Autor Tema: Nombramientos y destituciones en las jefaturas  (Leído 232906 veces)

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Re:Nombramientos y destituciones en las jefaturas
« Respuesta #920 en: 26 de Mayo de 2020, 12:35:38 pm »

Dimite el 'número 2' de la Guardia Civil en pleno escándalo por las injerencias de Interior


Publicado el 26 de mayo de 2020 - 12: 19
ANTONIO SALVADOR  REDACTOR antonio.salvador@elindependiente.com @ajsalvador70

 
 


El Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, ha presentado su dimisión irrevocable tras la destitución fulminante del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid por negarse a facilitar al Ministerio del Interior información sobre la causa judicial relativa a la manifestación del 8-M, en la que está imputado por prevaricación administrativa el delegado del Gobierno en Madrid (José Manuel Franco).


Según ha avanzado el diario Vozpopuli y ha confirmado El Independiente en fuentes del Instituto Armado, la renuncia del número dos de la Guardia Civil está directamente relacionada con el cese de Pérez de los Cobos, al que la directora general (María Gámez) comunicó la destitución el pasado domingo. El equipo de Interior pretendía conocer el contenido de las diligencias practicadas por la unidad que actúa como Policía Judicial en este procedimiento, pese a que la instructora había ordenado de forma expresa a los agentes que sólo le informaran a ella del avance de las pesquisas.

La marcha del teniente general asturiano, que cumplió los 65 años el pasado 23 de marzo y había decidido continuar unos meses en el cargo debido a la crisis del coronavirus, deja aún más al descubierto las razones políticas que subyacen tras la «pérdida de confianza» alegada por el equipo de Grande-Marlaska para justificar la decisión de remover del cargo a Pérez de los Cobos y abre una grave crisis en el Cuerpo, donde el malestar existente es notable por las intromisiones en su trabajo.


El DAO de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, en una comparecencia informativa reciente en el Palacio de la Moncloa.
El covid-19 retrasará el retiro de Ceña, la ‘cara’ de la Guardia Civil en el comité técnico
El titular de Interior ha ahormado un equipo de su absoluta confianza para afrontar la presente legislatura, tras prescindir de Ana Botella como secretaria de Estado y colocar a Rafael Pérez -su antiguo director de gabinete- y poner al frente de la Guardia Civil a María Gámez, prescindiendo del alto cargo que había impuesto la ministra Margarita Robles en el pasado mandato: Félix Azón.

Los nombramientos o asignaciones y los ceses de los cargos y destinos correspondientes a oficiales generales son competencia del ministro del Interior, según marca la ley. Fue Fernando Grande-Marlaska quien firmó su nombramiento como DAO hace más de año y medio y quien tendrá que rubricar su cese.

Las fuentes consultadas dan por hecho de que el próximo Director Adjunto Operativo será el valenciano Fernando Santafé, promovido a la Jefatura del Mando de Operaciones el 30 de julio de 2018 en sustitución precisamente de Ceña cuando el titular de Interior le confió a éste la responsabilidad actual. La antigüedad y el escalafón son los criterios que prevalecen.

Santafé se encontraba entonces al frente del Mando de Información, Investigación y Ciberdelincuencia y es uno de los tenientes generales que se encuentran en activo junto a Francisco Díaz Alcantud -Jefe del Mando de Personal- y Rafael Galán Toledo, jefe del Mando de Apoyo (Madrid)

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Re:Nombramientos y destituciones en las jefaturas
« Respuesta #921 en: 26 de Mayo de 2020, 16:09:14 pm »

Conectado Heracles_Pontor

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Re:Nombramientos y destituciones en las jefaturas
« Respuesta #922 en: 26 de Mayo de 2020, 16:46:14 pm »
Ya te digo . . . el informe rula por las redes como si fuera el vídeo íntimo de una celebrity . . .

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Re:Nombramientos y destituciones en las jefaturas
« Respuesta #923 en: 26 de Mayo de 2020, 17:25:02 pm »


Errores de bulto, noticias tergiversadas y saltos al vacío: el informe de la Guardia Civil que imputó al delegado del Gobierno en Madrid por el 8M


El atestado por el que se imputa al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, contiene clamorosos errores, bulos ya desmentidos y sostiene que frases de Fernando Simón "implican un propio riesgo para toda la comunidad"La jueza advierte de que actuará contra Interior si confirma que Pérez de los Cobos ha sido cesado por obedecerla | El informe desencadena una crisis en Interior


El delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco. EFE
Por Irene Castro, José Precedo
26 may 2020 06:37

Noticias de Ok Diario, bulos ya desmentidos difundidos por otros medios de comunicación de la derecha, declaraciones de altos cargos del Gobierno tergiversadas, fechas confundidas de las principales decisiones de la Organización Mundial de la Salud, hasta el punto de situar un mes y medio antes la declaración de la pandemia...


Todo está en el informe clave de la Operación Sanitario que indaga sobre un supuesto delito de prevaricación administrativa a raíz de la denuncia que un particular presentó contra el presidente, Pedro Sánchez, y los 17 delegados del Gobierno, a quienes culpaba de autorizar las manifestaciones del 8M a sabiendas de que podrían suponer un foco de contagios en la pandemia.


 El atestado lo ha elaborado la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid y ha resultado fundamental para imputar al delegado del Gobierno en la región, José Manuel Franco, que también es el secretario general del PSOE en Madrid. Franco tendrá que declarar el próximo 5 de junio. Se investiga si cometió prevaricación administrativa, si dictó resoluciones injustas a sabiendas de que lo eran, un delito que no conlleva penas de cárcel pero sí la inhabilitación para cargo público.

La responsable de la investigación es Carmen Rodríguez-Medel, quien se hizo cargo desde el juzgado número 51 de Madrid de esa denuncia acerca del papel del delegado del Gobierno en Madrid en la autorización de la marcha feminista de la capital. Por su jurisdicción, Rodríguez-Medel no es competente para juzgar lo sucedido en otras comunidades y mucho menos al presidente, que como aforado solo puede ser investigado en el Tribunal Supremo.


Con ese informe sobre la mesa, motivó la imputación de José Manuel Franco. No es la primera vez que la titular del juzgado de Instrucción número 51 de la capital investiga a un político destacado de la región: ya imputó en su día a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes por el Caso Máster, que acabó con su carrera política. Lo que se dirime en ese juzgado no es si el Gobierno fue más o menos previsor, sino si dictó resoluciones injustas a sabiendas de que lo eran y sobre todo: si pese a conocer los riesgos de los contagios autorizó por razones políticas la concentración del 8M en Madrid, que reunió a 120.000 personas. La tesis del Ejecutivo es que fue precisamente tras ese fin de semana y no antes cuando se tuvo constancia de que se habían disparado los contagios en la capital.

