Autor Tema: La ley de extranjería y su aplicación  (Leído 134236 veces)

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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1500 en: 09 de Junio de 2019, 08:29:27 am »


La historia clínica número 3016: las diez veces que Samba Martine no fue diagnosticada en el CIE de Madrid


Samba Martine, enferma de VIH, fue diez veces al médico del centro. Solo fue llevada al hospital una vez, el día de su muerte, para "descartar una patología psiquiátrica"
El caso ha quedado visto para sentencia este viernes: repasamos su estancia en el CIE y sus intentos de ser tratada correctamente
El servicio médico del centro dependiente de Interior no realizó ninguna prueba diagnóstica: los peritos dicen que podría haber sobrevivido con un test de VIH
Gabriela Sánchez
08/06/2019 - 20:58h


El letrado de la migrante fallecida en el CIE de Aluche: "Sus síntomas se banalizaron"

El tío de Samba Martine, después de que el caso quede visto para sentencia: "Esperamos que los culpables sean sancionados"

El primer informe médico de Samba Martine registrado en el CIE de Madrid consta de dos folios con apenas información. Todo parece normal. No hay detalles ni observaciones. La mayoría de los campos para completar están vacíos. Era una paciente sana o alguien parecía tener prisa.

El reconocimiento médico inicial solo nos habla de una parte de Samba. Su número de interna, su nombre, el día en el que empezó su encierro por no tener papeles: 12 de noviembre de 2011. Presenta un poco de fiebre. Tensión arterial normal, no tenía alergias ni adicciones. No habla de sus antecedentes familiares ni personales, de su situación psicológica. No menciona su país de origen, ni da respuestas sobre su ruta migratoria.

Todo era normal, todo estaba "bien" en Samba.

Pero ese mismo día la mujer congoleña necesita una nueva consulta sanitaria. Samba no parece estar tan bien. El mismo doctor, Jaime Evaristo O. R., redacta un nuevo informe médico tras escuchar sus dolencias: síntomas gripales y picor en la zona perianal. Eso es lo que el personal sanitario entendió porque no consta la intervención de un traductor.

La interna se va de la enfermería con Frenadol y una pomada para la candidiasis, infección provocada por un tipo de hongo cuya aparición puede señalar la posibilidad de estar ante un paciente con alteraciones del sistema inmunitario, como el VIH, según expertos en enfermedades infecciosas.
Parte médico inicial de Samba Martine.

Parte médico inicial de Samba Martine.

Más de siete años más tarde, en un juzgado de Madrid, varios peritos analizan dos aspectos que "deberían" haber alertado al personal de SERMEDES, la empresa subcontratada por el Gobierno para prestar asistencia sanitaria en el CIE de Aluche. De las indicaciones descritas en los protocolos médicos para solicitar un test de VIH, en esta primera consulta Samba ya "cumplía una seguro" y otra, la posible candidiasis, "se deduce de su sintomatología", explica ante el juez Santiago Moreno Guillén, jefe del servicio de enfermedades infecciosas del Hospital Ramón y Cajal. La primera se refiere al lugar de origen de la paciente, República Democrática del Congo, un país con alta incidencia del virus.

Tres días después, las dolencias de Samba no remiten. "Dolor de cabeza, síntomas gripales, tos, dolor torácico, roncos y sibilancias", recoge un nuevo reconocimiento médico. Era 15 de noviembre de 2011 y el doctor Fernando H. V.  atiende a la mujer congoleña por primera vez. No habla francés y no hay constancia de que la interna estuviese acompañada de un intérprete. Le receta antiinflamatorios, paracetamol, un mucolítico y un antihistamínico. No ve la necesidad de solicitar prueba alguna.
"Creía que era una gripe"

El doctor Hernández explica en sede judicial pasados siete años que, al encontrarse un reconocimiento médico inicial prácticamente vacío, no observa la pertinencia de buscar las respuestas que su compañero no incluyó. "Me fié de él. Di por entendido que le habría preguntado y habría plasmado lo que considerase relevante". Ante las preguntas del abogado de la familia de su paciente, añade: "Creía que tenía una gripe". Tampoco se interesó por su país de origen como indicativo de la existencia de determinadas patologías más presentes en zonas concretas. Fernando H. V. está sentado en el banquillo de los juzgados por el caso de Samba Martine. Es el único, aunque no debería serlo. Otros dos sanitarios acusados, entre ellos el facultativo que atendió a la interna por primera vez, han huido.

Los días del internamiento de Samba transcurren a un ritmo lento. Es 30 de noviembre y la interna logra subir de nuevo a la consulta médica para reclamar al doctor que la medicación no le hace efecto. Que han pasado 15 días pero persiste el dolor de cabeza, la tos, el dolor en el pecho y ahora le ha empezado a doler el oído. Fernando  H. V. vuelve a recetar medicamentos contra los efectos de la gripe: antiinflamatorio, mucolítico, y un antibiótico para tratar la posible otitis. No ve necesaria la derivación al hospital para realizar una prueba que permita descartar posibles afecciones en el pulmón.

En el transcurso del juicio por posible homicidio imprudente del médico acusado, el jefe de enfermedades infecciosas del Hospital Ramón y Cajal resalta la obligación que, a su juicio, conllevaba la continuación de las dolencias de Samba. "Si una persona tiene síntomas que persistan dos semanas, estamos obligados a descartar que no hay nada más. Lo enseñan en la facultad", zanja el doctor Moreno.

"Si le duele la cabeza, no tiene fiebre, tiene tensión normal, roncus y es invierno, le mando antihistamínicos. Si no se le quita en 48 horas, recomiendo acudir a su médico de cabecera o a urgencias", coincide Carmen Baladía, médico forense encargada de la autopsia del cuerpo sin vida de Samba Martine.

Ese mismo 30 de noviembre, Fernando  H. V. también confirma que el picor en la zona perianal ha remitido. El Clotrimazol, un tratamiento para la candidiasis, parece haber tenido efecto. Este hecho ha sido otro de los destacados a lo largo del juicio por la muerte de Martine. Para los peritos, la mejoría del plurito perianal tras la medicación podría confirmar que la paciente había sufrido estado afectada por hongos de género Cándida, lo que aumentaba las razones para solicitar un test de VIH. "Debería haberlo pedido. No había excusas para no hacerlo", zanja el doctor Moreno ante el juez.  "Ante cualquier persona que tiene candidiasis hay que pensar en la posibilidad de que tenga VIH, más aún si es en la zona perianal", apunta Concha Colomo, doctora especialista en enfermedades de transmisión sexual.

Para entonces, durante la semana de ese 30 de noviembre, el mal estado de salud era "notorio", según la declaración judicial de Laura Díaz Nieto, empleada de Cruz Roja Española que trabajaba entonces en el CIE de Madrid, quien afirmó que tres semanas antes de la muerte de la interna era evidente que se encontraba enferma. "Se quejaba de que su estado no mejoraba aunque fuese al médico", sostienen desde la única organización subcontratada por el Gobierno para prestar asistencia social en el centro de internamiento.
El letrado de la migrante fallecida en el CIE de Aluche: "Sus síntomas se banalizaron"

Protesta frente a los juzgados de lo Penal de Madrid por la muerte de Samba Martine EFE

En otras siete ocasiones visitó la consulta médica Samba Martine. El 4 de diciembre,  tras 18 días refirió tener estreñimiento y dolor de oído. Ramiro M., cuya imputación fue retirada durante el proceso de instrucción, solo atendió a la congoleña una vez. Tampoco solicitó ninguna prueba. También le recetó medicamentos para calmar los síntomas.

Desde el día 10 de diciembre hasta el 14 (el único día en el que los informes médicos especifican la presencia de una traductor), la interna, madre de una niña de nueve años, visita la consulta médica cada día. A partir del día 12, sus dolores se disparan. Martine refiere ante los médicos y las enfermeras que la asisten "dolor de cabeza, dolor en el cuello, dificultad para dormir, molestias en la garganta" y un retraso en la menstruación. Le realizan un test de embarazo que resulta negativo y una analítica de orina. De nuevo, vuelve de la enfermería con el mismo medicamento de los últimos días: paracetamol. También con Myolastán, un relajante muscular.
Los últimos días de Samba

Samba cada vez está peor. Su historia clínica lo evidencia, el resto de internas alertaban de su estado con preocupación, los trabajadores de Cruz Roja observan que está visiblemente enferma. El día 17 diciembre, dos días antes de su muerte un empleado de la ONG procedente de República Democrática del Congo, como ella, se  cruza con ella en la escalera. Se dirige al servicio médico porque, como de costumbre, no se encuentra bien, le comenta la interna en lingala, su lengua materna. No había dormido en toda la noche, tenía fuerte dolor en la cabeza, la nuca, y dificultad para mover cuello y brazos, recoge le organización en un informe presentado ante el juez.

"Se quejaba de que el personal médico no le entendía bien (Se comunicaba en francés) y que únicamente le proporcionaban paracetamol, lo que no calmaba sus dolores", detalla el documento de Cruz Roja. El mediador de la ONG, que tenía que atender al resto de internas, escribió todas las dolencias que refería en un papel para que "se lo entregara al personal sanitario y comprendieran mejor la situación". No hay registro alguno de que Samba pudiese hablar aquel día con un doctor. No aparece en su historia clínica.

En esos últimos días, "no hacía más que llorar, gemir, quejarse", según el testimonio de las internas recogido por el juzgado de control del CIE. Sus compañeras la veían "seriamente enferma". El 18 de diciembre, Samba subía otra vez las escaleras que conducían al servicio médico. Esta vez lo hacía ayudada por otras internas, describe Cruz Roja. Samba no podía tenerse en pie.

Eran las 9:30 horas de la mañana y el médico aún no había llegado a la consulta. La atendió una enfermera, Yordanka G. C., otra de las acusadas del caso. Otra de las dos personas que deberían estar sentadas en el banquillo, pero no están. La sanitaria observa "crisis de ansiedad" en Samba, quien también refiere "mucho dolor de cabeza". Una mediadora de Cruz Roja ayuda en la traducción de las quejas de la congoleña. La enfermera inyecta nolotil en vena y le dan un Orfidal, un ansiolítico, para que Samba se relaje.

