesta por 86 personas. Pero en la calle son muchos menos agentes. En concreto están pendientes de cubrir, bien por jubilación o por bajas, 11 plazas de agente, 2 de oficial, la de comisario y la de intendente que va a quedar vacante en abril, puesto que el actual ha anunciado su marcha para este mes.

Fernández llega de ser comisario en la ciudad de Elda que, con 52.000 habitantes, tiene una plantilla policial mayor que San Vicente, con 120 agentes.

El propio alcalde, Jesús Villar, ha reconocido en alguna ocasión que al menos debería contar con una treintena más de agentes para poder cumplir con las necesidades del municipio. Y así también lo han advertido en informes internos el comisario jefe jubilado en diciembre, Mariano Jiménez, y el intendente, Francisco Negrete, dando la voz de alarma desde hace más de dos años de la precaria situación en la que se encuentra el cuerpo. Ambos han hecho hincapié en que repercute tanto en una falta de seguridad para el municipio como también una mayor exposición de los agentes.

Fernández es plenamente consciente de los principales problemas que se va a encontrar en San Vicente y reconoce que en esa línea van a ir sus primeras actuaciones. «Lo inmediato es la reestructuración de la plantilla a través de la oferta de empleo público para ganar en efectividad. De esta forma el pueblo ganará en seguridad y en servicios». El segundo punto pasa por modernizar el cuerpo.

El nuevo comisario considera que se debe de «dimensionar la plantilla a dónde debería estar, porque hay un déficit de personal», a la vez que reconoce que será complicado contar con todos los agentes que necesita el municipio, al menos en el corto plazo. De ahí que una de las primeras decisiones que se va a tomar es la apertura de una bolsa de empleo para que accedan agentes en comisión de servicios. Ello irá paralelo a la oferta de empleo público «para cubrir de inmediato lo que se pueda». Su intención es contar con entre 10 y 12 agentes. Aunque no es la panacea puesto que reconoce la dificultad de conseguirlo porque «los agentes se incorporan en mejoras de empleo y, que se cubran con la tesitura actual que hay en todas las policías, está complicado. De ahí que paralelamente hagamos la oferta de empleo público»

Ayer mismo, tras el acto de toma de posesión, se sentaba con el concejal de Seguridad, José Manuel Ferrándiz, para tomar las primeras decisiones. «Estamos viendo necesidades para preparar los informes e intentar que los sanvicenteros tengan la Policía que se merecen», aseguraba. Y hacía hincapié en que el problema de que la plantilla no se pueda incrementar «no lo tiene únicamente San Vicente».

Otro de los asuntos pendientes que asume el nuevo jefe policial es la adscripción de turnos, que por primera vez no se ha hecho a principios de año. Significa dotar a cada servicio y turnos con el personal adecuado y el nuevo comisario es conocedor del compromiso de volver a dotar al servicio de la Policía Local en violencia de género Viogén con el tercer agente suprimido el año pasado.
Solucionar problemas


En la oposición, los grupos confían en que con la incorporación del nuevo comisario se solucionen los «graves problemas que tenemos en la Policía, el primero de ellos la asignación de turnos y recuperar el agente de Viogén», expresaba el portavoz de Cs, Pachi Pascual. Su formación solicitaba en enero, a raíz del informe que realizó en diciembre el intendente, los otros informes a los que hacía referencia Negrete en los que tanto el anterior comisario como el intendente, venían advirtiendo, al menos desde 2018, de la necesidad de incrementar la plantilla.

Por su parte, el portavoz del PP, Óscar Lillo, señalaba que el nuevo comisario «nos consta que es un gran profesional que viene para intentar mejorar la situación». Lillo reconoce que se va a encontrar una plantilla «que a pesar de las carencias de personal, y a veces en cuanto a medios, siempre velan por la seguridad». Y reconoce que «va a tener mucho trabajo con Viogén, la reestructuración de la plantilla, los turnos, la incorporación de nuevas plazas y poner un poco en orden todo el departamento».
«Espero tener la plantilla estabilizada en tres o cuatro meses más o menos»


El nuevo jefe de la Policía llega al puesto con «ilusión» y consciente del reto de trabajar con pocos efectivos

El nuevo jefe de la Policía local de San Vicente por los próximos dos años, José Emilio Fernández Reyes, llega de Elda donde ha ejercido como comisario desde octubre de 2015. Su puesto anterior fue inspector jefe en Xixona entre 2007 y 2015; y seis años antes había sido el jefe de la Policía de Biar. Es natural de Villena, donde nació hace 51 años y lugar en el que comenzó su carrera policial en 1990 y hasta 2001. Y es el coautor, junto a una psicóloga de San Vicente del Raspeig, del Método Cherí para la Prevención y el Tratamiento del Acoso Escolar que está patentado.

Reconoce que se incorpora al puesto con «toda la ilusión», consciente de los retos a los que se enfrenta y con la intención de «con lo que tenemos, ver qué podemos hacer».

Considera que su trayectoria puede aportar «un plus» a la policía sanvicentera. Llega de un municipio de unos 6.000 habitantes menos que San Vicente con más agentes, «lo que va a representar un mayor esfuerzo en seguridad y en conseguir el objetivo de reestructurar la plantilla».

Ganas de trabajar no le faltan: «La concejalía lo quiere para ya, y yo para ayer», señala. Sin atreverse a dar plazos concretos, confía en que en tres o cuatro meses «la plantilla esté estabilizada».

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Re:Nombramientos y destituciones en las jefaturas
« Respuesta #903 en: 06 de Marzo de 2020, 14:47:53 pm »

El Tribunal de Cuentas investiga a Interior por 40 nombramientos irregulares en la Guardia Civil



Los agentes, en comisión de servicio, estarían incrementando la partida presupuestaria que Interior transfiere a la Comandancia de Cádiz por una plantilla de efectivos que en la práctica no existe.
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MARÍA JAMARDO05/03/2020 06:46
Hasta 40 nombramientos de agentes de la Guardia Civil comisionados en la Comandancia de Cádiz están siendo investigados por el Tribunal de Cuentas. Se trata de efectivos que, sobre el papel, ocupan una plaza a la que no acuden a trabajar porque en la práctica están asignados de forma permanente a otra distinta en comisión de servicio. Esto es, ocupan dos puestos pero cobran sólo por uno de ellos. El Tribunal de Cuentas rastrea si los presupuestos asignados por el Ministerio del Interior a dicha Comandancia responden al pago de un número superior de agentes al que en realidad existe, y de confirmarse este extremo, a qué se ha destinado el dinero sobrante.