El atestado de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso eldiario.es, consta de 81 páginas y está plagado de errores de bulto, noticias tergiversadas, clamorosas omisiones, bulos ya desmentidos, además de algún salto al vacío.

El primer ejemplo es este pasaje que relata la Guardia Civil en la página 74 de su informe. "El Ministro de Ciencia e Innovación, D. Pedro Duque, reconoció en la tercera semana del mes de marzo de 2020, la gravedad del coronavirus desde el mes de enero de 2020. En rueda de prensa junto al Ministro de Sanidad explicó que los investigadores españoles empezaron a trabajar de forma intensa desde que se conoció esta enfermedad, en el mes de enero. Ya el 2 de febrero tuvimos una reunión con los profesores Juanes y García Sastre, este último en Nueva York, para asegurar que tengan más facilidades y todos los medios necesarios para investigar la enfermedad. Este mismo 2 de febrero liberamos medios e hicimos cambios legales para reducir los plazos que culminaron en el Real Decreto de Estado de Alarma donde hemos puesto todas las medidas de funcionamiento".


De la anterior declaración, el atestado policial concluye: "Por tanto, el Gobierno ya conocía desde el mes de enero la gravedad real de la epidemia del coronavirus". Semejante lectura parte de esta noticia de Ok Diario, tal y como se señala en el índice del informe, que un párrafo más abajo añade: "Por todo lo expuesto hasta el momento en el cuerpo de la diligencia, es parecer de esta instrucción que la Delegación del Gobierno tenía datos objetivos suficientes derivados de las circunstancias concretas de cada caso para haber ponderado bienes y derechos protegidos en nuestra Constitución contando con tales datos desde la primera semana del mes de marzo de 2020".

Otra de las noticias de prensa de las que se hace eco el atestado para tratar de apuntalar la tesis de que el Gobierno conocía la crisis sanitaria que se avecinaba cuando decidió permitir las marchas feministas aquel 8 de marzo alude a unas supuestas declaraciones del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, el 28 de febrero, publicadas en el medio Redacción Médica.

Está en la página 73 del informe. Ahí se señala que Simón admitió ese día, el 28 de febrero, que había "transmisión comunitaria". Según el atestado, "este escenario define que no se puede contener el virus controlando a las personas que estén infectadas y a su entorno, porque ya no se conocen estos".

En realidad, lo que dijo Fernando Simón en su comparecencia pública fue exactamente lo contrario, tal y como puede leerse en la noticia que sigue publicada en Redacción Médica, el medio que extracta el atestado: "Esto, según ha explicado, [Simón] se debería a que en los casos que se consideran por ahora 'trasmisión comunitaria' (Madrid y Sevilla) se han podido trasmitir a un nivel 'muy bajo'".

No es la única referencia que hace el documento de la Guardia Civil a Fernando Simón, que de momento no es objeto de estas pesquisas. Al responsable del Centro de Coordinación que ha sido la cara del Gobierno en toda la crisis le acusa la Guardia Civil de "hacer declaraciones que implican un riesgo para toda la comunidad". Lo dice con esas mismas palabras este extracto del documento: "Ese mismo día [el 27 de febrero] el director del CCAES declaró en la Cadena Ser que el coronavirus posiblemente había llegado a España en la segunda semana de febrero, 'el virus no ha llegado cuando llegan los casos, el virus ha llegado antes. La cuestión es saber cuánto tiempo antes'". Y a continuación el funcionario de la Guardia Civil escribe: "Nuevamente las declaraciones generan gran incertidumbre de la situación [sic] a fecha de las declaraciones y por ende del potencial peligro de las reuniones de masas ya que las propias declaraciones implican un riesgo para toda la comunidad" (sic).

Junto al escrito de 81 páginas, los investigadores de la Guardia Civil entregaron en el juzgado un vídeo emitido por la página web de la Cope sobre un bulo que agitó la derecha durante aquellos días y que acusaba a las ministras presentes en la manifestación del día de la mujer de portar guantes para protegerse de contagios. Aunque las imágenes de otros años evidencian que es costumbre por parte de algunas asistentes portar guantes morados de forma simbólica en las marchas, el informe policial señala: "el 1 de abril de 2020 se tiene conocimiento a través de una noticia del diario digital cope.es [sic] titulada: 'El vídeo del 8M con el que acusan al Gobierno de ocultar la verdad del coronavirus: no se besa' en la que apunta que el Gobierno sabía el peligro real del coronavirus. En la noticia se adjunta un vídeo de la cabecera de la manifestación celebrada en Madrid el 8 de marzo de 2020 en el que se observa a la ministra [Isabel] Celáa y a la exministra [Magdalena] Valerio portando guantes de látex y en la que se aprecia una voz advertir 'no se besa, no se besa' a las personas que encabezan la manifestación".

El documento policial reserva cuatro páginas y media para tratar de probar un supuesto trato distinto por parte del Gobierno a las marchas feministas y a otros actos que se celebraron por las mismas fechas en la capital. Y se detiene sobre "la prohibición de un congreso evangelista en Madrid con un aforo estimado de 5.500 personas". "Como se ha reflejado, el director del CCAESS [Simón] realiza las manifestaciones expuestas el día 7 de marzo de 2020 en el sentido de que se puede ir sin peligro al acto central del 8M y sin embargo prohíbe el desarrollo de un congreso evangelista el 6 de marzo, cuyo conocimiento ha tenido esta unidad por los medios de comunicación social".

El medio de comunicación social que se cita vuelve a ser Ok Diario, que tituló el 30 de marzo: El Gobierno pidió suspender un congreso evangélico en Madrid por el coronavius dos días antes del 8M. La investigación de la Guardia Civil en este caso incluyó la toma de declaración como testigos a tres de los organizadores del IX Congreso Mundial de Asambleas de Dios denominado Unlimited 2020 programado para el 19, 20 y 21 de marzo y que las autoridades sanitarias españolas prohibieron dos semanas antes.

En el apartado de conclusiones, el informe policial resume una parte de la noticia de Ok Diario y señala que la documentación aportada por los representantes de los organizadores de ese congreso evángelico "acredita de manera inequívoca el contenido de las manifestaciones aportadas figurando un documento suscrito el 6/03/2020 por la Directora de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, quien haciendo referencia al oficio del Ministro de Sanidad 03/03/2020 'Recomendaciones de medidas extraordinarias en relación con la situación provocada por el nuevo coronavirus COVID-19', significa los riesgos de transmisión y para la salud de la población de EVENTOS MULTITUDINARIOS DE CUALQUIER TIPO, recomendando su APLAZAMIENTO".