La mujer congoleña desciende las escaleras apoyada en sus compañeras, pero tampoco nadie considera la necesidad de trasladarla a un hospital. Samba regresa al salón, donde con el paso del día, su estado empeora. La mujer pasa esa tarde tumbada en el suelo, tapada con mantas, en una sala cargada por el humo del resto de internas, que fuman en el interior del CIE. En un ambiente "irrespirable y nocivo", describe Cruz Roja.

Tan mal veían a Samba, que la mediadora de la ONG sube a la consulta médica para alertar de su estado de salud. Yordanka G. C., prófuga de la justicia, responde que "no puede hacer nada más", describe. Desde Cruz Roja insisten una vez más a la enfermera "sin éxito". La mujer congoleña continua todo el día en la sala de estar, tumbada en el suelo. Ningún médico, ni la dirección del centro, permitió a la enferma descansar en su cuarto.

19 de diciembre de 2011. A las 9:30 horas, la mujer congoleña ya está en la camilla de la consulta del CIE. "Cefalea e hiperventilación", recoge el informe médico. Más tarde, el personal médico indica a Cruz Roja que la mujer "está nerviosa, con comprotamientos similares a un ataque de ansiedad. Horas antes de morir, los sanitarios recomiendan a la interna que "realice ejercicios de respiración". Ella obedece, pero su estado empeora. La enfermera le inyecta Diazepam, un medicamento ansiolítico y sedante.

Samba se duerme, pero continúa hiperventilando. Es entonces cuando el servicio médico, tras 35 días de internamiento, ordena su traslado al hospital. Llaman a un coche patrulla. La mujer enferma está descalza, por lo que Cruz Roja solicita unas zapatillas. Una vez calzada, la policía se niega a ayudar a la interna a descender las escaleras. No es "su función", responde.

Dos compañeras internas y la trabajadora social de Cruz Rojan sostienen a Martine, que a punto estar de caer en varias ocasiones. Un policía del CIE acude a ayudarlas a coger a Samba y a introducirla en el vehículo policial. Los agentes encargados del traslado protestan ante la enfermera: ¿Cómo es posible que no haya llamado a una ambulancia en el caso de una persona que está "tan débil"? La sanitaria responde que no hay problema, que puede ir en el coche patrulla.

La mujer es trasladad por fin a un hospital. El último documento médico de Samba Martine, el mismo que será entregado al personal del hospital, indica que la interna "presenta un cuadro de ansiedad e hiperventilación". La única vez que la mujer, tras días de quejas y llantos, es enviada a un centro hospitalario es para "descartar patología neurológica y/o psiquiátrica", detalla el informe. Horas después de su ingreso, Samba Martine muere en el Hospital Doce de Octubre.

La autopsia resuelve como causa del fallecimiento "criptococosis", una enfermedad generada por un hongo que afecta de forma destacada a portadores de VIH. El estudio del cuerpo sin vida de Samba revela que la mujer estaba afectada por el virus.

Tiempo después, la acusación popular del caso descubre que el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla (CETI), donde pasó una temporada antes de ser derivada al centro de detención de Madrid, sí había sido diagnosticada. El Ministerio de Empleo, del que depende el CETI, no se coordinó con el de Interior (CIE) para transmitir esta información. Tampoco hay evidencias de que nadie de esa institución comunicase a Samba los resultados de su análisis de sangre.

Ningún médico del CIE vio necesaria la realización de la prueba de VIH, un test que los peritos han considerado crucial para diagnosticar la criptocosis que acabó finalmente con su vida.

No todo estaba "bien", no todo estaba normal en Samba. No era una gripe ni un ataque de ansiedad, como describía su propia historia clínica consulta tras consulta. La misma que no aporta muchos datos sobre ella, sobre sus antecedentes médicos, sobre su país de origen, sobre su historia, sobre la hija de nueve años que la esperaba en Francia.

Pero en ese papel, en su esquina derecha, sí aparece un dato destacado sobre el resto: 3016, el número que escondió su nombre durante su internamiento.
Tumba de Samba Martine, en el Cementerio Sur de Madrid

Tumba de Samba Martine, en el Cementerio Sur de Madrid Olmo Calvo
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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1501 en: 11 de Junio de 2019, 07:58:03 am »

El Supremo tacha el reglamento de la Ley de Extranjería de "norma oscura"
La Sala III del tribunal ha dictado una sentencia en la que fija como criterio que las autorizaciones de residencia temporal en España por razones excepcionales pueden prorrogarse por más de un año
Da la razón al padre extranjero de un niño español al que se le denegó la prórroga de la autorización de residencia por razones excepcionales de arraigo familiar
El Supremo considera que el Reglamento de la Ley de Extranjería, que regula estos permisos, "es un claro ejemplo de una norma oscura que dificulta una respuesta segura a la hora de su aplicación"
Desalambre
10/06/2019 - 17:01h

La Sala III del Tribunal Supremo ha dictado este lunes una sentencia que fija como criterio que las autorizaciones de residencia temporal en España por razones excepcionales recogidas en el Reglamento de la Ley de extranjería pueden prorrogarse por más de un año. Esta prórroga puede darse, informa la oficina de prensa del tribunal, con independencia de que "el titular de esas autorizaciones pueda solicitar la autorización de residencia, o de residencia y trabajo".

El Supremo da la razón así al padre extranjero de un niño de nacionalidad española al que se le denegó la prórroga de la autorización de residencia por razones excepcionales de arraigo familiar. La Subdelegación del Gobierno en Alicante le denegó la prolongación al entender que en el Reglamento de la Ley de Extranjería, que regula este asunto, no cabe esta prórroga. Un Juzgado de lo contencioso administrativo de Alicante y el Tribunal Superior de Justicia de Valencia consideraron correcta esta decisión y rechazaron el recurso del solicitante.

Sin embargo, el Supremo admite en su sentencia que el artículo 130 del Reglamento de la Ley de Extranjería "es un claro ejemplo de una norma oscura que dificulta una respuesta segura a la hora de su aplicación", lo que, según afirma el tribunal, ha provocado "una disparidad de criterios" en los distintos órganos. El fallo concluye que la decisión de no permitir la prórroga y el rechazo de los recursos "supone, aunque indirectamente, una palmaria infracción de la protección jurídica que al menor dispensa nuestro ordenamiento jurídico".

El Supremo sostiene que, dado que la norma contempla que "en virtud de su carácter excepcional, las autorizaciones concedidas con base en los artículos precedentes, así como sus prórrogas, tendrán una vigencia de un año, sin perjuicio de lo establecido en este artículo y de la normativa sobre protección internacional" se pueden plantear dudas sobre "si la vigencia de un año constituye el plazo máximo de las autorizaciones y sus prórrogas", o "si ese plazo anual de vigencia rige individualmente para la autorización inicial y, en su caso, para las prórrogas consecutivas que puedan concederse".

El tribunal subraya que, si la finalidad de estas autorizaciones responder a las situaciones de excepcionalidad --arraigo familiar, protección internacional, razones comunitarias, colaboración con las autoridades, seguridad nacional o interés público-- "su plazo de vigencia no puede ser otro que aquel en el que perdura la situación de excepcionalidad".

Además, el TS entiende que para el caso concreto estudiado, la autorización de residencia temporal por razón de arraigo familiar para el padre d e un menor de nacionalidad española "carece de todo sentido que trascurrido el plazo del año de la autorización, permaneciendo inalterable la situación contemplada al tiempo de la autorización, pueda ser denegada la prórroga".

Los magistrados consideran, además que tal solución "contradice la página web del Ministerio del Interior y vulnera de forma indirecta la protección jurídica que al menor dispensa nuestro derecho interno y derecho de la Unión". La sentencia recuerda que el portal web de Interior "prevé expresamente la prórroga de la situación de residencia temporal por circunstancias excepcionales al informar que 'los titulares de una autorización concedida por el titular de la Secretaría de Estado de Seguridad, o autoridad en quien delegue, podrán prorrogar la autorización siempre que se aprecie por las autoridades competentes que persisten las razones que motivaron su concesión".

El Supremo reconoce el derecho del padre del menor a que se le resuelva la solicitud de prórroga y se la conceda, "en caso de persistir, a la fecha en que se formuló la solicitud, las circunstancias concurrentes al tiempo de la autorización de residencia temporal por razón de arraigo familiar".


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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1502 en: 14 de Junio de 2019, 11:33:53 am »

La Justicia absuelve al único acusado por la muerte de Samba Martine y apunta a la responsabilidad de la Administración

Fronteras
El juzgado ha absuelto al único acusado de la muerte de la mujer congoleña enferma de VIH: un doctor del CIE que la atendió dos veces pero no pidió ninguna prueba
"Está claro que la actividad del acusado fue uno de los factores que provocó el deceso pero ni fue el único ni mucho menos, y tampoco el más relevante"

El juez destaca como otra de las causas la descoordinación entre el CIE de Madrid y el CETI de Melilla, donde sí le habían hecho un test de VIH
Gabriela Sánchez
14/06/2019 - 07:00h


Dos peritos ratifican ante el juez que la muerte de Samba Martine en el CIE se podría haber evitado con pruebas médicas

El Juzgado de lo Penal número 21 de Madrid ha concluido que la asistencia médica  proporcionada por el único acusado de la muerte de Samba Martine en el CIE de Aluche "fue uno de los factores que provocó" su muerte, pero "no fue el único" ni "el más relevante", por lo que ha dictaminado su absolución. El magistrado ha destacado que los fallos detectados en la atención ofrecida por otros sanitarios del centro -entre ellos dos acusados prófugos- y las "deficiencias burocráticas" ligadas a su internamiento tuvieron "un peso importante" en su fallecimiento.

La sentencia, emitida el 11 de junio, concluye la absolución de Fernando H. V, el único juzgado de los tres acusados, por un posible delito de homicidio imprudente. El doctor atendió en dos ocasiones a Samba Martine, una mujer congoleña con VIH que falleció por criptococosis, enfermedad generada por un hongo que afecta de forma destacada a personas inmunodeficientes. La interna acudió a la consulta del Centro de Internamiento de Madrid hasta ocho veces más, pero ninguno de los sanitarios vio necesaria su derivación al hospital.

"Está claro que la actividad del acusado fue uno de los factores que provocó el deceso de la Sra. Martine pero ni fue el único y exclusivo ni mucho menos, y tampoco el más relevante", ha argumentado el juez David Mamán Benchimol. "Sería injusto, en definitiva, cargar al acusado en exclusiva el fallecimiento de la Sra. Martine y tanto las omisiones de otras personas como las deficiencias burocráticas tuvieron un peso muy relevante en que la interna no recibiera el tratamiento debido".