El tribunal administrativo ya ha solicitado a la Fiscalía que se pronuncie sobre la información disponible y elabore el escrito de acusación si considera que, como ha denunciado la asociación ‘Una Policía para el siglo XXI’, Interior ha estado incurriendo, por acción u omisión, en una mala gestión de los fondos públicos en las partidas destinadas a gastos de personal.


El pasado mes de octubre, ‘Una Policía para el siglo XXI’ presentó un escrito ante la Inspección de Servicios de Personal y Seguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad (SES), solicitando que se revisaran las asignaciones para los efectivos de la Comandancia de Cádiz donde, según fuentes internas, hasta cuarenta guardias civiles estarían prestando servicio comisionados de manera irregular.

Durante los últimos años, cada vez que se jubila un agente y queda libre una vacante, en lugar de ofrecerla en concurso público, se cubre con un miembro de la plantilla que no deja libre su puesto anterior, en base al que cobra. Sin embargo, a efectos oficiales, el agente en comisión de servicio computa como efectivo asignado a la Comandancia de Cádiz que recibe del Ministerio del Interior un presupuesto en función del número total de guardias, 40 más de los que hay.


El Tribunal de Cuentas trata ahora de determinar si dichas partidas incluyen los gastos de personal (nóminas) de los guardias civiles que prestan servicio en dicha Comandancia, cuál ha sido el destino final del exceso presupuestario recibido y si lo que ocurre en Cádiz se repite en otras delegaciones territoriales del Instituto Armado porque, de confirmarse las irregularidades, el agujero para los fondos públicos del Ministerio del Interior, podría ser incalculable.

Defensor del Pueblo


La SES «se lavó las manos» con el escrito inicial presentado por la asociación ‘Una Policía para el siglo XXI’ para denunciar los hechos, confirman desde la misma a OKDIARIO, «y se lo remitieron a la Guardia Civil para despachar el expediente más pronto que tarde«. «Desde el Instituto Armado recibimos un escrito en el que se nos desautorizaba para ejercer cualquier tipo de petición de información por no ser una asociación corporativa» vinculada al mismo, lamentan.

«Nuestro último acto previo y simultáneo a la intervención del Tribunal del Cuentas ha sido recurrir al Defensor del Pueblo para que también se implique en la investigación e inste a Interior a cumplir la ley», añaden.

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Re:Nombramientos y destituciones en las jefaturas
« Respuesta #904 en: 14 de Marzo de 2020, 13:43:29 pm »


Cesado el jefe de prevención de la Policía autor del plan contra el coronavirus


Su destitución se ha producido tras publicarse en los medios un borrador de medidas de prevención en el cuerpo.
14.03.2020 - 10:13h

La Policía Nacional ha cesado al Jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y autor del plan de actuación del cuerpo contra el coronavirus, José Antonio Nieto, según han confirmado fuentes de Interior y sindicales.

La destitución de Nieto se ha producido después la publicación en los medios de un borrador de medidas de prevención en el cuerpo antes de que el texto definitivo fuera comunicado oficialmente.

El Sindicado Unificado de Policía (SUP) ha denunciado en un comunicado que la decisión se ha producido sin un motivo objetivo, a tres meses de la jubilación del "máximo especialista" en riesgos laborales del cuerpo y después de que trascendiera este documento "sin alerta alguna sobre su carácter de borrador" solo unas horas antes de ser difundido de forma oficial con la firma del director general del cuerpo.

En un comunicado, la Unión Federal de Policía Nacional ha rechazado la destitución de Nieto "por razones que nadie ha explicado hasta el momento" y ha valorado su trayectoria y su condición de "figura clave" en el desarrollo de programas y recomendaciones para evitar el contagio de policías por el Covid-19.


A su juicio, se trata de un error y un "acto de grave de irresponsabilidad", por lo que pide su reposición en su puesto de trabajo y la asunción de responsabilidades de los responsables de esta decisión.

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Re:Nombramientos y destituciones en las jefaturas
« Respuesta #905 en: 18 de Marzo de 2020, 12:35:14 pm »


JEFE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

La inexplicable bronca de Sanidad a la Policía a causa del coronavirus


"El que más sabe dentro de la Policía sobre prevención de riesgos, creador de las primeras medidas contra el coronavirus, el que desaconsejaba las aglomeraciones en enero"
NACHO ABAD
Coronavirus
Policía Nacional
Ministerio de Sanidad
17/03/2020 21:41
La crisis sanitaria provocada por el coronavirus ha ido caminando por diferentes etapas desde que se conoció su existencia, desde principios de enero, concretamente el día 8, cuando China comienza a ofrecer datos. En la Policía, el Servicio de Prevención de riesgos laborales tenía a un responsable al frente, José Antonio Nieto González, que fue un visionario. Él, que es médico, especialista de trabajo y técnico superior en riesgos laborales, intuyó la que se venía encima y se conjuró con su equipo para poner todos los medios y tratar de evitar que los agentes se contagiaran por el virus. Básicamente, cumplir con su responsabilidad.


Cesado el jefe de prevención de Policía autor del plan contra el coronavirus
EFE

Por eso, menos de dos semanas después de las primeras alarmas, el 21 de enero, avisó mediante nota interna a sus superiores del enorme riesgo que suponía el coronavirus para los 65.000 efectivos del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y propuso tomar medidas. Tres jornadas después, el 24 de enero, cuando todavía la percepción del riesgo en España tenía un perfil bajo, ya que no se había detectado ningún caso en nuestro país, mandó por 'mail' un boletín a todos los agentes. En ese boletín, que también se publicó en la web de la Policía, se imprimió y se distribuyó por las comisarías para que tuviese difusión nacional, se explicaba qué era el coronavirus, de dónde provenía, en qué países había ya positivos, se hacían recomendaciones de higiene, se explicaban sus síntomas, cuáles eran las vías de contagio, y lo más importante se advertía de que el coronavirus podía llegar a España.


Por eso "se recomienda a todos los funcionarios policiales de puestos fronterizos de los aeropuertos que adopten las siguientes medidas preventivas con los vuelos procedentes de China. 1º Utilización de guantes de nitrilo de un solo uso en control documental o inspección de equipajes y cacheos. 2º. Utilización de mascarillas FFP 2 en el control de documentación a todos los pasajeros procedentes de China independientemente de su nacionalidad. 3º Evitar aglomeraciones (nótese que hablamos del 24 de enero)". Lo siguiente fue mandar mascarillas y guantes a los aeropuertos para que los agentes los usaran.

