NOMBRAMIENTO IMPUESTO "DESDE ARRIBA"
Revuelta en Tunte por el nuevo jefe de PolicíaALEXIS GONZÁLEZ
Marco Aurelio Pérez e Isidro Armas.
Un recurso de reposición alega que ha sido elegido a dedo en comisión de servicios ilegal -
Procede de los turnos de radio-patrulla de la Policía Nacional Elegido a dedo, sin ningún tipo de publicidad, en comisión de servicios irregular del Cuerpo Nacional de Policía y sin la categoría de funcionario válida para tomar posesión del puesto. Así se habría producido el reciente nombramiento del nuevo jefe de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana, Isidro Armas, inspector de la Policía Nacional, según denuncias ante el propio ayuntamiento del sur de Gran Canaria por parte de colegas de profesión.
El alcalde del principal municipio turístico canario, Marco Aurelio Pérez (PP), tiene desde hace un mes sobre su mesa un recurso potestativo de reposición contra la elección del jefe, por parte del también comisario de la Policía Local del ayuntamiento vecino de Santa Lucía de Tirajana, José Luis Herrera León, quien considera que la toma de posesión del puesto por parte de Isidro Armas el pasado 1 de marzo es contraria a Derecho.
Pero no sólo el jefe de Santa Lucía se ha opuesto al nombramiento de este joven de 33 años procedente de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, donde ostentó la jefatura de uno de los cinco turnos de los radio-patrullas del Cuerpo en la capital de la isla, sino también el comisario de la Local de Puerto del Rosario, Pedro Gordillo Cabrera, se ha dirigido al alcalde de Tunte, en nombre de la Federación de Asociaciones de Jefes de las Policías Locales de Canarias, para que se anule su nombramiento y evitar el contencioso.
El caso, según se expone profusamente en el recurso del jefe tirajanero contra su colega de comarca, supone un "fraude de ley y con desviación de poder" por parte del Ayuntamiento sureño, al utilizar una "comisión de servicios ilegal" con la intención de encubrir lo que a su juicio es una libre designación "a dedo" o "ad personam", que elude la preceptiva obligación de dar publicidad a la plaza vacante que debe garantizar la libre concurrencia al puesto. Una "imposición desde la superioridad", según explicaron las fuentes consultadas a este diario.
El recurso de reposición alega que "no existe causa que justifique la urgencia e inaplazable necesidad de cubrir el puesto de comisario", para la cual se ha utilizado la vía de la comisión de servicios en vez de una oposición abierta al puesto, al tiempo que tampoco existe en el expediente de nombramiento "identidad entre el puesto de trabajo vacante y el titular en comisión de servicios, al carecer Don Isidro Armas Diaz de los requisitos de titulación y de la cualificación exigida para el cargo en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT)".
El comisario jefe de SBT, según este recurso, es un funcionario de Grupo B al no tener una licenciatura universitaria y estar solo en posesión de dos diplomaturas, una como ingeniero técnico industrial por la universidad grancanaria y otra en Ciencias Policiales, por Salamanca, y formar parte, por tanto, de la escala inferior ejecutiva de la Policía Nacional en calidad de inspector, que le impediría, según la norma, acceder al puesto de comisario de Policía Local, reservado a funcionarios de Grupo A con licenciatura universitaria y de la escala superior.
Además, el recurso incide en la prohibición a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, por formar parte de la Administración General del Estado, de ocupar puestos de trabajo en el Cuerpo de la Policía Local, como parte de las administraciones locales, "en comisión de servicios", por lo que se considera ilegal su nombramiento de hace algo más de un mes.
Es precisamente esa comisión de servicios objeto de la polémica abierta en el seno de las policias locales, ya que en el mismo recurso se asegura que no consta acreditado que desde la Administración General del Estado haya tramitado una autorización formal para prestar la comisión de servicios en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.
El recurso advierte al alcalde con que puede haber incurrido en un delito de prevaricación administrativa, según los artículos 405 y 406 del Código Penal, que conllevaría multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo por tiempo de seis meses a dos años.
El propio Marco Aurelio Pérez ha aclarado a este diario que aún está pendiente de resolver estos recursos, que han de pasar por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, después de que los funcionarios correspondienten realicen los informes pertinentes, aún sin abordar.