El doctor juzgado asistió a Samba Martine el 15 y el 30 de noviembre durante su encierro en el CIE de Madrid y no solicitó ninguna prueba diagnóstica a pesar de sus síntomas gripales persistentes. "No se tiene duda de que el acusado infringió la lex artis pues la existencia" de tos, dolor de cabeza, sibilancias y roncus durante 15 días "en un paciente que no mejora a un primer tratamiento merecía la realización de una radiografía, por lo menos, para descartar una afección de origen pulmonar", ha señalado Mamán Benchimol, haciendo suyos los argumentos esgrimidos por los peritos. 

"El hecho además de que ella estuviera ingresada en un CIE, donde las condiciones de salud de los internos suelen ser generalmente deficientes, acrecentaba esta exigencia, tanto para prevenir que el contacto con otros internos agravase su situación, como por la posibilidad de que ella padeciese una enfermedad infecciosa que pudiera afectar al resto", ha desarrollado.

Sin embargo, el auto establece que la falta de solicitud de pruebas diagnósticas por arte del acusado ante los síntomas gripales persistentes de Martine se trataría de una "infracción leve" de la práctica médica habitual, que no debe conllevar condena según el criterio del magistrado.

Para que el juez considerase "grave" la asistencia médica del acusado, deberían haber existido "motivos suficientes y claros" que empujasen al doctor H. V. a pensar que Samba Martine tenía VIH. En ese caso, el envío de la interna al hospital habría sido "inmediata para efectuar, no solo radiografías, sino muchas pruebas más", debido a las complicaciones generalizadas que conlleva la infección por este virus, lo que podría haber derivado en el diagnóstico de criptococosis, la enfermedad que acabó con su vida.

La sentencia descarta que Martine, cuando fue atendida por el doctor acusado, tuviera "signos evidentes" que hubieran obligado a H. V. a sospechar que fuese portadora de VIH. "Siendo esto así, la omisión del acusado no puede ser considerada grave", ha enfatizado el juez. Durante el juicio oral, la acusación destacó como posible síntoma indicador de la inmunodeficiencia de la paciente uno de los medicamentos recetados por otro de los doctores del CIE, el Clotrimazol, empleado en el tratamiento de la candidiasis, una enfermedad ligada a la inmunodeficiencia.

No obstante, el juez descarta la existencia de indicios suficientes para alcanzar dicha conclusión: "Este juzgador no puede dar probado, en definitiva, que la Sra. Martine hubiese tenido una candidiasis y no había motivos tampoco para pensar que el médico acusado tuviera conciencia de ello de manera indefectible". Por esta razón, Mamán Benchimol rechaza que la omisión de la petición del test de VIH del acusado pueda "ser considerada grave" porque ninguno de los síntomas de Martine eran "de por sí demostrativos de que tenía una enfermedad de tanta importancia como la que padecía".
La responsabilidad de la descoordinación institucional

Aunque la responsabilidad de la Administración en la muerte de Samba no era el objeto de esta sentencia, la Justicia apunta como otra de los factores destacables la descoordinación existente en la falta del envío del historial médico de Samba Martine desde el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla y el CIE de Madrid, donde fue encerrada por no tener papeles.

En la ciudad autónoma, Martine había sido sometida a un test de VIH que resultó positivo, pero esos análisis nunca llegaron al centro de internamiento. Aparecieron un año después. "Es evidente en este sentido que, de manera previa, si se hubiese recibido el informe del CETI de Melilla donde se hacía constar que ella era portadora de VIH, hubiera estado clara la importancia de la enfermedad y la necesidad de ingreso inmediato", indica el auto.

"No es entendible tampoco que no hubiese una coordinación de datos entre los distintos centros de internamiento de tal manera que el Centro de Madrid no sabía los datos de la Sra. Martine en el Centro de Melilla y ello imposibilitó que se hubiera podido suplir la inactividad de este último para reclamar los resultados de los análisis efectuados a la misma pues ello también hubiera facilitado previsiblemente el ingreso hospitalario", incide el magistrado.

Para explicar los distintos factores que, a su juicio, influyeron en la muerte de Samba Martine, el juzgado también ha recordado que la mujer congoleña acudió en varias ocasiones al centro médico y fue atendida "hasta siete veces más" por "distintos médicos y enfermeras que podían ver las visitas precedentes en el historial médico y ninguno de ellos acordó ni el traslado al hospital ni la práctica tampoco de análisis alguno".

Además, el magistrado reconoce verse empujado a hacer constar "lo penoso y lamentable que resulta" el hecho de que Samba Martine, horas antes de morir, fuese transportada del CIE de Madrid al hospital en un coche patrulla en vez de en una ambulancia, "a la vista del estado tan grave de la interna". Los agentes de Policía encargados del traslado relataron ante el juez su rechazo a la decisión de llevar a la interna en el vehículo policial, pero una de las enfermeras (también prófuga) insistió en que la interna no necesitaba una ambulancia.
Acusación: "Dice que fue negligente pero no la castiga"

Las acusaciones popular y particular están estudiando la posibilidad de interponer un recurso contra la sentencia, pues considera es una "cuestión técnica" la que evita una condena contra el único acusado. "El magistrado no tiene duda de que su conducta fue negligente, pues debió haber prescrito una radiografía ante la persistencia de síntomas que no remitían" pero "considera que se trata de una infracción leve de la lex artis, y no la castiga", han lamentado a través de un comunicado una decena de organizaciones, entre ellas Coordinadora de Barrios, la Plataforma CIEs NO o Pueblos Unidos.

A pesar de la falta de condena, las organizaciones que han apoyado a la acusación popular y particular han considerado que la sentencia "contiene importantes pronunciamientos" pues "certifica la confluencia de negligencias individuales y de un "pésimo funcionamiento de la Administración".
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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1503 en: 22 de Junio de 2019, 17:20:22 pm »


Denuncian indicios de un nuevo caso de torturas en el CIE de Aluche


Un interno del centro de internamiento para extranjeros de Aluche ha denunciado que la noche del 27 de abril, mientras dormía, un policía le golpeó en la cara “con un objeto”.

CIE de Aluche Madrid -por AMP
Fachada del Centro de Internamiento para Extranjeros de Aluche, en Madrid. ÁLVARO MINGUITO
PABLO 'PAMPA' SAINZ

PUBLICADO
2019-06-19 10:12:00
La titular del Juzgado de lo penal nº 19 que cumple funciones de control del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, Inmaculada Iglesias Sánchez, ha ordenado investigar “por posible delito de torturas” el caso de una persona interna de origen marroquí que habría sido agredida por un policía del Centro mediante el uso de un objeto contundente.

“En el centro de internamiento de Madrid se ha incumplido el deber legar de velar por el respeto a la integridad física y salud de las personas internas, sin que puedan en ningún caso ser sometidas a tratos degradantes, al existir indicios de que el interno fue agredido con un objeto contundente por un agente de la policía, no identificado, en la noche del 27 de abril, cuando se encontraba en su dormitorio”, afirma la jueza, y certifica que en el informe del servicio médico “se refleja que en la exploración física el interno presentaba herida producida por objeto contundente en región hemifrontal izquierda”.


Este nuevo auto, de fecha 10 de junio, viene a secundar otro dictado por la misma jueza hace apenas dos semanas, cuando ya por otros hechos ordenaba investigar algunas prácticas policiales que podían constituir “un delito de tortura”.

En este caso, el auto judicial deriva de acumular seis expedientes judiciales abiertos a partir de denuncias de las diferentes organizaciones sociales que realizan visitas a las personas encerradas en el CIE de Aluche, entre otras Karibú-Amigos del Pueblo africano, el Observatorio de Derechos Humanos Samba Martine, Pueblos Unidos-Servicio Jesuita a inmigrantes, etc. También de dos visitas realizadas por la jueza, el 30 de abril y el 6 de mayo.


LAS POSIBLES TORTURAS
En las quejas presentadas por las organizaciones se denuncian tratos vejatorios en los cacheos, realizados con malas formas y siempre a la intemperie, en el paso al comedor, en la premura con la que se ven obligadas a comer, y en el “carácter intimidatorio” de las prácticas empleadas para trasladar a las internas a los medios de transporte en los que van a ser deportadas.

Sin embargo, fue en la visita del 30 de abril, cuando Iglesias Sánchez tomó conocimiento de la posible agresión a uno de los internos por parte de un policía no identificado. Una trabajadora de la Cruz Roja —única ONG contratada por el Estado para llevar tareas de seguridad social dentro del CIE— informó a la jueza que uno de los internos le había manifestado que había sufrido una agresión policial teniendo que solicitar asistencia médica.

Además, la jueza ha constatado en el visionado de cámaras que en algunos casos apenas disponían de 12 minutos para comer y bajo una estricta y “desproporcionada” presencia policial

Los hechos se habrían producido en la noche del 27 de abril, cuando según manifestó el interno, mientras dormía un policía haciendo el recuento le golpeó en la cara “con un objeto”. Según la magistrada, en el parte médico, “que no había sido remitido en su momento a este juzgado en funciones de control” —cuestiona—, se refleja una “contusión frontal simple”, e indica que, en la exploración física, “el interno presentaba herida producida por objeto contundente en la región hemifrontal izquierda”.

“De nuevo se ha podido constatar que en el CIE de Madrid no se cumple el deber legal de protección de los internos. Por un lado, existen indicios de que un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado que están legalmente obligados a velar por la vida e integridad de las personas que se encuentren bajo su custodia, abusando de su cargo, ha sometido a un interno a sufrimiento físico, causándole incluso lesiones, conducta tipificada en el artículo 174 del código penal como delito de tortura”, concluye la jueza.


Asimismo, cuestiona que no teniendo todas las partes implicadas conocimiento de lo sucedido, tanto la ONG Cruz Roja como el servicio médico del centro, el CIE “haya omitido comunicar los hechos” y que tampoco se remitiera “el informe de lesionado”.

También critica que no pudiera tomar testimonio al interno denunciante “dado que ese mismo día a primera hora de la mañana había sido expulsado, dificultándose así la investigación de los hechos ante la inexistencia de cámaras del CCTV en el lugar en que presuntamente fue agredido, en el dormitorio”.