La publicación de las recomendaciones y lo atípico de miembros de la policía cubriéndose manos y rostro en los aeropuertos no pasó desapercibido para el Ministerio de Sanidad ni para el Gobierno, que se lo recriminaron a los agentes: "Estáis creando alarma social". Hubo incluso alguna televisión que lo contó, para mayor cabreo de Sanidad. A pesar de la refriega, José Antonio y su equipo siguieron en la brecha. Liberaron una partida de 300.000 euros para comprar mascarillas, guantes y monos de protección. Por entonces los precios eran los razonables. De hecho ahora mismo los almacenes de la Policía cuentan con 14.000 mascarillas y 22.000 guantes que no habrían existido sin la visión de futuro de la sección de riesgos laborales.

Si los policías nos contagiamos y tenemos que hacer cuarentena ¿quién va a controlar la seguridad y el orden social de nuestro país?

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No fue hasta el 31 de enero que se detectó en España el primer caso de coronavirus. Fue en La Gomera, un turista alemán. Por entonces, la percepción del riesgo en nuestro país seguía siendo baja. Ningún responsable político supo ver la crisis médica, social y económica que se avecinaba.

El 27 de febrero se celebró en el Ministerio de Sanidad una reunión a la que asistieron, entre otros, una persona del equipo de Fernando Simón, y los responsables de riesgos laborales de la Policía y la Guardia Civil. En ese encuentro, en el que se trataba de coordinar estrategias, la trabajadora del Ministerio de Sanidad volvió a afear en público la alarma social que estaba creando la policía con el uso de mascarillas y guantes. Finalmente, de aquel encuentro salió un informe para todos los servicios de prevención en el que se clasificaban las distintas actividades de riesgo y se incluía a la Policía y a la Guardia Civil como personal con baja probabilidad de exposición al coronavirus. "Igual que los sanitarios, las fuerzas del orden son prioritarias", apunta una fuente sindical, "si los policías nos contagiamos y tenemos que hacer cuarentena ¿quién va a controlar la seguridad y el orden social de nuestro país? Somos primera línea y debemos ser considerados como tal. Por eso deben facilitarnos para nuestro trabajo el equipo de protección individual. Mascarilla, guantes y mono cuando sea necesario".


A José Antonio Nieto González lo han destituido al frente del Servicio de Prevención de Riesgos laborales del La dirección General de la Policía. La decisión, según todos los sindicatos, es incomprensible: "El que más sabe dentro de la Policía sobre prevención de riesgos, creador de las primeras medidas contra el coronavirus, el que desaconsejaba las aglomeraciones en el mes de enero, mientras otros se manifestaban el 8 de marzo, al que abroncó Sanidad por crear alarma social… A ese lo han tirado a la calle a tres meses de su jubilación. Dejan sin dirección a la prevención de la Policía cuando más fuerza hay que hacer para vencer a este virus. Es una irresponsabilidad, pero así nos va".


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Re:Nombramientos y destituciones en las jefaturas
« Respuesta #906 en: 26 de Marzo de 2020, 06:40:46 am »


Juan Antonio Delgado, ex diputado de Podemos, nuevo asesor en el equipo de Marlaska en Interior

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) - El Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska ha fichado a Juan Antonio Delgado Ramos, guardia civil y ex diputado de Unidas Podemos en el Congreso, como asesor del departamento, en principio dentro del gabinete de la Dirección General de Tráfico (DGT), según han confirmado a Europa Press varias fuentes conocedoras del nombramiento.

https://www.europapress.es/nacional/noticia-juan-antonio-delgado-ex-diputado-podemos-nuevo-asesor-equipo-marlaska-interior-20200325215629.html




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Re:Nombramientos y destituciones en las jefaturas
« Respuesta #907 en: 22 de Mayo de 2020, 09:26:50 am »

El policía de la caja B del PP asciende y sale de una brigada anticorrupción sin medios y desmoralizada
El inspector jefe Morocho va destinado a Canfranc, puesto que solicitó tras no recibir ofertas para seguir en la lucha anticorrupción. Marlaska ha evitado hacer cambios en la UDEF, al frente de la cual sigue el comisario que aupó el Partido Popular
Pedro Águeda Follow @pedroagueda
21/05/2020 - 22:13h

El policía que investigó el caso Gürtel y que continuaba indagando en la caja B del Partido Popular, ha ascendido a inspector jefe, lo que motiva su cambio de destino. Manuel Morocho será el nuevo jefe de la Sección de Documentación y Extranjería del puesto fronterizo de Canfranc, el destino que había solicitado, después de no haber recibido ofertas internas para seguir vinculado a la investigación de la corrupción y los delitos económicos, han confirmado a eldiario.es fuentes policiales.

La salida de Morocho de la Brigada Anticorrupción, enmarcada en la UDEF, es un capítulo más del abandono que sufre la Unidad desde que fuera utilizada por el Gobierno del PP como un instrumento para blanquear los informes de su policía política contra el procés y Podemos. Al nombramiento de mandos afines al PP por encima de Morocho le siguió la política del actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien no ha realizado ningún cambio en la estructura de la lucha anticorrupción. El actual director general de la Policía, Francisco Pardo, del círculo de José Bono, ha dejado al frente de la UDEF al mismo comisario que designó Juan Ignacio Zoido.

La UDEF fue una creación del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y en seguida despuntó por casos como Malaya, Astapa y Gürtel. De aquella época a ahora, la Brigada Anticorrupción de la UDEF ha perdido más del 50% de agente operativos. Policías decepcionados con la trayectoria de la que fuera unidad de élite han pedido otros destinos sin que hayan sido repuestos.

En la época de Fernández Díaz en Interior, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil fue ganando protagonismo frente a la UDEF y se hizo, con la confianza de la Fiscalía, con los casos de corrupción más significativos de esa época, como Púnica o Lezo, ambos vinculados al PP de Madrid.
Intentos de "desestabilizar" a los investigadores

En la actualidad, Morocho dirigía un grupo de tres personas y continuaba investigando el caso de la financiación irregular del PP, una pieza separada del caso Gürtel que aún permanece abierta. Las revelaciones acerca de la caja B, algunas de ellas incluidas en la sentencia del primer gran juicio de Gürtel, provocaron la moción de censura que acabó con el Gobierno del PP y Mariano Rajoy en 2018.