El atestado policial lo escribe así, en mayúsculas, para destacar lo que supuestamente decían las Recomendaciones de Medidas extraordinarias establecidas el 3 de marzo por el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Pero el texto dictado por Sanidad decía algo más que no aparece recogido por el informe de la Guardia Civil. Después de aludir a "eventos multitudinarios de cualquier tipo" las instrucciones de Sanidad añadían (y esto es lo que no consta en la cita del informe policial): "con alta presencia de personas procedentes de cualquiera de las zonas del mundo en las que se ha constatado transmisión del virus SARS-COV-2".

Esa parte final de la instrucción es la que precisamente distinguía las marchas feministas del 8M en Madrid del congreso evangélico internacional, que aguardaba la llegada de miles de personas de distintos países a la capital durante el tercer fin de semana de marzo, y que finalmente no se realizó porque Fernando Simón instó a sus organizadores a cancelarlo, recordándoles cómo la pandemia estaba avanzando por el mundo.

Sin embargo, en sus conclusiones el atestado lo refleja así: "Las recomendaciones imperativas llevadas a cabo de los responsables sanitarios que asisten a las reuniones indicia, sin lugar a dudas la preocupación de estos frente a la pandemia y su interés real en velar por la salud pública, precisamente impidiendo la celebración de eventos multitudinarios, hecho que confronta con la celebración, incluso en fechas posteriores en que el número de contagios acreditados era superior, de otra serie de eventos multitudinarios, tales como reuniones/manifestaciones que llegaron a congregar un número de personas muy superior al previsto para el Congreso [evangélico] Unlimited (recuérdese a modo de ejemplo que el Congreso preveía la congregación de 5.500 personas y que manifestaciones como la prevista por el 8M día internacional de la Mujer en Madrid tenía prevista la participación de 1.000.000 de personas". Finalmente, acudieron 120.000 personas, según las cifras del Gobierno, entre ellas la vicepresidenta primera, Carmen Calvo y varias ministras e incluso la esposa del presidente.

La última frase del informe señala: "Todas estas circunstancias hacen ver a la instrucción que a partir del 5 de marzo de 2020 no se debería haber realizado ninguna manifestación/concentración de personas en la Comunidad de Madrid con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19, y no celebrar unas y cancelar otras, como al final terminó ocurriendo".

Sobre esa conclusión a la que llega el atestado es sobre la que se apoya la jueza para imputar al delegado del Gobierno en Madrid. Pero el informe señala y subraya otros supuestos indicios para apuntar a la prevaricación. Y por eso se investigan todas las actividades que tuvieron lugar en la vía pública entre el 5 y el 14 de marzo, los días previos al anuncio del Estado de Alarma. De los 157 expedientes analizados, el instituto armado deduce que en la Comunidad de Madrid en esos nueve días "se detectan un total de 177 reuniones/manifestaciones, de las cuales 130 han sido celebradas, 35 desconvocadas, ocho no celebradas y de cuatro no consta información". Según ese análisis, además, de las 35 desconvocadas, en 26 se debió a la crisis del coronavirus y de estas, en 14 fueron los propios promotores los que dieron marcha atrás y otras 12 se suspendieron a instancias de la delegación del Gobierno mediante llamada telefónica.

También en este punto se para el atestado policial y subraya que pese a que ocho testigos de diferentes colectivos alegaron que fue la propia Delegación del Gobierno la que les instó a no llevar a cabo esas actividades por la crisis sanitaria, "la inexistencia de ningún tipo de registro de dichas llamadas telefónicas en los expedientes, así como el especial interés por parte de la Delegación del Gobierno en que fueran los propios asistentes los que llevaran a efecto la cancelación de las manifestaciones, hace considerar, por un lado, la posible intencionalidad de la Delegación del Gobierno en que las mismas no figuren en un registro oficial; y por otro, el amplio conocimiento de la Delegación del Gobierno de los riesgos que comportaba la celebración de las concentraciones ante posibles contagios generados por el COVID-19 y su interés real de que no se celebraran".

Antes del recorrido por distintos medios digitales de orientación conservadora, el informe comienza con un repaso sobre la evolución de la amenaza de la COVID-19 desde finales de diciembre, cuando las autoridades chinas informaron sobre varios casos de síndrome respiratorio agudo en la ciudad china de Wuhan. En su introducción, la Unidad Orgánica de Policía Judicial establece la cronología de la pandemia en España desde que el 25 de febrero se detecta el primer caso en Madrid y los avisos que distintos organismos internacionales y españoles fueron lanzando sobre el virus. A lo largo de 81 páginas, se repasan las comunicaciones que ha mantenido la Delegación del Gobierno de Madrid, sus expedientes administrativos, las órdenes dictadas e incluso sus publicaciones en redes sociales.

También en ese tramo del documento afloran errores clamorosos. A la hora de analizar los avisos de los organismos internacionales supuestamente ignorados por las autoridades españolas, el informe policial fecha la declaración de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 30 de enero de 2020, cuando en realidad tuvo lugar casi mes y medio más tarde, el 11 de marzo, tres días después de la manifestaciones feministas en varias ciudades españolas que están en el origen de la denuncia.

El atestado confunde en este caso la declaración de pandemia, que en unas horas motivó la declaración del estado de alarma, el confinamiento y todo lo que vino después, con la emergencia sanitaria internacional, un instrumento pensado para buscar una respuesta coordinada de distintos países ante eventos internacionales que pueden interpretarse como un riesgo para otros Estados.

El informe da munición a las derechas, que desde el principio han tratado de situar las marchas del 8M en el origen de los contagios de la capital de España, la más castigada por la pandemia que acumula un mayor número de muertes. Y ha tenido consecuencias. A raíz de la filtración de algunos de sus párrafos, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, destituyó al coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, responsable de la unidad que firmó el informe, y que según fuentes del instituto armado desconocía su contenido, puesto que esos agentes operaban como policía judicial a las órdenes de la magistrada que instruye el caso.

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Re:Nombramientos y destituciones en las jefaturas
« Respuesta #924 en: 26 de Mayo de 2020, 18:49:27 pm »

El general Pablo Salas será el nuevo director adjunto operativo de la Guardia Civil


Salas es actualmente jefe del Servicio de Información, la estructura antiterrorista del instituto armado


El general Pablo Salas EFE
Por Pedro Águeda
26 may 2020 14:10

El general de división Pablo Salas, que actualmente dirige el Servicio de Información de la Guardia Civil, será el nuevo director adjunto operativo del instituto armado, han avanzado a eldiario.es fuentes del Cuerpo.