OTRAS MEDIDAS ORDENADAS POR LA JUEZA
Para dar respuesta a las denuncias presentadas por el tejido asociativo respecto a diferentes aspectos que hacen a la vulneración de derechos dentro del CIE de Aluche, la jueza ha ordenado al director, Antonio Montes Rodríguez, que se adopten “las medidas necesarias para garantizar” derechos hasta ahora vulnerados.
“El derecho a los internos a comunicarse en el horario establecido por el centro con sus familiares y allegados” y por consiguiente que las visitas sean informadas “de forma clara sobre los enseres y objetos que les pueden entregar”, manda.

Además, la jueza ha constatado en el visionado de cámaras que en algunos casos apenas disponían de 12 minutos para comer y bajo una estricta y “desproporcionada” presencia policial, por cuanto solicita al director del centro “el cumplimiento del horario de comedor con el fin de que puedan comer sin premura alguna”.

También ordena algo en lo que hace más de cinco años habían incidido los juzgados de vigilancia: “que todos los agentes de policía que presten servicios en el CIE lleven la placa reglamentaria con el número de identificación, adoptándose para ello todas las medidas oportunas incluidas las disciplinarias”.

De igual manera, Iglesias Sánchez recuerda que debe respetarse “el derecho de las personas internas a ser informadas sobre la ejecución de su deportación” y a “acceder a los impresos de solicitud de protección internacional”.

Por último, atendiendo a las recurrentes denuncias de personas internadas que sufren problemas psicológicos, lesiones o enfermedades, que se ponga en conocimiento de los juzgados de control “sin demora” del internamiento “de personas que sufran alguna dolencia física o psíquica, que necesiten tratamiento médico o estén sujetas a revisiones médicas periódicas, así como los internamientos que concurran circunstancias que puedan indicar que se trata de personas vulnerables”.

Las nuevas medidas, en general, han sido recogidas con anterioridad por otros jueces de control, una figura creada especialmente para vigilar el funcionamiento de los CIE que ha sido vital para intentar garantizar derechos básicos dentro de estos centros de encierro de personas migrantes en situación irregular.

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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1504 en: 02 de Julio de 2019, 07:13:57 am »
La justicia avala por primera vez la expulsión de un enfermo mental por motivos de seguridad nacional

Interior, que admite que sufre «delirios» y «esquizofrenia», le acusa de vínculos con el Daesh pero nunca ha sido condenado

MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid
Lunes, 1 julio 2019, 08:20

¿Es posible castigar penalmente a un enfermo mental? ¿Aunque nunca haya sido condenado? ¿Y si esa persona supone una supuesta amenaza para la seguridad nacional? El Ministerio del Interior y ahora la Audiencia Nacional se han visto forzados a responder a esas preguntas tan peliagudas. Y la respuesta ha sido sí. Interior, con el visto bueno del tribunal de la calle Génova, ha expulsado a su país a un marroquí, al que acusaba de tener vínculos con el Daesh y de estar en un avanzado estado de radicalización. Pero al mismo tiempo este individuo –y así lo reconoce la policía en sus informes y los jueces en su fallo- en realidad sufre «delirios», «desórdenes de personalidad» y «esquizofrenia» entre otras muchas patologías, que ponen en duda hasta qué punto es un verdadero yihadista.

La controvertida sentencia de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, a la que ha tenido acceso este periódico, confirma la decisión de la Secretaría de Estado de Seguridad de expulsar al marroquí en septiembre del pasado año y de prohibirle el regreso a España –en aplicación de la ley de la ley de extranjería- durante una década por «participar en actividades contrarias a la seguridad nacional».

«Avanzado estado de radicalización»

El tribunal no atiende al hecho de que el marroquí tiene permiso de residencia legal, vive en España desde 2000, tiene cotizados ocho años y empleo fijo y su mujer e hijos viven en Lérida igualmente de forma legal.

En esencia, la justicia da por buenas todas las acusaciones contra el sospechoso realizadas por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional que en sus informes apuntaba que el magrebí se encontraba en un «avanzado estado de radicalización», que se había manifestado «partidario de los planteamientos del Estado Islámico», que tenía «intención de viajar a Siria» y que uno de sus cuñados era un destacado dirigente del Daesh.

Acto seguido, estos mismos informes admiten que el marroquí «sufre desórdenes psicóticos con síntomas de esquizofrenia, manifestando actualmente desórdenes de personalidad, acompañados con delirios y personalidad antisocial».

Es más, que el extranjero con «sus comportamientos antisociales» ya ha provocado numerosos altercados en Lérida, con amenazas «reiteradas» de «cometer un atentado». El marroquí incluso fue detenido en un centro comercial de la ciudad el 17 de julio de 2017 tras gritar: «Alá Akbar. Voy a poner una bomba y luego huiré a pie. Soy un terrorista».

«Información confidencial»

La Audiencia Nacional afirma que las sospechas apuntadas por los servicios antiterroristas, que incluso llegaron a encartarle en una investigación en la Audiencia Nacional por la que nunca fue juzgado, son suficientes para decretar su expulsión aunque no haya denuncia y a pesar de los evidentes desórdenes mentales del magrebí. Recuerda la sala que ni siquiera es suficiente que la Policía revele al extranjero toda la información que tiene contra él para reclamar su destierro fuera de España.

Los jueces sostienen que el Tribunal Europeo de Derecho Humanos ya ha avalado que «el uso de información de carácter confidencial puede ser inevitable cuando se halla en juego la seguridad nacional». «La jurisprudencia es constante en sostener que no se exige que se proporcionen detalles exhaustivos, sino de ofrecer un mínimo de datos sobre las razones determinantes», zanja el tribunal.

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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1505 en: 10 de Julio de 2019, 15:50:39 pm »
Piden el cese del director del CIE de Aluche para evitar “la grave situación de vulneración de derechos”



Más de 150 organizaciones sociales  —entre ellas muchas que trabajan en la visita, acompañamiento y defensa de derechos de las personas encerradas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE)— exigen al Ministerio de Interior, el “inmediato cese” del director del CIE de Aluche, en Madrid, Antonio Montes Rodríguez.

CIE Aluche 2
Agentes de la Policía Nacional en las inmediaciones del CIE de Aluche. BÁRBARA BOYERO
PABLO 'PAMPA' SAINZ

PUBLICADO
2019-07-09 10:51:00
Los últimos autos dictados por la titular del Juzgado de Instrucción nº 19 de Madrid en funciones de control del CIE, Inmaculada Iglesias Sánchez, solicitando se abrieran investigaciones contra policías que trabajan en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid, por “posible caso de torturas” parecen ser el detonante que faltaba para que más de un centenar y medio de asociaciones de todo el Estado español pidieran este martes al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska el “cese inmediato” del director del Centro, Antonio Montes Rodríguez.
“Es necesario prevenir nuevos hechos como los denunciados en el último mes”, exigen las organizaciones, quienes acusan de que es “bajo la responsabilidad del actual director” que se constata “un uso desmedido e innecesario de medidas de seguridad, un clima intimidatorio y un trato inadecuado, e incluso degradante, hacia las personas internas”.

Montes Rodríguez ocupa la Dirección del CIE de Aluche, en Madrid, desde los primeros meses de 2017, pero la preocupación por la forma de ejercer el mando es previa a su nombramiento en el cargo. Con anterioridad se desempeñó como jefe de Seguridad del propio Centro. De “carácter fuerte y malas maneras” —según lo definen quienes han tratado con él—, supo granjearse entre las personas internas e incluso en los pasillos judiciales el mote de “el sádico”, tal como alguna vez revelara el entonces responsable de Juzgado de Instrucción nº 6, también en función de control del CIE, Ramiro García de Dios Ferreiro.
Montes Rodríguez ocupa la Dirección del CIE de Aluche desde principios de 2017, pero la preocupación por la forma de ejercer el mando comienza antes, cuando era el jefe de Seguridad

“Con este director directamente no hay diálogo”, afirman las fuentes consultadas entre las organizaciones que realizan visitas a las personas encerradas en el CIE de Aluche y que prefieren mantenerse en el anonimato. “Con el anterior una podía hablar y si no había respuesta a peticiones que siempre tenían que ver con derechos vulnerados a algún interno, íbamos a los Juzgados. Ahora, y desde hace bastante tiempo, la única posibilidad es hacer la denuncia en los juzgados de vigilancia”, comentan.
“La grave situación de vulneración de derechos de las personas internadas en el CIE de Madrid bajo la dirección actual, no es una apreciación subjetiva de las entidades peticionarias. Es una realidad que queda reflejada en numerosas resoluciones judiciales dictadas por diferentes juzgados que tienen encomendado legalmente el control de la estancia de los extranjeros en este CIE”, denuncian las 158 organizaciones firmantes en el escrito de petición entregado al Ministerio de Interior.

El dossier entregado se acompaña de 12 documentos de autos judiciales, fichas de visitas del defensor del Pueblo al CIE, providencias judiciales e incluso una denuncia presentada el pasado 20 de junio por algunas organizaciones ante la Dirección General de la Policía Nacional “instando la apertura de procedimiento disciplinario” contra el mencionado funcionario policial.
En ésta última, organizaciones del prestigio de Pueblos Unidos, Karibu o el Observatorio de Derechos Humanos Samba Martine, acusan a Montes Rodríguez de “incumplimientos reiterados de resoluciones judiciales y facilitación de expulsión sin garantías que ponen de manifiesto abuso de poder y trato inhumano y degradante a los internos”.