La única comparecencia pública del policía se produjo en noviembre de 2017, cuando fue llamado a declarar en la comisión de investigación de la financiación irregular del PP en el Congreso. Allí denunció los intentos de "desestabilizar" que había sufrido la investigación del caso Gürtel y la caja B. Dirigentes del Partido Popular habían llegado a poner siete querellas contra los investigadores policiales, del caso, todas ellas desestimadas por los tribunales, según explicó el policía.

El equipo formado por el juez Pablo Ruz, la fiscal Concepción Sabadell y el inspector Morocho llevaron adelante un caso que ha acabado con abultadas condenas a los responsables de la trama Gürtel en las distintas piezas que se han juzgado. Aún resta por llegar a juicio la pieza de la caja B, la presunta financiación irregular del Partido Popular durante más de 20 años.

A las presiones externas, Morocho y sus policías tuvieron que añadir las internas. En tiempos de Fernández Díaz llegaron a ser interrogados por la Unidad de Asuntos Internos al relacionarles de forma infundada con una filtración que les era ajena. Más recientemente se ha conocido la operación fraguada en el Ministerio del Interior para sabotear el caso a través del espionaje a Bárcenas. La brigada política en tiempos del PP utilizó fondos reservados para, supuestamente, descubrir a los testaferros del extesorero y encontrar el dinero que escondía. Esa es la versión de sus protagonistas. Ni el juez Ruz, ni los policías a su cargo fueran nunca informados de ello.

La investigación del espionaje a Bárcenas es una pieza separada del caso Villarejo. Los policías que trabajan en él a las órdenes del juez Manuel García-Castellón pertenecen a la Unidad de Asuntos Internos. Al frente de ese grupo de agentes se sitúa un inspector, Gonzalo F., que ha ascendido en la misma promoción que Morocho. El nuevo inspector jefe ha logrado una plaza en Santiago de Compostela, pero seguirá al frente del caso Villarejo a través de una comisión de servicio, un mecanismo extraordinario que permite a la Dirección de la Policía destinar a un agente en un puesto distinto al que le corresponde por concurso.


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Re:Nombramientos y destituciones en las jefaturas
« Respuesta #908 en: 22 de Mayo de 2020, 09:59:05 am »
La UDEF . . . y qué coño es la UDEF? . . . Pujol dixit.

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Re:Nombramientos y destituciones en las jefaturas
« Respuesta #909 en: 22 de Mayo de 2020, 18:11:42 pm »

El policía de la caja B del PP asciende y sale de una brigada anticorrupción sin medios y desmoralizada
El inspector jefe Morocho va destinado a Canfranc, puesto que solicitó tras no recibir ofertas para seguir en la lucha anticorrupción. Marlaska ha evitado hacer cambios en la UDEF, al frente de la cual sigue el comisario que aupó el Partido Popular
Pedro Águeda Follow @pedroagueda
21/05/2020 - 22:13h

El policía que investigó el caso Gürtel y que continuaba indagando en la caja B del Partido Popular, ha ascendido a inspector jefe, lo que motiva su cambio de destino. Manuel Morocho será el nuevo jefe de la Sección de Documentación y Extranjería del puesto fronterizo de Canfranc, el destino que había solicitado, después de no haber recibido ofertas internas para seguir vinculado a la investigación de la corrupción y los delitos económicos, han confirmado a eldiario.es fuentes policiales.

La salida de Morocho de la Brigada Anticorrupción, enmarcada en la UDEF, es un capítulo más del abandono que sufre la Unidad desde que fuera utilizada por el Gobierno del PP como un instrumento para blanquear los informes de su policía política contra el procés y Podemos. Al nombramiento de mandos afines al PP por encima de Morocho le siguió la política del actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien no ha realizado ningún cambio en la estructura de la lucha anticorrupción. El actual director general de la Policía, Francisco Pardo, del círculo de José Bono, ha dejado al frente de la UDEF al mismo comisario que designó Juan Ignacio Zoido.

La UDEF fue una creación del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y en seguida despuntó por casos como Malaya, Astapa y Gürtel. De aquella época a ahora, la Brigada Anticorrupción de la UDEF ha perdido más del 50% de agente operativos. Policías decepcionados con la trayectoria de la que fuera unidad de élite han pedido otros destinos sin que hayan sido repuestos.

En la época de Fernández Díaz en Interior, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil fue ganando protagonismo frente a la UDEF y se hizo, con la confianza de la Fiscalía, con los casos de corrupción más significativos de esa época, como Púnica o Lezo, ambos vinculados al PP de Madrid.
Intentos de "desestabilizar" a los investigadores

En la actualidad, Morocho dirigía un grupo de tres personas y continuaba investigando el caso de la financiación irregular del PP, una pieza separada del caso Gürtel que aún permanece abierta. Las revelaciones acerca de la caja B, algunas de ellas incluidas en la sentencia del primer gran juicio de Gürtel, provocaron la moción de censura que acabó con el Gobierno del PP y Mariano Rajoy en 2018.

La única comparecencia pública del policía se produjo en noviembre de 2017, cuando fue llamado a declarar en la comisión de investigación de la financiación irregular del PP en el Congreso. Allí denunció los intentos de "desestabilizar" que había sufrido la investigación del caso Gürtel y la caja B. Dirigentes del Partido Popular habían llegado a poner siete querellas contra los investigadores policiales, del caso, todas ellas desestimadas por los tribunales, según explicó el policía.

El equipo formado por el juez Pablo Ruz, la fiscal Concepción Sabadell y el inspector Morocho llevaron adelante un caso que ha acabado con abultadas condenas a los responsables de la trama Gürtel en las distintas piezas que se han juzgado. Aún resta por llegar a juicio la pieza de la caja B, la presunta financiación irregular del Partido Popular durante más de 20 años.

A las presiones externas, Morocho y sus policías tuvieron que añadir las internas. En tiempos de Fernández Díaz llegaron a ser interrogados por la Unidad de Asuntos Internos al relacionarles de forma infundada con una filtración que les era ajena. Más recientemente se ha conocido la operación fraguada en el Ministerio del Interior para sabotear el caso a través del espionaje a Bárcenas. La brigada política en tiempos del PP utilizó fondos reservados para, supuestamente, descubrir a los testaferros del extesorero y encontrar el dinero que escondía. Esa es la versión de sus protagonistas. Ni el juez Ruz, ni los policías a su cargo fueran nunca informados de ello.

