Más problemas para Maroto
Estimado el recurso contra la designación del comisario jefe de la Policía Municipal
El Ayuntamiento tiene quince días para recurrir
La Asociación de Jefes de la Policía Local de Euskadi está detrás de la demanda
m . gonzález - Jueves, 25 de Octubre de 2012 -
Vitoria. Los reveses en materia de Policía Municipal comienzan a acumularse en el debe del actual equipo de gobierno, en manos del Partido Popular de Javier Maroto. A los últimos acontecimientos ya adelantados por este diario -con una denuncia judicial de ErNE (Sindicato Independiente de la Policía Vasca) contra el Consistorio, al que acusa de impedirle ejercer sus derechos sindicales en el cuerpo-, se suma una sentencia judicial que pone en entredicho la decisión del Ejecutivo municipal en el nombramiento del actual comisario jefe de la Guardia Urbana. En concreto, según señalaron fuentes policiales consultadas, la Justicia estima el recurso en contra del nombramiento del citado al frente de la Policía Local y daría la razón a los demandantes, es decir, a la Asociación de Jefes de la Policía Local de Euskadi (Ajeple-Eube). Ésta consideraba que tal designación no se ajustaba a derecho. Ahora, eso sí, el Consistorio puede recurrir la decisión judicial, que no es firme. Para ello tendrá un plazo de quince días.
La sentencia, adelantada por este rotativo, quedó vista para sentencia hace unos meses en el juzgado de lo Contencioso Administrativo número tres de la capital alavesa. Entonces, a la Justicia le tocó lidiar a través de un proceso abreviado sobre el nombramiento del comisario jefe de la Policía Local, que lo es desde que gobierna el actual Ejecutivo municipal, José Carlos García Marcos. El caso es que a juicio de la portavocía de la Asociación de Jefes de Policía Local de Euskadi, tal circunstancia no concordaba con los procesos legales en vigor para tales circunstancias. En ese sentido, la citada organización reclamó ante el magistrado que se declarara la nulidad o que se revocase el Decreto de Alcaldía de 21 de junio de 2011 del Ayuntamiento de Vitoria. En aquella orden se asignó en comisión de servicios al actual comisario jefe el desempeño de las funciones del puesto. Ajeple creía que la designación del nuevo responsable policial debía responder a un proceso de concurso tal y como determina la Relación de Puestos de Trabajo.
La justificación del recurso contra el Decreto de Alcaldía establecía que el modo de provisión es el concurso y que éste debería respetarse. Por ello, en su momento, Ajeple consideró que el Ayuntamiento recurrió a una suerte de libre designación "encubierta".
"Lo que procede es que se obligue al Ayuntamiento de Vitoria a que se provea el puesto de comisario a través de un concurso de méritos: con unas bases de la convocatoria, un tribunal calificador y un baremo de méritos objetivos; para que puedan presentarse todas las personas que cumplan con los requisitos de capacidad fijados en las bases, y se elija a quien más y mejores méritos acredite en ese procedimiento selectivo", señaló en su día el presidente de Ajeple-Eube, César Pérez.
La representación legal del Ayuntamiento, por su parte, defendió durante la celebración su derecho a nombrar al máximo responsable de la comisaría de Aguirrelanda en la manera en que lo hizo por considerar que era perfectamente legal.
justificación Las causas alegadas por la asociación para argumentar la impugnación eran, en primer lugar, la "ausencia de los requisitos legales exigidos en la persona para ocupar ese puesto en comisión de servicios". Además, se señaló desde la asociación la "falta de cumplimiento de los requisitos de mérito y capacidad exigibles también para las provisiones de puestos en comisión de servicios". De manera paralela, los responsables de la agrupación policial aseguraron que "no se ha seguido el procedimiento legalmente exigible, para proveer el puesto en comisión de servicios" y que "no existe acreditación sobre la necesidad de proveer el puesto por comisión de servicios". Finalmente, se apuntó a que se ha producido una "desviación de poder", ya que a su entender "el uso de una comisión de servicios, como una suerte de libre designación encubierta, ha defraudado el sistema legalmente previsto para la provisión de ese puesto".