 CIEs Samba
Nuevas denuncias por vulneración de Derechos en el CIE de Aluche
Pablo 'Pampa' Sainz
 1

La denuncia enfatiza “el carácter reincidente del incumplimiento de las directrices de los Juzgados de Control” y pone especial énfasis en que las actuaciones de Antonio Montes Rodríguez no se tratarían de una extralimitación en sus funciones sino de “un abuso de poder desmedido que muestra un desprecio absoluto por el Estado de Derecho y por la vida de las personas afectadas”.
En la sumatoria de los documentos presentados se advierte no solo una vulneración constante de derechos inalienables a las internas e internos del CIE de Aluche, sino sobre todo una conducta reiterativa en desobedecer las diferentes advertencias y pronunciamientos de los Juzgados de Vigilancia.
A lo autos por posibles “casos de tortura” antes señalados, se suman otros de singular importancia, como el de apercibimiento al director por parte del entonces juez García de Dios Ferreiro, con fecha 8 de enero de 2018, para que “requiera a todos los funcionarios de policía que intervengan y presten servicios en el Centro de Internamiento para que vayan identificados en forma visible portando la placa identificativa”, y que apenas cinco días más tarde, el 13 de enero, dicta un nuevo auto volviendo a exigir la identificación obligatoria al constatar que los policías seguían sin utilizarla.
A lo autos por posibles “casos de tortura” se suman apercibimientos al director para que los funcionarios de policía que trabajan en el CIE “vayan identificados en forma visible portando la placa identificativa
Una irregularidad continuada que no parece preocupar al director del CIE, atendiendo a que, en su último auto de fecha 10 de junio, la jueza Inmaculada Iglesias Sánchez, vuelve a hacer hincapié sobre este punto. “Se acuerda requerir al director del CIE a fin de que se adopten las medidas necesarias para garantizar que todos los agentes de policía que presten servicios en el CIE llevan la placa reglamentaria con su número de identificación adoptándose para ello todas las medidas oportunas incluidas las disciplinarias”, ordenó.
La falta de identificación no es un hecho menor para el conjunto de las organizaciones, ya que gran parte de las denuncias que se presentan por vulneración de derechos se archivan por la imposibilidad de poder identificar a los funcionarios que han incurrido en el delito denunciado.
“Cuando el Estado priva de libertad a una persona, se convierte en garante de su vida, su salud, su integridad y sus otros derechos. Que sea la policía encargada de custodiar quien lesiona esos derechos u obstaculiza su ejercicio merece un reproche especialmente intenso, como especial debe ser el interés de los responsables políticos que tienen encomendada la superior dirección de cada departamento ministerial para que este tipo de conductas no se repitan”, concluye la petición de cese de Antonio Montes Rodríguez.

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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1506 en: 17 de Julio de 2019, 00:31:39 am »
Cuando les toca cerca, lo progres se olvidan muy rápido de “ningún ser humano es ilegal”, hipócritas.

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Vecinos de Manresa quieren a la Policía Nacional contra 'las manadas'

Cisma en el gobierno independentista de ERC y Junts per Manresa por la crisis social que ha dado pie a la cadena de violaciones grupales en la ciudad
     
16.07.2019 00:00 h.
7 min

De hacer escraches a la Guardia Civil a pedir a la Policía Nacional. Los vecinos de Manresa (Barcelona) piden la intervención del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) contra las manadas. La última denuncia de violación grupal a una menor de 17 años en un edificio okupado del municipio ha colmado la paciencia de los residentes con el gobierno independentista de JxCat y ERC. Exigen que actúe el CNP por tener competencias en extranjería, "en coordinación con los Mossos d'Esquadra y la Policía Municipal".

Así lo verbalizó en conversación con este medio Maria Carme Carrió, presidenta de la asociación de vecinos les Escodines. "Llevamos un año y medio denunciando al ayuntamiento la okupación ilegal de viviendas --como en el que se produjo la presunta agresión sexual-- en el barrio. No se ha actuado como se debía, por lo que es el turno de las fuerzas policiales en coordinación, incluyendo a la Policía Nacional", explicó. ¿Se lo han pedido en persona al CNP? "Sí. Nos reunimos con ellos. Nos dijeron que harían lo que pudieran, porque las competencias en seguridad están perfectamente acotadas. Lo que queremos, precisamente, es que actúen las tres policías. También el CNP, ya que su mano en extranjería es necesaria en este caso", agregó.

"Esto es un polvorín"

Según Carrió, el barrio de les Escodines y su quincena de viviendas okupadas "es un polvorín". En su opinión, se ha llegado a un punto en el que "se pueden volver a producir violaciones en grupo no solo aquí, sino en cualquier punto de la ciudad". Ello es atribuible a un colectivo de personas que ha venido a residir a Manresa. "No queremos estigmatizar a nadie. Pero esta gente son gamberros. Fíjese que hay otras viviendas tomadas en las que viven familias migrantes y no hay ningún problema. Los que violan son una minoría criminal", denunció.

Ante ello urge, además de la triple actuación policial, una intervención social de calado. "Hablamos de que los servicios sociales actúen, y lo hagan de una vez por todas. Saben qué casas son las que están tomadas y qué problemas de convivencia hay con estas viviendas. Y ojo, no se trata de un problema de pobreza porque, de nuevo, hay domicilios con familias en situación de vulnerabilidad que no atacan a nadie, que no son manadas y no violan. Se trata de gamberros, de delincuencia que hay que atajar", avisa la líder vecinal.

Crisis en el gobierno 'indepe'

Fuentes de la oposición municipal han ahondado más en la vertiente política de la segunda agresión de una manada en Manresa perpetrada esta vez, presuntamente, por cuatro jóvenes --ya detenidos-- que ayer se negaron a declarar. "Ha coincidido la agresión sexual con el juicio por la anterior, que se produjo en una fábrica abandonada en la Zona Universitaria. No tiene nada que ver. Pero este último ataque ha abierto herida en el gobierno municipal", alertaron. ¿Cómo? "Por tres motivos. Uno, porque Marc Aloy (ERC), que ahora da la cara por el ejecutivo local, llevó la cartera de Urbanismo en el mandato anterior. ¿Qué hizo por la degradación de Escodines? Nada. Ni rehabilitaciones, no reformas ni nada. Dejó okupar a gusto", denuncian.

Desde el discreto anonimato, las mismas voces recuerdan que el republicano Aloy "será alcalde en un año", en junio de 2020, en virtud de un pacto con Junts per Manresa (JxM), a quien los primeros ganaron por 10 votos en las elecciones municipales del 26 de mayo. "JxM son la Convergencia de toda la vida, los botiguers. Tienen una perspectiva más dura contra el fenómeno okupa, lo que los separa de sus socios de gobierno (ERC)", han indicado. A ello se le une el descontrol en los empadronamientos en la ciudad. "La llamada acogida la lleva desde hace años Jamaa Mbarki el Bachir. En las últimas elecciones se convirtió en concejal de Vivienda y Nueva Ciudadanía y Cooperación. Tras el caos en los empadronamientos, con amaños a los que vivían en casas okupas, lo hacen concejal. Ello ha levantado llagas en el seno del bipartito", han alertado.

Piden Policía Nacional... en un feudo 'indepe'

Este cóctel de mala gobernanza ha generado una paradoja: los vecinos de uno de los feudos independentistas en Cataluña piden ahora que la Policía Nacional acuda al rescate contra las violaciones de las manadas. En los comicios locales del 26M, los tres partidos independentistas (ERC, JxM y Fem Manresa-CUP) cosecharon el 66% de los votos, 22 puntos más que la media autonómica (44,45%). En las europeas, JxCat y ERC arañaron también el 66% de las papeletas, un 17% más que en toda la autonomía catalana.

Cabe recordar que algunos de los escraches a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado más virulentos que se produjeron en 2017 y 2018, durante el ciclo más duro del procés en Cataluña, tuvieron lugar en Manresa. Ocurrió, por ejemplo, el 20 de septiembre de 2017; el 28 de septiembre del mismo año; el 2 y 3 de octubre y se repitió el 1 de octubre de 2018, primer aniversario del referéndum ilegal de independencia.

https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/manresa-violacion-manada_261579_102.html

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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1507 en: 09 de Agosto de 2019, 13:39:02 pm »



El Defensor del Pueblo investiga la muerte violenta del joven marroquí en el CIE de Zapadores (Valencia)



CIEs NO presentó una queja para exigir el esclarecimiento de las circunstancias que rodearon el suceso y que se determinen las responsabilidades por la muerte de una persona que estaba "bajo tutela del Estado"


Un acto de protesta a las puertas del CIE de Zapadores ASOCIACIÓN DE VECINOS PATERNA CENTRO
Por eldiariocv
09 ago 2019 10:25

El Defensor del Pueblo ha abierto una investigación sobre la muerte de Marouane Abouobaida en el CIE de Zapadores de València el pasado 15 de julio tras la queja presentada por CIEs NO para exigir el esclarecimiento de todas circunstancias que rodean el suceso, así como que se "determinen responsabilidades por el fallecimiento de forma violenta de una persona que estaba bajo tutela del Estado".


La versión oficial indica que este joven marroquí de 23 años se suicidó en la celda de aislamiento donde fue recluido después de una pelea con otros internos y que "no se pudo hacer nada para evitar que se quitara la vida".


Sin embargo, CIEs No ha señalado que el propio Marouane dictó a un compañero un escrito dirigido al director del centro de internamiento de extranjeros de Valencia, una hora antes de su muerte, en el que explicaba algunas de las consecuencias de la agresión, como que no veía por el ojo izquierdo y la cabeza le dolía "mucho", y aportaba un informe hospitalario de urgencias.


Este escrito fue entregado a la Policía, pero "no consta que provocara ninguna reacción por parte de la dirección del CIE". Además, una tía de Marouane lo visitó en Zapadores una semana antes de su muerte porque ya había alertado a su familia de que lo estaba pasando "muy mal y no iba a poder aguantar mucho más", aseguró la tía a la campaña por el cierre de los CIE. Además, durante la visita, le pidió que hablara con un abogado y que hiciera "todo lo posible por sacarlo del CIE", según relatan desde esta entidad.

Queja ante el Defensor del Pueblo
Por estos hechos y por la necesidad de que se aclaren todas las circunstancias que concurrieron, días después de su muerte se presentó una queja ante el Defensor del Pueblo. CIEs NO aportó los comunicados que ha difundido sobre este caso y las noticias publicadas, donde constan "las exigencias de que se lleve a cabo una investigación exhaustiva que incluya los testimonios de los internos que fueron testigos de los hechos".

Tras estudiar la documentación, el defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, comunicó el 7 de agosto que se admitía a trámite la queja y se iniciaban las actuaciones ante los organismos administrativos competentes.


La asociación celebra la decisión adoptada por el Defensor del Pueblo y reitera su exigencia de que se clausuren todos los CIE porque "mientras permanezca alguno abierto seguirán muriendo personas encerradas cuyo único delito ha sido tratar de encontrar unas condiciones dignas de vida", han señalado.