La investigación del espionaje a Bárcenas es una pieza separada del caso Villarejo. Los policías que trabajan en él a las órdenes del juez Manuel García-Castellón pertenecen a la Unidad de Asuntos Internos. Al frente de ese grupo de agentes se sitúa un inspector, Gonzalo F., que ha ascendido en la misma promoción que Morocho. El nuevo inspector jefe ha logrado una plaza en Santiago de Compostela, pero seguirá al frente del caso Villarejo a través de una comisión de servicio, un mecanismo extraordinario que permite a la Dirección de la Policía destinar a un agente en un puesto distinto al que le corresponde por concurso.

Evidentemente en la misma unidad no hay tantos puestos de Inspector Jefe como de Inspector, aparte que ese puesto es de concurso específico de méritos, no es libre designación.

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Re:Nombramientos y destituciones en las jefaturas
« Respuesta #910 en: 25 de Mayo de 2020, 12:44:30 pm »

Destituido el coronel Diego Pérez de los Cobos, jefe de la Guardia Civil en Madrid


El ministro Grande-Marlaska comunica el cese por “pérdida de confianza”


REDACCIÓN, BARCELONA

25/05/2020 12:29 | Actualizado a 25/05/2020 12:37
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destituido este lunes al que fuera jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos. El cese se produce, según fuentes ministeriales, por “pérdida de confianza” y coincide con la polémica suscitada en los últimos días por el dispositivo de seguridad frente a la vivienda del vicepresidente Pablo Iglesias y la ministra Irene Montero en Galapagar.

Pérez de los Cobos es un histórico de la Guardia CiIvil y en su currículum destaca el haber coordinado el dispositivo policial con motivo del referéndum independentista del 1 de octubre de 2017 en Catalunya, ya que en ese momento era el director del Gabinete de Coordinación y Estudios dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad.

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Re:Nombramientos y destituciones en las jefaturas
« Respuesta #911 en: 25 de Mayo de 2020, 14:29:07 pm »
Pués a general ya no llega . . .

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"No hay hechos, sino interpretaciones" Nietzsche

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Re:Nombramientos y destituciones en las jefaturas
« Respuesta #912 en: 25 de Mayo de 2020, 16:23:29 pm »


El delegado del Gobierno en Madrid tendrá que declarar como imputado el 5 de junio por la manifestación del 8M


José Manuel Franco ha sido citado para declarar en calidad de imputado por la celebración de las manifestaciones multitudinarias antes de que se declarase el estado de alarma.

laSexta.com

  Madrid | 25/05/2020
Imagen de la manifestación del 8M en Madrid
Imagen de la manifestación del 8M en Madrid | EFE
El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, tendrá que declarar como investigado el próximo 5 de junio por no haber prohibido manifestaciones masivas como la del 8M.

La juez ha adoptado la decisión después de que un atestado de la Guardia Civil haya indicado que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y Fernando Simón mantuvieron encuentros para dar el visto bueno a la manifestación del Día de la Mujer.

Además, el médico forense adscrito al juzgado ha asegurado que "de haberse evitado esas manifestaciones se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad". En este sentido, apuntó que al menos se debería haber advertido a la población para que mantuvieran medidas de seguridad e higiene. Si bien recalcó que no es posible determinar si las personas afectadas por el coronavirus que asistieron a las manifestaciones lo contrajeron por este encuentro o por cualquier otro acto.

En este sentido, la juez ha pedido las resoluciones o el conocimiento o prohibiciones de todas las concentraciones dictadas por el Delegado de Gobierno entre el 5 y el 14 de marzo de 2020, con independencia de la fecha para la que estuviera convocada.

A su vez la juez ha solicitado dos informes fechados el 3 y el 6 de marzo. El primero de ellos es un escrito del Ministerio de Sanidad titulado "Recomendación de medidas extraordinarias en relación con la situación provocada por el nuevo coronavirus Covid-19", sobre el que se investigará si fue o no publicado en la página web del Ministerio; el segundo solicita dictar "su distribución o difusión (cauce y fecha), si fue colgado en la página web oficial del Ministerio (qué día y hasta qué fecha estuvo disponible online) y en caso de que fuera remitido a la Delegación del Gobierno de Madrid o a los Ministerios de los que dicha Delegación dependa funcionalmente".

El segundo de ellos es el comunicado de Pilar Aparicio Azcárraga, Directora General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad de 6 de marzo de 2020 sobre la celebración de reuniones multitudinarias durante el periodo de epidemia de COVID-19. Sobre el mismo el juzgado solicita "su distribución o difusión (cauce y fecha, concretamente si se remitió sólo a la Comunidad Evangélica o también a otros organizadores de reuniones multitudinarias, específicamente de concentraciones o manifestaciones) si fue colgado en la web oficial del Ministerio".

La investigación fue abierta tras la denuncia de un particular, el abogado Víctor Valladares, dirigida contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra todos los Delegados de Gobierno por permitir estos actos masivos que pudieron propiciar la infección por coronavirus.

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Re:Nombramientos y destituciones en las jefaturas
« Respuesta #913 en: 25 de Mayo de 2020, 16:57:45 pm »
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Marlaska destituye a Pérez de los Cobos, jefe de la Guardia Civil en Madrid, por un informe sobre el 8-M y la covid-19

https://elpais.com/espana/2020-05-25/interior-cesa-al-coronel-perez-de-los-cobos-como-jefe-de-la-guardia-civil-en-madrid.html

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Re:Nombramientos y destituciones en las jefaturas
« Respuesta #914 en: 25 de Mayo de 2020, 16:58:44 pm »
:pen:
Citar
Marlaska destituye a Pérez de los Cobos, jefe de la Guardia Civil en Madrid, por un informe sobre el 8-M y la covid-19

https://elpais.com/espana/2020-05-25/interior-cesa-al-coronel-perez-de-los-cobos-como-jefe-de-la-guardia-civil-en-madrid.html

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Re:Nombramientos y destituciones en las jefaturas
« Respuesta #915 en: 25 de Mayo de 2020, 17:21:56 pm »
Al parecer la juez de la Plaza Castilla que lleva la investigación le pidió expresamente que no revelara la información ya que actuaba como policía judicial y al parecer una filtración al ministerio provocó una llamada al coronel de un alto cargo pidiéndole explicaciones y al no ser respondidas ha sido cesado es lo que se dice en los 'mentideros'. .ca;
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Re:Nombramientos y destituciones en las jefaturas
« Respuesta #916 en: 26 de Mayo de 2020, 00:13:47 am »
 :pen:

Citar
Marlaska cesa a De los Cobos por "no informar" de la investigación judicial sobre el 8-M al Gobierno

https://www.elespanol.com/espana/politica/20200525/marlaska-cobos-no-informar-investigacion-judicial-gobierno/492701237_0.html
Citar
La jueza defiende a la Guardia Civil y tomará medidas si considera el cese una intromisión