Salas sustituye al dimitido Laurentino Ceña, quien ha abandonado el cargo de número dos de la Guardia Civil por su desacuerdo con la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos. Pablo Salas ascenderá de general de división a teniente general.


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Re:Nombramientos y destituciones en las jefaturas
« Respuesta #925 en: 26 de Mayo de 2020, 21:51:27 pm »
Después de ver la cagada que hizo Pérez de Los Cobos e  Cataluña no sé cómo seguía en su puesto.

Lo hizo TODO mal, ya dudo si es un incompetente o buscaba la confrontación como ahora generando ruido con la Pandemia de fondo,  la Guardia Civil no merece esos jefes, Son una Vergüenza.
Marlasca se equivocó confiando en él,  no es competente ni profesional.

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Re:Nombramientos y destituciones en las jefaturas
« Respuesta #926 en: 27 de Mayo de 2020, 00:51:25 am »
Después de ver la cagada que hizo Pérez de Los Cobos e  Cataluña no sé cómo seguía en su puesto.

Se ve que no te has enterado de que no ocupaba el mismo puesto que cuando fué el 1-O...

Lo primero que hizo el PSOE cuando llegó al poder, fue cesarlo y poner a un Comisario en su sitio.

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Re:Nombramientos y destituciones en las jefaturas
« Respuesta #927 en: 27 de Mayo de 2020, 06:20:13 am »
Un capitán y un Teniente titulados en PJ no pueden cometer un error tan enorme como éste, pues ya su informe pierde toda credibilidad:







Coronavirus: la OMS declara la pandemia a nivel mundial por Covid-19
mié 11 marzo 2020. 17.40H

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Re:Nombramientos y destituciones en las jefaturas
« Respuesta #928 en: 27 de Mayo de 2020, 07:05:43 am »

La Guardia Civil manipuló la declaración de un testigo para inculpar al Gobierno por la manifestación del 8M
El acta de declaración del testigo ante el instituto armado, a la que ha tenido acceso eldiario.es, contradice la versión que se da en el informe de la Guardia Civil sobre la suspensión de esa movilización antes del 8M
La tesis del atestado para imputar al Delegado del Gobierno en Madrid es que el Ejecutivo autorizó la marcha del 8M y trató de desconvocar otras por la puerta de atrás con criterios arbitrarios
Errores de bulto, noticias tergiversadas y saltos al vacío: el informe de la Guardia Civil que imputó al delegado del Gobierno en Madrid por el 8M
Irene Castro / Marcos Pinheiro

26/05/2020 - 22:58h


Comparación entre la declaración del testigo y lo recogido en el informe de la Guardia Civil sobre esa declaración ELDIARIO.ES

 La Guardia Civil manipuló la declaración de un testigo en el marco de la investigación judicial contra el Gobierno por autorizar la celebración de la manifestación del Día Internacional de la Mujer. El informe elaborado por el instituto armado en calidad de policía judicial y que ha resultado clave para la imputación del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, atribuye a la COVID-19 la causa de la desconvocatoria que llevó a cabo el sindicato CGT de una concentración en Collado Villalba (Madrid) dos días antes del 8M, pese a que no es cierto.

La tesis que sostiene el atestado policial señala que el Gobierno permitió ciertas convocatorias como la marcha de las mujeres el 8 marzo mientras prohibía o trataba de impedir otras con criterios arbitrarios. Esa es la base de la investigación por prevaricación administrativa, que se sigue en el juzgado de instrucción número 51 de la capital contra el delegado del Gobierno.

El documento que tiene sobre la mesa la jueza Carmen Rodríguez Medel señala que la convocatoria de movilización de CGT para el 10 de marzo se canceló el 6 de marzo "dada la situación y riesgos de contagio debido al coronavirus", y atribuye al convocante ese entrecomillado. Sin embargo, la declaración que prestó el responsable del sindicato en la comandancia de la Guardia Civil dice algo radicalmente distinto.

"Se suspendió por considerar mejor otra fecha más próxima al juicio que se iba a celebrar por el despido a finales de marzo" fue la respuesta que dio el secretario general de CGT Banca Madrid al instructor de la Guardia Civil cuando le preguntó por "los motivos por los que la reunión" prevista para el 10 de marzo "no se celebró". Así consta en el acta de declaración, firmada por el agente y el testigo, que la Guardia Civil le entregó cuando acabó el interrogatorio, y a la que ha tenido acceso eldiario.es.

El sindicato había convocado una concentración en protesta por el despido de una compañera por parte de una entidad bancaria, pero decidieron suspenderla hasta que se acercara la fecha de la vista, el 30 de marzo.

Así figura también en la relación de "reuniones/manifestaciones tomadas en consideración por la DG [Delegación del Gobierno]" que recoge el propio informe policial. El cuadro atribuye a un "cambio de fecha" el motivo de la desconvocatoria por lo que choca con la conclusión extraída por el redactor del informe a partir de la declaración del promotor de la concentración.



Extracto del informe de la Guardia Civil sobre la declaración del testigo

A pesar de la contestación firme del sindicalista, el agente siguió con el interrogatorio, encaminado a lograr respuestas que apuntasen a que la causa de la no celebración de las protesta guardaba relación directa con el peligro del virus. El acta de declaración del testigo, en poder de eldiario.es, no dice ni mucho menos lo que luego refleja la Guardia Civil en el informe remitido al juzgado.

"Preguntado para que diga si la evolución del COVID-19 en España tuvo algún tipo de incidencia en las motivaciones de la suspensión de la suspensión prevista, manifiesta que no", describe con claridad el acta de la declaración celebrada en la comandancia de la Guardia Civil el pasado 7 de mayo a la que ha tenido acceso eldiario.es.

Pero el informe de 81 folios que la Guardia Civil envió posteriormente a la instructora de la investigación, Carmen Rodríguez-Medel, escribe: "La manifestación prevista para el 10 de marzo de 2020 es finalmente cancelada por problemas sanitarios por el convocante, Antonio O Connor Oliveros". Continúa el documento policial: “La manifestación prevista fue cancelada por el convocante que envió el 6 de marzo de 2020 correo electrónico a la DG [Delegación del Gobierno] manifestando que "dada la situación y riesgos de contagio debido al coronavirus” [sic], decisión que habían tomado en el seno de su plataforma al observar la evolución del patógeno y sus riesgos que comportaba la enfermedad cuyas noticias ya conocía con anterioridad gracias a los medios de comunicación".

El mail que manda CGT a la Delegación del Gobierno, que también obra en poder de esta redacción y se puede consultar más abajo, comunica la desconvocatoria de la concentración sin hacer ninguna referencia al virus. Se limita a notificar la decisión: "Buenos días. Solicitamos la cancelación de la concentración prevista el próximo 10/03/2020 en Collado Villalba con N/REF 345/2020. Adjuntamos la autorización recibida de la concentración citada. Por favor, confirmen la recepción de este email".