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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1508 en: 29 de Agosto de 2019, 11:47:57 am »


Un juez deja en libertad a 47 de los 50 ilegales multireincidentes detenidos por la Policía Nacional en Barcelona



Se les había detenido en aplicación de la ley de extranjería y el juez ni los expulsa ni los manda a la cárcel
Marcos López

28.08.2019 11:31h

   
La Policía Nacional actuó ayer en Barcelona para intentar poner fin a la crisis de seguridad creada por Ada Colau y sus amigos separatistas. En un operativo conjunto con los Mossos de Esquadra se detuvo a 50 inmigrantes ilegales que se dedican a robar en el metro de Barcelona.

El inspector Pedro Santos explica que el objetivo es claro, "son multireincidentes, pediremos a la autoridad judicial que se les interne en un CIE y luego sean expulsados". Una iniciativa que podría suponer un alivio para los ciudadanos honrados de Barcelona.

9 de los 10 delincuentes que lideran el ránking de detenciones en Barcelona son extranjeros

Pero la Colau, contraria a los CIE y a la expulsión de ilegales, puede respirar tranquila. El juez ya ha soltado a 47 de esos 50 detenidos y no tienen ninguna intención de expulsarlos de España. En el momento en que usted lea esto ya estarán otra vez en el metro intentando robar a turistas y a ciudadanos de Barcelona que se dirigen a trabajar o a cualquier otra tarea.

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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1509 en: 10 de Septiembre de 2019, 14:15:48 pm »


Detenidos tres de los diez internos fugados del CIE de Aluche



MDO | Martes 10 de septiembre de 2019
Nuevo intento de fuga en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) del barrio de Aluche. Casi un año después del último suceso similar, diez internos de nacionalidad argelina se han fugado en las primeras horas de la mañana de este martes.

Los hechos han sucedido a las 9:30 de la mañana. Diez internos han descolgado varias sábanas atadas por las ventanas de diferentes habitaciones del centro, gracias a las cuales han podido escapar del edificio. Asimismo, las sábanas se encontraban atadas a una botella, que pretendía ejercer la función de contrapeso. Una vez en el patio, han saltado la valla perimetral para llegar al a calle y han huido a la carrera.

Por el momento, fuentes de la Policía Nacional han confirmado que tres de los internos fugados ya han sido localizados y los siete restantes permanecen en paradero desconocido y están siendo buscados en estos momentos.

En el último intento de fuga, acontecido a las 21:30 del viernes 19 de octubre de 2018, se produjeron numerosos incidentes que dejaron heridos a once agentes de la Policía Nacional. Además, uno de los internos sufrió lesiones leves a raíz de los acontecimientos.

No es la primera vez que suceden altercados e intentos de fuga en el centro. En apenas cinco años, los internos ya han protagonizado más de una decena de huelgas de hambre, tres protestas colectivas, diversos intentos de suicidio y más de diez intentos de fuga. No obstante, fue en 2016 cuando se vivieron momentos de mayor tensión, cuando 39 inmigrantes se amotinaron durante más de diez horas en la azotea.

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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1510 en: 28 de Septiembre de 2019, 07:50:55 am »

El juez de vigilancia del CIE de Valencia desautoriza a la Policía tras el suicidio de un joven en aislamiento y la acusa de ocultarle información

El magistrado impone 16 medidas a los responsables del CIE de Zapadores que deberán aplicarse aunque entren "en contradicción con las instrucciones jerárquicas recibidas

La vida de los internos, recuerda el auto, "se encuentra bajo la custodia del Estado y, por tanto, bajo su responsabilidad"

Las medidas que ordena el Juzgado contradicen gran parte de la actuación de los responsables del recinto
Lucas Marco
27/09/2019 - 22:26h

El juez Francisco de Asís Silla Sanchis, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia y responsable del control del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores, ha dado un severo varapalo a la Policía tras el suicidio en una celda de aislamiento del ciudadano de origen marroquí Marouane Abouobaida, de 23 años, el pasado 15 de julio. El magistrado, en un auto del pasado 25 de julio al que ha tenido acceso eldiario.es, impone al director del CIE de Zapadores 16 medidas "a fin de preservar en mejor forma la vida, integridad, salud y derechos de las personas privadas de libertad". La vida de los internos, recuerda el auto, "se encuentra bajo la custodia del Estado y, por tanto, bajo su responsabilidad".

Las medidas, explica el juez tras realizar múltiples "visitas ordinarias y extraordinarias" como consecuencia del suicidio, deben aplicarse aunque entren "directamente en colisión" con las instrucciones de la Comisaría General de Extranjeros y Fronteras. El auto pide que se apliquen los cambios incluso si entran "en contradicción con las instrucciones jerárquicas recibidas" o rebasan "la dotación de su plantilla". Los responsables del centro de internamiento, apunta el magistrado, deberán realizar un análisis de las instalaciones y practicar las actuaciones necesarias "para tratar de impedir en la medida de lo posible" los intentos de suicidio.

El juez encargado del control del CIE también recrimina a la Policía que le haya ocultado información. "Se están observando comunicaciones del CIE de incidentes, incluso huelgas de hambre, que se dice que se han remitido a este Juzgado y que no han sido recibidos, cuestión a todas luces importante, pues este órgano jurisdiccional carece de un conocimiento de un asunto que debe tener de forma puntual y rápida", indica el auto.
Foto que se hizo Morouane Abouobaida tras ser curado de la paliza y un día antes de ser encontrado muerto.

El rostro de Morouane Abouobaida tras la paliza que recibió en el Centro de Internamiento de Zapadores

Las medidas que ordena el Juzgado responsable del control del CIE contradicen gran parte de la actuación de los responsables del recinto que optaron por aislar al joven de 23 años agredido el día anterior por otros internos. "El propósito era que el interno permaneciera en esta habitación el tiempo mínimo imprescindible para que los policías de servicio distribuyeran al resto de internos en sus respectivas estancias", apunta una respuesta parlamentaria del Gobierno que admite que no se activó el protocolo antisuicidios.

Un día antes del fallecimiento, el joven redactó un escrito al director del CIE, Carlos Llorca Ponce, en el que le advertía de la agresión que había sufrido. Esta comunicación, probaría, según la campaña CIEs NO, que los responsables del centro conocían las precarias condiciones físicas y psicológicas que sufría el interno. "Su respuesta fue encerrarlo en una celda de aislamiento sin vigilancia y sin prestarle la atención que él mismo reclamaba", denunció la plataforma por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros.   

Francisco de Asis Silla, miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, destaca la "profesionalidad" de los policías encargados del CIE de Zapadores antes de darles el rapapolvo. El responsable del control judicial del CIE sostiene que siempre es "preferible, de ser posible, el aislamiento del agresor o agresores que de la víctima por el efecto emocional que puede tener sobre su persona".
Escrito del joven al director del CIE de Zapadores

Escrito del joven al director del CIE de Zapadores

La dirección del CIE acordó aislar a Marouane Abouobaida "en una habitación individual, donde no pudiera ser víctima de un nuevo ataque", dice el Gobierno en su respuesta parlamentaria que especifica que la intención de los agentes era que el joven permaneciera en esta "habitación" el tiempo "mínimo imprescindible para que los policías de servicio distribuyeran al resto de internos en sus respectivas estancias".

El auto del juez obliga a los responsables del centro a aislar al interno "exclusivamente para la protección de su integridad" y siempre acompañado de otros dos internos y por el tiempo mínimo indispensable, como máximo una hora "improrrogable".  Marouane Abouobaida estuvo más de una hora en aislamiento, según han confirmado a este diario fuentes conocedoras de la instrucción del caso de la muerte del joven marroquí.

Los policías encargados del recinto deberán mantener un "control permanente a través de las cámaras internas" de la celda de aislamiento. El recurso al aislamiento debe ser una "situación excepcional" sólo para preservar la integridad de los internos, "resolver situaciones de grave seguridad para el centro" o "preservar la integridad de los funcionarios". El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia indica, en referencia a casos como el del joven fallecido, que el aislamiento de un interno "para preservar su integridad personal, por sufrir incidente con otro u otros internos, debe ser todavía más excepcional".

El aislamiento deberá ser "motivado" y, además de comunicarse al Juzgado de Instrucción número 3, encargado del control del recinto, y al que acordó el internamiento del migrante, "debe comunicarse debidamente al interno aislado para que conozca la causa de su aislamiento" y que pueda presentar una queja. El juez impone también que haya siempre "un solo funcionario policial responsable de la vigilancia y control del aislado".

Las medidas previstas por el magistrado obligan a los agentes del CIE de Zapadores a especificar la duración exacta del aislamiento, a adjuntar un informe de los servicios médicos y a identificar a los internos que deben acompañar al aislado así como al agente encargado de la vigilancia. El auto del juez obliga a los responsables del recinto a conservar las grabaciones de las cámaras de seguridad durante un año.
Vista del CIE de Zapadores, en Valencia.

Vista del CIE de Zapadores, en Valencia

Tras cada intento de suicidio, los servicios médicos del recinto policial deberán efectuar controles periódicos "sobre la evolución y situación física y emocional del interno". En caso de altercados o agresiones, los responsables del recinto policial deberán enviar al Juzgado los exámenes médicos de los internos implicados.

El juez de vigilancia del CIE quiere tener un listado mensual de los internos que han sufrido el aislamiento así como la causa y la situación previa del interno. También pide que "se evite en la medida de lo posible que un interno permanezca, por la razón que sea, en espacios del centro en los que esté solo o fuera de la compañía de los demás internos" y que "cuando se observe a internos con una conducta extraña o de decaimiento, en especial en aquellos que han sufrido episodios de enfrentamiento, peleas o incidentes con otros internos o con los funcionarios del centro, se proceda siempre a su valoración médica por los servicios médicos del centro para ver si procede en cada ocasión activar el protocolo antisuicidios".

El caso del joven fallecido que ha motivado el duro auto del juez responsable del control del CIE de Zapadores continúa su curso en dos juzgados distintos. El Juzgado de Instrucción número 20 investiga las lesiones producidas por la paliza mientras que el número 10 se encarga de la investigación del fallecimiento. Ambos casos, según fuentes cercanas a la investigación, están en fase de instrucción y se están practicando pruebas.