La magistrada Medel había exigido confidencialidad a los agentes y respalda su función. Respeta las decisiones del Ejecutivo pero actuará si se demuestra que es por la causa

https://www.elconfidencial.com/espana/2020-05-25/jueza-medel-perez-de-los-cobos-marlaska-destitucion-intromision_2609916/

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Re:Nombramientos y destituciones en las jefaturas
« Respuesta #917 en: 26 de Mayo de 2020, 09:13:08 am »

NO ES EL CORONEL, ES LA GUARDIA CIVIL


El Ministro del Interior debería aclarar ante la opinión pública los motivos que justifican la pérdida de confianza. No hacerlo supone manchar la imagen de la Guardia Civil, creando la sospecha en la opinión pública de que se debe a motivos ideológicos y políticos, afectando gravemente a la independencia y neutralidad de la Guardia Civil.
NO ES EL CORONEL, ES LA GUARDIA CIVIL
Hoy hemos conocido el cese del Coronel Pérez de los Cobos como Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. Esta Asociación no va a cuestionar la legalidad de la medida, pues el cese de un cargo de confianza es una potestad que la Ley concede al gobierno, y si algo nos caracteriza a los guardias civiles es que, por encima de todo, está el respeto a la Ley.

Entre las consecuencias de este cese sabemos que lo que más le duele a nuestro Coronel no es que le hayan cesado, sino el duro golpe que se le ha asestado hoy a la Guardia Civil, a su imagen, a su neutralidad.

El Coronel de los Cobos goza de una dilatada carrera en diversos destinos en la Guardia Civil y en el Ministerio del Interior. Pero sus méritos ya no valen, porque no importan sus conocimientos, no importa su habilidad en la gestión, no importa su capacidad para lograr mantener y mejorar la seguridad de los ciudadanos. Lo que ahora importa es que el político de turno (sea del color que sea) confíe en ti, que te amoldes a su estrategia política, que no supongas un obstáculo a sus objetivos políticos, aunque eso implique nefastas consecuencias para los ciudadanos. Lo único que importan son los criterios políticos, no los técnico-profesionales, aunque para ello haya que sacrificar la neutralidad.

No podemos olvidar que los guardias civiles somos funcionarios al servicio de los ciudadanos. Un guardia civil no es un político, es un funcionario de carrera que debe actuar bajo el imperio de la Ley y en base a criterios técnicos, por lo que no es admisible que pueda quedar sometido a los vaivenes de la política si de verdad queremos un Cuerpo de seguridad eficiente que se deba a los ciudadanos. Estos puestos de confianza deben ser ocupados en base a verdaderos condicionantes profesionales que generen confianza en cuanto a su efectiva contribución en el cumplimento de los objetivos de interés general, en este caso la seguridad ciudadana y protección de los derechos y libertades. Únicamente la pérdida de esos condicionantes profesionales en virtud de los que se obtuvo la confianza debería justificar un cese.

Ahora, se plantea otro dilema. ¿Quién lo sustituirá?, ¿qué requisitos de confianza debe reunir? A partir de ahora no podemos despreciar que aquél que lo sustituyaestará bajo sospecha de ser el “hombre de confianza” del político, en una Instituciónen la que la neutralidad política forma parte de su ADN.

Reiteramos que, aunque la decisión del gobierno está amparada por las potestades que le concede la Ley, el Ministro del Interior, debería explicar, y dar transparencia, de los concretos motivos que provocan el cese de un mando de la Guardia Civil. Si no se hace se estará permitiendo que se especule con el uso de la Guardia Civil como moneda de pago político, o se permitirá que se instaure la creencia de que se ha perdido la neutralidad de la Guardia Civil.

Este cese, se suma al no tan lejano del Coronel Jefe de la UCO, Manuel Sánchez Corbí. Si se repiten hechos similares a éstos, si explicar sus motivos, podremos anunciar a todos los españoles que la Guardia Civil que conocían hasta ahora ha entrado en proceso de extinción.


Madrid, 25 de Mayo de 2020

Una Asociación de Oficiales para Oficiales

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Re:Nombramientos y destituciones en las jefaturas
« Respuesta #918 en: 26 de Mayo de 2020, 09:17:27 am »


Errores de bulto, noticias tergiversadas y saltos al vacío: el informe de la Guardia Civil que imputó al delegado del Gobierno en Madrid por autorizar el 8M


El atestado por el que se imputa al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, contiene clamorosos errores, bulos ya desmentidos y sostiene que frases de Fernando Simón "implican un propio riesgo para toda la comunidad"La jueza advierte de que actuará contra Interior si confirma que Pérez de los Cobos ha sido cesado por obedecerla | El informe desencadena una crisis en Interior

El delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco. EFE
Por Irene Castro, José Precedo
26 may 2020 06:37

Es el informe clave de la Operación Sanitario que indaga sobre un supuesto delito de prevaricación administrativa a raíz de la denuncia que un particular presentó contra el presidente, Pedro Sánchez, y los 17 delegados del Gobierno, a quienes culpaba de autorizar las manifestaciones del 8M a sabiendas de que podrían suponer un foco de contagios en la pandemia.


 El atestado lo ha elaborado la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid y ha resultado fundamental para imputar al delegado del Gobierno en la región, José Manuel Franco, que también es el secretario general del PSOE en Madrid. Franco tendrá que declarar el próximo 5 de junio. Se investiga si cometió prevaricación administrativa, si dictó resoluciones injustas a sabiendas de que lo eran, un delito que no conlleva penas de cárcel pero sí la inhabilitación para cargo público.


La responsable de la investigación es Carmen Rodríguez-Medel, quien se hizo cargo desde el juzgado número 51 de Madrid de esa denuncia acerca del papel del delegado del Gobierno en Madrid en la autorización de la marcha feminista de la capital. Por su jurisdicción, Rodríguez-Medel no es competente para juzgar lo sucedido en otras comunidades y mucho menos al presidente, que como aforado solo puede ser investigado en el Tribunal Supremo.


Con ese informe sobre la mesa, motivó la imputación de José Manuel Franco. No es la primera vez que la titular del juzgado de Instrucción número 51 de la capital investiga a un político destacado de la región: ya imputó en su día a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes por el Caso Máster, que acabó con su carrera política. Lo que se dirime en ese juzgado no es si el Gobierno fue más o menos previsor, sino si dictó resoluciones injustas a sabiendas de que lo eran y sobre todo: si pese a conocer los riesgos de los contagios autorizó por razones políticas la concentración del 8M en Madrid, que reunió a 120.000 personas. La tesis del Ejecutivo es que fue precisamente tras ese fin de semana y no antes cuando se tuvo constancia de que se habían disparado los contagios en la capital.