Solicitud de cancelación de la manifestación remitida a la Delegación del Gobierno

Durante el interrogatorio, que se llevó a cabo el pasado 7 de mayo en la Comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid), el agente se interesó en hasta seis ocasiones por cuestiones relacionadas con el coronavirus, como si la Delegación del Gobierno o cualquier otro organismo le habían hecho llegar "recomendaciones concretas" relacionadas con la enfermedad, si él en calidad de promotor de la protesta había realizado alguna indicación o la fecha en la que fue "consciente de la grave situación sanitaria que padecía España". A las primeras respondió que no y en la última aseguró que fue el 10 de marzo, cuando "un compañero del SUMMA -el servicio de urgencias médicas de la Comunidad de Madrid- le advirtió de que la situación era grave y que el escenario sanitario en España era muy malo y que, a partir de esa fecha, lo tuvieran en cuenta para su organización".

Esa conversación se refleja en el informe de la policía judicial, pese a haber tenido lugar con posterioridad a la decisión de cancelar la protesta sin haber sido comunicada a la Delegación del Gobierno preocupación alguna sobre la COVID-19, según admite el sindicalista.

La tesis que defiende el informe policial es que la Delegación del Gobierno trató de desconvocar algunas manifestaciones por la puerta de atrás a través de llamadas telefónicas advirtiendo de los riesgos para la salud, y sin que quedase constancia de esas supuestas presiones en los registros de la institución, mientras algunos ministros alentaban la participación en la marcha del 8M.

Otra de las preguntas del guardia civil al sindicalista fue si había recibido alguna comunicación por parte de la Delegación del Gobierno "algún tipo de llamada telefónica previa" o si "recibieron algún tipo de consigna por parte de la Delegación del Gobierno para que la cancelación se produjera desde la propia promotora, que fueran ellos los que enviaran los correos electrónicos informando la suspensión". El representante de CGT respondió que no a ambas cosas. Ya había dejado previamente claro que la desconvocatoria en este caso respondía a cuestiones operativas.

La manipulación de estas respuestas es relevante porque sobre las declaraciones de esos supuestos testigos se apoya el informe que la Guardia Civil ha remitido a la instructora de la causa y en cuyas conclusiones se cuestiona que fuera la Delegación del Gobierno la que contactara por teléfono a en torno una docena de convocantes de movilizaciones.

Esas llamadas se produjeron después del 8M, para las manifestaciones previstas en las siguientes fechas.

Para el capitán que firma el atestado policial, existió una voluntad de ocultamiento por parte del Gobierno que según su tesis, realizó propuestas de cancelación de movilizaciones por la crisis sanitaria, pero sin dejar rastro: "La inexistencia de ningún tipo de registro de dichas llamadas telefónicas en los expedientes, así como el especial interés por parte de la Delegación del Gobierno en que fueran los propios asistentes los que llevaran a efecto la cancelación de las manifestaciones, hace considerar, por un lado, la posible intencionalidad de la Delegación del Gobierno en que las mismas no figuren en un registro oficial; y por otro, el amplio conocimiento de la Delegación del Gobierno de los riesgos que comportaba la celebración de las concentraciones ante posibles contagios generados por el COVID-19 y su interés real de que no se celebraran", concluye.

Fue a partir del 10 de marzo cuando empezaron a suspenderse casi todas las convocatorias por motivos sanitarios. Solo un convocante decidió antes del 8M suspender una concentración por el temor al coronavirus. Y fue el 9 de marzo, un día después de las marchas, cuando la Comunidad de Madrid comunicó un incremento sustancial de los casos detectados. Mientras que el 8 de marzo el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso registró 28 casos nuevos, un día después se detectaron 234 -un 835% más-.

La derecha lleva meses intentado vincular el incremento de muertes a la manifestación del Día de la Mujer Trabajadora, a pesar de que el periodo de incubación de la enfermedad es de tres a cinco días.

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Re:Nombramientos y destituciones en las jefaturas
« Respuesta #929 en: 27 de Mayo de 2020, 07:08:42 am »
Previsión del tiempo:


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Re:Nombramientos y destituciones en las jefaturas
« Respuesta #930 en: 27 de Mayo de 2020, 07:29:40 am »


Otra testigo niega las injerencias del Gobierno que recoge el informe de la Guardia Civil para cancelar manifestaciones: "No me presionó nadie"

Diana Chnaiker, de APASAA, niega que la Delegación del Gobierno le presionara para cancelar la protesta que había convocado porque daba por hecho que no se iba a celebrar: "Cuando se convoca el estado de alarma, se prohiben las agrupaciones, y comienza el confinamiento"

Marcos Pinheiro / Irene Castro
27/05/2020 - 00:03h

El informe que la Guardia Civil ha entregado a la jueza que investiga la autorización para la movilización del 8M sostiene que la Delegación del Gobierno presionó a algunos convocantes de manifestaciones para que anularan sus convocatorias. La protagonista de uno de esos testimonios que sirven para apuntalar la imputación del delegado del Gobierno José Manuel Franco niega la versión del informe

"A mí nadie me presionó en ningún momento. Es de sentido común que si no se puede salir y no están permitidas las agrupaciones, esto no se podía llevar a cabo" dice Diana Chnaiker, que pidió autorización a la Delegación del Gobierno para tres movilizaciones de la Asociación de Personas Aptas sin Ayudas de Alquiler (APASAA). La idea era protestar en la calle los días 5, 12 y 19 de marzo, coincidiendo con los plenos celebrados en la Asamblea de Madrid.

La manifestación del día 5 se celebró sin problema, pero para la del 12 "ya estaba muy presente el COVID en los medios, y los colegios iban a ser cerrados", dice Chnaiker en conversación con eldiario.es. Ese día habló con una de las diputadas que apoyan su causa y le dijo que se había cancelado el pleno, así que anularon la concentración.

Quedaba entonces pendiente la del día 19 de marzo, cinco días después de que Pedro Sánchez anunciase que entraba en vigor el estado de alarma. "Cuando se convoca el estado de alarma, se prohiben las agrupaciones, y comienza el confinamiento", explica. Añade que por esa circunstancia y por el hecho de que no había pleno no pensaban acudir a la protesta.

Relata que el día 17 de marzo recibe una llamada de la Delegación del Gobierno en la que le informan sobre las limitaciones del estado de alarma. Ella contesta que está al tanto de la situación y que por ello no pensaba celebrar la protesta. Desde la Delegación le indican que si eso mismo podía ponerlo en un mail y enviárselo. "Yo le dije que me parecía ridículo si ya estaba hablando con la Delegación, y me indicaron que era para que quedase constancia de la cancelación", añade.