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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1511 en: 16 de Noviembre de 2019, 06:58:18 am »

Las obras que permitirán quitar las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla comenzarán este mismo mes

    Las reformas se enmarcan dentro de un plan de infraestructuras de seguridad del Estado, que cuenta con una inversión de 32 millones de euros
    Las concertinas se instalaron en 2005 bajo el Gobierno de Zapatero y, desde su llegada en 2018, el ministro Fernando Grande-Marlaska ha indicado su supresión como una "prioridad"

infoLibre
contacta@infolibre.es @_infoLibre
Publicada el 15/11/2019 a las 20:15 Actualizada el 15/11/2019 a las 20:38

El Ministerio del Interior ha informado de que las obras de modernización y refuerzo de la seguridad en la valla fronteriza de Ceuta y Melilla comenzarán antes de que acabe el mes de noviembre. Estas obras tendrán una duración de diez meses y permitirán la eliminación de las concertinas y su sustitución por otros elementos más seguros y menos cruentos, tal y como ha recalcado el departamento a Europa Press.

Las concertinas son unos alambres equipados con cuchillas cortantes instalados en las vallas fronterizas desde el año 2005, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. A su llegada al Gobierno en junio de 2018, el ministro Fernando Grande-Marlaska se marcó como "prioridad" su supresión, y la previsión es que estén totalmente retiradas en 2020.

Estas obras de modernización y refuerzo de las vallas están contempladas en plan de infraestructuras de seguridad del Estado, aprobado en enero de este año. El plan supone una inversión total de 32 millones de euros, de los cuales son para estas obras casi 18 millones de euros (8,4 millones para Ceuta y 9,6 para Melilla) y va a permitir la primera actuación integral y de modernización tecnológica en los últimos 13 años en el perímetro fronterizo, tal y como destaca Interior.

El Ministerio del Interior ha encargado a la empresa de Transformación Agraria S.A. (TRAGSA) la ejecución de las obras que permitirán la sustitución de las concertinas y las sirgas tridimensionales en todo el perímetro "por otros elementos más seguros y menos lesivos". Según ha precisado el departamento dirigido por Grande-Marlaska, esta compañía llevará a cabo "la recimentación del vallado y la sustitución de las concertinas", si bien no precisa cómo las sustituirá y si se utilizarán otros elementos para coronar las vallas. También construirá "nuevos tramos en las zonas de mayor vulnerabilidad, con un incremento de altura de hasta diez metros".

Grande-Markasca ya concretó en verano que solo se retirarían las concertinas de "las zonas más vulnerables", es decir, las que han sido objeto de mayores intentos de salto. Asimismo, manifestó que la alternativa sería elevar un 30% la altura de la valla precisamente en esos puntos más sensibles a los saltos hasta situarla en los 10 metros, al tiempo que señaló que se coronará con elementos que dificultarán el salto pero sin ser "lesivos".

Para la realización de estos trabajos, se ha hecho previamente un estudio técnico completo de la situación actual de las infraestructuras y una búsqueda, análisis y evaluación de alternativas técnicas, entre otras cosas. El citado estudio ha corrido a cargo de la empresa pública Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (ISDEFE), dependiente del Ministerio de Defensa. En este contexto de necesidad de refuerzo y modernización del sistema de protección fronteriza terrestre en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, el plan comprende actuaciones a corto y medio plazo en ambos perímetros fronterizos.

"Trascendencia" de estas obras

Tal y como destacan desde Interior, las obras en la valla fronteriza son las de mayor trascendencia, tanto desde un punto de vista operativo y de lucha contra las redes de tráfico de personas, como por la mayor complejidad técnica en su ejecución.

Pero además de este refuerzo de la valla perimetral en Ceuta y Melilla, ya han sido ejecutadas dos de las intervenciones estratégicas del plan aprobado por el Gobierno. Se trata del nuevo sistema de circuito cerrado de televisión en el perímetro fronterizo de Ceuta que incluye 66 cámaras, 14 de ellas térmicas, y que está operativo desde mayo de 2019; y de la instalación de sistemas de reconocimiento facial en los puestos fronterizos de El Tarajal (Ceuta) y Beni Enzar, Barrio Chino, Mariguari y Farhana (Melilla).

Interior informa de que en proceso de ejecución se encuentran las obras de adecuación de las zonas de tránsito de peatones y otras mejoras en el puesto fronterizo de El Tarajal, así como la instalación de una nueva red de fibra óptica y ampliación del sistema de circuito cerrado de televisión en el perímetro fronterizo de Melilla.



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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1512 en: 16 de Noviembre de 2019, 11:08:47 am »
Con concertinas o sin concertinas los saltos en la valla se producen cuando Marruecos quiere, y prueba de ello fue el incidente que tuvo el Rey de Marruecos con la Guardia Civil a consecuencia del cual se produjeron saltos masivos por el cabreo del monarca con España.

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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1513 en: 16 de Noviembre de 2019, 11:11:07 am »
https://www.elmundo.es/espana/2014/08/25/53fa3bdfe2704ec6128b457a.html

"¿No saben quién soy?", les dijo sorprendido en español el pasajero que llevaba un gorro y unas gafas de sol. "No", le contestaron desde la lancha del instituto armado. Se las quitó y entonces uno de los guardias sí reconoció al rey Mohamed VI de Marruecos. Los agentes renunciaron entonces a seguir indagando sobre esa flotilla.

El incidente con el yate real ha sido descrito a EL MUNDO, de manera casi coincidente, por varias fuentes que vivieron de cerca las gestiones a las que dio lugar aunque ninguna de ellas estuvo en el mar. El Ministerio del Interior español rehusó comentarlo.

Cinco días después de esta peripecia, el 12 de agosto, se produjo la mayor avalancha de inmigrantes en las costas andaluzas -desembarcaron unos 920- mientras que unos 80 lograban saltar la valla de Melilla. Algunas fuentes diplomáticas españolas establecen una relación entre ambos episodios, pero otras fuentes oficiales sostienen que esa relajación de la vigilancia del Ejército, de la Marina Real y de la policía marroquí obedece a otros motivos.



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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1514 en: 16 de Noviembre de 2019, 11:12:21 am »
Y esto es lo que hay, de manera que, no son las concertinas las que impiden los saltos, sino las autoridades marroquíes las que lo hacen

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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1515 en: 05 de Diciembre de 2019, 07:00:58 am »


La Audiencia de Barcelona ordena imputar a los policías denunciados por maltrato a migrantes tras un intento de fuga en el CIE

Los jueces afean que el instructor archivara el caso de forma "prematura" y mandan localizar a los migrantes, que fueron deportados a Argelia, para que testifiquen
La dirección del centro alega que la intervención policial empleó "la fuerza mínima imprescindible" para repeler las agresiones de los internos a los policías


Las cámaras de seguridad del recinto de la Zona Franca captaron empujones, patadas y porrazos de policías a migrantes tras un intento de huida
Oriol Solé Altimira
04/12/2019 - 18:00h

Vídeo:

https://www.eldiario.es/catalunya/sociedad/Audiencia-Barcelona-denunciados-migrantes-CIE_0_970453087.html

La Audiencia de Barcelona ha ordenado reabrir la investigación sobre presuntos malos tratos y lesiones de agentes de la Policía Nacional a tres migrantes tras un intento de fuga en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la capital catalana de septiembre de 2017. En un auto, los magistrados afean al juez encargado del control del CIE de la capital catalana, José Julián García de Eulate –ahora jubilado– que archivara la causa de forma "prematura" y sin practicar todas las diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido. Entre las nuevas pesquisas que los magistrados han ordenado figura la identificación de los policías implicados y su citación como investigados. Los migrantes que denunciaron los maltratos fueron deportados en octubre de 2017.

Los hechos ocurrieron un mes antes, el 16 de septiembre de 2017, cuando un grupo de unos 30 migrantes argelinos pretendió escaparse del CIE de la Zona Franca de Barcelona. Según relató entonces al juez el jefe de seguridad del centro, los migrantes "se abalanzaron bruscamente" sobre los policías que abrían una de las puertas del patio e intentaron agredirles con "objetos contundentes preparados de forma artesanal" tras "atrincherarse" en la enfermería. Para repeler el ataque, añadió el jefe de seguridad, los agentes tuvieron que emplear "la fuerza mínima imprescindible". Esta agresión se investigó en otro juzgado de Barcelona y fue archivada.

El relato de los tres migrantes que denunciaron malos tratos es opuesto. Además de denunciar que fueron arrastrados y golpeados en el pasillo entre la enfermería y la sala de la Cruz Roja –tal y como se muestra en el vídeo captado por las cámaras de seguridad del CIE incluido en el sumario del caso que acompaña a esta información–, los migrantes expusieron que después, dentro del lavabo, cinco policías les aporrearon a gritos de "hijo de puta" y "putos moros". A otros internos, añadieron, les encerraron durante tres horas en la celda de aislamiento. Los partes médicos que obran en la causa exponen que dos de los tres denunciantes presentaban hematomas en la cara y en la zona lumbar, mientras que del tercero "no consta que sufriera lesiones".

El juez, con el visto bueno de la Fiscalía, archivó el caso en mayo de este año. El instructor dio carpetazo a la investigación al no localizar a los migrantes en Argelia, lo que impidió citarles como testigos para ratificar la denuncia. Y aquí  se cerró la investigación del caso. El instructor concluyó que no había suficientes indicios de mala praxis en los policías y que la intervención policial fue necesaria para contener "el motín/agresión" de los internos.

El cierre inicial al caso se podría haber evitado si el juzgado de guardia ante el que se presentó la denuncia hubiera tomado declaración a los migrantes o el instructor hubiera paralizado temporalmente su expulsión hasta que hubieran testificado, según expone el letrado del centro Iridia Andrés García Berrio, que representa a los tres denunciantes junto a la abogada Marta Bolinches.

Los magistrados de la Audiencia de Barcelona acogen los argumentos de García Berrio y ordenan reabrir la investigación para garantizar la tutela judicial efectiva a los tres migrantes. Los jueces remarcan que casos como este, de denuncias de tratos inhumanos o degradantes, requieren "de una una investigación exquisita sin que pueda existir el menor atisbo de duda de que no se han practicado todas las diligencias para el esclarecimiento de los hechos". Y es este punto el que debe corregirse, ya que los magistrados concluyen que el instructor "no agotó todas las posibilidades de investigación de los hechos".

En consecuencia, los togados de la sección 21 de la Audiencia de Barcelona ordenan al juzgado tomar declaración como testigo a la enfermera que atendió a los migrantes, identificar a los policías que se encontraban en el lugar de los hechos y que declaren como investigados, así como intentar tomar declaración a los denunciantes a través de un auxilio judicial internacional. Se trata de las diligencias que ya pedían los migrantes cuando denunciaron los hechos hace dos años. Según explica García Berrio, se ha conseguido localizar en Argelia a uno de los tres denunciantes, que quiere seguir adelante con el procedimiento.