El atestado de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso eldiario.es, consta de 81 páginas y está plagado de errores de bulto, noticias tergiversadas, clamorosas omisiones, bulos ya desmentidos, además de algún salto al vacío.

El primer ejemplo es este pasaje que relata la Guardia Civil en la página 74 de su informe. "El Ministro de Ciencia e Innovación, D. Pedro Duque, reconoció en la tercera semana del mes de marzo de 2020, la gravedad del coronavirus desde el mes de enero de 2020. En rueda de prensa junto al Ministro de Sanidad explicó que los investigadores españoles empezaron a trabajar de forma intensa desde que se conoció esta enfermedad, en el mes de enero. Ya el 2 de febrero tuvimos una reunión con los profesores Juanes y García Sastre, este último en Nueva York, para asegurar que tengan más facilidades y todos los medios necesarios para investigar la enfermedad. Este mismo 2 de febrero liberamos medios e hicimos cambios legales para reducir los plazos que culminaron en el Real Decreto de Estado de Alarma donde hemos puesto todas las medidas de funcionamiento".

De la anterior declaración, el atestado policial concluye: "Por tanto, el Gobierno ya conocía desde el mes de enero la gravedad real de la epidemia del coronavirus". Semejante lectura parte de esta noticia de Ok Diario, tal y como se señala en el índice del informe, que un párrafo más abajo añade: "Por todo lo expuesto hasta el momento en el cuerpo de la diligencia, es parecer de esta instrucción que la Delegación del Gobierno tenía datos objetivos suficientes derivados de las circunstancias concretas de cada caso para haber ponderado bienes y derechos protegidos en nuestra Constitución contando con tales datos desde la primera semana del mes de marzo de 2020".


Otra de las noticias de prensa de las que se hace eco el atestado para tratar de apuntalar la tesis de que el Gobierno conocía la crisis sanitaria que se avecinaba cuando decidió permitir las marchas feministas aquel 8 de marzo alude a unas supuestas declaraciones del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, el 28 de febrero, publicadas en el medio Redacción Médica.

Está en la página 73 del informe. Ahí se señala que Simón admitió ese día, el 28 de febrero, que había "transmisión comunitaria". Según el atestado, "este escenario define que no se puede contener el virus controlando a las personas que estén infectadas y a su entorno, porque ya no se conocen estos".

En realidad, lo que dijo Fernando Simón en su comparecencia pública fue exactamente lo contrario, tal y como puede leerse en la noticia que sigue publicada en Redacción Médica, el medio que extracta el atestado: "Esto, según ha explicado, [Simón] se debería a que en los casos que se consideran por ahora 'trasmisión comunitaria' (Madrid y Sevilla) se han podido trasmitir a un nivel 'muy bajo'".

No es la única referencia que hace el documento de la Guardia Civil a Fernando Simón, que de momento no es objeto de estas pesquisas. Al responsable del Centro de Coordinación que ha sido la cara del Gobierno en toda la crisis le acusa la Guardia Civil de "hacer declaraciones que implican un riesgo para toda la comunidad". Lo dice con esas mismas palabras este extracto del documento: "Ese mismo día [el 27 de febrero] el director del CCAES declaró en la Cadena Ser que el coronavirus posiblemente había llegado a España en la segunda semana de febrero, 'el virus no ha llegado cuando llegan los casos, el virus ha llegado antes. La cuestión es saber cuánto tiempo antes'". Y a continuación el funcionario de la Guardia Civil escribe: "Nuevamente las declaraciones generan gran incertidumbre de la situación [sic] a fecha de las declaraciones y por ende del potencial peligro de las reuniones de masas ya que las propias declaraciones implican un riesgo para toda la comunidad" (sic).

Junto al escrito de 81 páginas, los investigadores de la Guardia Civil entregaron en el juzgado un vídeo emitido por la página web de la Cope sobre un bulo que agitó la derecha durante aquellos días y que acusaba a las ministras presentes en la manifestación del día de la mujer de portar guantes para protegerse de contagios. Aunque las imágenes de otros años evidencian que es costumbre por parte de algunas asistentes portar guantes morados de forma simbólica en las marchas, el informe policial señala: "el 1 de abril de 2020 se tiene conocimiento a través de una noticia del diario digital cope.es [sic] titulada: 'El vídeo del 8M con el que acusan al Gobierno de ocultar la verdad del coronavirus: no se besa' en la que apunta que el Gobierno sabía el peligro real del coronavirus. En la noticia se adjunta un vídeo de la cabecera de la manifestación celebrada en Madrid el 8 de marzo de 2020 en el que se observa a la ministra [Isabel] Celáa y a la exministra [Magdalena] Valerio portando guantes de látex y en la que se aprecia una voz advertir 'no se besa, no se besa' a las personas que encabezan la manifestación".

El documento policial reserva cuatro páginas y media para tratar de probar un supuesto trato distinto por parte del Gobierno a las marchas feministas y a otros actos que se celebraron por las mismas fechas en la capital. Y se detiene sobre "la prohibición de un congreso evangelista en Madrid con un aforo estimado de 5.500 personas". "Como se ha reflejado, el director del CCAESS [Simón] realiza las manifestaciones expuestas el día 7 de marzo de 2020 en el sentido de que se puede ir sin peligro al acto central del 8M y sin embargo prohíbe el desarrollo de un congreso evangelista el 6 de marzo, cuyo conocimiento ha tenido esta unidad por los medios de comunicación social".

El medio de comunicación social que se cita vuelve a ser Ok Diario, que tituló el 30 de marzo: El Gobierno pidió suspender un congreso evangélico en Madrid por el coronavius dos días antes del 8M. La investigación de la Guardia Civil en este caso incluyó la toma de declaración como testigos a tres de los organizadores del IX Congreso Mundial de Asambleas de Dios denominado Unlimited 2020 programado para el 19, 20 y 21 de marzo y que las autoridades sanitarias españolas prohibieron dos semanas antes.