Escribió el email: "Según conversación telefónica, procedo a remitir escrito de la cancelación de la concentración que se llevará frente a la Asamblea de Madrid el próximo 19 de marzo, por estar convocado el Estado de Alarma, por esta situación con el coronavirus".

El 5 de mayo contacta con ella la Guardia Civil, que ya ha iniciado la investigación por orden del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid. Chnaiker acudió a la comandancia del instituto armado y prestó declaración. Allí cuenta todo esto, pero en ningún momento relata presiones por parte de la Delegación del Gobierno. Insiste en que el contenido de la conversación no se parece a lo reflejado en el informe. "A mí nadie me presionó en ningún momento. Es de sentido común que si no se puede salir y no están permitidas las agrupaciones, esto no se podía llevar a cabo", insiste.

La tesis que defiende el informe policial es que la Delegación del Gobierno trató de desconvocar algunas manifestaciones por la puerta de atrás a través de llamadas telefónicas advirtiendo de los riesgos para la salud, y sin que quedase constancia de esas supuestas presiones en los registros de la institución, mientras algunos ministros alentaban la participación en la marcha del 8M.

Tras recibir ese informe, la jueza Carmen Rodríguez Medel citó como imputado al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, acusado de un delito de prevaricación.



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Re:Nombramientos y destituciones en las jefaturas
« Respuesta #931 en: 27 de Mayo de 2020, 07:30:55 am »

Los bulos tienen las patas tan largas que acaban apareciendo en un informe de la Guardia Civil

Dos oficiales de la Guardia Civil cocinan un informe repleto de bulos, errores sospechosos y datos omitidos para sustentar la investigación por el 8M

Iñigo Sáenz de Ugarte
26/05/2020 - 22:20h


Si descubres una noticia inventada o distorsionada en un medio sensacionalista, cuidado con desdeñarla, porque puede acabar en un informe de la Guardia Civil que formará parte de una investigación judicial. Si lees una teoría de la conspiración delirante, cuidado con reírte, porque puede tener el mismo destino. Mientras tanto, la Guardia Civil se ocupa también de vigilar la proliferación de rumores y bulos relacionados con el coronavirus. Acabamos de descubrir que puede ser para utilizarlos como materia prima de sus guisos policiales.

Si crees que cuando un ministro destituye a un alto cargo policial en mitad de una pandemia, está obligado a explicar sus razones, es que no conoces a Fernando Grande-Marlaska, el ministro que ha trasladado al Gobierno la forma de actuar de la Audiencia Nacional. En términos políticos, eso te convierte en un imán de problemas y situaciones embarazosas para el Gobierno y en una oportunidad inagotable para la oposición.

La investigación de la jueza Carmen Rodríguez-Medel contra el Gobierno por permitir las manifestaciones del 8M ha cobrado un giro inesperado al hacerse público el contenido de su condimento original: un informe de 81 páginas de la Guardia Civil que mezcla noticias con bulos, comete errores tan obvios que es difícil creer que sean inocentes e ignora datos conocidos al no acomodarse a la tesis que se intenta sostener.

El texto cita la carta ya conocida de la directora de Salud Pública de Madrid del 5 de marzo que recomendaba evitar los lugares con aglomeraciones de personas –no que se celebraran esos actos– o el transporte público, que obviamente no iba a ser cancelado. Convenientemente, se ignora el tercer párrafo que consiste en una sola frase: "La población general puede continuar con su actividad con toda normalidad". Cómo encajar la idea de un posible delito si te ves obligado a incluir esa frase. Fuera. Quita del guión las escenas de amor y deja sólo la parte dramática.

Se cita el famoso bulo de los guantes morados, que tanto juego le dio a Abascal y a Díaz Ayuso, pero eso no es suficiente. Por eso, se adjunta un DVD con las imágenes para que la jueza pueda darle al 'play' tantas veces como quiera. Se falsea la fecha en que la OMS decretó la pandemia global para situarla en enero (la real fue el 13 de marzo, cinco días después del 8M). Se da la vuelta a unas declaraciones de Fernando Simón el 28 de febrero para interpretar que dijo que la enfermedad estaba fuera de control (en realidad, dijo lo contrario, que los casos de transmisión comunitaria en Madrid se han producido "a un nivel muy bajo"). Después, se vuelve a otra frase de Simón del 27 de febrero en la que el doctor intentaba explicar que no era posible saber aún cuándo había llegado el coronavirus a España para remarcar que "implican un riesgo para toda la comunidad". ¿Culpable de no mentir en una entrevista?

Se dedica un amplio espacio a la actitud del Ministerio de Sanidad cuando exigió a los organizadores de un congreso evangélico que se iba a celebrar en Madrid a mediados de marzo que lo cancelaran. En un caso de amnesia interesada, se obvia que era un congreso mundial al que estaba previsto que acudieran miles de personas desde el extranjero, incluidos países de Asia que ya estaban siendo atacados por la enfermedad, "países de alto riesgo", como los ha definido Fernando Simón.

La última revelación: la Guardia Civil manipuló la declaración de un testigo para sustentar la acusación contra el Gobierno, como queda patente en el acta de su declaración ante los agentes. La lectura de los artículos 390 a 394 del Código Penal puede hacer que los responsables del cambio duerman peor en los próximos días.

"No constaba en el procedimiento si la autoridad gubernativa contaba con datos objetivos y suficientes derivados de las circunstancias concretas de cada caso de cara a prohibir reuniones/manifestaciones", dice el informe. Uno pensaría que eso dejaba pocas opciones legales a la Delegación del Gobierno en Madrid para tomar una decisión tan grave, más allá de recomendar a los convocantes en los términos más firmes que se quiera para que no realizaran una concentración, como así ocurrió finalmente en una veintena de casos. Pero ahí los autores del informe –un capitán y un teniente– hablan de "ponderar" los derechos constitucionales a la salud y la vida. Que no se diga que la Guardia Civil no puede hacer de Tribunal Constitucional si las circunstancias lo requieren.

Los guardias civiles, ya metidos en su papel de epidemiólogos sin titulación, tienen preparado su veredicto: "Por tanto, el Gobierno ya conocía desde el mes de enero la gravedad real de la epidemia". Si la ciencia viviera en ese universo de ficción, ya tendríamos vacuna y tratamiento médico para las próximas diez pandemias.
El informe de la Guardia Civil: No debió haber manifestaciones desde el 5 de marzo

El coronel Diego Pérez de los Cobos, destituido por Grande-Marlaska. EFE

Con tal despliegue de imaginación policial, no es raro que el informe haya tenido graves consecuencias políticas. No pasa todos los días que la Guardia Civil se dedique a investigar al Ministerio de Sanidad sin más base que comunicados oficiales y noticias aparecidas en los medios, incluidas varias falsas.