"Es imprescindible que cuando llega una denuncia al juzgado de guardia sobre violencia institucional en el CIE, el juez tome medidas urgentes para asegurar la práctica de la prueba", asevera García Berrio. El letrado hace hincapié en que cualquier persona encerrada en el CIE "puede ser deportada en cualquier momento".

Por ello desde Iridia, Tanquem els CIEs, el Ayuntamiento de Barcelona, la comisión de Extranjería del Colegio de Abogados de Barcelona y Migrastudium han reclamado a los juzgados de Barcelona que todos ellos adopten como práctica habitual la suspensión de las deportaciones en casos de denunciados de malos tratos. Algunos juzgados de guardia decidieron en 2014 aplazar las expulsiones, pero esta medida cautelar, denuncia García Berrio, ha desaparecido de los juzgados cinco años después.

Esta situación, lamenta el letrado, "ha instaurado un miedo fuerte a denunciar" entre los internos en el CIE de la Zona Franca –que permanece operativo tras perder el Ayuntamiento de Barcelona la batalla legal por cerrarlo. "Si los operadores jurídicos ni la dirección del CIE actúan para proteger a las eventuales personas agredidas, éstas son deportadas de manera rápida evitando la investigación de los hechos", agrega García Berrio.



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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1516 en: 28 de Diciembre de 2019, 06:49:08 am »

El juez de vigilancia visita el CIE de Valencia tras difundirse un vídeo sobre las "inhumanas" condiciones del centro

Fronteras
El magistrado se entrevistó este jueves con algunos internos a quienes preguntó por la comida y el trato policial y sanitario en Zapadores
Dentro del CIE: las "inhumanas" condiciones del centro de extranjeros de València grabadas por un interno
Miguel Giménez - Valencia
27/12/2019 - 20:03h

https://www.eldiario.es/cv/CIE-Valencia-difundirse-inhumanas-condiciones_0_978502317.html

    VÍDEO | Dentro del CIE: las "inhumanas" condiciones del centro de extranjeros de València grabadas por un interno

Hace apenas dos semanas, eldiario.es publicaba un vídeo, grabado por un inmigrante venezolano de 33 años y con VIH internado en el CIE de Valencia sobre el que pesaba una amenaza de deportación, en el que se recorrían las instalaciones de Zapadores y se denunciaban las "inhumanas" condiciones del centro de internamiento de extranjeros valenciano. El improvisado 'documental' fue enviado por la plataforma CIEs No al juez responsable de la vigilancia del recinto.

Este jueves, tal y como ha podido confirmar CIEs No, el juez de control visitaba Zapadores y se entrevistaba con algunos internos para preguntarles por cuestiones que se denunciaban en el vídeo. "Sobre todo se ha interesado por la comida, el trato de los agentes de policía y el trato sanitario, según nos han dicho los internos con los que pudimos hablar", reconoce Adrián Vives, portavoz de la campaña por el cierre de los CIE en Valencia.

El pasado 17 de diciembre, la plataforma CIEs No presentaba un escrito ante el titular del juzgado de Instrucción número 3 de Valencia, instancia responsable del control del recinto de Zapadores, en el que detallaba el "deplorable estado de las instalaciones" y las "filtraciones, desperfectos, suciedad y falta de intimidad y privacidad" de los baños y las duchas, así como el "mal aspecto de la comida" y el "hacinamiento en las celdas". El escrito aludía también al "régimen penitenciario" del CIE de Zapadores.

Ese mismo martes, la secretaria autonómica de la Conselleria de Sanitat, Isaura Navarro, acompañada por la directora general de Salud Pública, Ofèlia Gimeno, y por la pareja del interno venezolano que denunció las condiciones del centro, acudió a Zapadores a visitarle e interesarse por la atención sanitaria que recibe.

Compromís ha pedido, a través de su senador Carles Mulet, el cierre de los CIE además de informes sobre las condiciones de este tipo de dependencias. Y lo mismo ha hecho el grupo valencianista en las Corts en relación a las instalaciones ubicadas en Zapadores.
Ahora que aumenta el uso partidista de la inmigración y crecen los ataques racistas, te contamos las historias de los refugiados desde una perspectiva amplia.


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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1517 en: 01 de Enero de 2020, 06:37:16 am »

centro de La Purísima
Melilla denuncia la desatención a los menas: hasta tres menores comparten colchón
Las imágenes difundidas por la consejera de Hacienda de la ciudad autónoma ilustran la gravedad del problema de los adolescentes que se cuelan en España procedentes de Marruecos

31/12/2019 16:24 - Actualizado: 31/12/2019 19:15

“Había unos 80 menores en una habitación que no debía superar los 30 metros cuadrados”, comenta Dunia Almansouri, consejera de Hacienda de Melilla, recordando su visita sorpresa, de noche, en noviembre, al centro de La Purísima donde están acogidos unos 850 menores extranjeros no acompañados (menas) tutelados por la ciudad, aunque su capacidad es de un máximo de 350.

“Duermen a dos y a tres por colchón en literas de tres pisos, pero debajo del último se coloca también una colchoneta y ahí se tumban algunos más”, prosigue Almansouri, que visitó el centro en calidad de vicepresidenta primera de la Asamblea de Melilla. “En el suelo, entre literas, duermen también unos cuantos”. “El hacinamiento es total”, continúa su descripción al teléfono. “No tienen ni siquiera pijamas”.

“Y el olor es aún peor, porque la única ventana de la estancia no se puede abrir porque la taponan las literas”, añade indignada le consejera, perteneciente a Coalición por Melilla (CpM), el partido mayoritariamente musulmán que gobierna la ciudad autónoma en coalición con Ciudadanos y el PSOE. “En los baños, encharcados, no vi ningún producto de aseo”, se lamenta.

Almansouri redactó, tras su visita, un escrito a la Fiscalía General del Estado y otro a la sección del Menor de la Fiscalía de Melilla, en los que denuncia “las condiciones infrahumanas en las que se encuentran hacinados” los muchachos y el “pésimo servicio continuado en el tiempo por parte de la empresa adjudicataria, incumpliendo de forma flagrante el pliego de condiciones suscrito”. “Todo ello supone una vulneración flagrante y manifiesta de todos los tratados internacionales suscritos” por España en materia de protección de la infancia.

Recopilación de imágenes del interior del centro

La consejera de Hacienda tomó además una segunda iniciativa que anunció el lunes en rueda de prensa: no prorrogar el contrato con la empresa Arquisocial, adjudicataria de la gestión del centro, que expira el 7 de enero. Tras mostrar las fotos que había tomado, afirmó: “Yo creo que estas imágenes son bastante esclarecedoras de las condiciones del centro y de por qué esta consejera piensa que firmar este contrato es ilegal”. “Mi intención es no firmar a menos que haya un imperativo legal que me obligue a hacerlo”, recalcó.

Para que los menores no queden desatendidos, Almansouri propuso suscribir “un acuerdo de continuidad del servicio” con Arquisocial hasta que se redacte un nuevo pliego, adaptado a las nuevas circunstancias de la inmigración de menores, y se lleve a cabo otra licitación. La empresa respondió al anuncio notificando un ERE, a partir del 7 de enero, al comité de empresa. Este votó iniciar la huelga indefinida ese mismo día. Arquisocial cuenta con unos 200 trabajadores en La Purísima, el 70% fijos.

El Partido Popular, que gobernó la ciudad hasta junio, y adjudicó entonces el contrato a Arquisocial, es, en cambio, partidario de renovarlo. Miguel Marín, su portavoz en la Asamblea de Melilla, recordó en un escrito que en su día la Comisión de Bienestar Social dio un mandato en ese sentido. Por tanto, advirtió, incumplirlo podría conllevar “responsabilidades penales, administrativas y patrimoniales”. El empeño del PP muestra, a ojos de Mustafa Aberchán, líder de CpM, que carece de “un mínimo de sensibilidad humana”.

La pésima atención que padecen los chavales de La Purísima, un antiguo fuerte, es reveladora del problema migratorio que sufren Melilla y, en menor medida, Ceuta. “Si a los que están hospedados en La Purísima se añaden los residentes en otros dos centros [La Gota de Leche y La Divina Infantita] y también los que están en la calle, el número total ronda los 1.400”, señala Almansouri, el 1,6% de la población de Melilla.

En Ceuta, son unos 420 los que se alojan en un centro municipal, a los que habría que añadir otros 300 que viven en la calle, es decir, el 0,85% de la población de la ciudad. Son, como en Melilla, marroquíes en su gran mayoría, y su número aumenta al ritmo de 50 o 60 al mes, según Juan Jesús Vivas, el presidente ceutí. “Nadie da respuesta ni solución a este gravísimo problema” se lamentó.

Para tratar de obtenerla, la Asamblea de Ceuta está elaborando un documento que, según Vivas, constituirá una especie de “llamada de socorro” al Estado que la ciudad quiere formular junto con Melilla. A ojos de Vivas, lo ideal sería la repatriación de los menores a Marruecos, algo que tanto la vicepresidenta, Carmen Calvo, como el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, le prometieron que Marruecos acabaría aceptando, según fuentes del entorno del presidente ceutí. Hasta la fecha, las autoridades marroquíes han desestimado las peticiones españolas y tampoco han tramitado repatriaciones desde Suecia o Francia, donde también están acogidos cientos de menores.

Las otras dos soluciones con que sueñan en Ceuta y Melilla consistirían en la devolución de esa competencia al Estado, hoy en día transferida a las comunidades autónomas, o un mejor reparto territorial de los aproximadamente 14.000 menores extranjeros, en un 80% marroquíes, acogidos en el conjunto de España. Además de las dos ciudades autónomas, que se hacen cargo del 15% de esos menores, los adolescentes se concentran principalmente en Andalucía, Cataluña, Madrid y el País Vasco.

Desde el Gobierno en funciones, se ha dejado caer que en la próxima legislatura se podría modificar la ley para que sea el Estado el que se haga cargo de la primera acogida de los inmigrantes irregulares, empezando por menores, y que después los reparta de manera equitativa entre las comunidades autónomas. “Sé que, si sale adelante esta propuesta, tardará al menos un par de años en ponerse en práctica”, comenta Almansouri. “Aun así, para nosotros sería un gran alivio, porque estamos desbordados”.