En el apartado de conclusiones, el informe policial resume una parte de la noticia de Ok Diario y señala que la documentación aportada por los representantes de los organizadores de ese congreso evángelico "acredita de manera inequívoca el contenido de las manifestaciones aportadas figurando un documento suscrito el 6/03/2020 por la Directora de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, quien haciendo referencia al oficio del Ministro de Sanidad 03/03/2020 'Recomendaciones de medidas extraordinarias en relación con la situación provocada por el nuevo coronavirus COVID-19', significa los riesgos de transmisión y para la salud de la población de EVENTOS MULTITUDINARIOS DE CUALQUIER TIPO, recomendando su APLAZAMIENTO".

El atestado policial lo escribe así, en mayúsculas, para destacar lo que supuestamente decían las Recomendaciones de Medidas extraordinarias establecidas el 3 de marzo por el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Pero el texto dictado por Sanidad decía algo más que no aparece recogido por el informe de la Guardia Civil. Después de aludir a "eventos multitudinarios de cualquier tipo" las instrucciones de Sanidad añadían (y esto es lo que no consta en la cita del informe policial): "con alta presencia de personas procedentes de cualquiera de las zonas del mundo en las que se ha constatado transmisión del virus SARS-COV-2".

Esa parte final de la instrucción es la que precisamente distinguía las marchas feministas del 8M en Madrid del congreso evangélico internacional, que aguardaba la llegada de miles de personas de distintos países a la capital durante el tercer fin de semana de marzo, y que finalmente no se realizó porque Fernando Simón instó a sus organizadores a cancelarlo, recordándoles cómo la pandemia estaba avanzando por el mundo.

Sin embargo, en sus conclusiones el atestado lo refleja así: "Las recomendaciones imperativas llevadas a cabo de los responsables sanitarios que asisten a las reuniones indicia, sin lugar a dudas la preocupación de estos frente a la pandemia y su interés real en velar por la salud pública, precisamente impidiendo la celebración de eventos multitudinarios, hecho que confronta con la celebración, incluso en fechas posteriores en que el número de contagios acreditados era superior, de otra serie de eventos multitudinarios, tales como reuniones/manifestaciones que llegaron a congregar un número de personas muy superior al previsto para el Congreso [evangélico] Unlimited (recuérdese a modo de ejemplo que el Congreso preveía la congregación de 5.500 personas y que manifestaciones como la prevista por el 8M día internacional de la Mujer en Madrid tenía prevista la participación de 1.000.000 de personas". Finalmente, acudieron 120.000 personas, según las cifras del Gobierno, entre ellas la vicepresidenta primera, Carmen Calvo y varias ministras e incluso la esposa del presidente.

La última frase del informe señala: "Todas estas circunstancias hacen ver a la instrucción que a partir del 5 de marzo de 2020 no se debería haber realizado ninguna manifestación/concentración de personas en la Comunidad de Madrid con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19, y no celebrar unas y cancelar otras, como al final terminó ocurriendo".

Sobre esa conclusión a la que llega el atestado es sobre la que se apoya la jueza para imputar al delegado del Gobierno en Madrid. Pero el informe señala y subraya otros supuestos indicios para apuntar a la prevaricación. Y por eso se investigan todas las actividades que tuvieron lugar en la vía pública entre el 5 y el 14 de marzo, los días previos al anuncio del Estado de Alarma. De los 157 expedientes analizados, el instituto armado deduce que en la Comunidad de Madrid en esos nueve días "se detectan un total de 177 reuniones/manifestaciones, de las cuales 130 han sido celebradas, 35 desconvocadas, ocho no celebradas y de cuatro no consta información". Según ese análisis, además, de las 35 desconvocadas, en 26 se debió a la crisis del coronavirus y de estas, en 14 fueron los propios promotores los que dieron marcha atrás y otras 12 se suspendieron a instancias de la delegación del Gobierno mediante llamada telefónica.

También en este punto se para el atestado policial y subraya que pese a que ocho testigos de diferentes colectivos alegaron que fue la propia Delegación del Gobierno la que les instó a no llevar a cabo esas actividades por la crisis sanitaria, "la inexistencia de ningún tipo de registro de dichas llamadas telefónicas en los expedientes, así como el especial interés por parte de la Delegación del Gobierno en que fueran los propios asistentes los que llevaran a efecto la cancelación de las manifestaciones, hace considerar, por un lado, la posible intencionalidad de la Delegación del Gobierno en que las mismas no figuren en un registro oficial; y por otro, el amplio conocimiento de la Delegación del Gobierno de los riesgos que comportaba la celebración de las concentraciones ante posibles contagios generados por el COVID-19 y su interés real de que no se celebraran".

Antes del recorrido por distintos medios digitales de orientación conservadora, el informe comienza con un repaso sobre la evolución de la amenaza de la COVID-19 desde finales de diciembre, cuando las autoridades chinas informaron sobre varios casos de síndrome respiratorio agudo en la ciudad china de Wuhan. En su introducción, la Unidad Orgánica de Policía Judicial establece la cronología de la pandemia en España desde que el 25 de febrero se detecta el primer caso en Madrid y los avisos que distintos organismos internacionales y españoles fueron lanzando sobre el virus. A lo largo de 81 páginas, se repasan las comunicaciones que ha mantenido la Delegación del Gobierno de Madrid, sus expedientes administrativos, las órdenes dictadas e incluso sus publicaciones en redes sociales.

También en ese tramo del documento afloran errores clamorosos. A la hora de analizar los avisos de los organismos internacionales supuestamente ignorados por las autoridades españolas, el informe policial fecha la declaración de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 30 de enero de 2020, cuando en realidad tuvo lugar casi mes y medio más tarde, el 11 de marzo, tres días después de la manifestaciones feministas en varias ciudades españolas que están en el origen de la denuncia.

El atestado confunde en este caso la declaración de pandemia, que en unas horas motivó la declaración del estado de alarma, el confinamiento y todo lo que vino después, con la emergencia sanitaria internacional, un instrumento pensado para buscar una respuesta coordinada de distintos países ante eventos internacionales que pueden interpretarse como un riesgo para otros Estados.

El informe da munición a las derechas, que desde el principio han tratado de situar las marchas del 8M en el origen de los contagios de la capital de España, la más castigada por la pandemia que acumula un mayor número de muertes. Y ha tenido consecuencias. A raíz de la filtración de algunos de sus párrafos, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, destituyó al coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, responsable de la unidad que firmó el informe, y que según fuentes del instituto armado desconocía su contenido, puesto que esos agentes operaban como policía judicial a las órdenes de la magistrada que instruye el caso.

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Re:Nombramientos y destituciones en las jefaturas
« Respuesta #919 en: 26 de Mayo de 2020, 12:33:36 pm »
Menos mal que la jueza ha advertido....ya tiene todo quisquilloso el informe.