El ministro de Interior procedió el lunes a destituir a Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. El coronel es el mando superior de los autores del informe, pero no hay pruebas de que conociera su contenido. Marlaska tenía la obligación de explicar las razones de la destitución de un alto cargo policial tan importante, pero se negó a hacerlo en la rueda de prensa del martes. Ante varias preguntas sobre el tema, el ministro torturó con persistencia al idioma español con frases como esta: "La sustitución o cese del coronel Pérez de los Cobos es única y exclusivamente debida a esa política razonable y normal de reconstitución de nuevos equipos dentro del ámbito de máxima confianza".

Marlaska no cree que los ciudadanos tengan derecho a conocer las razones del cese, más allá de esa confusa referencia a la confianza en un alto cargo. En otra ocasión, se basó en sus 30 años de experiencia como juez para afirmar: "Hay una palabra que no la conjugo, y es injerencia". Los sustantivos no se conjugan. Teniendo en cuenta cómo emplea el ministro el lenguaje, tampoco nos vamos a poner muy exigentes en ese punto, más allá de anotar que la forma de hablar de Marlaska no despierta mucha confianza.

Las manifestaciones del 8M, de las que a posteriori se puede decir que no deberían haberse celebrado al igual que partidos de fútbol, misas y otros actos públicos en la primera semana de marzo, han pasado a ser una auténtica obsesión de la derecha y de Pablo Casado en particular. Es otro de esos frentes en los que el PP no puede dejar que Vox le supere ni en un centímetro. Atizar a las feministas y al Gobierno al mismo tiempo es una carta ganadora en ciertos círculos.

Volvieron a preguntar en rueda de prensa a Fernando Simón sobre el impacto del 8M en la extensión de la pandemia. Una vez más, él se refirió al aumento de casos detectados el 9 de marzo. "Sabemos que las personas tardaban entonces entre seis y siete días en ir al médico (tras el periodo de incubación) y dos o tres días en conocer los resultados. Así que debieron de contagiarse en torno al 19 y 20 de febrero", explicó. Por los datos de contagios conocidos dos semanas después del 8M, deduce que tuvo "un impacto marginal".

En otros países, hay científicos que sospechan que los actos masivos de marzo sí tuvieron una influencia decisiva en los contagios, como es el caso en Reino Unido de las carreras de caballos de Cheltenham (16-19 de marzo) y el partido del Atlético de Madrid en Liverpool (11 de marzo). Al menos en esos casos las fuentes de autoridad son científicos, no policías.

La investigación judicial parece centrada en perseguir a aquellas autoridades que no sabían en marzo lo que saben ahora en mayo. Su responsabilidad política o profesional existe, pero para llegar a la responsabilidad penal hay que dar muchos saltos acrobáticos. Con bulos y manipulaciones interesadas, resulta tan sencillo que hasta se pueden fabricar 81 páginas sin esfuerzo.


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Re:Nombramientos y destituciones en las jefaturas
« Respuesta #932 en: 27 de Mayo de 2020, 07:33:03 am »

Los bulos tienen las patas tan largas que acaban apareciendo en un informe de la Guardia Civil

Se cita el famoso bulo de los guantes morados


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Re:Nombramientos y destituciones en las jefaturas
« Respuesta #933 en: 27 de Mayo de 2020, 08:16:19 am »
Ya han puesto ha trabajar a sus subvencionados para echar mierda sobre la Guardia Civil. Se cargarán la Guardia Civil y crearan la Guardia de Asalto. Al tiempo.

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Re:Nombramientos y destituciones en las jefaturas
« Respuesta #934 en: 27 de Mayo de 2020, 09:07:52 am »
Ya han puesto ha trabajar a sus subvencionados para echar mierda sobre la Guardia Civil. Se cargarán la Guardia Civil y crearan la Guardia de Asalto. Al tiempo.

Creo que la Guardia Civil se ha echado mierda ella sola al firmar, capitán y teniente titulados,un informe que, tras su lectura, es una cagada desde el punto de vista de Policía Judicial.

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Re:Nombramientos y destituciones en las jefaturas
« Respuesta #935 en: 27 de Mayo de 2020, 11:19:36 am »
La GC, de servicio en PJ, debe conocer las diferencias entre BROTE, EPIDEMIA y PANDEMIA.


Gaceta Médica

INVESTIGACIÓN


¿Cuál es la diferencia entre brote, epidemia y pandemia?


Se cataloga como pandemia cuando los contagios se producen por trasmisión comunitaria en más de un continente

Por

 Sandra Pulido

 -

*12 marzo 2020*


La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha clasificado la situación actual del Covid-19 como pandemia tras multiplicarse por 13 el numero de casos fuera de China y triplicarse el número de países afectados.
Sin embargo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, señaló en rueda de prensa que “es una palabra que, si se usa incorrectamente, puede causar un miedo irrazonable o una aceptación injustificada de que la lucha ha terminado”. El organismo insiste en que es una llamada a que “los países tomen medidas urgentes y agresivas”, resaltó


La declaración de pandemia, según la OMS, hace referencia a la propagación mundial de una nueva enfermedad. Para llegar a esta situación se tienen que cumplir una serie de criterios y superar la fase epidémica.

BROTE

Un brote epidémico es una clasificación usada en la epidemiología para denominar la aparición repentina de una enfermedad debida a una infección en un lugar específico y en un momento determinado.
El ejemplo más claro de esta situación es cuando se produce una intoxicación alimentaria provocando que aparezcan casos durante dos o tres días. Otro ejemplo son los brotes de meningitis o sarampión que pueden llegar a extenderse dos o tres meses.

EPIDEMIA

Por su parte, se cataloga como epidemia cuando una enfermedad se propaga activamente debido a que el brote se descontrola y se mantiene en el tiemp. De esta forma, aumenta el número de casos en una área geográfica concreta.


PANDEMIA

Para que se declare el estado de pandemia se tienen que cumplir dos criterios: que el brote epidemico afecte a más de un continente y que los casos de cada país ya no sean importados sino provocados por trasmisión comunitaria.
“Mientras los casos eran importados y el foco epidémico estaba localizado en China la situación era calificada de epidemia pero en el momento en que salta a otros países y empieza a haber contagios comunitarios en más de un continente se convierte en pandemia”, explica Ángel Gil, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos.

“La responsabilidad ya no es solo de China, se tiene que implicar todo el mundo y todos los países tienen que tomar medidas”
Ángel Gil, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos.

MEDIDAS DE LA OMS

Ante esta situación, la OMS ha recordado lo que deben hacer todos los países.

Activar y ampliar los mecanismos de respuesta a emergencias

Comunicarse con las personas sobre los riesgos y cómo pueden protegerse

Encontrar, aislar, probar y tratar cada caso de Covid-19 y rastrear a las personas con las que haya estado en contacto

“La responsabilidad ya no es solo de China, se tiene que implicar todo el mundo y todos los países tienen que tomar medidas”, añade Gil.

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Re:Nombramientos y destituciones en las jefaturas
« Respuesta #936 en: 27 de Mayo de 2020, 13:11:52 pm »
Es una vergüenza para la Guardia Civil y lo dicho, Pérez de Los Cobos ya demostró su incompetencia en Cataluña y el error fue mantenerlo en su puesto.
Está claro que el fascismo detesta a la mujer y también contamina a la Guardia Civil

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Re:Nombramientos y destituciones en las jefaturas
« Respuesta #937 en: 27 de Mayo de 2020, 18:53:22 pm »

CGT desmiente presiones para desconvocar actos públicos y no descarta tomar medidas legales contra la Guardia Civil
por manipular las declaraciones de un sindicalista


La Confederación General del Trabajo (CGT) ha emitido un comunicado en el que desmiente todas las aseveraciones realizadas por medios e instituciones del Estado español en relación a las causas por las que, el pasado 10 de marzo, la organización llevó a cabo la desconvocatoria de una concentración en el marco de la semana de lucha por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
cgt-mclmex.org-admin Por cgt-mclmex.org-admin  mayo 27, 2020
CGT desmiente presiones para desconvocar actos públicos y no descarta tomar medidas legales contra la Guardia Civil por manipular las declaraciones de un sindicalista

CGT puntualiza que la decisión de desconvocar el acto del 10 de marzo se tomó por sentido común y de manera solidaria por la militancia, y ante la situación en la que se estaba en aquellos primeros días de evolución de la pandemia de Covid-19. En este sentido, CGT deja muy claro que no recibió presiones de ningún tipo para llevar a efecto dicha decisión, como sostiene el “informe” de la Benemérita al respeto y del que hoy se hacen eco los medios de comunicación del país.

CGT condena lo que para la organización no es más que otro montaje policial, como tantos otros que padece el entorno libertario y anarquista de este país durante años, y reprocha al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que en mitad de todo este nuevo escándalo haya tomado la decisión de aumentar el salario de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, el único sector nunca sufre las consecuencias de las crisis socioeconómicas.

CGT manifiesta que el fascismo no solo sigue en las calles, sino también en las instituciones

CGT ha manifestado que este montaje no es más que otro más de los muchos que sufre la clase trabajadora y una estrategia de la extrema derecha y sus grupos sociales reaccionarios encaminada a criminalizar la protesta y la lucha feministas.

En último lugar, la organización anarcosindicalista ha recalcado que no descarta emprender medidas legales contra la Benemérita, por entender que las declaraciones realizadas por un sindicalista ante la Guardia Civil, de confirmarse el contenido del informe publicado en las últimas horas, han sido manipuladas torticeramente para la pugna interna de esta institución militar contra el Gobierno del Estado español. CGT deja muy claro que su forma de funcionar en la sociedad es independiente de los Gobiernos de turno y sus acciones como sindicato no obedecen al chantaje de nadie.

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Re:Nombramientos y destituciones en las jefaturas
« Respuesta #938 en: 27 de Mayo de 2020, 18:56:06 pm »
Algo huele a podrido en la Cúpula de la Guardia Civil

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Re:Nombramientos y destituciones en las jefaturas
« Respuesta #939 en: 27 de Mayo de 2020, 20:12:13 pm »


Marlaska continúa con la purga: cesa el teniente general Santafé, número tres de la Guardia Civil


Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el mando compareció esta mañana en su despacho afeándole los recientes escándalos dentro del cuerpo.
27 mayo, 2020 20:01

 CORONAVIRUS ENFERMEDADES INFECCIOSAS FERNANDO GRANDE-MARLASKA GUARDIA CIVIL INFECCIONES MINISTERIO DEL INTERIOR
Brais Cedeira  @BraisCedeira
El número 3 de la Guardia, el general Fernando Santafé, ha sido cesado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, jefe del Mando de Operaciones de la Guardia Civil, el número 3 del Instituto Armado.

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL a través de distintas fuentes del Instituto Armado, y ha podido confirmar con fuentes del Ministerio del Interior.

La nueva destitución se produjo esta misma mañana. Su salida se produce después de la dimisión de Laurentino Ceña, su superior directo, DAO de la Guardia Civil, y tras el cese fulminante del coronel Diego Pérez de los Cobos, jefe de la Comandancia de Madrid, tras negarse a facilitar a altos cargos del ministerio informes solicitados por la jueza a los investigadores de la Policía Judicial sobre el 8-M.

Durante la pandemia
Santafé también ha sufrido los efectos de la pandemia a lo largo de los últimos meses. El segundo de a bordo del DAO quedó contagiado por coronavirus a finales del mes de marzo. Al conocer la noticia se recluyó en el piso que ocupa en el Edificio de Mando del complejo de la Guardia Civil de la calle Guzmán el Bueno, en el centro de Madrid, la sede central a la que habitualmente acuden unos 2.500 miembros del Instituto Armado.



Santafé (Bétera, Valencia,1956) llevaba más de 40 años sirviendo a la Guardia Civil. Abandonó la academia en 1978, ya como guardia civil raso. Desde entonces ha estado destinado en las Comandancias de Las Palmas, en el Destacamento de tráfico de Castellón, en la Escuela conjunta de Idiomas de las Fuerzas Armadas en Madrid, en el Gabinete de Coordinación de la Secretaria de Estado y Seguridad y en la Secretaría de Cooperación Internacional.

En el año 2012 ocupó el cargo de General Jefe de la Zona de Valencia y después, con su ascenso a Teniente General, se le encomendó la misión de convertirse en Jefe del Mando de Información, Investigación y Ciberdelincuencia. Es experto además en materia antiterrorista. Durante el verano de 2018, con la llegada de Marlaska a la cartera de Interior y la restitución del Director Adjunto Operativo, así como del antiguo modelo de cúpula suprimido por Zoido, se le designó como jefe del Mando de Operaciones, de facto, el número dos de la Guardia Civil. Por encima, solo Laurentino Ceña, el número 1, y el entonces director general Félix Azón, sustituido este pasado enero por María Gámez, la actual cabeza política de la Benemérita.